Venley

Sentencia N.º 1327

Sentencia
N.º 1327
Fecha
12/08/2014
Sala
Casación Social
Expediente
14-738
Ponente
Carmen Elvigia Porras de Roa
Procedimiento
Recurso de control de la legalidad

 

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN SOCIAL.

Caracas, doce (12) de agosto de 2014. Años: 204° y 155°.

 

En el juicio que por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales sigue el ciudadano CARLOS JAVIER BETANCOURT CESIN, representado judicialmente por los abogados José Luis Atienza Petit y Luis Daniel Atienza Claver, contra la sociedad mercantil SERVICIOS HALLIBURTON DE VENEZUELA, S.R.L, representada judicialmente por los abogados Mauren Cerpa, Andreina Risson, Elsibet García, Gustavo Patiño, Margarita Assenza, Mariana Villasmil, Daniela Pombo, Violeta Cabrera Ochoa, Maira Infante, Diliana Colmenares, Carlos Borges, Rafael Ramírez, Rafael Díaz Oquendo, María Gabriela Fernández, Oly Ramos, Luis Montes, Gilberto Pernia, Olga Carolina Manero Caraballo, Carla Tangredi, Mónica Mantilla, Anaïs Montero, Saúl Crespo, Lisley Lee, Luisa López, Enmaiel Gutiérrez, Alessandra D´Occhio, Ricardo Maldonado, Doralice Bolívar, María Inés León y María Rebeca Zuleta; el Juzgado Superior Primero del Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, mediante sentencia de fecha 21 de abril de 2014, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, y confirmó el fallo proferido por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Trabajo de la referida Circunscripción Judicial, en fecha 10 de enero de 2014, que declaró parcialmente con lugar la demanda.

 

Contra la sentencia de alzada, en fecha 28 de abril de 2014, la representación judicial de la parte demandante, interpuso recurso de control de la legalidad; por lo que las actas procesales fueron remitidas a esta Sala de Casación Social.

 

Recibido el expediente en Sala, el 29 de mayo de 2014, se dio cuenta del asunto y se designó ponente a la Magistrada doctora CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA.

 

Siendo la oportunidad procesal y efectuada la lectura del expediente, pasa la Sala a pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso ejercido, conforme a las consideraciones siguientes:

ÚNICO

 

El artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo contempla el recurso de control de la legalidad como un medio de impugnación excepcional, al establecer que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social podrá, a solicitud de parte, conocer de aquellos fallos emanados de los Tribunales Superiores del Trabajo, que aun cuando no sean recurribles en casación, violenten o amenacen con violentar normas de orden público, o contraríen la reiterada doctrina jurisprudencial de la Sala, circunstancias que configuran algunos de los requisitos de admisibilidad de dicho recurso.

 

Además, la admisión del recurso in commento exige verificar que el mismo haya sido interpuesto mediante escrito cuya extensión no debe ser mayor de tres (3) folios útiles y sus vueltos, así como su tempestividad, por cuanto la referida norma establece para su interposición, el lapso preclusivo de cinco (5) días de despacho a partir de la fecha en que se publicó la sentencia sujeta a revisión.

 

Adicionalmente, es necesario dejar sentado que, tratándose de un recurso de naturaleza extraordinaria, corresponde a esta Sala restringir su admisibilidad, atendiendo a la potestad discrecional conferida por el citado artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, especialmente a aquellas situaciones donde se denuncie la violación de disposiciones de orden público.

 

En tal sentido, debe entenderse que tales quebrantamientos o amenazas afectan gravemente las instituciones fundamentales del Derecho sustantivo del Trabajo, derechos indisponibles o reglas adjetivas que menoscaban los derechos al debido proceso y a la defensa, este último supuesto, sustentado en el mandato expreso contemplado en el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece la obligación de todos los jueces de la República de asegurar la integridad del orden constitucional, mediante el uso de las vías procesales ordinarias y extraordinarias consagradas en la ley.

 

Refiere la representación judicial de la parte actora recurrente, que el fallo de alzada es contrario a la pacífica y reiterada jurisprudencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, porque en la sentencia del Tribunal de alzada se confirma la sentencia del a quo “…basado ello en motivación exigua, insuficiente y contradictoria”.

 

En este mismo sentido, argumenta que el Tribunal de alzada al dictar la sentencia “…obvió total pronunciamiento en su sentencia confirmatoria, sobre la experticia e indexación demandada y solicitada en la audiencia de apelación…”, violentando el orden publico procesal laboral y el criterio jurisprudencial en cuanto a “…la obligación en que están los tribunales de mérito como los de alzada de ordenar la práctica de las correcciones monetarias correspondientes”.

 

Del análisis de los argumentos expuestos por la representación judicial de la parte demandada recurrente, la sentencia impugnada y las restantes actas que conforman el expediente, considera esta Sala que la decisión recurrida no vulnera normas de orden público, en consecuencia, es innecesario desplegar la actividad jurisdiccional de la Sala para ejercer el control de la legalidad de la sentencia impugnada. Tal declaratoria resulta cónsona con lo establecido en el citado artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, toda vez que la potestad revisora conferida a esta Sala se ejerce de forma discrecional y excepcional.

 

Conforme con lo anterior, se concluye que el recurso de control de la legalidad interpuesto por el ciudadano Carlos Javier Betancourt Cesin, no reúne los extremos de ley requeridos para el ejercicio del recurso, lo que deviene en su inadmisibilidad. Así se decide.

 

 

 

D E C I S I Ó N

 

En mérito de las anteriores consideraciones, esta Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, declara: INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Superior del Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, mediante sentencia de fecha 21 de abril de 2014.

 

Dada la naturaleza del recurso, no hay condenatoria en costas.

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas Particípese de esta decisión al Juzgado Superior de origen antes mencionado, de conformidad con lo establecido en el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

El Presidente de la Sala,

 

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LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ

 

La Vicepresidenta y Ponente,

 

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CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

Magistrado,

 

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OCTAVIO SISCO RICCIARDI

 

Magistrada,

 

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SONIA COROMOTO ARIAS PALACIOS

Magistrada,

 

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CARMEN ESTHER GÓMEZ CABRERA

 

 

El Secretario,

 

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MARCOS ENRIQUE PAREDES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.L. Nº AA60-S-2014-738

Nota: Publicada en su fecha a

 

El Secretario,

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