Sentencia N.º 1337
- Sentencia
- N.º 1337
- Fecha
- 04/08/2011
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 11-0767
- Ponente
- Juan José Mendoza Jover
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER
Exp.11-0767
En fecha 09 de junio de 2011, el ciudadano DANIEL OMAR CEBALLOS MORALES, titular de la cédula de identidad n.°: V-16.020.370, en su condición de Diputado del Consejo Legislativo del Estado Táchira, actuando en nombre propio y en representación de los derechos e intereses colectivos y difusos de los habitantes de ese Estado, interpuso ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, acción de amparo en contra de las decisiones y las actuaciones materiales, vías de hecho, de Rafael Darío Ramírez Carreño, Ministro del Ministerio de Poder Popular para la Energía y Petróleo, por la supuesta y reiterada violación flagrante de las normas contempladas en los artículos 20, 21, 46 y 117 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como de los acuerdos y convenios internacionales suscritos por Venezuela, como la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, artículos 1, 2 y 13; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 3 y 26, y; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 11 y 24.
El 13 de junio de 2011, se dio cuenta en Sala del expediente, designándose como ponente al Magistrado JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
Realizado el estudio del caso, pasa esta Sala a dictar sentencia, previo análisis de las consideraciones siguientes:
I
DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL
El accionante inició su escrito reseñando las informaciones dadas en prensa por los Diarios de circulación regional La Nación y Los Andes, en relación a la puesta en práctica del mecanismo automatizado para surtir de combustible en el Estado Táchira, vehículos de transporte público que tuvieran las respectiva calcomanía y que, de igual manera, se iba a dar inicio al censo y colocación de stiker especiales para los vehículos particulares, así como que se establecerían las estaciones que estarían determinadas para este tipo de función, cuyo objetivo fundamental es disminuir la salida de combustible de contrabando hacia Colombia.
Por otra parte, denunció que se omitió la participación a los sectores de la sociedad civil organizada y de los organismos públicos del Municipio y de ese Estado, considerando que debían ser puestos en conocimiento de dichas medidas que por prudencia no podían implementarse de esa manera, sin existir una campaña comunicacional para preparar a los usurarios.
Asimismo, textualmente indicó que:
( ) el usuario del servicio de combustible, tuvo que caer en la vía crucis de empezar a circular por toda la ciudad de San Cristóbal, para identificar las estaciones de servicio que habían sido automatizadas, pues en el caso de los vehículos particulares y vehículos de servicio de transporte que no poseen stiker, no pueden surtirse ahora en las estaciones de servicio automatizadas, debiendo entonces acudir a aquellas estaciones de servicio no automatizadas ( ) proceso que comenzó a ejecutarse en el Táchira el día jueves por disposición del ministerio para la energía y petróleo, generó colas en la mayoría de las estaciones de servicio de San Cristóbal.
De igual modo, respecto al expendio de combustible, continuó señalando que:
A la fecha de hoy, continuamos denunciando que las colas no han culminado, que no existe normalidad en el expendio de combustible, considerando además que es inconstitucional el racionamiento de combustible que se nos está aplicando a los tachirense y ahora con este último hecho del cual se carece de conocimiento Oficial sobre su implementación por vía de Decreto o Resolución, debidamente publicado en Gaceta Oficial de la República, relativo al sistema automatizado de venta de combustible, mediante colocación obligatoria del denominado chip lo cual a nuestro modo de ver es un fiasco en el Táchira, una humillación para los conductores de vehículos del transporte público.
En este sentido, agregó:
( ) Igualmente señaló el Diputado Gustavo Delgado que es uno de los solicitantes de la presente acción de amparo que El problema de la gasolina se ha generado por la existencia de mafias que desvían la dotación de combustible en las estaciones de servicio, la ejecución de carros contrabandistas en la zona y la inexistencia de un sistema operativo efectivo de supervisión de suministro del combustible, este ha sido uno de los temas que hemos planteado en el parlamento regional y todavía no hemos visto una solución factible, por eso se denuncia con mucha responsabilidad que esta medida de automatización solo ha beneficiado a un sector del poder central y la automatización ha llegado únicamente al Táchira para seguir humillándonos, para discriminarnos y violar nuestros derechos como ciudadanos. Este sistema automatizado tal como han informado a los medios de comunicación será de carácter obligatorio y que de no contar con el código de barras en los vehículos no se podrá obtener la gasolina.
Igualmente, indicó que el ciudadano Rafael Darío Ramírez Carreño, actual Ministro del Ministerio para el Poder Popular para la Energía y Petróleo, en forma reiterada y permanente, permite, mediante actuaciones materiales y vías de hecho administrativas, la afectación de los derechos ciudadanos de los habitantes que usan vehículos o que utilizan el servicio de transporte público, imponiéndole, a su decir, al Estado Táchira una especie de apartheid o bloqueo, dándoles a sus ciudadanos un tratamiento como venezolanos de segunda, al imponer medidas totalmente discriminatorias y por demás violatorias de nuestros derechos constitucionales.
Asimismo, señaló que era necesario atender con urgencia la grave crisis para el surtido de combustible que estaban viviendo en el Estado Táchira y que, también, era necesario que el Ministro Rafael Darío Ramírez Carreño visitara ese Estado para constatar personalmente la grave situación que tenían y que viera las largas colas que existían en las estaciones de servicio.
De la misma manera, manifestó que:
El déficit de combustible en la región se ha agudizado al día de hoy con la implementación del sistema automatizado para surtido de combustible, donde están corriendo los lapsos para que los vehículos particulares también le coloquen el código de barras a sus vehículos y nosotros nos preguntamos: ¿Qué irá a pasar cuando nos digan a los tachirenses hoy todas las estaciones de servicio están automatizadas y solo lo que tengan el código de barras pueden surtir de combustible sus vehículos?.
Conforme a lo anterior, indicó que en el Estado Táchira se vivía una dramática realidad que obligaba a todos a encontrar soluciones rápidas y efectivas, para así evitar que se pudieran presentar circunstancias de mayor impacto como consecuencia del brusco racionamiento de la gasolina, la implementación del sistema automatizado para el surtido de combustible y la militarización de las estaciones de servicio.
Destacó además, que en muchas oportunidades en su condición de diputado, así como el ciudadano Gobernador, ha realizado un llamado serio y responsable al Gobierno Nacional para que articule mejores medidas y suministre el combustible requerido en el Estado y así poder satisfacer la demanda de gasolina de la población para de esta manera superar el colapso que tienen en el Estado Táchira.
Así, de acuerdo a lo expresado por el accionante, los tachirenses requieren en preservación de sus derechos, ser tratados en igualdad de condiciones, sin discriminación alguna, donde valores supremos como existencia digna, libertad, integridad moral, satisfacción de necesidades básicas, disposición de bienes y servicios y la generación de bienestar para el pueblo sean preservados por todos los órganos del Poder Público y, que en este caso, ninguna conducta material y de hecho por parte del Ministro Rafael Ramírez continúe de manera directa, inmediata y flagrante afectando algunos de los derechos subjetivos de rango constitucional y previstos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, para cuyo restablecimiento no existe a su decir, otras vías procesales ordinarias, eficaz, idónea y operante, siendo a su criterio, el amparo un instrumento para garantizar el pacífico disfrute de los derechos y garantías inherentes a la persona.
Por otra parte, en el capítulo denominado: DE LA LEGITIMIDAD PARA RECURRIR Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS Y DIFUSOS, el accionante señaló que denunciaba las decisiones, actuaciones materiales y vías de hecho del ciudadano Rafael Darío Ramírez Carreño, Ministro del Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, que, en su entendido, están afectando derechos constitucionales de los habitantes del Estado Táchira, cuya verificación fáctica se traduce en la ausencia del normal y oportuno suministro de combustible a los vehículos automotores dentro de las estaciones de servicio existente en todo el territorio estadal, por lo que están legitimados para ejercer tal acción cualquier habitante de ese Estado que posea vehículo automotor.
De seguida, citó de manera referencial decisiones emanadas de esta Sala en relación al alcance y contenido de los derechos colectivos y difusos y quienes serían los legitimados para intentar estas acciones en defensa de estos derechos, a saber: sentencia n.°: 483, del 29 de mayo de 2000, caso: Elías Santana y Liliana Ortega; sentencia n.°: 656, del 30 de junio de 2000, caso: William Orlando Ojeda Orozco; sentencia n.°: 1048, del 17 de agosto de 2000, caso: Dilia Parra Guillén; sentencia n.°: 487, del 06 de abril de 2001, y; la sentencia n.°: 1321, del 19 de junio de 2002, caso: Máximo Siso y Nelson Chitty la Roche.
Con respecto a la legitimación, textualmente indicó que:
( ) nuestra legitimación es evidente, no sólo en condición de ciudadanos venezolanos, residentes en el Estado Táchira, afectados directos, sino que además en virtud de nuestra condición de Diputados estamos facultados de conformidad con el artículo 162 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como integrantes en el Estado Táchira del Consejo Legislativo, quienes en forma proporcional representamos a la población del Estado, además del deber que nos corresponde como diputados de cumplir con los compromisos con el pueblo, que derivan del ejercicio de nuestras funciones y en honor a nuestro juramento de cumplir y hacer cumplir con la Constitución y las leyes de la República, por expresa disposición del artículo 5, numeral 1 de la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados.
Asimismo, afirmaron que fueron violentados en forma directa, inmediata y flagrante los derechos subjetivos de rango constitucional, previstos también en instrumentos internacionales, a saber, los contenidos en los artículos 2, 20, 21, 46 y 117 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como los artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y; 11 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Finalmente, solicitó, conforme al artículo 26 y 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los artículos 1, 2, 5 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, amparo constitucional para el restablecimiento inmediato de la situación jurídica infringida, en virtud a la grave crisis que confronta el Estado Táchira, debido a los constantes recortes del cupo de gasolina que se expende en ese Estado, restricciones de litros de gasolina a surtirse en las estaciones de servicio y, la implementación de un sistema automatizado de expendio de combustible que se traduce, a su decir, en una violación directa, constante e inmediata de los derechos e intereses colectivos que le asisten a todos los habitantes del referido Estado que son propietarios de vehículos de uso particular o colectivo.
En tal sentido, requirieron lo siguiente: 1.- La suspensión en forma inmediata del sistema automatizado para surtir combustible en el territorio del Estado Táchira, a los fines de surtir de combustible en la forma y modalidad que se aplica en el resto del territorio nacional; 2.- Que el Ministro Rafael Darío Ramírez gire instrucciones precisas a la Dirección General de Mercadeo interno en el Estado Táchira para que se restituya todo el cupo que sea necesario para surtir de combustible los vehículos, retomando de esta manera la tranquilidad a los habitantes de la región; 3.- Que el Ministro mantenga supervisión inmediata y directa sobre los cupos autorizados para el Estado Táchira, en lo relativo al envío de combustible a los fines de evitar que a futuro se sigan presentando en períodos determinados la aparición nuevamente de grandes colas en las estaciones de servicio del Estado Táchira; 4.- Que se establezca en forma efectiva un mecanismo de coordinación y de cooperación entre el Ministerio de Poder Popular para la Energía y Petróleo y los distintos representantes elegidos por el pueblo, Gobernador, Alcaldes, Diputados, así como las organizaciones vecinales, no gubernamentales y consejos comunales, a los fines de mantener comunicación permanente y de monitoreo para la verificación de la normalidad en el Estado Táchira en relación al surtido de combustible, y; 5.- Que el Ministro establezca en forma inmediata mecanismos para que exista un seguimiento de control desde las plantas de llenado, transporte y comercialización, a los fines de evitar contrabando de gasolina, dictando medidas efectivas y viables, que sean notificadas a los ciudadanos y a sus representantes elegidos por el pueblo.
Por último, solicitó que la presente acción de amparo constitucional sea admitida y sustanciada conforme a derecho y declarada con lugar en la definitiva.
II
DE LA COMPETENCIA
A los fines de determinar la competencia de esta Sala para conocer de la presente acción de amparo constitucional, se observa que la misma ha sido ejercida por el ciudadano Daniel Omar Ceballos Morales, Diputado del Consejo Legislativo del Estado Táchira en contra de las decisiones y las actuaciones materiales, vías de hecho, de Rafael Darío Ramírez Carreño, Ministro del Ministerio de Poder Popular para la Energía y Petróleo.
Al respecto, el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece que le corresponde a este Alto Tribunal conocer:
( ) en única instancia y mediante aplicación de los lapsos y formalidades previstos en la Ley, en la sala de competencia afín con el derecho o garantía constitucionales violados o amenazados de violación, de las acciones de amparo contra los hechos, actos y omisiones emanados del Presidente de la República, de los Ministros, del Consejo Supremo Electora y demás organismos electorales del país, del Fiscal General de la República, del Procurador General de la República o del Contralor General de la República.
Asimismo, esta Sala debe resaltar el contenido del artículo 25, numerales 18 y 21, de la novísima Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria n.°: 5.991, del 29 de julio de 2010, reimpresa por error material en la Gaceta Oficial n.°: 39.552, del 01 de octubre de 2010, el cual establece lo siguiente:
Son competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: ( )
18. Conocer en única instancia las demandas de amparo constitucional que sean interpuestas contra los altos funcionarios públicos o altas funcionarias públicas nacionales de rango constitucional ( ).
21. Conocer las demandas y las pretensiones de amparo para la protección de intereses difusos o colectivos cuando la controversia tenga trascendencia nacional, salvo lo que disponen leyes especiales y las pretensiones que, por su naturaleza, correspondan al contencioso de los servicios públicos o al contencioso electoral ( ).
De esta forma, en el caso de autos, si bien los hechos narrados y la lesión señalada no trasciende más allá de la esfera jurídico subjetiva de los habitantes del Estado Táchira, no obstante, las restricciones que, en el decir del accionante, se señalan presuntamente impuestas por el ciudadano Rafael Darío Ramírez Carreño, en su condición de Ministro del Ministerio de Poder Popular para la Energía y Petróleo sobre la implementación de un sistema de control automatizado para el suministro de combustible (gasolina-gasoil), tendría trascendencia nacional, pues con la misma, de ser el caso, se evitaría un posible contrabando de extracción de combustible.
Conforme a lo anterior, y visto que en la presente acción de amparo se plantea una controversia de trascendencia nacional, se observa que la misma ha sido incoada en contra de las decisiones y las actuaciones materiales, vías de hecho, de Rafael Darío Ramírez Carreño, Ministro del Ministerio de Poder Popular para la Energía y Petróleo, razón por la cual, esta Sala Constitucional, de acuerdo a lo establecido en las normas señaladas, se declara competente para conocer de la presente causa. Así se declara.
III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Una vez establecida su competencia para conocer de la presente causa, esta Sala pasa a examinar la admisibilidad de la tutela constitucional solicitada, para lo cual, es menester verificar previamente la legitimación del accionante, quien, en su condición de Diputado del Consejo Legislativo del Estado Táchira, aduce actuar en protección de su propio derecho y en representación de los derechos e intereses colectivos y difusos de los habitantes del referido Estado que son propietarios o poseedores de vehículos automotores de uso particular o colectivo.
En relación con el primer carácter del accionante, a saber, como Diputado del Consejo Legislativo del Estado Táchira, observa esta Sala que el accionante pretende arrogarse la representación de los habitantes de ese Estado que sean propietarios de vehículos de uso particular o colectivo, por cuanto -alega- que tales ciudadanos se ven afectados por, lo que en su entendido afirma: las decisiones y las actuaciones materiales, vías de hecho, de Rafael Darío Ramírez Carreño, Ministro del Ministerio de Poder Popular para la Energía y Petróleo, que originaron, a su decir, una grave crisis por los constantes recortes del cupo de gasolina, por las restricciones de litros de gasolina a surtirse en las estaciones de servicio y por la implementación de un sistema automatizado de expendio de combustible en el Estado Táchira.
En este orden de ideas, debe esta Sala traer a colación el criterio expresado en la sentencia del 21 de noviembre de 2000, caso: Gobernador del Estado Mérida y otros vs. Ministerio de Finanzas, en la cual se estableció que:
(...) Los derechos e intereses difusos y colectivos persiguen mantener en toda la población o en sectores de ella, una aceptable calidad de vida, en aquellas materias cuya prestación general e indeterminada de tal calidad de vida corresponde al Estado o a los particulares. Se trata de derechos e intereses colectivos que pueden coincidir con derechos e intereses individuales, pero que conforme al artículo 26 de la Constitución vigente pueden ser accionados por cualquier persona que invoque un derecho o interés compartido con la ciudadanía en general o con un sector de ella, y que teme o ha sufrido, como parte integrante de esa colectividad, una lesión en su calidad de vida, a menos que la ley le niegue la acción.
Ahora bien, correspondiendo al Estado Venezolano mantener las condiciones aceptables de calidad de la vida, no pueden sus componentes solicitar de él dicha prestación; por ello, dentro de la estructura del Estado, el único organismo que de pleno derecho puede incoar tales acciones es la Defensoría del Pueblo, ya que representa al pueblo y no al Estado Venezolano, al igual que otros entes públicos a quienes la ley, por iguales razones de representatividad, expresamente otorgue tales acciones ( ) [Negritas de la Sala].
Así las cosas, reiterando el criterio asentado en el fallo parcialmente transcrito, y considerando que, por una parte, la ley no ha atribuido a los Consejos Legislativos la facultad de intentar acciones en protección de los derechos e intereses colectivos y difusos de las comunidades locales, mientras que, por otra parte, el hecho de que el accionante como ciudadano venezolano se sienta afectado y vea supuestamente amenazado sus derechos y garantías constitucionales no le otorga la representatividad de un colectivo, toda vez que puedan haber personas que no tengan interés en esta acción o que no se sientan amenazados en la forma en que señala el accionante, motivo por el cual esta Sala debe desestimar la legitimidad del accionante para actuar en representación de los habitantes del Estado Táchira, más si de sus propios derechos e intereses. Así se declara.
Dilucidado lo anterior, y una vez demostrado que se está en presencia de una acción de amparo constitucional, ejercida por el accionante en representación de sus propios derechos, cabe recordar que la misma se interpuso contra: las decisiones y las actuaciones materiales, vías de hecho, de Rafael Darío Ramírez Carreño, Ministro del Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, tendientes a la implementación de un sistema automatizado de expendio de combustible en el Estado Táchira, que en su criterio, originaron una grave crisis por los constantes recortes del cupo de gasolina a surtirse en las estaciones de servicio.
Ahora, siendo lo cuestionable en la presente acción de amparo la supuesta actuación administrativa del Ministro del Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo como órgano del Estado, tal y como lo ha señalado esta Sala en sentencia n.°: 188, del 04 de marzo de 2011, dichas actuaciones:
( ) conlleva a que su ejercicio se encuadre en el principio de razonabilidad, que comprende la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad, de acuerdo a los cuales, la eventual actuación de un órgano o ente del Estado, debe resultar apta para los fines perseguidos, requerida ante una situación de hecho determinada y finalmente, adecuada a las circunstancias en concreto.
Asimismo, del escrito del solicitante se observa que en él se indicó que el ciudadano Rafael Darío Ramírez Carreño, actual Ministro del Ministerio para el Poder Popular para la Energía y Petróleo, en forma reiterada y permanente, permite, mediante actuaciones materiales y vías de hecho administrativas, la afectación de los derechos ciudadanos de los habitantes que usan vehículos o que utilizan el servicio de transporte público, imponiéndole, a su decir, al Estado Táchira, una especie de apartheid o bloqueo, dándoles a sus ciudadanos un tratamiento como venezolanos de segunda, al imponer medidas totalmente discriminatorias y por demás violatorias de sus derechos constitucionales.
Siendo este el caso, la Sala, en varias decisiones (números: 1321, del 19 de junio de 2002, y las 2628 y 2629, del 23 de octubre de 2002), ha determinado que el control de los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, así como de las actuaciones materiales y vías de hecho de la Administración es tutelable ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en razón de que la Constitución otorga competencia a los órganos de dicha jurisdicción para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso, por desviación de poder; condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración; conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos, y; disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa.
Lo antes señalado conduce a afirmar que los derechos o garantías constitucionales que resulten lesionados por actos o hechos dictados o ejecutados en ejercicio de la función administrativa u omisiones o abstenciones de órganos o personas obligados por normas de derecho administrativo, se encuentran salvaguardados en virtud de la potestad que la Carta Magna otorga a esos órganos jurisdiccionales, conforme lo dispone el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (ver sentencia n.°: 1321, del 19 de junio de 2002).
En efecto, el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que:
La jurisdicción contencioso administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la ley. Los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder; condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración; conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos; y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa.
De esta manera, se aprecia que, de la simple lectura de las atribuciones que el artículo 259 de la Constitución otorga a la competencia contencioso administrativa, los justiciables pueden accionar contra la Administración a los fines de solicitar el restablecimiento de situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad de la Administración aunque se trate de vías de hecho o de actuaciones materiales. Es decir, el referido precepto constitucional señala como potestades de la jurisdicción contencioso administrativa, no solo la anulación de actos administrativos, la condena de pago de sumas de dinero por concepto de indemnización de daños y perjuicios y el conocimiento de las reclamaciones relativas a la prestación de los servicios públicos, sino también, el restablecimiento de situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad material o jurídica de la Administración, motivos éstos suficientes para declarar que la acción de amparo intentada es inadmisible, toda vez que, el presente accionante no agotó el ejercicio previo de las vías judiciales ordinarias o no hizo uso de los medios judiciales preexistente, lo cual se encuentra establecido en la letra del artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en el sentido de que, por una parte, contra las supuestas decisiones lesivas emanadas del Ministro Rafael Darío Ramírez Carreño, las cuales no especificó el accionante, tiene la potestad de interponer recurso contencioso administrativo de nulidad, y por otra parte, contra las supuestas actuaciones materiales o vías de hecho atribuidas al prenombrado Ministro, el accionante puede ejercer la reclamación contra vías de hecho. Así se declara.
IV
DECISIÓN
Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, se declara COMPETENTE para conocer la presente acción de amparo constitucional y declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano DANIEL OMAR CEBALLOS MORALES, en su condición de Diputado del Consejo Legislativo del Estado Táchira, actuando en nombre propio y en representación de los derechos e intereses colectivos y difusos de los habitantes de ese Estado, contra las decisiones y las actuaciones materiales, vías de hecho, de Rafael Darío Ramírez Carreño, Ministro del Ministerio de Poder Popular para la Energía y Petróleo.
Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 04 días del mes de agosto de dos mil once (2011). Años: 201° de la Independencia y 152° de la Federación.
La Presidenta de la Sala,
Luisa Estella Morales Lamuño
El Vicepresidente,
Francisco Antonio Carrasquero López
Los Magistrados,
Marcos Tulio Dugarte Padrón
Carmen Zuleta de Merchán
Arcadio Delgado Rosales
Juan José Mendoza Jover
Ponente
Gladys María Gutiérrez Alvarado
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
Exp. 11-0767
JJMJ/
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