Venley

Sentencia N.º 1338

Sentencia
N.º 1338
Fecha
13/08/2008
Sala
Constitucional
Expediente
08-0490
Ponente
Pedro Rafael Rondón Haaz
Procedimiento
Acción de Amparo
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SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

                        Consta en autos que, el 24 de abril de 2008, la abogada MARÍA JOSEFINA HERNÁNDEZ MARSÁN, titular de la cédula de identidad n.° 2.154.841 y con inscripción en el I.P.S.A. bajo el n.° 16.187, intentó, ante la Secretaría de esta Sala, “AMPARO AUTÓNOMO DE CONDENA” o “ACCIÓN AUTÓNOMA DE CONDENA” o “amparo autónomo judicial de condena civil” “para dar fin a tanto RETARDO JUDICIAL Y PREVARICACIÓN”.

                        Luego de la recepción del expediente, se dio cuenta en Sala por auto del 29 de abril de 2008 y se designó ponente al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.

                        El 5 y 28 de mayo, el 10 y 17 de junio y el 8 y 15 de julio de 2008, la abogada María Josefina Hernández Marsán suscribió diligencia y consignó escritos y anexos al expediente.

                       

I

DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA

                        1.         Alegó:

1.1       Que:

Con base en la Sent. 179 del 13 de febrero de 2001, y con el medio procesal de defensa de legítimos derechos e intereses infringido por hechos y actos de particulares y omisiones de autoridades judiciales que establecen los Arts. 16 y 17 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales de 1988 (LOA 88), la ciudadana MARÍA JOSEFINA HERNÁNDEZ- MARSÁN (…) interpone directamente ante la Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado venezolano ACCIÓN AUTÓNOMA DE CONDENA contra ROBERTO SALAS y DOCE ABOGADOS OPOSITORES en un juicio laboral, conocido en lo hechos y actos judiciales el año 1989 por la Sala de Casación Civil (Exp. 89-282 de esa Sala del alto Tribunal); conocido el año de 1993 por queja de MARÍA J. HERNÁNDEZ-MARSÁN, por Sala Plena de la otrora C.S.J. (Exp. 94-228 de la Sala de Casación Civil); conocido el año 1999 (Exp. 99-092 de la Sala) por la Sala de Casación Civil, por reclamo de la suma de Bs.= 647.037.527,19 contra ROBERTO SALAS/DENTRIVEN, S.A./FRANCISCO UTRERA VAZQUEZ, ejercido por MARÍA J HERNÁNDEZ-MARSÁN; conocido el año 2000 (Exp.. 00-310 y 00-2864 Sala Constitucional del T.S.J.) por la alta Corte constitucional del Poder Judicial del Estado venezolano por una acción autónoma de amparo constitucional de condena contra ROBERTO SALAS y sus DOCE ABOGADOS OPOSITORES DESDE EL 8.8.90 (Exp. 89-282 Sala de Casación Civil otrora C.S.J.; 00-2864 Sala Constitucional del hoy T.S.J.), ejercida (Arts. 19 CRBV99 y 2.-LOA88) por la legitimada activa desde 1989, abogada actora MARÍA JOSEFINA HERNÁNDEZ-MARSÁN (Exp. 7353 Juzgado Segundo Laboral de Caracas).

 

1.2       Que “…desde el día 20.08.90, ante intimidaciones de ABOGADOS OPOSITORES EN JUICIO LABORAL en defensa de ROBERTO SALAS/DENTRIVEN, S.A, que también abarcan su personal libertad para pedir justicia y su personal honra de abogada venezolana, honesta y proba, ACUDIÓ al Ministerio Público (art. 131, ord. 5° CPC86; y 218 Constitución 1961)”.

1.3       Que “[c]uando el abogado opositor tercero en juicio laboral, JOSÉ MELICH ORSINI y otros cuatro en el Poder, suspendieron por apelación y tercerías el cumplimiento voluntario de obligaciones indemnizatorias de ROBERTO SALAS/DENTRIVEN, S.A. para con MARÍA JOSEFINA HERNÁNDEZ-MARSÁN, ésta última acudió nuevamente (año 1991) al Ministerio Público y denunció el fraude procesal mala fe en juicio laboral de esos DOCE ABOGADOS OPOSITORES AL DÍA 8.9.90 (Exp. 7353 Segundo Laboral de Caracas) (…) HAN TRANSCURRIDO LARGOS DIECIOCHO (18) AÑOS (1990-2008) y aún no ha habido condena civil (OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR) para los culpables”.

1.4       Que “El día 14.08.00 (…) MARÍA JOSEFINA HERNÁNDEZ-MARSÁN estima e intima ante la Sala Constitucional del Poder Judicial venezolano (Arts. 2 CRBV99; 2 LOA88; 2 LOPJ87 y 2 LA66) la condena civil indemnizatoria que por justicia y derecho y con igualdad ante la Ley (Arts. 21 CRBV99 y 26 de la LOA88), deben cumplir ROBERTO SALAS y sus DOCE ABOGADOS OPOSITORES sin causa justa desde el año 1990. (…) (Exp. 00-2864 Sala Constitucional del T.S.J.)…”

1.5       Que “…víctima de intimidaciones y fraudes procesales cometidos en ese juicio laboral suspendido el día 8.8.90 por absurda apelación y dolosa tercería, está facultada legalmente a solicitar amparo autónomo judicial de condena civil, ante la Sala del alto Tribunal afín con los derechos e intereses constitucionales y legales, MENOSCABADOS por hechos dañosos de DOCE ABOGADOS OPOSITORES…”. 

1.6       Que “El día 13.02.01 (…) la Sala Constitucional dicta una sentencia estimatoria a favor de MARÍA JOSEFINA HERNÁNDEZ-MARSÁN y contra ROBERTO SALAS y sus DOCE ABOGADOS OPOSITORES AL DÍA 8.8.90”.

1.7       Que “El efecto de ese AMPARO CONSTITUCIONAL DE CONDENA CONTRA CULPABLES (Sent. 179/2001 Sala Constitucional del T.S.J.) (…) es: la causa laboral vuelve a la etapa ejecutoria del 8.8.90. ROBERTO SALAS/DENTRIVEN, S.A., a causa de la oposición por tercerías de JOSÉ MELICH ORSINI (agosto 1990) y la asesoría legal (febrero 1991) ejercida contra MARÍA J. HERNÁNDEZ-MARSÁN por el Director Principal y apoderado judicial de DENTRIVEN, S.A., abogado FRANCISCO UTRERA VAZQUEZ, no cumplieron voluntariamente con el pago de Bs. 12.946.816, 61 (Exp. 7353 Laboral de Caracas)”.

1.8       Que lo que demandó ante la Sala Constitucional fue “perjuicio material (…) y no ‘complemento de prestaciones’, como erróneamente entendió la Primera Instancia Laboral de Caracas”.

1.9       Que “…no hay que mezclar la causa judicial laboral constitucional (Exp. AH24-L-1989-8) y esta ‘ACCIÓN AUTÓNOMA DE CONDENA’ que con este escrito y sus anexos formalizo ante la Sala Constitucional, con posibles acciones disciplinarias o de carácter penal. Se EJERCE la presente ACCIÓN AUTÓNOMA DE CONDENA precisamente para dar fin a tanto ‘RETARDO JUDICIAL Y PREVARICACIÓN’”.

 

2.         Pidió:

No desisto de INTIMAR: A) La suma total de Bs.= 1.447.037.527,19 por daño moral y perjuicio material causado por ROBERTO SALAS y sus DOCE ABOGADOS OPOSITORES. B) Un 25% de esa suma como COSTAS (art. 33de la LOA88). Esto es: La ejecución de la Sent. 179/2001 de la Sala Constitucional; más costas de Ley.

 

Luego, en escrito de 28 de mayo de 2008, agregó: “Por mandato de Ley (art. 19. LOTSJ04) el TSJ, en la cosa juzgada o en el menoscabo a derechos humanos  IRRENUNCIABLES (art. 19. CRBV99), no puede declarar perención de la instancia. Antes por el contrario, DEBE (art. 49.8 CRBV99) reparar la omisión del Superior y del Juez HERBERT CASTILLO, y ORDENAR EN AUTOS (Exp. 08-490 SC/TSJ) el PAGO EXPEDITIVO (art.30 LOA 88) de Bs= 1.447.037.527,19 más un 25% de esta suma por costas, contra esos DOCE ABOGADOS INTIMADOS (Sent. 179/01) y a favor de MARIA J. HERNANDEZ-MARSÁN” y después, el 08 de julio de 2008: “la EJECUCIÓN de la SENT. 179/01 de la Sala; más un 25% de lo intimado en los autos (Bs= 1.447.037.527,19) con COSTAS”.

 

II

ADMISIBILIDAD DE LA PRETENSIÓN

             De los oscuros manuscritos que presentó la abogada María Josefina Hernández-Marsán, algunos de los cuales titula “AMPARO AUTÓNOMO DE CONDENA”, parece desprenderse que pide: i) la ejecución de la sentencia de esta Sala n.° 179 del 13 de febrero de 2001 que cree que fue dictada a su favor; ii) la declaratoria de fraude procesal en un juicio laboral; iii) que se intime al ciudadano Roberto Salas para que pague la indemnización que supuestamente éste le adeuda por daños materiales y morales, por cuanto suspendió un juicio laboral con “absurda apelación y dolosa tercería”; además, señaló que no ha recibido oportuna respuesta sobre su solicitud de indemnización, pese a que ha acudido a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, al Ministerio Público y al Colegio de Abogados.

Esta Sala en sentencia n.° 179 del 13 de febrero de 2001, declaró su incompetencia para el conocimiento de la “acción autónoma de AMPARO CONSTITUCIONAL DE CONDENA a pago de daño moral y perjuicio material” contra las actuaciones del ciudadano Roberto Salas y de los abogados José De Los Santos Michelena, Enrique Itriago Alfonso, Francisco Utrera Vázquez, Reinaldo Hellmund, Ignacio Hellmund, Santos Michelena De La Cova, Eduardo Michelena De La Cova, José Melich Orsini, Gonzalo Pérez Luciani, Juan Correa De León, Nicolás Rubino Pinto y Gonzalo Pérez Petersen y, como consecuencia de ello declinó la competencia para el conocimiento del asunto en un Juzgado de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

El artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales señala las exigencias que debe cumplir la solicitud de amparo. Se trata de un cúmulo de requisitos mínimos. Por su parte, el artículo 19 eiusdem especifica que si la demanda fuere oscura o no llenare los requisitos que exige el artículo 18, se ordenará su corrección.

El primer supuesto es que la demanda sea oscura, lo que significa que, aun cuando inteligible, tiene sectores que necesitan aclaratoria, por ambiguos, contradictorios o imprecisos; es decir, existe una solicitud que no cumple claramente con los requisitos del artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Pero, en los casos en que la demanda sea más que oscura, esto es inintelegible, la Sala ya ha precisado que no hay nada sobre qué ordenar corrección, lo cual hace a la demanda inadmisible, pues el tribunal constitucional no puede erigirse en demandante. (Vid. s.S.C  n.° 715, 10.05.01, exp. 00-2194).

En la referida decisión, la Sala precisó que:

A pesar de que con el amparo se busca proteger los derechos constitucionales de las personas, y que no deben exigirse formalidades que limiten el ejercicio de dicha acción, es criterio de la Sala que tampoco puede darse curso a un amparo incomprensible por el hecho de que alguien solicite se le ampare, ya que el Juez Constitucional no, es en estos casos, un inquisidor ante cualquier denuncia.

 

De aceptarse la inquisición total por el Juez Constitucional, la cual no la contempla la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se obraría contra la estructura dispositiva del amparo, contemplada en los artículos 1 y 18 eiusdem.

 

Ante un supuesto de incomprensión, no hay oscuridad que aclarar, y por tanto no le es aplicable el artículo 19 antes citado.

 

Por otra parte, si la solicitud de amparo se encuentra de tal modo viciada –por ininteligible- que no se entiende qué es realmente lo que el solicitante pretende, tampoco puede funcionar el artículo 19 mencionado, a fin que la solicitud llene los requisitos del artículo 18 eiusdem, ya que simplemente no hay solicitud de amparo, y mal puede el Juez Constitucional señalarle al solicitante, paso a paso, qué debe contener el escrito y como explanarlo; ya que, de obrar así, el juez prácticamente estaría redactándole al accionante el escrito de amparo, con lo que no solo su imparcialidad puede quedar en entredicho, sino porque surge una contradicción psicológica entre la función del juez y la de la parte.

 

Se trata de una cuestión casuística, pero cuando el escrito de amparo adolece de vicios tales que lo hacen ininteligible, o que el juez constitucional se convence de que no llena las exigencias de la solicitud de amparo, debe rechazarse tal escrito por no ser él una solicitud de amparo, situación que podría ocurrir incluso con los amparos verbales.

 

En el asunto de autos, la demanda fue planteada de manera que no puede ordenarse corrección alguna, conforme al artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y, por lo tanto, la demanda es inadmisible. Así se declara.

Finalmente, esta Sala estima necesario aclararle a la abogada María Josefina Hernández-Marsán que la naturaleza del amparo constitucional, tal como está concebido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, es restablecedora de derechos y garantías constitucionales y nunca constitutiva de nuevas situaciones jurídicas, razón por la que las pretensiones de condena no tienen cabida en materia de amparo constitucional, tal y como ha sido declarado, repetidamente, ante su insistencia por tribunales constitucionales de todas las jerarquías. Así, igualmente, se declara. 

 

III

DECISIÓN

Por las razones que fueron expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la demanda de “AMPARO AUTÓNOMO DE CONDENA” que intentó la abogada MARÍA JOSEFINA HERNÁNDEZ MARSÁN.

 

Publíquese, regístrese y archívese.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas,                                   a los 13 días del mes de agosto  de dos mil ocho. Años: 198º de la Independencia y 149º de la Federación.

 

La Presidenta,

 

 

 

 

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

 

 

El Vicepresidente,

 

 

 

Francisco Antonio Carrasquero López

 

 

Los Magistrados,

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Ponente                       

 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

…/

…

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

 

El Secretario,

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

PRRH.sn.ar.

Exp. 08-0490

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