Venley

Sentencia N.º 1340

Sentencia
N.º 1340
Fecha
25/06/2002
Sala
Constitucional
Expediente
01-2388
Ponente
Antonio García García
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: Antonio J. García García

 

El 22 de octubre de 2001 fue recibido en esta Sala Constitucional, proveniente del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques, el oficio Nº 215200300-568, por el cual se remitió el expediente distinguido con el número 01-4434 (nomenclatura de dicho Tribunal), contentivo de la acción de Amparo Constitucional interpuesta por los abogados Nelson José Marín Lara y Jasmín Coromoto Sequera Colmenares, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 36.102 y 36.105, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la ciudadana Cecilia Pontes Muleiro, titular de la Cedula de Identidad N° V-5.452.119, contra la decisión del 14 de junio de 2001, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial.

Tal remisión obedece a la consulta de ley a que está sometida la identificada sentencia del referido Juzgado Superior.

En la misma oportunidad se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Antonio J. García García, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

Efectuada la lectura individual del expediente, esta Sala procede a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:

I

Antecedentes

Del contenido del escrito contentivo del amparo y de las actas procesales del expediente se desprenden los siguientes acontecimientos:

El Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda dictó sentencia, el 15 de junio de 2000, en el juicio que por partición de comunidad conyugal intentara  el ciudadano Francisco Javier Fernández Cami contra la ciudadana Cecilia Pontes Muleiro, ordenándose en su contenido la notificación de las partes, por cuanto la misma fue dictada fuera del lapso procesal correspondiente.

            Los representantes judiciales de la demandada en dicho juicio eran los abogados Luís Augusto Rincón Cano, José Antonio Colmenares Cadena y Yasmini Zambrano Fuentes, quienes en el acto de contestación de la demanda señalaron su domicilio procesal.

            Posteriormente, por diligencia suscrita el 20 de septiembre de 1999, la abogada Yasmini Zambrano Fuentes renuncia al poder otorgado.

            Por auto del 7 de agosto de 2000, el Tribunal de la causa acordó practicar la notificación de la demandada en el domicilio que hubiere sido señalado por sus apoderados judiciales en el escrito contentivo de la reconvención.

            El 9 de agosto de 2000, el apoderado judicial de la parte actora suscribió diligencia, por la cual solicitó revocar por contrario imperio la antes descrita providencia “en virtud de que si bien es cierto que los apoderados judiciales de la demandada señalaron en su oportunidad procesal (Escrito de Contestación y Reconvención (23-3-93) (sic) para que se practicara cualquiera notificación en la dirección señalada; no menos es cierto que riela al folio 267 del presente expediente fecha 20-09-1999, renuncia en forma expresa al poder que le fue conferido a los mandatarios, la dirección de la demandada a los efectos del presente juicio la indicada por la parte actora en el libelo en su defecto de conformidad con el último aparte del artículo 174 del Código de Procedimiento Civil se tenga como domicilio el inmueble objeto de la partición judicial o el lugar de  este Tribunal”.

            Ulteriormente, de acuerdo con actuación de ese Tribunal de agosto de 2000, dicho órgano judicial decretó la nulidad del auto dictado el 7 de ese mismo mes y año, y en su lugar acordó la notificación de la demandada mediante cartel que sería publicado en el diario “Últimas Noticias”, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil.

            El 4 de noviembre de 2000, el Juzgado de la causa decretó la ejecución del fallo, por cuanto el mismo se encontraba definitivamente firme, concediéndole a la parte demandada plazo para el cumplimiento voluntario.

            Por escrito presentado el 7 de mayo de 2001, los abogados Nelson José Marín Lara y Jasmín Sequera Colmenares, actuando como apoderados judiciales de la demandada, a cuyos efectos consignaron en esa oportunidad instrumento poder, peticionaron que se revocaran todas las actuaciones proferidas luego de la sentencia del 15 de junio de 2000, toda vez que el domicilio procesal que se encontraba vigente para entonces, y donde debía practicarse la notificación, era aquel suministrado en el escrito de contestación, siendo que la diligencia presentada por la abogada Yasmini Zambrano Fuentes, “se refiere única y exclusivamente a la renuncia de su persona y en forma alguna hace referencia a los otros apoderados, quienes eran representantes de la demandada reconviniente al momento de producirse el fallo y tienen fijado el mismo domicilio procesal” a quienes, además, le fue reconocida tal condición -afirmaron- en la misma sentencia.

            El 8 de mayo de 2001, el abogado Nelson José Marín, actuando con el indicado carácter, apeló en todas y cada una de sus partes de la sentencia dictada el 15 de junio de 2000 y ratificó su solicitud contenida en el aludido escrito del 7 de mayo.

            Finalmente, el 14 de junio de 2001, se produjo la cuestionada decisión, objeto de la presente acción, en la cual, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial emitió un pronunciamiento, a través del cual declaró definitivamente firme la sentencia de fondo dictada por ese mismo órgano judicial el 15 de junio de 2000 e, igualmente, señaló que no tenía materia sobre la cual decidir en relación con lo peticionado por la parte demandada, hoy accionante en amparo.

            El 21 de junio de 2001, los apoderados judiciales de la parte demandada intentaron la presente acción de amparo, de la cual conoció el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques, el cual, luego de la sustanciación correspondiente, por decisión del 19 de septiembre de 2001, declaró con lugar la misma.

El 22 de octubre de 2001, fueron recibidas en esta Sala las actuaciones correspondientes a la presente acción de amparo.

II

Fundamento de la Acción

             Alegaron los apoderados judiciales de la accionante en su escrito, que la actuación judicial producida por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, del 14 de junio de 2001, viola el derecho a la defensa y al debido proceso de su representada, al haber declarado definitivamente firme la sentencia de fondo proferida por ese mismo Juzgado cuando conoció del juicio que por partición de la comunidad conyugal había sido intentado en contra de su mandante por el ciudadano Francisco Javier Fernández; además, de haber indicado que no tenía materia sobre la cual decidir ante la interposición del recurso de apelación ejercido por aquella.

            En efecto, alegaron que en dicha providencia el agraviante no se pronunció sobre el recurso ordinario de apelación interpuesto oportunamente, ni siquiera en forma negativa lo que hubiera permitido que prosperare, por lo menos, un recurso de hecho.

            El asunto, de acuerdo con lo expuesto por los representantes de la parte agraviada, se circunscribía a la actuación del Tribunal de la causa que acordó la notificación de la parte demandada a través de un cartel publicado en la prensa, no obstante que, constaba en el expediente el domicilio procesal de la parte demandada; circunstancia que en su criterio fue desconocida por dicho Juzgado.

A tales efectos, indicaron que el domicilio procesal señalado por los anteriores apoderados judiciales de su patrocinada, al momento de dar contestación a la referida demanda, se encontraba vigente cuando se ordenó la notificación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, según el cual “...Dicho domicilio subsistirá para todos los efectos legales ulteriores mientras no se constituya otro en el juicio y en él se practicarán todas las notificaciones, citaciones o intimaciones a que haya lugar...”, razón por la cual, no procedía la notificación por carteles tal como fue ordenado por el tribunal de la causa.

Afirmaron que, inicialmente, dicho Juzgado había procedido correctamente, “ordenando la notificación en cualquiera de sus apoderados judiciales (folio 331)...(omissis)...Empero se desvió la eficacia de dicho acto cuando al apoderado actor (folio 332) erradamente señaló lo siguiente: ‘Omissis... se sirva revocar por contrario imperio el referido auto en virtud de que si bien es cierto que los apoderados judiciales de la demandada señalaron en su oportunidad procesal (escrito de contestación reconvención (23-3-99) (sic) para que se practicara cualquiera notificación en la dirección allí señalada; no es menos cierto que rie/a (sic) inserto en el folio 267 de/ presente (sic) expediente de 20-09-1999, Renuncia en forma expresa al poder que le fuera conferido a los mandatarios...(sic)”.

Adujeron al respecto, que tal aseveración era falsa, por cuanto del contenido de la sentencia suscrita por la abogada renunciante se desprendía que solamente se trataba de la renuncia de ésta, no abrazando la misma la de los demás apoderados en el juicio, “quienes continuaron ejerciendo la representación de la demandada al momento de producirse el fallo”. En este sentido, citaron el contenido del artículo 165 del Código de Procedimiento Civil, por lo que señalaron, seguidamente, que en el caso de autos no constaba que su patrocinada hubiese sido notificada acerca de tal renuncia.

Como consecuencia de lo anterior –manifestaron- la notificación de la parte demandada debió verificarse en el domicilio procesal inicialmente señalado por sus precedentes apoderados, vigente para aquel momento, por lo que habiéndose efectuado, de acuerdo con lo establecido en el  artículo 233 del citado Código Adjetivo, se violó el derecho a la defensa de su patrocinada, al desconocerse lo dispuesto en el artículo 174 eiusdem “que le impone el deber de ordenar la notificación en el domicilio procesal que fijó la demandada en la ocasión de dar contestación a la demanda, colocándola en estado de indefensión por impedirle con tal notificación, ejercer los recursos arbitrados por la legislación, incurriendo así en una flagrante violación a las normas del debido proceso y al legítimo derecho a la defensa constitucionalmente consagrado, que afecta inexorablemente la eficacia del fallo dictado”.

Manifestaron, igualmente que su patrocinada no tuvo conocimiento de la sentencia dictada sino sólo cuando fue intimada por el cobro de honorarios profesionales, no cumpliendo la notificación realizada, en su criterio, con su propósito.

Continuaron indicando que habían apelado del fallo definitivo, el 8 de mayo de 2001, ratificada el 18 de mayo de 2001, sin que se produjera una actuación que providenciara acerca del ejercicio de ese recurso; motivo por el cual habían ejercido un recurso de hecho, el cual fue rechazado por cuanto para que fuera procedente, era necesario un auto negando oírlo expresamente.

Finalmente, peticionaron se acordase medida cautelar innominada consistente en la suspensión de los efectos del fallo impugnado y se declarase con lugar la presente acción en la definitiva.

III

De la Actuación Judicial Presuntamente Lesiva

La decisión judicial contra la cual se interpuso la presente acción de amparo constitucional, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, el 14 de junio de 2001, dispone:

“Visto el escrito presentado por los abogados NELSON MARÍN LARA y JAZMÍN COROMOTO SEQUERA COLMENARES en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana CECILIA PONTES MULEIRO, mediante el cual se expresa la notificación ordenada por el Tribunal de acuerdo a lo establecido en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, existiendo domicilio procesal de la parte demandada reconviniente, se incurre en flagrante violación a las normas constitucionales referentes al derecho de defensa, y al debido proceso y piden se revoque por contrario imperio todo lo actuado después de la sentencia proferida el 15 de junio de 2000, y vista la apelación interpuesta contra el expresado fallo en diligencia de 8 de mayo de 2001, ratificada el día 18 del mismo mes y año, el Tribunal para decidir observa: E materia (sic) de lapsos para la interposición de los recursos, cuando fuere necesario la notificación de las partes, del fallo dictado fuera del lapso legal, la doctrina imperante de la Sala Civil, a partir de la decisión de fecha 18/12/90, dejó sentado que, únicamente cuando sea acordada la notificación de las partes por medio de la imprenta, con la publicación de un Cartel en un diario de los de mayor circulación de la localidad, el Juez, como incurrió en el caso sub-judice, deberá adicionar un término que no bajará de diez (10) días para dar por notificada a la parte o partes contra quien va dirigido, descartando la aplicación del artículo 14 eiusdem. Consta en autos, según el cómputo solicitado por los mencionados apoderados judiciales que desde el 19/2/99 exclusive hasta el día 29/9/99 transcurrieron 20 días de Despacho, igualmente consta que la publicación del Cartel se realizó el 23 de septiembre de 2000 y que hasta el 27 de octubre de 2000 habían transcurrido 16 días de Despacho, razón por la cual la sentencia dictada en el presente juicio, se encuentra definitivamente firme y tal como se decretó procede su ejecución. En consecuencia este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO TIENE MATERIA SOBRE LA CUAL DECIDIR.- Déjese constancia”.

 

 

IV

De la Sentencia Consultada

Señaló la decisión consultada, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques, en su parte motiva, lo siguiente:

 

            “Proferido el fallo de fecha 15 de junio de 2000, se ordenó su notificación por haberse pronunciado fuera de lapso.

            Por auto de fecha 07 de agosto de 2000, se ordena practicar la notificación de la parte demandada en el domicilio procesal señalado en escrito presentado en fecha 23 de marzo de 1999, contentivo de la contestación y reconvención.

En fecha 09 de agosto de 2000, el apoderado de la parte demandante solicita la revocatoria por contrario imperio del auto de fecha 07 de agosto de 2000, por cuanto la co-apoderada de la parte demandada, abogado Yasmini Zambrano Fuentes renunció expresamente al poder en fecha 20 de septiembre de 1999.

            Providenciada  la solicitud de revocatoria por contrario imperio, el juzgado de primera instancia dicta auto que riela al folio 61 del presente expediente, mediante el cual declara la nulidad del auto dictado en fecha 07 de agosto de 2000, y ordena practicar la notificación de la parte demandada por la imprenta.

            Ahora bien, analizado el contenido del poder otorgado por la ciudadana Cecilia Pontes Muleiro, a los abogados Luis Augusto Rincón Cano, José Antonio Colmenares Cadenas y Yasmini Zambrano Fuentes, por ante la Notaría Pública del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda en fecha 12 de marzo de 1999, bajo el No. 30, Tomo 23, constata este juzgador, que la renuncia al poder por la abogado Yasmini Zambrano Fuentes, en nada afectaba la representación judicial de los otros dos abogados. Razón por la cual el domicilio procesal señalado en el escrito de contestación a la demanda y reconvención subsistía para los mismos hasta tanto expresamente se hubiese cambiado.

            Imperioso se hace para este juzgador, señalar que el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, dispone: ‘Dicho domicilio subsistirá para todos los efectos legales ulteriores mientras no se constituya otro en el juicio, y en él se practicarán todas las notificaciones, citaciones o intimaciones a que haya lugar’.

            La utilidad y beneficio de esta disposición radica en los principios de simplicidad, celeridad procesal, seguridad y certeza jurídica de las citaciones y notificaciones que haya necesidad de practicar en el juicio.

            La consolidada doctrina del Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido: ‘Si la parte en el proceso ha cumplido con su obligación de constituir domicilio procesal, en atención a lo contemplado en el artículo 174 de la Ley adjetiva civil, todas las notificaciones que deban efectuarse en el juicio, y muy especialmente para la reanudación del proceso, cuando el fallo es dictado fuera del lapso para ello, DEBERÁN SER REALIZADAS EN EL DOMICILIO PROCESAL mediante boleta remitida por correo certificado con acuse de recibo, o dejada por el Alguacil, SIN QUE SEA VALIDA ALGUNA OTRA ALTERNATIVA DE LAS CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO 233 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, como sería efectuar la notificación mediante la publicación de un cartel por la imprenta, YA QUE ELLO EN DEFINITIVA ATENTA CONTRA EL DERECHO A LA DEFENSA CONSAGRADO EN EL ARTICULO 68 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL (hoy artículo 49  de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) y artículo 15 del Código de Procedimiento Civil’. Pronunciamientos de fechas 02 de Noviembre de 1988, 12 de Diciembre de1991 y 12 de Mayo de 1993.

            Por cuanto es indudable que la notificación de la sentencia dictada en fecha 15 de Junio de 2000, no fue notificada a la parte demandada, hoy recurrente en amparo en el domicilio procesal establecido en autos al momento de dar contestación a la demanda y oponer reconvención, conforme a lo preceptuado en el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, forzoso es aplicar la doctrina del Tribunal Supremo de Justicia y considerar flagrantemente vulnerado el derecho a la defensa de la ciudadana Cecilia Pontes Muleiro. Así se decide.”

 

            En consecuencia, la consultada declaró con lugar la pretensión de amparo constitucional incoada por la ciudadana Cecilia Pontes Muleiro y, por tanto, la nulidad de todos los actos procesales efectuados a partir del 7 de agosto de 2000 (exclusive) en el expediente contentivo del juicio que por partición de la comunidad conyugal intentara el ciudadano Francisco Javier Fernández Cami contra la aludida ciudadana, ordenándose notificar la sentencia dictada, el 15 de junio de 2000, a la parte demandada en el domicilio procesal expresamente señalado.

V

Consideraciones para Decidir

            En primer término, corresponde a esta Sala determinar su competencia para conocer de la consulta planteada en el caso de autos. A tales efectos, se observa que, mediante sentencias del 20 de enero de 2000 -casos Emery Mata Millán y Domingo Ramírez Monja-, esta Sala Constitucional se declaró competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones y consultas en amparo que prevé el artículo 35 de la Ley Orgánica que rige la materia, cuando dichas acciones sean conocidas en primera instancia por los Tribunales o Juzgados Superiores y Cortes de Apelaciones, salvo aquellas conocidas por los Juzgados Superiores en ejercicio de su competencia en lo Contencioso-Administrativo, de cuya apelación o consulta deberá conocer la Corte Primera de la Contencioso Administrativo (Vid. sentencia de esta Sala del 14 de marzo de 2000, caso Elecentro).

Por tanto, en virtud del criterio sostenido en las sentencias antes referidas, y visto que la sentencia ha sido dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Menores de la Circunscripción Judicial de Estado Miranda, esta Sala resulta competente para conocer en consulta de la indicada decisión. Así se declara

            Expuesto lo anterior, observa esta Sala que es preciso determinar si actuó ajustado a derecho el ad quem cuando dictó el fallo consultado, para lo cual es preciso verificar si la actuación supuestamente lesiva viola los derechos constitucionales denunciados como lesionados. En este sentido, se advierte que los mismos se refieren al derecho a la defensa y al debido proceso, consagrados en el artículo 49 de la Constitución.

            Ahora bien, es preciso advertir que el quid del asunto se origina con ocasión de la publicación del fallo dictado fuera del lapso procesal correspondiente, el 15 de junio de 2000, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Así las cosas, cabe señalar que el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al caso que se examinaba, contiene el siguiente enunciado:

“Artículo 251

El pronunciamiento de la sentencia no podrá diferirse sino por una sola vez, por causa grave sobre la cual el Juez hará declaración expresa en el auto de diferimiento, y por un plazo que no excederá de treinta días. La sentencia dictada fuera del lapso de diferimiento deberá ser notificada a las partes sin lo cual no correrá el lapso para interponer los recursos”. (destacado de la Sala)

 

            Es evidente, según se desprende del contenido mismo de la identificada sentencia, que la misma había sido publicada una vez vencido el lapso dispuesto para la producción del fallo. De allí que, a tenor de lo dispuesto en la transcrita norma, específicamente en la oración destacada por la Sala, era menester su notificación a las partes.

            Tal notificación, definida como el “acto procesal de comunicación del tribunal que tiene por objeto dar noticia de una resolución, diligencia o actuación, a todos los que sean parte en el pleito o la causa y también a quienes se refieran o puedan causar perjuicios cuando así se disponga expresamente en aquellas resoluciones de conformidad con la Ley”, (Diccionario Espasa Jurídico, 2001), cumple entonces, una vez producida la sentencia, con un objetivo específico, cuál es, hacer del conocimiento de las partes involucradas en el proceso, que se ha emitido el respectivo pronunciamiento en la causa que les interesa y que incide de manera favorable o desfavorable en su esfera de intereses. Y, la misma tiene sentido, en tanto que mientras la actuación judicial se produce dentro del lapso legal del que dispone el juez para sentenciar se supone que las partes están a derecho, y pendientes de esa etapa procesal, sin embargo vencido aquel, no es que entrañe un desinterés de las partes sino que la oportunidad en que saldrá la sentencia se convierte en indeterminada en el tiempo, por lo que, de no existir un paliativo, les acarrearía la obligación de acudir constantemente a la sede del órgano judicial y la consecuente revisión del expediente a los fines de indagar acerca del estado del mismo. Por ello, una vez producida la mora del juzgador en su obligación de emitir el fallo, el legislador previno que la parte fuera informada, a través de un mecanismo idóneo, de la reanudación del proceso, con la inmediata consecuencia de quedar en suspenso los lapsos para la interposición de los recursos y, por ende, los efectos del fallo emitido, los cuales sólo comenzarían a producirse una vez cumplida la notificación de las partes del proceso y vencido el lapso para la interposición de aquellos o su resolución definitiva.

            Ahora bien, es claro que, para que se inicie el lapso correspondiente al ejercicio de los recursos dispuesto por la ley, es preciso que se verifique la notificación de las partes, cuya realización es una cuestión casuística. Esto es, que el logro de una adecuada notificación y, por tanto, la garantía del derecho de defensa y del debido proceso, en tales casos, para asegurar la posibilidad de recurrir contra la decisión que le resulte adversa a una parte dependerá de las circunstancias de cada caso en particular, para lo cual la legislación desarrolla distintas opciones, una de las cuales es la invitación realizada por el legislador de dejar establecido en determinados actos un domicilio procesal, señalamiento u omisión a la cual le atribuye la producción de determinados efectos jurídicos (artículo 174 del Código de Procedimiento Civil).

            Acerca del domicilio procesal, esta Sala ha tenido oportunidad de referirse, así como también lo ha hecho en relación a los distintos modos y orden de prelación para efectuar la notificación ante el pronunciamiento postergado de la sentencia (véase sentencias de esta Sala, Números. 1002/2001 y 2581/2001), cuestiones éstas estrechamente relacionadas y que, en el presente caso, cobran considerable vigencia.

            Sin embargo, observa la Sala que, no obstante los anteriores señalamientos, del examen de las actas procesales que conforman el presente expediente, se pudo constatar que el presunto agravio, denunciado por los apoderados judiciales de la accionante, en el caso sub júdice, proviene de la ausencia de pronunciamiento, en la actuación impugnada, respecto de la apelación ejercida por la parte demandada reconviniente en el juicio principal, para lo cual dicha providencia debía atender, inicialmente y entre otras cosas, a lo temporáneo de su ejercicio, para cuya determinación se requería establecer el momento en que las notificaciones, que fueran ordenadas en el texto de la sentencia cuya notificación se requería, se produjeron, lo que llevaría naturalmente al análisis previo, de si las mismas se efectuaron conforme al ordenamiento jurídico, con la verificación, de acuerdo con tal conformidad, del establecimiento de la fecha cierta en que tal acontecimiento se realizó, para, de tal manera, poder computar el lapso correspondiente al ejercicio de los recursos y, en consecuencia, proceder a escuchar o no la apelación interpuesta; así como, de haber lugar a ello, el interesado pudiera recurrir de hecho, de acuerdo con lo establecido en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil (como en efecto consta que sucedió, sin que tal recurso prosperare debido a la carencia de providencia expresa).

Así las cosas, insiste la Sala que, en el presente caso, lo determinante para verificar la violación de los derechos constitucionales alegados, estaba circunscrita a destacar la existencia o no de inactividad por parte del juez de la causa al no pronunciarse respecto a la apelación ejercida, bien sea en sentido negativo o positivo, de acuerdo a las disposiciones contenidas en los artículos 288, 289 y 290 del Código de Procedimiento Civil, texto normativo aplicable al juicio en el que se originó la presunta actuación lesiva; es decir, la ausencia de señalamiento, respecto a la apelación, en la actuación judicial a la cual se le imputa la violación constitucional, que se limitó a establecer sin más que, ese Juzgado no tenía materia sobre la cual decidir, cuando lo correcto era que decidiera acerca del recurso de apelación que había sido incoado contra la sentencia definitiva recaída en el juicio que dio origen a la presente acción de amparo.

            Por tanto, considera la Sala que al entrar el ad quem a conocer de la legitimidad de la notificación practicada y analizar si existía o no en autos domicilio procesal, y si el aportado por la parte en un determinado momento era válido, era una cuestión que estaba al margen de la acción de amparo, aun cuando los interesados lo hubiesen planteado de esa manera.

            En efecto, el agravio o lesión al derecho a la defensa y a la garantía del debido proceso lo causa la evasión en cuanto al pronunciamiento correcto u omisión de pronunciamiento o ausencia de decisión conforme al recurso ejercido por la parte, lo que da lugar a una incongruencia entre –lo peticionado- la actuación requerida del órgano jurisdiccional y la producida por éste, que originó una conducta lesiva en el sentenciador, quien estando obligado a decidir de acuerdo con lo solicitado, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia (artículo 243, numeral 5, del Código de Procedimiento Civil), procedió a declarar algo distinto a lo reglado en la ley.

Cabe destacar, al respecto, reciente decisión de la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia (No. 1.996/2001) en la cual se dejó sentado:

“De acuerdo a las exigencias impuestas por la legislación procesal,’ toda sentencia debe contener una decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones  o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse la instancia’ (ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil). Para cumplir con este requisito de forma exigido para los fallos judiciales, la decisión que se dicte en el curso del proceso no debe contener expresiones o declaratorias implícitas o sobreentendidas, por el contrario, el contenido de la sentencia debe ser expresado en forma comprensible, cierta, verdadera y efectiva, que no dé lugar a dudas, incertidumbres, insuficiencias, contradicciones o ambigüedades, debiendo para ello ser exhaustiva, es decir, pronunciarse sobre todos los pedimentos formulados en el debate, y de esa manera dirimir el conflicto de intereses que le ha sido sometido en el proceso.

Estas exigencias de carácter legal, como requisitos fundamentales e impretermitibles que deben contener las sentencias, han sido categorizados por la jurisprudencia como: el deber de pronunciamiento, la congruencia y la prohibición de absolver  la instancia.       

En cuanto a la congruencia, dispone el segundo precepto del ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil que la decisión debe dictarse ‘con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas’. Luego, cuando no existe la debida correspondencia formal entre lo decidido y las pretensiones y defensas de las partes, se produce el vicio de incongruencia, el cual  se manifiesta cuando el juez con su decisión, modifica la controversia judicial debatida, bien porque no se limitó a resolver sólo lo pretendido por las partes, o bien porque no resolvió sobre algunas de las pretensiones o defensas expresadas por los sujetos en el litigio. Precisamente ante el segundo supuesto citado, se estará en presencia de una incongruencia negativa, visto que el fallo omite el debido pronunciamiento sobre alguna de las pretensiones procesales de las partes en la controversia judicial”.

 

Debe esta Sala Constitucional entonces señalar que, el pronunciamiento emitido por el juez constitucional al conocer de la pretensión formulada es excesiva, sin que, por cierto, se pretenda establecer si el juicio expresado por el ad quem en la decisión consultada es correcto o no, la cual comprendió en su decisión una cuestión que debía analizarse a través de una recurso de hecho,  que constituye un instrumento específico, rápido y en definitiva idóneo, formulado por el legislador procesal para obtener un pronunciamiento como el que produjo el juez de amparo, en un exceso de su función, pues debió delimitar su objeto y decidir conforme al vicio que encontraba, y en tal sentido, debió ordenar al juez de instancia, cuya actuación revisaba, que oyera o no la apelación incoada, para dejar que fuere un juez con ocasión de la interposición de un recurso de hecho el que determinara si el recurso debía ser oído, para que el juez que en definitiva conociera de un recurso así, examinara, como se expresó anteriormente, la legitimidad de la notificación efectuada lo que requiere de un previo análisis de la determinación del domicilio.

En consecuencia, concluye la Sala que, como quiera que el agravio o lesión constitucional lo causa la incongruencia de la actuación judicial al omitir pronunciarse respecto a la interposición del recurso ejercido, siendo que el análisis efectuado por el ad quem en relación con el domicilio y la notificación, en los términos expuestos, no podía ser objeto de amparo, ya que sólo lo era determinar si hubo o no ausencia de pronunciamiento del tribunal acerca de lo peticionado; las consideraciones analizadas por la sentencia consultada debía realizarlas el juez ordinario y no el juez de amparo, toda vez que con tales actuaciones excedió sus facultades, limitadas en el caso de autos al solo efecto de restablecer la situación jurídica que le había sido infringida, originada, como se expuso, por la omisión en que incurrió el juez de instancia al no proveer sobre la apelación intentada, con lo cual subvirtió la función asignada al proceso de amparo y, por tanto, si esta omisión ocasionaba incumplimiento del deber del juez de decidir sobre lo solicitado, como en efecto lo señaló el accionante quien invocó el incumplimiento de la obligación del juez en decidir acerca del recurso de apelación intentado, aseveración con la cual coincide esta Sala, por lo que el ad quem debió decidir expresamente que tal inactividad del a quo producía la violación del derecho a la defensa y al debido proceso de la agraviada.

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Sala procede a confirmar sólo el dispositivo contenido en la decisión dictada por el 19 de septiembre de 2001 por el Juzgado Superior Civil, Mercantil, Tránsito y Menores de la Circunscripción del Estado Miranda, que declaró con lugar la acción de amparo intentada por la ciudadana Cecilia Pontes Muleiro, contra la decisión proferida, el 14 de junio de 2001, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, por efectivamente encontrar violaciones al debido proceso y al derecho a la defensa de la accionante por parte de la actuación considerada lesiva, pero con fundamento en los argumentos contenidos en el presente fallo. Así se declara.

En virtud de la anterior declaratoria, esta Sala a los fines de restablecer el goce de los derechos fundamentales lesionados, ordena al identificado Juzgado de Primera Instancia pronunciarse acerca de la apelación ejercida contra la decisión recaída en el juicio de partición de comunidad incoado por el ciudadano Francisco Javier Fernández Cami contra la referida ciudadana, en el cual se produjo la actuación antijurídica, por lo que queda igualmente modificado lo ordenado en la decisión consultada. Así se decide.-

VI

DECISIÓN

Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA, en lo términos del presente fallo, el dispositivo de la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques, el 19 de septiembre de 2001. En consecuencia, declara CON LUGAR la pretensión de amparo ejercida por la ciudadana Cecilia Pontes Muleiro contra la decisión dictada el 14 de junio de 2001 por el Juzgado  Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, en el juicio incoado por el ciudadano Francisco Javier Fernández Cami, por partición y liquidación de comunidad contra dicha ciudadana.

Publíquese, regístrese y notifíquese.  Remítase el expediente.  Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los 25 días del mes de junio de dos mil dos (2002). Años: 192° de la Independencia y 143° de la Federación     

El Presidente,

 

IVÁN RINCÓN URDANETA

                                                                  El Vicepresidente

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

Los Magistrados,

 

 

 JOSÉ M. DELGADO OCANDO                         ANTONIO J. GARCÍA GARCÍA                                                                                                                                                                    Ponente   

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

El Secretario,

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

Exp. Nº. 01-2388

 

AGG/megi

 

Busca más sentencias en Venley

Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.

Buscar sentencias