Sentencia N.º 1340
- Sentencia
- N.º 1340
- Fecha
- 22/06/2005
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 05-0817
- Ponente
- Luis Velázquez Alvaray
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado-Ponente: Luis Velázquez Alvaray
Mediante Oficio Nº 112-05, del 14 de abril de 2005,
Dicha remisión se efectuó en virtud de la consulta a la cual se encuentra sometida la sentencia dictada el 18 de marzo de 2005, por
El 26 de abril de 2005, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente al Magistrado Luis Velázquez Alvaray, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
Realizado el estudio del expediente, se pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:
I
DE
El 10 de febrero de 2005, los abogados Gonzalo Himiob Santomé y Milena Liani Rigall, actuando como defensores de la ciudadana Mireya Ripanti de Amaya, interpusieron acción de amparo constitucional ante
En el escrito contentivo de la solicitud de amparo, los accionantes manifestaron lo siguiente:
1.- Que
2.- Que inicialmente la prenombrada ciudadana había designado como defensores a los abogados Juan Martín Echeverría Becerra, Gregory Odreman y José Octavio Carrillo Heredia; sin embargo, ésta, en ejercicio de su derecho a la defensa, revocó dicho nombramiento y designó como defensores a los hoy accionantes. En virtud de ello, solicitó al Juzgado Trigésimo Noveno de Control del Circuito judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, la fijación de la oportunidad para la formalización de la desiganción efectuada, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 139 del Código Orgánico Procesal Penal.
3.- Que el 9 de febrero de 2004, oportunidad fijada para la referida formalización, el Juzgado Trigésimo Noveno de Control del Circuito judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas levantó un acta en la cual "...quedaron formalmente asentadas la revocatoria a que se ha hecho referencia y la designación de los nuevos abogados...", acta que, en su debida oportunidad, fue consignada ante
4.- Que en virtud de lo anterior, actuaron plenamente y sin restricción alguna como defensores de la prenombrada ciudadana, tal como se observa "...de los distintos escritos consignados en tal carácter, sin que haya habido por parte de
5.- Que el 22 de diciembre de 2004, tuvieron conocimiento a través de los medios de comunicación, que el 21 del mismo mes y año, el Ministerio Público había consignado acusación formal contra su defendida, razón por la cual se dirigieron a
6.- Que tuvieron conocimiento, a través de los medios de comunicación, que la causa se encontraba en el Juzgado Cuadragésimo de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por lo que se trasladaron a la sede de dicho Juzgado, con el objeto de tener conocimiento del alcance del acto conclusivo que presentó
7.- Que se les negó de manera rotunda y absoluta el acceso al expediente aduciendo que éste no había llegado y que dado que "...los Tribunales estaban prontos a iniciar (...) su asueto navideño, que tendría(n) que esperar hasta el mes de enero del año entrante para poder conocer el tenor exacto de la acusación y leer el expediente respectivo...".
8.- Que el 10 de enero de 2005, se trasladaron al Juzgado Cuadragésimo de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a fin de tener acceso al expediente y tener conocimiento del contenido de la acusación que presentó
9.- Que el 14 de enero de
10.- Que ante tales hechos, procedieron a revisar los asientos del libro diario del 21 y 22 de diciembre de 2004, de los cuales se evidenció que "...la acusación fiscal a que se ha hecho referencia no había sido remitida (...) a
Finalmente, en virtud de los hechos narrados precedentemente, denunciaron la violación de los derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa, a la tutela judicial efectiva, acceso a la justicia y petición de su defendida, toda vez que la acusación penal hecha en su contra por
El 18 de marzo de 2005,
II
DE LA SENTENCIA CONSULTADA
El 18 de marzo de 2005,
...considerando que se violentaron normas que regulan la tramitación del proceso penal, concretamente, las que se refieren a la forma de interposición de asuntos y a la distribución de éstos en la jurisdicción penal venezolana, lo cual a su criterio debería conducir a la nulidad de todas las írritas actuaciones del juez agraviante, en virtud de que la acusación interpuesta en contra de la ciudadana Mireya Ripanti de Amaya, fue interpuesta el 21 de diciembre de 2004 ante el Tribunal de Guardia que operaba en aquel momento y no ante
Al respecto considera este Tribunal Constitucional, que si bien la distribución de la acusación interpuesta por el Ministerio Público (...) no se realizó por el sistena automatizado de
(...)
En virtud de los señalamientos anteriormente expuestos, no advierte esta Sala 9 (...), la violación de la norma constitucional alegada por la accionante, relativa al Derecho al debido proceso y a la forma de distribución de las causas penales, en consecuencia no es procedente
En cuanto a las denuncias relativas a la violación del Derecho a la defensa y Derecho de petición, señaló el accionante, en la audiencia Constitucional, que este derecho comporta el acceso al expediente, a fin de informarse del contenido de las actas y acreditar su cualidad de defensores, aduciendo que la violación alegada se materializó al no permitirles el Juez Cuadragésimo de Control el acceso a las actas que conforman el expediente contentivo de la acusación interpuesta por el Representante del Ministerio Público (...), enterándose posteriormente que aun cuando no estaban los anexos en el expediente, el Juzgado agraviante había dictado medida privativa de libertad en contra de su defendida, negándosele el acceso al expediente por considerar que el nombramiento realizado por la ciudadana Mireya Ripanti de Amaya era de asistentes y debió ser ratificado su nombramiento como defensores (...).
(...)
el legislador no distingue entre el defensor en la etapa de investigación y el del proceso, toda vez que al referirse al nombramiento del defensor indica que éste no se halla sujeto a ninguna formalidad y una vez nombrado deberá aceptar el cargo y juramentarse, nada dice en cuanto a la ratificación del mismo en la fase intermedia y si el legislador no hizo tal distinción no puede quien ha de administrar justicia, privar del acceso de las actas del expediente (...), toda vez que en el momento en que fueron designados solo existía una investigación por parte del Ministerio Público (...).
No comparte esta Sala el criterio del Juez Cuadragésimo de Control que señala los artículos 125, 137, 139 y 304 del Código Orgánico Procesal Penal, como el soporte jurídico para negar el acceso a las actas del expediente a los accionantes.
Resulta absurdo que se desconozca la legitimidad de los accionantes como defensores (...), por no haber sido ratificados por ésta por ante su juzgado, cuando la designación de ellos como defensores la realizó la precitada ciudadana por ante un Juzgado de Control, de la misma jerarquía que el agraviante.
En cuanto a la causal de Inadmisibilidad sobrevenida alegada por el Ministerio Público en virtud de no haber hecho uso los accionantes de los medios preexistentes, advierte esta Sala que de la exposición del Juez Cuadragésimo de Control se observa que éste no dio acceso a las actas del expediente a los defensores de la mencionada ciudadana, entonces como hacer uso de los medios que le otorga la ley cuando no han tenido acceso a las actas para enterarse tanto del contenido de la acusación interpuesta por el Ministerio Público como de la medida privativa dictada en contra de su defendida por el Juez Cuadragésimo de Control (...).
(...)
Es por lo antes expuesto que (...) no se evidencia violación en la tramitación del proceso penal, en lo concerniente a las normas relativas a la forma de interponer los asuntos y a la distribución de éstos en en la jurisdicción penal (...).
(...). En consecuencia, al no haberse violado en criterio de esta Sala, normas constitucionales referentes al debido proceso en cuanto a la forma de distribución realizada, no es procedente la solicitud de nulidad planteada por los accionantes y así se declara. En cuanto a la segunda denuncia formulada por los accionantes (...), se evidencia de las actuaciones que forman la pieza 30 (...), que coincide este órgano jurisddiccional, con lo expuesto por el ciudadano Fiscal del Ministerio Público (...), cuando se refirió repetidamente a los accionantes como representantes o defensa de la señora Mireya Ripanti de Amaya, cualidad ésta que se desprende de las actas de nombramiento y juramentación arriba señaladas, por lo que se ordena al Juez Cuadragésimo de Control (...), permita el acceso al expediente a los referidos profesionales del derecho (...) En virtud de las anteriores consideraciones, esta Sala Nueve de
III
DE LA COMPETENCIA
Debe previamente esta sala determinar su competencia para conocer de la presente consulta, a la luz de la jurisprudencia contenida en la sentencia Nº 1 del 20 de enero de 2000 (Caso: Emery Mata Millán) y el artículo 35 de
En tal sentido, corresponde a esta sala conocer las consultas sobre las sentencias de los Tribunales Superiores, exceptuando los Juzgados Superiores Contenciosos Administrativos, cuando éstos hayan decidido una acción de amparo en primera instancia.
En el caso sub iudice, la sentencia consultada ha sido dictada por
Siendo ello así, y tomando en cuenta la reiterada jurisprudencia de
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Pasa
El Juzgado Cuadragésimo de Control del Circuito Judicial Penal de
Ahora bien, la acción de amparo constitucional está concebida como una protección de derechos y garantías constitucionales, por lo que el ejercicio de la acción está reservado a restablecer situaciones que provengan de las violaciones de tales derechos y garantías.
En este orden de ideas, conforme a la garantía fundamental de acceso a la justicia, prevista en el artículo 26 de
Dentro de este marco constitucional y para concretar la tutela judicial efectiva, se consagró el derecho fundamental a la defensa y a la asistencia técnica en todas las actuaciones judiciales y administrativas que los órganos del poder público tramiten en sus relaciones con el ciudadano, estableciéndolo como inviolable en todo estado de la investigación y del proceso, a fin de garantizar al justiciable el conocimiento previo de los cargos por los que se le investiga y las pruebas que obran en su contra, así como disponer del tiempo adecuado para preparar los medios con los cuales se defienda y, principalmente, el derecho a recurrir del fallo adverso en procura de una revisión superior, tal como lo dispone el artículo 49, numeral 1 de
En todo caso, estas fundamentales garantías y derechos adquieren mayor transcendencia dentro del ámbito del proceso penal, durante el cual se manifiesta con mayor rigurosidad el poder punitivo estatal contra el imputado de delito. La actuación y respuesta del Juez que no se ajuste a las primarias características de gratuidad, accesibilidad, idoneidad, transparencia, responsabilidad, equidad y celeridad, se reputa nula como acto del poder público violatorio de la normativa constitucional fundamental y hace incurrir al operador de justicia en responsabilidad objetiva, según la naturaleza de la función.
A la luz de estos postulados, el Código Orgánico Procesal Penal ha desarrollado a lo largo del proceso todo un abanico de posibilidades de acceso a la justicia y de defensa para el imputado acorde con sus derechos fundamentales.
Sin duda, los artículos 125, numerales 2 y 3, 137, 139 y 149 eiusdem, estatuyen en particular el derecho a la defensa técnica mediante la asistencia jurídica de un abogado de confianza, facilitando al máximo y por cualquier medio la designación de defensor, sin sujeción a ninguna clase de formalidad, salvo la prestación del juramento de ley, es decir, de cumplir bien y fielmente con los deberes del cargo, formalidad esencial que debe ser verificada dentro del término de veinticuatro (24) horas siguientes a la solicitud del defensor o, en su defecto, en el lapso más perentorio posible.
En efecto, la defensa del imputado, cuando recae sobre un abogado privado, es una función pública y para poder ejercerla es impretermitible la prestación del juramento como solemnidad indispensable para alcanzar la plenitud de su investidura dentro del proceso penal. Y como función pública de defensa inviste al defensor de un conjunto de poderes que están atribuidos al propio imputado como arte, salvo que la autodefensa de éste, permitida ampliamente por la normativa procesal, perjudique la eficacia de la defensa técnica que desarrolle el profesional del derecho, en una relación de coexistencia de sujetos procesales que va más allá de la simple representación que implica un mandato, en aras de la efectividad del derecho mismo a la defensa que garantiza la norma fundamental y los tratados, acuerdos y convenios internacionales suscritos por
En el caso sometido a la consideración de esta Sala, en virtud de la consulta a la cual se encuentra sometida la decisión dictada por
Al respecto, observa
En efecto, en caso de cuestionamiento del nombramiento del defensor -como el caso de autos- le corresponde al Juez verificar su legitimidad, que en la presente, se verificó mediante la consignación ante
Esta situación hace que la violación denunciada revista particular gravedad al ponderar el hecho de que el referido Juzgado de Control había decretado medida de privación judicial preventiva de libertad contra la accionante, quien, dada la negativa de acceso de sus defensores al expediente, se le impidió el legítimo ejercicio del derecho a la defensa, establecido en el artículo 49, numeral 1 de
Finalmente, en relación a la segunda denuncia señalada por los apoderados judiciales de la accionante, relativa a la violación de la garantía del debido proceso, aduciendo que se violentaron las normas que regulan la forma de interposición de asuntos y su distribución, en virtud de que la representación del Ministerio Público presentó el 21 de diciembre de 2004, escrito de acusación contra la ciudadana Mireya Ripanti de Amaya ante el Tribunal de Guardia y no ante
Por las consideraciones precedentes, se impone a
DECISIÓN
Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de
Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el presente expediente al Tribunal de origen.
Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en Caracas, a los 22 días del mes de junio de dos mil cinco (2005). Años: 195° de
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY
Ponente
FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
Exp. 05-00817
LVVA/
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