Venley

Sentencia N.º 1340

Sentencia
N.º 1340
Fecha
22/06/2005
Sala
Constitucional
Expediente
05-0817
Ponente
Luis Velázquez Alvaray
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

 

 

Magistrado-Ponente: Luis Velázquez Alvaray

 

Mediante Oficio Nº 112-05, del 14 de abril de 2005, la Sala Nº 9 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remitió a esta Sala Constitucional la causa contentiva de la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados Gonzalo Himiob Santomé y Milena Liani Rigall, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nºs. 48.459 y 98.469, respectivamente, actuando como defensores de la ciudadana MIREYA RIPANTI DE AMAYA, titular de la cédula de identidad Nº 3.971.319, contra la omisión del Juzgado Cuadragésimo de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por la presunta violación de sus derechos a la defensa, al debido proceso y petición que prevén los artículos 49 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

Dicha remisión se efectuó en virtud de la consulta a la cual se encuentra sometida la sentencia dictada el 18 de marzo de 2005, por la Sala Nº 9 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró parcialmente con lugar la acción de amparo.

El 26 de abril de 2005, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente al Magistrado Luis Velázquez Alvaray, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

Realizado el estudio del expediente, se pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:

 

I

DE LA ACCIÓN DE AMPARO

 

El 10 de febrero de 2005, los abogados Gonzalo Himiob Santomé y Milena Liani Rigall, actuando como defensores de la ciudadana Mireya Ripanti de Amaya, interpusieron acción de amparo constitucional ante la Sala Nº 9 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, contra la omisión del Juzgado Cuadragésimo de Control de la referida Circunscripción Judicial, por cuanto -a su decir- la misma vulneró sus derechos a la defensa, al debido proceso y petición.

 

En el escrito contentivo de la solicitud de amparo, los accionantes manifestaron lo siguiente:

 

            1.- Que la Fiscalía a nivel Nacional en Materia de Salvaguarda con Competencia Especial en Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, realizó investigación penal "...con ocasión al paro de la industria petrolera nacional que tuvo lugar en los meses de diciembre del año 2002 y enero, febrero y marzo del año 2003...", en la cual se señaló como imputada a la ciudadana Mireya Ripanti de Amaya entre otras personas.

 

            2.- Que inicialmente la prenombrada ciudadana había designado como defensores a los abogados Juan Martín Echeverría Becerra, Gregory Odreman y José Octavio Carrillo Heredia; sin embargo, ésta, en ejercicio de su derecho a la defensa, revocó dicho nombramiento y designó como defensores a los hoy accionantes. En virtud de ello, solicitó al Juzgado Trigésimo Noveno de Control del Circuito judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, la fijación de la oportunidad para la formalización de la desiganción efectuada, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 139 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

            3.- Que el 9 de febrero de 2004, oportunidad fijada para la referida formalización, el Juzgado Trigésimo Noveno de Control del Circuito judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas levantó un acta en la cual "...quedaron formalmente asentadas la revocatoria a que se ha hecho referencia y la designación de los nuevos abogados...", acta que, en su debida oportunidad, fue consignada ante la Fiscalía a Nivel Nacional en Materia de Salvaguarda con Competencia Especial en Bancos, Seguros y Mercado de Capitales.

 

            4.- Que en virtud de lo anterior, actuaron plenamente y sin restricción alguna como defensores de la prenombrada ciudadana, tal como se observa "...de los distintos escritos consignados en tal carácter, sin que haya habido por parte de la Representación Fiscal, objeción de ningún tipo...".

 

            5.- Que el 22 de diciembre de 2004, tuvieron conocimiento a través de los medios de comunicación, que el 21 del mismo mes y año, el Ministerio Público había consignado acusación formal contra su defendida, razón por la cual se dirigieron a la Oficina de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a fin de conocer el Juzgado al que le habría correspondido el conocimiento de la causa, sin embargo, en la citada Oficina se les informó que "...no se había efectuado distribución de asunto alguno que involucrara a la ciudadana MIREYA RIPANTI DE AMAYA...",

            6.- Que tuvieron conocimiento, a través de los medios de comunicación, que la causa se encontraba en el Juzgado Cuadragésimo de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por lo que se trasladaron a la sede de dicho Juzgado, con el objeto de tener conocimiento del alcance del acto conclusivo que presentó la Representación Fiscal contra su defendida. Estando en la sede del Juzgado, la Secretaria les informó que no podía facilitarles el expediente, dado que "...el Fiscal no había consignado junto a la acusación el expediente contentivo de la investigación penal y de los supuestos elementos de convicción que motivaron la presentación de dicho acto conclusivo, de manera que el Tribunal (...) no le había dado entrada a la causa...".

 

            7.- Que se les negó de manera rotunda y absoluta el acceso al expediente aduciendo que éste no había llegado y que dado que "...los Tribunales estaban prontos a iniciar (...) su asueto navideño, que tendría(n) que esperar hasta el mes de enero del año entrante para poder conocer el tenor exacto de la acusación y leer el expediente respectivo...".

 

            8.- Que el 10 de enero de 2005, se trasladaron al Juzgado Cuadragésimo de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a fin de tener acceso al expediente y tener conocimiento del contenido de la acusación que presentó la Representación Fiscal. En esa oportunidad -según alega- la Secretaria del citado Juzgado les solicitó copia del acta de designación y juramentación como defensores de la ciudadana Mireya Ripanti de Amaya y que, a pesar de haberla consignado, se les negó nuevamente el acceso al expediente alegando que "...únicamente se facultó a los abogados para actuar como abogados 'asistentes', y (...) que (aunque nada en el COPP u otras leyes dispone que esto sea así) la designación de defensor debía 'ratificarse' ante ese despacho, y hasta tanto ello no ocurra, según este ilegal e inconstitucional criterio, no ostenta(ban) la cualidad de defensores de la acusada...", razón por la cual solicitaron mediante escrito a dicho órgano jurisdiccional, el acceso a la causa.

 

            9.- Que el 14 de enero de 2005, "...lapso con que contaba el Juzgador para dar respuesta a (su) solicitud...", acudieron a la sede del citado Juzgado de Control, con el fin de tener conocimiento de la decisión a que hubiere lugar, sin embargo, "...dicha decisión no fue emitida, y en su lugar, se (les) inform(ó) verbalmente que, como es(a) defensa 'no era parte' en el proceso, el Juez no estaba 'obligado' a responder (su) solicitud...".

 

            10.- Que ante tales hechos, procedieron a revisar los asientos del libro diario del 21 y 22 de diciembre de 2004, de los cuales se evidenció que "...la acusación fiscal a que se ha hecho referencia no había sido remitida (...) a la Oficina de Recepción y Distribución de Expedientes como lo ordena la normativa vigente, a los fines de efectuar su distribución automatizada...", razón por la cual solicitaron copias del Libro Diario de los días que fueron referidos y de los Libros de Entrada y Salida de Expedientes, correspondientes a los días de despacho de diciembre de 2004 y enero de 2005, "...para evidenciar que e(s)a representación no tuvo, ni ha tenido, acceso a las actas del expediente..."; sin embargo, a pesar de que los documentos cuyas copias se solicitaron son públicos y que por tanto cualquier ciudadano puede tener acceso a ellas, el Juzgado Cuadragésimo de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas las negó aduciendo su ilegitimidad para solicitarlas.

 

            Finalmente, en virtud de los hechos narrados precedentemente, denunciaron la violación de los derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa, a la tutela judicial efectiva, acceso a la justicia y petición de su defendida, toda vez que la acusación penal hecha en su contra por la Representación Fiscal el 21 de diciembre de 2004, fue presentada "...fuera de las horas regulares correspondiente para la distribución de asuntos nuevos...", ante un Juzgado de Guardia y no ante la Oficina de Recepción y Distribución de Expedientes Penales, lo cual, a su parecer, fue con el objeto de "...burlar los normales mecanismos de distribución aleatoria de las causas que se han articulado...". Que aunado a ello, se les ha impedido a los abogados defensores de la acusada, el acceso a las actas que conforman el expediente, a pesar de estar debidamente juramentados, lo cual, ha ocasionado que ésta se encuentre en un total estado de indefensión, razón por la cual solicitaron se admita y se declare con lugar el amparo incoado y la nulidad absoluta de la acusación fiscal presentada en contra de su defendida, así como de las actuaciones posteriores a ella.

 

            El 18 de marzo de 2005, la Sala Nº 9 de la Corte de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró parcialmente con lugar la acción de amparo constitucional propuesta.

 

II

DE LA SENTENCIA CONSULTADA

 

            El 18 de marzo de 2005, la Sala Nº 9 de la Corte de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró parcialmente con lugar la acción de amparo constitucional propuesta, en los términos siguientes:

 

“...considerando que se violentaron normas que regulan la tramitación del proceso penal, concretamente, las que se refieren a la forma de interposición de asuntos y a la distribución de éstos en la jurisdicción penal venezolana, lo cual a su criterio debería conducir a la nulidad de todas las írritas actuaciones del juez agraviante, en virtud de que la acusación interpuesta en contra de la ciudadana Mireya Ripanti de Amaya, fue interpuesta el 21 de diciembre de 2004 ante el Tribunal de Guardia que operaba en aquel momento y no ante la Unidad de Recepción y distribución (sic) de Documentos o ante el Tribunal que previno la instancia en los términos que pauta la ley.

Al respecto considera este Tribunal Constitucional, que si bien la distribución de la acusación interpuesta por el Ministerio Público (...) no se realizó por el sistena automatizado de la Unidad de Recepción y distribución de documentos, al folio 322 de la pieza 40, del expediente 4253-04 (...), cursa auto en el que se deja constancia que el Fiscal del Ministerio Público(...), el 21 de diciembre de 2004, interpuso acusación en contra de los ciudadanos Juan Antonio Fernández, Horacio Francisco Medina Herrera y Mireya Ripanti de Amaya, por ante el Juzgado Quincuagésimo Segundo de Primera Instancia en Función de Control de este Circuito Judicial Penal, quien realizó la insaculación correspondiente, en presencia de los secretarios de los Tribunales que ese día se encontraban de guardia (...), de conformidad con la resolución 1429, emanada de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, que creó la distribución manual de las causas, fuera del horario establecido, para aquellos jueces que se encuentren de guardia, correspondiéndole el conocimiento de la causa al Juzgado Cuadragésimo de Control a quien en esa misma fecha se le remitió y recibió el escrito de la Acusación interpuesta, como se evidencia al folio 325 de la pieza Nº 40 (...), acordando darle entrada en el Libro de causas llevado por ese Tribunal y dejando constancia en el Libro Diario (...).

(...)

En virtud de los señalamientos anteriormente expuestos, no advierte esta Sala 9 (...), la violación de la norma constitucional alegada por la accionante, relativa al Derecho al debido proceso y a la forma de distribución de las causas penales, en consecuencia no es procedente la Nulidad alegada (...).

En cuanto a las denuncias relativas a la violación del Derecho a la defensa y Derecho de petición, señaló el accionante, en la audiencia Constitucional, que este derecho comporta el acceso al expediente, a fin de informarse del contenido de las actas y acreditar su cualidad de defensores, aduciendo que la violación alegada se materializó al no permitirles el Juez Cuadragésimo de Control el acceso a las actas que conforman el expediente contentivo de la acusación interpuesta por el Representante del Ministerio Público (...), enterándose posteriormente que aun cuando no estaban los anexos en el expediente, el Juzgado agraviante había dictado medida privativa de libertad en contra de su defendida, negándosele el acceso al expediente por considerar que el nombramiento realizado por la ciudadana Mireya Ripanti de Amaya era de asistentes y debió ser ratificado su nombramiento como defensores (...).

(...)

el legislador no distingue entre el defensor en la etapa de investigación y el del proceso, toda vez que al referirse al nombramiento del defensor indica que éste no se halla sujeto a ninguna formalidad y una vez nombrado deberá aceptar el cargo y juramentarse, nada dice en cuanto a la ratificación del mismo en la fase intermedia y si el legislador no hizo tal distinción no puede quien ha de administrar justicia, privar del acceso de las actas del expediente (...), toda vez que en el momento en que fueron designados solo existía una investigación por parte del Ministerio Público (...).

No comparte esta Sala el criterio del Juez Cuadragésimo de Control que señala los artículos 125, 137, 139 y 304 del Código Orgánico Procesal Penal, como el soporte jurídico para negar el acceso a las actas del expediente a los accionantes.

Resulta absurdo que se desconozca la legitimidad de los accionantes como defensores (...), por no haber sido ratificados por ésta por ante su juzgado, cuando la designación de ellos como defensores la realizó la precitada ciudadana por ante un Juzgado de Control, de la misma jerarquía que el agraviante.

En cuanto a la causal de Inadmisibilidad sobrevenida alegada por el Ministerio Público en virtud de no haber hecho uso los accionantes de los medios preexistentes, advierte esta Sala que de la exposición del Juez Cuadragésimo de Control se observa que éste no dio acceso a las actas del expediente a los defensores de la mencionada ciudadana, entonces como hacer uso de los medios que le otorga la ley cuando no han tenido acceso a las actas para enterarse tanto del contenido de la acusación interpuesta por el Ministerio Público como de la medida privativa dictada en contra de su defendida por el Juez Cuadragésimo de Control (...).

(...)

Es por lo antes expuesto que (...) no se evidencia violación en la tramitación del proceso penal, en lo concerniente a las normas relativas a la forma de interponer los asuntos y a la distribución de éstos en en la jurisdicción penal (...).

(...). En consecuencia, al no haberse violado en criterio de esta Sala, normas constitucionales referentes al debido proceso en cuanto a la forma de distribución realizada, no es procedente la solicitud de nulidad planteada por los accionantes y así se declara. En cuanto a la segunda denuncia formulada por los accionantes (...), se evidencia de las actuaciones que forman la pieza 30 (...), que coincide este órgano jurisddiccional, con lo expuesto por el ciudadano Fiscal del Ministerio Público (...), cuando se refirió repetidamente a los accionantes como representantes o defensa de la señora Mireya Ripanti de Amaya, cualidad ésta que se desprende de las actas de nombramiento y juramentación arriba señaladas, por lo que se ordena al Juez Cuadragésimo de Control (...), permita el acceso al expediente a los referidos profesionales del derecho (...) En virtud de las anteriores consideraciones, esta Sala Nueve de la Corte de Apelaciones (...), declara parcialmente con lugar la acción de amparo interpuesta ...”.

 

 

III

DE LA COMPETENCIA

 

Debe previamente esta sala determinar su competencia para conocer de la presente consulta, a la luz de la jurisprudencia contenida en la sentencia Nº 1 del 20 de enero de 2000 (Caso: Emery Mata Millán) y el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

            En tal sentido, corresponde a esta sala conocer las consultas sobre las sentencias de los Tribunales Superiores, exceptuando los Juzgados Superiores Contenciosos Administrativos, cuando éstos hayan decidido una acción de amparo en primera instancia.

 

            En el caso sub iudice, la sentencia consultada ha sido dictada por la Sala Nº 9 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando como Tribunal en funciones constitucionales, en primera instancia, de la acción de amparo interpuesta contra el Juzgado Cuadragésimo de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

 

            Siendo ello así, y tomando en cuenta la reiterada jurisprudencia de la Sala sobre este aspecto, la misma resulta competente para conocer de la presente consulta, y así se declara.

 

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Pasa la Sala a resolver sobre la presente consulta, y a tal efecto observa:

 

El Juzgado Cuadragésimo de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en reiteradas oportunidades negó a los abogados defensores de la accionante, el acceso al expediente y, en consecuencia, el acceso a las actas que cursan en éste relacionadas con el escrito de acusación fiscal, aduciendo que su nombramiento debió ser ratificado ante dicho Juzgado, lo cual, a criterio de la accionante, vulneró sus derechos a la defensa y petición, contenidos en los artículos 49 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Aunado a ello, denunciaron el proceder de la representación del Ministerio Público, al momento de la consignación del referido escrito, habida cuenta que, éste fue presentado ante el Tribunal de Guardia y fuera del horario de despacho y no ante la Oficina de Distribución y Recepción de Documentos Penales, hecho que ocasionó que la distribución de la acusación interpuesta se hiciera de manera manual y no por el sistema automatizado.

 

            Ahora bien, la acción de amparo constitucional está concebida como una protección de derechos y garantías constitucionales, por lo que el ejercicio de la acción está reservado a restablecer situaciones que provengan de las violaciones de tales derechos y garantías.

 

En este orden de ideas, conforme a la garantía fundamental de acceso a la justicia, prevista en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todo ciudadano tiene derecho a acceder a los órganos de la administración de justicia, para la defensa de sus derechos e intereses, y a obtener oportuna decisión que tutele judicial y efectivamente los mismos, en la forma más expedita posible y sin formalismos o rigurosidades inútiles que menoscaben la real posibilidad de petición.

 

Dentro de este marco constitucional y para concretar la tutela judicial efectiva, se consagró el derecho fundamental a la defensa y a la asistencia técnica en todas las actuaciones judiciales y administrativas que los órganos del poder público tramiten en sus relaciones con el ciudadano, estableciéndolo como inviolable en todo estado de la investigación y del proceso, a fin de garantizar al justiciable el conocimiento previo de los cargos por los que se le investiga y las pruebas que obran en su contra, así como disponer del tiempo adecuado para preparar los medios con los cuales se defienda y, principalmente, el derecho a recurrir del fallo adverso en procura de una revisión superior, tal como lo dispone el artículo 49, numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

En todo caso, estas fundamentales garantías y derechos adquieren mayor transcendencia dentro del ámbito del proceso penal, durante el cual se manifiesta con mayor rigurosidad el poder punitivo estatal contra el imputado de delito. La actuación y respuesta del Juez que no se ajuste a las primarias características de gratuidad, accesibilidad, idoneidad, transparencia, responsabilidad, equidad y celeridad, se reputa nula como acto del poder público violatorio de la normativa constitucional fundamental y hace incurrir al operador de justicia en responsabilidad objetiva, según la naturaleza de la función.

 

A la luz de estos postulados, el Código Orgánico Procesal Penal ha desarrollado a lo largo del proceso todo un abanico de posibilidades de acceso a la justicia y de defensa para el imputado acorde con sus derechos fundamentales.

 

Sin duda, los artículos 125, numerales 2 y 3, 137, 139 y 149 eiusdem, estatuyen en particular el derecho a la defensa técnica mediante la asistencia jurídica de un abogado de confianza, facilitando al máximo y por cualquier medio la designación de defensor, sin sujeción a ninguna clase de formalidad, salvo la prestación del juramento de ley, es decir, de cumplir bien y fielmente con los deberes del cargo, formalidad esencial que debe ser verificada dentro del término de veinticuatro (24) horas siguientes a la solicitud del defensor o, en su defecto, en el lapso más perentorio posible.

 

En efecto, la defensa del imputado, cuando recae sobre un abogado privado, es una función pública y para poder ejercerla es impretermitible la prestación del juramento como solemnidad indispensable para alcanzar la plenitud de su investidura dentro del proceso penal. Y como función pública de defensa inviste al defensor de un conjunto de poderes que están atribuidos al propio imputado como arte, salvo que la autodefensa de éste, permitida ampliamente por la normativa procesal, perjudique la eficacia de la defensa técnica que desarrolle el profesional del derecho, en una relación de coexistencia de sujetos procesales que va más allá de la simple representación que implica un mandato, en aras de la efectividad del derecho mismo a la defensa que garantiza la norma fundamental y los tratados, acuerdos y convenios internacionales suscritos por la República.

 

En el caso sometido a la consideración de esta Sala, en virtud de la consulta a la cual se encuentra sometida la decisión dictada por la Sala nº 9 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el 18 de marzo de 2005, los defensores de la accionante atribuyen al Juzgado Cuadragésimo de Primera Instancia de Control del mismo Circuito Judicial Penal el haberles impedido el acceso al expediente, cuestionándoles la cualidad de defensores designados por la imputada, antes mencionada.

 

Al respecto, observa la Sala que esta actitud de rechazo del Juzgado agraviante limitó la posibilidad real y concreta de acceso al órgano jurisdiccional competente y restringió el derecho a la defensa dentro del debido proceso penal, con infracción de los derechos y garantías fundamentales a que se ha hecho referencia. Y ello, porque un órgano jurisdiccional que impide a una parte dentro del curso del proceso penal alegar cuanto crea oportuno o replicar dialécticamente las posiciones contrarias incurre en denegación de la tutela judicial efectiva.

 

En efecto, en caso de cuestionamiento del nombramiento del defensor -como el caso de autos- le corresponde al Juez verificar su legitimidad, que en la presente, se verificó mediante la consignación ante la Secretaría del Juzgado Cuadragésimo de Control del acta de juramentación y designación de los defensores que se levantó ante el Juzgado Trigésimo Noveno de Control, el 9 de enero de 2004. En síntesis, tal designación está concebida para garantizar el acceso real a los despachos administradores de justicia, independiente y paralelamente a la organización y funcionamiento de los Circuitos Judiciales Penales del país y a las labores administrativas conexas. Por tanto, el Juzgado accionado no está habilitado en tales circunstancias a condicionar el acceso a la justicia, sin incurrir en violación de garantías constitucionales, como en el presente caso.

 

Esta situación hace que la violación denunciada revista particular gravedad al ponderar el hecho de que el referido Juzgado de Control había decretado medida de privación judicial preventiva de libertad contra la accionante, quien, dada la negativa de acceso de sus defensores al expediente, se le impidió el legítimo ejercicio del derecho a la defensa, establecido en el artículo 49, numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como garantía de la doble instancia, que resultó infringida por vía de consecuencia.

 

Finalmente, en relación a la segunda denuncia señalada por los apoderados judiciales de la accionante, relativa a la violación de la garantía del debido proceso, aduciendo que se violentaron las normas que regulan la forma de interposición de asuntos y su distribución, en virtud de que la representación del Ministerio Público presentó el 21 de diciembre de 2004, escrito de acusación contra la ciudadana Mireya Ripanti de Amaya ante el Tribunal de Guardia y no ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos, observa esta Sala, tal como lo señaló el a-quo, que si bien la distribución de la acusación interpuesta por el Ministerio Público no se realizó por el sistema automatizado de la Unidad de Recepción y distribución de documentos, se evidencia al folio 322 de la pieza 40 del expediente de la causa, que cursa auto en el que se deja constancia que el Fiscal del Ministerio Público interpuso acusación contra la ciudadana Mireya Ripanti de Amaya ante el Juzgado Quincuagésimo Segundo de Primera Instancia en Función de Control de este Circuito Judicial Penal, el cual realizó la insaculación correspondiente en presencia de los secretarios de los Tribunales que se encontraban de guardia, tal como lo establece la resolución 1429 emanada de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, que creó la distribución manual de las causas, fuera del horario establecido, para aquellos jueces que se encuentren de guardia, correspondiéndole el conocimiento de la causa al Juzgado Cuadragésimo de Control, al cual en esa misma fecha se le remitió y recibió el escrito de la acusación interpuesta, como se evidencia al folio 325 de la pieza Nº 40, acordando darle entrada en el Libro de causas llevado por el referido Tribunal y dejando constancia en el Libro Diario, razón por la cual la errada distribución que se adujo, en caso de haberse producido, se convalidó posteriormente.

 

Por las consideraciones precedentes, se impone a la Sala confirmar la decisión dictada por la Sala nº 9 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el 18 de marzo de 2005. Así se declara.

DECISIÓN

 

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley CONFIRMA la sentencia dictada por la Sala Nº 9 de la  Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el 18 de marzo de 2005, mediante la cual declaró parcialmente con lugar la acción de amparo constitucional incoada por los aboogados Gonzalo Himiob Santomé y Milena Liani de Rigall, actuando como defensores de la ciudadana MIREYA RIPANTI DE AMAYA contra la negativa en que incurrió el Juzgado Cuadragésimo de Control de ese mismo Circuito Judicial Penal.

 

Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el presente expediente al Tribunal de origen.

 

            Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en Caracas, a los 22 días  del mes de junio de dos mil cinco (2005). Años: 195° de la Independencia y 146° de la Federación.

 

 

La Presidenta de Sala,

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

 

El Vicepresidente,

 

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

Los Magistrados,

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

 

LUIS VELÁZQUEZ ALVARAY

Ponente

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

El Secretario,

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

 

 

 

Exp. 05-00817

LVVA/

 

 

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