Sentencia N.º 1340
- Sentencia
- N.º 1340
- Fecha
- 04/08/2011
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 11-0816
- Ponente
- Juan José Mendoza Jover
- Procedimiento
- Solicitud de Revisión
- Enlace fuente oficial
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SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER
Exp. 11-0816
El 21 de junio de 2011, la abogada Nelly Dania Galavis, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n.º: 39.165, actuando en su carácter de apoderada judicial de INVERSIONES MABENI, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 22 de mayo de 2001, anotado bajo el n.º: 20, tomo: 88 A-Pro; acudió a esta Sala Constitucional, para solicitar la revisión de la sentencia dictada el 21 de febrero de 2011, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por la hoy solicitante, en el juicio que por nulidad de contrato de arrendamiento interpuesto por Sigma 105.1 FM, C.A., inscrita en el Registro Mercantil I, anotada bajo el n.º: 20, Tomo: 88-A Pro, el 22 de mayo de 2001, contra Inversiones Mabeni, C.A.
El 28 de junio de 2011, se dio cuenta en Sala del expediente contentivo de la apelación ejercida, designándose como ponente al Magistrado Juan José Mendoza Jover, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
Efectuado el estudio de los recaudos consignados, pasa esta Sala a decidir, previas las consideraciones siguientes:
I
ANTECEDENTES DEL CASO
Del análisis de las actas del presente proceso, se desprenden los siguientes antecedentes:
El 03 de noviembre de 2008, el ciudadano Julio César Acosta Gutiérrez, titular de la cédula de identidad n.º: V-3.719.855, actuando con el carácter de apoderado judicial de Sigma 105.1, C.A., asistido por el abogado Frank Porfirio Pérez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n.º: 103.693, demandó por nulidad de contrato de arrendamiento a Inversiones Mabeni, C.A.
El 11 de noviembre de 2008, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Ocumare del Tuy, admitió la demanda, y de conformidad con el artículo 1142 del Código Civil, en concordancia con el artículo 33 de la Ley de Arrendamiento Inmobiliario, ordenó tramitar la demanda por el procedimiento breve y emplazar a la parte demandada a objeto de que compareciera ante el tribunal, a fin de dar contestación a la demanda.
El 19 de octubre de 2009, el apoderado judicial de la demandante consignó en el expediente los carteles de citación debidamente publicados en dos diarios de circulación nacional.
El 16 de julio de 2010, Inversiones Mabeni, C.A., a través de la abogada Mireya Josefina Peña de Sarmiento, se dio por citada.
El 27 de julio de 2010, el apoderado judicial de la parte demandante promovió y evacuó pruebas, las cuales fueron admitidas por el tribunal el 02 de agosto de 2010.
El 11 de agosto de 2010, el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Ocumare del Tuy, mediante auto dejó la siguiente constancia:
( ) HACE CONSTAR: Que desde el día 16 de julio de 2010, fecha en que la parte demandada se dio por citada, hasta el 27 de julio de 2010 ambas fechas inclusive, han transcurrido Ocho (08) días, comprendidos de la siguiente manera: 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 y 27 de julio del presente año tal como se evidencia del Libro Diario llevado por este tribunal (Mayúsculas del auto).
En esa misma oportunidad, el tribunal de conformidad con lo establecido en el artículo 890 del Código de Procedimiento Civil, dijo vistos y declaró el juicio en etapa para dictar sentencia.
La apoderada judicial de la parte demandada, el 11 de agosto de 2010, promovió y evacuó pruebas, posteriormente, el 21 de septiembre del mismo año, consignó copia certificada de documentos públicos.
El 23 de septiembre de 2010, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda con sede en Ocumare del Tuy, dictó sentencia mediante la cual, de conformidad con los artículos 362 y 506 del Código de Procedimiento Civil, declaró confesa a la parte demandada, y, en consecuencia, el mencionado juzgado realizó las siguientes declaraciones: 1) con lugar la demanda de nulidad de contrato de arrendamiento incoada por Sigma 105.1 FM, C.A. contra Inversiones Mabeni, C.A.; 2) condenó en costas a la demandada; 3) declaró la nulidad absoluta del contrato de arrendamiento celebrado entre Inversiones Mabeni, C.A. y Sigma 105.1 FM, C.A.; 4) ordenó la desocupación del inmueble sobre el cual se celebró el contrato de arrendamiento objeto de la demanda, y; 5) condenó a la demandada a pagar la suma de seiscientos cincuenta mil bolívares sin céntimos (BS. 650.000,00), por concepto de daños y perjuicios.
El 28 de septiembre de 2010, la apoderada judicial de la parte demandada apeló de la decisión anteriormente comentada.
El 04 de octubre de 2010, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, oyó la apelación en ambos efectos y ordenó remitir el expediente al juzgado superior.
De esta manera, correspondió conocer de la apelación al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, el cual, el 21 de febrero de 2011, dictó sentencia en los siguientes términos: 1) declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por la parte demandada; 2) confirmó la decisión dictada el 23 de septiembre de 2010, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda; 3) condenó a la demandada al pago de las costas; 4) ordenó la remisión del expediente al tribunal de origen, en su debida oportunidad legal, y; 5) ordenó registrar y publicar la sentencia en la página web de ese tribunal.
Mediante auto del 17 de marzo de 2011, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, declaró firme la decisión, en virtud de haber precluido los lapsos para ejercer los recursos, en consecuencia, ordenó remitir el expediente al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.
Contra la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, el 21 de febrero de 2011, es que la apoderada judicial de Inversiones Mabeni, C.A. solicita la presente revisión.
II
DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL
La apoderada judicial de Inversiones Mabeni, C.A. indicó que la presente solicitud la revisión, recae sobre la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, el 21 de febrero de 2011, que declaró: 1) la confesión ficta de su representada; 2) sin lugar la apelación; 3) confirmó la sentencia apelada; 4) decretó la nulidad del contrato; 5) ordenó la desocupación del inmueble, y; 6) condenó a su representada a pagar la suma de seiscientos cincuenta mil bolívares (Bs. 650.000,00) por concepto de daños y perjuicios.
No obstante, señaló la abogada que el Juzgado Superior se equivocó al dictar su sentencia, ya que, esa condena fue declarada con fundamento en una confesión ficta que no había operado, por cuanto, en su opinión, en el presente caso no se cumplieron con los tres (03) supuestos necesarios para la declaración judicial de la confesión ficta.
Igualmente, denunció que dentro de las pretensiones de la parte actora, el resarcimiento por daños y perjuicios condenados no fue solicitado, ya que, en el libelo de demanda señaló su apoderado judicial, que se reservaba para un procedimiento futuro la demanda por el pago de daños y perjuicios.
Así, en relación a la primera denuncia, la apoderada judicial indicó que el juzgado superior cometió un errado control constitucional, cuando señaló que no fueron presentadas pruebas de manera oportuna por la representación de la parte demandada, cuando, en su opinión, las mismas fueron consignadas en escrito del 11 de agosto de 2010, en la oportunidad de informes, con lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 435 del Código de Procedimiento Civil, por tratarse de documentos públicos, podía realizarse en esa oportunidad.
También, la abogada indicó que dentro de los documentos públicos consignados se encuentra el documento registrado de condominio del centro comercial Plaza Chara, el cual, textualmente expresa que:
( ) EL SUPUESTO FUNDAMENTO DE LA DEMANDA DE NULIDAD ES QUE ESTE NO EXISTE, LO CUAL ES FALSO COMO SE OBSERVA DE LA COPIA CERTIFICADA QUE PRODUZCO MARCADA B DE TODO EL EXPEDIENTE, EN EL QUE SE EVIDENCIA A LOS FOLIOS 122 AL 234, EL CORRESPONDIENTE AUTO DE VISTOS DEL TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA, EL ESCRITO DE PROMOCIÓN DE PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA Y LAS PRUEBAS CONSISTENTES DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, PERMITIDA SU PROMOCIÓN HASTA INFORMES, COMO SE HIZO EN ESTE CASO, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 435 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, ES DECIR, TEMPESTIVAMENTE. (Mayúsculas del escrito).
Así, en opinión de la solicitante de la revisión, el juez superior silenció la verdad procesal y tergiversó la realidad al declarar la confesión ficta de la demandada, ya que: ( ) CON SUS PRUEBAS DESVIRTUABA CLARAMENTE LA PRETENSIÓN DEL DEMANDANTE, CUYO FUNDAMENTO ERA ENTRE OTROS, LA NO EXISTENCIA DE DOCUMENTO DE CONDOMINIO, CUANDO CONTRARIO A ELLO, ESTE HABÍA SIDO PRODUCIDO OPORTUNAMENTE Y SE ENCONTRABA CONSIGNADO EN EL EXPEDIENTE (Mayúscula del escrito).
En ese sentido, la abogada de la solicitante manifestó que el juez superior, de conformidad con el principio iura novit curia debería conocer el contenido del artículo 435 del Código de Procedimiento Civil que prevé que los instrumentos públicos podrán producirse hasta los últimos informes, por lo que, en su criterio, resulta ilógico que esa alzada en su fallo haya señalado que la demandada no consignó prueba alguna dentro de su debida oportunidad.
A continuación, la apoderada judicial citó jurisprudencia de la Sala Constitucional, relacionada con el silencio de pruebas, a saber: sentencia n.º: 02, del 11 de enero de 2006, caso: Nicasia Lourdes Álvarez de Arellano y sentencia n.º: 460, del 20 de mayo de 2010, caso: Reinaldo Salcedo Ramírez.
De igual modo, citó jurisprudencia de la Sala de Casación Civil, a saber: sentencia n.º: RC-581, del 26 de julio de 2007, caso: Thania Ramos Anzola y otros contra Conedil, C.A., sentencia n.º: RC-557, del 07 de agosto de 2008, caso: Arcángel Mora contra Ana Ramona Mejías Ruiz, y sentencia n.º: RC-190, del 26 de mayo de 2010, caso: Climaco Antonio Marcano contra Nacional Anónima de Seguros La Previsora, relacionadas con el artículo 435 del Código de Procedimiento Civil.
Señalado lo anterior, la apoderada judicial indicó que, en su decir, la revisión solicitada es procedente, por cuanto:
( ) al ser evidente las violaciones constitucionales señaladas, dado que la sentencia impugnada hizo nugatorios los postulados contenidos en los artículos 26 y 49 de la constitución (sic) de la República Bolivariana de Venezuela, pues no adecuó su apreciación a los parámetros dispuestos en los artículos 509 del Código de Procedimiento Civil y 49 de la constitución (sic) de la República Bolivariana de Venezuela, ni garantizó la uniformidad de la interpretación de las normas y principios constitucionales sobre la base del principio de imparcialidad y verdad procesal, cuya vigencia fue inconstitucionalmente inobservada por el juez superior.
Por otra parte, la apoderada judicial denunció, que en el presente caso, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda con su decisión produjo un errado control constitucional al condenar por efecto de la confesión ficta declarada, a pagar la suma de seiscientos cincuenta mil bolívares (Bs. 650.000,00) por daños y perjuicios, cuando dicha acción fue expresamente reservada por el demandante a un procedimiento futuro, por lo que, tal pretensión en su criterio, no formaba parte de la demanda incoada de nulidad de contrato.
Comentó la apoderada judicial que, en el presente caso, estamos en presencia de una incongruencia activa, por cuanto, el juez, en su opinión, no actuó de manera coherente en relación con los términos en que fue planteada la pretensión, y con ello, generó una distorsión clara del tema decidendum tergiversando la realidad de lo acontecido en el juicio, lesionando de esa manera, en su decir, el derecho a la defensa, la garantía al debido proceso y la tutela judicial efectiva de su representada, pues evadió un procedimiento correcto, y eso generó la incongruencia entre lo peticionado y lo decidido.
Igualmente señaló, que el juez con su actuación incurrió en ultrapetita y extrapetita, pues otorgó a la parte demandante algo que no forma parte de la pretensión deducida en la demanda y esto en su opinión ocasionó la violación del artículo 49 de la Constitución vigente.
En ese orden de ideas, la apoderada judicial, señaló textualmente lo siguiente:
( ) La falsedad de los hechos establecidos por el juez superior cuando condena al demandado por efecto de una confesión ficta que no existe, a pagar una pretensión del libelo que no forma parte de este, pues fue expresamente reservado para un juicio futuro, se circunscribe a un clásico caso de incongruencia activa por un error grave de percepción de la realidad de los hechos, que condujo a la negación de la tutela judicial efectiva, del debido proceso y del derecho a la defensa, que amerita necesariamente su revisión por esta Sala Constitucional, conforme a la doctrina y jurisprudencia de casos análogos, por lo cual, solicito en definitiva así sea declarada, con la consecuente nulidad del referido fallo. Así muy respetuosamente se solicita.
Continuó señalando la abogada, que existe una clara contradicción en el fallo cuya revisión se solicita, entre la parte motiva y la dispositiva, ya que en su opinión, no se conoce qué motivación de hecho y de derecho llevó al juzgador a su determinación de condenar el pago de unos supuestos daños y perjuicios que no existen, pues ni siquiera, en su decir, fueron demandados y no fueron objeto de prueba por parte del demandante, ya que, no puede probar lo que no ha pretendido.
Así, la representante de la solicitante indicó, que la parte demandada sí promovió pruebas oportunamente, y que los daños y perjuicios concedidos en el fallo, no formaban parte de la pretensión, por lo que, en su criterio, es obvio que el juez falseó la realidad y no podía declarar la confesión ficta para justificar su razonamiento.
Conforme a lo anterior, la apoderada judicial indicó que:
( ) Se puede concluir por tales razones, que considero procedente la revisión de la sentencia impugnada por parte de esta Digna Sala Constitucional, al ser evidentes las violaciones constitucionales señaladas, dado que la sentencia impugnada hizo nugatorios los postulados contenidos en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues no adecuó su apreciación a los parámetros dispuestos en los artículos 506 y 254 del Código de Procedimiento Civil, ni garantizó la uniformidad de la interpretación de las normas y principios constitucionales, sobre la base del principio de imparcialidad y verdad procesal, cuya vigencia fue inconstitucionalmente inobservada por el juez superior.
Luego, la representante judicial de la accionante solicitó a esta Sala Constitucional decrete a su favor medida cautelar de suspensión de los efectos de la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, el 21 de febrero de 2011 (fallo objeto de revisión), hasta tanto se decida el fondo de la revisión solicitada, ya que en sus palabras: ( ) la materia debativa en esta solicitud INTERESA AL ORDEN PÚBLICO, al estar directamente relacionada con el análisis de pruebas, la carga probatoria en el juicio y el derecho a la defensa de las partes, así como la inconstitucionalidad de la sentencia impugnada (Mayúsculas y resaltado del escrito).
Finalmente, la apoderada judicial de Inversiones Mabeni, C.A. solicitó a esta Sala Constitucional se declare con lugar la solicitud de revisión y, en consecuencia, se acuerde la nulidad de la sentencia emitida el 21 de septiembre de 2011, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.
III
DE LA SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
La sentencia definitivamente firme que dictó el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, el 21 de febrero de 2011, declaró, entre otros pronunciamientos, sin lugar la apelación ejercida, en los términos siguientes:
Observó el Tribunal Superior, que el Juzgado de Primera Instancia declaró la confesión ficta de la parte demandada, INVERSIONES MABENI C.A., por cuanto la misma, en sus palabras, ( ) no dio contestación a la demanda, ni trajo a los autos probanza alguna que le favoreciera.
En este sentido, citó la sentencia n.º: 27 de la Sala de Casación Social de este Máximo Tribunal, del 22 de febrero de 2001, mediante la cual se refirió en relación a la confesión ficta y sus consecuencias, el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, que señala textualmente:
Artículo 362. Si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en este Código se le tendrá por confeso, en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, si nada probare que le favorezca. En este caso, vencido el lapso de promoción de pruebas sin que el demandado hubiere promovido alguna, el Tribunal procederá a sentenciar la causa, sin más dilación dentro de los ocho días siguientes al nacimiento de aquel lapso, ateniéndose a la confesión del demandado. En este caso, a los fines de la apelación se dejará transcurrir íntegramente el mencionado lapso de ocho días si la sentencia fuese pronunciada antes de su vencimiento.
En ese sentido, el Juzgado Superior, en el fallo que se comenta indicó, que la doctrina patria sostiene que la falta de contestación de la demanda en nuestro derecho, da lugar a la confesión ficta, esto es, la presunción de confesión que recae sobre los hechos narrados en la demanda, pero no sobre el derecho o las consecuencias jurídicas que conforme a la Ley deben aplicarse a los hechos establecidos.
Es así como, en criterio del Juzgado Superior, la rebeldía no se produce sino por la incomparecencia del demandado a la contestación, pues las partes a derecho con su citación para dicho acto y su comparecencia al mismo funciona como la antigua personación, de tal modo que la realización de aquel acto constituye la liberación del demandado de la carga de contestación, y su omisión o falta, produce la confesión ficta. El lapso de comparecencia tiene así el carácter de perentorio o preclusivo y agotado que sea, ya por la realización de la contestación o por su agotamiento por no haberse realizado aquélla, no podrá ya admitirse la alegación de hechos nuevos, ni la contestación de la demanda, ni la reconvención, ni las citas de terceros a la causa, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 364 del Código de Procedimiento Civil.
En ese sentido, indicó el Juzgado Superior, que operará la confesión ficta, y por lo tanto, se declararán con lugar las pretensiones del actor, cuando el demandado no diere contestación a la demanda, que ésta no sea contraria a derecho y que además, el mismo no probare algo que le favoreciere.
Según señaló el fallo que se comenta, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en reiterada jurisprudencia ha señalado que deben concurrir tres elementos para que proceda la confesión ficta, estos son: 1) Que el demandado no diese contestación a la demanda; 2) que la pretensión no sea contraria a derecho; y, 3) que el demandado nada probare que le favorezca durante el proceso.
En ese sentido, según lo citado por el Juzgado Superior, esta Sala Constitucional ha establecido que:
En relación al primer requisito, la parte demandada no dio contestación a la demanda en el tiempo procesal oportuno, fijado en el auto de admisión, lo que supone una negligencia inexcusable y una actitud de franca rebeldía. En consecuencia le es aplicable a la parte demandada la sanción prevista en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, la cual procede como dice el mismo artículo ... cuando el demandado no diere contestación a la demanda en el plazo indicado.
...omissis...
En cuanto el segundo requisito, que no sea contraria a derecho, la pretensión del demandante debe entenderse en el sentido que la misma no está prohibida por la Ley, sino al contrario amparada por ella. Esto no depende de los medios probatorios que hubiere presentado el demandante en el libelo, según el cual la pretensión deducida esté o no amparada por el sistema jurídico.
...omissis...
Cuando la confesión ficta -aparte del examen de las pruebas que obren en los autos según el principio de exhaustividad (Art. 509)- el análisis del juez debe limitarse a determinar si la demanda es contraria a derecho per se sin poder plantearse su procedencia en virtud de las leyes de fondo.
En relación al tercer requisito, por el cual el demandado nada probare que le favorezca durante el proceso, se observa:
El alcance de la locución: nada probare que le favorezca, tanto la doctrina como la jurisprudencia han acordado al respecto que es permitida la prueba que tienda a enervar o paralizar la acción intentada, hacer contraprueba de los hechos alegados por el actor, demostrar que ellos son contrarios a derecho. En cambio no es permitida la prueba de aquellos alegatos hechos constitutivos de excepciones que han debido alegar en la contestación a la demanda... (Comillas del Tribunal Superior) (Ramírez y Garay 2075 99, Pag. 556, Tomo CLVII).
Asimismo, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, citó sentencias n.º: 202, del 14 de junio de 2006 y otra del 14 de junio de 2000, ambas de la Sala de Casación Civil, de este Tribunal Supremo de Justicia, donde se señaló que:
(
) La inasistencia del demandado a la contestación de la demanda o su incomparecencia tardía al mismo, vale decir extemporánea, trae como consecuencia que se declare la confesión ficta, que por naturaleza es una presunción iuris tantum, lo cual comporta una aceptación de los hechos expuestos en el escrito de la demanda; siempre y cuando la pretensión intentada no sea contraria a derecho, por una parte y, por la otra, que nada probare el demandado que le favorezca, ni aparecieren desvirtuadas las pretensiones del accionante por ninguno de los elementos del proceso, ya que puede en el lapso probatorio el accionado lograr, con los medios de prueba admisibles en la Ley, enervar la acción del demandante. Es oportuno puntualizar que el contumaz tiene una gran limitación en la instancia probatoria. No podrá defenderse con alegaciones, que han debido ser esgrimidos en la contestación de la demanda por lo que sólo podrá realizar la contraprueba de las pretensiones del demandante; puesto que -tal como lo pena el mencionado artículo 362-, se le tendrá por confeso si nada probare que le favorezca, por tanto, las pruebas aceptadas para ser invocadas por el demandado, son limitadas.
Una vez citada la jurisprudencia de este Supremo Tribunal, el Juzgado Superior indicó que de la revisión de las actas que conforman el presente expediente, pudo observar que se han cumplido los requisitos indispensables para que opere la confesión ficta, toda vez que la demandada, si bien el 11 de agosto de 2010, presentó escrito mediante el cual consignó documentos públicos; se constata igualmente que, para esa oportunidad la causa se encontraba en estado de sentencia, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 890 del Código de Procedimiento Civil, el cual prevé:
(
) La sentencia será dictada dentro de los cinco (5) días siguientes a la conclusión del lapso probatorio, o de la contestación o reconvención si las partes hubieren pedido la suspensión del lapso.
En ese sentido, consideró el Juzgado Superior, que la parte demandada no compareció ante el Tribunal de la causa para dar contestación a la demanda, ni aportó probanza alguna a su favor, con lo cual se dan las dos primeras condiciones. En cuanto a la tercera condición, apreció que la pretensión intentada por la parte actora, no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la Ley, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil es procedente.
Por todas las razones expuestas, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Mireya Josefina Peña de Sarmiento, quien actuó como apoderada judicial de la parte demandada, Inversiones Mabeni C.A.
En consecuencia, el fallo que se comenta confirmó la sentencia dictada el 23 de septiembre de 2010, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Ocumare del Tuy, la cual, como se señaló con anterioridad declaró: 1) con lugar la demanda de nulidad de contrato de arrendamiento incoada por Sigma 105.1 FM, C.A. contra Inversiones Mabeni, C.A.; 2) condenó en costas a la demandada; 3) declaró la nulidad absoluta del contrato de arrendamiento celebrado entre Inversiones Mabeni, C.A. y Sigma 105.1 FM, C.A.; 4) ordenó la desocupación del inmueble sobre el cual se celebró el contrato de arrendamiento objeto de la demanda, y; 5) condenó a la demandada a pagar la suma de seiscientos cincuenta mil bolívares sin céntimos (BS. 650.000,00), por concepto de daños y perjuicios.
IV
DE LA COMPETENCIA
El artículo 336 numeral 10 de la Constitución le atribuye a la Sala Constitucional la potestad de revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los Tribunales de la República, en los términos establecidos por la Ley Orgánica respectiva.
Tal potestad de revisión de decisiones definitivamente firmes abarca fallos que hayan sido expedidos tanto por las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia como por los demás tribunales de la República, tal y como se observa en el artículo 25, numerales 10 y 11, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, pues la intención final es que la Sala Constitucional ejerza su atribución de máximo intérprete de la Constitución, conforme lo establece el artículo 335 del Texto Fundamental.
Ahora, por cuanto fue propuesta ante esta Sala la solicitud de revisión de la sentencia dictada, el 21 de febrero de 2011, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con fundamento en las anteriores consideraciones, esta Sala se declara competente para conocerla. Así se declara.
V
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Como se señaló con anterioridad, la sentencia objeto de revisión fue dictada, el 21 de febrero de 2011, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.
Cabe indicar previamente que, la revisión de sentencias ha sido concebida como una vía extraordinaria tendiente a preservar la uniformidad de la interpretación de las normas y principios constitucionales y para corregir graves infracciones a sus principios o reglas, estando la Sala en la obligación de considerar todos y cada uno de los fallos que son remitidos para su revisión, pero no necesariamente está obligada a concederla, toda vez que se trata de una potestad discrecional, por lo que su negativa no puede, en caso alguno, constituir violación del derecho a la defensa y al debido proceso de las partes.
Al respecto, la sentencia n.°: 93, del 06 de febrero de 2001, caso: Corpoturismo, esta Sala señaló que la facultad de revisión es una potestad estrictamente excepcional, extraordinaria y discrecional, por ello, en lo que respecta a la admisibilidad de tales solicitudes de revisión extraordinaria, esta Sala posee una potestad discrecional de admitir o no admitir la solicitud cuando así lo considere, por lo que, la Sala puede en cualquier caso desestimar la revisión sin motivación alguna, cuando en su criterio, constate que la decisión que ha de revisarse, en nada contribuye a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales.
Así, la discrecionalidad que se le atribuye a la facultad de revisión constitucional, no debe entenderse como una nueva instancia, por lo tanto, la solicitud en cuestión se admitirá sólo a los fines de preservar la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales o cuando exista una deliberada violación de preceptos de ese rango, así como cuando se contraríen los criterios vinculantes de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal, lo que será determinado por la Sala en cada caso, siendo siempre facultativo de ésta su procedencia.
Por lo antes comentado, esta Sala estima pertinente advertir que al momento de ejercer su potestad de revisión de sentencias definitivamente firmes, ella está obligada, de acuerdo con una interpretación uniforme de la Constitución, y en consideración a la garantía de la cosa juzgada, a guardar la máxima prudencia en cuanto a la admisión y procedencia de solicitudes que pretendan la revisión de actos jurisdiccionales que han adquirido el carácter de cosa juzgada judicial; de allí que esta Sala tenga facultad para la desestimación de cualquier solicitud de revisión, sin ningún tipo de motivación, cuando, en su criterio, se verifique que la revisión que se pretende, en nada contribuye a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales, en virtud, pues, del carácter excepcional y limitado que caracteriza a la revisión.
Señalado lo anterior, pasa esta Sala a pronunciarse sobre la presente solicitud en los términos siguientes:
La solicitante en su escrito, indicó que la solicitud de revisión versa sobre dos puntos, a saber: 1) que la confesión ficta que sirvió de fundamento de la decisión, no operó, ya que, no se cumplió con el tercer supuesto necesario para su declaración, por cuanto, Inversiones Mabeni, C.A., sí presentó pruebas que en su opinión desvirtúan lo alegado por la demandante, y; 2) que el juez incurrió en ultrapetita y extrapetita, al otorgarle a la demandante algo que no formaba parte de la pretensión deducida en la demanda, al condenarla al pago de seiscientos cincuenta mil bolívares (BS. 650.000,00) por concepto de daños y perjuicios, los cuales no fueron solicitados, más aún, cuando la demandante se reservó dicha acción para un procedimiento futuro.
Así, esta Sala Constitucional pasa a pronunciarse en relación a la primera denuncia realizada, en los siguientes términos:
El Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en el fallo objeto de revisión, en el Capítulo III, de las Pruebas Aportadas a los Autos, en la parte relativa a la demandada señaló textualmente que: de la revisión de las actas que conforman el presente expediente, esta Juzgadora observa que la parte demandada no consignó prueba alguna, ni por sí ni por medio de apoderado judicial, dentro de su debida oportunidad (Resaltado de esta Sala).
En ese sentido, de las actas del expediente se desprende que el presente juicio se tramitó mediante el procedimiento breve, de conformidad con lo establecido en el artículo 1142 del Código Civil, en concordancia con el artículo 33 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.
Consta en el expediente al folio ciento setenta y uno (171), que mediante auto del 11 de agosto de 2010, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Ocumare del Tuy, indicó textualmente lo siguiente: Vencido como se encuentra el lapso previsto en el artículo 890 del Código de Procedimiento Civil, el Tribunal dice VISTOS y se declara el presente juicio en etapa para dictar sentencia. Cúmplase.
Asimismo, consta en el expediente, al folio ciento setenta y dos (172) que la apoderada judicial de Inversiones Mabeni, C.A., el 11 de agosto de 2011, mediante escrito, presentó copias certificadas de documentos públicos, para ser considerados por el tribunal como pruebas.
Ahora, en el presente caso, como se ha hecho referencia anteriormente, la parte demandada no asistió al acto de contestación de la demanda, por lo que, se creó la presunción de confesión ficta, la cual, de conformidad con el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil y con la reiterada y pacífica jurisprudencia de esta Sala, para que se concrete se necesita que la demandada no haya comparecido a la contestación de la demanda, que no sea contraria a derecho la petición del demandante, y que el demandado no probare nada que le favorezca.
Resulta evidente que, en el presente caso, al no comparecer la parte demandada a la contestación de la demanda y no siendo contraria a derecho la petición del demandante, como bien dejaron establecidos tanto el tribunal a quo como el ad quem, la demandada debía probar algo que le favoreciera dentro del lapso probatorio establecido para ello, el cual, en el caso del procedimiento breve, es de diez (10) días. No obstante, consta en el expediente que la parte demandada consignó extemporáneamente las pruebas, como bien indicó el juez superior en el fallo cuya revisión se solicita, por lo que las mismas se deben tener como no consignadas. Con ello, se dieron los tres (03) supuestos necesarios para la procedencia de la confesión ficta, por lo que se desecha la primera denuncia formulada por la parte solicitante de la revisión. Así se declara (Negritas de esta Sala).
En relación a la segunda denuncia, mediante la cual, la apoderada judicial de la solicitante indicó que el Juez Superior incurrió en una incongruencia activa, al condenar a la demandada al pago de daños y perjuicios, esta Sala observa lo siguiente:
De la revisión realizada por esta Sala al expediente, se detalla que, no obstante que la apoderada judicial de la solicitante señaló en su escrito que el Juzgado Superior incurrió en una incongruencia activa al condenar a su representada al pago de seiscientos cincuenta mil bolívares (Bs. 650.000,00) por daños y perjuicios cuando no había sido pedido en la demanda, el Juzgado Superior en su fallo solo se pronunció sobre la confesión ficta y, una vez constatada su existencia, procedió a confirmar el fallo de primera instancia, donde se condenó a Inversiones Mabeni, C.A. a pagar la cantidad referida por daños y perjuicios.
Ahora, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en el fallo objeto de revisión conoció y resolvió de la apelación simple ejercida por la apoderada judicial de Inversiones Mabeni, C.A. contra la decisión del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda del 23 de septiembre de 2010.
En ese sentido, al tratarse de una apelación pura y simple, el juez superior debía conocer en forma general de dicha apelación y constatar que el fallo apelado se encontrara ajustado a derecho.
De igual forma, el Juzgado Superior debió observar que el fallo apelado estaba viciado de nulidad al resolver la apelación, por cuanto, el tribunal de primera instancia condenó a la demandada al pago de una cantidad de dinero que no formaba parte de la pretensión de condena que demandaron los actores, situación que configura la violación denunciada por la hoy solicitante de revisión.
En este sentido, en reiterada jurisprudencia dictada por esta Sala, (ver entre otras sentencia n.º: 324, del 09 de marzo de 2004, caso: Inversiones La Suprema, C.A.), ha señalado que toda sentencia debe contener una decisión expresa, positiva y precisa, con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones y defensas opuestas; de allí que, el fallo debe recaer sólo sobre aquellas cuestiones de hecho planteadas en el libelo y en la contestación, para así acatar el principio dispositivo que impera en nuestro proceso civil.
En razón de lo antes señalado, la sentencia como juicio lógico, declaratoria de certeza y fuente de la cosa juzgada, de conformidad con los artículos 12, 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil, está sometida a ciertos requisitos que son de orden público, en virtud de los cuales debe acoger o rechazar el pedimento que se hace valer en la demanda, existiendo una cabal adecuación entre la pretensión y la sentencia, que limita al juez a pronunciarse en los términos en que ha quedado fijada la controversia entre las partes, de manera que no exceda ni menoscabe la causa pretendida.
Por lo que, continúa la jurisprudencia de esta Sala anteriormente citada, la falta en el cumplimiento de los requisitos intrínsecos de la sentencia acarrea su nulidad. Dentro de esos vicios se encuentran la incongruencia y la ultrapetita; refiriéndose la primera, a la desacertada relación o error de concordancia lógica y jurídica entre la pretensión y la sentencia, puesto que ésta debe ser dictada de acuerdo a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados, para con ello asegurar el efectivo cumplimiento del principio dispositivo contenido en los artículos 11 y 12 del Código de Procedimiento Civil.
Siendo así, cuando el dispositivo de un fallo o razonamiento que incluya una condena, se excede los términos de la litis, incurre en los vicios de ultrapetita o extrapetita en los procesos ordinarios. Por tanto, el tribunal no puede pronunciarse sobre cosas no demandadas, ni sobre más de lo pedido, pues su decisión debe enmarcarse dentro de los límites de lo reclamado, ya que, de no ser así resultaría anulable.
Ahora, de la revisión del expediente esta Sala pudo observar que, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, declaró sin lugar el recurso de apelación, y en consecuencia señaló que:
( ) se confirma la sentencia dictada en fecha 23 de septiembre de 2010, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Ocumare del Tuy, que declaró: 1) con lugar la demanda de NULIDAD DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, incoada por la sociedad mercantil SIGMA 105.1 FM, C.A. contra la sociedad mercantil INVERSIONES MABENI, C.A.; 2) Condenó en costas a la parte demandada, de conformidad con lo establecido en los artículos 274 y 286 del Código de Procedimiento Civil; 3) La nulidad absoluta del Contrato de Arrendamiento celebrado entre la sociedad mercantil INVERSIONES MABENI, C.A. y la sociedad mercantil SIGMA 105.1 Fm, C.A.; 4) Ordenó la desocupación del inmueble sobre el cual se celebró el Contrato de Arrendamiento; y 5) Condenó a la parte demandada al pago de la suma de seiscientos cincuenta mil (Bs. 650.000,00) por concepto de daños y perjuicios. Y ASÍ SE DECIDE.
En ese sentido, consta en el expediente al folio cincuenta y uno (51), libelo de demanda presentado por el ciudadano Julio César Acosta Gutiérrez, representante legal de Sigma 105.1 FM, C.A., asistido por el abogado Frank Porfirio Pérez Rojas, contra Inversiones Mabeni, C.A., en el que textualmente se indicó:
( ) Por todo lo anteriormente narrado, Ciudadana Juez es que DEMANDO como en efecto LO HAGO en este acto a INVERSIONES MABENI, C.A., la cual se encuentra inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y del Estado Miranda en fecha 22 de mayo de 2001, anotado bajo el Nº20 Tomo 88 A-pro, por NULIDAD DE CONTRATO de conformidad con el Artículo 1.142 del Código Civil Venezolano Vigente: Artículo 1.142- El contrato puede ser anulado; Numeral primero Por Incapacidad legal de las partes o de una de ellas. Numeral Segundo. Por vicios de consentimiento, de forma que se Establezca Judicialmente la Nulidad del Contrato de Arrendamiento, la Empresa SIGMA 105.1 FM, sea Indemnizada, por la cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA MIL BOLÍVARES Fuertes (BS. 650.000,00), ACCIÓN QUE ME RESERVO EN PROCEDIMIENTO FUTURO, que solo es el costo del traslado de la emisora SIGMA 105.1 FM, a otro inmueble, en virtud que le dio en arrendamiento unos locales comerciales que jurídicamente no existen y forman parte del CENTRO COMERCIAL PLAZA CHARA y/o que esta cantidad sea indexada a los valores que sean reales al momento de ser sentenciado (sic) esta demanda (Resaltado y mayúsculas del escrito).
En razón de las anteriores consideraciones, esta Sala considera que el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con su decisión del 21 de febrero de 2011, debió corregir el vicio en el que incurrió el Juzgado de Primera Instancia, que él a su vez confirmó, de ultrapetita e incongruencia positiva en el fallo, en evidente abuso de poder, puesto que el juez estaba obligado a decidir conforme a lo alegado y probado en autos, incurriendo así en una franca violación de principios constitucionales y criterios establecidos por esta Sala Constitucional, al condenar a una de las partes al pago de una cantidad de dinero, el cual ni siquiera fue solicitado por la demandante en su libelo, por lo que, lo ajustado a derecho es declarar nula parcialmente la sentencia anteriormente citada objeto de revisión, sólo en lo que respecta a la cantidad de dinero que, por daños y perjuicios, no pretendía la parte demandante, y que fue condenada a pagar. Así se declara.
Ahora, por cuanto esta Sala comprobó suficientemente de las actas contenidas en el presente expediente que la decisión adoptada por el referido Juzgado Superior no se encuentra ajustada a derecho porque infringe criterios vinculantes de la Sala, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y siguiendo lo señalado en la sentencia de la Sala n.º: 2423 del 18 de diciembre de 2006, caso: Pride International C.A., entre otras, por considerar que el reenvío en este caso puede significar una dilación inútil, por los razonamientos antes expuestos se declara la nulidad parcial de la sentencia dictada el 21 de febrero de 2011, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, respecto únicamente al punto segundo, numeral 5), del dispositivo de la sentencia el cual prevé:
( ) Segundo: se CONFIRMA la decisión dictada el 23 de septiembre de 2010, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Ocumare del Tuy, que declaró: ( ) 5) Condenó a la parte demandada al pago de la suma de seiscientos cincuenta mil (sic) (Bs. 650.000,00), por concepto de daños y perjuicios.
Por tanto, el dispositivo de la sentencia revisada a ejecutar, declarada conforme a derecho por esta Sala Constitucional, queda de la siguiente manera:
Primero: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por la abogada MIREYA JOSEFINA PEÑA DE SARMIENTO, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 35.958, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada, sociedad mercantil INVERSIONES MABENI C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 22 de mayo de 2001, anotado bajo el No. 20, Tomo 88, A-Pro; debidamente representada por su Vice- Presidente, ciudadano FERNANDO PEREZ CARVALLO, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. V-3.632.057; contra la sentencia dictada en fecha 23 de septiembre de 2010, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Ocumare del Tuy.
Segundo: se CONFIRMA parcialmente, la decisión dictada en fecha 23 de septiembre de 2010, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Ocumare del Tuy, que declaró: 1) Con lugar la demanda de NULIDAD DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, incoada por la sociedad mercantil SIGMA 105.1 FM, C.A. contra la sociedad mercantil INVERSIONES MABENI C.A.; 2) Condenó en costas a la parte demandada, de conformidad con lo establecido en los artículos 274 y 286 del Código de Procedimiento Civil; 3) La nulidad absoluta del Contrato de Arrendamiento celebrado entre la sociedad mercantil INVERSIONES MABENI C.A. y la sociedad mercantil SIGMA 105.1 FM, C.A.; y 4) Ordenó la desocupación del inmueble sobre el cual se celebró el Contrato de Arrendamiento.
Tercero: Por cuanto la parte demandada no ha resultado totalmente vencida en el presente juicio, no hay condenatoria en costas.
Cuarto: Remítase el presente expediente a su Tribunal de origen, en su debida oportunidad legal.
Quinto: Regístrese, publíquese, incluso en la página web de este despacho, y déjese copia de la presente decisión.
Resuelta como quedó la presente revisión, se hace inoficioso que esta Sala se pronuncie sobre la medida cautelar solicitada. Así se decide.
VI
DECISIÓN
Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la Ley declara:
PRIMERO: PARCIALMENTE HA LUGAR la revisión solicitada por la abogada Nelly Dania Galavis, actuando en su carácter de apoderada judicial de Inversiones Mabeni, C.A. contra la sentencia dictada el 21 de febrero de 2011, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Transito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda que declaró sin lugar el recurso de apelación y confirmó la decisión del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Ocumare del Tuy.
SEGUNDO: Se ANULA la motiva referente a la indemnización acordada por daños y perjuicios, que no fue solicitada en la demanda, asentada en el punto segundo, numeral 5) del dispositivo de la sentencia revisada, el cual queda redactado de la siguiente manera:
Primero: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por la abogada MIREYA JOSEFINA PEÑA DE SARMIENTO, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 35.958, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada, sociedad mercantil INVERSIONES MABENI C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 22 de mayo de 2001, anotado bajo el No. 20, Tomo 88, A-Pro; debidamente representada por su Vice- Presidente, ciudadano FERNANDO PEREZ CARVALLO, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. V-3.632.057; contra la sentencia dictada en fecha 23 de septiembre de 2010, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Ocumare del Tuy.
Segundo: se CONFIRMA parcialmente, la decisión dictada en fecha 23 de septiembre de 2010, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Ocumare del Tuy, que declaró: 1) Con lugar la demanda de NULIDAD DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, incoada por la sociedad mercantil SIGMA 105.1 FM, C.A. contra la sociedad mercantil INVERSIONES MABENI C.A.; 2) Condenó en costas a la parte demandada, de conformidad con lo establecido en los artículos 274 y 286 del Código de Procedimiento Civil; 3) La nulidad absoluta del Contrato de Arrendamiento celebrado entre la sociedad mercantil INVERSIONES MABENI C.A. y la sociedad mercantil SIGMA 105.1 FM, C.A.; y 4) Ordenó la desocupación del inmueble sobre el cual se celebró el Contrato de Arrendamiento.
Tercero: Por cuanto la parte demandada no ha resultado totalmente vencida en el presente juicio, no hay condenatoria en costas.
Cuarto: Remítase el presente expediente a su Tribunal de origen, en su debida oportunidad legal.
Quinto: Regístrese, publíquese, incluso en la página web de este despacho, y déjese copia de la presente decisión.
Publíquese, regístrese, remítase copia de esta decisión al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, y al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Ocumare del Tuy. Archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 04 días del mes de agosto de dos mil once (2011). Años: 201° de la Independencia y 152° de la Federación.
La Presidenta de la Sala,
Luisa Estella Morales Lamuño
El Vicepresidente,
Francisco Antonio Carrasquero López
Los Magistrados,
Marcos Tulio Dugarte Padrón
Carmen Zuleta de Merchán
Arcadio Delgado Rosales
Juan José Mendoza Jover
Ponente
Gladys María Gutiérrez Alvarado
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
Exp. Nº 11-0816
JJMJ/
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