Venley

Sentencia N.º 1346

Sentencia
N.º 1346
Fecha
13/08/2008
Sala
Constitucional
Expediente
08-0772
Ponente
Carmen Zuleta De Merchan
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

 

MagistradA Ponente: Carmen Zuleta de Merchán

El 17 de junio de 2008, mediante oficio N° 689/08 se recibió en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, proveniente de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, con sede en Los Teques, el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional con medida cautelar interpuesta por el abogado Ángel Eduardo Cedeño Bolívar, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 59.559, en su carácter de defensor privado (carácter que se desprende del acta de juramentación, de fecha 23 de abril de 2008, cursante en el expediente) de los ciudadanos LIBIA MARGARITA RAMÍREZ UZCÁTEGUI, WILFREDO JOSÉ RAMÍREZ BRITO y YERRY ARNALDO ROJAS LÓPEZ, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad números 6.450.257, 15.843.862 y 15.021.215, respectivamente, contra la decisión contenida en el acta de la audiencia preliminar del 4 de diciembre de 2007, por el Juzgado Primero en Funciones de Control del referido Circuito Judicial Penal y contra el auto de apertura a juicio dictado en la misma fecha, en el proceso seguido a los prenombrados ciudadanos, por la presunta comisión del delito de “tráfico atenuado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de ocultamiento”.

Tal remisión obedece al recurso de apelación ejercido el 10 de junio de 2008, por el abogado Ángel Eduardo Cedeño Bolívar –ya identificado-, contra la sentencia dictada el 6 del mismo mes y año, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, con sede en Los Teques, que declaró inadmisible la tutela constitucional invocada.

El 18 de junio de 2008, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente a la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

Mediante escrito presentado en fecha 25 de junio de 2008 ante la Secretaría de la Sala, el abogado Ángel Eduardo Cedeño Bolívar, en su carácter de defensor privado de los ciudadanos Libia Margarita Ramírez Uzcátegui, Wilfredo José Ramírez Brito y Yerry Arnaldo Rojas López, solicitó la suspensión de los efectos de la decisión impugnada en amparo. En esa misma fecha se dio cuenta en Sala y se ordenó agregarlo al expediente.

Mediante escrito con sus anexos, presentados el 10 de julio de 2008, ante la secretaría de la Sala, el abogado Ángel Eduardo Cedeño Bolívar, en su carácter de defensor privado de los ciudadanos Libia Margarita Ramírez Uzcátegui, Wilfredo José Ramírez Brito y Yerry Arnaldo Rojas López fundamentó la apelación interpuesta. En esa misma fecha se dio cuenta en Sala y fue agregado al expediente.

            Realizada la lectura individual del expediente, esta Sala pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:

I

ANTECEDENTES

 

El 6 de mayo de 2008, se recibió en la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, con sede en Los Teques, escrito contentivo de la acción de amparo constitucional con medida cautelar interpuesta por el abogado Ángel Eduardo Cedeño Bolívar, en su carácter de defensor privado de los ciudadanos Libia Margarita Ramírez Uzcátegui, Wilfredo José Ramírez Brito y Yerry Arnaldo Rojas López, contra la decisión contenida en el acta de la audiencia preliminar del 4 de diciembre de 2007, por el Juzgado Primero en Funciones de Control del referido Circuito Judicial Penal y contra el auto de apertura a juicio dictado en la misma fecha, en el proceso seguido a los prenombrados ciudadanos, por la presunta comisión del delito de “tráfico atenuado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de ocultamiento”.

El 9 de mayo de 2008, la referida Corte admitió la acción de amparo constitucional interpuesta y ordenó las notificaciones respectivas. Igualmente, dicha Corte de Apelaciones dejó constancia de que una vez que constase en autos la última de las notificaciones ordenadas, se fijaría la oportunidad para la celebración de la audiencia constitucional respectiva.

El 20 de mayo de 2008, la dicha Corte de Apelaciones declaró “improcedente” la medida cautelar solicitada y el 26 de mayo de 2008, la representación de la parte accionante, apeló mediante diligencia, de esta decisión, y la ratificó en diligencia del 30 de mayo de 2008.

Vista la apelación interpuesta, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, con sede en Los Teques, mediante oficio N° 642, remitió el 3 de junio de 2008 a esta Sala la compulsa de la causa N° 6963-08 (nomenclatura de esa Corte), la cual ingresó a esta Sala el 9 de junio de 2008, y en la cuenta N° 103 de esa misma fecha le fue asignado el número AA50-T-2008-000723.

El 4 de junio de 2008, una vez verificado en autos que las partes estaban debidamente notificadas y previa la fijación de la respectiva audiencia oral y pública, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, con sede en Los Teques, celebró dicho acto y declaró inadmisible la acción de amparo constitucional propuesta, de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y el 6 del mismo mes y año fue publicado el texto íntegro de la referida decisión.

Mediante diligencia del 10 de junio de 2008, el abogado Ángel Eduardo Cedeño Bolívar -ya identificado- apeló tempestivamente de la sentencia dictada.

El 12 de junio de 2008, el Presidente de la Corte de Apelaciones en referencia acordó remitir las actuaciones a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a fin de que se decidiera la apelación interpuesta; a cuyo efecto libró oficio n° 689/08 el 17 del mismo mes y año, las cuales se recibieron  en fecha 17 de junio de 2008 y se dio cuenta en Sala, correspondiéndole a la respectiva causa el N° 08-0772.

 

II

DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

El abogado Ángel Eduardo Cedeño Bolívar, defensor privado de los ciudadanos Libia Margarita Ramírez Uzcátegui, Wilfredo José Ramírez Brito y Yerry Arnaldo Rojas López señaló, como fundamento de la acción de amparo constitucional que ejerció, los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

“[…] El objeto de la solicitud es anular la decisión que conforme a los numerales 2, 4, 5 y 8 del artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal, fue proferida por el JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MIRANDA, EXTENSION BARLOVENTO, en fecha 04 de diciembre del 2007, al término de la celebración de la Audiencia Preliminar, por estar viciada de nulidad. Denuncio (sic) que su emisión se realizó de manera inmotivada, al inobservar lo previsto en los artículos 28 y 173 del Código Orgánico Procesal Penal, así como también inobservar la doctrina vinculante de la Sala Penal y de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia relacionada con la materia, en franca violación al artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; generando violación del debido proceso (artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela); la Tutela Judicial Efectiva (artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela); y el derecho a la defensa (artículo 49 ordinal 1° (sic) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela). Incurriendo en vicios que acarrean su nulidad absoluta conforme al artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal y 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y así lo solicito.

Así como también anular, el Auto de Apertura a Juicio dictado en la misma fecha y por el mismo Juzgado, ya que fue dictado con inobservancia de las previsiones contenidas en los artículos 173 y 331 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal. Violación que se materializa al no precisar cuál fue la conducta asumida por cada uno de los acusados en los ilícitos penales imputados por los representantes del Ministerio Público en el escrito de acusación fiscal y, la que fuera admitida totalmente por el mencionado Tribunal, no disponiendo en consecuencia con los medios adecuados para ejercer el derecho a la defensa, al desconocer de una manera clara, precisa y circunstanciada los hechos imputados, incurriendo en vicios que dan origen a que se decrete su nulidad absoluta conforme al artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal en concordancia con el artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y así lo solicito.

Por tal razón, procedo a interponer un RECURSO DE AMPARO conjuntamente con solicitud de MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA en contra de la decisión contenida en el acta de audiencia preliminar de fecha 04 de diciembre de 2007 (publicada en el auto de apertura a juicio del día 04 de ese mes y año) por el JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MIRANDA, EXTENSION BARLOVENTO, el cual puede ser ubicado en dicho circuito judicial penal con sede en Guarenas, Estado Miranda […]

[Omissis]

Ciudadanos Magistrados, con motivo de la interposición por parte del Ministerio Público de un acto conclusivo de acusación en contra de mis defendidos, generó que la defensa en su respectiva oportunidad se opusiera a la persecución penal, mediante la interposición de sendos escritos contentivos de un conjunto de excepciones conforme al capítulo referido a los obstáculos al ejercicio de la acción penal, contenidos en el Código Orgánico Procesal Penal y dado que se expusieron de una forma extensa las razones de hecho y de derecho en las que se fundamenta dicho petitorio, no fueron resueltas motivadamente.

[Omissis]

Es importante observar que fueron cuatro escritos, que en su totalidad contienen ochenta (80) folios y que todos estaban enfocados hacia algo verdaderamente importante como lo es la inexistencia del elemento subjetivo del delito, de donde se deriva el juicio de reprochabilidad hacia el sujeto activo de delito por la conducta asumida y que estaba obligado a observar a los fines de salvaguardar los derechos Fundamentales de mi defendidos […].

[Omissis]

La solicitud de Tutela Constitucional se interpone bajo el amparo de los artículos 2, 19, 26, 27, 51 y 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 1, 2, 5 y 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por considerar franca violación de las garantías que poseen mis defendidos a obtener por parte por parte del estado, el ejercicio pleno al Derecho a la Defensa (violación que se materializa al no determinarse de manera clara, precisa y circunstanciada, cual es la conducta ejecutada por mis defendidos que constituye delito, ha (sic) objeto de generar la defensa correspondiente, y por lo tanto una decisión inmotivada), a obtener un Debido Proceso y a obtener una Tutela Judicial Efectiva (conducta que se materializa con la franca violación de los artículos 28 y 173 del Código Orgánico Procesal Penal), Garantías contempladas en los artículos 49 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

[Omissis]

Ciudadanos Magistrados es de suma importancia para esta defensa la depuración de la presente causa, pues, concurrir a la fase de juicio bajo una constante y permanente injuria constitucional que representa la emisión de un fallo completamente incongruente e inmotivado y que ha servido de fundamento para la emisión de otros fallos, arrastrando violaciones de derechos fundamentales a lo largo del proceso y consecuentemente acarreando vicios que generan su nulidad absoluta por la existencia de fraude procesal en franca violación del Derecho a la Defensa, al Debido Proceso y a la Tutela Judicial Efectiva.

[Omissis]

El Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento; en fecha 27 de agosto del 2007, en un auto denominado AUTO (sic) DE PRESENTACION DE IMPUTADO, señala que la detención de mis defendidos fue a consecuencia de una Orden Judicial. Orden Judicial que no riela en el expediente y por tanto inexistente, viciando de nulidad la detención efectuada por haberse practicado con inexistencia o inobservancia de las previsiones contenidas en el artículo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, violando con ello la libertad personal de mis defendidos. Y así solicito sea declarado.

[Omissis]

Ciudadanos Magistrados, hasta el presente no consta en el expediente la emisión por parte de ese tribunal de alguna orden de aprensión (sic) que fuera librada en contra de mis defendidos.

[Omissis]

Ahora bien, dado que no existe un procedimiento ordinario por el cual esta decisión pueda ser objeto de una acción de nulidad y con ello poder subsanar los Derechos Fundamentales violados, es razón suficiente para generar la acumulación de acciones de Tutela Constitucional, a razón de que en este proceso le son aplicables las normas del Procedimiento Civil (conforme al artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en concordancia con el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia), es razón por la cual procedo a acumular conforme a lo previsto en el artículo 77 del Código de Procedimiento Civil, la presente acción de tutela constitucional a los fines de que sea decidida de manera conjunta…”.

 

III

De La Sentencia APELADA

La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, con sede en Los Teques, en decisión del 6 de junio de 2008, declaró inadmisible la acción de amparo constitucional solicitada con fundamento en los siguientes razonamientos:

“Este Tribunal observa que en el caso de autos se ha denunciado la presunta violación de derechos y garantías constitucionales relativas al derecho a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, en virtud de la decisión dictada en fecha 04/12/2007, con motivo de la causa contenida en el expediente No. 1C08-675-07, que entre otras cosas, admitió totalmente la acusación, declaró sin lugar las excepciones opuestas, mantuvo la privación judicial preventiva de libertad y ordenó el pase a juicio oral, de conformidad con el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal, sin una motivación suficiente a juicio de lo señalado por el accionante.

En este sentido, establece el artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal lo siguiente:

‘Artículo 191. Nulidades absolutas. Serán consideradas nulidades absolutas aquellas concernientes a la intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que este Código establezca, o las que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías fundamentales previstos en este Código, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes y los tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos por la República.’

De lo anterior se desprende, que al evidenciar en una decisión, la inobservancia o violación de derechos y garantías fundamentales previstas en la norma adjetiva penal, en nuestra Carta Magna o en la ley, así como aquellas concernientes a la intervención, asistencia y representación del imputado, es susceptible de nulidad, lo cual puede invocarse en cualquier momento, ya que el Código Orgánico Procesal Penal no señala una oportunidad procesal para que se solicite y se resuelvan las presuntas infracciones a tales garantías; en este sentido, nuestra Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 256/2002, caso: ‘Juan Calvo y Bernardo Priwin’ estableció:

‘…La Sala hace estas consideraciones, porque la inconstitucionalidad de un acto procesal -por ejemplo- no requiere necesariamente de un amparo, ni de un juicio especial para que se declare, ya que dentro del proceso donde ocurre, el juez, quien es a su vez un tutor de la Constitución, y por lo tanto en ese sentido es juez constitucional, puede declarar la nulidad pedida.

Es de advertir, que la denuncia de inconstitucionalidad como base de la nulidad interpuesta dentro del proceso, no imprime a tal petición ningún rango especial que conlleve a una sentencia inmediata, por lo que su decisión tendría lugar en los lapsos ordinarios, y si ellos no existieran, en los términos procesales que por analogía podrían aplicarse, quedando a la parte que va a ser perjudicada por la dilación en la decisión, y cuya situación jurídica va a sufrir un daño irreparable, acudir a la vía del amparo, tal como lo expresó esta Sala en sentencia del 28 de julio de 2000 (Caso: Luis Alberto Baca).

Sin embargo, cuando la nulidad coincide con el objeto de las cuestiones previas, la resolución de las mismas debe ser en la misma oportunidad de las cuestiones previas; es decir, en la audiencia preliminar lo que de paso garantiza el derecho de defensa de todas las partes del proceso y cumple con el principio del contradictorio…’ (Subrayado nuestro) (Magistrado Ponente: JESUS EDUARDO CABRERA)

En tal sentido, cabe advertir que el recurso de nulidad es concebido como un recurso ordinario que puede fundarse no sólo en cuestiones formales sino también en la violación de derechos y garantías constitucionales, ante el Tribunal que dictó la decisión presuntamente viciada, y en el caso de que la parte resulte perjudicada por la dilación en la decisión, es que podría interponerse una acción de amparo constitucional.

Del estudio de las presentes actuaciones, no se evidencia que la parte actora hubiese ejercido el recurso de nulidad contra la decisión dictada en la audiencia preliminar. En este orden de ideas, resulta conveniente traer a colación el contenido de la sentencia N° 602, de fecha 16 de abril del año en curso, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada CARMEN ZULETA DE MERCHAN, la cual es del tenor siguiente:

“… Observa esta Sala que en el presente caso la parte accionante denunció que el 4 de junio de 2007, el Tribunal Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda no le impuso a los ciudadanos Leonardo José Rivero Puerta y Kevis Escalona González de las medidas alternativas a la prosecución del proceso, en la audiencia oral prevista en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, al respecto resulta oportuno destacar que el mencionado Texto Penal Adjetivo le ofrecía a la parte actora un medio ordinario que debía agotar antes de la interposición del presente amparo. Este medio ordinario es la solicitud de nulidad absoluta de las actuaciones realizadas a partir de la celebración de dicha audiencia oral, de acuerdo con lo señalado en los artículos 191 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, lo cual permite la reparación de la situación jurídica que se consideró infringida por la parte actora.

En ese mismo orden de ideas, esta Sala se pronunció, en su sentencia N° 349, del 26 de febrero de 2002 (caso: Miguel Ángel Pérez Hernández y otros), lo siguiente:

‘A tal respecto, debe recordarse que esta Sala ha establecido: ‘Ahora bien, el fallo que se denuncia como lesivo de derechos constitucionales es de aquéllos a los cuales se refiere el artículo 439 (hoy 447) del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que, a tenor del mismo, los accionantes en amparo tenían a su disposición el recurso de apelación en contra de la decisión contra la cual ejercieron la presente acción de amparo. A la vez, no obra en autos elemento alguno demostrativo de la falta de idoneidad del recurso de apelación para obtener, por su intermedio, la suspensión de los efectos de la sentencia causante del agravio...’ (sentencia de 25 de enero de 2001; caso Víctor García Rojas y otros); criterio este aplicable, mutatis mutandis, al caso bajo análisis, toda vez que la nulidad viene a constituir, igualmente, un recurso ordinario preexistente del cual podía disponer, como, en efecto, dispuso, la aludida parte actora. Se trata de un medio que, además de preexistente, es indiscutiblemente idóneo para la actuación procesal, en favor de los intereses jurídicos cuya protección se pretende en esta causa; más eficaz, incluso, en términos temporales y de menor complejidad procesal que el mismo amparo, habida cuenta de que la nulidad es decidida conforme a las sencillas reglas de los artículos 212 y 194 del Código Orgánico Procesal Penal…’ (Subrayado nuestro).

No obstante lo anterior, se desprende de los autos, que si bien es cierto que la defensa solicitó la nulidad de las actuaciones previas a la audiencia preliminar, no es menos cierto que contra el pronunciamiento emitido en dicha Audiencia Preliminar no se intentó recurso de nulidad alguno, siendo ésta una de las vías ordinarias existentes para obtener la suspensión de los efectos de la sentencia causante del presunto agravio.

A su vez, observa esta Alzada, en el caso sub exámine, de la revisión del archivo de la Corte de Apelaciones, que contra la decisión del 4 de diciembre de 2007, dictado por el Juez 1° de Control de la Extensión Barlovento, que declaró sin lugar las excepciones opuestas por los defensores relativas al incumplimiento de los requisitos para presentar acusación, admite totalmente la acusación presentada por el fiscal octavo del Ministerio Público, se admiten todos y cada uno de los medios de prueba presentados tanto por la vindicta pública como por la defensa y se mantiene la medida de privación judicial preventiva de libertad decretada a los imputados, aunado al decreto de apertura al juicio oral y público; se ejerció recurso de apelación en fecha 10 de diciembre de 2007, según se evidencia de escrito presentado por los profesionales del derecho RAMON FLORES Y RICARDO MOJICA, en su carácter de Defensores Privados de los ciudadanos: LIBIA MARGARITA UZCATEGUI y WILFREDO JOSE BRITO RAMIREZ, lo cual fue declarado inadmisible por inimpugnable por parte de esta Alzada conforme a lo establecido en los artículos 331 parte in fine, 437 literal ‘c’ y 447 numeral 2, todos del Código Orgánico Procesal Penal y la jurisprudencia reiterada de nuestra Sala Constitucional, llamando la atención de esta Corte, que el accionante nunca hizo mención en su escrito de amparo, sobre el ejercicio de dicho recurso de apelación.

En este sentido, es importante recalcar que la acción de amparo no puede considerarse como un medio de impugnación ordinario para restablecer situaciones jurídicas infringidas. En el caso sub exámine, ciertamente se evidencia que contra la decisión denunciada por el accionante se ejerció el recurso de apelación, el cual fue declarado inadmisible por irrecurrible conforme a lo preceptuado en la parte in fine del artículo 331 del Código Orgánico Procesal Penal y artículo 437 literal ‘c’ eiusdem, sin embargo, la parte actora tenía la posibilidad de ejercer el recurso de nulidad contra el fallo objeto de la presente acción, de acuerdo al contenido del artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, lo cual no consta haberse ejercido.

Ahora bien, se constata que la presente acción de amparo fue admitida por esta Alzada, en la respectiva oportunidad procesal, no advirtiéndose ninguna de las causales de inadmisibilidad a que se contrae el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. En este orden de ideas, el auto que se dicta para admitir la demanda no prejuzga sobre el fondo, sino que verificado que se reúnen los requisitos mínimos para dar curso a la acción, se ordena su trámite, con el fin de que en la sentencia de mérito se analice y examine todo lo referente al fondo, y aún se revisen de nuevo los presupuestos de admisibilidad. Al efecto, mediante decisión No. 0567/2005 de fecha 15 de diciembre de 2005, caso: Antonio José Quintero, con ponencia de la Magistrada LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, consideró:

‘Por su parte, las causales de inadmisibilidad constituyen la revisión de los presupuestos procesales que condicionan la pretensión, pero en virtud de su carácter de orden público, son revisables en todo estado y grado de la causa, lo cual permite que, incluso una vez sustanciado el juicio de amparo constitucional, sean declaradas en la definitiva, sin que ello signifique una decisión sobre el derecho material discutido (…)’

Del mismo modo, debe señalar este Órgano Jurisdiccional de Alzada, que nuestra Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de manera reiterada ha asentado lo siguiente:

“(…) Artículo 6: No se admitirá la acción de amparo:

5) Cuando el agraviado haya optado por recorrer a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes (omissis).

Esta Sala se pronunció en su sentencia N° 848 del 28 de julio de 2000 (caso Luis Alberto Baca) sobre el alcance de esta causal de inadmisibilidad y expresó:


Entiende este supuesto la Sala, en el sentido de que sobre el mismo tema del amparo exista un juicio en curso diverso al del amparo, ya que ello significa que el accionante no consideraba de carácter inmediato la lesión de su situación jurídica; o que haya usado otros medios judiciales para reparar su situación, como pedir al juez de la causa la aplicación del control difuso de la constitucionalidad. Cuando esto ocurra, el lesionado no tiene derecho al amparo ya que él ha considerado que la vía utilizada es de igual entidad que la del amparo para obtener la reparación de la situación jurídica. (Subrayado Nuestro)

Su opción al amparo renacería, si tal reparación no puede lograrla en tiempo breve, pero es de notar que mientras no se cumplan los lapsos procesales establecidos en las leyes, no puede en estos casos argüirse la dilación indebida, ya que el legislador, al crear los lapsos y términos procesales, lo hizo en el entendido de que ellos eran los necesarios y concretos para una buena administración de justicia.

A la luz de lo que se transcribió, observa la Sala que, en el caso que nos ocupa, el demandante en amparo disponía del medio ordinario idóneo y eficaz, tal como lo era la revisión de la medida privativa de libertad que dispone el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, así como también del recurso de apelación que alude el artículo 447 eiusdem. En consecuencia, no puede pretender el quejoso la sustitución, con el amparo, del medio o recurso ordinario que preceptúa el ordenamiento procesal vigente para el restablecimiento de la situación jurídica que supuestamente fue infringida, pues dichos medios constituyen la vía idónea para la garantía de la tutela judicial efectiva y sólo cuando no se obtenga respuesta o haya una dilación procesal indebida, pueden los interesados acudir a la vía del amparo. La admisión de lo contrario comportaría la desaparición de las vías ordinarias que estableció el legislador para la eficacia y realización de los derechos e intereses de las partes dentro de un determinado proceso. Así se decide”. Sentencia N° 2753 de fecha 01 de diciembre de 2004. Magistrado Ponente: Dr. PEDRO RAFAEL RONDON HAAZ)

Abonando el criterio anterior, nos permitimos señalar igualmente el fallo de fecha 5 de Junio del año 2001, (caso José Ángel Guía y otros):

“(…) la acción de amparo constitucional, opera en su tarea específica de encauzar las demandas contra actos, actuaciones, omisiones o abstenciones lesivas de derechos constitucionales, bajo las siguientes condiciones: a) Una vez que los medios judiciales ordinarios han sido agotados y la situación jurídico constitucional no ha sido satisfecha; o b) Ante la evidencia de que el uso de los medios judiciales ordinarios, en el caso concreto y en virtud de su urgencia, no dará satisfacción a la pretensión deducida. La disposición del literal a), es bueno insistir, apunta a la comprensión de que el ejercicio de la tutela constitucional por parte de todos los jueces de la República, a través de cualquiera de los canales procesales dispuestos por el ordenamiento jurídico, es una característica inmanente al sistema judicial venezolano; por lo que, en consecuencia, ante la interposición de una acción de amparo constitucional, los Tribunales deberán revisar si fue agotada la vía ordinaria o fueron ejercidos los recursos, que de no constar tales circunstancias, la consecuencia será la inadmisión de la acción sin entrar a analizar la idoneidad del medio procedente, pues el carácter tuitivo que la Constitución atribuye a las vías procesales ordinarias les impone el deber de conservar o restablecer el goce de los derechos fundamentales, por lo que bastaría con señalar que la vía existe y que su agotamiento previo es un presupuesto procesal a la admisibilidad de la acción de amparo… De cara al segundo supuesto, relativo a que la acción de amparo puede proponerse inmediatamente, esto es, sin que hayan sido agotados los medios o recursos adjetivos disponibles, el mismo procede cuando se desprenda de las circunstancias fácticas o jurídicas que rodean la pretensión que el uso de los medios procesales ordinarios resultan insuficientes al restablecimiento del disfrute del bien jurídico lesionado (…)” (Subrayado nuestro)

De acuerdo a lo anteriormente transcrito, se evidencia que los accionantes ejercieron la vía ordinaria con el recurso de apelación interpuesto contra la decisión dictada por el referido Juzgado en fecha 4 de diciembre de 2007, lo cual se constató de la revisión efectuada a los copiadores de decisiones que reposan en el archivo de la Corte de Apelaciones, recurso éste que fue resuelto en fecha 19 de febrero de 2008, con ponencia de quien suscribe, Doctora MARINA OJEDA BRICEÑO, pero aún tenía la posibilidad del ejercicio de otro medio ordinario, a través del recurso de nulidad ante el Tribunal Primero de Control de la Extensión Barlovento, contra la decisión dictada en la audiencia preliminar, la cual tratan de atacar mediante la presente acción de amparo. Por consiguiente, nos encontramos en presencia de una desnaturalización de la esencia de la acción de amparo, toda vez, que como lo ha reiterado en varias oportunidades la Sala Constitucional de nuestro máximo Tribunal, no se trata de una nueva instancia judicial, ni de la sustitución de medios ordinarios para la tutela de derechos o intereses, se trata de una reafirmación de valores constitucionales, en la cual el Juez puede pronunciarse acerca del contenido o aplicación de las normas que desarrollan tales derechos, revisar su interpretación o establecer si los hechos de los que se deducen las violaciones invocadas constituyen una violación directa de la constitución, por lo que la acción de amparo interpuesta deviene inadmisible, conforme a lo señalado en el artículo 6 numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Y ASI SE DECIDE.

Por otra parte, el accionante solicitó a esta Corte de Apelaciones en la oportunidad de la celebración de la audiencia oral constitucional, la declaratoria con lugar de la acción de amparo en virtud de la inasistencia del presunto agraviante a la mencionada Audiencia Constitucional de conformidad con el artículo 23 de la Ley de Amparo. En este sentido vale resaltar el contenido de la sentencia N° 07, de fecha 01-02-2000, proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado JESUS EDUARDO CABRERA, en la cual destaca lo siguiente:

‘Con relación a los amparos que no se interpongan contra sentencias, tal como lo expresan los artículos 16 y 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el proceso se iniciará por escrito o en forma oral conforme a lo señalado en dichos artículos…

La falta de comparecencia del presunto agraviante a la audiencia oral aquí señalada producirá los efectos previstos en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Cuando el amparo sea contra sentencias, las formalidades se simplificarán aún más y por un medio de comunicación escrita que deberá anexarse al expediente de la causa donde se emitió el fallo, inmediatamente a su recepción, se notificará al juez o encargado del Tribunal, así como a las partes en su domicilio procesal, de la oportunidad en que habrá de realizarse la audiencia oral, en la que ellos manifestarán sus razones y argumentos respecto a la acción…

La falta de comparecencia del Juez que dicte el fallo impugnado o de quien esté a cargo del Tribunal, no significará aceptación de los hechos, y el órgano que conoce del amparo, examinará la decisión impugnada…’ (Subrayado de esta Alzada).

En este mismo orden de ideas, quedó claramente establecido del criterio jurisprudencial transcrito, que en los casos como el presente, en que se interponga la acción de amparo contra una sentencia o decisión judicial, la incomparecencia del Juez del Tribunal que emitió el fallo objetado, no producirá los efectos señalados en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ni mucho menos implica aceptación de los hechos, y el órgano jurisdiccional que conozca el amparo debe examinar la decisión impugnada.

Por todas las anteriores consideraciones, observa esta Corte de Apelaciones que la parte accionante ha acudido a la vía excepcional del amparo constitucional para tratar de restituir lo que a su criterio constituye una vulneración de derechos y garantías constitucionales, teniendo las vías ordinarias correspondientes consagradas en el Código Orgánico Procesal Penal, circunstancia ésta que hace manifiestamente inadmisible la acción incoada, de conformidad con el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. En fuerza de todo lo esgrimido, estima este Tribunal Constitucional, que conforme a lo previsto en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en consonancia con los Criterios Jurisprudenciales emanados de la Sala Constitucional de nuestro Tribunal Supremo de Justicia, debe declararse INADMISIBLE la presente acción de Amparo Constitucional. Y ASÍ SE DECIDE.

 

IV

DE LA APELACIÓN

El abogado Ángel Eduardo Cedeño Bolívar, en su carácter de defensor privado de los ciudadanos Libia Margarita Ramírez Uzcátegui, Wilfredo José Ramírez Brito y Yerry Arnaldo Rojas López fundamentó tempestivamente la apelación interpuesta en los términos que siguen:

Que ratifica los alegatos expuestos en el escrito de amparo y que discrepa de la decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, con sede en Los Teques, por cuanto sus representados “[…] poseen una expectativa legítima que su acción será declarada con lugar, a razón de que está soportada en decisiones judiciales proferidas por este Alto Tribunal […]” y en tal sentido cita sentencia de la Sala referida al artículo 21 constitucional, que consagra el derecho a la igualdad.

Que ratifica el contenido de la sentencia N° 1044/2006 dictada por esta Sala “[…] opuesta a los eventos (sic)  de que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del de Apelaciones que conoció en primera instancia la observara […]”, lo cual no hizo.

Que aun cuando la Corte de Apelaciones en referencia declaró inadmisible el amparo propuesto por cuanto la parte accionante disponía del recurso de nulidad, la Sala Constitucional mediante decisión N° 1228/2005 estableció que la nulidad no estaba concebida como un medio recursivo ordinario.

Que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, con sede en Los Teques, erró cuando fundamentó su decisión en dos extractos de sentencias dictadas por la Sala Constitucional, toda vez que los mismos no se aplican al caso examinado, pues una se refiere a la inadmisibilidad del amparo por haberse ejercido previamente el recurso de apelación y la otra, según alega el apelante, “[…] es importante destacar que la decisión emitida en la audiencia oral prevista conforme al artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, comporta… una decisión de mero trámite y por lo tanto puede ser atacada por acciones de nulidad […]”.

Que si bien en su debida oportunidad, la defensa en el proceso penal intentó acciones de nulidad y así lo reconoce la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, con sede en Los Teques, en su decisión, los pronunciamientos cuestionados en amparo “[…] son inimpugnables por mandato legal, aparte de que es un auto fundado y no de mero trámite que puede ser anulado, revocado o transformado por el tribunal que lo dictó […]”.

Que la Corte de Apelaciones en referencia consideró también que contra los pronunciamientos dictados en la audiencia preliminar y que fueron impugnados en amparo fue ejercido recurso de apelación, lo que si bien es cierto, tales pronunciamientos son inimpugnables y así lo reconoció al resolver la apelación, de allí que, al no existir dicho recurso en la ley procesal penal, no puede considerarse tal aspecto para declarar la inadmisibilidad del amparo propuesto.

Que durante la tramitación del amparo no obtuvo respuesta alguna “[…] a la solicitud de tutela Constitucional que fuere incoada de manera acumulativa contra la decisión que fuere proferida al término de la Audiencia de Presentación u que en cuatro (04) oportunidades diligencié solicitando un pronunciamiento sobre su admisión, tal como se desprende de las siguientes actuaciones: a) Diligencia de fecha 20/05/2008, folio 172 (rectius: 272) de la primera pieza; b) Diligencia de fecha 26/05/2008, folios 33 y 34 de la segunda pieza; c) Diligencia de fecha 30/05/2008, folios 61 de la segunda pieza; y d) Diligencia de fecha 03/06/2008, folio 76 de la segunda pieza”.

Que “en su debida oportunidad procesal se interpuso recurso de apelación contra la decisión in comento (sic), verificándose hasta el presente, la inexistencia del debido proceso establecido en el Libro IV; Título III DE LA APELACIÓN; Capítulo I, De la Apelación de Autos; recursos que fueron interpuestos contra las medidas de coerción personal impuestas a mis(sus) defendidos en la audiencia de presentación mediante cuatro escritos […]; los cuales, según alega el apelante, no han sido tramitados; razón por la que tal agravio fue acumulado a la tutela constitucional invocada.

Por último, solicitó que se declare con lugar el amparo constitucional propuesto y que esta Sala “[…] se sirva librar los mandamientos de amparo  necesarios para restituir la situación jurídica infringida”.

 

 

V

DE LA COMPETENCIA

 

Debe esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente apelación y, a tal efecto, observa:

Visto que, con fundamento en los artículos 266.1, 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales en relación con la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, letra b), de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala ha declarado su competencia para el conocimiento de las apelaciones respecto de las sentencias que, en materia de amparo constitucional, dicten los Juzgados Superiores de la República así como las Cortes de Apelaciones en lo Penal, salvo de las que pronuncien los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo. Y por cuanto, en el caso sub exámine, la apelación fue incoada contra la sentencia dictada, en materia de amparo constitucional, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, con sede en Los Teques, esta Sala se declara competente para resolver el recurso en referencia. Así se decide.

 

 

 

 

VI

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Preliminarmente, debe la Sala pronunciarse sobre la tempestividad o no de la apelación interpuesta, ello en virtud del criterio vinculante establecido por esta Sala en su decisión No. 3027/ 2005, recaída en el caso: César Armando Caldera Oropeza.

Al respecto, se observa que del cómputo efectuado por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, con sede en Los Teques, el recurso de apelación ejercido por el abogado Ángel Eduardo Cedeño Bolívar, quien actúa con el carácter de defensor de los accionantes fue interpuesto tempestivamente. Asimismo, la Sala hace constar que el prenombrado abogado, el 10 de julio de 2008 formuló los alegatos que consideró pertinentes respecto a su disconformidad con la sentencia que declaró inadmisible en primera instancia la acción de amparo interpuesta; y siendo que el expediente fue recibido el 27 de junio de 2008; la Sala emitirá su fallo en consideración a dichos alegatos, dado que dicho escrito fue presentado dentro de los treinta (30) días establecidos en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales para interponer la apelación, lapso que, conforme al precedente judicial establecido por esta Sala en la sentencia N° 442/2001, recaída en el caso: Estación Los Pinos, es preclusivo para que las partes formulen los alegatos que consideren pertinentes.

Precisado lo anterior, esta Sala observa que la acción de amparo constitucional fue interpuesta ante la presunta violación de los derechos constitucionales a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, por parte del Juzgado Primero en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, como consecuencia de la decisión contenida en el acta de la audiencia preliminar del 4 de diciembre de 2007, por el Juzgado Primero en Funciones de Control del referido Circuito Judicial Penal y del auto de apertura a juicio dictado en la misma fecha, en el proceso seguido a los prenombrados ciudadanos, por la presunta comisión de “tráfico atenuado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de ocultamiento”; pues el accionante le atribuye vicios, entre ellos la falta de motivación, que afectan dichas actuaciones de nulidad absoluta, según lo establecido en el artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal.

Asimismo en el capítulo denominado por el accionante “ACUMULACIÓN DE ACCIONES” impugnó también lo decidido en la audiencia de presentación de imputados, toda vez que afirma que fueron detenidos sin orden judicial alguna, lo cual habría vulnerado el derecho a la libertad personal de sus representados.  

Por su parte, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, con sede en Los Teques, declaró inadmisible la acción de amparo constitucional propuesta, de conformidad con lo previsto en el artículo 6 numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, luego de considerar que contra la decisión accionada en amparo “[…] el recurso de nulidad es concebido como un recurso ordinario que puede fundarse no sólo en cuestiones formales sino también en la violación de derechos y garantías constitucionales, ante el Tribunal que dictó la decisión presuntamente viciada, y en el caso de que la parte resulte perjudicada por la dilación en la decisión, es que podría interponerse una acción de amparo constitucional. Del estudio de las presentes actuaciones, no se evidencia que la parte actora hubiese ejercido el recurso de nulidad contra la decisión dictada en la audiencia preliminar…”.

Agregó asimismo dicha Corte de Apelaciones que “[…] No obstante lo anterior, se desprende de los autos, que si bien es cierto que la defensa solicitó la nulidad de las actuaciones previas a la audiencia preliminar, no es menos cierto que contra el pronunciamiento emitido en dicha Audiencia Preliminar no se intentó recurso de nulidad alguno, siendo ésta una de las vías ordinarias existentes para obtener la suspensión de los efectos de la sentencia causante del presunto agravio […]”.

Ahora bien, la Sala para decidir el presente recurso de apelación observa:

En primer lugar, el abogado Ángel Eduardo Cedeño Bolívar, al apelar de la sentencia dictada el 6 de junio de 2008, alegó que cuando la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, con sede en Los Teques, declaró inadmisible la acción de amparo vulneró el derecho a la igualdad de las partes, pues, la Sala Constitucional en su decisión N° 1044/2005, al resolver un caso análogo, resolvió declarar con lugar el amparo.

En tal sentido, esta Sala en dicho fallo dispuso, entre otras cosas lo que sigue:

En tal virtud, visto entonces que es un deber incuestionable el que el juez motive de forma clara los argumentos de hecho y de derecho en que basa su dispositivo, de manera que permita a las partes conocer los argumentos en que se fundamentó, lo que no puede ser obviado en ningún caso; y visto también que en el presente caso no se estaba cuestionando la declaratoria sin lugar de las excepciones opuestas (caso en el cual el amparo sería inadmisible conforme a la reiterada jurisprudencia de esta Sala en concordancia con el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), sino por el contrario, la inmotivación respecto a esas excepciones y a la solicitud de nulidad formulada por la defensa; esta Sala estima que la acción de amparo constitucional interpuesta contra la decisión del Juzgado Noveno de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara sí resulta procedente pues se vulneró flagrantemente las garantías procesales a la tutela judicial efectiva y al debido proceso de los imputados.

En consecuencia, se revoca la decisión dictada el 31 de octubre de 2005 por la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Lara, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos Gustavo Adolfo Anzola Lozada, Miguel Adolfo Anzola Crespo y José Antonio Anzola Crespo, asistidos por las abogadas Celina Hernández Castillo y Rose Marie España Viladams, contra la decisión contenida en el acta de audiencia preliminar del 16 de febrero de 2005 (publicada en el auto de apertura a juicio del 25 de ese mes y año) dictados por el Juzgado Noveno de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, y se declara con lugar la tutela constitucional invocada contra la precitada decisión. Así se declara. (Subrayado añadido)

 

            Como puede observarse del fallo parcialmente transcrito, si bien esta Sala declaró con lugar el amparo considerando que lo cuestionado fue la inmotivación de la declaratoria sin lugar de las excepciones y de la decisión que decretó sin lugar la nulidad que fue solicitada en la audiencia preliminar, tal declaratoria obedeció a un supuesto distinto al caso de autos, pues mediante la acción de amparo constitucional que ocupa a la Sala, la parte accionante, pretende –y en ello debe insistirse- enervar los efectos del acta de la audiencia preliminar en su totalidad, así como el auto de apertura a juicio, por cuanto vulneran presuntamente los derechos constitucionales a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, infracciones de orden constitucional impugnables a través de la nulidad absoluta según lo dispone expresamente el artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, de allí que no existe la vulneración al derecho a la igualdad alegada.

            En segundo lugar, el apelante alegó que aun cuando la Corte de Apelaciones en referencia declaró inadmisible el amparo propuesto, por cuanto la parte accionante disponía del recurso de nulidad, la Sala Constitucional mediante decisión N° 1228/2005 estableció que la nulidad no estaba concebida como un medio recursivo ordinario.

Al efecto, considerando que la referida Corte de Apelaciones al conocer en primera instancia del amparo constitucional, declaró inadmisible el amparo, de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por estimar que la parte presuntamente afectada en el proceso penal puede interponer, como mecanismo de defensa inmediato, la nulidad absoluta de los actos procesales, regulada en los artículos 190 al 196 del Código Orgánico Procesal Penal, esta Sala estima pertinente acotar que, en su fallo N° 1228/2005, indicado por el apelante, al referirse a las nulidades en materia penal, efectuó las siguientes precisiones:

“ […] La teoría de las nulidades constituye uno de los temas de mayor importancia para el mundo procesal, debido a que mediante ella se establece lo relevante en la constitución, desarrollo y formalidad de los actos procesales, ésta última la más trascendente puesto que a través de ella puede garantizarse la efectividad del acto. Así, si se da un acto con vicios en aspectos sustanciales relativos al trámite –única manera de concebir el fundamento del acto- esto es, los correspondientes a la formación de la actividad, entonces nace forzosamente la nulidad.

La importancia para el proceso es que las reglas básicas sobre el cumplimiento de los actos y los actos mismos estén adecuadamente realizados, ya que el principio rector de todos los principios que debe gobernar a la justicia es el efectivo cumplimiento del debido proceso, es decir, que la idea de un juicio justo es tan importante como la propia justicia, razón por la cual las reglas, principios y razones del proceso, a la par de las formas, deben estar lo suficientemente claras y establecidas para que no quede la duda respecto de que se ha materializado un juicio con vicios en la actividad del proceso.

En síntesis, los defectos esenciales o trascendentes de un acto procesal que afectan su eficacia y validez, el cumplimiento de los presupuestos procesales o el error en la conformación que afecta algún interés fundamental de las partes o de la regularidad del juicio en el cumplimiento de normas de cardinal observancia, comportan la nulidad.

En nuestro sistema procesal penal, como en cualquier otro sistema procesal, la nulidad es considerada como una verdadera sanción procesal –la cual puede ser declarada de oficio o a instancia de parte por el juez de la causa- dirigida a privar de efectos jurídicos a todo acto procesal que se celebra en violación del ordenamiento jurídico-procesal penal. Dicha sanción comporta la eliminación de los efectos legales del acto írrito, regresando el proceso a la etapa anterior en la que nació dicho acto.

De allí, que la nulidad, aunque pueda ser solicitada por las partes y para éstas constituya un medio de impugnación, no está concebida por el legislador dentro del Código Orgánico Procesal Penal como un medio recursivo ordinario, toda vez que va dirigida fundamentalmente a sanear los actos procesales cumplidos en contravención con la ley, durante las distintas fases del proceso –artículos 190 al 196 del Código Orgánico Procesal Penal- y, por ello, es que el propio juez que se encuentre conociendo de la causa, debe declararla de oficio.

Mientras que, los recursos tienen por objeto el que se revise una determinada decisión por un órgano superior al que la dictó. Revisar, de por sí, presupone una función que debe realizar un órgano de mayor gradación de aquel que dictó la decisión.  Al ser una sentencia, interlocutoria o definitiva, un acto que produce los más importantes efectos jurídicos, debe ser controlada o revisada a través de un mecanismo de control real sobre el fallo –la actividad recursiva-.

La actividad recursiva en el contexto del nuevo proceso penal es limitada, ya que no todas las decisiones pueden ser sometidas al control de la doble instancia y, si bien, el recurso de apelación y el de casación pertenecen a dicha actividad; no obstante, es innegable que estos dos medios de impugnación generan actos procesales que tienen incidencia importante en el proceso, ya que por efecto de su ejercicio podría declararse la nulidad del juicio o de la decisión defectuosa y ello comporta que se realice de nuevo la actividad anulada (Subrayado añadido).

 

De lo antes transcrito se evidencia que si bien la Sala estableció que las nulidades no están concebidas como un medio recursivo como lo es la apelación, si constituyen un medio de impugnación para aquellas actuaciones procesales acaecidas con infracción de derechos y garantías constitucionales.

Cabe destacar además que a través de la nulidad es posible alegar la “inobservancia o violación de derechos y garantías fundamentales previstos en este Código, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes y los tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos por la República”, alegato que, de acuerdo con el artículo 191 eiusdem, puede formularse en cualquier estado y grado de la causa.

            Asimismo, esta Sala se ha pronunciado respecto a la idoneidad de este medio procesal penal ante el ejercicio del amparo constitucional, al señalar que “la nulidad viene a constituir, igualmente, un recurso ordinario preexistente del cual podía disponer (...) la aludida parte actora. Se trata de un medio que, además de preexistente, es indiscutiblemente idóneo para la actuación procesal, a favor de los intereses jurídicos cuya protección se pretende en esta causa; más eficaz, incluso, en términos temporales y de menor complejidad procesal que el mismo amparo, habida cuenta que la nulidad es decidida conforme a las sencillas reglas de los artículos 212 y 194 del Código Orgánico Procesal Penal” (Sentencia n° 349/2002, caso: Miguel Ángel Pérez Hernández y otros, Sentencia n° 1702/2003, caso: Miguel Ángel Fernández Rapozzo, criterio ratificado recientemente en la Sentencia N° 602/2008, recaída en el caso: Leonardo José Rivero Puerta y Kevis Escalona González).

Por lo tanto, tal como lo hizo el a quo constitucional, -al haberse ejercido acción de amparo contra el acta de la audiencia preliminar así como contra el auto de apertura a juicio por cuanto se alega que infringen derechos constitucionales- y siendo que contra dichas actuaciones procesales la parte actora disponía de la nulidad absoluta para enervar sus efectos; debe aplicarse en este caso la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que establece lo siguiente:

 “No se admitirá la acción de amparo:

 

(...)

 

5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado”.

 

Según la citada causal de inadmisibilidad de la acción de amparo, esta Sala ha interpretado reiteradamente que la admisibilidad de dicha acción está sujeta a que el interesado no disponga de otras vías judiciales preexistentes, o bien que, ante su existencia, éstas no permitan la reparación apropiada de la lesión constitucional denunciada; en consecuencia, el amparo resulta inadmisible cuando el presunto agraviado se haya abstenido de acudir a la vía ordinaria prevista en el ordenamiento jurídico –en este caso, como se dijo disponía de la solicitud de nulidad absoluta contra el acta que contiene lo decidido en la audiencia preliminar, y contra el auto de apertura a juicio, de conformidad con lo dispuesto en lo artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, según el cual puede denunciarse la pretendida infracción constitucional  alegada por el accionante mediante este amparo, medio de impugnación que además puede ejercerse en cualquier estado y grado del proceso-, a través del cual podía obtener la tutela judicial efectiva de sus derechos constitucionales por cuanto todo juez de la República es tutor de la constitucionalidad, por lo tanto, si bien el precedente judicial debe aplicarse en casos análogos, en el caso bajo examen, las circunstancias fácticas no guardan la debida correspondencia con los casos ya resueltos por esta Sala y que el apelante pretende hacer valer como precedente judicial.

Aunado a ello, el amparo constitucional incoado es igualmente inadmisible de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, toda vez que respecto a impugnabilidad de los pronunciamientos dictados al término de la audiencia preliminar, esta Sala en su sentencia N° 1303/2005, caso: Andrés Eloy Dielingen Lozada, estableció con carácter vinculante, lo que sigue:

“[…] Al finalizar la audiencia preliminar, el Juez, al admitir la acusación y una vez que haya analizado la legalidad, licitud, pertinencia y necesidad de las pruebas ofrecidas para el juicio oral, puede declarar admisibles todos los medios probatorios ofrecidos por el Ministerio Público; o bien puede declarar admisibles algunos medios de prueba ofrecidos por la representación fiscal, pero otros no. En estas dos hipótesis, el Juez de Control dictará el auto de apertura a juicio.

Ante tales hipótesis, esta Sala advierte que el acusado no puede interponer recurso de apelación contra el auto de apertura a juicio, al no ocasionar dicha admisibilidad un gravamen irreparable para aquél, ya que tendrá la oportunidad de rebatir dichas pruebas en una oportunidad procesal ulterior, a saber, la fase de juicio.

En otras palabras, el hecho de que el acusado no pueda apelar de la declaratoria de admisibilidad de la acusación o de uno o varios medios de prueba ofrecidos por la representación fiscal, no significa que aquél se vea impedido de ejercer los derechos que considere vulnerados con la decisión contentiva de dicho pronunciamiento, pues en el juicio oral y público, las partes tienen la posibilidad de alegar lo que consideren pertinente para la defensa de sus derechos, y el juez de juicio se encuentra obligado a pronunciarse en relación al mérito del asunto, y en el supuesto en que el Tribunal de Juicio correspondiente tome en cuenta unas pruebas en una sentencia que lo desfavorezca, el acusado podría intentar recurso de apelación conforme a lo dispuesto en el artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, que prevé:

“Artículo 452. Motivos. El recurso sólo podrá fundarse en:

(...)

2. Falta, contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia, o cuando ésta se funde en prueba obtenida ilegalmente o incorporada con violación a los principios del juicio oral” (subrayado de la Sala)

Así, de la lectura de la última frase del artículo 331 del Código Orgánico Procesal Penal, la cual reza “Este auto será inapelable”, puede evidenciarse que el legislador no consagró el recurso de apelación contra la decisión por la cual el juez admite la acusación fiscal, por lo que las demás providencias que dicte el Juez en el auto que contiene la admisión de la acusación, forma parte de la materia propia de la apertura a juicio y en consecuencia no pueden ser impugnadas por la vía de la apelación, dado que se trata de una sola decisión que fue excluida expresamente del ejercicio de este recurso.

 Sobre el carácter de inapelable de esta decisión, GÓMEZ COLOMER, refiriéndose al proceso penal alemán, señala que “Este auto [de apertura del procedimiento principal] es un presupuesto procesal, porque su importancia reside en que forma los fundamentos del procedimiento ulterior, no siendo, generalmente, impugnable. [§ 210, ap. (1) StPO]” (GÓMEZ COLOMER, Juan-Luis.  El proceso penal alemán. Introducción y normas básicas.  Editorial Bosch.  Barcelona, 1985, p. 160) (Negrillas de la Sala)

 

En este mismo sentido, ROXIN indica que “En principio, el auto de apertura no puede ser recurrido por el acusado (...), ni por la fiscalía –excepción:§ 210, II, 2° caso- (§210).” (ROXIN. Ob. cit., p. 352)

 

Respecto a los textos antes citados, debe señalarse que en el proceso penal alemán, la única excepción que establece la Ordenanza Procesal Penal alemana (Strafprozeßordnung, o StPO), a la prohibición de impugnar el auto de apertura del procedimiento principal, es la facultad que tiene el Fiscal de apelar de dicho auto en un solo caso (cuando en el mismo se hubiera pronunciado, diferentemente a la solicitud de la Fiscalía, la remisión a un Tribunal del orden inferior), pero bajo ningún supuesto el acusado puede impugnar el señalado auto de apertura. En el caso venezolano, esta excepción no aplica, toda vez que la misma no existe en el Código Orgánico Procesal Penal, a diferencia de la StPO, la cual sí la prevé expresamente.

Como corolario de lo antes señalado, esta Sala considera que la naturaleza del auto de apertura a juicio, es la de ser una decisión interlocutoria que simplemente delimita la materia sobre la cual se centrará el debate, y que ordena el pase al juicio oral, por lo que mal puede tal decisión judicial ocasionar un gravamen irreparable al acusado.  El fundamento de esta afirmación estriba en que a través de dicho acto, se da apertura a la fase más garantista del proceso penal, a saber, la fase de juicio, en la cual, tal como se señaló supra, aquél podrá rebatir los medios de prueba admitidos al final de la audiencia preliminar y reflejados en el mencionado auto.

 

     Se entiende entonces que el anterior planteamiento constituye la ratio legis del artículo 331 del Código Orgánico Procesal Penal, al establecer expresamente la prohibición de apelar del auto de apertura a juicio, por lo que aceptar lo contrario, atentaría tanto contra el espíritu de esta norma, así como también contra el principio de impugnabilidad objetiva recogido en el artículo 432 eiusdem, el cual es un principio general que informa a todo el sistema de los recursos en el proceso penal venezolano, y cuyo contenido se traduce en que las decisiones judiciales serán recurribles únicamente por los medios y en los supuestos expresamente establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal.

 

Lo anterior debe concatenarse con lo dispuesto en el literal “c” del artículo 437 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece como causal de inadmisibilidad de los recursos, que la decisión recurrida sea inimpugnable o irrecurrible por disposición expresa de la mencionada ley adjetiva penal.

 

 Dicho lo anterior, esta Sala advierte que el único caso en que el acusado puede recurrir de las decisiones que se dicten al final de la audiencia preliminar, y que se encuentren referidas a los medios de prueba, son aquéllas que declaren la inadmisibilidad de los medios que aquél haya ofrecido dentro del plazo que fija el artículo 328 del Código Orgánico Procesal Penal -siempre y cuando sean lícitos, necesarios y pertinentes-, ya que tal inadmisibilidad podría constituir una violación del derecho a la defensa consagrado en el artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al no permitirle llevar al juicio elementos que coadyuvarían, por una parte, a los fines de desvirtuar la imputación fiscal, y por la otra -y como consecuencia de la anterior-, a reafirmar su inocencia.

A mayor abundamiento, el acusado podrá ejercer el recurso de apelación de conformidad con el artículo 447.5 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que el gravamen que ocasionaría la declaratoria de inadmisibilidad de todos o de algunos de los medios de prueba por él ofrecidos, siempre y cuando sean lícitos, pertinentes, necesarios, no extemporáneos y relevantes para el proceso en litigio, vendría dado por la afectación de su derecho a la defensa. En tal sentido, si el Juez no admite ningún medio de prueba ofrecido por la defensa, se le estaría impidiendo absolutamente al acusado llevar a juicio los medios de prueba con los cuales rebatirá las imputaciones formuladas por el Fiscal del Ministerio Público, y con los cuales, por ende, se reafirmará su inocencia; mientras que en la segunda hipótesis, aun y cuando se admitan algunos de los medios de prueba por él ofrecidos, también podría causársele un gravamen irreparable, ya que se le estaría obstaculizando la incorporación al proceso de medios probatorios que podrían revestir gran importancia para favorecer su defensa. 

En pocas palabras, la negativa del Juez de admitir unos medios de prueba lícitos, necesarios y pertinentes ofrecidos por el acusado, tendrá relevancia constitucional -por lesionar el derecho a la defensa- cuando de tal inadmisibilidad se derive indefensión o alteración del resultado del proceso, situación en la cual, el acusado podrá interponer el recurso de apelación antes señalado, claro está, siempre y cuando la declaratoria de inadmisibilidad por parte del Juez no se encuentre ajustada a derecho, debiendo ser acreditada la infracción constitucional ante el Juez de Alzada, el cual verificará si la misma se ha producido o no.

El fundamento de lo anterior radica en que los recursos ordinarios establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, permiten que las Cortes de Apelaciones, puedan restituir o reparar situaciones jurídicas en las cuales hayan existido violaciones, o amenaza de violación de derechos fundamentales, por cuanto, como lo ha sostenido en varias oportunidades esta Sala, conforme a lo previsto en la Carta Magna, todos los jueces son tutores del cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que hace a la jurisdicción ordinaria igualmente garante de derechos constitucionales y permite la obtención de la protección que el amparo –mecanismo extraordinario- ofrece. 

Entonces, partiendo de que el auto de apertura a juicio es inapelable, debe afirmarse que el acusado no podrá impugnar ninguno de los pronunciamientos que establece el numeral 2 del artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal, y por ende, tampoco los que declaren la admisión de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público; pudiendo apelar de las demás decisiones que el señalado artículo 330 le permite dictar al Juez de Control al finalizar la audiencia preliminar, claro está, siempre que constituyan decisiones susceptibles de ser encuadradas en el catálogo que establece el artículo 447 eiusdem.

Los anteriores planteamientos son susceptibles de ser aplicados, mutatis mutandi, con relación al Ministerio Público y a la víctima querellante, según sea el caso, quienes tampoco podrán apelar del auto de apertura a juicio ni de la declaratoria de admisibilidad de pruebas ofrecidas por la otra parte; pero sí pueden apelar de cualquier otro pronunciamiento que el Juez de Control emita con base en el artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal, siempre que tal pronunciamiento pueda ser considerado como alguna de las decisiones descritas en el artículo 447 de la ley adjetiva penal. Así se declara.

[Omissis]

De lo anterior se deriva que es en la fase de juicio donde se emite un fallo condenatorio (salvo que se trate de un procedimiento por admisión de los hechos, pero es el caso en que la sentencia que se dicta en este procedimiento especial también es condenatoria), ya que es la etapa del proceso donde se perfecciona el juzgamiento, y es en esta oportunidad procesal donde la persona declarada culpable puede materializar el derecho consagrado en la mencionada norma constitucional, a través del ejercicio del recurso de apelación respectivo. Así se declara.

En consecuencia, esta Sala modifica su criterio, y así se establece con carácter vinculante, respecto a la posibilidad de interponer recurso de apelación contra la primera parte del auto de apertura a juicio -admisibilidad de la acusación-, y contra la admisión de los medios de prueba que se indiquen en dicho auto, ajustándolo a la ratio legis del artículo 331 del Código Orgánico Procesal Penal, que apunta a no admitir el recurso de apelación contra el auto de apertura a juicio, ya que se trata de una decisión que no causa gravamen irreparable al acusado, y cuya inimpugnabilidad no implica una vulneración de la garantía del debido proceso, ni mucho menos del derecho a la defensa consagrada en el artículo 49.1 Constitucional, ni con el derecho a la tutela judicial efectiva establecido en el artículo 26 constitucional. Así se establece” (Subrayado añadido).

De lo transcrito supra se observa que en el proceso penal, el acusado o su defensor tienen la posibilidad de impugnar lo resuelto en la audiencia preliminar -exceptuando los pronunciamientos dictados conforme al numeral 2 del artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal-, es decir, podrán impugnar los demás pronunciamientos dictados al término de la audiencia preliminar, siempre y cuando puedan enmarcarse en el catálogo de las decisiones señaladas en el artículo 447 eiusdem, disposición adjetiva que prevé cuales son las decisiones recurribles. 

En tercer lugar, observa la Sala que el apelante alegó que la Corte de Apelaciones en referencia en su decisión consideró erradamente que contra los pronunciamientos dictados en la audiencia preliminar y el auto de apertura a juicio y que fueron impugnados en amparo fue ejercido recurso de apelación, lo cual si bien es cierto, debe advertirse que tanto el acta de la audiencia preliminar y el auto de apertura a juicio son inimpugnables y así lo reconoció la misma Corte al resolver la apelación, de allí que mal pudo considerarse tal aspecto para declarar la inadmisibilidad del amparo propuesto.

En tal sentido, esta Sala se permite referir el siguiente criterio jurisprudencial, contenido en la sentencia N° 1132/2005, caso: Marco Javier Hurtado y otros:

“[…] En atención a lo que ha sido expuesto, estima la Sala pertinente la ratificación del criterio que estableció este Máximo Tribunal mediante sentencia n° 746 del 8 de abril de 2002 (caso: ‘Luis Vallenilla Meneses’):

‘3.1. Del análisis de contenido del antiguo artículo 334 del Código Orgánico Procesal Penal, se concluye que en la misma actuación procesal están previstos dos autos o providencias judiciales con contenido y efectos jurídicos manifiestamente distintos. En efecto:

3.1.1. Hay una primera providencia que describe el encabezamiento de la preindicada disposición legal, la cual contiene materia de fondo que, de ninguna manera, puede ser calificada como de mero trámite o mera sustanciación, razón por la cual debe estar sometida, necesariamente, al enunciado general de la garantía constitucional de la apelabilidad de las decisiones jurisdiccionales, con base en lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Constitución, así como en instrumentos normativos de Derecho Internacional suscritos y ratificados por la República, como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José (artículo 8.2.h.). La conclusión de que el dispositivo que se comenta forma parte de un pronunciamiento jurisdiccional inapelable, significaría la existencia de una disposición legal que impone un evidente y grave menoscabo del derecho constitucional a la defensa;

 

3.1.2. El auto descrito en el segundo párrafo de la precitada disposición legal está referido a previsiones meramente de procedimiento, que no causan ningún tipo de gravamen o perjuicio a las partes; es, en consecuencia, un auto de mero trámite o de mera sustanciación. Y es, por tanto, éste el auto al cual el legislador atribuyó la cualidad de inapelabilidad (sic), por cuanto se trata de un auto de mero trámite que, por tanto, no es susceptible de afectar ni lesionar los derechos e intereses de las partes. Por la misma razón, se concluye que, respecto de dicho auto, tampoco es admisible la acción de amparo constitucional. Así se declara’.

De la doctrina que antes fue transcrita se deriva que, contra la orden que da apertura a juicio, resulta improcedente el ejercicio del amparo, al igual que el recurso de apelación, por cuanto es a partir de ese momento cuando se entra en la fase más garantista del proceso penal, como lo es el juicio oral y público ante el tribunal de juicio, en donde las partes tienen igualdad de oportunidades para la exposición y prueba de sus defensas. De tal forma que no existe violación al derecho a la defensa cuando, precisamente en ese instante, se le otorgan al accionante todas las garantías para su defensa.

En relación con las demás providencias que conforman el auto de apertura a juicio y que, de acuerdo con lo que señaló la sentencia que fue citada ut supra, sí son apelables, esta Sala debe señalar que debió proponerse apelación contra la admisión de las pruebas que fueron presentadas tanto por la representación del Ministerio Público como por los acusadores privados en el recurso de apelación que fue interpuesto el 17 de diciembre de 2003 en contra de la decisión objeto del amparo, de conformidad con lo que preceptúa el artículo 448 del Código Orgánico Procesal Penal, como medio ordinario a disposición de los presuntos agraviados para hacer valer sus derechos. Así se declara” (Subrayado añadido).

De conformidad con el precedente jurisprudencial antes transcrito, la Sala observa que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, con sede en Los Teques, erró al considerar que el amparo propuesto era también inadmisible por cuanto la parte accionante ejerció el recurso de apelación contra el acta de la audiencia preliminar, así como el auto de apertura a juicio, toda vez que lo impugnable son algunos de los pronunciamientos contenidos en la audiencia preliminar.

En cuarto lugar, el apelante alegó que durante la tramitación del amparo no obtuvo respuesta alguna “[…] a la solicitud de tutela Constitucional que fuere incoada de manera acumulativa contra la decisión que fuere proferida al término de la Audiencia de Presentación u que en cuatro (04) oportunidades diligencié solicitando un pronunciamiento sobre su admisión, tal como se desprende de las siguientes actuaciones: a) Diligencia de fecha 20/05/2008, folio 172 (rectius: 272) de la primera pieza; b) Diligencia de fecha 26/05/2008, folios 33 y 34 de la segunda pieza; c) Diligencia de fecha 30/05/2008, folios 61 de la segunda pieza; y d) Diligencia de fecha 03/06/2008, folio 76 de la segunda pieza”.

Ciertamente tal como lo alega el apelante en amparo, de las actas del expediente se evidencia que durante la tramitación del presente amparo fueron efectuados los pedimentos relacionados con lo decidido en la audiencia de presentación de imputados, específicamente en cuando a las medidas de coerción personal decretadas en contra de sus defendidos, respecto de los cuales la Sala refiere que aún cuando la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Estado Miranda, con sede en Los Teques, efectivamente nada hubiese proveído al respecto, de las actas del expediente se observa que en la causa penal que dio lugar al amparo, una vez que los presuntos agraviados fueron privados de su libertad, hicieron uso de los medios ordinarios de impugnación para enervar los efectos de las mismas, tales como la nulidad y la apelación, al punto de que en la oportunidad en que apelaron de éstas medidas -ratificadas una vez que fue admitida en forma total la acusación formulada por el Ministerio Público-, la Corte de Apelaciones en referencia, en decisión de fecha 10 de febrero de 2008, declaró sin lugar la apelación por cuanto consideró que conforme al artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, la revisión de dichas medidas puede ser solicitada las veces que el imputado o su defensor lo consideren pertinente; por lo tanto, este pedimento también resulta inadmisible en amparo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Por último, el apelante alegó que “en su debida oportunidad procesal se interpuso recurso de apelación contra la decisión […]” que en fecha 27 de agosto de 2007, decretó medida privativa de libertad contra sus representados, “[…] verificándose hasta el presente, la inexistencia del debido proceso establecido en el Libro IV; Título III DE LA APELACIÓN; Capítulo I, De la Apelación de Autos; recursos que fueron interpuestos contra las medidas de coerción personal impuestas a mis(sus) defendidos en la audiencia de presentación mediante cuatro escritos […]; los cuales, no han sido tramitados; razón por la que tal agravio fue acumulado a la acción de amparo constitucional interpuesta.

Al respecto, la Sala observa que en relación con la pretendida omisión imputada el Juzgado Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, Extensión Barlovento, de las actas del expediente el 4 de septiembre de 2007, dicho juzgado, visto el recurso de apelación interpuesto por la defensa de los imputados, emplazó al Ministerio Público para su contestación, de conformidad con el artículo 449 del Código Orgánico Procesal Penal  y el 11 del mismo mes y año, y el Fiscal Décimo Noveno del Ministerio Público de la Circunscripción del Estado Miranda, con sede en Guarenas, consignó, mediante oficio N° 15F19 1403 2007, escrito de contestación de la apelación, en cumplimiento de lo dispuesto por el citado artículo, lo cual evidencia su tramitación.

Por último, en la decisión apelada, visto que el accionante solicitó en la oportunidad de la celebración de la audiencia oral constitucional, que fuese declarada con lugar la acción de amparo constitucional en virtud de la inasistencia del presunto agraviante a la mencionada audiencia; la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, con sede en Los Teques, consideró que tratándose de amparos contra decisiones judiciales, la insistencia del presunto agraviante a la audiencia constitucional no se presume como aceptación de los hechos denunciados, afirmación esta que de conformidad con su sentencia N° 7/2000, caso: José Amando Mejías Betancourt, la Sala considera ajustada a derecho.

En virtud de las anteriores consideraciones, esta Sala Constitucional declara sin lugar la apelación interpuesta y confirma, en los términos que anteceden, la sentencia dictada el 6 de junio de 2008, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, con sede en Los Teques, mediante la cual declaró inadmisible la acción de amparo constitucional incoada por el defensor privado de los ciudadanos Libia Margarita Ramírez Uzcátegui, Wilfredo José Ramírez Brito y Yerry Arnaldo Rojas López,  hoy accionantes. Así se declara.

            En virtud de la declaratoria anterior y visto el carácter accesorio e instrumental de la medida cautelar solicitada por la parte apelante el 25 de junio de 2008, la Sala juzga innecesario hacer pronunciamiento al respecto. Así también se decide.

No obstante la anterior declaratoria de inadmisibilidad de la acción de amparo constitucional, no se puede dejar de advertir que se ha constatado que la parte actora durante la tramitación del presente amparo en primera instancia, efectuó pedimentos relacionados con lo que denominó “ solicitud de tutela Constitucional que fuere incoada de manera acumulativa contra la decisión que fuere proferida al término de la Audiencia de Presentación” y la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, con sede en Los Teques, no se pronunció al respecto, alcanzando pronunciamiento sólo ante esta Sala, por lo cual se llama la atención a los integrantes de dicha Corte para que en futuras oportunidades y durante la tramitación de los amparos que sean sometidos a su conocimiento, se pronuncien sobre todos los pedimentos y solicitudes que efectúen las partes, pues circunstancias como las descritas desdicen de su buen desempeño en el ejercicio de sus funciones e inciden en una correcta administración de justicia.

 

         VII

         DECISIÓN

 

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR la apelación ejercida por ejercida por el abogado Ángel Eduardo Cedeño Bolívar, defensor privado de los ciudadanos Libia Margarita Ramírez Uzcátegui, Wilfredo José Ramírez Brito y Yerry Arnaldo Rojas López -accionantes-, y CONFIRMA, en los términos expuestos, la decisión dictada el 6 de junio de 2008 por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, con sede en Los Teques, que declaró INADMISIBLE la acción de amparo constitucional incoada por el defensor privado de los prenombrados ciudadanos.

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 13 días del mes de  agosto  de dos mil ocho (2008). Años 198º de la Independencia y 149º de la Federación.

La Presidenta,

 

 

Luisa EstelLa Morales Lamuño

                                                                        El Vicepresidente,        

 

 

Francisco A. Carrasquero López

Los Magistrados,

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

 

MarcoS Tulio Dugarte Padrón

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

                                                                      Ponente

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

El Secretario,

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

Exp.- 08-0772

CZdeM/

 

El Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz manifiesta su conformidad con la decisión que contiene este fallo; no obstante, por razón de discrepancias, de los motivos de la sentencia que serán expuestas a continuación, expide el presente voto concurrente, de conformidad con el artículo 62 del Reglamento Interno del Tribunal Supremo de Justicia, en los siguientes términos:

1.                 De acuerdo con el veredicto que antecede, la pretensión de amparo era inadmisible de conformidad con el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, pues el quejoso disponía de medios judiciales preexistentes, como la solicitud  de nulidad y la apelación contra autos -en los términos de acuerdo con los cuales dicho recurso es admisible, conforme a la doctrina dominante en la Sala- para la restitución de la situación jurídico constitucional que, según alegó, había sido infringida en su perjuicio.

1.1.           Es criterio de quien suscribe que, en la presente causa, el amparo era, ciertamente, inadmisible, por razón del medio procesal que preceptúan los artículos 191 y 195 del Código Orgánico Procesal Penal, pues los agravios a derechos y garantías fundamentales, que sirven de fundamento a la pretensión de amparo, también son motivo de la sanción que, incluso, de oficio, es aplicable a través de un medio judicial preexistente, como es la nulidad, tal como lo dispone el citado artículo 191 de nuestra ley procesal penal fundamental.

1.2.           Ahora bien, este Magistrado concurrente ratifica su adhesión a la doctrina que, a través de su sentencia n.° 746, de 08 de abril de 2002, estableció esta Sala respecto de la apelabilidad los pronunciamientos de fondo que contenga el auto mediante el cual el Juez de Control, con ocasión de la Audiencia Preliminar, se pronuncie sobre la admisibilidad de la acusación, así como sobre los demás particulares sustanciales que enumera el artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal. Por consiguiente, manifiesta su discrepancia del punto de motivación que se examina, con base en las mismas razones que  expuso a  través del voto salvado que consignó respecto de la sentencia n.° 634de esta Sala,  de 21 de abril de 2008, así:

Quien suscribe, Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz, manifiesta su disentimiento con el fallo que antecede, razón por la cual, de conformidad con el artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, salva su voto en los siguientes términos:

1.                 La mayoría ratificó la doctrina que la Sala estableció en su sentencia n.o 1303, de 26 de junio de 2005, respecto de la cual quien suscribe expidió voto salvado, cuyos motivos reproducirá y ratificará a continuación, como fundamento de la presente discrepancia, por razón de la referida identidad conceptual que existe entre dicha decisión y la presente:

El Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz manifiesta su disentimiento con la mayoría de Magistrados que suscribió la antecedente decisión; por consecuencia, salva su voto con base en las siguientes razones:

El ciudadano Andrés Eloy Dielingen Lozada intentó amparo constitucional contra el fallo que pronunció la Sala n° 9 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas el 25 de junio de 2004, mediante el cual declaró inadmisible el recurso de apelación que interpuso “en contra de los pronunciamientos Tercero y Cuarto emitidos por el Juzgado Cuadragésimo Noveno de Primera Instancia en lo Penal del mismo Circuito Judicial Penal, en la oportunidad de la audiencia preliminar celebrada entre las fechas 29 y 30 de abril de 2004”.

De autos se desprende que la apelación que se incoó contra la decisión que dictó, el 30 de abril de 2004, el Juzgado Cuadragésimo Noveno de Primera Instancia en funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas, se propuso contra la admisión de las pruebas que presentó la representación del Ministerio Público -actas que se levantaron con motivo de la investigación- y contra la negativa del tribunal al otorgamiento en su favor, de una medida cautelar sustitutiva de la privativa de libertad.

Por su parte, la Sala declaró sin lugar la pretensión de amparo interpuesta en los siguientes términos:

“el único caso en que el acusado puede recurrir de las decisiones que se dicten al final de la audiencia preliminar, y que se encuentren referidas a los medios de prueba, son aquéllas que declaren la inadmisibilidad de los medios que aquél haya ofrecido dentro del plazo que fija el artículo 328 del Código Orgánico Procesal Penal –siempre y cuando sean lícitos, necesarios y pertinentes-, ya que tal inadmisibilidad podría constituir una violación del derecho a la defensa consagrado en el artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al no permitirle llevar al juicio elementos que coadyuvarían, por una parte, a los fines de desvirtuar la imputación fiscal, y por la otra- y como consecuencia de la anterior-, a reafirmar su inocencia.

(…)

Entonces, partiendo de que el auto de apertura a juicio es inapelable, debe afirmarse que el acusado no podrá impugnar ninguno de los pronunciamientos que establece el numeral 2 del artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal, y por ende, tampoco los que declaren la admisión de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público; pudiendo apelar de las demás decisiones que el señalado artículo 330 le permite le permite dictar al Juez de Control al finalizar la audiencia preliminar, claro está siempre que constituyan decisiones susceptibles de ser encuadradas en el catálogo que establece el artículo 447 eiusdem.

(…)

En consecuencia, esta Sala modifica su criterio, y así se establece con carácter vinculante, respecto a la posibilidad de interponer recurso de apelación contra la primera parte del auto de apertura a juicio –admisibilidad de la acusación-, y contra la admisión de los medios de prueba que se indiquen en dicho auto, ajustándolo a la ratio legis del artículo 331 del Código Orgánico Procesal Penal, que apunta a no admitir el recurso de apelación contra el auto de apertura a juicio, ya que se trata de una decisión que no causa gravamen irreparable al acusado, y cuya inimpugnabilidad no implica una vulneración de la garantía del debido proceso, ni mucho menos del derecho a la defensa consagrada en el artículo 49.1 Constitucional, ni con el derecho a la tutela judicial efectiva establecido en el artículo 26 constitucional”.

Respecto de la precedente argumentación este magistrado disiente porque, efectivamente, la admisión de la acusación y los demás pronunciamientos sustanciales que contenga el auto de apertura a juicio, entre ellos la admisión de las pruebas, son materia de fondo que, de ninguna manera, pueden calificarse como de mero trámite razón por la cual deben estar sometidos, necesariamente, al enunciado general de la garantía constitucional de la apelabilidad de las decisiones jurisdiccionales, con base en el artículo 49.1 de la Constitución, así como en instrumentos normativos de Derecho Internacional que han sido suscritos y ratificados por la República, como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José (artículo 8.2.h.). La conclusión de que las decisiones de fondo, que aparezcan en el auto de apertura a juicio, forman parte de un acto jurisdiccional inapelable, significaría la existencia de una disposición legal que impone un evidente y grave menoscabo al derecho constitucional a la defensa.

Las providencias inapelables que contenga el auto de apertura a juicio serían, en todo caso, la orden de abrir el juicio oral y público y el emplazamiento de las partes para que, en el plazo común de cinco días, concurran ante el juez de juicio y la instrucción al secretario para que se remita tribunal competente la documentación de las actuaciones, ya que son previsiones de mero procedimiento que no causan ningún tipo de gravamen o perjuicio a las partes; ello porque se trata de un auto de mero trámite o de mera sustanciación, no susceptible de afectar ni lesionar los derechos e intereses de los interesados.

Por otro lado, la admisión de las pruebas es el acto procesal  por el cual el juez  accede a que un medio de prueba  determinado sea considerado como elemento de convicción en ese proceso y ordena agregarlo o practicarlo, según el caso. Si en ese caso la probanza que sea presentada o que haya sido practicada carece de valor legal, y no puede ser tenida en cuenta para la decisión de la causa o incidente a que se refiera, la consecuencia directa de ello es la lesión a los derechos e intereses de la parte perjudicada con tal proceder.

En ese sentido, si el derecho común ha aceptado la apelación contra la admisión o negativa de alguna prueba que sea promovida en el proceso (ex artículo 402 del Código de Procedimiento Civil), con más razón el Código Orgánico Procesal Penal, como conjunto normativo más garantista, debería aceptarse la interposición de dicho recurso, por cuanto, ya sea admisivo o negativo el auto, siempre una de las partes sufrirá un gravamen que justifica la apelación.

Por último, el Magistrado que suscribe debe apuntar que esta Sala, contradictoriamente con lo que dispone en el fallo del que se difiere, en los mismos supuestos ha aceptado la apelación contra los pronunciamientos de fondo que aparezcan en el auto de apertura a juicio, actitud que, en criterio del salvante, atenta contra la seguridad jurídica, en tanto en cuanto conspira contra el cometido de uniformación en las interpretaciones, que tiene atribuido esta sentenciadora (vide, entre otras, ss. nos 560 del 6 de abril de 2004, 349 del 26 de febrero de 2002, 100 del 6 de febrero de 2003,  904 del 20 de mayo, 1.132 del 3 de junio y 1.151 del 9 de junio de 2005).

1.                En el presente fallo, se observa, particularmente, la afirmación que el mismo contiene, en el sentido de que la admisión de las pruebas, no obstante la eventual ilegalidad de las mismas no produce gravamen irreparable; de allí el fundamento de la inapelabilidad contra tal pronunciamiento. Tal criterio no se corresponde con la realidad.

1.1           En primer lugar, si, como consecuencia de una declaración de ilegalidad de las pruebas, debiera declararse la inadmisión de la acusación, el pronunciamiento contrario –vale decir, la admisión de dicho acto conclusivo-, sí generará gravamen irreparable: tales son los costos procesales que –en términos de tiempo, esfuerzo personal, dinero, prolongación de la vigencia de medidas cautelares de coerción personal-  conllevaría la realización de una fase de Juicio Oral que no habría debido ser abierta. Éste es, sin duda, un gravamen irreversible, esto es, irreparable.

1.2           Pero, por otra parte y de conformidad con la doctrina dominante en la Sala, no se corresponde con la verdad procesal el aserto de que la parte afectada podría apelar contra la sentencia que se haya fundamentado en pruebas que, según el recurrente, eran ilícitas; ergo, a declaración, por el Juez de Control, de legalidad de las pruebas que sean ofrecidas con ocasión de la Audiencia Preliminar, es una decisión firme, según la interpretación literal del artículo 331 del Código Orgánico Procesal Penal y la doctrina dominante en la Sala, de acuerdo con las cuales, entonces, tal pronunciamiento no sería revisable por la Corte de Apelaciones. De allí que, en este orden de ideas, el motivo de apelación al que se refiere el artículo 452 eiusdem: “cuando ésta se funde en prueba obtenida ilegalmente”, no podría estar referido a las que, por razón de su licitud, fueron admitidas mediante auto firme del Juez de Control, sino a aquéllas que sean incorporadas con posterioridad a la Audiencia Preliminar.

1.3           Adicionalmente, no es jurídicamente admisible lo que se afirma en el veredicto objeto de la presente disidencia, en el sentido de que la parte pueda apelar contra la sentencia definitiva de primera instancia, con base en el alegato de que la misma se hubiera fundamentado en la valoración de unas pruebas ilícitas. En efecto, si el Juez de Control declaró la ilicitud de las pruebas que fueron ofrecidas y tal pronunciamiento no es, según opinión de la mayoría de la Sala, revisable mediante apelación, mucho menos podría reconocérsele al Juez de Juicio una potestad de desestimación de unas pruebas cuya licitud fue declarada por el de Control, mediante pronunciamiento que no es susceptible de censura ni siquiera por el superior jurisdiccional inmediato. De allí que no resulta incongruente con la doctrina de inapelabilidad contra el pronunciamiento –firme, según el criterio dominante en la Sala- de licitud y consiguiente admisión de pruebas, por parte del Tribunal de Control, con la afirmación, que contiene el presente acto jurisdiccional, de que se puede apelar contra el acto decisorio que se expida con ocasión del Juicio Oral, sobre la base del alegato, por el recurrente, de que la misma estimó pruebas que eran ilícitas.

2.                De manera reiterada, esta Sala ha sostenido la admisibilidad del amparo contra la declaración de improcedencia de la solicitud de nulidad de una decisión judicial. De allí que no fue pertinente la muy subjetiva afirmación de que la intención del accionante es la de que “asimilar la acción de amparo a un recurso ordinario para la revisión de una decisión que les (sic) ha sido desfavorable”; particularmente, si la pretensión de nulidad está afincada en el artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, se trata, entonces, de materia que no escapa al control constitucional.

3.                Quien suscribe concluye, congruente con sus precedentes consideraciones, que, sobre la base de la apelabilidad contra los pronunciamientos de fondo que contenga el auto de apertura a Juicio Oral –como se admitió en doctrina anterior de esta Sala, hoy lamentablemente abandonada-, la pretensión de tutela debió ser declarada inadmisible, de acuerdo con el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; ello, justamente, por razón de la preexistencia de dicho medio judicial.

 

Queda en estos términos expresado el criterio del Magistrado concurrente.

Fecha retro.

La Presidenta,

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

El Vice…/

…presidente,

 

Francisco Antonio Carrasquero López

 

Los Magistrados,

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Disidente                    

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

El Secretario,

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

PRRH.sn.ar

Exp. 08-0772

Con el máximo respeto a la posición mayoritaria de los compañeros de Sala, quien suscribe, Magistrado Doctor FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ, salva su voto por disentir del criterio sostenido en el fallo que antecede, con base en las siguientes consideraciones:

 

En la decisión de la cual se disiente se declaró SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por el abogado ÁNGEL EDUARDO CEDEÑO BOLÍVAR, defensor privado de los ciudadanos LIBIA MARGARITA RAMÍREZ UZCÁTEGUI, WILFREDO JOSÉ RAMÍREZ BRITO y YERRY ARNALDO ROJAS LÓPEZ, contra la sentencia dictada, el 6 de junio de 2008, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, que declaró inadmisible la acción de amparo intentada por aquéllos, contra las decisiones contenidas en el acta de audiencia preliminar del 4 de diciembre de 2007, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Función de Control de ese Circuito Judicial Penal, y contra el auto de apertura a juicio dictado en esa misma oportunidad por el referido órgano jurisdiccional; y se CONFIRMÓ la decisión recurrida.

 

Para fundamentar tal resultado decisorio, la mayoría sentenciadora afirmó, entre otras cosas, lo siguiente:

 

“… se evidencia que si bien la Sala estableció que las nulidades no están concebidas como un medio recursivo –apelación- sí constituyen un medio de impugnación para aquellas actuaciones procesales acaecidas con infracción de derechos y garantías constitucionales.

Cabe destacar además que a través de la nulidad es posible alegar la ‘inobservancia o violación de derechos y garantías fundamentales previstos en este Código, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes y los tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos por la República’, alegato que, de acuerdo con el artículo 191 eiusdem, puede formularse en cualquier grado y estado de la causa.

(…)

Por lo tanto, tal como lo hizo el a quo constitucional, -al haberse ejercido acción de amparo contra el acta de la audiencia preliminar así como contra el auto de apertura a juicio por cuanto se alega que infringen derechos constitucionales- y siendo que contra dichas actuaciones procesales la parte actora disponía de la nulidad absoluta para enervar sus efectos; debe aplicarse en este caso la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales…

(…)

Según la citada causal de inadmisibilidad de la acción de amparo, esta Sala ha interpretado reiteradamente que la inadmisibilidad de dicha acción está sujeta a que el interesado no disponga de otras vías judiciales preexistentes, o bien que, ante su existencia, éstas no permitan la reparación apropiada de la lesión constitucional denunciada; en consecuencia, el amparo resulta inadmisible cuando el presunto agraviado se haya abstenido  de acudir a la vía ordinaria prevista en el ordenamiento jurídico –en este caso, como se dijo disponía de la solicitud de nulidad absoluta contra el acta que contiene lo decidido en la audiencia preliminar, y contra el auto de apertura a juicio, de conformidad con lo dispuesto en lo (sic) artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, según el cual puede denunciarse la pretendida infracción constitucional alegada por el accionante mediante este amparo, medio de impugnación que además puede ejercerse en cualquier estado y grado del proceso-, a través del cual podía obtener la tutela judicial efectiva de sus derechos constitucionales por cuanto todo juez de la República es tutor de la constitucionalidad, por lo tanto, si bien el precedente judicial debe aplicarse en casos análogos, en el caso bajo examen, las circunstancias fácticas no guardan la debida correspondencia con los casos ya resueltos por esta Sala y que el apelante pretende hacer valer como precedente judicial”.

 

Al respecto, este magistrado disidente estima pertinente destacar, que la solicitud incidental de nulidad de un acto procesal, no puede ser concebida como un mecanismo impugnativo autónomo de decisiones judiciales. En tal sentido, esta Sala ha señalado que la nulidad es considerada como una verdadera sanción procesal -la cual puede ser declarada de oficio o a instancia de parte por el juez de la causa- dirigida a privar de efectos jurídicos a todo acto procesal dictado en contravención del ordenamiento jurídico-procesal penal, siendo que dicha sanción comporta la eliminación de los efectos legales del acto írrito, regresando el proceso a la etapa anterior en la que nació dicho acto. Así, la nulidad, aunque pueda ser solicitada por las partes y para éstas constituya un medio de impugnación, no está concebida por el legislador dentro del Código Orgánico Procesal Penal como un medio recursivo ordinario, toda vez que va dirigida fundamentalmente a sanear los actos procesales cumplidos en contravención con la ley, durante las distintas fases del proceso –artículos 190 al 196 del Código Orgánico Procesal Penal- y, por ello, es que el propio juez que se encuentre conociendo de la causa, debe declararla de oficio (sentencia n° 1.228/2005, del 16 de junio).

 

A mayor abundamiento, el sistema de recursos establecido en el Libro Cuarto del Código Orgánico Procesal Penal, sólo contempla cuatro modalidades de medios impugnativos para enervar decisiones judiciales, a saber, el recurso de revocación (Título II); el recurso de apelación, que puede ser de autos (Capítulo I, Título III), o de sentencias (Capítulo II, Título III); el recurso de casación (Título IV); y el recurso de revisión (Título V), siendo que dicho sistema no contempla a la mentada solicitud de nulidad incidental como un recurso independiente.

 

Aceptar lo contrario, constituiría, en primer lugar, una vulneración del principio de legalidad procesal, ya que se le estaría concediendo el carácter de recurso a una institución procesal que no ostenta tal cualidad -solicitud incidental de nulidad-, es decir, sería la creación de un recurso que la ley procesal penal no establece, lo cual no resulta plausible a la luz del artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual consagra la primacía del Estado de Derecho, así como tampoco sería aceptable a la luz de la garantía del debido proceso consagrada en el artículo 49 eiusdem y del artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal; y en segundo lugar, también sería una distorsión del sistema de nulidades establecido en la legislación procesal penal patria, toda vez que de la interpretación sistemática de los artículos 190, 191, 195 y 196 del Código Orgánico Procesal Penal, se desprende que la solicitud incidental de nulidad ha sido concebida para enervar los efectos de actos procesales distintos a las decisiones judiciales, como sería, por ejemplo, un allanamiento practicado sin autorización judicial, supuesto en el que sí resultaría aceptable que la parte solicite la nulidad del acto procesal sin necesidad de acudir al ejercicio de alguno de los recursos previstos en el Libro Cuarto del Código Orgánico Procesal Penal, ya que, en este último caso, el acto impugnado -allanamiento- no constituye una decisión judicial, sino una diligencia de investigación practicada por un órgano policial.

 

Sobre este particular, en la sentencia sentencia n° 1.228/2005, del 16 de junio, antes mencionada, esta Sala sostuvo lo siguiente:

 

“Mientras que, los recursos tienen por objeto el que se revise una determinada decisión por un órgano superior al que la dictó. Revisar, de por sí, presupone una función que debe realizar un órgano de mayor gradación de aquel que dictó la decisión. Al ser una sentencia, interlocutoria o definitiva, un acto que produce los más importantes efectos jurídicos, debe ser controlada o revisada a través de un mecanismo de control real sobre el fallo –la actividad recursiva-

La actividad recursiva en el contexto del nuevo proceso penal es limitada, ya que no todas las decisiones pueden ser sometidas al control de la doble instancia y, si bien, el recurso de apelación y el de casación pertenecen a dicha actividad; no obstante, es innegable que estos dos medios de impugnación generan actos procesales que tienen incidencia importante en el proceso, ya que por efecto de su ejercicio podría declararse la nulidad del juicio o de la decisión defectuosa y ello comporta que se realice de nuevo la actividad anulada.

De lo apuntado precedentemente, observa la Sala que, en el caso de autos, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara actuó fuera de su competencia funcional, ya que dio curso a una pretensión –el mal llamado recurso de nulidad interpuesto por el Ministerio Público- y a un trámite procesal inexistente. Ciertamente, la referida Corte de Apelaciones, sin ser el juzgado de la causa, entró a resolver la nulidad solicitada con base en el procedimiento establecido en el texto adjetivo penal respecto del recurso de apelación, el cual no fue nunca interpuesto.

Tal proceder de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial penal del Estado Lara violó la garantía del debido proceso” (Resaltado del presente voto).

 

Ahora bien, la vía para obtener la declaratoria de nulidad de una decisión judicial, es catapultar dicha sanción procesal a través de alguno de los recursos anteriormente reseñados. Así, un claro ejemplo de lo anterior se encuentra en el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal (recurso de apelación de sentencias definitivas), según el cual, si el recurso es declarado con lugar por la Corte de Apelaciones con base en alguna de las causales previstas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 452 eiusdem, el efecto procesal será la declaratoria de nulidad de la sentencia recurrida, y la reposición de la causa al estado en que se celebre un nuevo juicio oral.

 

            Con base en los anteriores planteamientos, considera quien suscribe que la solicitud incidental de nulidad no constituía, en el caso de autos, un mecanismo idóneo para impugnar los pronunciamientos emitidos por el Juez de Control en la oportunidad de la audiencia preliminar celebrada en el proceso penal originario, entre las que se encontraban la admisión de la acusación y el auto de apertura a juicio, y por tanto, al ser estos dos pronunciamientos inimpugnables de conformidad con el artículo 331 del Código Orgánico Procesal Penal y con el criterio asentado por esta Sala en sentencia n° 1.303/2005, del 20 de junio, no operó la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, siendo entonces admisible, en este aspecto, la demanda de amparo incoada, y por ende, el resultado decisorio de esta Sala debió apuntar a la declaratoria con lugar del recurso de apelación ejercido por el accionante.

 

Queda así expresado el criterio del Magistrado disidente.

           

Fecha ut supra.

 

La Presidenta,

 

 

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

                      El Vicepresidente,

 

 

 

      FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ      

                                                         Disidente

 

Los Magistrados,

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ 

 

 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

 

El Secretario,

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

FACL/

Exp. n° 08-0772

 

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