Venley

Sentencia N.º 1347

Sentencia
N.º 1347
Fecha
13/08/2008
Sala
Constitucional
Expediente
04-0141
Ponente
Carmen Zuleta De Merchan
Procedimiento
Recurso de Nulidad

SALA CONSTITUCIONAL

MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

 

El 21 de enero de 2004, el ciudadano Germán José Mundaraín Hernández, en su condición de Defensor del Pueblo, conjuntamente con abogados adscritos al Despacho a su cargo, interpuso recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad contra los artículos 15, 16, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69 y 70 del CÓDIGO DE POLICIA DEL ESTADO NUEVA ESPARTA, publicado en la Gaceta Oficial de esa Entidad Federal el 20 de marzo de 1986, número extraordinario.

El 5 de febrero de 2004, el Juzgado de Sustanciación admitió el recurso de nulidad interpuesto. Por cuanto también se solicitó la declaratoria de mero derecho, se ordenó decidir lo conducente una vez que constase en autos haberse efectuado las notificaciones respectivas. Asimismo, se ordenó abrir cuaderno separado para decidir la medida cautelar.

Efectuadas las notificaciones, el 17 de febrero de 2004 se dio cuenta en Sala del recibo del expediente remitido por el Juzgado de Sustanciación, y se designó ponente para resolver la petición de mero derecho.

El 13 de julio de 2004, mediante decisión N° 1325, esta Sala acordó la medida cautelar solicitada. En consecuencia, ordenó la no aplicación de disposiciones normativas contenidas en el Código de Policía del Estado Nueva Esparta que prevén arrestos u otras formas de privación de libertad.

El 14 de diciembre de 2005, visto que la parte accionante solicitó que la causa se tramitara como un asunto de mero derecho; y visto que con ocasión a la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia mediante fallo Nº 1645/2004 se suprimió la apertura oficiosa del lapso probatorio en los recursos de nulidad, la Sala, según decisión Nº 4708, remitió el expediente al Juzgado de Sustanciación para la continuación del trámite sin lapso probatorio.

El 1 de febrero de 2006, el Juzgado de Sustanciación dio cuenta del recibo del expediente remitido por esta Sala.

El 4 de abril de 2006, la parte accionante solicitó la tramitación de la causa con arreglo a lo dispuesto en la decisión Nº 1645/2004.

 El 20 y el 26 de abril de 2006, fueron consignados a los autos las notificaciones de la sentencia Nº 4708/2005, libradas al Defensor del Pueblo, al Presidente del Consejo Legislativo del Estado Nueva Esparta y al Procurador General de esa Entidad Federal.

El 27 de abril de 2006, el Juzgado de Sustanciación libró cartel de emplazamiento a los interesados en la demanda de anulación incoada por el Defensor del Pueblo contra una serie de artículos del Código de Policía del Estado Nueva Esparta.

El 22 de junio de 2006, el Juzgado de Sustanciación ordenó que se efectuara el cómputo por Secretaría de los días transcurridos desde el 27 de abril de 2006, oportunidad en la que se libró el cartel. Visto esto, el Secretario de la Sala dejó constancia que entre el 27 de abril y el 15 de junio de 2006 transcurrieron 21 días de despacho.

En esa misma oportunidad y como quiera que transcurrió el lapso de    15 días hábiles establecido en la sentencia Nº 1795/2005 para que la parte actora retirara y publicara el cartel de emplazamiento a los interesados, sin que la Defensoría del Pueblo haya cumplido con la aludida carga procesal, el Juzgado de Sustanciación declaró desistido el recurso y ordenó el archivo del expediente.

El 4 de julio y el 21 de noviembre de 2006, la parte accionante solicitó que la causa se tramitara con arreglo a lo dispuesto en la decisión Nº 1645 del 19 de agosto de 2004. En esta última oportunidad, también solicitó celeridad procesal en la presente causa.

El 23 de noviembre de 2006, la parte accionante solicitó dejar sin efecto el petitorio contenido en la diligencia del 21 de noviembre de 2006.

El 29 de noviembre de 2006, la parte accionante solicitó: “…se sirva expedir la Gaceta Oficial del Estado Nueva Esparta, número extraordinario,   del 20 de marzo de 1986…”

El 29 de mayo de 2008 visto que: a) El 22 de junio de 2006 se declaró desistido el recurso de nulidad y se ordenó el archivo del expediente;               b) En el aludido recurso se impugnan normas contenidas en el Código de Policía del Estado Nueva Esparta; c) Se alegó la infracción de normas constitucionales con especial trascendencia para el orden público como lo es el derecho fundamental a la libertad personal; y d) Lo dispuesto en el fallo          Nº 1372/2003 y el párrafo décimo octavo del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el Juzgado de Sustanciación remitió las actas procesales a esta Sala a los fines consiguientes.

El  5 de junio de 2008, se dio cuenta en Sala del recibo del expediente y se designó ponente a la Magistrada  Dra. Carmen Zuleta de Merchán, quien con tal carácter suscribe la presente.

Efectuada la lectura individual del expediente, esta Sala observa:

ÚNICO

 

Como puede apreciarse de la lectura de la parte dispositiva de la decisión Nº 4708 de 14 de diciembre de 2005, esta Sala Constitucional ordenó al Juzgado de Sustanciación continuar con los trámites correspondientes a la presente causa. En ese sentido, el Juzgado de Sustanciación expidió las notificaciones al Defensor del Pueblo, al Presidente del Consejo Legislativo del Estado Nueva Esparta y al Procurador General del Estado y, una vez que constó en autos haberse efectuado las notificaciones ordenadas, el 27 de abril de 2006 libró el cartel de emplazamiento a los interesados en el recurso de nulidad; sin embargo, vencido el lapso de 15 días que la sentencia Nº 1795/2005 pautó para que la parte actora retirara y publicara el cartel sin que la Defensoría del Pueblo cumpliera con esta carga procesal, el Juzgado de Sustanciación declaró desistido el recurso y ordenó el archivo del expediente.

Ahora bien, ciertamente, tal como lo apuntó el mismo Juzgado de Sustanciación de esta Sala Constitucional, esta vez en auto del 29 de mayo de 2008, en la presente causa se impugnan preceptos del Código de Policía del Estado Nueva Esparta que, entre otras cosas, le atribuyen a autoridades administrativas la potestad de efectuar detenciones a ciudadanos en perjuicio, en criterio de la parte actora, de la reserva legal y judicial.

Efectivamente, normas como las aquí impugnadas han sido objeto de reiterados fallos de esta Sala en los que se ha calificado el tema debatido como un asunto de una especial naturaleza de orden público, en virtud de estar involucrado el derecho constitucional a la libertad personal, base de la existencia misma del Estado de Derecho, junto con otros derechos fundamentales. Así, con ocasión al conocimiento de un recurso de nulidad incoado contra un texto normativo similar al Código de Policía del Estado Nueva Esparta, se sostuvo en el fallo Nº 1372/2003, lo siguiente:

 

Tal como se ha reseñado, la última actuación en este procedimiento consistió en la orden dada el 15 de octubre de 2001 de certificar copia del escrito presentado en esta causa por el Ministerio Público. A partir de esa fecha no ha existido acto procesal alguno, ni se expidió el cartel de emplazamiento ni se abrió el período para la promoción de pruebas ni, por supuesto, se dio inicio a la relación de la causa. 

Es evidente, entonces, que se está en presencia del supuesto previsto en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, según el cual “la instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un año”.

Ahora bien, el artículo 87 de esa misma Ley permite al Máximo Tribunal continuar conociendo de una causa en la que se ha producido la perención, si el acto impugnado viola normas de orden público.

Destaca esta Sala, al efecto, que si bien todas las disposiciones constitucionales deben ser respetadas, en su carácter de normas supremas, tienen una especial naturaleza de orden público todas aquellas que se refieren a ciertos derechos fundamentales, como el de la libertad personal, pues en ellos descansa la existencia misma del Estado de Derecho.

En el presente caso, se ha denunciado que el Código Policial del Estado Yaracuy viola la reserva legal, afectando gravemente la libertad personal. No vacila esta Sala al afirmar -sin que implique prejuzgamiento- que es tal derecho constitucional uno de los más necesitados de protección, lo que la obliga a continuar conociendo de esta causa -así hubiere sido abandonada por los accionantes-, a fin de mantener la vigencia del Texto Fundamental en tan preciado valor.

Sin que esta Sala pretenda desmerecer el resto de los derechos, es indudable que desde los orígenes mismos del Estado moderno, la garantía a la libertad personal se ha considerado de imprescindible mantenimiento, al punto que fue el derecho a la libertad personal una de las primeras manifestaciones de derechos particulares que se conoció en la evolución histórica de los derechos humanos. De hecho, existe un recurso especial, con denominación propia, que sirve para protegerlo: el hábeas corpus. Basta recordar que durante la vigencia de la Constitución de 1961, si bien erradamente se entendió que no podía existir la acción de amparo mientras no se hubiera dictado la ley que la regulase, no se negó la procedencia del hábeas corpus, recurso de tanta importancia que el propio Constituyente le dedicó una norma especial, en la que reguló ciertos aspectos procesales.

Por lo expuesto, esta Sala considera que la protección de la libertad personal es un asunto de orden público y ello hace que a una causa en la que se impugnen normas legales que supuestamente vulneren tal derecho, deba aplicársele la disposición excepcional contenida en el artículo 87 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en el que se lee:

 

“El desistimiento de la apelación o la perención de la instancia dejan firme la sentencia apelada o el acto recurrido, salvo que éstos violen normas de orden público y por disposición de la Ley, corresponda a la Corte el control de la legalidad de la decisión o acto impugnado”.

 

De ese modo, el orden público es un elemento condicionante de la tramitación del juicio más allá del desistimiento que pueda manifestar la parte actora, pues el supuesto contrario no guarda consonancia con el deber de esta Sala de velar por la integridad del Texto Fundamental que se traduce en la tutela de los intereses supremos de la colectividad. Por ello, al igual que el otrora artículo 87 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, el párrafo décimo octavo del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia dispone; lo siguiente:

El desistimiento de la apelación o la perención de la instancia deja firme la sentencia apelada o el acto recurrido, salvo que esto violente normas de orden público y por disposición de la ley; corresponde al Tribunal Supremo de Justicia el control de la legalidad de la decisión o acto impugnado. (Destacado de la Sala).

 

Siendo ello así, al margen de que la parte actora haya incumplido su carga procesal de retirar y publicar el cartel de emplazamiento a los interesados en el juicio, lo que ocasionó que el Juzgado de Sustanciación declarara desistido el recurso con base en el artículo 19 Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y la sentencia Nº 1795/2005; la Sala Constitucional debe continuar con el trámite del recurso de nulidad interpuesto contra el Código de Policía del Estado Nueva Esparta, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo décimo octavo del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y en la sentencia Nº 1372/2003. Por tanto, esta Sala deja sin efecto la orden de archivar el expediente contenida en el auto dictado por el Juzgado de Sustanciación el 22 de junio de 2006, y ordena la continuación del trámite procesal desde la etapa en que se encontraba cuando se ordenó indebidamente el archivo del expediente. Así se decide.

Corolario de la declaratoria anterior se mantiene la medida cautelar de no aplicación de los artículos 16, 22, 23, 24, 29, 31, 32, 34, 37, 54 número 5, 55, 56, 57, 58, 59, 60 Parágrafo Único, 62 Parágrafo Segundo, 65, 66, 67 y 69; la no aplicación total de de los artículos 45 a 53; y de igual manera se ratifica la advertencia de que los artículos 15, 33, 36 sólo podrán ser entendidos de manera que no se conviertan en instrumento para ordenar o practicar medidas de privación de libertad, todo lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el fallo Nº 1325/2004, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Nueva Esparta,         Nº Extraordinario E-325 del 9 de agosto de 2004.

Se ordena la remisión del expediente al juez de Sustanciación para la continuación del trámite de la causa, y visto que es necesario emplazar a los interesados mediante cartel, se deja expresa constancia que el referido cartel de emplazamiento será publicado a expensas del Tribunal Supremo de Justicia. Así se declara.

 

 

 

DECISIÓN

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley decide:

PRIMERO: Deja sin efecto el archivo del expediente contentivo de las actuaciones relacionadas con la presente causa, ordenado mediante auto del 22 de junio de 2006 del Juzgado de Sustanciación.

SEGUNDO: Ratifica la medida cautelar acordada, de conformidad con la decisión Nº 1325, de fecha 13 de julio de 2004.

TERCERO: Ordena la continuación del trámite del recurso de nulidad incoado contra los artículos 15, 16, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69 y 70 del CÓDIGO DE POLICIA DEL ESTADO NUEVA ESPARTA, publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad federal el 20 de marzo de 1986, desde la etapa en que se encontraba cuando se ordenó indebidamente el archivo del expediente.

CUARTO: Ordena al Juzgado de Sustanciación para que el cartel de emplazamiento a los interesados en el presente recurso de nulidad sea publicado a expensas del Tribunal Supremo de Justicia.

 

           

Publíquese y regístrese. Remítase al Juzgado de Sustanciación.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 13  días del mes de agosto  de dos mil ocho (2008). Años 198º de la Independencia y 149º de la Federación.

La Presidenta,

 

 

Luisa EstelLa Morales Lamuño

                                                                        El Vicepresidente,        

 

 

Francisco A. Carrasquero López

Los Magistrados,

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

 

MarcoS Tulio Dugarte Padrón

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

                                                                      Ponente

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

El Secretario,

 

 

José Leonardo Requena Cabello

Exp.- 04-0141

CZdeM/

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