Venley

Sentencia N.º 1350

Sentencia
N.º 1350
Fecha
29/11/2012
Sala
Casación Social
Expediente
12-1340
Ponente
Carmen Elvigia Porras de Roa
Procedimiento
Regulación de Competencia

Ponencia de la Magistrada Dra. CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

En el juicio por indemnización de renta vitalicia que sigue el ciudadano ROBINSON JOSÉ CASTILLO COLINA, representado judicialmente por la abogada Lizay Semeco, contra el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.), representado judicialmente por los abogados Ana Josefa Velásquez Rivas, María Andreina Mejía Romero, Karel Martínez Montaña, Francisco José Paredes Ramírez, Lennis Alexandra Lugo Quintana, María Yelitza Montilla, Wuendi Ibañez, Heidi Martínez Alfaro, Tatiana Conopoima, Pedro Penso, María Teresa González, Haybori Gisela Borjas Merchán, Maribel Rengel, Karen Hidalgo, Nubia Graciela Rodríguez, Ingrid Araque, Mariana Díaz, Otto Antonio Torres Hernández, Mailteh Parra, Elizabeth Hernández López, Dominga Barbarita Cabeza, Mary Carillo, Angélica María Díaz Pérez, María Edita Betancourt, Martha Carmona, Ana Oliver, Maribel Viloria, Henry Pérez González, Alexis José Rodríguez Contreras, Jaime José Martínez Salazar, Eder Silvestre Fernández, Vladimir José Briseño Vizcaino, Ana Raquel Contreras Hernández, Zoila Irama Fajardo, Pedro Alexander Jaspe, Luisa de Los Ángeles Osorio Linares, Amada Del Valle González Cedeño, Zurelys Rojas Brito, Roger Antonio Rivas, Gloria López, Carmen Guadalupe Faneite, Javier Guillermo Primera Guanipa, May Ling Giménez de Anzalone, María Auxiliadora Manzo Barreota, María Elda Elisa Molina, José Tito López Jaime, Carmen Elena Castillo, Orlando Alberto Quintero Ramírez, Mariella Alfonzo Marcano, Luis José Bellorín Silva, Betzi Mendoza Labrador, Amparo Josefina Testa Villegas, Gonzalo Jaime Roa, Juan Bautista Gualdron Encinoza, Omaira Hernández, Sandra Teresa Peñaloza, Natalia Martínez Sánchez, Consuelo Miguelina Zullo Toledo, Ilva Ramona Sanguino, Carlos Guerrero Montiel y Livia Josefina Jiménez Mavares; el Tribunal Cuarto de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, en sentencia de fecha 19 de octubre de 2009, declaró parcialmente con lugar la demanda.

 

Contra la referida decisión, la representación judicial de la parte demandada ejerció recurso de apelación.

 

Por su parte, el Tribunal Superior Primero del Trabajo de la referida Circunscripción Judicial, en sentencia de fecha 26 de mayo de 2010, se declaró incompetente para conocer el recurso de apelación y declinó la competencia en el Tribunal Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón.

 

En fecha 2 de junio de 2010, la parte actora solicitó la regulación de competencia.

 

Mediante auto de fecha 3 de junio de 2010, el Tribunal Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, remitió el expediente a la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia.

 

En fecha 7 de agosto de 2012, la Sala Plena en Sala Especial Segunda, declaró que no es competente para conocer de la solicitud de regulación de competencia y declinó la competencia a esta Sala de Casación Social.

 

En fecha 25 de octubre de 2012, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Dra. CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA, a los fines del pronunciamiento correspondiente.

 

Siendo la oportunidad para decidir, pasa esta Sala a hacerlo en los siguientes términos:

 

 

ÚNICO

 

El Tribunal Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, se declaró incompetente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra el fallo dictado por el juzgado a quo, bajo la siguiente fundamentación:

 

(…) este Tribunal Superior Primero del Trabajo, conociendo el presente caso declara la INCOMPETENCIA POR LA MATERIA para el conocimiento de la presente apelación incoada por el demandante ROBINSON JOSE CASTILLO COLINA, Contra (sic) el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES, y en consecuencia DECLINA LA COMPETENCIA de la presente causa, al Tribunal Superior Contencioso Administrativo del Estado Falcón.

 

Este Sentenciador para fundamentar lo antes mencionado, se acoge al criterio jurisprudencial emanado de la Sala de Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nº 58 de fecha 05 de Marzo de 2010, de donde se extrae lo siguiente:

 

La Acción se ejerce contra el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), persona jurídica estatal de carácter no territorial con forma de derecho público, por presunta infracción de los artículos 80 y 86 de la Constitución, como consecuencia de la supuesta omisión en que incurre el mencionado instituto autónomo, al no homologar la pensión de viudedad al salario mínimo urbano, la entidad a la que se imputa es un Instituto Autónomo (…).

 

(Omissis)

 

En el presente caso, la entidad a la que se imputa la presunta violación de derechos y garantías constitucionales, es un instituto autónomo, esto es, una persona jurídica estatal de carácter no territorial con forma de derecho público, por lo que, no corresponde a esta Sala Constitucional el conocimiento de la acción de amparo incoada, sino a los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa, a quienes compete conocer de todas las acciones de amparo constitucional ejercidas contra las autoridades y demás órganos del Poder Público distintas a las mencionadas en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

En el caso sub iudice, se evidencia que la Sentencia dictada (sic) en primera instancia, la cual es motivo de apelación en esta alzada condeno (sic) al INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES al pago único por concepto de Prestación dineraria, por la cantidad de Bs. 14.508,00, así como también al pago de intereses, indexación monetaria, es por lo que a criterio de este juzgador considera que el presente asunto debe ser conocido por el Tribunal Superior Contencioso Administrativo del Estado Falcón, y no por esta alzada, fundamentando dicha incompetencia en que el órgano pasivo es un Instituto adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud, ente (…) dependiente directamente del Poder Ejecutivo, por lo que su conocimiento debe ser por el Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo y no por este Tribunal Superior del Trabajo. (…).

 

Para decidir, se observa:

 

La Ley del Seguro Social reformada mediante Decreto Nº 6.266 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Seguro Social, publicado en Gaceta Oficial Nº 5.891 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008, regula todo lo relativo al sistema de la seguridad social, concretamente, lo previsto en el Título III, artículo 9 “De las Prestaciones en Dinero” y en los artículos 32 y siguientes del Capítulo IV “De las Prestaciones de los Sobrevivientes”.

 

En la actualidad, dicha Ley mantiene su vigencia de conformidad con lo previsto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 6.243 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, (recientemente reformada según Decreto N° 8.921 de fecha 30 de abril de 2012, publicada en Gaceta Oficial Nº 393.045 Extraordinario de igual fecha) -cuyo contenido se corresponde con lo previsto en el artículo 130 de la Ley del Sistema de la Seguridad Social derogada-, que establece:

 

Primera: mientras dure la transición hacia la nueva institucionalidad del Sistema de la Seguridad Social, se mantiene vigente la Ley del Seguro Social, en cuanto sus disposiciones no contraríen las normas establecidas en la presente Ley y en las leyes de los regímenes prestacionales.

En cuanto a la jurisdicción competente por la materia para resolver las controversias que se susciten con ocasión a la aplicación de la Ley del Seguro Social, el artículo 84 eiusdem prevé: “las controversias que susciten la aplicación de la presente Ley y su Reglamento serán sustanciadas y decididas por los Tribunales del Trabajo de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo”.

 

Jurisdicción que fue ratificada por la reciente Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, en su disposición final tercera -cuyo contenido se corresponde con lo previsto en el artículo 141 de la Ley del Sistema de la Seguridad Social derogada-, al señalar:

Tercera: se crea la jurisdicción especial del Sistema de la Seguridad Social, para dirimir las controversias que se susciten con ocasión de las relaciones jurídicas que se deriven de la aplicación de la presente Ley y demás leyes sobre la materia.

 

Hasta tanto no se lleve a cabo la creación de la jurisdicción especial, todo lo relacionado con dudas y controversias en materia de seguridad social, serán decididas por ante la jurisdicción laboral ordinaria.

Con base en las referidas disposiciones normativas, advierte esta Sala que mientras se crean los Juzgados con competencia especial, esto es, “Jurisdicción Especial del Sistema de Seguridad Social”, las controversias que susciten la aplicación de la Ley del Seguro Social y su Reglamento serán sustanciadas y decididas por los Tribunales del Trabajo.

Sobre el particular, esta Sala de Casación Social en sentencia N° 883 de fecha 8 de agosto de 2012 (caso: Isrrael Yamil Pérez Aular contra Instituto Venezolano de los Seguros Sociales), se ponunció:

 

(…) visto que aún no se ha creado la jurisdicción especial en materia de seguridad social y atendiendo a que el presente caso está íntimamente vinculado a la misma, al tratarse de una controversia que versa sobre la aplicación de normas relativas a la seguridad social, concretamente a una demanda por ‘Indemnizaciones derivadas de la responsabilidad objetiva’, a la cual alega tener derecho el ciudadano Isrrael Pérez Aular.

 

Observa la Sala, que el competente para conocer del presente asunto corresponde al Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.

Conforme a lo expuesto, señala esta Sala que el Tribunal Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, resulta competente por la materia para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra el fallo proferido por el Tribunal Cuarto de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo de la referida Circunscripción Judicial en fecha 19 de octubre de 2009. Así se decide.

 

DECISIÓN

 

Por los razonamientos antes expuestos, esta Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: 1) COMPETENTE para conocer de la presente causa al Tribunal Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón; 2) ORDENA remitir el expediente al Juzgado Superior del Trabajo declarado competente, a los fines indicados en la motiva del fallo.

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del Trabajo antes identificada, a los fines consiguientes. Particípese de esta decisión al Juzgado Superior de origen antes mencionado, todo de conformidad con el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre de dos mil doce. Años: 202º de la Independencia y 153º de la Federación.

 

Presidente de la Sala,

 

 

____________________________

OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

Vicepresidente,

 

 

_______________________________

LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ

 

Magistrado,

 

 

_______________________

JUAN RAFAEL PERDOMO

 

Magistrado,

 

 

________________________________

ALFONSO VALBUENA CORDERO

 

Magistrada Ponente,

 

 

__________________________________

CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

Secretario,

 

 

___________________________

MARCOS ENRIQUE PAREDES

 

Exp. Nº AA60-S-2012-1340

Nota: Publicada en su fecha a

El Secretario,

 

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