Venley

Sentencia N.º 1351

Sentencia
N.º 1351
Fecha
12/08/2014
Sala
Casación Social
Expediente
13-222
Ponente
Carmen Elvigia Porras de Roa
Procedimiento
Recurso de Apelación

                                                                              

Ponencia de la Magistrada Dra. CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

                  

El Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial de los estados Zulia y Falcón, remitió a esta Sala de Casación Social, el expediente contentivo del recurso de nulidad ejercido conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos, por la sociedad mercantil HACIENDA SAN JOSÉ DE LA MENSURA, C.A., representada judicialmente por los abogados Valmore Martínez Méndez, César Alí Fernández y Luís Alberto Camacho Asprino, contra el acto administrativo Nº 127-10, de fecha 9 de diciembre de 2010, emanado del Directorio del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, representado judicialmente por los abogados Amilcar Gómez, Gerson Rivas, Robert Orozco Vargas, Mauricio Rodríguez, Kennelma Caraballo, Yveth González, Golfredo Contreras, Freddy Useche, José Del Carmen Rodríguez, Elizabeth Chávez, Francesco Zordan, Elda Tolisano, Carlos Farías, Jorge Huerta Pulidor, José Gregorio Rodríguez, Miguel Monsalve, Álvaro Jiménez, Jarvis Méndez, Daniel Guillén, Yolimar Hernández, Eloym Gil, Kary Daniela Zerpa, Bella Freitas, José Ramírez, Ramón Gregorio Carrero, Crisel Coraspe, Yaury Márquez, Jorge Narváez, Alfredo Guevara y Jerson Dávila, en el cual se acordó inicio del procedimiento de rescate de tierras por circunstancias excepcionales de interés social o utilidad pública y acuerdo de medida cautelar de aseguramiento, sobre el predio denominado “Monte Verde”, ubicado en el sector Km. 15, Parroquia Moralito, Municipio Colón del estado Zulia, con una superficie de 495 has con 6.055 M2.

 

La remisión se efectuó en razón del recurso de apelación que interpusiera la representación judicial del ente agrario accionado, contra el fallo dictado por el a quo en fecha 25 de octubre de 2012, conforme al cual se declaró con lugar el recurso de nulidad propuesto.

 

En fecha 18 de marzo de 2013, se dio cuenta en Sala y se asignó el conocimiento del asunto a la Magistrada Dra. CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA.

 

El 7 de abril de 2014 se realizó la audiencia oral de informes con la asistencia de la representación judicial de la parte demandada.

 

Concluida la sustanciación del presente recurso de apelación, y con la finalidad de proveer sobre el presente recurso, se pasa a decidir en los siguientes términos:

 

ANTECEDENTES

 

En fecha 17 de febrero de 2011, la representación judicial de la sociedad mercantil Hacienda San José de la Mensura, C.A., interpuso recurso contencioso de nulidad de acto administrativo, contra el acto administrativo dictado por el Directorio del Instituto Nacional de Tierras, en sesión Nº 127-10, de fecha 9 de diciembre de 2010, mediante el cual se acordó “inicio del procedimiento de rescate de tierras por circunstancias excepcionales de interés social o utilidad pública y acuerdo de medida cautelar de aseguramiento”, sobre el predio denominado “Monte Verde”, ubicado en el sector Km. 15, Parroquia Moralito, Municipio Colón del estado Zulia, con una superficie de 495 has, con 6.055 M2.

 

Alegó la actora ser la propietaria de la finca agropecuaria “Monte Verde”, empero a ser adquirida tal como se evidencia en los documentos registrados en la Oficina Subalterna de Registro del Municipio Colón, Catatumbo, Jesús María Semprún y Francisco Javier Pulgar del estado Zulia, en fecha 30 de octubre de 2000, inserto en el No. 23, Protocolo Primero Tomo 4, y en fecha 03 de noviembre del 2000.

Refiere que en fecha 17 de diciembre del año 2010, se presentó en el fundo agropecuario “Monte Verde”, un grupo de personas en compañía de Guardias Nacionales, Ejercito y personal del Instituto Nacional de Tierras (Inti), manifestaron que  dada la resolución Nº. 18 de fecha 09 de diciembre del año 2010, y sesión Nº. 127-10, se había dado inicio al Procedimiento de Rescate de Tierras por circunstancias excepcionales de interés social o utilidad pública y Acuerdo de Medida Cautelar de Aseguramiento de la Tierra sobre el lote de terreno denominado “Monte Verde”.

 

Alude  que los funcionarios adscritos al ente agrario, sin mediar palabras ordenaron realizar la desocupación inmediata de dicho fundo y obstaculizando las labores ordinarias, quedando el mismo bajo la custodia de efectivos de la Guardia Nacional y personal de Inti.

 

Denunció que los funcionarios del cuerpo castrense y del ente agrario en medio del grupo de personas notificaron formalmente de dicho procedimiento a través de un cartel de notificación colocado en la entrada del fundo, sin que pudiese la propietaria del predio verificar algún informe técnico, de cuyo contenido se justificara la condición de improductividad o infrautilización del predio o las fallas observadas en la producción, requisito este que era indispensable para determinar la proporcionalidad de la medida dictada.

 

 

 

 

 

DEL ENTE AGRARIO

 

En fecha 23 de enero de 2012, la representación judicial del Instituto Nacional de Tierras, presentó  escrito de oposición y contestación al presente recurso, señaló:

 

Que la recurrente sociedad mercantil, aduce falsos supuestos, y que el acto es de inicio o de apertura, acto administrativo que no es recurrible, conforme a lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

 

Asimismo, alude que conforme al artículo 307 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el régimen latifundista es contrario al interés social, y que conforme a ello su actuación en el referido predio se haya ajustada derecho.

 

LA DEFENSORÍA PÚBLICA AGRARIA

 

En representación de los Terceros Beneficiarios de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en el escrito de oposición de fecha siete 7 de febrero de 2012, manifestó como punto previo N° 1:

 

(…) el acto recurrido, (…) es un acto de trámite y sobre el artículo 85 de la Ley de Orgánica de Procedimientos Administrativos, que hipotéticamente el recurrente yerra al considerar que el acto recurrido es un “Acto Administrativo Definitivo o que Cause Estado” alegando que, se trata más bien, de un “Acto de Trámite”, que contiene el Inicio de un Procedimiento de Rescate de Tierras y que por lo tanto no es recurrible.

 

 

DE LA SENTENCIA APELADA

 

El tribunal de la causa, en decisión de fecha 25 de octubre de 2012, declara con lugar el recurso de nulidad propuesto, estableciendo:

 

(…) De manera pues que, se descose a partir del análisis somero del precepto jurídico previamente referido, de que es viable revelar que el legislador manifiesta que, en cualquiera de las situaciones fácticas previstas en la norma, naturalmente puede ser recurrido dicho acto administrativo. Por lo cual, en la presente causa es sumamente importante señalar que los Actos de Trámite Asimilados es un género y que encuentra una subtipologia que resulta a todas luces y a todo evento vital para esclarecer y determinar si el acto administrativo de Inicio de Procedimiento de Rescate de Tierras es susceptible de ser recurrido ante ésta sede judicial. Encontrándonos que los Actos de Trámite Asimilado a Definitivo es una subclase de Acto de Trámite Asimilado, tomándola como aquel que aunque teniendo el carácter preparatorio del procedimiento administrativo, causa indefensión o lo prejuzga como definitivo, con la particularidad de que puede ser recurrido únicamente en sede judicial. Siendo prudente también destacar que la Jurisprudencia patria concretamente la de la Sala Especial Agraria del Tribunal Supremo de Justicia de fecha dieciocho (18) de octubre de 2011, manifestó alrededor del artículo 85 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos de forma clara que dicha norma permite interponer recursos ante actos administrativos que se prejuzguen como definitivos, por lo tanto puede entenderse que sea un acto definitivo o de un acto de trámite asimilado a definitivo, como lo ha entendido la doctrina, pueden ser perfectamente recurrido. Así se establece.

 

Dado las consideraciones originalmente expuestas, éste Juez está forzado a exponer que, la Defensa Pública Agraria no puede afirmar que el acto administrativo que dio “Inicio al Procedimiento de Rescate de Tierras por circunstancias excepcionales de interés social o utilidad pública” no es recurrible, ya que resulta más que incuestionable que el legislador explícitamente exterioriza que ante cualquier acto que dicte el Ente Agrario en ocasión a la figura jurídica del Rescate de Tierras, sólo es recurrible en vía judicial, por lo tanto al considerarse un Acto de Trámite Asimilado a Definitivo el “Acto de Inicio de Rescate de Tierras por circunstancias excepcionales de interés social o utilidad pública” es por lo que debe ineludiblemente declarar su recurribilidad a tenor de lo consagrado en el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debido a que el contencioso administrativo pasó de ser un contencioso objetivo y pasó a ser contencioso subjetivo o de pretensión. Así se decide. 

 

(Cursivas de la Sala).

 

Continúa señalando el a quo:

 

En referencia al supuesto incumplimiento de las normas constitucionales relativas al Derecho de Propiedad Artículos 112 y 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

 (…) que estos artículos establecen el equilibrio entre la iniciativa privada y la libertad de empresa, y la autoridad del estado para racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo. Si bien es cierto que dentro de las políticas actuales de la Administración Pública, tiene como objetivo la incorporación de un sector de la población convocación del trabajo agropecuario, es deber del estado crear conforme a sus propios recursos , los medios y posibilidades para lograr tal fin, sin que sea necesario ofrecer opciones a las personas con vocación agraria, a expensas de aquellos que durante varias décadas han dedicado su vida con trabajo digno y productivo, y sin atropellos, ni abusos, ni vejaciones a terceros, logrando así la pertenencia y propiedad de algunos bienes materiales (…).


La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario viene a profundizar los valores constitucionales en materia agraria otorgándole múltiples facultades pero también obligaciones al Instituto Nacional de Tierras, dentro de las cuales destaca especialmente el Procedimiento Administrativo de Inicio de Rescate de Tierras por Circunstancias Excepcionales de Interés Social o Utilidad Pública.

 

(…) del estudio de la cadena documental consignada por la parte recurrente a los efectos de demostrar el supuesto origen privado de las tierras afectadas por el Instituto Nacional de Tierras se observa el siguiente tracto sucesivo: En fecha veintiséis (26) de marzo de 1895, los Estados Unidos de Venezuela mediante el Ministerio de Fomento; Dirección de Riqueza según la Ley del dos (02) de junio de 1882 adjudica tierras al ciudadano Rogelio Pérez Ávila, en fecha siete (07) de julio de 1911, la ciudadana María Dolores Barboza vende a la ciudadana Teolinda García, en fecha veintinueve (29) de febrero de 1912 el ciudadano Antonio José Guerere al ciudadano Abelardo Inciarte, en fecha catorce (14) de agosto de 1915 el ciudadano Abelardo Inciarte vende al ciudadano Antonio Esteban Nava y José del Carmen Soto, en fecha diecinueve (19) de mayo de 1917 el ciudadano José del Carmen Soto vende al ciudadano Antonio Esteban Nava, en fecha dos (02) de noviembre de 1917 el ciudadano Antonio Esteban Nava vende al ciudadano Francisco Antonio Zambrano, en fecha treinta (30) de abril de 1932 los ciudadanos Miguel Ángel y Emiro Casto Portillo venden al ciudadano Jesús María Alvarado, en fecha veinticuatro (24) de septiembre de 1936 Miguel Ángel y Emiro Casto Portillo venden al ciudadano José Asunción Añez Pulgar, en fecha cuatro (04) de febrero de 1938 los ciudadanos Manuel Ysea y otros venden al ciudadano Abelardo Inciarte, en fecha nueve (09) de abril de 1963 los ciudadanos Ciro Añez Fonseca y otros venden al ciudadano José Asunción Añez Pulgar, en fecha treinta (30) de octubre de 2000, la ciudadana Bedalina Serrano González y otros venden a la Hacienda San José de la Mensura, en fecha tres (03) de noviembre de 2000 la ciudadana Bedalina Serrano González y otros venden a la Hacienda San José de la Mensura, en fecha veintinueve (29) de noviembre de 2000 los ciudadanos Irenaldo González y otros vende a la ciudadana Bedalina Serrano de González y en fecha quince (15) de febrero de 2007 Bedalina Serrano de González vende a los ciudadanos Irenaldo González Serrano y otros.

En éste sentido en el caso de marras se desprende del razonamiento reflexivo así como del estudio cabal y detallado de las actas procesales, que la recurrente llena los extremos legales de la TITULARIDAD SUFICIENTE ya que la recurrente en el decurso de éste juicio de nulidad de acto administrativo contra el Instituto Nacional de Tierras consignó documento de adjudicación de tierras donde se verifica el origen privado de dichas tierras de fecha veintiséis (26) de marzo de 1895, encuadrado en el presupuesto fáctico del artículo 82 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

 

Concluyendo en señalar:

 

(…) que la experticia realizada en el presente caso arrojo las siguientes conclusiones:

 

(…) La Unidad de Producción Fundo Monte Verde se ubica en la zona de vida Bosque Seco Tropical (BS-T), en la región sur del Estado Zulia, Municipio Colón, Parroquia Moralito. (…) suelos clase IV con fuertes limitaciones de drenaje que incluye problemas de exceso de humedad o mal drenaje externo (encharcamiento), (…) se desarrolla una actividad productiva de ganadería vacuna con orientación a la producción de leche y actividad productiva vegetal para la producción de Palma Aceitera. El inventario de animales, al 15/10/2010, en el Fundo Monte Verde era de 1.032 cabezas. La Carga Animal del Fundo Monte Verde, tomando en cuenta el inventario del 15/10/2010, fue de 2,81 Cbzas/ha. Al comparar esta carga con la reportada según el VII Censo Agrícola, para el estado Zulia y el municipio Colón, observamos que la unidad de producción presenta una carga 50% superior a la del municipio. Al comparar la producción comercializada de Palma Aceitera del Fundo Monte Verde con las reportadas las estadísticas agrícolas del MPPAT para el estado Zulia, (…) En relación a la comercialización de Leche, se compara la producción comercializada de leche por superficie del Fundo Monte Verde, con las reportadas las estadísticas agrícolas del MPPAT para el estado Zulia. Se observa que durante el 2010, la finca supera en un 140% la producción por superficie del estado Zulia…” la actividad agraria desplegada en el fundo MONTE VERDE, se encuentra, muy por encima de los parámetros establecidos en el artículo 105 (…).

 

(…) la Administración Pública Agraria, obtener “info-métricamente” a través de la estadísticas aportadas por su Ministerio de Adscripción, se evidencia que no se realizo en debido informe técnico, de manera que la decisión debió ser otra, por cuanto se evidenció en actas procesales lo incierto del supuesto que motivo la decisión administrativa, resultando totalmente falso el supuesto o los supuestos que sirvieron de fundamento a lo decidido. Así se establece.

 

 

FUNDAMENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN

 

A efectos de sustentar el presente recurso de impugnación en fecha 29 de octubre de 2012, la representación judicial del ente accionado (f. 228 pieza 2), señaló:

 

(…) la sentencia es nula por la errónea interpretación en cuanto a la producción del fundo, toda vez que el acto administrativo es el inicio del rescate de tierras, por circunstancias excepcionales de interés social o utilidad pública, aunado al artículo 105 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que nos habla del rendimiento y para este tipo de rescate proceda invocamos el articulo 84 (eiusdem) donde el fundo debe estar en producción y no es la producción la que le “hale” procedente o no el rescate por encima de esta producción se encuentran las circunstancias excepcionales de interés social o utilidad pública, que requiere la procedencia del rescate aun cuando las tierras se encuentren en optimas condiciones de producción (…).

(Negrillas de la Sala)

 

(…) en cuanto a la cadena titulativa hay una errónea interpretación del artículo 82 (…) por cuanto el mismo artículo establece que para determinar la propiedad de un fundo hay que analizar los títulos suficientes, no analizados los hechos concretos contenidos en la cadena titulativa consignada, que este valoro dándole carácter privado al fundo cuando no lo es porque la cadena consignada no presenta una perfecta secuencia y encadenamiento de las documentales como lo expresado en el articulo 82 (…), ya que el desprendimiento realizado el 26-03-1895, donde el Ministerio de fomento, adjudica al Sr: Rogelio Pérez Ávila, se rompe de forma inmediata por cuanto el siguiente documento se presenta María dolores Barboza, vendiéndole a Teodolinda García, en fecha 29-02-1912, lo que no existe una secuencia entre una y otra venta, por lo tanto el fundo no es privado de conformidad con el artículo 82 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

 

 

MOTIVOS PARA DECIDIR

 

En el asunto que nos ocupa, la parte accionante consigna en fecha 17 de febrero de 2011, ante el tribunal de la causa un escrito libelar cuyo petitorio es el siguiente:

 

Que en fecha 17 de febrero de 2011, en el predio denominado “Monte Verde”, ubicado en el sector Km. 15, Parroquia Moralito, Municipio Colón del estado Zulia, con una superficie de 495 has, con 6.055 M2., se presentaron un grupo de personas en compañía de Guardias Nacionales, Ejército y personal del Instituto Nacional de Tierras (Inti), manifestando que conforme a la resolución No. 18 de fecha 09 de diciembre del año 2010, sesión No. 127-10, se había dado inicio al Procedimiento de Rescate de Tierras por circunstancia excepcional de interés social o utilidad pública y Acuerdo de Medida Cautelar de Aseguramiento de la Tierra sobre ese lote de terreno, que procedieron a estampar a la entrada del predio la notificación del acto administrativo, ordenando a los ocupantes y propietarios del predio desalojar el mismo, toda vez que este quedaría bajo custodia de efectivos de la Guardia Nacional y personal del Inti.

 

Conforme a ello observa esta Sala, que el fallo apelado declaró con lugar el recurso de nulidad propuesto, por cuanto consideró que hubo extralimitación de funciones por parte del ente agrario demandado, lo que acarreó forzosamente la declaratoria de nulidad absoluta, primeramente por cuanto considero que el acto recurrido al igual que todo procedimiento administrativo, causó indefensión, lo que le hizo asimilable al definitivo pudiendo ser recurrido en sede judicial.

 

Asimismo determinó que si bien era cierto el Estado tiene entre sus fines la incorporación del sector de la población al trabajo agropecuario, también es cierto que debe ser a través de sus propios recursos y con los medios y posibilidades para lograr tal fin, sin que sea necesario ofrecer opciones a las personas con vocación agraria, o a expensas de aquellos que durante varias décadas han dedicado su vida con trabajo digno y productivo, y sin atropellos, ni abusos, ni vejaciones a terceros, logrando así la pertenencia y propiedad de algunos bienes materiales.

 

La parte accionada no estuvo conforme con la referida decisión y sustenta su recurso de apelación en argumentos relativos a un supuesto error de juzgamiento toda vez que el acto administrativo se produjo por circunstancias excepcionales de interés social o utilidad pública, donde resta importancia que haya poca o mucha productividad ya que lo importante era el rescate por encima de la producción.

 

Asimismo que la recurrida erro la interpretación del artículo 82 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, por el establecimiento hecho acerca de la cadena titulativa toda vez que determina el carácter privado de la propiedad de un fundo, sobre la base de los documentos consignado, los cuales desde luego no presentan la debida secuencia con el desprendimiento de la Nación por el instrumento de fecha 26-de marzo de 1895, donde el Ministerio de fomento, adjudica al Sr: Rogelio Pérez Ávila, la propiedad del predio.

 

Como punto previo, corresponde a esta Sala pronunciarse con respecto a la inadmisibilidad del recurso alegado por el Instituto Nacional de Tierras y en tal sentido observa que dicho ente adujo que la demandante no debió acudir a la vía judicial por cuanto el acto administrativo de carácter inicial de Rescate de Tierras por circunstancia excepcional de interés social o utilidad pública y Acuerdo de Medida Cautelar de Aseguramiento de la Tierra sobre ese lote de terreno, no era recurrible.

 

Ahora bien, el artículo 162 eiusdem, en sus 13 ordinales, establece:

 

Artículo 162:

 

1. Cuando así lo disponga la ley.

2. Si el conocimiento de la acción o el recurso corresponde a otro organismo jurisdiccional, caso en el cual el Tribunal declinará la causa en el Tribunal competente.

3. En caso de la caducidad del recurso por haber transcurrido los sesenta (60) días continuos desde la publicación del acto en la Gaceta Oficial Agraria o de su notificación, o por la prescripción de la acción.

4. Cuando sea manifiesta la falta de cualidad o interés del accionante o recurrente.

5. Cuando se acumulen pretensiones que se excluyan mutuamente, o que sean contrarias entre sí o cuyos procedimientos sean incompatibles.

6. Cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar la admisibilidad de la demanda.

7. Cuando exista un recurso paralelo.

8. Cuando el correspondiente escrito resulte ininteligible o contradictorio que haga imposible su tramitación o contenga conceptos ofensivos o irrespetuosos.

9. Cuando sea manifiesta la falta de representación que se atribuye el actor.

10. Cuando habiéndose recurrido en vía administrativa, no hayan transcurrido los lapsos para que ésta decida.

11. Cuando no se haya agotado el antejuicio administrativa de las demandas contra los entes agrarios.

12. Cuando no se haya agotado la instancia conciliatoria o de avenimiento que correspondan de conformidad con la ley.

13. Cuando la pretensión sea manifiestamente contraria a los fines del presente Decreto Ley y de los preceptos constitucionales que rigen la materia.

 

Ahora bien, el proceso administrativo a través de cual la administración acuerda el rescate de Tierras por circunstancia excepcional de interés social o utilidad pública, es definitivamente, una sub-especie del proceso administrativo agrario, de allí que se encuentre enmarcado en el ámbito especial de su competencia gozando de todas las características de aquel. En efecto, este proceso consagrado en el artículo 34 y siguientes de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, es por su naturaleza un acto administrativo.

 

Asimismo, la propia denominación de rescate de Tierras por circunstancias excepcionales de interés social o utilidad pública, indica que se trata, en efecto, de un acto administrativo, en virtud al cual el particular que se considera afectado por el mismo, porque este resulte ilegal o ilegítimo, o porque la actividad administrativa lesiona sus derechos subjetivos o intereses, podrá acudir a la vía jurisdiccional para que a través de ella se analice el contexto de lo establecido en el mismo.

 

Por otra parte, la garantía del principio de la legalidad aplicado a la Administración Pública, consecuencia del Estado de Derecho, abre la posibilidad a los particulares de poder someter los actos, hechos y actuaciones de la Administración a control por órganos judiciales especializados, que conforman, en el caso venezolano, la denominada "jurisdicción contencioso-administrativa", prevista en el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y con carácter legal en el artículo 156 la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

 

Artículo 259 La jurisdicción contencioso administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la ley. Los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder; (…).y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa.

 

Artículo 156 Son competentes para conocer de los recursos que se intenten por razones de ilegalidad contra cualquiera de los actos administrativos agrarios:

1. Los Tribunales Superiores Regionales Agrarios competentes por la ubicación del inmueble, como Tribunales de Primera Instancia.

2. La Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, como Tribunal de Segunda Instancia.

 

Conforme a estas disposiciones, los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa tienen la competencia para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder; condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa. Esta norma establece una jurisdicción especial, distinta de la jurisdicción ordinaria, para resolver los conflictos surgidos entre la Administración y los administrados, con motivo de la actividad desplegada por aquélla en el ejercicio de sus funciones. Este sistema está integrado por tribunales, acciones y procedimientos especiales que en definitiva acogen la especificidad de las actividades de la Administración, dando lugar así a los denominados contenciosos especiales, como lo es el contencioso Administrativo Agrario. Conforme a ello el juzgado a quo, no erró en la interpretación aludida empero, al ser el acto administrativo de rescate de tierras, por circunstancias excepcionales de interés social o utilidad pública un acto administrativo recurrible en vía jurisdiccional. Así se decide.

 

En cuanto al alegato del apelante de la errónea interpretación del artículo 82 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, toda vez que estableció como desprendimiento válido de la Nación, la venta referida a favor de un particular con fecha 26 de marzo de 1895, por el Ministerio de fomento para determinar que la propiedad del predio es de carácter privado.

 

Ahora bien, con respecto al procedimiento para el rescate de tierras, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en su Título II De La Afectación de Uso y Redistribución de las Tierras, Capítulo VII Del Procedimiento del Rescate de las Tierras, en el artículo 82 establece:

 

Artículo 82: El Instituto Nacional de Tierras (INTI), tiene derecho a rescatar las tierras de su propiedad o que estén bajo su disposición que se encuentren ocupadas ilegal o ilícitamente. A esos fines iniciará de oficio o por denuncia, (…) a aquel que se atribuye el derecho de propiedad, éste no lograre demostrar una perfecta secuencia y encadenamiento de las titularidades del dominio y demás derechos alegados, desde el desprendimiento válidamente otorgado por la Nación venezolana, hasta el título debidamente protocolizado de adquisición por parte de quien alega propiedad.

 

Quedan a salvo, en todo caso, los recursos administrativos y acciones judiciales que pudieran corresponder al afectado.

 

Se consideran desprendimientos válidamente otorgados por la Nación venezolana los siguientes:

 

1.     Las ventas puras y simples perfectas e irrevocables realizadas por el extinto Instituto Agrario Nacional (IAN) a favor de un particular (persona natural o jurídica) siempre que se correspondan con las Resoluciones del Directorio del Instituto Agrario Nacional (IAN).

2.     Las adjudicaciones de tierras realizadas por los Ministerios de Fomento, Agricultura y Cría, Secretaría de Hacienda, Ministerios de Agricultura, Industria y Comercio, a favor de un particular o colectivos. Para que las mismas surtan plenos efectos jurídicos deben constar en la memoria y cuenta del ministerio respectivo o en la Gaceta Oficial de la República. Así como las adjudicaciones de tierras otorgadas por los Presidentes de los Estados de la Federación, de acuerdo a lo establecido en la Resolución del 13 de mayo de 1891.

3.     (…).

(Cursivas de la Sala).

 

Ahora bien, observa esta Sala que el accionante en nulidad consignó un legajo de documentos protocolizados, algunos de los cuales presentan secuencia jurídica, pero el de fecha más remota del año 1895, es del cual se acreditó el desprendimiento de la Nación, hecho por el Ministerio de Fomento, sobre el cual forma una parte de esa de mayor extensión la hoy en litigio conforme al acto administrativo aquí confutado, asimismo el apelante alega que el señalado tracto documental no debió usarse como fundamento para establecer la propiedad privada, empero a que sobre los consignados documentos existe un quebrantamiento entre el inicial y el siguiente lo cual no significa que por el mismo predio no haya operado una venta o desprendimiento de la Nación, conforme a lo establecido en el ordinal 2 del artículo 82 eiusdem.

 

Tal aseveración se sustentó en la misma naturaleza de los instrumentos consignados por la parte actora, en base a los cuales la apelada acreditó y sustentó el carácter de propiedad “privada” sobre el Fundo “Monte Verde”, y consistente en los siguientes documentos, a los que se les concedió valor probatorio por ser documentos públicos otorgados ante un Registrador o funcionario público competente y no haber sido tachados de falsos por el Instituto de Tierras y Desarrollo Agrario, de conformidad con lo establecido en los artículos 1357 y 1359 del Código Civil.

 

Ahora bien la actora acredito por ante el órgano jurisdiccional una serie de instrumentos los cuales se identificaron así:

 

1.   (…) de fecha 26 de marzo de 1895, los Estados Unidos de Venezuela mediante el Ministerio de Fomento; Dirección de Riqueza según la Ley del dos (02) de junio de 1882 adjudica tierras al ciudadano Rogelio Pérez Ávila.

 

2.   En fecha 7 de julio de 1911, la ciudadana María Dolores Barboza vende a la ciudadana Teolinda García, quien en fecha 29 de febrero de 1912 al ciudadano Antonio José Guerere y al ciudadano Abelardo Inciarte, y quienes en fecha 14 de agosto de 1915, venden al ciudadano Antonio Esteban Nava y José del Carmen Soto, este último vende en fecha 19 de mayo de 1917 al ciudadano Antonio Esteban Nava, y este vende en fecha 2 de noviembre de 1917 al ciudadano Francisco Antonio Zambrano, y este en fecha 30 de abril de 1932 venden a los ciudadanos Miguel Ángel y Emiro Casto Portillo y en fecha en fecha 24 de septiembre de 1936, al ciudadano Jesús María Alvarado, Miguel Ángel y Emiro Casto Portillo, quienes venden al ciudadano José Asunción Añez Pulgar en fecha 4 de febrero de 1938 venden al ciudadano Manuel Ysea y otros y estos venden al ciudadano Abelardo Inciarte, en fecha 9) de abril de 1963 y este vende a los ciudadanos Ciro Añez Fonseca y otros y quienes posteriormente venden al ciudadano José Asunción Añez Pulgar, en fecha 30 de octubre de 2000, y la ciudadana Bedalina Serrano González y otros venden a la Hacienda San José de la Mensura, en fecha 3  y 29 de noviembre de 2000.

 

De la transcripción que antecede se comprueba que hubo un estudio del origen de la propiedad por parte de la apelada, reconociéndose que el lote de terreno era de carácter privado, arribándose a la conclusión de que no era de carácter público, por cuanto, el ente agrario no había consignado alegato en contra que rebatiera lo aducido en los títulos suficientes demostrativos de tracto documental que acreditara un carácter distinto al privado de las tierras.

 

A todos estos documentos esta Sala les concede valor probatorio por ser instrumentos públicos otorgados ante un Registrador o funcionario público competente y no haber sido tachados de falsos por el Instituto de Nacional de Tierras, de conformidad con lo establecido en los artículos 1357 y 1359 del Código Civil, y dado que los mismos acreditan el título suficiente de las tierras afectadas por el acto recurrido, en razón de que existe un acto desprendimiento por parte de la Nación, empero a que no exista una secuencia lógica entre el originario de la Nación y el segundo de los mismos, lo cual no implica que haya inconsistencia en la ubicación del predio, para que no se le aplique la consecuencia legal al igual como lo señalara la sentencia confutada conforme al artículo 82 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, de allí que se concluya en afirmar, que de la masa instrumental de documentos se considera como cadena titulativa, por cumplir con el requerimiento contenido en la norma ya citada. Así se decide.

 

De allí que deba señalarse, que los analizados instrumentos, reafirman el origen privado de las tierras afectadas por el acto recurrido, y desvirtúan el carácter actualmente público, que les fuere atribuida, y por ende, la actuación del Instituto Nacional de Tierras, al ordenar el Procedimiento de Rescate de Tierras por circunstancias excepcionales de interés social o utilidad pública y Acuerdo de Medida Cautelar de Aseguramiento de la Tierra sobre ese lote de terreno, se extralimito en sus funciones, y por ende no estuvo ajustada a derecho y al margen de su competencia. Así se decide.

 

DECISIÓN

 

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas esta Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial del Instituto Nacional de Tierras, contra el fallo emanado del Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial de los estados Zulia y falcón, en fecha 25 de octubre de 2012; SEGUNDO: SE CONFIRMA la decisión apelada.

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente al precitado tribunal de la causa.

 

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los  doce (12) días del mes de                                    agosto de dos mil catorce. Años: 204º de la Independencia y 155º de la Federación.

 

Presidente de la Sala,

 

_______________________________________

LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIÉRREZ

 

La Vicepresidenta y Ponente,

 

_________________________________

CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

Magistrado,

 

____________________________

OCTAVIO SISCO RICCIARDI

Magistrada,

 

________________________________

SONIA COROMOTO ARIAS PALACIOS

Magistrada,

 

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CARMEN ESTHER GÓMEZ CABRERA

 

 

El Secretario,

 

___________________________

MARCOS ENRIQUE PAREDES

 

 

 

R.A. Nº AA60-S-2012-000222.

Nota: publicada en su fecha

 

El Secretario,

 

 

 

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