Venley

Sentencia N.º 1356

Sentencia
N.º 1356
Fecha
19/10/2009
Sala
Constitucional
Expediente
09-0375
Ponente
Marcos Tulio Dugarte Padrón
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA  CONSTITUCIONAL

 

Exp. 09-0375

 

Magistrado Ponente: Marcos Tulio Dugarte Padrón

Mediante Oficio N° 397 del 24 de marzo de 2009, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, remitió a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el expediente contentivo de la incidencia de inhibición surgida en el procedimiento iniciado con motivo de la acción de amparo constitucional propuesta por los abogados Félix Castro Licci y Alicia Antonieta Hernández Rondón, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 44.997 y 34.275, respectivamente, en sus condiciones de defensores del ciudadano CARLOS MARCELINO CHANCELLOR FERRER, titular de la cédula de identidad No. 5.342.718, contra la decisión que dictó el 17 de marzo de 2009, la Sala Accidental de la referida Corte de Apelaciones, en la cual declaró sin lugar las inhibiciones planteadas por los jueces integrantes de dicha Corte de Apelaciones.

Tal remisión obedeció a la apelación interpuesta - por la defensa privada de la parte actora de la acción de amparo, contra la decisión del 17 de marzo de 2009, dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, que declaró sin lugar las inhibiciones planteadas por los jueces integrantes de la referida Corte de Apelaciones.

El 2 de abril de 2008, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

Efectuada la lectura del expediente, pasa la Sala a sentenciar, previas las siguientes consideraciones:

ÚNICO

Antes de emitir pronunciamiento considera la Sala realizar las siguientes consideraciones:

El día 11 de febrero de 2009, los abogados Félix Castro Licci y Alicia Antonieta Hernández Rondón, en sus condiciones de defensores del ciudadano Carlos Marcelino Chancellor Ferrer, intentaron ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, acción de amparo constitucional, sin que conste en autos los fundamentos dicha acción.

El 17 de febrero de 2009, el abogado Félix Castro Licci, defensor privado del accionante en amparo, consignó ante dicha corte de apelaciones copia de la denuncia que interpusiera el mencionado abogado en contra de los miembros de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, ante la Inspectoría General de Tribunales.

El 19 de febrero de 2009, los abogados Gabriela Quiaragua González, Mariela Casado Acero y Francisco Álvarez Chacín, jueces integrantes de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, se inhibieron para conocer de la demanda de amparo interpuesta.

Sin que conste la oportunidad en la cual se constituyó la Sala Accidental, el 17 de marzo de 2009, la misma dictó decisión en la cual declaró sin lugar las inhibiciones planteadas por los abogados Gabriela Quiaragua González, Mariela Casado Acero y Francisco Álvarez Chacín, jueces integrantes de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar.

El 17 de marzo de 2009, los abogados Félix Castro Licci y Alicia Antonieta Hernández Rondón, mediante diligencia apelaron de la decisión que antecede.

Ahora bien, observa la Sala, que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, mediante auto del 24 de marzo de 2009, tramitó la apelación interpuesta por el quejoso contra la decisión mediante la cual se declaró sin lugar las inhibiciones los abogados Gabriela Quiaragua González, Mariela Casado Acero y Francisco Álvarez Chacín, jueces integrantes de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, y ordenó la remisión, luego de practicar  el cómputo respectivo, a esta Sala Constitucional a los efectos de resolver dicha apelación.

El artículo 27 de la vigente Constitución exige que el procedimiento de amparo constitucional sea oral, público, breve gratuito y no sujeto a formalidad, que es precisamente el fundamento de la decisión de esta Sala, cuando describió las formas del proceso de amparo, en sentencia del 1º de febrero de 2000 (Caso José Amado Mejía).

Al respecto, esta Sala ha establecido de manera pacífica y reiterada que:

“…en el procedimiento de amparo no hay incidencias distintas a las existentes en la propia Ley de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por requerir la protección constitucional de un procedimiento cuya característica sea sumaria, efectiva y eficaz.

La necesidad de que el procedimiento de amparo sea célere comprende que su sustanciación no sea desviada por aplicación de incidencias procesales, salvo, como lo ha venido implementando la Sala, que sea necesario en aras de preservar idóneamente el derecho a la defensa y la efectividad del sistema de justicia, la adopción de determinadas modalidades a las cuales se les recurre para asegurar las resultas del mandamiento de tutela…”. (Ver. entre otras sentencia No. 642 del 23 de abril de 2004).

Por tanto al haber dado curso –la Corte de Apelaciones- a una incidencia dentro de un proceso de amparo implicó desnaturalizar su esencia, ya que la brevedad del procedimiento, impide la existencia de incidencias o trámites procesales que puedan afectar o comprometer la efectividad de la tutela constitucional. Téngase presente que, la única cuestión incidental permitida, dentro del procedimiento de amparo en general, es la relativa al conflicto de competencia, prevista en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que se genera cuando el tribunal en el cual se hace la declinatoria de competencia se considera a su vez incompetente, en estos casos se remite la causa al superior común a los fines de pronunciarse sobre el conflicto de no conocer, caso distinto al presente, en el cual sólo hubo una declaratoria sin lugar de las inhibiciones planteadas.

En efecto, si bien, de acuerdo con el transcrito artículo 11 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el juez está obligado a inhibirse si se encontrase incurso en una causa legal, no es menos cierto que la interpretación y aplicación de esa disposición debe ser congruente con la celeridad y ausencia de formalidades propias de la acción de amparo, que se derivan de la propia Constitución (artículo 27), de la Ley que rige la materia  (artículos 10, 13 y 15) y de la jurisprudencia de esta Sala y que imponen una tramitación sin incidencias, circunstancia que exige que el Juez que se inhiba se desprenda inmediatamente del expediente para que la causa continúe su curso en el tribunal requerido, sin que su decisión en cuanto a la inhibición sea revisada, ello con el único propósito de preservar la urgencia que debe caracterizar a los juicios de amparo constitucional (ver sentencia No. 3844 del 7 de diciembre de 2005 caso: Fundación Protectora Hombre y Justicia, Organización defensora de los Derechos Humanos).

De allí que, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, erró al tramitar dicha apelación, razón por la cual, la Sala de oficio anula el referido trámite e insta a la mencionada Corte de Apelaciones a no incurrir nuevamente en el mismo, y así se declara.

En tal sentido, sobre la base de lo antes expuesto, se declara improponible el recurso de apelación interpuesto y se ordena la devolución de la presente causa al tribunal de origen. Y así se decide.

DECISIÓN

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara IMPROPONIBLE el recurso de apelación interpuesto por los abogados Félix Castro Licci y Alicia Antonieta Hernández Rondón, en contra la sentencia que dictó el 17 de marzo de 2009 la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar.

Publíquese y regístrese. Devuélvase el expediente. Cúmplase lo ordenado

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 19 días del mes de octubre  de dos mil nueve. Años: 199º de la Independencia y 150º de la Federación.

La Presidenta,

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

 

      El Vicepresidente,

 

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

                           

Los Magistrados,

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

        PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

                          Ponente

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

ARCADIO DELGADO ROSALES

 

El Secretario,

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

Exp. 09-0375

MTDP/

 

 

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