Venley

Sentencia N.º 136

Sentencia
N.º 136
Fecha
11/05/2000
Sala
Casación Civil
Expediente
99-903
Ponente
Franklin Arrieche Gutiérrez
Procedimiento
Recurso de Casación


Ponencia del Magistrado Dr. FRANKLIN ARRIECHE G.

 


               En el curso del juicio por resolución de contrato de concesión y subsidiariamente indemnización de daños y perjuicios provenientes del incumplimiento de contrato que sigue la empresa AUTOCAMIONES CORSA C.A, representada ante la instancia por los abogados Humberto Ramírez Morales, Hector Aponte López y Alí Vivenes Ascanio y ante este Tribunal además por los abogados Luis Dario Velandia y Jesús Moreno Guacarán, contra la empresa FIAT AUTOMÓVILES DE VENEZUELA COMPAÑÍA ANÓNIMA, representada judicialmente por los abogados Jesús Alberto Vásquez Mancera, Roman Alberto González, Amaloa Sánchez Vásquez y Yolanda de Aguiar Gómez, el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó sentencia en fecha 30 de junio de 1999, mediante la cual quedó confirmada parcialmente la sentencia apelada, dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, de fecha 29 de marzo de 1994, donde se decidió con lugar la demanda.

 

               Contra la decisión de alzada anunció recurso de casación la parte demandada.-

 

               Admitido dicho recurso se formalizó oportunamente y fue consignado escrito de contestación. No fue consignado escrito de réplica.-

 

               Cumplidos los trámites de ley se declaró concluida la sustanciación y siendo la oportunidad para decidir, se pasa a hacerlo bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe y en los términos siguientes:

 

PUNTO PREVIO

 

               El impugnante del presente escrito de formalización solicita se declare el perecimiento del mismo, por no cumplir con el requisito del artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, atinente a la identificación de los datos registrales de la parte actora y accionada, con la siguiente fundamentación:

 

“Denunciamos como Punto Previo a ser resuelto por esta Sala, lo siguiente:”

“Reiteradamente ha sostenido la Sala que la formalización, técnicamente es una demanda de nulidad contra una sentencia que considera infractora de Ley, y así lo ha dejado establecido:

 

“La redacción de un escrito de formalización de un recurso de casación –ha dicho la Sala- constituye una prueba de experiencia, técnica y preparación jurídica del recurrente. Descubrir el error judicial y subsumirlo en el cuadro de la causal de casación, no es construir una entelquia, es fundamen-talmente un trabajo de lógica jurídica”.

 

“La formalización técnicamente –dice un autor patrio- es una demanda de nulidad contra una sentencia que se considera infractora de la ley; y desde el punto de vista procesal, constituye una carga impuesta al perdidoso en interés propio, ya que si no fuera así, perdería los beneficios que pudiera proporcionarle la revisión de la sentencia. En tal virtud, toda formalización debe contener denuncias concretas, enjuiciando la sentencia recurrida y los otros actos del proceso”. (Sentencia de fecha 16-12-87, Ponencia del Dr. Carlos Trejo Padilla, Delia Vásquez de Fuentes contra Giuseppe Macri de Luce“. Código de Procedimiento Civil de Venezuela. Emilio Clavo Baca)

 

“El artículo 88 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, establece que las reglas del Código de Procedimiento Civil regirán como normas supletorias en los procedimientos que cursan ante la Corte. Siendo pues, la formalización una demanda de nulidad debe contener los requisitos el Código de Procedimiento Civil exige cumplir en toda demanda. Así, el artículo 340, ordinal 3° del Código de Procedimiento Civil, establece:

 

“El libelo de la demanda deberá expresar:

2º El nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado y el carácter que tienen.

3º Si el demandante o el demandado fuere una persona jurídica, la demanda deberá contener la denominación o razón social y los datos relativos a su creación o registro”.

 

“El escrito de formalización presentado por la parte demandada FIAT AUTOMOVILES DE VENEZUELA S.A. no cumplió con dicho requisito. Se omitió totalmente los datos de Registro, tanto de la sociedad demandante como de la demandada. No se menciona la Oficina de Registro Mercantil donde se inscribieron las partes del proceso, y por ello el escrito de formalización deja en total incertidumbre la identidad de la persona jurídica demandada y demandante y queda por ello en el limbo la identidad de la persona jurídica contra quien obra la aludida formalización. Al no estar debidamente identificadas las partes del proceso, no se está indicando con precisión la decisión contra la cual se recurre, contra la cual se demanda para que se declare su nulidad y no está identificada esa sentencia porque para identificarla hay que identificar las partes del juicio; pues ello atañe a la certeza de la cosa juzgada, a la ejecución de lo decidido. Esa falta de identificación de la sentencia contra la cual se recurre implica el incumplimiento de uno de los requisitos exigidos por el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil como necesarios en el escrito que contenga la formalización del recurso”.

 

“Ha dicho la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que el escrito de formalización de un recurso de casación debe ser un modelo de precisión, claridad y pertinencia y al no establecer en ninguna forma la identidad de los elementos subjetivos de la relación procesal, la Sala debe declarar perecido el recurso sin entrar a decidirlo tal cual lo dispone el artículo 325 del Código de Procedimiento Civil, pues la formalización no cumple los requisito exigidos en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil, y así solicitamos respetuosamente se declare.”

 

 

 

               Al respecto el escrito de formalización en su introducción, expresa lo siguiente:

 

“Jesús Alberto Vasquez Mancera y/o Roman Alberto González, venezolanos, abogados de este domicilio, inscrito en el inpreabogado bajo los Nº s 1.004 y 8723, respectivamente, y habilitados para el ejercicio en Casación según inscripciones efectuadas ante esa honorable Sala bajo los Nº s 551 y 922, respectivamente, ambas correspondientes al Colegio de Abogados del Distrito Federal, procediendo con el carácter acreditado en autos de apoderados de FIAT AUTOMÓVILES DE VENEZUELA S.A., Sociedad Mercantil con domicilio en la Victoria, Estado Aragua, en el juicio por resolución de contrato y daños y perjuicios que le sigue Autocamiones Corsa S.A., Sociedad Mercantil con domicilio en Caracas, cuyo expediente en esta Sala esta distimguido con el Nº 99-903, ante Uds. respetuosamente comparecemos con el fin de FORMALIZAR el siguiente RECURSO DE CASACIÓN:

 

 

“SENTENCIA RECURRIDA. Se formaliza recurso de casación oportunamente anunciado y oído contra la sentencia definitiva de última instancia dictada, en sede de reenvío, por el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, en fecha 30 de Junio de 1999, a cargo del Juez Simón Jiménez Salas, en el juicio seguido por AUTOCAMIONES CORSA S.A. contra FIAT AUTOMÓVILES S.A., mediante la cual se desestimó la apelación de nuestra defendida y se estimó procedente la apelación de la parte actora declarándose parcialmente con lugar la demanda contra nuestra representada FIAT”.

 

“La sentencia que impugnamos mediante este recurso, corresponde a la hipótesis de recurribilidad prevista en el ordinal 1º del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, por ser una decisión definitiva de última instancia dictada en proceso ordinario, que pone fin al juicio decidiendo el fondo de la controversia, y cuya cuantía es de Bs. 74.362.052,00, la cual excede el interés principal mínimo requerido para la admisión...”

 

 

 

               Ahora bien, de la lectura del escrito de formalización y en aplicación rigurosa del artículo 325 del Código de Procedimiento Civil, el cual prevé el perecimiento del recurso de casación en concordancia con el artículo 317 eiusdem que dispone los requisitos que debe cumplir todo escrito de formalización, observa la Sala que los extremos allí exigidos están cumplidos, y aún cuando el formalizante no expresa los datos registrales de las empresas demandante y demandada, como se evidencia de la transcripción supra, esto no constituye una causal de perecimiento del recurso, pues en la sentencia recurrida (la cual esta bien identificada) los describe, además, lo importante es el debido señalamiento del fallo contra el cual se interpuso el recurso extraordinario de casación,  y su oportuna interposición ante este Tribunal Supremo, como ocurrió en el caso de autos, motivo por el cual no puede ser declarado perecido, y así se decide.-

 

 

 

RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD

ÚNICO

 

 

               Invirtiendo el orden en que fueron explanadas las denuncias, la Sala entra a conocer de la contenida en el capítulo III del escrito de formalización, que con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 5°, por estar incursa la sentencia recurrida en el vicio de incongruencia positiva.

 

               Por vía de fundamentación, se expone:

 

"Con base en el ordinal 1°, caso segundo, del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denunciamos la infracción por la recurrida de los artículos 243, Ordinal 5°, en virtud de que la sentencia impugnada presenta el vicio de incongruencia, debido a que el Juez ad-quem no decidió en forma expresa, positiva y precisa, con arreglo a las pretenciones deducidas y a las excepciones y defensas opuestas, pronunciándose sobre cuestiones extrañas al problema judicial sometido a su conocimiento y resolución, al acordar a la actora CORSA la corrección monetaria de las sumas demandadas a pesar de que no fue solicitada en la demanda; y del artículo 12 ejusdem, en cuanto a las normas que obligan a los jueces a tener por Norte de sus actos la verdad y a escudriñarla dentro de los límites de su oficio y la consagratoria del principio dispositivo que obliga a los jueces a decidir conforme a lo alegado y probado en autos sin poder sacar elementos de convicción fuera de estos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados, vicios estos en que incurrió al ordenar la corrección monetaria sin que ello hubiese sido pedido por la actora CORSA en el libelo, con lo cual obviamente no se atuvo a lo alegado y probado en autos”.

 

“En efecto, en el libelo de la demanda, como lo puede establecer la Sala, CORSA no solicitó el ajuste o corrección monetaria de las sumas reclamadas. Esta situación se refleja además en la síntesis de la demanda efectuada en la Sentencia, páginas 5 a 11, en la cual  el Juzgador relaciona todos los conceptos pedidos por la actora, entre los cuales no aparece la petición de corrección monetaria. Nos permitimos transcribir dicha síntesis:

 

"Alega la parte actora, en el libelo de la demandada, que celebró con la demanda de autos contrato denominado "CONTRATO DE CONCESIÓN", en fecha 30 de noviembre de 1982, que tenía por objeto la venta de automóviles y repuestos Fiat cuya fabricación y/o distribución viniera de Fiat; que la duración de este contrato será por un (1) año, con renovación por períodos iguales a menos que cualesquiera de las partes notifique a la otra su deseo de resolverlo a su vencimiento; que Fiat tenía derecho a considerar resuelto el contrato sin necesidad de previo aviso, por infracción general”.

 

"De la misma manera alegó la actora que la demandada, con anterioridad a la firma del contrato, habla exigido y determinado las modificaciones y construcciones adicionales en los espacios físicos ocupados por Autocamiones Corsa, lo que produjo un proceso de reformas a un costo a la fecha de Un Millón Ochocientos Doce Mil Cuatrocientos Cuarenta Bolívares con Treinta y Dos Céntimos  (Bs. 1.812.440,32).- Que esas remodelaciones se realizaron a satisfacción de la Fiat. Que posteriormente, después en 1988, Fiat recomienda y pide como condición ineludible para mantener la conseción, nuevas reformas a un costo de aquella fecha de Cuatrocientos Mil Bolívares (Bs. 400.000,00); la realizada provocó un reconocimiento de la propia Fiat”.

 

“Afirma que siendo Director Comercial de Fiat el Sr. Jean Isler, Saverio  Rallo, se percata de una cierta agresividad por parte de este ejecutivo, contra la empresa, generando un tratamiento discriminatorio en relación con las otras consecionarias de la región capitalina; lo cual se tradujo en una notable disminución en los volúmenes de suministros, por parte de Fiat, con el consiguiente perjuicio económico  sufrido por la actora”.

 

“Señala el actor, que como consecuencia de la actitud del referido director comercial, logró entrevistarse con el varias veces durante los primeros seis (6) meses del año de 1988, pero que no obstante ello, este funcionario le comunicó que sus intenciones eran eliminar de la lista de concesionarios a Autocamiones Corsa”.

 

“Afirma que en fecha 27 de julio de 1988, la consecionaria dirige a Fiat una comunicación contentiva de un informe numérico y Estadístico que permite observar (página final), una notable disminución en el suministro de vehículos por parte de Fiat en 1988, en relación con años anteriores. Que en fecha 13 de febrero de ese año recibe una comunicación emanada de su Gerencia de Ventas y Mercado, pero que siete (7) días más tarde recibe otra comunicación firmada por Jean Isler (Director Comercial Fiat) mediante el cual informa que han considerado conveniente rescindir definitivamente el Contrato de Concesión que Fiat Automóviles C.A., mantenía con la actora. Que la consecuencia de esa comunicación y su contenido, materializado unilateralmente "motu propio" y "manu militari" por Fiat, aparentemente ilegítima por provenir de funcionario no autorizado para ella, se resumen así:

 

“Autocamiones Corsa, obligatoriamente, devolvió a cincuenta y cuatro (54) clientes, con operaciones en curso, sus entregas iniciales, lo que significó egresos que alcanzaron a la fecha la suma de Cinco Millones Trescientos Sesenta y Cinco (sic) Tres Bolívares (Bs. 5.365.003,00)”.

 

“Autocamiones Corsa, inmediatamente a la decisión Fiat, muy particularmente por efectos de otra comunicación enviada por Jean Isler de informar públicamente que ha rescindido el Contrato de Concesión y que canceló importantes sumas de dinero tuvo que cancelar a personas naturales y jurídicas, cuantiosos intereses de mora y honorarios profesionales de abogado”.

 

“La finalización efectiva del contrato se produce 30 de noviembre de 1.982”.

 

“En materia del derecho que soporta las exigencias peticionadas en el libelo, la actora señala la violación de las disposiciones contenidos en los artículos 1.133 al 1.135 del Código Civil, en conformidad con lo señalado en el artículo 1.141 y 1.160 ejusdem. De la misma manera sostiene artículo 1.141 y 1.160 ejusdem. De la misma manera sostiene que la demandada se fundamentó en la cláusula Décima Cuarta del contrato, especialmente en el ordinal "G" del mismo, Refiere sobre dicha cláusula lo siguiente”.

 

1-   Que el concedente (Fiat) tenía el derecho a considerar rescindiendo el contrato sin necesidad de previo aviso, por infracción a cualquiera de sus cláusulas.

2-   Que Fiat ha aplicado, en este caso, equivocadamente, la facultad que le otorga el encabezamiento de la cláusula citada.

3-   Que Fiat, a partir del 20 de febrero de 1989, no cumple con sus obligaciones contractuales y con ello ha producido graves daños y perjuicios patrimoniales así como un daño moral de efectos comerciales negativos que han afectado a la empresa”.

 

“El petitorio de la demanda es:

Primero: En la Resolución del Contrato que vincula a las partes;

Segundo: Subsidiariamente el pago de los daños y perjuicios (Daño emergente y lucro cesante);

Tercero: También subsidiariamente, reparación por daño moral, que lo definen en los siguientes hechos:

 

a)                    Que al efectuar la operación Autocamiones Corsa deja de persibir una ganancia neta de Un Millón Ochocientos Cuarenta y Tres Mil Ciento Veintidos Bolívares (Bs. 1.843.122,00).

b)                    Que ha dejado de percibir la cantidad de 21.700.140 Bolívares por haber cesado en sus entregas mensuales de automóviles la empresa Fiat; Que por recomendaciones y exigencias Fiat, efectúa remodelaciones y tabiquerías nuevas en sus oficinas, así como estantes, obras acometidas y concluidas a un monto de sufragado por Bs. 1.812.440,32, que deberán quedar a beneficio de los inmuebles arrendados por su mandante, según cláusulas especiales de los respectivos contratos, que constituye un daño patrimonial evidente en perjuicio de Autocamiones Corsa;”

 

“La injusta e inadecuada publicidad dada al asunto Fiat, que significó una violenta y compulsiva reclamación de diversos acreedores y procedieron por vía judicial, una brutal erogación de dineros, autocamiones Corsa, mantenía una cartera crediticia así:

 

CREMERCA, B. 5.500.000,00;

BANCO ANDINO, Bs 1.500.000,00

BANCO FEDERAL, Bs. 4.000.000,00: Y

ARMANDO IACCARINO, Bs 579.000,00.

“Estos conceptos, según la actora, fueron producto de que sufrieron, violentas erogaciones que significaron una erogación de Bs. 9.011.874,00, por gastos y honorarios judiciales por las diversas demandas (Bs. 713.550,00; honorarios de abogados, más 200.000, 100.000, 115.800, y 80.000, en total Bs. 1.209.350,00)”.

 

“De cumplir con las obligaciones por Bs. 2.542.000,00 por sostener las estructuras, los locales y los talleres, de pagos mensuales”.

 

“Que por suministros de repuestos y ganacias netas del 35% dejó de percibir la cantidad de 3.225.000,00:”

 

“Perjuicios prudenciales por el monto de 10.000.000, por privación de sus derechos como Concesionarias Fiat”.

 

“El valor intrínseco de sus puntos comerciales, que por daño moral, lo estima en la cantidad de 20.000.000”.

 

“De conformidad con el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil estiman su demanda, incluyendo la llamada acción subsidiaria y el daño moral en la suma de sesenta y dos millones trescientos y dos mil cincuenta y dos bolívares (Bs. 62.362.052,00). De la misma manera demandan el pago de las costas y costos del procedimiento, cuya condenatoria piden”.

 

“Que estiman la presente demanda en la suma de setenta y cuatro millones trescientos sesenta y dos mil cincuenta y dos bolívares (Bs. 74.362.052,00)”.

“Solicitan se decrete y practique medida preventiva de embargo sobre bienes muebles propiedad de la empresa demandada”.

 

“Llegada la oportunidad de la contestación de la demanda, los apoderados de la parte demandada consignan escrito donde rechazan la pretensión actora tanto en los hechos como en cuanto al derecho".

 

“Como puede observarse, en el referido resumen del libelo efectuado por el ad-quem no se indica que CORSA hubiese solicitado la corrección monetaria de los conceptos demandados. CORSA  peticionó tal asunto en forma extemporánea e ineficaz en el escrito de informes en segunda instancia. Esto puede verse en la página 19 de la recurrida, cuando el Juzgador de Alzada analiza el escrito de informes cursante a los folios 198 al 210, presentados por la representación de CORSA ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito y se refiere que la actora pidió en dichos informes de segunda instancia:

 

"se declara resuelto el contrato y condena a la demandada a pagar lo reclamado por daños y perjuicios materiales y morales mas corrección monetaria o indexación; y demás (sic) se condena a la demandada al pago de las costas..."

 

“Es con el antecedente señalado que el sentenciador de Alzada, establece en el dispositivo de la decisión proferida:

 

"Se ordena la indexación de las cantidades y montos objeto de la condenatoria, por haberse solicitado formalmente por la actora"

 

“Como podrán apreciar los honorables Magistrados, tanto de la lectura del libelo, como de la síntesis del mismo que hace el Juez de Alzada, y de los informes de la demandante, ésta no solicitó en el libelo la corrección o ajuste monetario de las sumas reclamadas, sino que lo hizo en los informes presentados en segunda instancia, con motivo de conocer el Juzgado Superior de las apelaciones que ambas partes verificaron contra la sentencia definitiva del Juez a quo. Al no haberse solicitado la corrección monetaria en la demanda, dicho asunto, obviamente, no formó parte del tema de la controversia traído al proceso por el demandante, ya que éste estaba obligada a plantear todos los extremos fácticos de su pretensión en el libelo, como lo determina el Artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, en los ordinales 4°, 5° y 6°. Consecuencialmente, el Sentenciador, de acuerdo a los principios dispositivos y de congruencia consagrados en los artículos 12 y 243, Ordinal 5°, ibídem, debía sentenciar congruentemente con lo pedido en el libelo, sin conceder a la actora un bien jurídico que no fue incluido dentro de las pretensiones deducidas, que no fue pedido”.

 

“La Corrección monetaria debe solicitarse en el libelo y nunca en otra oportunidad, salvo en cuanto a derechos indisponibles y materias de orden público...Omissis...

En el caso de autos como hemos visto, la demandante no solicitó la corrección o ajuste monetario en el libelo, sino que lo hizo por primera vez en los informes que presentó al Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, que conoció de las apelaciones interpuestas por ambas partes contra la sentencia del Juzgado aquo. Esta circunstancia está reconocida expresamente por el adquem en la sentencia, en la parte que pertinentemente hemos transcrito precedentemente”.

 

“Es en los informes de CORSA  de fecha 11 de Agosto de 1994, Capítulo VII, que por primera vez solicita el ajuste monetario, y los hace así:

 

"Pido se declare CON LUGAR en todas sus partes la demanda, se declare resuelto el contrato y se condene a la demandada a pagar lo reclamado por daños y perjuicios materiales y morales mas la corrección monetaria e indexación;  y además se condene a la demandada al pago de las costas".

 

“Es por todo lo antes expuesto que cuando el Juez de la recurrida, establece:

 

"Se ordena la indexación de las cantidades y montos objeto de la condenatoria, por haberse solicitado formalmente por la actora".

 

“No sentenció con arreglo a la pretensión deducida, infringiendo el principio de congruencia contemplado en el ordinal 5°del Artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, al dejar de sentenciar conforme a la pretensión formulada por el actor, conforme a lo alegado, concediéndole a CORSA, sin que lo hubiese pedido tempestivamente, la corrección monetaria de las sumas demandadas”.

 

“También el sentenciador de reenvío transgredió el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a las normas que obligan a los jueces a tener por norte de sus actos la verdad y escudriñarla dentro de los límites de su oficio y a decidir conforme a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de estos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados, al ordenar el ajuste monetario de los rubros objeto de la condenatoria parcial, sin que ello hubiese sido pedido por la actora CORSA en el libelo, con lo cual obviamente no se atuvo a lo alegado y probado en autos y no tuvo por Norte de sus actos la verdad”.

 

“La existencia de los vicios señalados, impone la aplicación del artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, por faltar las determinaciones exigidas por el artículo 243 ejusdem que se han indicado”.

 

“Por las expresadas razones, solicitamos respetuosamente se declare con lugar esta denuncia y en consecuencia la nulidad del fallo recurrido."

 

 

               Para decidir, la Sala observa:

 

               El formalizante arguye que la sentencia recurrida se encuentra viciada, por cuanto el Juzgador otorgó más de lo solicitado por la parte actora, pues ordenó la corrección monetaria de las sumas demandadas, con lo cual infringió el artículo 243 ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, incurriendo en el vicio de incongruencia positiva.-

 

               Al respecto el impugnante para rebatir esta denuncia, expresa lo siguiente:

 

"...Impugnamos dicha denuncia bajo las siguientes consideraciones:...Omissis...

 

“...Sin embargo, a todo evento, alegamos que, existe reiterada jurisprudencia de esta Corte que la indexación o corrección monetaria puede ser incluso acordada de oficio, dependiendo de la naturaleza de la obligación que se reclama, esto es, si en la misma están contenidos valores que afecten al orden público o si se trate de derechos indisponibles. La oportunidad de solicitar la indexación está vinculada a la clase de derecho que se encuentra debatido en el juicio; dependerá si se trata de derechos disponibles o no...Omissis... Los daños y perjuicios, sean materiales o morales, son derechos indisponibles, desde el punto de vista que, cuando se demandan corresponde al Juez que conozca del asunto, valorarlos y calificarlos; así pues, una vez valorados por el Juez, y acordada su procedencia, es cuando podemos decir, que tales derechos están disponibles para el actor; pudiendo en consecuencia acordar, incluso de oficio la corrección monetaria de los mismos, ya que por el transcurso del tiempo las cantidades que pudieran haberse estimado como daños y perjuicios han perdido su valor, y debe mantenerse el valor real de las prestaciones dejadas de producir...Omissis..."

 

               Ahora bien, para verificar las aseveraciones expuestas por el formalizante, se pasa a transcribir lo pertinente del libelo de la demanda:

 

"FORMULA DE LA DEMANDA”

 

“Por todo lo expuesto, ciudadano Juez, es por lo que acudo ante su competente autoridad para demandar, como en efecto demando en este acto a la empresa mercantil domiciliada en la Victoria, Estado Aragua , "FIAT AUTOMÓVILES VENEZUELA C.A.", debidamente identificada, en la persona de su Presidente Ejecutivo, ciudadano MARIO CONTADIN quien es comerciante, mayor de edad y de este domicilio en nombre de mi mandante "AUTOCAMIONES CORSA C.A.", también identificada, para que la demandada convenga, o en su defecto a ello sea condenada por el Tribunal, en lo siguiente: PRIMERO: En la resolución de Contrato que vincula a las partes, acompañado a esta demanda marcado letra "B"; SEGUNDO: Subsidiariamente el pago de los daños y perjuicios (Daño Emergente y Lucro Cesante) que se le han producido a mi poderdante por parte de la demandada, que tienen su causa en la conducta unilateral e ilegítima de FIAT  con respecto a la vigencia de las obligaciones contractuales que les vinculan. Estos daños y perjuicios se especifican, se detallan y se calculan en el capítulo siguiente; TERCERO: En vista de la injusta publicidad dada al asunto con aviesa intención por parte de JEAN ISLER, comprometiendo la responsabilidad de FIAT, y produciendo un deterioro profundo en la imagen comercial de AUTOCAMIONES CORSA C.A., mi mandante se demanda una justa indemnización, también subsidiariamente, por lo que corresponde al DAÑO MORAL producido, porque en estos particulares siempre es mejor una reparación en dinero que en ninguna, que estimamos más adelante...Omissis...

 

“En total el monto que se demanda por concepto de DAÑOS Y PERJUICIOS (Daño emergente y lucro Cesante) subsidiariamente a la RESOLUCIÓN DEL CONTRATO arriba solicitada, más el DAÑO MORAL, producido a mi representada y también debidamente reclamado, alcanza a la suma de SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y DOS BOLÍVARES (Bs. 62.362.052,00) más las costas y costos del procedimiento cuya condenatoria pedimos especialmente”.

 

“Todos y cada uno de los documentos y recaudos producidos conjuntamente con el libelo opongo, formalmente, a la demandada y pido que surtan sus efectos legales correspondientes...Omissis...

 

“A los fines de ley se estima el valor de la demanda en la cantidad de SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y DOS BOLÍVARES (Bs. 74.362.052,00)..."

 

              

               Asimismo la sentencia recurrida en su dispositivo, expresa lo siguiente:

 

"De conformidad con lo establecido en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, se ordena notificar a las partes, en la forma establecida en el artículo 233 ibidem, de esta sentencia por haber sido dictada fuera del término legal correspondiente”.

 

“A tenor de los artículos 274 y 281 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas a la parte perdidosa”.

 

“Se ordena la indexación de las cantidades y montos objeto de la condenatoria, por haberse solicitado formalmente por la parte actora..."

 

 

               Ahora bien, de la comparación que hiciere la Sala de lo solicitado por la parte actora en el libelo de la demanda y de lo decidido por el ad-quem en su dispositivo, se constata que efectivamente el juzgador se pronunció sobre algo no pedido por el accionante, como lo fue la corrección monetaria de las sumas demandadas.-

 

               Asimismo, observa la Sala que el impugnante en su contestación alega que el juzgador sí debía pronunciarse sobre la corrección monetaria de oficio por cuanto se tratan de derechos indisponibles, los reclamados por el actor.-

 

               Es menester precisar lo que se entiende por derechos disponibles e indisponibles, según el autor Piero Calamandrei en su obra de Derecho Procesal Civil INSTITUCIONES DE DERECHO PROCESAL CIVIL. Tomo I, expresa lo siguiente:

 

"Esta situación, en virtud de la cual la entrada en vigor de ciertas normas jurídicas se hace depender de la voluntad individual, constituye al individuo en una posición de señorío sobre las normas jurídicas dispuestas para tutela directa de sus intereses, y, por consiguiente, también sobre las obligaciones que de estas normas puedan nacer a cargo de otras personas: el deudor podrá ser constreñido al cumplimiento de su obligación sólo si tal cumplimiento es querido por el acreedor, con la invocación de la norma establecida para tutela de su crédito. En este sentido, el derecho subjetivo señorío del querer: se forma en torno al individuo una esfera de autonomía, y se podría decir que de soberanía individual, dentro de la el poder de disponer de los propios intereses y de exigir la satisfacción de los propios intereses y de exigir la satisfacción de los propios derechos, está reconocido por la ley solamente a él, de un modo exclusivo: dentro de estos límites, la ley quiere lo que el individuo quiere, y el Estado no tiene razón para reaccionar contra la inobservancia de las normas jurídicas, sino en cuanto el individuo haya reclamado su observancia en tutela del propio interés”.

 

“A este poder soberano de disposición que el individuo tiene sobre la propia "esfera jurídica", que es, además, la esfera de la libertad individual dentro de la cual el individuo puede, para tutela de los propios intereses, querer o no querer sin que otro pueda intervenir para imponerle un diverso comportamiento, hace alusión al nuevo Código cuando habla de "derechos disponibles" (ej. Art. 114) y cuando en varios lugares, que a su tiempo recordaremos, contrapone a las causas sobre "derechos o relaciones disponibles" (que se podrían considerar como causas de derecho privado en sentido estricto) todas aquellas otras causas civiles que conciernen a relaciones no disponibles, o también (como tradicionalmente se dice) atinentes al orden público; esto es, relaciones reguladas por normas jurídicas cuya observancia es sustraída, en medida más o menos amplia, según los casos, a la libre voluntad de las partes y a la valoración discrecional que las mismas pueden hacer de sus intereses individuales...".

               Aplicando la doctrina supra transcrita al caso de autos, se observa que los derechos reclamados tienen que ver con una acción de resolución de contrato de concesión y daños y perjuicios, la cual pertenece al denominado derecho privado, que configura un derecho disponible, pues el Estado no tiene ninguna potestad sobre los derecho reclamados, motivo por el cual el juez no podía pronunciarse de oficio sobre la corrección monetaria de las sumas demandadas, pues sólo, lo puede hacer siempre que la parte actora lo hubiere solicitado en su escrito libelar, y que se trate de derecho privado o disponible según quedó asentado en sentencia fecha 26 de mayo de 1999, en el juicio de Michele Viceconte Pinto y otra contra María Olga García de Amo, que dice:

 

"Por otra parte, si bien la corrección monetaria puede ser acordada incluso de oficio por el Tribunal, tal cuestión depende directamente de la naturaleza de la obligación que se reclama, es decir, si en la misma están contenidos valores que afecten de alguna forma el orden público o se trate de derechos disponibles. el asunto referente a la oportunidad y posibilidad de solicitar la indexación, se encuentra vinculado con el tipo o la clase de derecho, que se encuentran debatido en el juicio donde se requiere la indexación. Así, dependerá, sí se trata de derechos disponibles o de carácter privado, o de derechos indisponibles, de orden público o irrenunciables”.

 

“La respuesta a tal asunto la encontramos desarrollada en la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. En efecto, en fallo de fecha 3 de agosto de 1994, en el caso Banco Exterior de los Andes y España (extebandes) contra Carlos José Sotillo Luna, se señaló que:

 

"En primer término, en todas las causas , donde se ventilen derechos disponibles y de interés privado, el ajuste por inflación ha de ser solicitado expresamente y necesariamente por el actor en su libelo de demanda, no pudiendo ser solicitado en otra oportunidad, a riesgo de incurrir el sentenciador en indefensión de la parte contraria y, de producir un fallo viciado de incongruencia positiva y en un caso de ultra o extrapetita, según sea el caso. Mientras, que en las causas donde se ventilan derechos no disponibles, irrenunciables, o de orden público, el sentenciador podrá acordarlos de oficio, aún cuando no haya solicitado por el actor en su libelo de demanda; como por ejemplo, en las causas laborales y las de familia".

 

“Asimismo, ha expuesto la Corte Suprema, cuándo se puede acordar de oficio la indexación judicial, y en tal sentido ha sostenido que:

 

"...se señaló al inicio del presente fallo, que su acordatoria de oficio, dependerá de si se trata de materia de orden público, o si se trata derechos disponibles, e irrenunciables  o no . En efecto, no cabe duda a esta Sala que la indexación no puede ser acordada de oficio por el sentenciado cuando se trate de intereses o derechos privados y disponibles, lo cual implica que el actor tendrá  que solicitarla expresamente en su libelo de demanda. Con ello se evita dejar a la parte contraria en un en un estado de indefensión, al estado de indefensión, al no poder contradecir y comprobar oportunamente contra la misma, e igualmente se libra al sentenciador de producir un fallo incongruente, por otorgar más de lo pedido u otorgar algo no pedido e incurrir en ultra petita, según sea el caso”. (Omissis)

 

“Distinto es el caso de los intereses de orden público o de derechos no disponibles o irrenunciables. En estos casos, el sentenciador sí puede acordar de oficio la indexación, ya que por mandato de ley, es un deber tutelar esos derechos..."

 

 

               En consecuencia, como se trata de una indexación judicial de un procedimiento de orden privado la misma tenía que ser solicitada por el actor en el libelo de la demanda, lo cual no ocurrió y por tal motivo el juez no podía pronunciarse de oficio al respecto, como efectivamente lo hizo, incurriendo en el vicio de incongruencia positiva e infringiendo el artículo 243 ordinal 5°, del Código de Procedimiento Civil, lo cual acarrea la nulidad del fallo por mandato del artículo 244 eiusdem, por lo que se declara procedente la denuncia bajo análisis, y así se decide.-

 

D E C I S I Ó N

 

En mérito de las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR, el presente recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de fecha 30 de junio de 1.989, dictada por el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia, se anula el fallo recurrido y se repone la causa al estado de que el Juez Superior que resulte competente, dicte nueva decisión sin incurrir en el defecto de actividad apuntado por la Sala en este fallo.

 

                   Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Superior de origen, ya mencionado conforme lo preceptuado en el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil.

 

                   Dada,  firmada  y  sellada  en   la  Sala  de  Despacho  del Tribunal  Supremo  de  Justicia,  en Sala de Casación Civil, en Caracas, a los  once   (  11 ) días del mes de mayo de dos mil. Años: 190° de la Independencia y 141° de la Federación.

 

El Presidente de la Sala y Ponente,

 

 

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FRANKLIN ARRIECHE G.

 

El Vicepresidente,

 

 

 

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ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

                                                                                 

 

 

Magistrado,

 

 

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    CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

El Secretario Temporal,

 

 

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ORLANDO MÉNDEZ MEJIA

 

Exp. N° 99-903

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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