Venley

Sentencia N.º 137

Sentencia
N.º 137
Fecha
24/05/2000
Sala
Casación Social
Expediente
99-257
Ponente
Alberto Martini Urdaneta
Procedimiento
Recurso de Casación


 


SALA DE CASACIÓN SOCIAL

Ponencia del Magistrado Dr. ALBERTO MARTINI URDANETA.

 

               En el juicio que por cobro de prestaciones sociales incoara el ciudadano JOSÉ BENÍTEZ RODRÍGUEZ, representado judicialmente por los abogados Beatríz Coromoto Sequera, Lewis Stofikm Gil, América de Jesús Méndez Campos, Geomar Díaz y José Stalin Rosal Freites, contra la sociedad mercantil C.A. BANANERA VENEZOLANA, representada judicialmente por los abogados Alberto Azpúrua Azpúrua, Rafael Alberto Finol Negrón, César Mossi Aparicio, Blanca E. Wannoni de Boccardo, Enrique Aguilar López, Carolina A. Witzke de Boccardo y Antonio José González; el Juzgado Superior Primero (Accidental) en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, dictó sentencia en fecha 17 de diciembre de 1998, mediante la cual declaró parcialmente con lugar la demanda, decisión que fue aclarada el 12 de febrero de 1999.

 

               Contra este fallo del Juzgado Superior, el abogado Antonio José González, en su carácter de co-apoderado judicial de la parte demandada, propuso recurso de nulidad y subsidiariamente recurso de casación, siendo admitido éste último en fecha 12 de febrero de 1999.

 

               Fue consignado escrito fundamentando el recurso de nulidad intentado y, asimismo fueron presentados oportunamente escritos de formalización del recurso de casación, impugnación, réplica y contrarréplica.

 

               La Sala de Casación Civil de este Máximo Tribunal, en fecha 13 de enero de 2000, declinó el conocimiento del presente asunto en esta Sala de Casación Social ordenándose su remisión, en razón de que la competencia funcional y objetiva de la antigua Corte Suprema de Justicia fue modificada por la entrada en vigencia del nuevo texto constitucional.

 

               Recibidas las actuaciones en esta Sala de Casación Social, el Juzgado de Sustanciación de la misma en fecha 02 de febrero de 2000 designó Ponente al Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

               Concluida la sustanciación del presente recurso de casación y cumplidas las formalidades legales, pasa esta Sala a decidirlo, previas las siguientes consideraciones:

 

RECURSO DE NULIDAD

 

               La Sala de Casación Civil de este Alto Tribunal, mediante decisión de fecha 24 de abril de 1998, (caso: Inversora Findam S.A. contra Corporación La Porfia C.A.), considerando la admisibilidad del recurso de nulidad contra las sentencias de reenvío que ocasiona la casación por defecto de actividad, cambió el criterio, apartándose así de su doctrina imperante hasta ese momento, expresando que dicho recurso sólo procede contra la decisión de reenvío originada en la casación del fallo por errores de juicio, ello como una consecuencia lógica de los efectos vinculantes de este tipo de decisión.  Por consiguiente, dicho fallo señaló que no puede intentarse recurso de nulidad cuando este Alto Tribunal ha casado una sentencia por vicio de actividad, siendo tal decisión aplicable a las sentencias dictadas con posterioridad a la publicación del mismo.

 

               Ahora bien, la sentencia impugnada mediante recurso de nulidad fue dictada el 17 de diciembre de 1998 en acatamiento a la orden de dictar nuevo fallo proferida por la antigua Corte Suprema de Justicia como consecuencia de haber casado de oficio la decisión proferida en este proceso en fecha 07 de junio de 1994, por adolecer de inmotivación; es decir que la recurrida fue dictada con posterioridad al cambio jurisprudencial citado y, se originó en razón a una casación por defecto de actividad.

 

               Por todo lo expuesto esta Sala de Casación Social debe declarar la inadmisibilidad del recurso de nulidad intentado contra la sentencia dictada el 17 de diciembre de 1998 por el Juzgado Superior Primero (Accidental) en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo y, así se resuelve.

 

RECURSO DE CASACIÓN

PUNTOS PREVIOS

- I -

 

               Solicita el recurrente en su escrito de réplica que se tenga como no presentado el escrito de impugnación consignado por la parte actora en fecha 14 de abril de 1999, por cuanto aun cuando la ley otorga un lapso de 20 días para la presentación de dicho escrito, este derecho se agota en una única oportunidad y, siendo que el demandante ya había consignado un escrito en fecha 04 de abril de 1999, debe considerarse que con él agotó su derecho a contestar la formalización.

 

               Al respecto considera esta Sala que el interesado puede dentro del lapso concedido por la ley consignar los escritos que considere pertinentes, por cuanto no se trata de un acto procesal sino de un período concedido en su favor y el cual se debe dejar transcurrir íntegramente, salvo disposición contraria de la ley.

 

               De manera, que serán considerados por esta Sala los dos escritos presentados por la parte actora durante el lapso para impugnar la formalización del recurso de casación y así se decide.

 

- II -

 

               Alega la parte actora en su escrito de impugnación, que el recurso de casación fue extemporáneamente anunciado por la parte demandada, por cuanto luego de dictada la sentencia definitiva en fecha 17 de diciembre de 1998, el 26 de enero de 1999 fue solicitada por ésta aclaratoria del citado fallo y anunció contra el mismo recurso de casación; anuncio éste que, a su decir, debió ser ratificado con posterioridad a la publicación de la aclaratoria de la sentencia, por cuanto ésta se considera parte integrante de la misma, por lo que el lapso para la interposición del recurso extraordinario comienza a transcurrir luego de aclarado el fallo.

 

               Ahora bien, de la revisión de las actas del expediente observa esta Sala lo siguiente:

 

               En fecha 17 de diciembre de 1998, fue dictada sentencia definitiva por el Juzgado Superior Primero (Accidental) en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, ordenándose la notificación a las partes.

 

               El 21 de diciembre se dio por notificada la abogado Beatriz de Benítez, apoderada judicial de la parte actora.

 

               En fecha 15 de enero de 1999, se dio por notificada la parte demandada.

 

               En fecha 18 de enero de 1999, la parte demandada presentó escrito solicitando aclaratoria al Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, de su fallo dictado el 17 de diciembre de 1998.

 

               El referido Juzgado Superior, el 26 de enero de 1999, dictó auto mediante el cual declaró la validez de la diligencia estampada por la parte demandada el 15-01-99, mediante la cual se dio por notificada de la sentencia dictada el 17-12-98; y, ordenó realizar un cómputo de los días en que el Tribunal no despachó con motivo de las huelgas de los trabajadores tribunalicios ocurridas en el período comprendido entre  el 28-11-96 y diciembre de 1998, a los fines de ser excluidos del nuevo cálculo de la corrección monetaria, para así proceder a realizar la aclaratoria solicitada.

 

               En la misma fecha, 26 de enero de 1999, la parte demandada anunció recurso de casación e interpuso recurso de nulidad contra la sentencia dictada el 17 de diciembre de 1998, por el Juzgado Superior Primero (Accidental) en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.

 

               En fecha 12 de febrero de 1999, el referido Tribunal Superior dictó aclaratoria de su fallo proferido el 17 de diciembre de 1998 y mediante auto separado admitió el recurso de casación propuesto y señaló que el último día para el anuncio de dicho recurso extraordinario fue el 11 de febrero de 1999.

 

               Para decidir se observa:

 

               Con respecto al lapso para solicitar aclaratorias o ampliaciones del fallo ya la Sala de Casación Civil de este Máximo Tribunal había expresado que en ningún caso tal solicitud interrumpe el lapso para recurrir, criterio éste acogido por esta Sala de Casación Social en fallo dictado el 15 de marzo de 2000, en el cual, además, se puntualizó que la decisión sobre la admisibilidad de los recursos de apelación o de casación deberá ser posterior a la resolución sobre la solicitud de aclaratoria o ampliación, a fin de garantizar el derecho a la defensa de las partes. En dicha sentencia se estableció:

 

“La precisión de la Constitución, al establecer el derecho de toda persona a ser oída dentro de un ‘plazo razonable determinado legalmente’ evidencia que no se trata de cualquier plazo determinado legalmente, sino que éste debe razonablemente garantizar la posibilidad de ser oído.

 

Por su brevedad, el lapso para solicitar la aclaratoria, no es razonable, dada la importancia que adquiere este medio procesal con la interpretación que hace la Sala, por tanto debe ser desaplicado, por su colisión con las reglas constitucionales citadas.

 

A partir de la publicación de esta sentencia, esta Corte considerará que el lapso para solicitar aclaratoria o ampliación de la decisión que ponga fin al proceso, es el mismo establecido para la apelación, si se trata de la aclaratoria de la sentencia de primera instancia, o para la casación, en el supuesto de la solicitud de aclaratoria o ampliación de la decisión de Alzada, sin que en ningún caso la solicitud interrumpa el lapso para recurrir.

 

Sin embargo, debe el Juez, de ser solicitada una aclaratoria o ampliación, postergar el pronunciamiento sobre la admisión del recurso de apelación o casación, según sea el caso, hasta la decisión de la solicitud, pudiendo la parte que considere ilegal la aclaratoria o ampliación, por haber excedido el Juez los límites legales, recurrir contra ésta, en forma autónoma o acumulada al eventual recurso interpuesto contra la definitiva”.

 

 

 

               De manera que considera esta Sala que el anuncio del recurso de casación fue tempestivo, por cuanto la solicitud de aclaratoria del fallo no interrumpe el lapso para ejercer el recurso extraordinario, por lo que se desecha el pedimento de la parte actora y, así se resuelve.

 

- III -

 

               Este Alto Tribunal ha señalado en diferentes oportunidades la necesidad de que las reposiciones deben perseguir una finalidad útil para corregir así los vicios ocurridos en el trámite del proceso.  Ello conduce a que los jueces deben examinar exhaustivamente y verificar la existencia de algún menoscabo de las formas procesales, que implique violación del derecho a la defensa y del debido proceso, para acordar una reposición.

 

               Por su parte, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 26 dispone que el Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas ni reposiciones inútiles, y el artículo 257 expresa en su parte final que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales. (Resaltado de la Sala)

 

Con relación a las reposiciones, nuestra Ley Adjetiva Civil en armonía con el vigente texto constitucional dispone en la última parte del artículo 206 que en ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado.

 

               Por tanto, estima esta Sala de Casación Social, tomando en consideración que no puede acordar reposiciones inútiles y acatando las disposiciones constitucionales y legales antes referidas, que no declarará la nulidad de la sentencia cuestionada, si la misma no contiene alguna deficiencia que sea determinante para la resolución de la controversia, que produzca o implique alguna violación del derecho a la defensa y el debido proceso de alguna de las partes, o que tal deficiencia se traduzca en una omisión de pronunciamiento o en falta de fundamentos de tal entidad que impida el control de la legalidad de la sentencia impugnada.

 

               En virtud de lo antes expuesto, se pasa a analizar el recurso de casación propuesto, acatando el principio finalista recogido por nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela así como por nuestro Código Adjetivo Civil, en los siguientes términos:

 

DEFECTOS DE ACTIVIDAD

UNICO

 

               Por razones metodológicas, la Sala altera el orden de las denuncias planteadas por el formalizante en su escrito y, entra a analizar la segunda delación formulada, la cual se encuentra titulada “B”.

 

               De conformidad con el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncia el formalizante la infracción por la recurrida de los artículos 12, 509 y 243 ordinal 4º eiusdem, al  incurrir en el vicio de inmotivación.

 

               Para fundamentar su denuncia, el formalizante expone:

 

“(B): Denuncio la violación por la recurrida, del artículo 243, ordinal cuarto (4º) del Código de Procedimiento Civil, conjuntamente con el artículo 509, ejusdem, por el vicio de silencio de prueba y del artículo 12, ejusdem, por cuanto el Juez no se atuvo a lo alegado y probado en autos.

 

Adentrándonos en el cuerpo de la Sentencia recurrida aprehendemos, que el Juez de Reenvío, no entendió, lo que nos ha enseñado, la Corte y en especial Humberto Cuenca cuando éstos últimos nos dicen que el Juez de Reenvío, cuando conoce por Casación de defectos procesales o de actividad, recuperará autonomía y plenitud de Instancia y por lo tanto, tan solo queda obligado a reponer el proceso al punto de que sean subsanados los vicios señalados por la Casación, distinguiéndose del Juez de Reenvío, en los casos de infracción de ley, ya que éste subsanará los vicios declarados por la Corte, de acuerdo con las bases legales expuestas, pero su decisión en conjunto está sometida también a los hechos probados que el curso de la controversia. Del contexto de la sentencia recurrida, captamos que el Juez de Reenvío, se limitó única y exclusivamente a dictar su sentencia, de acuerdo a lo que interpretó del fallo de la Corte, obviamente siendo tal interpretación errónea. De la sentencia recurrida transcribimos lo que aquí se denuncia, a saber:

 

‘Por todo lo expuesto, éste Juzgado Accidental Ad hoc, Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en estricto acatamiento a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia, establecida en el fallo de fecha 07-05-97, mediante la cual Casó de Oficio el fallo recurrido por la parte accionada y ordenó al Juez Superior que resultara competente dictar nueva decisión; basándose en enmendar los errores materiales o de cálculos aritméticos, que resultaron de la parte del fallo viciado y anulada; este sentenciador pasa a cumplir con lo ordenado, limitándose al punto único anulado, en base a las siguientes consideraciones...’.

 

(SIC)

 

Estamos en presencia entonces de una de las modalidades establecidas por la Corte en su Sala Civil, para considerar el vicio de inmotivación. La motivación de la sentencia recurrida, es ilógica y absurda, ya que como hemos visto, no hay secuencia ni sistemático razonamiento, en cuanto a las razones que se tuvieron para la decisión. En palabras de la Corte ‘...es imposible conocer el Criterio Jurídico que siguió el Juez para dictar su decisión’. De allí que de igual manera estamos en presencia de la violación del ordinal Cuarto (4º) del artículo 243, conjuntamente con los artículos 12 y 509, todos del Código de Procedimiento Civil”.

 

 

 

               Para decidir se observa:

              

               Denuncia el formalizante que la recurrida incurrió en el defecto de actividad a que da lugar el incumplimiento del requisito contenido en el ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, ya que la motivación del referido fallo “...es ilógica y absurda...”, por cuanto la sentencia impugnada se limitó únicamente a interpretar lo decidido por la antigua Corte Suprema de Justicia al ordenar la reposición de la causa al estado de dictar nuevo fallo, sin analizar los hechos que fueron probados durante el curso del proceso.

 

               La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia dictada el 16 de febrero de 1994, estableció que el vicio de inmotivación se configura cuando:

 

“Respecto a la violación del ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, denunciado por la formalizante, esta Sala ha sostenido de manera inveterada, constante y pacífica que el vicio de inmotivación se verifica cuando en la sentencia suceda alguna de las siguientes hipotésis: ‘...1) Si no contiene materialmente ningún razonamiento de hecho ni de derecho en que pueda sustentarse el dispositivo;  2)  Si las razones expresadas por el sentenciador no tienen relación alguna con la pretensión deducida o con las excepciones o defensas opuestas;  3)  Los motivos se destruyen los unos a los otros por contradicciones graves e inconciliables, situación comparable a la falta absoluta de fundamentos;  4)  Los motivos son tan vagos, generales, inocuos, ilógicos o absurdos que impiden conocer el criterio jurídico que siguió el Juez para dictar su decisión, y 5)  Cuando el sentenciador incurre en el denominado vicio de silencio de prueba’”.

 

 

 

               Criterio éste acogido en su totalidad por esta Sala de Casación Social.

 

               Observa la Sala de la revisión de las actas del expediente que en el presente juicio fue dictada sentencia por el Juzgado Superior Primero (Accidental) en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, mediante la cual se declaró parcialmente con lugar la acción intentada.  Fue interpuesto contra dicho fallo recurso de casación por la parte demandada y, la antigua Corte Suprema de Justicia casó de oficio la decisión impugnada por defectos de actividad, y fue este fallo del Máximo Tribunal el que dio origen a la sentencia ahora impugnada.

 

               Ahora bien, para verificar la certeza de lo aseverado por el formalizante, la Sala extrae de la recurrida lo siguiente:

 

“El presente procedimiento se inició por ante el Juzgado Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, mediante formal demanda interpuesta por la abogada BEATRIZ COROMOTO SEQUERA, en representación del ciudadano: JOSÉ BENÍTEZ RODRÍGUEZ, en fecha 08-11-89; habiendo sido sustanciada en dicha instancia fue decidida por un Juzgado Accidental ad hoc, en fecha 16-11-92, el cual declaró PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA incoada por la parte actora y condenó a la demandada a cancelarle, primero: la diferencia de prestaciones sociales que resultare respecto a Bs. 335,33, que fue el monto básico tomado como referencia diaria para la cancelación de los conceptos de 900 días de antigüedad y 900 de cesantía; siendo apelado dicho fallo por la parte demandada, subieron las actuaciones al Juzgado Superior, siendo distribuida para el Segundo en lo Civil, Mercantil, Trabajo, Tránsito y Menores de esta misma Circunscripción Judicial; sustanciado el procedimiento correspondiente en esa instancia, fue designado el expediente a un Juez Accidental ad hoc, que lo decidió el 07-06-94, declarando PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada, reformando el fallo apelado en el cálculo del concepto de lo condenado a pagar por la demandada de la PENSIÓN DE JUBILACIÓN; de dicho fallo la demandada interpuso RECURSO DE CASACIÓN, el cual fue sustanciado en la Corte Suprema de Justicia y decidido con ponencia del Magistrado Dr. JOSÉ LUIS BONNEMAISON, con fecha 07-05-97; CASANDO DE OFICIO el fallo recurrido POR FALTA DE MOTIVACIÓN, estableciendo la Sala Civil, una DOCTRINA a seguir en dos puntos:

 

PRIMERO: La Sala ‘...pudo constatar que por una parte la sentencia superior estimó lo pagado por la empresa accionada fue en base a trescientos treinta y cinco bolívares con treinta y tres céntimos (Bs. 335,33) ...respecto al pago de las prestaciones sociales que correspondían al actor del presente juicio’.

 

SEGUNDO: La Sala apreció que: ‘..., el Juez de Alzada al decidir que el trabajador accionante sí tenía el derecho a la pensión de jubilación consagrada en los contraros colectivos vigentes para los períodos 1980 – 1983 y 1986 – 1988, procedió a efectuar el cálculo respectivo, estableciendo un nuevo salario básico diario de Un Mil Ciento Setenta y Nueve con Cincuenta y Siete Céntimos (Bs. 1.179,57)’.

 

En este orden de ideas, la Casación estableció: ‘En el caso que nos ocupa, la Sala encuentra que los motivos de la decisión de Alzada -la integración del salario de base de los cálculos legales o convencionales-, son inconciliables, lo que genera una situación equiparable a la falta absoluta de fundamentos que vicia al fallo de inmotivación, con infracción del ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil’. Y decidió la Sala: ‘..., declara SIN LUGAR el recurso de casación anunciado por el abogado Antonio José González, co-apoderado de la parte demandada, contra la sentencia de fecha 07 de junio de 1994, proferido por el Juzgado Superior Segundo Accidental en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo; y CASA DE OFICIO el fallo recurrido’. En consecuencia ordenó que el Juez Superior que resultara competente para dictar nueva decisión, lo hiciera ‘...sin incurrir en los vicios que dieron lugar a la nulidad el fallo’.

 

II

MOTIVACIONES

 

Por todo lo expuesto, este Juzgado Accidental ad hoc, Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo; en estricto acatamiento a la doctrina de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, establecida en el fallo de fecha 07-05-97, mediante la cual CASA DE OFICIO el fallo recurrido por la parte accionada y ordenó al Juez Superior que resultara competente dictar nueva decisión; basándola en enmendar los errores materiales o de cálculos aritméticos, que resultaron de la parte del fallo viciado y anulada; este sentenciador pasa a cumplir con lo ordenado, limitándose al punto único anulado, en base a las siguientes consideraciones:

 

1.    Partiendo, primero, del único punto controvertido, en el cual la demandada demostró su inconformidad y que fue el casado por el Máximo Tribunal, este Juzgador procede a realizar el cálculo que servirá de base para la fijación de la PENSIÓN DE JUBILACIÓN del accionante,...

 

2.    Continuando en un segundo punto, en consonancia con la doctrina expuesta, habída consideración que la liquidación de las prestaciones sociales del accionante, las canceló la accionada con base a un salario diario de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO BOLÍVARES CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. 335,33), siendo éste un salario menor con respecto al anterior (Bs. 589,79) diario arrojado, existe evidentemente una diferencia en los conceptos cancelados de Bs. 254,46 diarios (Bs. 589,79 – Bs. 335,33 = 254,46); por lo que al hacer el cálculo correcto, resulta la siguiente operación: 900 días de antigüedad por Bs. 254,46 = 229.014,00 y 900 días de cesantía por Bs. 254,46 = 229.014,00; de manera que al sumar ambos conceptos; resulta una diferencia a favor del accionante, en lo pagado por la accionada por prestaciones sociales de Bs. 458.028,00 y así se decide.

 

3.    Conforme a la Doctrina establecida por la Sala de Casación Civil, en la sentencia del 17-03-93, en el juicio de Camilus Lamorell contra Machinery Care y Otros, bajo la ponencia del Magistrado Rafael Alfonzo Guzmán, en el expediente Nº 92.210, mediante la cual se estableció que en el proceso laboral el juez puede acordar la indexación de oficio, y por cuanto los conceptos acordados en este fallo, están equiparados a la obligación de prestar alimentos y su reconocimiento es considerado de ORDEN PÚBLICO, constituyendo una excepción a la regla que obliga a solicitar la indexación en el libelo de demanda para los demás procesos; este sentenciador acoge dicha jurisprudencia que ha sido por demás reiterada en todos los fallos que han seguido, emanados de la Corte Suprema de Justicia, estableciendo dicha doctrina, que no se otorga la indexación exclusivamente al concepto de antigüedad, si no se extiende a todas las reclamaciones comprendidas dentro de las prestaciones sociales y con fundamento a la misma, observa este juzgador una resistencia por parte de la demandada en cumplir con las obligaciones acordadas a favor del trabajador reclamante, que no puede ser premiada en detrimento del derecho social tutelado; por lo que, se ordena DE OFICIO, aplicar la corrección monetaria a los montos a cancelar al trabajador accionante, calculados en este fallo y así se decide”.

 

 

 

 

               De la transcripción precedente se evidencia que el juzgador de la recurrida, consideró que al originarse su deber de dictar sentencia en el presente caso en un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que por haber casado de oficio la decisión recurrida, ordenó dictar nueva sentencia sin incurrir en el vicio de actividad allí encontrado, su labor se hallaba limitada a corregir el defecto en cuestión, sin necesidad de establecer los hechos ni expresar los motivos de hecho y de derecho que determinaron el dispositivo del fallo.

 

               Con tal proceder el juez de la recurrida incurrió en el defecto de actividad denominado inmotivación del fallo y violó el principio de autosuficiencia de la sentencia, por cuanto el juez que recibe un fallo casado por infracciones de forma adquiere plena jurisdicción para resolver la controversia, sometido únicamente a las normas de derecho que rigen su actividad.

 

               El Código de Procedimiento Civil diferencia los efectos de la casación por defectos de actividad y por errores de juicio, en los artículos 320 y 322 ejusdem, que disponen:

 

“Artículo 320: ...Si al decidir el recurso la Corte Suprema de Justicia encontrare una infracción de las descritas en el ordinal 1º del artículo 313, se abstendrá de conocer las otras denuncias de infracción formuladas, y decretará la nulidad y reposición de la causa al estado que considere necesario para restablecer el orden jurídico infringido. Igual abstención hará cuando declare con lugar una infracción que afecte una interlocutoria que haya producido un gravamen no reparado en la definitiva”.

 

“Artículo 322: ...Declarado con lugar el recurso de casación por las infracciones descritas en el ordinal 1º del artículo 313, la Corte Suprema de Justicia remitirá el expediente directamente al tribunal que deba sustanciar de nuevo el juicio, y si éste no pudiera continuar conociendo por razones de inhibición, lo pasará de inmediato al que deba continuar conociendo conforme a las disposiciones de este Código, participándole dicha remisión al Tribunal que le envió el expediente a la Corte.

 

Si el recurso fuere declarado con lugar por las infracciones descritas en el ordinal 2º del artículo 313, el Juez de reenvío se limitará a dictar nueva sentencia sometiéndose completamente a lo decidido por la Corte Suprema de Justicia. La doctrina del fallo de casación, tanto estimatoria como desestimatoria, es vinculante para el Juez de reenvío, quien dictará nueva sentencia con base a las disposiciones de la ley que la Corte Suprema de Justicia haya declarado aplicables al caso resuelto”.

 

 

 

 

               De conformidad con lo dispuesto en los artículos 320 y 322 del Código de Procedimiento Civil, se generan dos efectos originados por la casación por defectos de actividad: a) la nulidad del fallo y la consecuente reposición de la causa al estado que resulte necesario para el cabal restablecimiento del orden jurídico infringido y; b) el Tribunal que resulte competente debe sustanciar de nuevo el juicio.

 

               Los efectos antes señalados fueron puntualizados en sentencia de la Sala de Casación Civil de este Máximo Tribunal, de fecha 24 de abril de 1998, la cual expresó:

 

“Se interpreta, tanto de la ley, como de la doctrina citada, que la sentencia de casación por defecto de actividad, al anular el fallo de instancia, provoca la reposición de la causa, y le impone el juez de reenvío la nueva sustanciación del juicio.

 

Esto se contrapone al efecto de la nulidad de la sentencia por errores de juicio, como lo comenta el mismo jurista Humberto Cuenca, en los siguientes términos:

 

‘...El efecto de la sentencia por errores in iudicando consiste en cambiar una falta de certeza o una certeza errónea por un razonamiento jurídico correcto. Se desglosa en la nulidad de la sentencia viciada por un error de juicio y en la orden al juez de reenvío de reconstruir ese juicio conforme a la doctrina establecida por la Corte. Demoler y construir es, efectivamente, la función de la casación, en un laborar incesante por la exacta aplicación de la ley. Pero no es cierto que la decisión casada desaparezca totalmente, quedan siempre aprovechables actos procesales y razonamientos que, o bien fueron legitimados por encontrarlos correctos, o no fueron objeto del examen por no haber sido denunciados. Es necesario recordar, que según el sistema venezolano el error no puede recaer exclusivamente sólo en el juicio de derecho, sino también en el juicio sobre la identidad, posición, valoración y eficacia probatoria de los hechos (v. Núm. 99 s) y por tanto, la reconstrucción que entre nosotros produce la sentencia de casación por error de juicio es mucho más extensa y profunda que el efecto de la casación pura’.

 

Conforme a la doctrina expuesta, la sentencia de casación por errores de juicio anula la sentencia recurrida, pero no repone la causa ni ordena la nueva sustanciación de la misma, sino que ordena la reconstrucción de la sentencia conforme a la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia”.

 

 

 

 

               Por tanto al casarse una sentencia por defectos de actividad el juzgador que resulte competente no está atado sino por la obligación de respetar las reglas de derecho en la sustanciación o en la elaboración de la sentencia, según sea el caso, mas no está vinculado inexorablemente a la doctrina sentada por este Alto Tribunal.  Resultando por tanto, indispensable que el juzgador realice una exposición detallada de los motivos de hecho y de derecho en que fundamenta su decisión, considerándose, de lo contrario que el fallo carece absolutamente de motivos. Este requisito resulta incluso exigible en las decisiones derivadas del reenvío por errores de juicio, por cuanto, si la sentencia no contiene, en cualquier caso los motivos en los que se sustenta su dispositivo y remite a otras actas del expediente, resulta inmotivada y viola el principio de autosuficiencia del fallo, por cuanto el contenido de la misma no se basta a si mismo.

 

               Por todos los razonamientos expuestos esta Sala de Casación Social declara la procedencia de la denuncia analizada y así se resuelve.

 

                   De conformidad con lo pautado en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, la Sala al encontrar procedente una infracción de las descritas en el ordinal 1º del artículo 313 eiusdem, se abstiene de seguir conociendo de las restantes delaciones efectuadas.

 

DECISIÓN

 

               En mérito de las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1) INADMISIBLE el recurso de nulidad interpuesto por la parte demandada C.A. BANANERA VENEZOLANA contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero (Accidental) en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 17 de diciembre de 1998. No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del fallo. 2) CON LUGAR el presente recurso de casación anunciado por la parte demandada C.A. BANANERA VENEZOLANA contra la referida sentencia y, en consecuencia se declara nulo el fallo recurrido. Por consiguiente, se repone la causa al estado de que el Juez Superior que resulte competente, dicte nueva sentencia subsanando el vicio referido.

 

               Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Superior de origen, es decir, al Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil.

 

               Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los  veinticuatro  ( 24 ) días del mes de  mayo de dos mil. Años: 190º de la Independencia y 141º de la Federación.

 

El Presidente de la Sala,

 

 

___________________________

OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

 

El Vicepresidente,

 

 

______________________

JUAN RAFAEL PERDOMO

 

                                               Magistrado-Ponente,

 

 

                                               _____________________________

                   ALBERTO MARTINI URDANETA

 

 

La Secretaria,

 

 

__________________________

BIRMA I. DE ROMERO

 

R.C. Nº 99-257

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