Sentencia N.º 1382
- Sentencia
- N.º 1382
- Fecha
- 07/12/2011
- Sala
- Casación Social
- Expediente
- 11-1191
- Ponente
- Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Ponencia del Magistrado LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIÉRREZ.
En el proceso de cobro de diferencia de prestaciones sociales y de acta convenio, instaurado por los ciudadanos TOMÁS AQUINO GARCÍA OJEDA, OSWALDO MIGUEL GARCÍA RIVAS, BENITA JOSEFINA GONZÁLEZ RUÍZ, LUIS ALBERTO GONZÁLEZ TOLLO, LEONEL OMAR HERNÁNDEZ ÁVILA, HÉCTOR ANTONIO LAYA SOJO, GERARDO ANTONIO MANCHEGO ESCALANTE, FRANCISCO ANTONIO MATOS, ALEJANDRO MEDINA RAMÍREZ, FRANCISCO RAMÓN MORA LABRADOR, DIEGO RAMÓN MORENO RODRÍGUEZ, RUBÉN DARÍO NAVARRO, JOSÉ GREGORIO OJEDA RÍOS, RAIZA REBECA PANTOJA TORRES, CARLOS ENRIQUE PARRA CARRASCO, AMMARILI TIBAIRE PEÑALOZA RODRÍGUEZ, ORANGEL DELFÍN ROBLES, ESTALIS JOSÉ RODRÍGUEZ MOYA y ROBILSON JOSÉ RONDÓN CAMPOS, representados judicialmente por los abogados José Agustín Ibarra y Andrés Eloy Parra Valera, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO LIBERTADOR y la FUNDACIÓN CARACAS (FUNDACARACAS), la primera de ellas, representada en juicio por los abogados José Alfredo Canelón Mata, Adriana Aguilera, Zhonsiree del Carmen Vásquez Nieves, Karina González Castro, Nirma Maricruz Mendoza Arnías, Mercedes Millán, Lisett Carolina Perdomo, Adys Suárez de Mejía, Edglys del Valle Montañés, Digna Farías Correa, Rosángela Errante Parrino, Arazaty Nataly García Figueredo, Aída Josefina Villalba, Sikiu Rivero Martínez, Marco Antonio Rendón, Daniela Lianet Medina González, Yelitza Belmonte, Liz Keyla Hernández Arias, Pedro José Espinoza Romero, Verónica Mendoza, José Labrador, Dámaso Ángel Castro Hernández, Sugey Josefina Centeno Oliveros, Carmen de Jesús Arbeláez, Jenny Mileidy Espina Lineros, Vanessa López Henríquez, Mabelys Coromoto Da Silva Caraballo, Ángela Marisol Rivero Ortíz, Zoraida García Pulido, Nilsen Dinorah Bracho Rodríguez y Belkis Parra; y la segunda, por los abogados Alejandro Escarrá Gil, Luis Alejandro Portto Leyzeaga, Marina Isabel Romero Pinto, Zurima Alicia Hernández y Aquiles Cuéllar Sandoval; el Juzgado Superior Noveno del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante sentencia del 19 de julio de 2010, declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por la parte actora y sin lugar la demanda, en virtud de la prescripción de la acción, con lo cual quedó confirmado el fallo proferido el 11 de marzo de ese mismo año, por el Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la referida Circunscripción Judicial.
Contra la decisión de alzada, la parte demandante anunció recurso de casación el 9 de agosto de 2010, el cual fue admitido el 29 de julio de 2011 después de ser anulado [Rectius: revocado por contrario imperio] el auto de admisión emitido el día 27 de ese mismo mes y año.
El 19 de septiembre de 2011, fue consignado el escrito de formalización correspondiente, ante la Secretaría de esta Sala.
El 11 de octubre de 2011, se dio cuenta del asunto y se designó ponente al Magistrado Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
En esta oportunidad procesal, pasa la Sala a pronunciarse acerca del recurso de casación interpuesto, en los siguientes términos:
Ú N I C O
Con el propósito de resolver el asunto sometido al conocimiento de esta Sala, se observa que para acceder a la sede casacional, es necesario que se encuentren satisfechos los requisitos de admisibilidad del recurso, entre los cuales figura el de la cuantía; en este sentido, la Sala Constitucional de este máximo Tribunal, en sentencia Nº 1.573 de fecha 12 de julio de 2005 (caso: Carbonell Thielsen, C.A.), determinó que la cuantía debe examinarse conforme a la que regía para el momento de interposición de la demanda, y si la misma está expresada en unidades tributarias, deberá considerarse el valor de éstas para la fecha de presentación del escrito libelar. Dicho criterio fue establecido con carácter vinculante, a partir del 12 de agosto de ese mismo año, fecha de publicación del fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.249.
Asimismo, esta Sala de Casación Social, en decisión Nº 580 del 4 de abril de 2006 (caso: Fernando Leal y otros contra Servicios Técnicos Mecánicos, C.A.), adaptó los parámetros establecidos por la mencionada Sala Constitucional, de acuerdo con las vías recursivas previstas en el proceso laboral, esto es, los recursos de casación y de control de la legalidad; al respecto, se determinó que:
( ) el nuevo criterio sobre la cuantía que ha de examinarse para admitir o no el recurso de casación, debe aplicarse de acuerdo con la fecha en que se ejerza el medio recursivo correspondiente, de tal manera, que los recursos que hayan sido interpuestos antes del 12 de agosto de 2005 fecha de publicación en Gaceta Oficial de la citada sentencia de la Sala Constitucional, deberán decidirse conforme con el criterio entonces imperante; por el contrario, el nuevo criterio será aplicable para aquellos interpuestos con posterioridad a la fecha supra indicada (12 de agosto de 2005) ( ).
Conteste con lo antes expuesto, visto que en el presente caso la sentencia impugnada fue publicada en fecha 19 de julio de 2010, y el recurso de casación fue anunciado el 9 de agosto de ese mismo año, la cuantía para acceder a la sede casacional debe ser establecida de acuerdo con la exigida para el momento de interposición de la demanda, lo que ocurrió el 17 de julio de 2008. Para esa fecha, la cuantía exigida en el artículo 167 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.) ascendía a Bs. F. 138.000,00.
Determinado lo anterior, se evidencia que en la presente causa existe un litisconsorcio activo, por cuanto la demanda fue incoada por diecinueve (19) ciudadanos, razón por la cual se reitera que en caso de presentarse una acumulación de pretensiones, debe examinarse individualmente cada una de ellas, a fin de determinar si por lo menos una cumple con la cuantía requerida para acceder a casación, a los efectos de la admisibilidad de este medio extraordinario de impugnación.
Ahora bien, de acuerdo con lo señalado en el escrito libelar, la estimación total de la demanda fue establecida en la cantidad de treinta y un millones cuatrocientos setenta y dos mil trescientos sesenta y tres bolívares fuertes (Bs. F. 31.472.363,00), tal como consta en el folio 191 de la primera pieza del expediente; oscilando la pretensión de cada uno de los reclamantes, entre un mínimo de un millón ciento dieciocho mil setecientos cincuenta y nueve bolívares fuertes (Bs. F. 1.118.759,00), y un máximo de tres millones diecinueve mil seiscientos sesenta y nueve bolívares fuertes (Bs. F. 3.019.669,00), según consta en los folios 190 y 191 de la primera pieza del expediente. Sin embargo, en su escrito de contestación a la demanda, la Fundación Caracas alegó la incongruencia e inexactitud de los montos por los conceptos demandados se refieren en millones de bolívares, siendo distintos a las cantidades del petitorio que trata de millardos de bolívares, disparidad de cifras que van en detrimento de nuestro derecho a la defensa (sic) (f. 286, 1ª pieza del expediente).
En efecto, si bien los demandantes expresaron las cantidades anteriormente indicadas, en bolívares fuertes, esta Sala evidencia que las mismas corresponden a bolívares sin tomar en cuenta la reconversión monetaria, porque los cálculos se hacen conforme al salario devengado por cada uno de los actores, quienes, según se alega, finalizaron la relación laboral el 31 de diciembre de 1996, cuando fue liquidada la empresa Promociones Urbanas Caracas C.A. (PROURCA), para la cual prestaban sus servicios. En este sentido, de los cuadros de cálculo contenidos en el libelo de demanda, si bien no se señala unidad monetaria alguna, se parte del salario de cada trabajador, que sí está señalado en bolívares (para la fecha de egreso de la empresa, en el año 1996), y se calculan los distintos conceptos desde el 1° de enero de 1997 hasta el 1° de marzo de 2008, pero siempre manteniendo la misma unidad monetaria visto que no se hace conversión alguna; por lo tanto, se colige que el monto totalizado para cada uno de los actores, está expresado en bolívares, sin tomar en cuenta la reconversión monetaria que operó en el país, a partir del 1° de enero de 2008.
Así las cosas, visto que la mayor cuantía de las distintas pretensiones alcanza el monto de tres millones diecinueve mil seiscientos sesenta y nueve bolívares (Bs. 3.019.669,00), equivalentes a tres mil diecinueve bolívares fuertes con sesenta y siete céntimos (Bs. F. 3.019,67); como asimismo que dicha cantidad es inferior a la cuantía exigida para acceder a la sede de casación para la fecha de interposición de la demanda Bs. F. 138.000,00, como se señaló supra, resulta forzoso para esta Sala declarar la inadmisibilidad del recurso de casación ejercido, al no estar satisfecho el requisito de la cuantía, conteste con la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se decide.
D E C I S I Ó N
Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia publicada en fecha 19 de julio de 2010 por el Juzgado Superior Noveno del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia, se REVOCA el auto de fecha 29 de julio de 2011, el cual había admitido dicho recurso.
No hay condenatoria en costas del recurso, dada la naturaleza del presente fallo.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen ya mencionado.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los siete (7) días del mes de diciembre de dos mil once. Años: 201º de la Independencia y 152º de la Federación.
El Presidente,
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OMAR ALFREDO MORA DÍAZ
El Vicepresidente y Ponente, Magistrado,
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LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ JUAN RAFAEL PERDOMO
Magistrado, Magistrada,
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ALFONSO VALBUENA CORDERO CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA
El Secretario,
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MARCOS ENRIQUE PAREDES
R.C. N° AA60-S-2011-001191
Nota: Publicada en su fecha a
El Secretario,
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