Sentencia N.º 1391
- Sentencia
- N.º 1391
- Fecha
- 15/11/2004
- Sala
- Casación Social
- Expediente
- 04-662
- Ponente
- Omar Alfredo Mora Díaz
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Ponencia del Magistrado OMAR ALFREDO MORA DÍAZ.
Visto el procedimiento que por nulidad de contrato de venta con pacto de retracto, sigue la ciudadana EDILIA MIREYA BUCARELO AZUAJE, quien en calidad de tutora de los ciudadanos JAVIER JOSÉ Y PEDRO JOSÉ BUCARELO AGÜERO, y representada judicialmente por los abogados Carmen Coromoto Montilla de Anzola y César Maldonado, demandó a los ciudadanos JOSÉ CÉSAR ARROYO e IRIS COROMOTO DUNO, el primero representado judicialmente por el abogado Rubén Farias Harris y la segunda por los abogados Ramón Pérez Linarez, José Anzola Crespo, Miguel Adolfo Anzola Crespo y Francisco García Fernández; el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, mediante decisión de fecha 4 de mayo de 2004, declaró sin lugar la apelación interpuesta por la representación judicial de la parte actora, sin lugar la declaratoria de nulidad de venta con pacto de retracto solicitada, y confirmó la decisión de fecha 16 de octubre de 2003, proferida por el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.
Contra la decisión de Alzada, la representación judicial de la parte actora anunció recurso de casación, el cual una vez admitido fue formalizado oportunamente.
En fecha 4 de junio de 2004, se dio cuenta en Sala designándose ponente al Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz.
Concluida la sustanciación del presente recurso de casación, y cumplidas como han sido todas las formalidades legales, pasa esta Sala de Casación Social a dictar sentencia, bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, bajo las consideraciones siguientes:
- I -
DEL RECURSO DE CASACIÓN
En el denominado capítulo TERCERO del escrito, el recurrente expone una primera denuncia, en el que informa que de conformidad con el artículo 313, ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, la recurrida no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 243 eiusdem, habiéndose agotado el recurso de apelación que por igual vicio incurriera el tribunal de la causa.
La parte recurrente, luego de transcribir extractos de la sentencia, expresó:
Solicito respetuosamente a los ciudadanos Magistrados observen.
1°) Suple el Juzgador la conducta omisiva de los demandados. En efecto, al analizar la prueba que corre inserta al folio 79 de los autos, señala que se trata de una prueba preconstituida antes del juicio y que la parte contraria como tampoco el Juez tuvieron control sobre la evacuación de la misma. Correspondía a la parte contraria impugnar la legalidad y veracidad de la prueba aportada, obtenida obviamente antes de iniciarse el proceso y acompañada al juicio en su desarrollo. En tal sentido, el Juez de Alzada incurre en violación del ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, al no motivar con fundamento la sentencia y desestimar la prueba producida por la parte actora, sin valorarla conforme a las reglas de la sana crítica establecida en el artículo 507 del mismo Código.
2°) Violó igualmente lo dispuesto en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, al suplir excepciones de hecho de la parte demandada, no alegada por dicha parte, al desestimar la referencia, constancia de vida en común de los ciudadanos ANÍBAL JOSÉ BUCARELO AZUAJE y MARITZA COROMOTO AGÜERO BARRIOS que cursa al folio 79 del expediente, y de esa forma, no motiva jurídicamente su fallo al declarar no probada la existencia de la comunidad concubinaria entre ambos ciudadanos.
3°) No valoró el ciudadano Juez de Alzada otros elementos probatorios y por ende violó el artículo 12 antes citado, cuando, teniendo por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de su oficio, omitió el conocimiento de los hechos que se encuentran comprendidos en la experiencia común o máximas de experiencias y que se contienen en el expediente:
a) Reconoce como hermana de JOSÉ ANÍBAL BUCARELO AZUAJE a la ciudadana DILIA MIREYA BUCARELO AZUAJE, conforme lo reitera en la narrativa de la demanda, más sin embargo, no aprecia que la conducta de dicha ciudadana al demandar en nombre de sus sobrinos la nulidad de las ventas, está reconociendo el vínculo concubinario existente entre su hermano JOSÉ ANIBAL BUCARELO AZUAJE y la ciudadana MARITZA COROMOTO AGÜERO BARRIOS.
b) Se aprecia en de (sic) los autos, por las diversas incidencias deducidas durante el juicio, que los hermanos JAVIER JOSÉ Y PEDRO JOSÉ BUCARELO BARRIOS vienen habitando el inmueble desde antes de la venta que hiciere su padre, después de ella y aún más, después del fallecimiento de ambos progenitores, lo cual hace presumir que ello se debió a que dichos padres ocupaban el inmueble como pareja concubinaria sobre la existencia del concubinato.
COROLARIO: Se desprende de lo expuesto con anterioridad, la carencia de motivación adecuada de los hechos y del derecho por parte de la Alzada y por ende se encuadra dentro del supuesto consagrado en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, por no haber cumplido a cabalidad con los requisitos contenidos en el artículo 243 ejusdem, en particular con su ordinal 4° y consecuentemente pido, que casada que sea la sentencia, se le ordene a la Alzada dictar nueva sentencia, con acatamiento a lo dispuesto en el ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, y así sea declarado.
Para decidir, la Sala observa:
Señala el recurrente, que la sentencia recurrida no cumple con el particular establecido en el artículo 243, ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil.
El denunciado artículo 243, ordinal 4°, está referido a los motivos de hecho y de derecho que debe contener toda sentencia, por lo que al carecer una decisión de tales exigencias, se produce lo que se ha venido denominando como el vicio de inmotivación, el cual puede asumir diversas modalidades, y sobre este particular por vía jurisprudencial se ha enseñado:
Existe inmotivación de una sentencia cuando sucede alguna de las siguientes hipótesis: 1°) Si no contiene materialmente ningún razonamiento de hecho ni de derecho en que pueda sustentarse el dispositivo; 2°) Si las razones expresadas por el sentenciador no tienen relación alguna con la pretensión deducida o con las excepciones o defensas opuestas; 3°) Los motivos se destruyen los unos a los otros por contradicciones graves e inconciliables, situación comparable a la falta absoluta de fundamentos; 4°) Los motivos son tan vagos, generales, inocuos, ilógicos o absurdos que impiden conocer el criterio jurídico que siguió el Juez para dictar su decisión; y 5°) Cuando el sentenciador incurre en el denominado vicio de silencio de prueba. (Sentencia N° 324, Sala de Casación Social, de fecha 29 de noviembre de 2001, ratificada en fecha 5 de febrero de 2002).
Es el caso, que en la presente delación, la Sala no percibe que el formalizante haya dejado evidenciado como fue que incurrió la Alzada en el vicio de inmotivación, sino que se observa que lo que existe es un desacuerdo por parte del recurrente, respecto a la apreciación dada por el juez de la recurrida sobre determinadas probanzas promovidas en el interín del proceso, lo cual se traduce en un supuesto error en la motivación, que no es susceptible de ser denunciado como un error in procedendo, sino como un error in iudicando, por cuanto la motivación errónea es un error de juicio que no se refiere a la forma de la sentencia sino al mérito de la causa que conduce a un dispositivo erróneo.
Por lo que, al no cumplir el formalizante con la debida técnica casacional para exponer su denuncia, se desecha la actual delación. Así se decide.
- II -
DE LAS DENUNCIAS POR INFRACCIÓN DE LEY
De conformidad con el artículo 313, ordinal 2° del Código de Procedimiento Civil, denuncia la parte recurrente la errónea interpretación de los artículos 77 de la Constitución Nacional y del artículo 767 del Código Civil.
Para fundamentar su denuncia, el formalizante expresamente señaló:
Ahora bien, habiendo desestimado la Alzada la existencia de la unión concubinaria, violó tanto el dispositivo constitucional antes citado, así como la presunción legal establecida en el artículo 797 del Código Civil, al interpretar erróneamente el contenido de ambas normas, al añadir en su interpretación particular como Juzgador, requisitos inexistentes y por demás no señalados tanto en las normas citadas como tampoco en el contenido de la sentencia. Al indicar que de las probanzas aportadas solo se desprende que los ciudadanos ANÍBAL JOSÉ BUCARELO AZUAJE Y MARITZA COROMOTO AGÜERO BARRIOS solo tuvieron hijos ocasionales y no una relación estable, le agregó a las normas citadas, una condición probatoria muy por encima de la que se aportó en el proceso por la parte actora.
COROLARIO: Se desprende de lo expuesto con anterioridad, la carencia de motivación adecuada de los hechos y del derecho por parte de la Alzada y por ende se encuadra dentro del supuesto consagrado en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, por haber interpretado erróneamente los artículos 77 de la Constitución Nacional y 767 del Código Civil y consecuentemente pido, que casada que sea la sentencia, se le ordene a la Alzada dictar nueva sentencia,...
Para decidir, la Sala observa:
Denunció la formalizante la errónea interpretación de dos normas jurídicas a saber: el artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 767 del Código Civil.
Establece el artículo 767 del Código Civil:
Artículo 767: Se presume la comunidad, salvo prueba en contrario, en aquellos casos de unión no matrimonial, cuando la mujer o el hombre en su caso, demuestre que ha vivido permanentemente en tal estado aunque los bienes cuya comunidad se quiere establecer aparezcan a nombre de uno solo de ellos. Tal presunción sólo surte sus efectos legales entre ellos dos y entre sus respectivos herederos y también entre uno de ellos y los herederos del otro. Lo dispuesto en este artículo no se aplica si uno de ellos está casado.
Como se observa, el artículo precedentemente transcrito, establece una presunción legal iuris tantum, respecto a la comunidad de bienes surgida con ocasión de una unión no matrimonial, pero en modo alguno consagra una presunción referida a la existencia del concubinato como erradamente parece entenderlo la parte recurrente, quien al solicitar a la Sala se declare la nulidad de la sentencia, manifestó ...se le ordene a la Alzada dictar nueva sentencia, aplicando debidamente los artículos señalados, presumiendo la existencia de la vida en común de los ciudadanos JOSÉ ANÍBAL BUCARELO AZUAJE Y MARITZA COROMOTO AGÜERO BARRIOS..., (negrillas de la Sala.
En efecto, el referido dispositivo técnico jurídico, prevé, que salvo prueba en contrario, la existencia de la comunidad de bienes debe ser presumida, en el supuesto de que un hombre y una mujer, vivan en concubinato, con independencia de que el bien aparezca a nombre de uno solo. En este sentido, el dispositivo bajo estudio, impone según el caso, la prueba del concubinato permanente.
Ahora bien, al tratar de dejar evidenciado a la Sala la errada interpretación del Juzgador de la Alzada, respecto al artículo en cuestión, la formalizante señaló que se habían añadido requisitos inexistentes al indicarse que de las probanzas aportadas sólo se desprende que los ciudadanos ANÍBAL JOSÉ BUCARELO AZUAJE y MARTIZA COROMOTO AGÜERO BARRIOS, solo tuvieron hijos ocasionales y no una relación estable.
El que la Alzada haya analizado las probanzas aportadas al proceso, para desprender que los ciudadanos ANIBAL JOSÉ BUCARELO AZUAJE y MARITZA COROMOTO AGÜERO BARRIOS, solo tuvieron hijos ocasionales y no una unión estable, fue una conclusión producto de una labor que debía realizarse, cual era analizar un aspecto importante a saber: la demostración de que los mismos vivieron permanentemente en una unión no matrimonial estable, razón por la cual ello, en modo alguno puede conllevar a la conclusión de que se adicionó un requisito inexistente, como mal lo afirma quien recurre.
Conforme a lo anterior, la Sala considera que no erró la Alzada en la interpretación del artículo 767 del Código Civil y así se resuelve.
Y con respecto a la denunciada errónea interpretación del artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se le advierte al formalizante que no es posible para esta Sala de Casación Social revisar violaciones de normas de rango constitucional, por cuanto ello es competencia de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 266, ordinal 1° de la Constitución publicada en 1999; y por cuanto sólo son objeto del recurso de casación aquellas normas que resulten directamente infringidas, es decir, las normas de naturaleza infraconstitucional, que resulten violadas de forma inmediata en el caso en concreto, motivo por el cual esta Sala se abstiene de conocer del error en la interpretación de la mencionada norma, y así se resuelve.
-III-
En su tercera denuncia, la parte formalizante textualmente señaló:
TERCERA DENUNCIA: HABER NEGADO LA ALZADA LA APLICACIÓN DE UNA LEY VIGENTE.
Establece el artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:
Se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, el cual se funda en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges, a las uniones estables de hechos entre un hombre y una mujer que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley producirán los mismos efectos que el matrimonio. (Subrayado de quien suscribe)
La Alzada, al desechar y desestimar la existencia de la vida en común, unión de hecho o concubinaria, de los ciudadanos JOSÉ ANÍBAL BUCARELO AZUAJE Y MARITZA COROMOTO AGÜERO BARRIOS, no solo derrumba la pretensión de la parte actora de que se declare la nulidad de las ventas realizadas en perjuicio de la última de las nombradas.
El efecto de la declaratoria de existencia de la relación concubinaria permanente debe traer por consecuencia legal, para dicha pareja, los mismos efectos del matrimonio, y uno de ellos se expresa en la comunidad de bienes, conforme a lo cual, la venta de los bienes comunes, por aplicación analógica del artículo 168 del Código Civil, debe ser consentida por ambos, por lo que se debe presumir la inexistencia del contrato de venta suscrito con pacto de retracto entre el ciudadano JOSÉ ANIBAL BUCARELO AZUAJE y JOSÉ CÉSAR ARROYO, al carecer del consentimiento de la concubina MARITZA COROMOTO AGÜERO BARRIOS, aplicándose la concepción de que la propiedad del inmueble vendido pertenece a la Comunidad de Bienes de los concubinos y que por ende al no existir el consentimiento de no de los dos comuneros, la venta se debe reputar como inexistente por carencia del consentimiento de la verdadera propietaria del inmueble, vale decir la Comunidad Concubinaria.
COROLARIO: Se desprende de lo expuesto con anterioridad, la inaplicación del contenido del artículo 77 de la Constitución Nacional y consecuentemente pido, que casada que sea la sentencia, se le ordene a la Alzada dictar nueva sentencia, aplicando debidamente el artículo señalado, presumiendo la existencia de la vida en común de los ciudadanos JOSÉ BUCARELO AZUAJE Y MARITZA COROMOTO AGÜERO BARRIOS, Y CONSECUENTEMENTE OTORGÁNDOLE a esa pareja común los mismos derechos que a la pareja matrimonial, y consecuentemente declare la nulidad de la venta realizada por JOSÉ ANÍBAL BUCARELO AZUAJE a JOSÉ CÉSAR ARROYO por la correcta interpretación subsiguiente de los artículos 168 y 1.141 del Código Civil y así piso sea declarado..
Para decidir, la Sala observa:
Pese la carente subsunción de la delación bajo alguno de los ordinales del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, la denuncia trata de la supuesta falta de aplicación del artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Siendo ello así, nuevamente se advierte a la parte formalizante la imposibilidad de esta Sala de Casación Social para conocer denuncias por violación de normas constitucionales, dada su falta de competencia en esa materia, puesto que ello corresponde a la Sala Constitucional de este Alto Tribunal, por lo que, en torno a la supuesta infracción del mencionado artículo, esta Sala no tiene materia sobre la cual decidir. Así se establece.
D E C I S I Ó N
Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara, SIN LUGAR el recurso de casación interpuesto por la representación judicial de la parte demandante, contra la sentencia de fecha 4 de mayo de 2004, proferida por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.
No hay condenatoria en costas, de conformidad con el artículo 484 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente, al Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, con sede en la ciudad de Barquisimeto. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen antes mencionado, todo de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los quince (15) días del mes de noviembre de dos mil cuatro. Años 194° de la Independencia y 145° de la Federación.
El Presidente y Ponente,
_________________________
OMAR ALFREDO MORA DÍAZ
El Vicepresidente,
______________________
JUAN RAFAEL PERDOMO
Magistrado,
___________________________
ALFONSO VALBUENA CORDERO
El Secretario Temporal,
____________________________
JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA
R.C. N° AA60-S-2004-000662
NOTA: Publicada en su fecha a las
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