Sentencia N.º 1399
Sentencia N.º 1399
- Sentencia
- N.º 1399
- Fecha
- 24/09/2009
- Sala
- Casación Social
- Expediente
- 09-546
- Ponente
- Omar Alfredo Mora Díaz
- Procedimiento
- Consulta
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Ponencia del Magistrado OMAR ALFREDO MORA DÍAZ
El Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, remitió a esta Sala el expediente contentivo del recurso de nulidad, propuesto conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos, que interpuso la sociedad mercantil INVERSIONES CAMELAMAR, C.A., representada judicialmente por los abogados José Armando Sosa Ochoa, Rafael Julián Hernández Quijada y María Gabriela Hernández Del Castillo, contra el acto administrativo de fecha 4 de septiembre de 2006, dictado por el Directorio del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, representado judicialmente ante la primera instancia por el abogado Fernando Riobueno, en el cual se acordó la declaratoria de ociosidad del Fundo El Coco, ubicado en el Sector Aricagua-La Mira, Municipio Antolín del Campo, estado Nueva Esparta.
El tribunal de la causa dictó decisión definitiva en fecha 17 de octubre de 2007, conforme a la cual declaró parcialmente con lugar el presente recurso, y por consiguiente, nulo el acto administrativo recurrido, sólo con respecto a una superficie de 10.000m2 de tierras, descritas en dicho fallo
.
La remisión se efectuó en razón de la consulta que elevara a esta Sala el tribunal de la causa, motivado a que fue declarada parcialmente con lugar la presente acción de nulidad y las partes no ejercieron recurso alguno.
En fecha 30 de abril de 2009, se dio cuenta en Sala, asignándose el conocimiento de la presente causa al Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz.
Concluida la sustanciación del presente recurso, y cumplidas las formalidades de ley correspondientes, se pasa a decidir en los siguientes términos:
P R E T E N S I Ó N
El abogado José Armando Sosa, actuando como apoderado judicial de la sociedad mercantil Inversiones Camelamar, C.A., propone en fecha 16 de marzo de 2007, por ante el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, acción de nulidad contra el acto administrativo dictado por el Instituto Nacional de Tierras, en fecha 4 de septiembre de 2006, en el cual se declaró la ociosidad del Fundo denominado El Coco, cuya superficie es de 257 hectáreas con 1700 m2, y a su vez, se dio inicio al procedimiento de rescate correspondiente.
Explica la parte actora, que:
Mi representada, Inversiones Camelamar, C.A., es propietaria de un lote de terreno de diez mil metros cuadrados (10.000mts2) ubicados en jurisdicción del Municipio Antolín del Campo, Distrito Arismendi, estado Nueva Esparta en el sitio denominado El Coco cuyas medidas y linderos son los siguientes: Norte: en ciento cuarenta y tres metros (143 mts) con terrenos que son o fueron del Dr. Rafael Ávila Vivas; Sur: en ciento cuarenta y tres metros (143 mts) con terrenos que son o fueron del Dr. Rafael Ávila Vivas; Este: en setenta (70) metros con carretera que conduce del pueblo de Aricagua a los pueblos de la Mira y Manzanillo y Oeste: en setenta metros (70mts) con terrenos que son o fueron del Dr. Rafael Ávila Vivas. La propiedad consta en documento registrado por ante el registro Subalterno del Distrito Arismendi del Estado Nueva Esparta el 28 de julio de 1987 ( ).
Luego de indicar que el caso de autos no encuadra en ninguno de los supuestos de inadmisibilidad señalados en el artículo 173 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el accionante asevera que el ente agrario demandado es incompetente para revisar el origen y titularidad de la propiedad del Fundo El Coco, en el marco del procedimiento abierto para determinar que dichas tierras están ociosas o incultas; lo cual amerita la nulidad del acto confutado, por incurrir en incompetencia por extralimitación de atribuciones, en razón de lo establecido en el ordinal 19 del artículo 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Expresa que, si bien conforme a lo establecido en los artículos 82 y 83 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el INTI tiene la competencia para rescatar tierras de su propiedad o del Estado; sin embargo, en el procedimiento administrativo abierto en el caso del Fundo El Coco, no tenía por objeto ejercer esa facultad, sino solamente determinar si dichas tierras están ociosas o incultas, por ello, el INTI al establecer en el acto administrativo recurrido que el fundo El Coco es de origen público, se extralimitó en las atribuciones que legalmente podía ejercer en el marco del procedimiento administrativo abierto conforme a lo establecido en los artículos 35 y siguientes de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
De igual forma, alega que el acto recurrido incurre en violación del derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 49 de nuestra Carta Magna, al haberse pronunciado sobre un objeto que no era parte del procedimiento administrativo, por cuanto, además de determinar que las tierras objeto de investigación tienen carácter ocioso o inculto, también se pronunció sobre el supuesto carácter público de dichas tierras.
Señala, que el acto impugnado violó el derecho al debido proceso, al no notificar previamente de la realización de la inspección en el lote de terreno afectado por dicho acto.
Advierte, que el acto administrativo incurrió en un vicio de nulidad absoluta por violación al debido proceso establecido en el articulo 49, numeral 2, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al quebrantar el derecho a la presunción de inocencia, en virtud del cual, se ha debido presumir que Inversiones Camelamar, C.A., es la legítima propietaria de 10.000 mts2, dentro del Fundo El Coco, porque tiene título de propiedad y documentos que así lo demuestran; y ante cualquier procedimiento para determinar el origen y la propiedad del mismo el INTI tiene la carga de demostrar y probar que los títulos y documentos que demuestran la propiedad de mi representada es nulo.
Expone la accionante que:
El acto administrativo recurrido violó los principios establecidos en los artículos 788 y 789 del Código Civil así como lo dispuesto en los artículos 82 y 83 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario al pretender rescatar un fundo que no puede considerarse en modo alguno ocupado ilegal o ilícitamente, todo lo cual produce la nulidad de dicho acto en virtud de lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
( )
En el presente caso, mi representada es legítima propietaria de 10.000 mts2 que formaron alguna vez parte del fundo El Coco. Cualquier intento de desconocer eso por parte del INTI sin probar ni demostrar que tal documento de propiedad es nulo, representa una violación de los principios establecidos en los artículos 788 y 789 del Código Civil.
Continúa, y alega que el acto confutado viola el principio establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, al incurrir en el vicio de desviación de poder, lo cual hace que el acto sea anulable conforme al artículo 20 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
A tal efecto, indica que el INTI usó sus facultades previstas para determinar el carácter ocioso o inculto de un fundo, para un fin distinto, el cual fue determinar la titularidad de la propiedad del referido fundo y declarar el supuesto origen público de éste, con lo que se materializó, prácticamente, una confiscación de la propiedad.
Se aduce que el acto recurrido incurre en el vicio de ausencia de base legal por la incorrecta y errónea interpretación y aplicación de la Ley de Tierras Baldías y Ejidos a los efectos de exigir a mis representados la cadena titulativa de su propiedad desde 1948 como única demostración del carácter de propietarios del fundo El Coco.
Señala la parte accionante, que el acto cuya nulidad se pretende, incurre en falso supuesto de hecho al establecer que el Fundo El Coco es de origen público, con lo cual se desconoce la propiedad privada que se ostenta sobre 10.000 mts2, que fueron parte del referido fundo. De igual forma, se acusa el falso supuesto de hecho, al concluir que las tierras del citado fundo, están ociosas o incultas, ya que, según la doctrina, para ello es necesario una determinación del plan de seguridad agroalimentaria, y el acto administrativo no se basó en plan alguno aplicable al lugar.
Asevera que se quebrantó el derecho de propiedad establecido en el artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, razón por la cual, procede la nulidad del acto impugnado, en atención al contenido del artículo 19 numeral 1 de la Constitución (sic) en concordancia con el artículo 25 de la Constitución. (sic)
Expresa:
Existe, sobre los 10.000 mts2 propiedad de mi representada, un proyecto urbanístico denominado Parque Nacional Camelamar, C.A. cuyo documento de condominio data de 1994, cuya primera etapa fue totalmente vendida y está hoy habitada y cuya segunda etapa está en pleno desarrollo en la actualidad.
Se solicita, conforme al contenido del artículo 178 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, la suspensión de los efectos del acto recurrido.
OPOSICIÓN AL RECURSO
SENTENCIA EN CONSULTA
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
En el caso de autos, se procura la nulidad de un acto administrativo, suficientemente identificado anteriormente, emanado del Instituto Nacional de Tierras, conforme al cual se declaran ociosas o incultas unas tierras, cuya extensión total es de 257 hectáreas con 1.700 metros cuadrados, ordenándose el inicio del procedimiento de rescate sobre éstas. La nulidad pretendida, versa sobre 10.000 mts2 ubicados dentro de la extensión de tierra afectada por el acto recurrido.
Así las cosas, se aprecia que la decisión objeto de consulta, previo desecho de la mayoría de los alegatos que tratan de desvirtuar la legalidad del acto confutado, estima que la resolución dictada por el Instituto Nacional de Tierras, es de imposible ejecución, dentro de los 10.000 mts2 cuadrados señalados por el accionante en su escrito libelar, en razón de que esta porción de tierra ha perdido su vocación agrícola, por cuanto sobre la misma se ha levantado un conjunto turístico recreacional.
Ahora bien, y observando los hechos soberanamente establecidos por el tribunal de la causa, los cuales se encuentran sustentados en las pruebas cursantes en autos, esta Sala considera que la decisión objeto de consulta, se subsume en contradicción al establecer que la vocación del terreno afectado por el acto recurrido es agraria, para luego considerar que el mismo posee vocación turística.
Esto es, el fallo consultado se sustenta en una posición contradictoria con el objeto de poder declarar con lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad propuesto.
Así las cosas, se estima que el acto recurrido no debe ser revocado, en tanto y cuanto, tal y como soberanamente fue establecido por el tribunal de la causa, no proceden los alegatos expuestos por el recurrente a efectos de lograr la nulidad del mismo, lo cual es acogido por esta Sala; y el único argumento considerado por el a quo como procedente, es resuelto en base a una contradicción expuesta en la sentencia consultada. Así se decide.
En este sentido, es menester señalar que la decisión dictada en primera instancia, advierte que, al resolver lo relativo a la vocación de uso de las tierras objeto de afectación, y por ende considerar parcialmente nulo el acto recurrido, no es necesario resolver los restantes alegatos expuestos por el recurrente a efectos de sustentar su pretensión; sin embargo, y de la lectura de la sentencia en consulta, así como de los argumentos planteados por la parte actora, se observan que los mismos son iterativos, y ya expuestos con anterioridad, en razón de que los mismos versan sobre la errónea interpretación de la Ley de Tierras Baldías y Ejidos y la violación del derecho de propiedad, puntos ya resueltos previamente en la sentencia objeto de estudio.
Por consiguiente, se deberá revocar el fallo objeto de consulta, por la contradicción existente en el mismo y, en consecuencia, sin lugar el recurso de nulidad propuesto.
D E C I S I Ó N
En virtud de las consideraciones anteriores, esta Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley REVOCA la sentencia sometida a consulta, dictada por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas en fecha 29 de octubre de 2008; SIN LUGAR, el recurso contencioso administrativo de nulidad propuesto contra el acto de fecha 4 de septiembre de 2006, dictado por el Directorio del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, en el cual se acordó la declaratoria de ociosidad del Fundo El Coco, ubicado en el Sector Aricagua-La Mira, Municipio Antolín del Campo, estado Nueva Esparta.
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Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de la causa.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre de dos mil nueve. Años: 199º de la Independencia y 150º de la Federación.
El Presidente de la Sala y Ponente,
___________________________
OMAR ALFREDO MORA DÍAZ
El Vicepresidente, Magistrado,
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JUAN RAFAEL PERDOMO ALFONSO VALBUENA CORDERO
Ma-
gistrado, Magistrada,
________________________________ __________________________________
LUIS E. FRANCESCHI GUTIERREZ CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA
El Secretario,
____________________________
JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA
R.A. Nº AA60-S-2009-0546
Nota publicada en su fecha a
El Secretario,
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