Venley

Sentencia N.º 1399

Sentencia
N.º 1399
Fecha
24/09/2009
Sala
Casación Social
Expediente
09-546
Ponente
Omar Alfredo Mora Díaz
Procedimiento
Consulta

 

 

Ponencia del Magistrado OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

                  

                   El Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, remitió a esta Sala el expediente contentivo del recurso de nulidad, propuesto conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos, que interpuso la sociedad mercantil INVERSIONES CAMELAMAR, C.A., representada judicialmente por los abogados José Armando Sosa Ochoa, Rafael Julián Hernández Quijada y María Gabriela Hernández Del Castillo, contra el acto administrativo de fecha 4 de septiembre de 2006, dictado por el Directorio del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, representado judicialmente ante la primera instancia por el abogado Fernando Riobueno, en el cual se acordó la declaratoria de ociosidad del Fundo El Coco, ubicado en el Sector Aricagua-La Mira, Municipio Antolín del Campo, estado Nueva Esparta.

                  

                   El tribunal de la causa dictó decisión definitiva en fecha 17 de octubre de 2007, conforme a la cual declaró parcialmente con lugar el presente recurso, y por consiguiente, nulo el acto administrativo recurrido, sólo con respecto a una superficie de 10.000m2 de tierras, descritas en dicho fallo

.                 

                   La remisión se efectuó en razón de la consulta que elevara a esta Sala el tribunal de la causa, motivado a que fue declarada parcialmente con lugar la presente acción de nulidad y las partes no ejercieron recurso alguno.

 

                   En fecha 30 de abril de 2009, se dio cuenta en Sala, asignándose el conocimiento de la presente causa al Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz.

                    

                   Concluida la sustanciación del presente recurso, y cumplidas las formalidades de ley correspondientes, se pasa a decidir en los siguientes términos: 

 

P R E T E N S I Ó N

 

                    El abogado José Armando Sosa, actuando como apoderado judicial de la sociedad mercantil Inversiones Camelamar, C.A., propone en fecha 16 de marzo de 2007, por ante el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, acción de nulidad contra el acto administrativo dictado por el Instituto Nacional de Tierras, en fecha 4 de septiembre de 2006, en el cual se declaró la ociosidad del Fundo denominado El Coco, cuya superficie es de 257 hectáreas con 1700 m2, y a su vez, se dio inicio al procedimiento de rescate correspondiente.

 

                   Explica la parte actora, que:

                  

Mi representada, Inversiones Camelamar, C.A., es propietaria de un lote de terreno de diez mil metros cuadrados (10.000mts2) ubicados en jurisdicción del Municipio Antolín del Campo, Distrito Arismendi, estado Nueva Esparta en el sitio denominado El Coco cuyas medidas y linderos son los siguientes: Norte: en ciento cuarenta y tres metros (143 mts) con terrenos que son o fueron del Dr. Rafael Ávila Vivas; Sur: en ciento cuarenta y tres metros (143 mts) con terrenos que son o fueron del Dr. Rafael Ávila Vivas; Este: en setenta (70) metros con carretera que conduce del pueblo de Aricagua a los pueblos de la Mira y Manzanillo y Oeste: en setenta metros (70mts) con terrenos que son o fueron del Dr. Rafael Ávila Vivas. La propiedad consta en documento registrado por ante el registro Subalterno del Distrito Arismendi del Estado Nueva Esparta el 28 de julio de 1987 (…).

 

 

                   Luego de indicar que el caso de autos no encuadra en ninguno de los supuestos de inadmisibilidad señalados en el artículo 173 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el accionante asevera que el ente agrario demandado es incompetente para revisar el origen y titularidad de la propiedad del Fundo El Coco, en el marco del procedimiento abierto para determinar que dichas tierras están ociosas o incultas; lo cual amerita la nulidad del acto confutado, por incurrir en incompetencia por extralimitación de atribuciones, en razón de lo establecido en el ordinal 19 del artículo 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

 

                   Expresa que, si bien conforme a lo establecido en los artículos 82 y 83 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el INTI tiene la competencia para rescatar tierras de su propiedad o del Estado; sin embargo, en el procedimiento administrativo abierto en el  caso del Fundo El Coco, no tenía por objeto ejercer esa facultad, sino solamente determinar si dichas tierras están ociosas o incultas, “por ello, el INTI al establecer en el acto administrativo recurrido que el fundo “El Coco” es de origen público, se extralimitó en las atribuciones que legalmente podía ejercer en el marco del procedimiento administrativo abierto conforme a lo establecido en los artículos 35 y siguientes de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.”

                  

                   De igual forma, alega que el acto recurrido incurre en violación del derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 49 de nuestra Carta Magna, al haberse pronunciado sobre un objeto que no era parte del procedimiento administrativo, por cuanto, además de determinar que las tierras objeto de investigación tienen carácter ocioso o inculto, también se pronunció sobre el supuesto carácter público de dichas tierras.

 

                   Señala, que el acto impugnado violó el derecho al debido proceso, al no notificar previamente de la realización de la inspección en el lote de terreno afectado por dicho acto.

 

                   Advierte, que el acto administrativo incurrió en un vicio de nulidad absoluta por violación al debido proceso establecido en el articulo 49, numeral 2, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al quebrantar el derecho a la presunción de inocencia, en virtud del cual, se ha debido presumir que Inversiones Camelamar, C.A., es la legítima propietaria de 10.000 mts2, dentro del Fundo El Coco, porque tiene título de propiedad y documentos que así lo demuestran; “y ante cualquier procedimiento para determinar el origen y la propiedad del mismo el INTI tiene la carga de demostrar y probar que los títulos y documentos que demuestran la propiedad de mi representada es nulo”.

 

                   Expone la accionante que:

 

El acto administrativo recurrido violó los principios establecidos en los artículos 788 y 789 del Código Civil así como lo dispuesto en los artículos 82 y 83 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario al pretender rescatar un fundo que no puede considerarse en modo alguno ocupado ilegal o ilícitamente, todo lo cual produce la nulidad de dicho acto en virtud de lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

 

(…)

 

En el presente caso, mi representada es legítima propietaria de 10.000 mts2 que formaron alguna vez parte del fundo “El Coco”. Cualquier intento de desconocer eso por parte del INTI sin probar ni demostrar que tal documento de propiedad es nulo, representa una violación de los principios establecidos en los artículos 788 y 789 del Código Civil.    

                       

 

                   Continúa, y alega que el acto confutado viola el principio establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, al incurrir en el vicio de desviación de poder, lo cual hace que el acto sea anulable conforme al artículo 20 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

                  

                   A tal efecto, indica que el INTI usó sus facultades previstas para determinar el carácter ocioso o inculto de un fundo, para un fin distinto, el cual fue determinar la titularidad de la propiedad del referido fundo y declarar el supuesto origen público de éste, con lo que se materializó, prácticamente, una confiscación de la propiedad.

 

                   Se aduce que el acto recurrido incurre en el vicio de ausencia de base legal por la incorrecta y errónea interpretación y aplicación de la Ley de Tierras Baldías y Ejidos a los efectos de exigir a mis representados la cadena titulativa de su propiedad desde 1948 como única demostración del carácter de propietarios del fundo “El Coco”.

                   Señala la parte accionante, que el acto cuya nulidad se pretende, incurre en falso supuesto de hecho al establecer que el Fundo “El Coco” es de origen público, con lo cual se desconoce la propiedad privada que se ostenta sobre 10.000 mts2, que fueron parte del referido fundo. De igual forma, se acusa el falso supuesto de hecho, al concluir que las tierras del citado fundo, están ociosas o incultas, ya que, según la doctrina, para ello es necesario una determinación del plan de seguridad agroalimentaria, y el acto administrativo no se basó en plan alguno aplicable al lugar.

                                     

                   Asevera que se quebrantó el derecho de propiedad establecido en el artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, razón por la cual, procede la nulidad del acto impugnado, en atención al contenido del artículo 19 numeral 1 de la Constitución (sic) en concordancia con el artículo 25 de la Constitución. (sic)

 

                   Expresa:

 

 Existe, sobre los 10.000 mts2 propiedad de mi representada, un proyecto urbanístico denominado Parque Nacional Camelamar, C.A. cuyo documento de condominio data de 1994, cuya primera etapa fue totalmente vendida y está hoy habitada y cuya segunda etapa está en pleno desarrollo en la actualidad.

 

                   Se solicita, conforme al contenido del artículo 178 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, la suspensión de los efectos del acto recurrido.

 

OPOSICIÓN AL RECURSO

 

                   Admitido el presente recurso de nulidad y practicadas las notificaciones correspondientes, la representación judicial del  Instituto Nacional de Tierras consigna escrito en el que plantea causales de inadmisibilidad a la acción propuesta, específicamente las establecidas en los numerales 8 y 13 del artículo 173 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario; básicamente, por cuanto el actor no atribuyó con precisión algún vicio de nulidad al acto recurrido, y por que la pretensión es contraria a los fines de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

                   Señala que no hubo el alegado vicio de extralimitación de atribuciones, así como tampoco la acusada violación del derecho a la defensa y al debido proceso, ya que la administración agraria garantizó todos y cada uno de los derechos constitucionales de la recurrente.

                  

                   Con respecto a la señalada violación de presunción de inocencia, indica que ello no guarda relación con la materia a decidir en el presente caso. De igual forma, y en relación con el vicio de desviación de poder planteado, ello no procede, por cuanto la recurrente no demostró que la administración actuó con una finalidad distinta a la prevista en la ley.

 

                   Indica que la acusada errónea interpretación normativa es improcedente, toda vez que la decisión administrativa se tomó con base a las normas apropiadas, interpretadas correctamente en su alcance y contenido. La ausencia de base legal planteada, se desvirtúa porque en el acto recurrido se indican las normas atributivas de competencia al funcionario que lo suscribió.      

 

                   Asimismo, expresa que el falso supuesto de hecho esgrimido, “no llena los requisitos de procedencia, toda vez que, los recurrentes al invocarlos no enuncian cuales son los hechos falsos en que supuestamente pudiera descansar la Resolución impugnada”. (sic)

 

                   Relativo al falso supuesto de derecho, señala que el mismo no procede, ya que la recurrente no indica cuál es el erróneo (sic) jurídico, existente en la decisión confutada.

 

                   Por último, y relacionado con la alegada violación del derecho de propiedad, asevera la representación judicial del ente accionado, que las tierras que conforman el Fundo “El Coco”, son de origen público, y del análisis documental correspondiente, no se desprenden elementos capaces de comprobar el origen de la propiedad privada.      

 

                    

SENTENCIA EN CONSULTA

                  

                   Concluido el lapso probatorio, y celebrada la audiencia oral de informes ante el tribunal de la causa, esta instancia dicta fallo en fecha 29 de octubre de 2008, en el cual declara sin lugar las excepciones de inadmisibilidad opuestas por la parte accionada, y parcialmente con lugar el presente recurso de nulidad, estimando la nulidad del acto recurrido, sólo en lo que respecta a los 10.000 mts2 de tierras señaladas por la actora.

 

                   Luego de declarar improcedentes las causales de inadmisibilidad señaladas por la parte accionada, el fallo consultado procede a considerar como no procedentes los alegatos expuestos por la parte actora, relativos a: la incompetencia manifiesta del INTI para revisar el origen y titularidad del fundo “El Coco” en el procedimiento para determinar la ociosidad de dichas tierras; la violación al debido proceso por falta de notificación para la realización de la inspección técnica; la violación al principio de presunción de inocencia, el quebrantamiento al principio de posesión de buena fe; la desviación de poder en el acto recurrido; la errónea interpretación de la Ley de Tierras Baldías y Ejidos; así como el desconocimiento a la propiedad privada.

 

                   Seguidamente, la decisión dictada por el tribunal de la causa, al resolver la cuestión relativa al falso supuesto de hecho, por cuanto el acto impugnado concluye en la ociosidad del Fundo “El Coco”, sin sustentarse en el plan de seguridad agroalimentaria, explica lo siguiente:

                    

Como ya se dijo en el texto de esta decisión, la declaratoria de tierras ociosas o incultas tiene que realizarse en tierras con vocación de uso agrario y con la finalidad de transformarla en unidades económicas productivas. La declaratoria de tierras ociosas en consecuencia tendrá como desenlace quien (sic) la iniciación de un procedimiento de rescate, si las mismas son de origen público o bien el procedimiento de expropiación, si las mismas son de origen privado, pero para que no exista una incompetencia teleológica de la actividad desplegada, todas estas actuaciones deben estar insertas en la finalidad de transformar las tierras con vocación de uso agrario en unidades económicas productivas, pues de lo contrario se estaría desviando la finalidad para la cual se establecieron los procedimientos antes mencionados y que además tales actuaciones dirigidas a la transformación de esas tierras con vocación de uso agrario en unidades económicas productivas, debe encajar perfectamente en la declaración de principios que se hacen en el artículo 1 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, y que concuerda con los principios constitucionales que la rigen, en el sentido de que la finalidad de dicha ley, es establecer las bases del desarrollo rural, integral y sustentables, como medio fundamental para el desarrollo humano y crecimiento económico del sector agrario, con la justa distribución de las riquezas, eliminando el latifundio como sistema contrario a la justicia, al interés general y a la paz general en el campo, asegurando la biodiversidad, la seguridad agroalimentaria y la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental  agroalimentario de las presentes y futuras generaciones. En consecuencia cualquier acto que dicte la Administración Agraria, en materia de ociosidad de tierras, certificación de fincas productivas o mejorables, pero especialmente de rescate o de expropiación que no vaya dirigido a dar cumplimiento a los principios antes esbozados, estará desviado de su finalidad.    

                  

En el caso de autos, la recurrente demostró tener autorización sanitaria, para construir conjunto de viviendas vacacionales en número de 105 y en el Sector La Mira, desde el 13 de enero de 1988, demostró así mismo que tiene permiso de construcción sobre un área de 2650 metros cuadrados, en la Calle de Aricagua, Vía La Mira, los cuales integran parte de los 10.000 metros cuadrados, cuyos linderos coinciden con el documento registrado que presentara como de su propiedad, autorización vigente para el momento del procedimiento administrativo, presenta así mismo la cancelación de los impuestos municipales, para el permiso de construcción en dicho terreno, del que se califica el uso turístico de dichos terrenos, (…) (…) si bien el Fundo Los Cocos en general pudiera ser catalogado como unas tierras con vocación agraria, necesariamente a los diez mil (10.000) metros cuadrados, cuya propiedad se ha atribuido la recurrente, han sido destinados y consolidados además con una vocación distinta, puesto que en efecto de la documental se desprende la existencia de edificaciones con fines turísticos que ha realizado la recurrente sobre el terreno en cuestión y que además han sido adquiridas por terceras personas que no deben ser afectadas en su derecho, conformándose en ese terreno una comunidad de propietarios sobre los inmuebles edificados por la recurrente que tiene carácter irreversible.   

                    

                   Prosigue el  a quo, y señala: “a pesar de que la recurrida señaló que consignó el expediente administrativo, no lo hizo, pues lo que consignó fue muchas documentales, respecto de la cadena titulativa del terreno objeto de la decisión administrativa, pero no el contenido del procedimiento administrativo seguido paso a paso como debería estar en un expediente administrativo abierto a tal efecto, por mandato del artículo 51 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y tal omisión crea una presunción a favor de los alegatos de la recurrente y es por ello (…) este Tribunal debe concluir, que en efecto en los 10.000 metros cuadrados atribuidos por la parte recurrente a su dominio, se ha levantado un conjunto turístico recreacional y al existir el mismo, no podrá darse cumplimiento al presupuesto establecido en el artículo 34 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario para la declaratoria de tierras ociosas  (…)”.

 

                   El tribunal de la causa, determina:

                  

El artículo 19, ordinal 3°, de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, establece que los actos de la Administración serán absolutamente nulos, cuando su contenido sea de imposible o de ilegal ejecución, en el caso de autos ha quedado demostrado por los razonamientos antes expuestos, las pruebas aportadas por la recurrente y las presunciones que el favorecen ante la ausencia de presentación del expediente administrativo por parte de la recurrida que el acto de aclaratoria de ociosidad de tierras, de apertura de procedimiento de rescate de garantía del derecho de permanencia (sic) a los pisatarios, es de imposible ejecución en los 10.000, metros de terrenos que han sido destinados a la construcción del Conjunto Recreacional realizado por la recurrente, por lo que respecto de la porción de terreno aludida se debe declarar la nulidad del acto administrativo impugnado y así se declara.

 

                   Se agrega lo siguiente “(…) ante la determinación anterior de considerar nulo el acto administrativo impugnado, respecto de la recurrente, este tribunal considera innecesario proseguir con el análisis de los vicios denunciados por la recurrente, pues el mismo no hará reversible la anterior determinación.”

 

DE LA COMPETENCIA

 

                   Esta Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social, pasa a pronunciarse sobre su competencia para conocer de la presente consulta, y a tal efecto observa que el artículo 195 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario vigente, dispone:

Dada la especialidad e interés social de la materia regulada en la presente Ley, será de la competencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, además de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes de la República, las siguientes:

 

(omissis)

 

3. De las apelaciones o consultas de las sentencias dictadas por los tribunales superiores contenciosos administrativos agrario y demás asuntos contenciosos administrativos relacionados con la materia regulada en la presente Ley.   

 

                   Por mandato expreso del precepto normativo preliminarmente transcrito, esta Sala debe decidir, como Alzada, de la consulta que nos ocupa, motivado que fue conocida por un Juzgado Superior Agrario actuando como Tribunal de Primera Instancia, y el asunto está relacionado con la materia regulada en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Así se decide.       

                    

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

                  

                   En el caso de autos, se procura la nulidad de un acto administrativo, suficientemente identificado anteriormente, emanado del Instituto Nacional de Tierras, conforme al cual se declaran ociosas o incultas unas tierras, cuya extensión total es de 257 hectáreas con 1.700 metros cuadrados, ordenándose el inicio del procedimiento de rescate sobre éstas. La nulidad pretendida, versa sobre 10.000 mts2 ubicados dentro de la extensión de tierra afectada por el acto recurrido.

 

                   Así las cosas, se aprecia que la decisión objeto de consulta, previo desecho de la mayoría de los alegatos que tratan de desvirtuar la legalidad del acto confutado, estima que la resolución dictada por el Instituto Nacional de Tierras, es de imposible ejecución, dentro de los 10.000 mts2 cuadrados señalados por el accionante en su escrito libelar, en razón de que esta porción de tierra ha perdido su vocación agrícola, por cuanto sobre la misma se ha levantado un conjunto turístico recreacional.       

 

                   Ahora bien, y observando los hechos soberanamente establecidos por el tribunal de la causa, los cuales se encuentran sustentados en las pruebas cursantes en autos, esta Sala considera que la decisión objeto de consulta, se subsume en contradicción al establecer que la vocación del terreno afectado por el acto recurrido es agraria, para luego considerar que el mismo posee vocación turística.

 

                   Esto es, el fallo consultado se sustenta en una posición contradictoria con el objeto de poder declarar con lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad propuesto.

 

                   Así las cosas, se estima que el acto recurrido no debe ser revocado, en tanto y cuanto, tal y como soberanamente fue establecido por el tribunal de la causa, no proceden los alegatos expuestos por el recurrente a efectos de lograr la nulidad del mismo, lo cual es acogido por esta Sala; y el único argumento considerado por el a quo como procedente, es resuelto en base a una contradicción expuesta en la sentencia consultada. Así se decide.         

 

                   En este sentido, es menester señalar que la decisión dictada en primera instancia, advierte que, al resolver lo relativo a la vocación de uso de las tierras objeto de afectación, y por ende considerar parcialmente nulo el acto recurrido, no es necesario resolver los restantes alegatos expuestos por el recurrente a efectos de sustentar su pretensión; sin embargo, y de la lectura de la sentencia en consulta, así como de los argumentos planteados por la parte actora, se observan que los mismos son iterativos, y ya expuestos con anterioridad, en razón de que los mismos versan sobre la errónea interpretación de la Ley de Tierras Baldías y Ejidos y la violación del derecho de propiedad, puntos ya resueltos previamente en la sentencia objeto de estudio.

 

                   Por consiguiente, se deberá revocar el fallo objeto de consulta, por la contradicción existente en el mismo y, en consecuencia, sin lugar el recurso de nulidad propuesto.

 

D E C I S I Ó N

                  

                   En virtud de las consideraciones anteriores, esta Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley REVOCA la sentencia sometida a consulta, dictada por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas en fecha 29 de octubre de 2008; SIN LUGAR, el recurso contencioso administrativo de nulidad propuesto contra el acto de fecha 4 de septiembre de 2006, dictado por el Directorio del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, en el cual se acordó la declaratoria de ociosidad del Fundo El Coco, ubicado en el Sector Aricagua-La Mira, Municipio Antolín del Campo, estado Nueva Esparta.

.

                   Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de la causa.

                  

                   Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre de dos mil nueve. Años: 199º de la Independencia y 150º de la Federación.

 

El Presidente de la Sala y Ponente,

 

 

___________________________

OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

El Vicepresidente,                                                                    Magistrado,

 

 

________________________                           _______________________________

JUAN RAFAEL PERDOMO                             ALFONSO VALBUENA CORDERO

 

Ma-

gistrado,                                                                             Magistrada,

 

 

________________________________     __________________________________

LUIS E. FRANCESCHI GUTIERREZ       CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

 

El Secretario,

 

 

 

____________________________

JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA

 

 

R.A. Nº AA60-S-2009-0546

Nota publicada en su fecha a

 

El Secretario,

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