Sentencia N.º 14
- Sentencia
- N.º 14
- Fecha
- 19/01/2007
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 06-0659
- Ponente
- Pedro Rafael Rondón Haaz
- Procedimiento
- Recurso de Revisión
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Consta en autos que, el 04 de mayo de 2006, INMOBILIARIA 20.037 S.A., con inscripción en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 05 de junio de 1998, bajo el n° 78, Tomo 219-A-Qto., mediante la representación de los abogados Rosemary Thomas y Esteban Palacios Lozada, con inscripción en el I.P.S.A. bajo los números 21.177 y 53.899, respectivamente, solicitó, ante esta Sala, la revisión de la sentencia que dictó la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia el 28 de marzo de 2006, así como de su aclaratoria del 04 de abril de ese mismo año, para cuya fundamentación denunció la violación a su derecho a una tutela judicial eficaz, a la defensa y al debido proceso que acogieron los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El 08 de mayo de 2006, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Dr. Pedro Rafael Rondón Haaz.
I
DE LA PRETENSIÓN DEL SOLICITANTE
1. La representación judicial de la peticionaria de revisión alegó:
1.1 Que, el 11 de octubre de 2005, su representada interpuso solicitud de control de la legalidad contra el pronunciamiento judicial que hizo el Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo el 04 de octubre de ese año, mediante el cual se declaró parcialmente con lugar la pretensión de cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales que propusieron los ciudadanos Luis Cova y Pedro Silva Figueredo contra Transporte y Servicios Taxi Service C.A., Metro Tax C.A. e Inmobiliaria 20.037 S.A.
1.2 Que, el 15 de diciembre de 2005, la Sala de Casación Social admitió la solicitud y fijó la audiencia pública para el 28 de marzo de 2006, oportunidad cuando se presentó el abogado Esteban Palacios Lozada, “en su carácter de apoderado judicial de Inmobiliaria 20037 S.A., asumiendo la representación de esta, solo que cuando se presentó para la hora de la apertura del acto no constaba en el referido expediente el respectivo instrumento que acreditara su representación”.
1.3 Que, en esa misma oportunidad y después de la audiencia pública, el abogado Esteban Palacios consignó el poder que se otorgó el 10 de octubre de 2005, donde se acreditaba su representación, y “procedió a solicitar a la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia que revocara la decisión del 28 de marzo de 2006 y procediera a la apertura de la audiencia oral y pública en virtud de que, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada de esa Sala, es válida para actuar la representación alegada por un profesional del derecho, aun cuando en el momento de la actuación no produzca el documento que lo acredite, siempre y cuando dicho documento sea producido en los autos posteriormente”.
1.4 Que, el 29 de marzo de 2006, su representada solicitó aclaratoria y ampliación de la decisión que dictó la Sala de Casación Social el 28 de marzo de 2006.
1.5 Que el artículo 168 del Código de Procedimiento Civil “…ha venido siendo interpretado por el Máximo Tribunal, en el sentido de permitir que una parte sea representada en un acto del proceso por un abogado cuya representación no se evidencie en autos al momento de la celebración del auto en cuestión, siempre y cuando el respectivo documento poder sea posteriormente producido en autos y se demuestre que a la fecha de la celebración del acto se ostentaba el carácter de apoderado de la parte de que se trate”.
1.6 Que, “…siendo la fecha y hora fijada (28 de marzo de 2006 a las 11:45 a.m.) para la celebración de la audiencia oral y pública del referido control de legalidad intentado por Inmobiliaria 20037 S.A., se presentó el abogado Esteban Palacios Lozada, (…), en su carácter de apoderado judicial de Inmobiliaria 20037 S.A., asumiendo la representación sin poder de Inmobiliaria 20037 S.A., alegando que, aun cuando para la hora de la apertura del acto no constaba en el referido expediente el respectivo instrumento que acreditara su representación, gozaba de la condición de representante de Inmobiliaria 20037 S.A. con anterioridad a la fecha de celebración del acto, pues tenía un poder de fecha 10 de octubre de 2005”.
1.7 Que, “(s)in embargo, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en esa misma fecha (28 de marzo de 2006), dictó sentencia en la cual declaró desistido el recurso de Control de la Legalidad ejercido por Inmobiliaria 20037 S.A. en virtud de ‘…la no comparecencia de la co-demandada recurrente ni de sus apoderados…’”.
1.8 Que, en la aclaratoria que se requirió la Sala de Casación Social, cuando ordenó “…que en el acta del 28 de marzo de 2006 se dejara constancia de la presencia del abogado Esteban Palacios, se corrigió una situación que evidentemente era violatoria del derecho a la defensa de (su) representada, en el sentido de la debida constancia de la presencia, en la oportunidad fijada para la celebración de la audiencia, de un profesional del derecho –el abogado Esteban Palacios Lozada-, que invocó la representación de la recurrente: Inmobiliaria 20.037, C.A. (sic)”.
1.9 Que, “(s)in embargo, adujo la Sala de Casación Social que los criterios reiterados de este Tribunal Supremo que han permitido ejercer en un acto la representación sin poder, siempre y cuando se produzca posteriormente un documento poder que evidencie que el abogado ostentaba la cualidad de representante de la parte con anterioridad a la fecha de la celebración del acto de que se trate, son aplicables, solamente, para los casos en que se presente la formalización sin poder y no para otros casos”.
1.10 Que “…esa distinción que efectuó la Sala de Casación Social en la referida decisión sobre la procedencia de la representación sin poder para algunos actos del proceso, no fue consecuente con su doctrina reiterada, ni con el artículo 168 del Código de Procedimiento Civil, ni con la doctrina jurisprudencial de la Sala de Casación Civil acogida por ella, la cual, repetimos, no hace falta distinción alguna”.
1.11 Que “…tampoco es válido el criterio de la Sala de Casación Social cuando rechaza la solicitud de (su) representada al señalar que la representación sin poder no se puede aceptar en los casos de las audiencias orales y públicas de los recursos de control de legalidad pues, a su decir, la sentencia debe ser dictada de forma inmediata y ello no le daba oportunidad de que la parte actora pudiese haber ejercido su derecho a impugnar el referido documento poder”.
1.12 Que el artículo 174 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo permite que la Sala de Casación Social, una vez que haya concluido la audiencia pública, pueda diferir por cinco días hábiles el pronunciamiento de la decisión definitiva, “lo cual, de haberse aceptado la representación sin poder, se hubiese celebrado la audiencia oral y exigido que en un tiempo perentorio el abogado Esteban Palacios hubiese producido el documento poder que le acreditaba antes del 28 de marzo de 2006 como apoderado de Inversiones 20037 S.A., pudiéndole dar a la parte demandante la oportunidad de impugnar el poder y luego sentenciar…”.
1.13 Que la Sala de Casación Social declaró el desistimiento de la solicitud de control de la legalidad, “…por no haberse presentado al momento de la apertura de la audiencia oral y pública el documento poder que acreditaba la representación de Inmobiliaria 20037 S.A. invocada por el abogado Esteban Palacios, aun cuando se alegó la existencia de un documento poder otorgado con anterioridad, no lo hizo con estricta sujeción a la ley, pues le negó a esa compañía el derecho de ser representada por el abogado Estaban Palacios Lozada, sobre la base de la representación sin poder prevista en el artículo 168 del Código de Procedimiento Civil, más cuando este había alegado la existencia de la representación conferida con anterioridad a la fecha de la audiencia oral y pública (28 de marzo de 2006)”.
2. Denunció:
La violación a los derechos a una tutela judicial eficaz, a la defensa y al debido proceso de su representada que acogieron los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto la Sala de Casación Social declaró el desistimiento de la solicitud de control de la legalidad “…aun cuando se alegó la representación al momento de la apertura de la audiencia oral y pública, la cual, aunque no constaba en autos, podía ser posteriormente acreditada”.
3. Pidió:
“…que la sentencia dictada por la Sala de Casación Social recurrida, sea declarada nula”.
Y, como medida cautelar, solicitó:
“…para evitar la continuación de las violaciones constitucionales denunciadas y evitar que se produzcan daños de difícil reparación para (su) representada, decrete medida cautelar innominada que suspenda, (…) los efectos de la referida sentencia recurrida dictada por la Sala de Casación Social de este Supremo Tribunal en fecha 28 de marzo de 2006, y su aclaratoria del 4 de abril de 2006, ordenando así la suspensión de la ejecución de la sentencia dictada el 4 de octubre de 2005 por el Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo que declaró parcialmente con lugar la demanda interpuesta por los ciudadanos Luis Cova Hernández y Pedro Silva Figueredo en contra de las compañías Transporte y Servicios Taxi Service C.A., Metro Tax C.A. e Inmobiliaria 20037 S.A., mientras se decide el recurso objeto de este escrito”.
II
DE LA COMPETENCIA DE LA SALA
El cardinal 10 del artículo 336 de la Constitución le atribuye a la Sala Constitucional la potestad de: “revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva”.
Tal potestad de revisión de decisiones definitivamente firmes abarca fallos que hayan sido expedidos tanto por las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia (artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia) como por los demás tribunales de la República (artículo 5.16 eiusdem), pues la intención final es que la Sala Constitucional ejerza su atribución de máximo intérprete de la Constitución, según lo que establece el artículo 335 del Texto Fundamental.
En el presente caso se solicitó la revisión de del veredicto que pronunció la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia el 28 de marzo de 2006, así como de su aclaratoria del 04 de abril de ese mismo año, mediante la cual declaró desistida la petición de control de la legalidad que hizo la pretensora de revisión contra el acto jurisdiccional que emitió el Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, el 04 de octubre de 2005, donde estimó parcialmente con lugar la pretensión de cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales que propusieron los ciudadanos Luis Cova y Pedro Silva Figueredo contra Transporte y Servicios Taxi Service C.A., Metro Tax C.A. y Inmobiliaria 20.037 S.A.; razón por la cual esta Sala se declara competente, y así se decide.
III
DE LA SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN
La Sala de Casación Social expidió el fallo objeto de revisión en los términos siguientes:
“Constituida la Sala en el Salón de Audiencias de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, siendo las once y cuarenta y cinco minutos de la mañana (11:45 a.m.), hora fijada a los fines de que tuviese lugar la audiencia prevista en el artículo 173 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, donde las partes deberán formular sus alegatos y defensas oralmente, de manera pública y contradictoria, en virtud del control de la legalidad solicitado por la empresa codemandada, sociedad mercantil Inmobiliaria 20.037, S.A, contra la sentencia de fecha cuatro (4) de octubre del año 2005, dictada por el Juzgado Tercero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en el juicio que por COBRO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES sigue PEDRO DAVID SILVA FIGUEREDO y LUIS GABRIEL COVA HERNÁNDEZ contra las sociedades mercantiles TRANSPORTE Y SERVICIOS TAXI SERVICE, C.A., METROTAX, C.A., e INMOBILIARIA 20.037, S.A.
Se deja constancia de la asistencia de las abogadas Militzi Lorena Nava Betancourt y Sandra Marlene Valbuena Conde, inscritas en el Inpreabogado bajo los números 67.216 y 74.127, respectivamente, en representación de la parte actora; asimismo, se deja constancia de la no comparecencia de la co-demandada recurrente ni de sus apoderados.
Seguidamente, el Presidente de la Sala, lee la decisión: La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, bajo la ponencia de la Magistrada Carmen Elvigia Porras de Roa, aprobada de manera unánime, declara: DESISTIDO el control de la legalidad solicitado, de conformidad con lo establecido en el artículo 173 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
En consecuencia, se ordena el envío del expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo a los fines de que sea remitido al Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución correspondiente.
Se condena en costas a la parte recurrente en aplicación del artículo 62 de la citada Ley. Se declara que ha concluido el acto. Se retiran los Magistrados y se ordena la publicación de la presente Acta”.
En cuanto a la aclaratoria que, sobre la declaración de desistimiento, solicitó la peticionaria de revisión, la Sala de Casación Social sostuvo:
“Ahora bien, vista la solicitud de aclaratoria formulada por el abogado Esteban Palacios Lozada, en su carácter de apoderado judicial de la recurrente demandada, la misma fue presentada en el día siguiente a la publicación del acta contentiva de la decisión, por lo cual es tempestiva; por consiguiente, esta Sala pasa a pronunciarse, previo estudio de la decisión cuya aclaratoria se requiere, en cuyo texto, específicamente en el tercer párrafo, se lee expresamente: ‘se deja constancia de la no comparecencia de la co-demandada recurrente ni de sus apoderados’.
Pues bien, considera la Sala que ha debido plasmar en el acta de audiencia: ‘se deja constancia de la presencia del abogado Esteban Palacios Lozada, identificado con el N° 53.899 de Instituto de Previsión Social del Abogado, quien dijo ser apoderado judicial de la parte co-demandada recurrente, sin acreditar su cualidad, lo que deviene en la no comparecencia de la co-demandada recurrente ni de sus apoderados’. Sin embargo, esto no inmuta el desistimiento del recurso del control de la legalidad, en virtud de que aun cuando el poder fuere otorgado con anterioridad, tal acreditación fue agregada al expediente con posterioridad a la audiencia oral, específicamente a la una y treinta y un minutos de la tarde (1:31 p.m.) del 28 de marzo de 2006.
Por otra parte, alega el abogado solicitante que la Sala no acogió su propio criterio, fijado en las sentencias números 38 y 200, de fechas 8 de marzo de 2001 y 26 de marzo de 2003 en su orden, con lo cual vulnera el derecho a la defensa de su representada. Al respecto, observa la Sala que el criterio señalado no es aplicable al caso bajo análisis, ya que se estableció para las situaciones en las que el apoderado del recurrente en casación presente el escrito de formalización sin acompañar el poder que acredita su representación, el deber de consignar dentro del lapso de contrarréplica, permitiéndose así al interesado impugnar el mandato dentro de los lapsos de sustanciación del recurso.
El acto en el cual el abogado Esteban Palacios Lozada pretendía actuar sin certificar su representación, es la audiencia oral y pública prevista en los artículos 173 y 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que, una vez concluida, el Tribunal debe dictar sentencia en forma oral e inmediata; por lo que no puede pretender el abogado solicitante acreditar su cualidad con posterioridad a la audiencia y a la respectiva decisión. Dicha situación conllevaría a la violación del derecho a la defensa, al no permitir al interesado impugnar el mandato, de ser el caso. Así se decide.
Queda en estos términos resuelta por esta Sala de Casación Social, la solicitud de aclaratoria presentada por el apoderado judicial de la parte actora”.
IV
MOTIVACIÓN PARA LA DECISION
En el caso sub examine se pretende la revisión del fallo que dictó la Sala de Casación Social el 28 de marzo de 2006, así como de su aclaratoria del 04 de octubre de este año, mediante la cual declaró el desistimiento la solicitud de control de la legalidad que interpuso la representación judicial de la peticionaria de revisión contra el pronunciamiento judicial definitivo que emitió el Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo el 04 de octubre de 2005, en el que estimó parcialmente con lugar la pretensión de cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales que incoaron los ciudadanos Luis Cova y Pedro Silva Figueredo contra Transporte y Servicios Taxi Service C.A., Metro Tax C.A. y Inmobiliaria 20.037 S.A.
Ahora bien, dispone el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia lo siguiente:
“Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República: (...)
4. Revisar las sentencias dictadas por una de las Salas, cuando se denuncie fundadamente la violación de principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, o que haya sido dictada como consecuencia de un error inexcusable, dolo, cohecho o prevaricación;...”.
En lo que respecta a las sentencias definitivamente firmes que pueden ser objeto de revisión esta Sala ha sostenido lo siguiente:
“...Sólo de manera extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, esta Sala posee la potestad de revisar lo siguiente:
1. Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional de cualquier carácter, dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier juzgado o tribunal del país.
2. Las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas por los tribunales de la República o las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia.
3. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país apartándose u obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida en alguna sentencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado, realizando un errado control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional.
4. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional. En estos casos hay también un errado control constitucional...” (s. S.C. n° 93 del 06.02.01. Resaltado añadido)
Es pertinente la aclaración de que esta Sala, al momento de la ejecución de su potestad de revisión de sentencias definitivamente firmes, está obligada, de acuerdo con una interpretación uniforme de la Constitución y en consideración a la garantía de la cosa juzgada, a guardar la máxima prudencia en cuanto a la admisión y procedencia de solicitudes que pretendan la revisión de actos jurisdiccionales que han adquirido el carácter de cosa juzgada judicial; de allí que esta Sala tenga facultad para la desestimación de cualquier solicitud de revisión, sin ningún tipo de motivación, cuando, en su criterio, se verifique que la revisión que se pretende, en nada contribuye a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales, en virtud, pues, del carácter excepcional y limitado que posee la revisión.
En el caso sub iudice, la representación judicial de la peticionaria requirió la revisión de la decisión en cuestión debido a que, en su criterio, la Sala de Casación Social vulneró los derechos a una tutela judicial eficaz, a la defensa y al debido proceso de su representada, cuando declaró el desistimiento de su solicitud de control de la legalidad por una supuesta inasistencia de sus apoderados a la audiencia pública, sin la consideración de la comparecencia del abogado Esteban Palacios, quien, pese a que no constaba en autos poder que acreditara su representación, sostuvo tal carácter, el cual pretendió demostrar, luego de la conclusión de la referida audiencia, mediante consignación del respectivo instrumento.
En primer lugar, debe señalarse que constituye criterio reiterado de esta Sala Constitucional que no procede la revisión contra los pronunciamientos que haga la Sala de Casación Social sobre la admisibilidad de la solicitud de control de la legalidad, así, en el caso Formiconi C.A., se sostuvo:
“Sin embargo, en atención a la discrecionalidad que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo le otorgó a la Sala de Casación Social para la inadmisión, sin motivación alguna, del recurso de control de la legalidad, no procede, en ese supuesto, la revisión de los fallos que inadmitan dicha impugnación extraordinaria, por cuanto, en esos casos, el fallo que adquiriría firmeza sería el que fue objeto del recurso de control de la legalidad, contra el cual, dentro de los supuestos que ha establecido esta Sala, sí procedería, a su vez, la potestad extraordinaria y discrecional de revisión” (s. S.C. nº 1530/04, del 10.08).
Ahora bien, en el asunto bajo análisis, si bien la solicitud de control de la legalidad se admitió y se fijó el momento para la audiencia pública, hasta esa oportunidad no aparecía en autos poder que acreditara la representación del abogado que pretendió participar en dicha audiencia, hecho que reconoció, en varias oportunidades, la peticionaria de revisión, circunstancia ésta que motivó la declaración de desistimiento que hizo la Sala de Casación Social.
En efecto, se observa que la Sala de Casación Social fundamentó, de manera razonada, su declaración de desistimiento de la solicitud de control de la legalidad, por cuanto el apoderado judicial de la peticionaria no cumplió con su carga procesal de acreditación de su representación en la oportunidad de la audiencia pública, último momento en que podía hacerlo en garantía de los derechos de su contraparte, por cuanto el acto procesal siguiente a la audiencia lo constituye la decisión judicial.
En cuanto a la supuesta lesión a la confianza legítima que denunció la peticionaria, en razón del supuesto cambio de criterio de la Sala de Casación Social en relación con la resolución de casos análogos, es pertinente la trascripción de lo que, acertadamente, sostuvo dicha Sala:
“Por otra parte, alega el abogado solicitante que la Sala no acogió su propio criterio, fijado en las sentencias números 38 y 200, de fechas 8 de marzo de 2001 y 26 de marzo de 2003 en su orden, con lo cual vulnera el derecho a la defensa de su representada. Al respecto, observa la Sala que el criterio señalado no es aplicable al caso bajo análisis, ya que se estableció para las situaciones en las que el apoderado del recurrente en casación presente el escrito de formalización sin acompañar el poder que acredita su representación, el deber de consignar dentro del lapso de contrarréplica, permitiéndose así al interesado impugnar el mandato dentro de los lapsos de sustanciación del recurso.
El acto en el cual el abogado Esteban Palacios Lozada pretendía actuar sin certificar su representación, es la audiencia oral y pública prevista en los artículos 173 y 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que, una vez concluida, el Tribunal debe dictar sentencia en forma oral e inmediata; por lo que no puede pretender el abogado solicitante acreditar su cualidad con posterioridad a la audiencia y a la respectiva decisión. Dicha situación conllevaría a la violación del derecho a la defensa, al no permitir al interesado impugnar el mandato, de ser el caso. Así se decide”.
En efecto, tal y como lo sostuvo la Sala de Casación Social, los supuestos a los que pretende la representación judicial de la peticionaria para otorgarle identidad o similitud, no se subsumen en el criterio de la Sala de Casación Civil y que acogió dicha Sala de Casación Social, por cuanto allí se señaló que en el supuesto de que el recurrente no acompañase poder para la oportunidad de la formalización del recurso, el último lapso para ello era el de contrarréplica, para que su contra parte tuviese la posibilidad de su impugnación, lo que no sucede en el presente caso, donde, se insiste, luego de la audiencia pública, el acto procesal subsiguiente lo constituye la sentencia definitiva, es decir, que no habría posibilidad de impugnación por la otra parte. En conclusión, no se produjo el cambio de criterio que se denunció como violatorio del principio de confianza legítima, debido a que los supuestos de hechos son distintos.
Ahora bien, en atención a la reiterada doctrina de esta Sala Constitucional sobre el objeto de su potestad discrecional y extraordinaria de revisión, se aprecia que la anterior denuncia no constituye fundamentación para su procedencia, pues dicha Sala de Casación Social declaró, razonadamente, el desistimiento de la solicitud de control de la legalidad por falta de consignación del instrumento poder con el que se acreditara la representación del abogado Esteban Palacios Lozada para su participación en la audiencia pública.
Tal pronunciamiento judicial fue hecho por la Sala de Casación Social en ejercicio de su función de juzgar, además de que sus efectos se circunscriben al caso sometido a su consideración (sin trascendencia práctica fuera de dicha esfera subjetiva de intereses) cuya tutela no constituye el objeto de la revisión.
En razón de ello, esta Sala, en la sentencia que recayó en el caso Corpoturismo, del 6 de febrero de 2001, estableció que:
“...esta Sala puede en cualquier caso desestimar la revisión, (...)sin motivación alguna, cuando en su criterio, constate que la decisión que ha de revisarse, en nada contribuya a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales...”.
Como consecuencia de todo lo que antes fue expuesto y, en virtud de que esta Sala considera que la revisión que se pretendió no contribuiría con la uniformidad jurisprudencial, además de que dicho fallo no se subsume en ninguno de los supuestos de procedencia que, previa y reiteradamente, ha fijado esta Sala, es por lo que debe declararse que no ha lugar a la revisión que fue pretendida. Así se decide.
V
DECISIÓN
Por las razones que fueron expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, decide que NO HA LUGAR a la solicitud de revisión constitucional que interpuso INMOBILIARIA 20.037 S.A. contra la sentencia que dictó la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia el 28 de marzo de 2006, así como de su aclaratoria del 04 de abril de ese mismo año.
Publíquese, regístrese y archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 19 días del mes de enero de dos mil siete. Años: 196º de la Independencia y 147º de la Federación.
La Presidenta,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Ponente
Francisco Antonio Carrasquero López
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
PRRH.sn.ar.
Exp. 06-0659
Busca más sentencias en Venley
Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.
Buscar sentencias