Sentencia N.º 1401
- Sentencia
- N.º 1401
- Fecha
- 02/06/2003
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 02-2803
- Ponente
- Jesús E. Cabrera Romero
- Procedimiento
- Recurso de Revisión
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado-Ponente: Jesús Eduardo Cabrera Romero
El 11 de noviembre de 2002, el abogado RICHARD CABALLERO OSUNA, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 8490, procediendo en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil ADMINISTRADORA YURUARY, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo del Distrito Federal y Estado Miranda el 9 de agosto de 1977, bajo el N° 67, Tomo 97-A, interpuso ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el 28 de mayo de 2002 por la Sala de Casación Social de este Supremo Tribunal.
En la oportunidad anterior, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente al Magistrado que, con tal carácter, suscribe el presente fallo.
Efectuada la lectura individual del expediente, para decidir se hacen las siguientes consideraciones:
Del Recurso de Revisión y del Fallo Impugnado
El apoderado judicial de la solicitante en su solicitud de revisión, señala como antecedentes del caso las siguientes circunstancias a saber:
Que, el 8 de marzo de 2001, el ciudadano Jesús Enrique Estrada, abogado, demandó a la Administradora Yuruary, C.A, por supuestos intereses sobre prestaciones sociales, concepto éste que se le había negado por decisión de la Sala de Casación Social de este Supremo Tribunal.
Que, dicha demanda fue admitida por el Juzgado Undécimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y remitida al Juzgado Cuarto de Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Que, el 28 de mayo de 2001, el actor desistió de la demanda y del procedimiento, señalando que se reservaba el derecho y la acción, lo cual a su entender - es contradictorio. El 31 de mayo de 2001, esa representación ejerció sus alegatos, sosteniendo que se trata de un desistimiento de la acción, tomando en cuenta el contenido del artículo 263 del Código de Procedimiento Civil.
Que, el 4 de junio de 2001, el tribunal a quo homologó el desistimiento, y el 6 de junio de 2001, por cuanto no hubo despacho el día 5 de junio, esa representación solicitó aclaratoria y ampliación del fallo; solicitud que fue ratificada el 8 de junio y el 4 de julio de 2001.
Que, el 25 de julio de 2001, el juzgado de la causa negó dicha solicitud, dictando su decisión fuera del lapso legal de tres (3) días previsto en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil.
Que, siguiendo el criterio de la Sala de Casación Social del 1° de junio de 2000, con ponencia del Magistrado Alberto Martín Urdaneta, sobre notificación de las partes, se dio por notificado para el ejercicio del recurso de apelación el 2 de octubre de 2001, notificando el Alguacil de ese juzgado al apoderado actor el 14 de noviembre de 2001; siendo así cuando el 21 de noviembre de 2001, esa representación apeló de la decisión de fecha 25 de julio de 2001, la cual fue negada el 12 de diciembre de 2001 por extemporánea.
Que, ejerció recurso de hecho contra la decisión que negó la apelación, el cual fue negado el 23 de enero de 2002, por el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; ante lo cual anunció recurso de casación el cual fue oído el 14 de febrero de 2002, formalizado y declarado sin lugar por la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia el 28 de mayo de 2002.
Bajo cuyos argumentos la solicitante fundamenta su recurso de revisión en lo siguiente:
La decisión de casación atacada, prácticamente deroga el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, pretendiendo que la decisión de la Sala de Casación Social del 15 de marzo de 2000, con ponencia del magistrado Juan Rafael Perdomo, modifique todo el sistema de aclaratoria, ampliaciones, rectificaciones y salvaturas, que ha venido rigiendo en Venezuela desde 1987 y antes de 1916; a los únicos fines de evitar apelaciones, violando con ello el debido proceso, que establece el ya referido artículo 252.
Al cercenarle a esa representación el recurso de apelación que le otorgaba el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil, se infringió el principio de confianza legítima del ciudadano y del litigante en la vigencia de las normas procesales antes identificadas.
La Sala de Casación Social, lejos de reponer el proceso o admitir alguna de las denuncias por defecto de actividad o por infracción de Ley formuladas, las desechó sin mayor estudio.
Con la decisión impugnada, se irrespetan los principios del debido proceso, derecho a la defensa, buena fe e igualdad de las partes en el proceso y ante la Ley, previsto en el artículo 21 de la Constitución.
Finalmente solicita la revisión y anulación del fallo impugnado, invocando a favor de su mandante, a todo evento la decisión del 14 de diciembre de 20001, de esta Sala Constitucional (Caso: DHL Fletes Aéreos C.A.), en lo que le fuere aplicable.
Consideraciones para Decidir
En primer lugar, corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de su competencia para conocer del presente recurso de revisión interpuesto de conformidad con el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución, respecto de lo cual observa que de conformidad con las citadas normas al conocimiento del recurso interpuesto le corresponde a esta Sala con exclusividad. Así se declara.
Ahora bien, en el presente caso se pretende la revisión de una decisión emanada de la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se declaró sin lugar el recurso de casación interpuesto por el hoy recurrente, como consecuencia de la improcedencia de todas las denuncias formuladas.
En principio observa esta Sala, que el auto contra el cual ejerció recurso de apelación no fue el dictado el 25 de julio de 2001, que resolvió la aclaratoria solicitada, como señala el recurrente en su escrito de revisión, por cuanto de los recaudos anexos al expediente, se evidencia al folio treinta y tres (33), que la apelación se interpuso contra el auto de homologación dictado por el juzgador el 4 de junio de 2001, ante lo cual, el juez de la causa, en su oportunidad señaló que para la fecha en que se ejerció dicho recurso ya había transcurrido en su integridad el lapso establecido en el artículo 298 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual negó el mismo por ser extemporáneo.
Asimismo, se pudo constatar al folio noventa y tres (93) y noventa y cuatro (94) del presente expediente, que el juzgado superior que conoció del recurso de hecho interpuesto contra la negativa de oír la apelación presentada, sostuvo que una vez homologado el desistimiento, la parte no apeló de ese auto, sino que solicitó en dos oportunidades aclaratoria del mismo, la cual fue decidida el 25 de julio de 2001, indicando entonces, que en sentencia de la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia del 15 de marzo de 2000 con ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo, se estableció como cambio de jurisprudencia que, a partir de la publicación de la sentencia se considera que el lapso para solicitar aclaratoria o ampliación de la decisión que ponga fin al proceso, es el mismo establecido para la apelación si se trata de la aclaratoria de la sentencia de primera instancia o para la casación en el supuesto de la solicitud de la aclaratoria o ampliación de la decisión de alzada, sin que en ningún caso la solicitud interrumpa el lapso para recurrir. Sin embargo debe el juez de ser solicitada una aclaratoria o ampliación, postergar pronunciamiento sobre la admisión del recurso de apelación o casación según sea el caso, hasta la decisión de la solicitud, pudiendo la parte que considere ilegal la aclaratoria o ampliación por haber excedido el juez los limites legales recurrir contra ésta en forma autónoma o acumulada al eventual recurso interpuesto contra la definitiva.
Siendo el caso, que cuando la parte apela lo hace únicamente contra la sentencia definitiva y no contra la aclaratoria, con lo cual está tácitamente manifestando su aceptación, resultando que cuando ejerció el recurso de apelación contra la decisión que consideró lesiono sus derechos ya habían transcurrido los cinco (5) días a que alude el artículo 298 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto si bien solicito aclaratoria del fallo ha debido de igual forma apelar de la decisión, en consecuencia el juez de alzada declaró sin lugar el recurso de hecho intentado.
De igual forma, se pudo observar; que la decisión impugnada mediante la presente revisión, analiza cada una de las denuncias presentadas por el formalizante, entre las cuales señaló que, en efecto, el recurso de apelación ejercido contra la homologación del desistimiento del 4 de junio del 2001, fue ejercido el 21 de noviembre de 2001, siendo que para esa fecha ya había operado el lapso de cinco (5) días que concede la norma del artículo 298 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo, señaló dicha Sala que no es cierto lo expuesto por el recurrente con relación al artículo 252 del referido texto legal, en el sentido que, para que pudiera ejercer el recurso de apelación tenía que esperar la decisión de la ampliación y aclaratoria de la sentencia proferida por el juzgado de la causa, por cuanto el mencionado recurso de apelación contra la decisión que pone fin a la causa, debe ejercerse dentro del tiempo hábil para ello, indiferentemente de que soliciten aclaratoria o ampliación de dicha sentencia, pues correspondería al sentenciador dictar la aclaratoria o ampliación del fallo si la misma fuera solicitada para con posterioridad decidir el recurso de apelación.
Criterio este, que comparte esta Sala, por cuanto el ejercicio de la solicitud de una aclaratoria o ampliación del fallo, no suspende la causa por lo cual en nada impide que se ejerzan los recursos ordinarios o extraordinarios pertinentes dentro de los términos legales previstos en nuestro ordenamiento jurídico. No obstante lo anterior, está consciente la Sala que, pudiera ocurrir que al producirse la ampliación o aclaratoria solicitada de un fallo, ésta perjudique a la parte aún más que la decisión proferida, en cuyo caso se considera pertinente el ejercicio de un medio de impugnación contra tal aclaratoria o ampliación.
Sin embargo, éste no es el supuesto aplicable en el caso que nos ocupa, por cuanto la parte no apeló de la sentencia que consideraba le perjudicaba, sino que solicitó aclaratoria, e impugnó la decisión que le afectaba sus derechos luego que se resolvió al aclaratoria requerida -fuera del lapso legal previsto de cinco (5) días-, sin atacar a esta última, por lo que la declaratoria de extemporaneidad dictada se considera ajustada a derecho.
De esta manera, en sentencia del 6 de febrero de 2001, caso Corporación de Turismo de Venezuela (Corpoturismo), al interpretar el alcance de la atribución a esta Sala Constitucional contenida en el numeral 10 del señalado artículo 336, de la Constitución, esta Sala estableció:
Sólo de manera extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, esta Sala posee la potestad de revisar lo siguiente:
1.1. Las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional de cualquier carácter, dictadas por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y por cualquier juzgado o tribunal del país.
1.2. Las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas por los tribunales de la República o las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia.
1.3. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país apartándose u obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida en alguna sentencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado, realizando un errado control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional.
1.4. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional. En estos casos hay también un errado control constitucional.
Asimismo, esta Sala expresó en sentencia del 2 de marzo de 2000 (Caso: Francia Josefina Rondón Astor) que en materia de recuso de revisión, esta Sala posee facultad discrecional, y tal potestad puede ser ejercida sin motivación alguna, cuando en su criterio, constate que la decisión que ha de revisarse, en nada contribuya a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales, ni constituya una deliberada violación de preceptos de ese mismo rango.
De conformidad con el criterio citado anteriormente, observa esta Sala, que la decisión judicial sometida a su consideración no contradice sentencia alguna proferida por esta Sala ni quebranta preceptos o principios contenidos en nuestra Carta Magna, por lo que se considera que el recurso ejercido no contribuiría a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales, más bien, de los alegatos del recurrente lo que se evidencia es una disconformidad con la decisión impugnada, al ser ésta contraria a sus intereses.
En atención a lo expuesto, considera esta Sala que, en el presente caso, no existen los elementos necesarios para declarar la admisibilidad de la presente solicitud de revisión y, en todo caso, esta Sala considera que la revisión que se solicita en nada contribuye a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales. Así se decide.
Decisión
Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara NO HA LUGAR al recurso de revisión interpuesto por el abogado RICHARD CABALLERO OSUNA, en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil ADMINISTRADORA YURUARY, C.A., de la sentencia dictada el 28 de mayo de 2002, emanada de la Sala de Casación Social de este Supremo Tribunal.
Publíquese y regístrese. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en Caracas, a los 02 días del mes de junio de dos mil tres (2003). Años: 193° de la Independencia y 144° de la Federación.
El Presidente de la Sala,
Iván Rincón Urdaneta
El Vicepresidente-Ponente,
Jesús Eduardo Cabrera Romero
Los Magistrados,
José Manuel Delgado Ocando
Antonio José García García
Carmen Zuleta de Merchán
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
Exp. 02-2803
JECR/
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