Venley

Sentencia N.º 1403

Sentencia N.º 1403

Sentencia
N.º 1403
Fecha
24/09/2009
Sala
Casación Social
Expediente
09-988
Ponente
Omar Alfredo Mora Díaz
Procedimiento
Recurso de control de la legalidad

 

 

 

 

 
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN SOCIAL.-

Caracas, veinticuatro (24) de septiembre de 2009. Años: 199° y 150°.-

 

                   En el juicio que por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, siguen los ciudadanos JESÚS RAFAEL JIMÉNEZ GAMBOA y JESÚS PINTO, representado judicialmente por el abogado Yovany Martínez Castañeda, contra la sociedad mercantil SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ANDREA, C.A., representada judicialmente por los abogados Richard Rojas, Meiling Jaramillo, Violet Ismael Moussa, Ramón Loroño Cedeño y Francisco José Gabaldón Fuentes; el Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, mediante decisión de fecha 30 de junio de 2009, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la parte demandada y con lugar la demanda, confirmando el fallo proferido en fecha 6 de mayo de 2009, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial, el cual declaró con lugar la demanda.

 

                   Contra la decisión de Alzada, la representación judicial de la parte demandada, propuso recurso de control de la legalidad, siendo remitido el expediente a esta Sala de Casación Social.

 

                   En fecha 28 de julio de 2009, se dio cuenta en Sala designándose ponente al Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz.

 

                   Siendo la oportunidad procesal, se pasa a decidir el presente recurso bajo las siguientes consideraciones:

 

Ú N I C O

 

El recurso de control de la legalidad es un medio de impugnación excepcional, por tanto, deben cumplirse a los fines de asegurar su admisibilidad, con las exigencias enunciadas en el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, a saber: 1) Que se trate de sentencias proferidas por Juzgados Superiores Laborales; 2) que éstas no sean impugnables en casación; 3) que violen o amenacen con violentar normas de estricto orden público laboral o procesal y/o 4) que resulten contrarias a la jurisprudencia reiterada de esta Sala de Casación Social.

 

                   Asimismo, tratándose como antes se expresó, de un recurso de naturaleza extraordinaria, corresponde a esta Sala de Casación Social restringir, atendiendo a la potestad discrecional conferida por el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la admisibilidad del mismo, especialmente en aquellas circunstancias donde se pretenda la violación de disposiciones de orden público o de jurisprudencia reiterada de esta Sala.

 

                   En este sentido, debe entenderse que tales quebrantamientos o amenazas irrumpen las instituciones fundamentales del derecho sustantivo del trabajo, derechos indisponibles o reglas adjetivas que menoscaben el debido proceso y derecho a la defensa.

 

                   Ahora bien, aduce el recurrente que la sentencia impugnada transgrede lo dispuesto en los artículos 79 y 160, numeral 3, de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con el ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, pues, la recurrida incurrió en una “valoración de pruebas irregular”, al valorar las resultas de los informes emanados de las empresas CVG EDELCA, C.A. y CVG BAUXILUM, C.A. (las cuales no eran parte del proceso), sin que el contenido de los mismos haya sido ratificado.

 

                   Asimismo, denuncia “que tanto la sentencia dictada por el Tribunal Superior como la del (sic) Tribunal de la causa, es (sic) total y absolutamente inmotivada, y por tal motivo debe necesariamente declararse su nulidad (…) por cuanto en el referido proceso se quebrantaron u omitieron formas sustanciales de los actos que menoscaban el derecho a la defensa de mi representada, ya que no se atuvo a lo alegado y probado en autos…”.

 

                   También, señala que se le dio valor probatorio a una fotocopia de un cheque emanado de la accionada, entregado al ciudadano Jesús Pinto y en el cual se expresa en su parte inferior “adelanto de pago de prestaciones”; visto lo anterior, el sentenciador concluyó que ese pago se generó por concepto de prestaciones sociales, sin tener sustento legal para determinar las mismas.

 

                   Además, alega la infracción del artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con el artículo 436 del Código de Procedimiento Civil, por error de interpretación, dado que el sentenciador valoró unos listines de pago que no emanaban de la demandada (carecían de sello, logo o firma que hicieran presumir que provenían de Servicios y Mantenimiento Andrea, C.A.), aun y cuando fueron impugnados en su debida oportunidad.

 

                   Por último, indica que la sentencia recurrida contraviene la reiterada doctrina jurisprudencial de esta Sala, referida a la motivación acogida (sentencia Nº 117, de fecha 17 de febrero de 2004), y a los requisitos y efectos de la solicitud de exhibición de documentos (sentencia Nº 652, de fecha 9 de octubre de 2003).

 

                   Después de un exhaustivo estudio del asunto planteado, no fue constatada la violación a disposiciones de orden público, ni a la reiterada doctrina jurisprudencial de esta Sala, en consecuencia, debe declararse inadmisible el recurso de control de la legalidad interpuesto. Así se decide.

 

D E C I S I Ó N

 

                   En mérito de las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la representación judicial de la parte demandada, contra la sentencia proferida por el Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en fecha 30 de junio de 2009.

 

No hay expresa condenatoria en costas del recurso, dada la naturaleza de la presente decisión.

 

                   Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, a los fines de que lo envíe al Tribunal correspondiente, participándole dicha remisión de la decisión al Juzgado Superior de origen, en conformidad con lo establecido en el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

El Presidente de la Sala y Ponente,

 

 

_____________________________

OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

El Vicepresidente,                                                                 Magistrado,

 

 

________________________                          _______________________________

JUAN RAFAEL PERDOMO                           ALFONSO VALBUENA CORDERO

 

Magistrado,                                                                            Magistrada,

 

 

________________________________      _________________________________

LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ       CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

El Secretario,

 

 

____________________________

JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA

 

C.L. Nº AA60-S-2009-988

Nota: Publicada en su fecha a

El Secretario,

Busca más sentencias en Venley

Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.

Buscar sentencias