Venley

Sentencia N.º 1415

Sentencia
N.º 1415
Fecha
24/09/2009
Sala
Casación Social
Expediente
08-1078
Ponente
Juan Rafael Perdomo
Procedimiento
Recurso de control de la legalidad

Ponencia del Magistrado Doctor JUAN RAFAEL PERDOMO

En el juicio por cobro de prestaciones sociales seguido por el ciudadano OMAR FERNANDO LAYA CASTELLANOS, representado por los abogados Jesús Rafael Rodríguez Sánchez y Homero Martín Hernández Mora, contra la sociedad mercantil GRUAS LA MODERNA 3.OOO C.A. y el ciudadano EDGAR EDUARDO MIRABAL MONTILLA, representados  por el abogado Bernardo Ramo Marrufo, el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, conociendo por apelación de la  parte actora, en sentencia publicada el 21 de abril de 2008, declaró sin lugar el recurso de apelación y parcialmente con lugar la demanda, confirmando la decisión proferida por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial, de fecha 14 de enero de 2008.

Contra esa decisión, por escrito presentado oportunamente, interpuso la parte actora el recurso de control de la legalidad previsto en el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Cumplidas las formalidades legales con el nombramiento de ponente en la persona del Magistrado quien con tal carácter suscribe, la celebración de la audiencia oral, pública y contradictoria y la emisión de la decisión inmediata contemplada en el encabezamiento del artículo 174 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pasa en esta oportunidad la Sala a reproducir y publicar la sentencia en los términos siguientes:

RECURSO DE CONTROL DE LA LEGALIDAD

Alega la recurrente que la decisión recurrida infringió las reglas para la valoración de las pruebas siguientes: libreta de ahorro, informe requerido a la sociedad mercantil Banesco Banco Universal y el testimonio del ciudadano Willi Hernán Navas.

Aduce que la Jueza de alzada no le concedió valor probatorio alguno a la libreta de ahorro, pero que, si bien es cierto que no se puede determinar de la libreta de ahorro quien o por qué se hicieron los depósitos, la prueba de informes si suministraba esa información, que permitía a la Juzgadora determinar no sólo quien era la única persona que depositaba en esa cuenta, sino también el salario, la periodicidad de los depósitos y la conexidad entre el codemandado ciudadano Edgar Mirabal y el demandante, y, sin embargo, la Alzada tampoco le otorgó valor probatorio al mencionado informe.

Alega igualmente, que la recurrida incurrió en el vico de inmotivación al determinar el salario que supuestamente devengaba el actor, pues esta determinación la hace a partir de un cuadro presentado por los codemandados, cuyo contenido no fue demostrado, y que a pesar de ello la Sentenciadora tomo como cierto el salario señalado por la parte demandada, sin motivar el establecimiento de dicho salario en la forma señalada, ni mencionar el método para establecerlo, ni tampoco cuál es el elemento de convicción que le permite asegurar que realmente ese es el salario devengado por el actor.

Asimismo, aduce que la recurrida silenció el informe requerido a la sociedad mercantil Servicios Integrales Veneasistencia C.A., sólo señala que esta prueba fue promovida por la parte actora y no fue evacuada; que correspondía al Tribunal de alzada procurar de oficio su evacuación; que no sólo no procuró la evacuación, sino que no hizo mención de la referida prueba en la sentencia recurrida.

Por último, señala que la Alzada, sin motivación alguna, determina que la relación de trabajo terminó por retiro voluntario como fue alegado por la parte demandada, obviando que por efecto de ese alegato se invierte la carga de la prueba y al no demostrar la demandada el retiro debe tenerse por cierto el despido.  

 

La Sala para decidir observa:

Para un mejor análisis de la sentencia recurrida, es menester transcribir íntegramente su motivación:

De la revisión de las actas procesales, se colige que el demandante no logró demostrar la prestación de servicios para el ciudadano EDGAR EDUARDO MIRAVAL MONTILLA, y en esta línea argumentativa, esta Alzada estima pertinente hacer énfasis en lo establecido con respecto a la legitimidad como elemento procesal, en sentencia proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, número 1919, de fecha 14 de julio de 2003 (Caso: Antonio Yamin Calil):

“(…) Al efecto, en primer lugar es necesario determinar lo que debe entenderse por falta de cualidad y cuál es la oportunidad procesal para oponerla de acuerdo a lo pautado en nuestra vigente ley adjetiva procesal.

En el derogado Código de Procedimiento Civil de 1916, existía la posibilidad de oponer la falta de cualidad de las partes como excepción de inadmisibilidad. En el Código vigente, la falta de cualidad no puede ser opuesta como cuestión previa, sino como una defensa de fondo, conforme lo dispone expresamente el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil. Por su parte, el ordinal 4° del artículo 346 eiusdem, contiene la cuestión previa de ilegitimidad de la persona citada como representante del demandado, por no tener el carácter que se atribuye, y se refiere es al problema de la representación procesal de la parte demandada, específicamente, a la falta de representación de la persona citada como representante del demandado, que es la llamada legitimatio ad procesum, y no de la falta de cualidad o de la legitimatio ad causam. Es decir, en el caso de la legitimatio ad procesum, se refiere a un presupuesto procesal para comparecer en juicio; esto es, un requisito indispensable para la constitución válida de toda relación procesal y para garantizar al demandado su adecuada representación en juicio.

En tanto, que la cualidad o legitimatio ad causam debe entenderse como la idoneidad de la persona para actuar en juicio; como titular de la acción, en su aspecto activo o pasivo; idoneidad que debe ser suficiente para que el órgano jurisdiccional pueda emitir un pronunciamiento de mérito; el cual, de acuerdo a lo antes expresado, no puede ser opuesta conforme al Código de Procedimiento Civil vigente, como cuestión previa”.   

De lo antes transcrito, y de la revisión de las actas procesales observa quien decide que ciertamente debe tenerse como parte demandada en la causa bajo estudio únicamente a GRUAS LA MODERNA 3.000, C.A. Y así se decide.

Este Tribunal de Alzada, en consonancia con los criterios jurisprudenciales que rigen la materia laboral, encuentra ajustada a derecho la decisión recurrida, toda vez que quedó demostrado el período de prestación del servicio (25/08/2005 al 13/01/2007); la causal de terminación de la relación laboral; el salario promedio devengado; y no logró probar el reclamante haber laborado domingos y días feriados, lo cual era una carga procesal. Y así se decide.

 

 

            En este mismo orden, en el dispositivo, la recurrida confirma la decisión de primera instancia y condena a la demandada a pagar a la actora la cantidad de cuatro mil ciento cinco bolívares fuertes con setenta y dos céntimos (Bs. F. 4.105,72), sin expresar las razones o los conceptos por los cuales la demandada debe pagar la suma condenada.     

Del análisis de la recurrida se infiere que ella no contiene materialmente ningún razonamiento de hecho ni de derecho que sirva de fundamento a la decisión, por lo que no es posible conocer el criterio jurídico que siguió el Juez de alzada.

            Sobre este aspecto la Sala ha establecido que cuando la sentencia no expresa motivo alguno, es decir, cuando no contiene materialmente ningún razonamiento de hecho ni de derecho que sustenten el dispositivo, se configura el vicio de falta de motivación.

Por otra parte, la recurrida tampoco cumple con el principio de autosuficiencia, según el cual toda sentencia debe contener la determinación de la cosa u objeto sobre que recaiga la decisión, este requisito es esencial para permitir la ejecución del fallo y establecer el alcance de la cosa juzgada que de éste emana.

Por el principio de la unidad del fallo, la determinación de la cosa puede estar expresada en cualquier parte de la decisión, pero debe ser posible su precisión sin necesidad de recurrir a otras actas o instrumentos del expediente. Su omisión conlleva a la nulidad de la sentencia por el vicio de indeterminación objetiva.

En el caso de autos, se observa que la sentencia cuestionada no contiene en sí misma decisión sobre la controversia planteada, sino que se limita confirmar la decisión proferida por el Juzgado de Primera Instancia en la cual se declara parcialmente con lugar la demanda, por tanto, no establece cuáles de los reclamos resultaron procedentes y cuáles no.

            En tal sentido, al no cumplir el Juez de alzada con la finalidad de resolver la controversia con suficientes garantías para las partes, impidiendo el control de la legalidad del fallo recurrido, y no observar las formas procesales establecidas en la ley, de conformidad con lo previsto en los artículos 159 y 160 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se declara con lugar el recurso de control de la legalidad, en conformidad con el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

            En consecuencia, se declara con lugar el recurso de control de la legalidad, en conformidad con lo establecido en el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

La Sala en conformidad lo previsto en el artículo 179 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, anula la sentencia recurrida y procede a decidir el fondo de la controversia, con base en las siguientes consideraciones:

 

DECISIÓN SOBRE EL FONDO DE LA CONTROVERSIA

El demandante alega que comenzó aprestar servicios para el ciudadano Edgar Eduardo Mirabal Montilla el 1° de noviembre de 2000, desempeñándose como chofer de grúas; que en el año 2001 el ciudadano Edgar Mirabal constituyó una sociedad mercantil denominada Grúas la Moderna 3.000 C.A., para la cual siguió prestando servicios sin interrupción, desempeñando el mismo cargo de chofer de grúas, por lo que, en su decir, operó una sustitución de patrono.

Aduce que cumplía una jornada de trabajo comprendida entre las 7:00 a.m. y las 6:30 p.m.; que después de cumplida la jornada realizaba guardias en la noche y madrugada hasta completar las treinta y seis (36) horas, para luego descansar doce (12) horas; que la relación de trabajo terminó el 15 de enero de 2007 por despido injustificado.

Alega que nunca disfruto ni recibió el pago de vacaciones, así como tampoco de utilidades y días domingos y feriados.

Afirma que percibía un salario variable calculado con base en la cantidad de viajes que realizaba y las tarifas de los mismos, que el salario normal promedio del último año de servicios, sin incluir lo que, según él, le adeuda la demandada por los días domingos y feriados, es la cantidad de setenta mil doscientos ochenta y seis bolívares con once céntimos (Bs. 70.286,11).

Pide que se compute en la antigüedad el lapso de dos (2) meses correspondiente al preaviso omitido, con fundamento en lo establecido en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Con fundamento en los hechos narrados demanda en forma solidaria a la sociedad mercantil Grúas La Moderna 3.000 C.A. y al ciudadano Edgar Eduardo Mirabal Montilla, y reclama el pago de los siguientes conceptos:

Por concepto de intereses sobre prestación de antigüedad, la cantidad de trece millones seiscientos cuarenta y un mil trescientos cuarenta y seis bolívares con setenta céntimos (Bs. 13.641.346,70).

Por concepto de antigüedad, la cantidad de veintidós millones novecientos noventa y dos mil cuatrocientos ochenta y ocho bolívares con sesenta y seis céntimos (Bs. 22.992.488,66).

Por concepto de vacaciones, la cantidad de quince millones ciento noventa y seis mil quinientos cuatro bolívares con setenta y ocho céntimos (Bs. 15.196.504,78).

Por concepto de utilidades, la cantidad de ocho millones doscientos veintiún mil trescientos cuarenta y tres bolívares con setenta céntimos (Bs. 8.221.343,70).

Por concepto de días domingos, la cantidad de veintiocho millones ciento veinticinco mil seiscientos cuarenta y nueve bolívares con cincuenta céntimos (Bs. 28. 125.649,50).

Por concepto de días feriados, la cantidad de seis millones cuatrocientos tres mil novecientos noventa y cuatro bolívares con cuatro céntimos (Bs. 6.403.994,04).

Por concepto de indemnización por despido injustificado, la cantidad de doce millones novecientos ochenta y un mil sesenta y nueve bolívares (Bs. 12.981.069).

Por concepto de indemnización sustitutiva del preaviso, la cantidad de cinco millones ciento noventa y dos mil cuatrocientos veintisiete bolívares con sesenta céntimos (Bs. 5.192.427,60).

Demanda igualmente los intereses de mora y la corrección monetaria.

La demandada alega la falta de cualidad del codemandado Edgar Eduardo Mirabal Montilla, sostiene que éste no fue patrono del demandante.

Admite la relación de trabajo respecto a la codemandada Grúas La Moderna 3.000 C.A.

Alega que la relación de trabajo comenzó el 25 de agosto de 2005 y finalizó el 13 de enero de 2007 por retiro y no por despido injustificado; que el salario normal promedio del último año de servicios es la cantidad de treinta mil setecientos dieciséis bolívares con cuatro céntimos (Bs. 30.716,04) y el integral la cantidad de treinta y dos mil seiscientos cincuenta y un bolívares con cincuenta y siete céntimos (Bs. 32.651,57); que el demandante cumplía una jornada de trabajo que iniciaba a las 8: 00 a.m. y finalizaba a las 6:00 p.m., con la salvedad que cuando salía fuera de la ciudad de Maracay la jornada finalizaba a la hora del regreso a esta ciudad y era su decisión si continuaba o no laborando ese día.

Niega la relación de trabajo respecto al codemandante Edgar Eduardo Mirabal Montilla, por tanto, niega la sustitución de patrono; niega y rechaza todos y cada uno de los reclamos hechos por el demandante. 

En el caso concreto, del análisis de la demanda y de la contestación ha quedado establecida la relación de trabajo sólo respecto a la codemandada Grúas La Moderna 3.000 C.A., por lo que la controversia se contrae a determinar su existencia respecto al codemandante Edgar Eduardo Mirabal Montilla; las fechas de inicio y finalización, y la causa de terminación de la misma; la jornada de trabajo y el salario.

Ahora bien, conforme con lo previsto en los artículos 72 y 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el régimen de distribución de la carga probatoria, se fijará de acuerdo con la forma en la que la demandada haya dado contestación a la demanda.

En ese sentido, la carga de la prueba de la existencia de la relación de trabajo respecto al codemandante Edgar Eduardo Mirabal Montilla corresponde a la parte actora, correspondiendo a la demandada la carga de probar los demás hechos controvertidos.

A continuación se valoran las pruebas que constan en autos a los fines de establecer cuáles de los hechos controvertidos en el proceso han sido demostrados.

La parte actora promovió el mérito favorable de los autos en todo cuanto le favorezca, sobre el particular se reitera una vez más que, al no ser promovido un medio probatorio susceptible de valoración, es improcedente valorar tales alegaciones.

Invoca la presunción de laboralidad a su favor, la presunción no es una prueba que en el sentido tradicional pueda considerarse o analizarse como existente o no en los autos. Es un auxilio probatorio establecido por la ley o asumido por el Juez para lograr la finalidad de los medios probatorios, corroborando o complementando el valor o alcance de éstos, y  consiste en el razonamiento lógico que, a partir de uno o más hechos probados, lleva, al Juez, a la certeza del hecho investigado.

Produjo los documentos siguientes:

Libreta de ahorros correspondiente a la cuenta N° 01340145461452135724, cuyo titular es el demandante, abierta en el banco Banesco, este instrumento se desecha por no aportar nada a la solución de la controversia.

Sendas copia fotostáticas de ocho (8) hojas de control de servicios, las cuales fueron impugnadas por la demandada y no pudo constatarse su certeza, por lo que carecen de valor probatorio.

Originales de cuatrocientos cincuenta y una (451) órdenes de servicios, estos documentos fueron impugnados por la demandada y se desechan por carecer de firmas.

Certificado de circulación N° 991104 del vehículo marca  Ford F-450, color blanco, placa, 39NAAP, propiedad del codemandante Edgar Eduardo Mirabal Montilla, este instrumento se desecha por no aportar nada a la solución de la controversia.

Autorizaciones emitidas por Progenitores Avícolas C.A., Servicios Generales Veneasistencia C.A. y Auto Pinturas Paraguaná S.R.L., estos instrumentos por emanar de terceros han debido ser ratificados en juicio por sus firmantes, ahora, no consta en autos que hayan sido ratificados, por lo que carecen de valor probatorio.

Cuatro ofertas de ventas de vehículos tipo grúas, presuntamente impresas desde un portal de internet, las cuales se desechan por no aportar nada a la solución de la controversia.

Promovió los testimonios de los ciudadanos Richard Cabrera, Luis Calanche y Willy Navas.

El testimonio del ciudadano Luis Calanche no fue evacuado.

El ciudadano Richard Cabrera rindió su testimonio y declaró que conoce de vista al demandante; que es su vecino desde hace treinta (30) años y sabe que trabajaba prestando servicio de grúas.

El ciudadano Willy Navas también rindió su testimonio y declaró que conoce al demandante; que en el año 2000, trabajando en un taxi con su tío, se accidentaron y solicitaron el servicio de remolque a Grúas La Moderna 3.000; y que así sucedió como en tres (3) oportunidades más.

Ambos testimonios se desechan por no aportar elemento alguno que contribuya a la solución de la controversia.

Promovió la exhibición del libro de control de servicios llevado por la empresa demandada durante el período comprendido entre los años 2001 y 2007, la prueba fue evacuada, sin embargo, la demandada exhibió sólo algunos controles correspondientes a los años 2005, 2006 y 2007, aduciendo la inexistencia de los correspondientes a los años anteriores por existir la relación de trabajo a partir del año 2005, y que el demandante no laboró los meses de abril y mayo de 2006. Con lo exhibido se demuestra que el demandante prestó servicios para la empresa demandada desde el 25 de agosto de 2005 hasta el 13 de enero de 2007; asimismo, los controles de servicio exhibidos contienen información sobre lo devengado por el demandante en cada traslado realizado, la exhibición no fue objetada por la parte actora por lo que a lo exhibido se le otorga valor probatorio.

Promovió la declaración de parte la cual no fue admitida.

Promovió prueba de informes para requerir información a:

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, sobre la persona que aparece como propietario registrado de los vehículos siguientes: 1) marca: Ford, modelo: NPR, placa: 67H-DAS, color: blanco, año: 2005, 2) marca: chevrolet, modelo: C-30, Placas: 43J-GBD, color: blanco, año: 1992; 3) marca: Ford, modelo: F-350, placa: 92P-MAD, color: plateado, año: 1999; y 4) marca: Ford, modelo: F-350, placa: 49A-SAL, color: blanco, año: 2006. El informe fue evacuado, en él se indican los nombres de las personas que aparecen como propietarios de cada uno de los vehículos, con excepción del identificado con la placa 49A-SAL, el cual registra sólo información de origen. Este informe se desecha por no aportar elementos que contribuyan a la solución de la controversia.     

Banesco Banco Universal, sobre los aspectos siguientes: 1) si la cuenta N° 01340145461452135724, abierta por el ciudadano Omar Fernando Laya Castellanos, titular de la cédula de identidad N° 7.238.148, es una cuenta nómina, y la identificación de la empresa que solicitó su apertura; 2) la identificación de la persona que hace los depósitos de pago quincenal reflejados en los movimientos de la cuenta; y 3) si los depósitos son realizados por taquilla o a través de transferencia electrónica. El informe fue evacuado, en él se señala que la cuenta aparece registrada a nombre del ciudadano Omar Fernando Laya Castellano, y fue abierta el 5 de mayo de 2006; se anexan sendas copias de (8) planillas de depósitos realizados en la cuenta por el ciudadano Edgar Mirabal en el período comprendido entre el 17 de octubre de 2006 y el 16 de enero de 2007; asimismo se anexan movimientos bancarios de la cuenta desde su apertura hasta el 16 de enero de 2007, los cuales no permiten establecer quien realizó los depósitos ni por qué concepto los hizo. Este informe se desecha por no aportar nada a la solución de la controversia.  

Servicios Generales Veneasistencia C.A., sobre los aspectos siguientes: 1) si la empresa Grúas La Moderna 3000 C.A. le presta servicios de traslado, remolque o transporte de vehículos; 2) si la misma empresa realizó los traslados, remolques o transportes descritos en las hojas de control interno de Grúas La Moderna C.A. anexas al escrito de promoción de pruebas, marcadas 1 a la 451 y B-1 a la B-8; y 3) la fecha a partir de la cual la misma empresa le presta servicio de transporte por grúas, y si a la fecha de la información aún continua prestándole dicho servicio. Este informe no fue evacuado.        

La parte demandada promovió el mérito favorable de los autos en todo cuanto le favorezca, antes se dejó establecido que al no ser promovido un medio probatorio susceptible de valoración, es improcedente valorar tales alegaciones.

Promovió prueba de informes para requerir al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales información sobre los siguientes aspectos: 1) si el demandante ha sido afiliado en esa institución, en caso afirmativo, en qué fecha fue afiliado y la empresa que lo afilió; y 2) el status que en la actualidad tiene el prenombrado ciudadano. Este informe fue evacuado, en él se indica que el demandante fue afiliado por primera vez el 9 de junio de 1980 por la empresa Praxair Venezuela C.A., y su status actual es de cesante, esta prueba se desecha por no aportar nada a la solución de la controversia.

Promovió los testimonios de los ciudadanos Rubén Fernández, Jackson Bolívar, Darwin Serrano, Luis Rojas, Magin Maury, David Coil y Ligia Verela, ninguno de estos testimonios fue evacuado, por lo que no hay material probatorio que valorar

Antes de decidir sobre el fondo de la controversia, debe la Sala pronunciarse previamente, sobre la falta de cualidad alegada por la demandada.

En este sentido, la demandada alega la falta de cualidad del codemandante Edgar Eduardo Mirabal Montilla, aduciendo que éste no fue patrono del demandante.

La cualidad en sentido amplio es entendida como la aptitud o idoneidad para actuar o contradecir eficazmente en juicio, conforma una particular posición subjetiva frente al objeto de la pretensión, en el sentido de que la acción sólo podrá ser intentada y el derecho respectivo hecho valer por aquel sujeto concreto a quien la ley en abstracto reconozca como legitimado para su ejercicio, y contra aquel, precisamente, a quien la ley, también en abstracto considere legitimado para soportar sus efectos. Debe existir, en suma, una relación de lógica identidad entre la persona que invoca la tutela jurisdiccional (actor) y la persona a quien la ley atribuye el poder de invocarla; y entre la persona contra o respecto de la cual se invoca (demandado) y aquella contra la cual tal poder, por ley es concedido.

De este modo, tratándose de un contrato de trabajo, los legitimados, por ende, los únicos con aptitud para ser partes en juicios derivados de dicho contrato son, en principio, las partes en el contrato, esto es, trabajador y patrono. De allí que, en el caso de autos tal aptitud la tienen, precisamente el actor y la codemandada Grúas la moderna 3000 C.A., en cambio, no logró demostrar el actor que haya prestado servicios para el codemandado  Edgar Eduardo Mirabal Montilla, por ello éste no tiene aptitud para ser parte en este juicio, razón por la cual se declara procedente la falta de cualidad opuesta por la demandada. Así se decide.

            Resuelta la defensa opuesta con carácter previo, corresponde ahora resolver sobre el fondo de la controversia.

El demandante alega haber prestado servicios para la codemandada Grúas La Moderna 3.000 C.A. desde el 07 de junio de 2001 hasta el 15 de enero de 2007; por su parte, la codemandada admite la relación de trabajo y alega que ésta inició el 25 de agosto de 2005 y finalizó el 13 de enero de 2007.

Sobre este particular se observa que con la exhibición del libro de control de servicios promovida por la parte actora quedó demostrado que el demandante prestó servicios para la empresa demandada desde el 25 de agosto de 2005 hasta el 13 de enero de 2007, por lo que, al no existir en autos prueba alguna de que el demandante haya prestado servicios antes ni después de las fechas indicadas, se establece que la relación de trabajo comenzó el 25 de agosto de 2005 y terminó el 13 de enero de 2007;. Así se decide.

En relación con la causa de terminación de la relación, el demandante alega que fue por despido injustificado, por su parte, la demandada afirma que fue por retiro, por lo que, de acuerdo con las reglas de distribución de la carga probatoria, correspondía a la última demostrar su afirmación.

Ahora, del examen de los autos se observa que la demandada no logró demostrar el retiro alegado, siendo así, concluye la Sala que la relación de trabajo terminó por despido injustificado. Así se decide.

El demandante pide que por haber terminado la relación de trabajo por despido injustificado y haber omitido la demandada el preaviso, éste se compute en la antigüedad para todos los efectos legales, con fundamento en lo dispuesto en el Parágrafo Único del artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Constituye un hecho no controvertido que la relación de trabajo fue por tiempo indeterminado, y establecido como quedó que la misma terminó por despido injustificado, el demandante tiene derecho al pago de las indemnizaciones previstas en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, entre las cuales está la sustitutiva del preaviso, lo que significa que gozaba de estabilidad.

Según reiterada doctrina jurisprudencial de esta Sala las indemnizaciones previstas en los artículos 104 y 125 de la Ley Orgánica del Trabajo son incompatibles, pues la primera de las normas es aplicable a los trabajadores que no gozan de estabilidad. Por tanto, no es posible la acumulación de la figura del preaviso establecida en el artículo 104 con la indemnización sustitutiva del artículo 125, pues el preaviso -articulo 104- es aplicable sólo a los trabajadores que carecen de estabilidad, y la indemnización sustitutiva se aplica sólo a los que gozan de ella.

Por las razones que anteceden se declara improcedente el pedimento del demandante, por ello la antigüedad a considerar para todos los efectos legales es de un (1) año, cuatro (4) meses y diecinueve (19) días. Así se decide.

El demandante afirma haber devengado en el último año de servicio un salario normal promedio de setenta mil doscientos ochenta y seis bolívares con once céntimos (Bs 70.286,11), más lo que le corresponde por los días domingos y feriados que la demandada nunca le pagó. La demandada alega que el salario normal promedio en el último año de servicios es la cantidad de treinta mil setecientos dieciséis bolívares con cuatro céntimos (Bs. 30.716,04) y el integral la cantidad de treinta y dos mil seiscientos cincuenta y un bolívares con cincuenta y siete céntimos (Bs. 32.651,57).

Constituye un hecho no controvertido que el demandante percibía un salario variable calculado con base en la cantidad de los remolques o traslados realizados  y en la tarifa de los mismos. En ese sentido, consta en los controles de servicios exhibidos por la demandada lo percibido por el demandante por cada uno de los remolques realizados. 

Sin embargo, no consta en autos prueba alguna de que la demandada haya pagado el salario de los días domingos y feriados, los cuales se ordena pagar en la forma que más adelante se establece, por tanto, el último salario normal se determinará mediante experticia complementaria del fallo, lo cual se hará sumando al promedio de lo devengado en el último año de servicio, según consta en los controles exhibidos, el promedio en el último año de servicio de lo que deba pagarse  por concepto de días domingos y feriados.

Demanda el actor el pago de la cantidad de veintidós millones novecientos noventa y dos mil cuatrocientos ochenta y ocho bolívares con sesenta y seis céntimos (Bs. 22.992.488,66), por concepto de antigüedad.

De conformidad con lo previsto en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, después del tercer mes ininterrumpido de servicio, el trabajador tendrá derecho a cinco (5) días de salario por cada mes, y dos (2) días adicionales, por cada año de servicio o fracción superior a seis (6) meses, acumulativos hasta alcanzar treinta (30) días de salario, computados a partir del segundo año de servicio.

El artículo 146 eiusdem en su Parágrafo Segundo establece que el salario base para el cálculo de la prestación de antigüedad en la forma establecida en el artículo 108 será el devengado en el mes correspondiente.

Siendo así, por un (1) año, cuatro (4) meses y diecinueve (19) días de prestación de servicios, el demandante tiene derecho al pago de sesenta y siete (67) días de salario.

Como no consta en autos que la demandada haya pagado lo que corresponde al demandante por concepto de prestación de antigüedad, se ordena su pago en los términos aquí establecidos, a tal efecto, el salario base de cálculo será el salario a comisión devengado, más lo que deba pagarse por días domingos y feriados en el mes correspondiente, y las alícuotas de utilidades y bono vacacional, de conformidad con lo previsto en el citado artículo 146, los cuales se determinarán mediante experticia complementaria del fallo.

Demanda la cantidad de quince millones ciento noventa y seis mil quinientos cuarto bolívares con setenta y ocho céntimos (Bs. 15.196.504,78),  por concepto de vacaciones.

No consta en autos que el demandante haya disfrutado las vacaciones, por lo que se ordena su pago en los términos previstos en los artículos 219, 223, 225 y 226 de la Ley Orgánica del Trabajo.

En este sentido, le corresponden quince (15) días por vacaciones vencidas, cinco (5) días por vacaciones fraccionadas, ocho (8) días por bono vacacional y tres (3) días por bono vacacional fraccionado, para un total de treinta y un (31) días.

De conformidad con la doctrina jurisprudencial de esta Sala, por cuanto el demandante no disfrutó las vacaciones, el pago se hará con base en el último salario normal determinado en la forma ordenada en esta sentencia.  

Demanda  la cantidad de ocho millones doscientos veintiún mil trescientos cuarenta y tres bolívares con setenta céntimos (Bs. 8.221.343,70), por concepto de utilidades.

Como no quedó demostrado que la demandada haya pagado utilidades al demandante, se ordena su pago en los términos establecidos en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo, según el cual dicho pago no puede ser inferior al equivalente de quince (15) días de salario.

En este sentido, el demandante tiene derecho al pago de las utilidades en la forma siguiente:

Año 2005: 5 días

Año 2006: 15 días

El pago se hará con base en el salario normal promedio devengado en cada año, lo cual se determinará mediante experticia complementaria del fallo considerando los mismos parámetros utilizados para la determinación del último salario.

Demanda la cantidad de veintiocho millones ciento veinticinco mil seiscientos cuarenta y nueve bolívares con cincuenta céntimos (Bs. 28. 125.649,50), por concepto de días domingos, y   la cantidad de seis millones cuatrocientos tres mil novecientos noventa y cuatro bolívares con cuatro céntimos (Bs. 6.403.994,04), por concepto de días feriados.

Reclama el demandante el pago de todos los días domingos y feriados que transcurrieron durante el tiempo que duró la relación de trabajo.

            Al respecto, esta Sala en sentencia N° 2376, de fecha 21 de noviembre de 2006, caso Manuel Alejando Ordoñez Masso y otros vs. L´Oreal Venezuela, C.A., dejo establecido lo siguiente:

Como se señaló en la Sentencia N° 1.633 de 2004, para resolver la petición referida al pago de los sábados, domingos y feriados por devengar los actores un salario variable formado por un sueldo fijo más un incentivo por ventas, es necesario interpretar concordadamente los artículos 216 y 217 de la Ley Orgánica del Trabajo.

El artículo 217 de la Ley Orgánica del Trabajo establece que cuando se haya convenido un salario mensual, el pago de los días feriados y de descanso obligatorio estará comprendido en la remuneración.

El artículo 216 eiusdem dispone que el descanso semanal será remunerado con el pago del salario de un día de trabajo; y, cuando se trate de trabajadores a destajo o con remuneración variable, el salario del día feriado será el promedio de lo devengado en la respectiva semana.

Estas normas hacen una distinción entre los trabajadores que reciben un salario mensual y los que tienen un salario a destajo o variable, pues el salario de éstos últimos depende de la cantidad de trabajo realizado; y es por todos conocido, que los días feriados, no son hábiles para el trabajo. De esta forma, la Ley protege a los trabajadores de salario variable previendo que los días en que ellos no realizan la actividad que genera su salario, como son los días de descanso y feriados, reciban una remuneración calculada como el promedio de lo generado durante la semana, para que así su situación se equipare a la de los trabajadores que reciben salario mensual pues su remuneración comprende los días feriados y de descanso.

      

            De acuerdo con el criterio expuesto, que hoy se reitera, cuando el salario es estipulado por unidad de tiempo, el pago de los días domingos y feriados está comprendido dentro de la remuneración, pero cuando un trabajador devenga un salario variable, el pago que corresponde a los días domingos y feriados debe calcularse con base en el promedio de lo generado en la respectiva semana, o con el promedio del mes correspondiente cuando las comisiones generadas se calculen y liquiden mensualmente.

            En el caso concreto, no está demostrado que la demandada haya pagado la incidencia del salario en los días domingos y feriados, por consiguiente, aquella debe pagarle al demandante los días domingos y feriados transcurridos durante todo el tiempo que duró la relación de trabajo, calculados con base en el promedio del salario devengado en el mes respectivo, lo cual se determinará mediante experticia complementaria del fallo.

Demanda la cantidad de doce millones novecientos ochenta y un mil sesenta y nueve bolívares (Bs. 12.981.069), por concepto de indemnización por despido injustificado.

Establecido como ha sido que la relación de trabajo terminó por despido injustificado, forzoso es concluir que la actora tiene derecho al pago de la indemnización adicional prevista en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, esto es, treinta (30) días de salario por cada año de antigüedad o fracción superior de seis (6) meses. De este modo, el demandante tiene derecho al pago de treinta (30) días de salario integral, lo cual se determinará mediante experticia complementaria del fallo.

Demanda la cantidad de cinco millones ciento noventa y dos mil cuatrocientos veintisiete bolívares con sesenta céntimos (Bs. 5.192.427,60), por concepto de indemnización sustitutiva del preaviso.

Por las razones antes expuestas, el demandante también tiene derecho al pago de la indemnización sustitutiva del preaviso en los términos establecidos en el mencionado artículo 125. De esta manera, la demandada debe pagarle el equivalente a cuarenta y cinco (45) días de salario por este concepto. El pago se hará con base en el último salario normal determinado en la forma ordenada en esta sentencia. 

Por último, demanda el pago de los intereses sobre prestaciones sociales, los intereses moratorios y la corrección monetaria, los cuales se ordena pagar y calcular en los términos establecidos en el dispositivo de esta sentencia.

En consecuencia, se declara parcialmente con lugar la demanda intentada por el ciudadano Omar Fernando Laya Castellanos, contra la sociedad mercantil Grúas La Moderna 3.000 C.A., y sin lugar respecto al ciudadano Edgar Eduardo Mirabal Montilla.

           

D E C I S I Ó N

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: 1º CON LUGAR el recurso de control de la legalidad propuesto por la parte actora contra la sentencia dictada por el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, publicada el 21 de abril de 2008; 2° PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda intentada por el ciudadano OMAR FERNANDO LAYA CASTELLANOS, contra la sociedad mercantil GRÚAS  LA MODERNA 3.000 C.A.; y 3° SIN LUGAR la demanda respecto al ciudadano EDGAR EDUARDO MIRABAL MONTILLA.

En consecuencia, se condena a la parte demandada a pagar a la demandante las cantidades de dinero que se determinen mediante experticia complementaria del fallo por los conceptos siguientes: sesenta y siete (67) días de prestación de antigüedad; treinta y un (31) días de vacaciones; veinte (20) días de utilidades; treinta (30) días de indemnización por despido injustificado; cuarenta y cinco (45) días de indemnización sustitutiva del preaviso; y los días domingos y feriados. Esta experticia se practicará siguiendo los parámetros establecidos para cada caso y por un único experto designado por el Tribunal si las partes no lo pudieran acordar.

Se ordena el pago de los intereses sobre la prestación de antigüedad, los cuales se determinarán mediante experticia complementaria del fallo, realizada por el mismo perito designado, considerando para ello las tasas de interés a que se refiere el literal c) del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, fijadas por el Banco Central de Venezuela.

Se ordena el pago de los intereses moratorios sobre las cantidades condenadas a pagar, causados desde la fecha en la cual terminó la relación de trabajo hasta la fecha efectiva de pago, los cuales se determinarán mediante experticia complementaria del fallo, practicada por el mismo perito designado; considerando para ello las tasas de interés fijadas por el Banco Central de Venezuela.

Se ordena la corrección monetaria sobre las cantidades condenadas a pagar de la manera siguiente: a) sobre las sumas condenadas a pagar por concepto de prestación de antigüedad y de los intereses generados por dicha prestación previstos en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, desde la fecha de terminación de la relación de trabajo hasta la fecha de publicación de esta sentencia; b) sobre las cantidades condenadas a pagar por los demás conceptos, desde la fecha de notificación de la demanda hasta la fecha de publicación de esta sentencia, excluyendo únicamente el lapso en que el proceso haya estado suspendido por acuerdo de las partes, o haya estado paralizado por motivos no imputables a ellas, es decir, caso fortuito o fuerza mayor, como vacaciones judiciales. Si la demandada no cumpliere voluntariamente el Tribunal al que corresponda la ejecución del fallo aplicará lo establecido en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. El cálculo se hará mediante experticia complementaria del fallo, la cual se debe practicar considerando: 1º) Será realizada por el mismo perito designado; 2º) El perito, a los fines del cálculo de la indexación ajustará su dictamen al Índice Nacional de Precios al Consumidor por el tiempo transcurrido, en conformidad con la Resolución N° 08-04-01 del Banco Central de Venezuela y Providencia Administrativa N° 08 del Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo a través del Instituto Nacional de Estadística, publicado en los respectivos boletines emitidos por el Banco Central de Venezuela.

No hay condenatoria en costas por no haber vencimiento total.

La presente decisión no la firman los Magistrados, ALFONSO VALBUENA CORDERO y CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA por no haber estado presentes en la audiencia pública correspondiente.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen, antes identificado, todo de conformidad con el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre de dos mil nueve. Años: 199° de la Independencia y 150° de la Federación.

 

El Presidente de la Sala,

 

 

____________________________

OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

 

 

El-Vicepresidente Ponente,                                          Magistrado,

 

 

________________________                       _______________________________

JUAN RAFAEL PERDOMO             ALFONSO VALBUENA CORDERO

 

 

Magistrado,                                                                Magistrada,

 

 

_______________________________         _________________________________

LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ       CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

 

El Secretario,

 

 

_____________________________

JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA

 

 

R.C Nº AA60-S-2008-1078

Nota:   Publicada en su fecha a las

                                                                                 

El Secretario,

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