Venley

Sentencia N.º 1419

Sentencia
N.º 1419
Fecha
09/08/2006
Sala
Casación Social
Expediente
06-1029
Ponente
Carmen Elvigia Porras de Roa
Procedimiento
Recurso de control de la legalidad

SALA DE CASACIÓN SOCIAL

Caracas,  09 de  agosto   de 2006. Años: 196º y 147º.

 

En el procedimiento de calificación de despido instaurado por el ciudadano ALIRIO JOSÉ SARACHE, titular de la cédula de identidad N° V-3.977.826, representado judicialmente por los abogados Alirio Agustín Rendón Rojas y Yamilic Uravic Gutiérrez Zambrano, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 9.879 y 60.285 en su orden, contra la asociación civil CAJA DE AHORROS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y PODER JUDICIAL, inscrita inicialmente en la Oficina Subalterna de Registro del Segundo Circuito del Municipio Libertador del Distrito Federal, el 9 de diciembre de 1976, bajo el N° 36, tomo 4, protocolo primero, representada judicialmente por los abogados Libia Alcalá, Hugo Indriago y Alexis Antonio Febres Chacoa, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 71.974, 85.032 y 17.069 respectivamente; el Juzgado Décimo de Primera Instancia de Juicio del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante decisión del 17 de febrero de 2005, declaró injustificado el despido realizado por la demandada, “dado a que la accionada insistió en el despido injustificado (…), se ordena a la demandada cancelar al demandante la suma de (…) como diferencia de las indemnizaciones derivadas de la terminación de la relación laboral; así como el pago de (…)por salarios caídos”.

 

El Juzgado Cuarto Superior del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de esa misma Circunscripción Judicial, mediante sentencia publicada el 31 de mayo de 2006 declaró desistido el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, con lugar el recurso de apelación propuesto por la parte accionada, “SUFICIENTE la consignación efectuada por la parte demandada en fechas 19 y 26 de Septiembre (sic) de 2002”, y terminado el procedimiento.

 

 

 

Contra la sentencia de alzada, en fecha 5 de junio de 2006, la representación judicial de la parte accionante interpuso recurso de control de la legalidad, y las actas procesales fueron remitidas a esta Sala de Casación Social.

 

El 29 de junio de 2006, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada doctora CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA, quien con tal carácter suscribe la decisión.

 

Efectuada la lectura del expediente, pasa la Sala a pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso ejercido, conforme a las consideraciones siguientes:

 

Ú N I C O

 

El artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo contempla el recurso de control de la legalidad como un medio de impugnación excepcional, al establecer que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social podrá, a solicitud de parte, conocer de aquellos fallos emanados de los Tribunales Superiores del Trabajo, que aun cuando no sean recurribles en casación, violenten o amenacen con violentar normas de orden público, o contraríen la reiterada doctrina jurisprudencial de la Sala, circunstancias que configuran algunos de los requisitos de admisibilidad de dicho recurso.

 

Además, la admisión del recurso in commento exige verificar que el mismo haya sido interpuesto mediante escrito cuya extensión no debe ser mayor de tres (3) folios útiles y sus vueltos, así como su tempestividad, por cuanto la referida norma establece para su interposición, el lapso preclusivo de cinco (5) días de despacho a partir de la fecha en que se publicó la sentencia sujeta a revisión.

 

 

Adicionalmente, es necesario dejar sentado que, tratándose de un recurso de naturaleza extraordinaria, corresponde a esta Sala restringir su admisibilidad, atendiendo a la potestad discrecional conferida por el citado artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, especialmente a aquellas situaciones donde se denuncie la violación de disposiciones de orden público o de la jurisprudencia reiterada de esta Sala.

 

En tal sentido, debe entenderse que tales quebrantamientos o amenazas afectan gravemente las instituciones fundamentales del Derecho sustantivo del trabajo, derechos indisponibles o reglas adjetivas que menoscaban los derechos al debido proceso y a la defensa, este último supuesto, sustentado en el mandato expreso contemplado en el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece la obligación de todos los jueces de la República de asegurar la integridad del orden constitucional, mediante el uso de las vías procesales ordinarias y extraordinarias consagradas en la ley.

 

En el caso bajo análisis, solicita la representación judicial del recurrente que se anule la sentencia impugnada, por cuanto su incomparecencia a la audiencia de apelación fue justificada “por motivos de fuerza mayor”, debido a que el día 23 de mayo de 2005 a las 1:50 p.m. –fecha de celebración de la audiencia-, sufrió un accidente automovilístico en las adyacencias de la Avenida Baralt, que le imposibilitó su concurrencia a la hora fijada por el Tribunal, ya que esperó hasta las 3:00 p.m. a las autoridades de tránsito para que realizaran el levantamiento del accidente que nunca llegaron, lo cual se puede constatar en el expediente N° 087606 del Cuerpo Técnico de Vigilancia de Tránsito y Transporte Terrestre.

 

En este orden de ideas, del examen de los argumentos de la accionada recurrente, la sentencia impugnada y las restantes actas que conforman el expediente, considera esta Sala que la decisión recurrida se encuentra ajustada a derecho; en consecuencia, es innecesario desplegar la actividad jurisdiccional de la Sala para ejercer el control de la legalidad de la sentencia impugnada. Tal declaratoria resulta cónsona con lo establecido en el citado artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, toda vez que la potestad revisora conferida a esta Sala se ejerce de forma discrecional y excepcional.

 

Conforme con lo anterior, se concluye que el recurso de control de la legalidad interpuesto por la representación judicial de la parte demandante recurrente no llena los extremos de ley requeridos, lo que deviene en su inadmisibilidad. Así se decide.

 

D E C I S I Ó N

 

En mérito de las consideraciones anteriores, esta Sala de Casación Social  del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la representación judicial del ciudadano Alirio José Sarache, contra la sentencia del 31 de mayo de 2006, dictada por el Juzgado Cuarto Superior del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

 

No hay condenatoria en costas dada la naturaleza de la decisión.

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial arriba identificada a fin de que sea enviado al tribunal de sustanciación, mediación y ejecución competente. Remítase copia certificada de la decisión al Juzgado Superior de origen, de conformidad con lo establecido en el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Presidente de la Sala,

 

___________________________

OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

El

Vicepresidente,

 

_________________________

JUAN RAFAEL PERDOMO

Magistrado,

 

________________________________

LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ

 

Magistrado,

 

______________________________

ALFONSO VALBUENA CORDERO

 

Magistrada Ponente,

 

__________________________________

CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

Secretario,

 

____________________________

JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA

 

C.L. N° AA60-S-2006-0001029

 

Nota: Publicada en su fecha a

 

El

Busca más sentencias en Venley

Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.

Buscar sentencias