Sentencia N.º 144
- Sentencia
- N.º 144
- Fecha
- 22/05/2001
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 00-041
- Ponente
- Antonio Ramírez Jiménez
- Procedimiento
- Recurso de Casación
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SALA DE CASACION CIVIL
Ponencia del Magistrado ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ.
En el juicio por cobro de bolívares iniciado ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas seguido por la Sociedad Mercantil BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A., representada judicialmente por los abogados Manuel Alvarez Rubín y Francisco Castro Ron, contra la Sociedad Mercantil CONSORCIO EDIVIAGRO-ESFEGA LORICA, C.A., y de los ciudadanos EDGAR ASIS ESPEJO, ARTURO PEREZ BRICEÑO y NERY WEBEL DE PEREZ, representados judicialmente por los abogados Humberto Francisco Hurtado Ortega, Magaly Espejo Piñango y Heberto Eduardo Roldán López; el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, dictó sentencia en fecha 28 de septiembre de 1999, declarando sin lugar la apelación interpuesta por la representación de la parte demandada y con lugar la demanda.
Contra el referido fallo de la alzada la representación judicial de la parte demandada anunció y formalizó oportunamente recurso de casación. Hubo impugnación, réplica y contrarréplica, siendo la réplica extemporánea por haber sido presentada antes de la apertura del lapso previsto por ley para tal fin, pues el término para la impugnación se agotó el 25 de abril del 2000, sin embargo, el escrito de réplica fue presentado ante la Secretaría de la Sala en fecha 14 de abril del presente año.
Concluida la sustanciación del recurso de casación y cumplidas las formalidades legales, pasa esta Sala a decidirlo previa las siguientes consideraciones:
RECURSO POR DEFECTO DE ACTIVIDAD
- I -
Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 12, 210, 244, 320 segundo aparte, y 322 encabezamiento, eiusdem, por considerar el formalizante que la recurrida incurrió en el vicio de incongruencia al no decidir de manera expresa, positiva y precisa conforme a la pretensión deducida.
Alega el formalizante, lo siguiente:
...Según el libelo de la demanda, que ocupa del folio 1 al 7 del Capítulo IV de ese libelo, las cuales son 1) en primer término la acción cambiaria derivada de los pagarés, ejercida por vía principal; y 2) subsidiariamente, de no prosperar dicha acción, la causal o subyacente fundada en los contratos de préstamos subyacentes (Sic); por lo que al decir del propio libelo, fue el ejercicio de dos acciones o pretensiones, siendo una subsidiaria de otra, conforme con lo que se explica y argumenta en el Capítulo IV del libelo, y la contestación (folios 172 al 175) conforme a estas dos pretensiones
omissis
Del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, la recurrida infringe su ordinal 5°, según el cual la sentencia debe contener DECISION EXPRESA, POSITIVA Y PRECISA CON ARREGLO A LA PRETENSION DEDUCIDA., (sic) y es evidente que la sentencia recurrida incumple con este mandato o exigencia, pues de haberlo cumplido tenía que decidir primero la pretensión principal cambiaria y, luego, como subsidiaria la pretensión del negocio causal subyacente, pero no lo hizo así, porque partió del supuesto de tratarse de una única pretensión o acción, por lo que concluyó por declarar con lugar la demanda, sin mirar que eran dos pretensiones, una principal y otra subsidiaria, violando e infringiendo este ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil ...
La Sala para decidir, observa:
La denuncia por incongruencia en cuestión, adolece de la técnica requerida en casación para su correcta formalización, pues el formalizante se extralimitó al denunciar los artículos 210, 244 y 320 aparte segundo, y 322 encabezado, del Código de Procedimiento Civil, siendo que para este tipo de denuncia sòlo es necesaria la denuncia del ordinal 5° del artículo 243 del referido Código Procesal Civil, en concordancia con el artículo 12 eiusdem, ambos bajo el amparo del ordinal 1° del artículo 313 del mismo Código.
A mayor abundamiento, esta Sala observa que el ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, es el equivalente al mismo precepto contemplado por el artículo 162 del Código derogado, conforme al cual se requiere que toda sentencia contenga decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, es decir, que exista congruencia entre los pedimentos del libelo de la demanda y los términos en que el demandado dio su contestación. Este requisito, denominado, como se señaló anteriormente, principio de congruencia, tiene relación con dos deberes fundamentales: a) Resolver solo sobre lo alegado y b) resolver sobre todo lo alegado, para dar cumplimiento así a otro principio de la moderna doctrina procesal que es la exhaustividad.
En el caso bajo análisis, como bien alega el formalizante, el Tribunal de Alzada sólo decidió la acción subsidiaria causal, mas no la acción principal cambiaria propuesta por la parte actora, sin embargo, a criterio de esta Sala, tal proceder en modo alguno generó carga o perjuicio alguno para la parte demandada, pues no hubo condenatoria derivada de dicha acción principal cambiaria; además, los argumentos que sustentan la denuncia en cuestión están referidos únicamente al petitorio contenido en el libelo de demanda presentado por la parte actora, de allí que el recurrente carezca de interés para sostener la presente denuncia, visto que la supuesta infracción denunciada no configuró lesión alguna en su contra.
Por lo tanto esta Sala desecha la presente denuncia, y así se declara.
-II-
Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de procedimiento Civil, se denuncia la infracción del ordinal 5° del artículo 243 eiusdem, en concordancia con los artículos 12, 210, 244, 320 segundo aparte y 322, encabezamiento, del mismo Código, por considerar el formalizante que la recurrida incurrió en el vicio de incongruencia.
Al respecto, alega el recurrente:
...En el Capítulo II del escrito de promoción de pruebas de la parte actora (folio 181 y vuelto del expediente) se promovió (Sic) como pruebas documentales los anexados al libelo, a saber 1) El documento constitutivo del préstamo otorgado en forma de pagaré y el cual cursó en los folios (12) al (14) del expediente (sic); 2. Comprobante de liquidación del préstamo, que cursa en el folio (18) del expediente (sic); 3. Un recibo de pago de intereses hecho por la demandada emitido por el Banco Industrial de Venezuela C.A: (sic) en fecha 26 de noviembre de 1.992 (Sic), marcado con el N° 154635 por el monto de (Bs. 499.600,oo) el cual cursa en el folio (18) del expediente (sic); 4. Un recibo de pago de intereses, hecho por la demandada en fecha 8 de diciembre de 1.993 (Sic), marcado con el N° 171050, por el monto de (Bs. 29.700,oo), que cursa en el folio 20 del expediente..(sic).
A estas pruebas se refiere la recurrida (folio 351) y las destaca bajo los números 2°, 3°, 4° y 5° respectivamente, aún cuando dos errores respecto de los años correspondientes (sic), pues dice que el pago sería de fecha 26 de Noviembre (Sic) de 1.996 (Sic) y que el recibo de intereses sería del 8 de diciembre de 1.993 (Sic) y de seguida, la recurrida pasa a analizar estas pruebas
Omissis...
En el escrito de contestación se dieron las razones y alegatos para desconocer e impugnar los recaudos que, marcados 3°, 4° y 5°, analiza la recurrida para sostener que habría sido una impugnación simple y llana, pues da la impresión que el sentenciador miró el escrito presentado el 25 de Noviembre (Sic) de 1.996 (Sic), pero se olvidó de mirar y leer el escrito de contestación, omisión por la cual dijo el dislate que hemos transcrito y tomado del folio 352 del expediente
.
La Sala para decidir, observa:
La denuncia por incongruencia examinada, adolece de la técnica requerida en casación para su correcta formalización, pues el formalizante se extralimitó al denunciar los artículos 210, 244 y 320 aparte segundo, y 322 encabezado, del Código de Procedimiento Civil, siendo que para este tipo de denuncia sólo es requerida la denuncia del ordinal 5° del artículo 243 del referido Código Procesal Civil, en concordancia con el artículo 12 eiusdem, ambos bajo el amparo del ordinal 1° del artículo 313 del mismo Código.
Sin embargo, a mayor abundamiento, estima la Sala oportuno señalar que para considerarse una sentencia congruente, debe existir correspondencia entre los alegatos de hecho formulados por las partes en las oportunidades establecidas para ello, y el pronunciamiento del juez sobre todo lo alegado, y sólo sobre lo alegado.
En el caso de autos, según lo señalado por el formalizante, la Alzada incurrió en el vicio de incongruencia negativa, equivalente a una omisión de pronunciamiento que se produce cuando el Juez no resuelve sobre todo lo alegado por las partes.
Para sustentar una denuncia de tal naturaleza, es requisito impretermitible que el formalizante señale cuál es el preciso alegato de hecho que no se resolvió en forma expresa, positiva y precisa en la sentencia, lo cual, a pesar de la desusada extensión de la formalización, está absolutamente omitido, pues el formalizante limita su actuación a transcribir distintos extractos tanto de la recurrida, como del escrito de contestación de la demanda, así como de un escrito presentado por su representada en fecha 25 de noviembre de 1996, sin especificar con claridad y precisión el alegato presuntamente omitido del análisis por el Sentenciador de Alzada. No puede la Sala examinar la totalidad de la contestación de la demanda, para hacer la comparación con la sentencia y establecer si se resolvieron todos los alegatos de hecho formulados, pues ello es carga del formalizante.
Por otra parte, el propio recurrente en la formalización del recurso de casación en cuestión, señala:
en el escrito de contestación se dieron las razones y alegatos para desconocer e impugnar los recaudos que, marcados 3°, 4° y 5°, analiza la recurrida para sostener que habría sido una impugnación simple y llana
, con lo cual incurre en una contradicción de planteamientos, pues pese a formular una denuncia por incongruencia negativa, hace referencia al análisis que sobre el particular realizó la recurrida y nada aporta para demostrar lo contrario.
Por lo antes expuesto, esta Sala desecha la presente denuncia, y así se declara.
-III-
Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del ordinal 5° del artículo 243 eiusdem, en concordancia con los artículos 12, 210, 244, 320, aparte segundo, y 322, encabezado, del mismo Código, por considerar el formalizante que la recurrida incurre en el vicio de incongruencia.
Señala el recurrente:
...En el mismo escrito de contestación se expuso: En el supuesto negado de que los alegatos anteriormente esgrimidos fuesen desestimados por el Tribunal, y como consecuencia de ello se llegare a considerar que la prescripción si fue interrumpida, en todo caso lo que, repetimos, rechazamos solo (Sic) en lo que respecta al deudor principal, es decir al CONSORCIO EDIVIAGRO-ESFEGA-LORICA y nunca en lo que se refiere a los codemandados en su carácter de avalistas, ciudadanos ARTURO PEREZ BRICEÑO, NERY WEBEL DE PEREZ Y EDGAR ASIS ESPEJO, por cuanto el BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA C.A., nunca realizó gestión de cobro frente a ellos, (sic) con el objeto de obtener el pago de las cantidades que llegó en un tiempo a adeudarle el CONSORCIO EDIVIAGRO-ESFEGA-LORICA.
Por todo lo antes expuesto, y sosteniendo la contradicción total y absoluta, dejamos opuesta la prescripción de la acción cambiaria ejercida contra nuestros representados para cobrar el pagaré ya identificado (folio 173 vuelto del Expediente).
Ahora bien, Ciudadanos Magistrados, es el caso que la recurrida omite, por completo, resolver el alegato transcrito, y muy, al contrario, en la dispositiva condena a todos los demandados, omitiendo de manera inexplicable, decidir este alegato
omissis...
Ahora bien, la recurrida omite por completo resolver y decidir el alegato sobre interrupción en cuanto a los demandados como avalistas, ciudadanos ARTURO PEREZ BRICEÑO, NERY WEBEL DE PEREZ y EDGAR ASIS ESPEJO, resulta claro que violò el ordinal 5° del Artículo (Sic) 243 del Código de Procedimiento Civil, pues la decisión dictada no es expresa, ni positiva, ni precisa, con respecto a esta defensa opuesta en el escrito de contestación
.
La Sala para decidir, observa:
La denuncia por incongruencia en cuestión, adolece de la técnica requerida para su correcta formalización, pues el formalizante se extralimita al denunciar los artículos 210, 244 y 320 aparte segundo, y 322 encabezado, del Código de Procedimiento Civil, siendo que para este tipo de denuncia solo es requerida la denuncia del ordinal 5° del artículo 243 del referido Código Procesal Civil, en concordancia con el artículo 12 eiusdem, ambos bajo el amparo del ordinal 1° del artículo 313 del mismo Código.
Sin embargo, a mayor abundamiento, se observa sobre el particular denunciado, que la recurrida, tal como consta a los folios 354 y 355 del expediente, señala:
La prescripción ordinaria en materia mercantil se verifica por el transcurso de diez (10) años, por lo que en base a la doctrina transcrita por el Tribunal de la causa la cual acoge este Sentenciador, se puede corroborar de manera clara que la prescripción aplicable al caso de marras es la ordinaria, es decir, la de diez (10) años y no la breve que es de tres (3) años, por cuanto se incurriría en la violación de nuestra normativa procesal que la contempla, por lo que el pagaré aquí accionado tiene como fecha de vencimiento 24 de marzo de 1.999 (sic), resultando obligados en consecuencia todos y cada uno de los demandados a cancelar las obligaciones que le fueron accionadas tanto en su carácter de deudora principal, como de fiadores y valaístas (sic), por haber renunciado éstos a los beneficios contenidos en los artículo 1.815 y 1.836 del Código de Comercio, habiendo liberado al acreedor de hacerles notificaciones algunas de que el deudor principal se encontraba en mora de su obligación principal. En base a lo anterior, esta Alzada desecha la prescripción alegada y opuesta por la parte demandada por ser la misma improcedente
. (Subrayado de la Sala).
De lo anteriormente expuesto, en especial del subrayado de la Sala, queda demostrado que el Tribunal de Alzada si se pronunció en cuanto a la inaplicabilidad de la interrupción de la prescripción respecto a los avalistas, alegado por la parte demandada en la oportunidad de brindar contestación a la demanda.
Por lo tanto, la Sala desecha la presente denuncia, y así se declara.
-IV-
Con fundamento en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del ordinal 5° del artículo 243 eiusdem, en concordancia con los artículos 12, 210, 244 y 320 aparte segundo, y 322 encabezado, del mismo Código, por considerar el formalizante que la recurrida incurre en el vicio de incongruencia.
Al respecto, alega el formalizante:
...Con relación a una Experticia practicada
, según la recurrida no habría sido impugnada por ninguna de las partes, pero ello es incierto
Por lo tanto, al contrario de lo que dice la recurrida, es lo cierto que sì hubo impugnación contra la experticia, por lo cual la recurrida estaba obligada a decidir al respecto
omissis...
Ahora bien, cuando la recurrida por su terquedad, y poco examen de las actas, olvida que la experticia sì fue impugnada, es claro que a consecuencia de esa actitud omisiva, la decisión recurrida no es expresa, ni precisa, ni positiva con arreglo a la alegada e invocada impugnación
.
La Sala para decidir, observa:
La denuncia por incongruencia en cuestión, adolece de la técnica requerida en casación para su correcta formalización, pues el formalizante se extralimita al denunciar los artículos 210, 244 y 320 aparte segundo, y 322 encabezado del Código de Procedimiento Civil, siendo que para este tipo de denuncia solo es requerida la denuncia del ordinal 5° del artículo 243 del referido Código Procesal Civil, en concordancia con el artículo 12 eiusdem, ambos bajo el amparo del ordinal 1° del artículo 313 del mismo Código.
Sin embargo, a mayor abundamiento, se aprecia que la recurrida respecto a la referida prueba de experticia promovida y evacuada por la parte actora, señaló:
...Con respecto a la prueba signada con el N° 6, contentiva de la experticia contable, se evidencia de las actas procesales que conforman el presente expediente que la misma fue debidamente practicada y consignada en los autos, y a través de la cual los expertos designados dejaron constancia de la existencia de la obligación que dio origen al pagaré, dejando constancia de los abonos realizados por la parte demandada al mismo, asimismo de la existencia de la aprobación a través de la Junta Directiva del Banco del mencionado préstamo que se encuentra contenido en el pagaré, por lo que siendo que el mismo no fue impugnado por ninguna de las partes en la oportunidad legal previsto (Sic) para ello, esta Alzada le confiere pleno valor probatorio por corroborar el mismo la existencia de la obligación principal y de la subyacente demandadas (Sic) por la parte actora
(folios 352 y 353 del expediente).
En relación con los argumentos de la recurrida, consta al expediente que en fecha 25 de noviembre de 1996, la parte demandada realizó oposición a la prueba de experticia promovida por la actora. No obstante, por auto de fecha 3 de diciembre de 1996, el tribunal de la causa, admitió todas las pruebas promovidas por las partes, dejando a salvo su apreciación en la definitiva. Por tal motivo, en fecha 9 de enero de 1997, fue consignado al expediente el dictamen de los expertos designados al efecto.
Lo antes expuesto permite concluir que la parte demandada en el proceso realizó oposición a la admisión de las pruebas de la parte actora, sin embargo, las mismas por auto del tribunal a quo fueron debidamente admitidas salvo su apreciación en la definitiva, auto éste contra el cual los demandados no recurrieron. Por lo tanto, no constituía carga para el Tribunal de Alzada al conocer en apelación de la sentencia definitiva dictada en primera instancia, examinar nuevamente la admisión de la prueba de experticia, mas aún cuando los demandados no realizaron ningún planteamiento posterior al respecto y no apelaron del auto de admisión.
En consecuencia, esta Sala desecha la presente denuncia, y así se declara.
-V-
De conformidad con el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción del ordinal 4° del artículo 243 eiusdem, en concordancia con los artículos 12, 210, 244, 320 segundo aparte, y 322 encabezamiento, del mismo Código, por considerar el formalizante que la recurrida incurrió en el vicio de inmotivación.
Alega el recurrente:
...Tal como se aprecia del folio 351 del expediente, la recurrida narra las pruebas de la parte actora entre ellas una experticia contable y al analizar esta prueba (final del folio 352 y principio del 353), dice lo que transcribí y copié en el precedente punto Cuarto de este Capítulo y doy por reproducido aquí, (sic) y, luego, en el folio 354 la recurrida dice lo que transcribí y copié en el anterior punto Segundo de este mismo Capítulo y doy igualmente por reproducido (Sic)
omissis
No basta con que la sentencia efectuó (sic) un somero y escueto examen del asunto, pues la motivación exige que exprese y diga en que (Sic) se fundamenta, cual (Sic) o cuales (Sic) son las razones que le sirven de base, apoyo y sostén, y sucede que la recurrida incumple ese mandato de motivar, pues si bien aprecia positivamente pruebas de la actora al momento de motivar se limita a decir, en lenguaje ambiguo, vago e impreciso lo que dije cuando hice las transcripciones, esto es, que habría quedado demostrado a través de las pruebas y de la experticia contable la existencia de la obligación subyacente, pero sin explicar, ni precisar que es lo que realmente quedó demostrado y probado, ya que se limita a un simple juego de palabras sin contenido sustancial. Me pregunto ¿qué fue lo que se demostró? ¿porqué se desecha la prescripción invocada?(Sic)....
La Sala para decidir, observa:
Para la Sala, en constante y pacífica doctrina, el vicio de inmotivación en el fallo, se configura por la falta absoluta de fundamentos, no así cuando los mismos son escasos o exigüos, con lo cual no debe confundirse. También ha sostenido la Sala en reiteradas decisiones, entre otras, en sentencia N° 83, del 23 de marzo de 1992 (Juana Bautista Díaz de Salazar y Otro contra Evaristo Gómes Rincones y Otros), que la falta absoluta de motivos puede asumir varias modalidades: a) Que la sentencia no presente materialmente ningún razonamiento, b) Que las razones dadas por el sentenciador no guarden relación alguna con la acción o la excepción y deben tenerse por inexistentes jurídicamente, c) Que los motivos se destruyan los unos a los otros por contradicciones graves e irreconciliables y d) Que todos los motivos son falsos (Sic)....
Ahora bien, en primer término, la denuncia en cuestión adolece de la técnica requerida para su correcta formalización, vista la imprecisión de los planteamientos expuestos por el recurrente para comprobar la supuesta inmotivación de la recurrida, para ello basta transcribir nuevamente el párrafo que encabeza la denuncia en cuestión, donde señala: Tal como se aprecia del folio 351 del expediente, la recurrida narra las pruebas de la parte actora entre ellas (sic) una experticia contable y al analizar esta prueba (final del folio 352 y principio de 353), dice lo que transcribí y copié en el precedente punto Cuarto de este Capítulo y doy por reproducido aquí, y, luego, en el folio 354 la recurrida dice lo que transcribí y copié en el anterior punto Segundo de este mismo Capítulo y doy igualmente por reproducido
(Sic).
Sin embargo, a mayor abundamiento, sobre la supuesta inmotivación de la recurrida respecto a las pruebas promovidas por la parte actora y a la experticia opuesta como defensa por la parte demandada, tenemos que el Tribunal de Alzada señaló:
...PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE ACTORA:
1°) Reprodujo el mérito favorable de los autos.
2°) Documento constitutivo del préstamo otorgado en forma de pagaré.
3°) Comprobante de liquidación del préstamo.
4°) Recibo de pago hecho por la demandada emitido por el BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA en fecha 26 de noviembre de 1.996 (Sic). Así como las notas de crédito y Estados de cuentas.
5°) Recibo de pagos de intereses de fecha 8 de diciembre de 1.983 (Sic).
6°) Promovió de conformidad con los artículos 452 y siguientes del Código de Procedimiento Civil experticia contable.
ANALISIS DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE ACTORA:
En relación a la prueba signada con el N° 1, es de observar que el reproducir el mérito favorable de los autos no constituye en sí un medio de prueba en virtud de que el Juez está en la obligación de analizar y juzgar todas cuantas pruebas cursen en los autos de conformidad con el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil.
En relación a la prueba signada con el N° 2 contentiva del pagaré que justifica el préstamo dado a la parte demandada por el BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, es de observar ciertamente tal y como lo estableció el Tribunal de la causa el negocio cambiario y el negocio causal pueden probarse (Sic) por instrumentos separados pero ello no impide que en un documento concentre los dos propósitos como lo es en el caso de autos, ya que no hay ningún fundamento lógico para desecharlo como prueba del préstamo sòlo por tratarse de un pagaré.
En el pagaré que cursa en los autos se evidencia con claridad que la parte demandada declara recibir la suma por la actora demandada (Sic) en dinero efectivo, señalando más adelante los términos y condiciones en que sería cancelado el mismo. Asimismo no consta de autos que la parte demandada haya desconocido recibir dicha cantidad de dinero, por lo que a criterio de este Sentenciador este pagaré demuestra la existencia del negocio subyacente y justifica esta acción subsidiaria incoada por la actora, compartiendo en consecuencia los fundamentos de la recurrida al respecto. Y así se declara.
Especto (sic) a las pruebas signadas con los Nros. 3, 4 y 5, esta Alzada constata que las mismas fueron impugnadas por la parte contra quienes se opuso, es decir, por la parte demandada, sin embargo a criterio de quien aquí decide no basta simple y llanamente con impugnar un documento para que el mismo se tenga como no válido, ya que nuestro Máximo Tribunal ha establecido al respecto que para ello tienen que agotarse los medios previstos para ello (Sic) en nuestra normativa procesal, por lo que no habiéndolos agotado así la parte demandada, esta Alzada les confiere pleno valor probatorio. Y así se decide.
Con respecto a la prueba signada con el N° 6, contentiva de la experticia contable, se evidencia de las actas procesales que conforman el presente expediente que la misma fue debidamente practicada y consignada en los autos, y a través de la cual los expertos designados dejaron constancia de la existencia de la obligación que dio origen al pagaré, dejando constancia de los abonos realizados por la parte demandada al mismo, asimismo de la existencia de la aprobación a través de la Junta Directiva del Banco del mencionado préstamo que se encuentra contenido en el pagaré, por lo que siendo que el mismo no fue impugnado por ninguna de las partes en la oportunidad legal prevista para ello, esta Alzada le confiere pleno valor probatorio por corroborar el mismo la existencia de la obligación principal y de la subyacente demandadas (Sic) por la parte actora. Y así se declara..." (Folios 350 al 353 del expediente).
Asimismo, respecto a la prescripción opuesta por la parte demandada, la recurrida señala:
...La prescripción ordinaria en materia mercantil se verifica por el transcurso de diez (10) años, por lo que en base a la doctrina transcrita por el Tribunal de la causa la cual acoge este Sentenciador, se puede corroborar de manera clara que la prescripción aplicable al caso de marras es la ordinaria, es decir, la de diez (10) años y no la breve que es de tres (3) años, por cuanto se incurriría en la violación de nuestra normativa procesal que la contempla, por lo que el pagaré aquí accionado tiene como fecha de vencimiento 24 de marzo de 1.999 (Sic), resultando obligados en consecuencia todos y cada uno de los demandados a cancelar las obligaciones que le fueron accionadas tanto en su carácter de deudora principal, como de fiadores y valaístas (Sic) por haber renunciado éstos a los beneficios contenidos en los artículo 1.815 y 1.836 del Código de Comercio, habiendo liberado al acreedor de hacerles notificaciones algunas de que el deudor principal se encontraba en mora de su obligación principal. En base a lo anterior, esta Alzada desecha la prescripción alegada y opuesta por la parte demandada por ser la misma improcedente
(Folios 354 y 355 del expediente).
Por lo tanto, y en atención al criterio reiterado de esta Sala, señalado anteriormente, según el cual el vicio de inmotivación existe cuando la sentencia carece en absoluto de fundamentos, pues no debe confundirse la escasez o exigüidad de la motivación con la falta de motivos, esta Sala desecha la presente denuncia, y así se declara.
RECURSO POR INFRACCION DE LEY
-I-
La primera denuncia por error de juzgamiento formalizada por el recurrente, será transcrita textualmente en su totalidad, siendo su tenor el siguiente:
...Según lo por mí transcrito en el Capítulo precedente, la recurrida sostiene que habría habido una impugnación simple y llana de los documentos acompañados al libelo y reproducido en el escrito de promoción de pruebas de (sic)
Ahora bien, vistas las anteriores apreciaciones de la recurrida, pido a la Sala que, que (sic) de conformidad con el encabezamiento del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, se extienda al fondo de la controversia y al establecimiento y apreciación de los hechos que hizo la sentencia recurrida (sic) A tal efecto, denuncio que la dispositiva de la sentencia recurrida fue consecuencia de haber cometido dos veces el tercer caso de suposición falsa, pues las afirmaciones de no haberse motivado las impugnaciones de la prueba documental y sostener que la experticia no habría sido impugnada, fueron apreciaciones cuya inexactitud resulta de actas del mismo expediente. En efecto:
a) Si bien en el escrito del 25 de Noviembre (Sic) de 1996, nada se dijo acerca de porqué se impugnaban los documentos, en este escrito se reitera que es con base y fundamento en lo que se expuso al contestar la demanda; y es que lamentablemente, el sentenciador de la recurrida leyó solamente el escrito del 25 de Noviembre (Sic) de 1.996 (sic), pero no tuvo el cuidado de leer y revisar el Capítulo II del escrito de contestación, que ocupa del folio 172 al folio 175 del expediente, el contenido de lo cual he transcrito íntegramente en el Capítulo que precede y que pido a la Sala revisar para verificar que allí se dan los motivos, razones y fundamentos de la impugnación, pero que el sentenciador no quiso, o no le interesó leer para constatar que lo alegado sí estaba explicado en el escrito de contestación, ratificado en el escrito del 25 de Noviembre (Sic) de 1.996 (Sic); y
b) Al contrario de lo que afirma la recurrida, la verdad es que la experticia sí estaba impugnada, como se aprecia del escrito presentado el 25 de Noviembre (Sic) de 1996, en su Capítulo II (Folio 183 y vuelto del expediente), por lo cual es falso y, por tanto, inexacto que la experticia no hubiere sido impugnada, cuando, por lo contrario, sí hubo tal impugnación.
En consecuencia, las afirmaciones de la recurrida en torno a la documental y a la experticia, son totalmente inexactas, pues su inexactitud resulta del escrito de contestación que corre a los folios 172 al 175 de (sic) expediente y del escrito presentado el 25 de Noviembre (Sic) de 1996 que cursa a los folios 183 y vuelto.
Dentro de esta denuncia sobre hechos, que denuncio que con su actitud falsa, la recurrida, por lo que respecta a la prueba documental, violo (sic) los los (sic) Artículos (Sic) 107 y 187 del Código de Procedimiento Civil, pues no tomó en cuenta la autenticidad que merecen los escritos de las partes recibidos por el Secretario, en especial el de contestación de la demanda, y en cuanto al escrito que fue presentado el 25 de Noviembre (Sic) de 1.996 (sic), igualmente fueron violados los artículos 107 y 187 del Código de Procedimiento Civil, pues tal escrito merece fe por haberlo recibido el Secretario del Tribunal y cursar en el expediente; por tanto, ruego a la Sala verifique que ambos escritos si están en autos y sì tienen el sello y firmas del Secretario, por lo cual demuestran la inexactitud de las afirmaciones de la recurrida: que no habría analizado el motivo de la impugnación de los documentos y que la experticia estaba impugnada.
Desde luego y lo repito la dispositiva de la sentencia recurrida fue consecuencia de estas dos suposiciones, pues fueron la base y fundamento para declarar con lugar la demanda.
Pido, por tanto, se case la sentencia recurrida y se ordene dictar nueva sentencia que no cometa la suposición falsa por inexactitud que denuncio y que, por tanto, aplique rectamente los Artículos (Sic) 107, 187, 360 y 361 del Código de Procedimiento Civil... (Folios 389 al 391 del expediente).
La Sala para decidir, observa:
Para que pueda esta Sala conocer de un recurso de casación por suposición falsa, debe el recurrente apoyar su denuncia en el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, y dar cumplimiento a los requisitos que la ley y la doctrina precisan, para poder así cumplir con la actividad excepcional de examinar el establecimiento o valoración de los hechos realizados por los tribunales de instancia.
Respecto a la técnica apropiada para la denuncia de casación sobre los hechos, esta Sala en sentencia N° 201, de fecha 14 de junio del 2000, expediente N° 99-419, estableció:
Es indispensable que el formalizante se ajuste a la técnica elaborada por la Sala para la denuncia apropiada de casación sobre los hechos, técnica que exige el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Indicación del hecho positivo y concreto que el juzgador haya dado por cierto valiéndose de una falsa suposición; b) indicación específica del caso de falsa suposición a que se refiere la denuncia, puesto que el encabezamiento del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil (sic) prevé en ese respecto tres (3) situaciones distintas; c) el señalamiento del acta o instrumento cuya lectura patentice la falsa suposición; d) indicación y denuncia del texto o textos aplicados falsamente, porque el juez da por cierto un hecho valiéndose de la suposición falsa; e) la exposición de las razones que la infracción cometida fue determinante en el dispositivo de la sentencia
.
En el caso bajo análisis, no cumple el recurrente con los requisitos de técnica exigidos para la correcta formalización de una denuncia de casación sobre los hechos, pues, además de haber omitido sustentarla en ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, tampoco indicó el hecho positivo y concreto que el Tribunal de Alzada dio por cierto valiéndose de una falsa suposición, ni demostró que el supuesto error de percepción atribuido al tribunal de la recurrida fue de tal entidad que de no haberse cometido otro habría sido el dispositivo del fallo, resultando por ello totalmente inútil constatar la existencia de la falsa suposición.
A mayor abundamiento, observa la Sala que cuando el formalizante señala:
denuncio que la dispositiva de la sentencia recurrida fue consecuencia de haber cometido dos veces el tercer caso de suposición falsa, pues las afirmaciones de no haberse motivado las impugnaciones de la prueba documental y sostener que la experticia no habría sido impugnada, fueron apreciaciones cuya inexactitud resulta de actas del expediente
, está exponiendo no un hecho concreto, sino una conclusión, o como señala el recurrente en el extracto antes transcrito, una apreciación del juez, lograda luego del examen de las pruebas y demás actas del expediente, la cual no es atacable como suposición falsa.
En consecuencia, esta Sala desecha la presente denuncia, y así se declara.
-II-
De conformidad con el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por falta de aplicación de los artículos 1.400, 1.401, 1.404 y 1.405 del Código Civil, así como del artículo 395 del Código de Procedimiento Civil.
Al respecto, alega el formalizante:
...La recurrida se niega a admitir y valorar como medio probatorio legal, la confesión de la parte actora que se invocó
omissis...
Por lo tanto, cuando la recurrida afirma, de manera olímpica y descarnada, que la confesión no es un medio de prueba establecido por nuestro legislador viola e infringe, por falta de aplicación, las normas claras y precisas contenidas en la Sección IV, Capítulo V, Título III del Libro Tercero de nuestro Código Civil, en especial sus artículos 1.400, 1.404 y 1.405
Por la misma razón
la recurrida viola, además e igualmente por falta de aplicación, lo dispuesto en el artículo 395 del Código de procedimiento Civil, según el cual son medios de pruebas admisibles aquellas que determina el Código Civil, uno de ello es, precisa y justamente, la confesión judicial: bien la espontánea o la provocada
.
La Sala para decidir, observa:
Si bien es cierto que la recurrida incurre en un error al afirmar
lo mismo acontece respecto de la confesión promovida por la parte demandada, ya que éllo no es un medio de prueba establecido por nuestro Legislador
, (folio 352 del expediente), no es menos cierto que, el formalizante no indica el contenido de la supuesta confesión de la parte actora contenido en el libelo de la demanda, ni señala las razones que a su juicio configuren tal infracción, mucho menos explica de forma clara y precisa lo determinante de la supuesta confesión para la suerte del fallo, sobre todo en el caso en cuestión, donde la supuesta confesión está referida a una afirmación de la parte actora que adolece de animus confitendi por estar contenida en el libelo de la demanda.
Por lo tanto, incumple el formalizante con los requisitos necesarios para proceder al examen y decisión de una denuncia por infracción de ley, por lo cual la misma es desechada por esta Sala, y así se declara.
D E C I S I Ó N
Por todas las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de casación interpuesto por la representación judicial de la Sociedad Mercantil CONSORCIO EDIVIAGRO-ESFEGA-LORICA C.A., contra la sentencia dictada en fecha 27 de septiembre de 1999, por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Particípese de esta decisión al Juzgado Superior mencionado
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas del recurso de casación a la parte formalizante.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Tribunal de la causa o sea, Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas. Particípese de esta decisión al Juzgado Superior mencionado.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintidós (22 )días del mes de mayo del dos mil uno. Años: 191º de la Independencia y 142º de la Federación.
El Presidente de la Sala,
______________________
FRANKLIN ARRIECHE G.
El Vicepresidente,
______________________
CARLOS OBERTO VÉLEZ
Magistrado Ponente,
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ANTONIO RAMÍREZ JIMÈNEZ
La Secretaria,
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ADRIANA PADILLA ALFONZO
RC Nº 00-153
AA20-C-2000-000041
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