Sentencia N.º 1440
- Sentencia
- N.º 1440
- Fecha
- 12/07/2007
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 07-0287
- Ponente
- Jesús E. Cabrera Romero
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
MAGISTRADO-PONENTE: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
El 6 de marzo de 2007, el abogado GERARDO ENRIQUE TOLEDO VILLEGAS, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 59.695, en su carácter de defensor del ciudadano Teniente Coronel (GN) EMIL JOSÉ IRAUSQUÍN SANGIOVANNI, interpuso acción de amparo constitucional contra la “Omisión evidente desplegada por la CORTE MARCIAL MILITAR DE CARACAS EN FUNCIONES DE CORTE DE APELACIONES (sic)”.
El 12 de marzo de 2007, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente al Magistrado que, con tal carácter, suscribe la presente decisión.
El 7 de junio de 2007, la Secretaría de esta Sala dio cuenta del escrito presentado por los abogados ZONIA OLIVEROS MORA y ÁNGEL ÁLVAREZ OLIVEROS, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 16.607 y 81.212, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano EMIL JOSÉ IRAUSQUÍN SANGIOVANNI, mediante el cual reforman el libelo contentivo de la acción de amparo interpuesta -en su oportunidad- por la defensa de su representado.
Realizado el estudio del expediente, se pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:
DE LA ACCIÓN DE AMPARO EJERCIDA
La representación judicial del accionante, en su escrito de reforma, impugnó por vía de amparo constitucional la decisión dictada el 19 de enero de 2007, por la Corte Marcial del Circuito Judicial Penal Militar con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas, mediante la cual declaró de oficio la nulidad absoluta del auto del 15 de diciembre de 2006, dictado por el Tribunal Militar Tercero de Control del señalado Circuito Judicial Penal Militar.
Fundó su pretensión, entre otras, en las siguientes consideraciones:
1.- Que su representado fue imputado por la comisión de los delitos de evasión de preso y negligencia, tipificados en el Código Orgánico de Justicia Militar, en razón de lo cual en la causa penal seguida en su contra, se le decretó medida judicial de privación de libertad.
2.- Que en el acto de la audiencia preliminar, el Tribunal Militar Tercero de Control del señalado Circuito Judicial Penal Militar, vista la solicitud de la defensa, procedió a imponerle una medida cautelar sustitutiva de la privativa de libertad a tenor de lo establecido en el artículo 256 numerales 3 y 4 del Código Orgánico Procesal Penal.
3.- Que, el 19 de enero de 2007, la Corte Marcial del Circuito Judicial Penal Militar con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas, conociendo de la apelación ejercida por los representantes del Ministerio Público Militar, contra el auto dictado por el señalado Tribunal Militar Tercero de Control mediante el cual fue acordada la referida medida cautelar sustitutiva a su representado, dictó decisión en la que declaró de oficio la nulidad absoluta del referido auto por falta de motivación, de conformidad con lo establecido en los artículos 173, 191, 195 y 196 del Código Orgánico Procesal Penal.
4.- Que la referida Corte Marcial “EN FLAGRANTE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE NUESTRO REPRESENTADO (…) y de los demás coimputados, DECLARA NULO, DE NULIDAD ABSOLUTA, el auto de fecha 15 de diciembre de 2.006 (…) pero lo más insólito y digno de análisis es que, para anularlo, emplea argumentos tales como la protección del derecho constitucional de los coimputados (sic) al debido proceso, al haber sido otorgada, según su decir, una medida cautelar sustitutiva de libertad, sin motivación”.
5.- Que “…al haberse dictado (…) decisión mediante la cual DECLARÓ DE OFICIO LA NULIDAD ABSOLUTA del auto de fecha 15 de diciembre de 2.006 (…) consideró que el auto de apertura a juicio CARECÍA DE MOTIVACIÓN, revocando en consecuencia la medida cautelar sustitutiva de libertad concedida a nuestro representado y a otros coimputados (sic) (…) en flagrante violación de los artículos 8 (PRESUNCIÓN DE INOCENCIA), 243 (ESTADO DE LIBERTAD) y 196 (EFECTOS DE LA NULIDAD DE UN ACTO) del Código Orgánico Procesal Penal, LA HACE IRRITA y, en consecuencia, acarrea su NULIDAD (…). Ello por haberse violentado el derecho fundamental de nuestro representado (…) a la TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (…)”.
DEL FALLO PRESUNTAMENTE LESIVO
Mediante decisión del 19 de enero de 2007, la Corte Marcial del Circuito Judicial Penal Militar con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas, conociendo de la apelación ejercida por los ciudadanos Capitán (EJ) JOEL ANTONIO FEBRES VELAZCO y Teniente (EJ) ELIAS PLACENCIA MONDRAGON, Fiscales Militares de Caracas, contra el auto dictado por el Tribunal Militar Tercero de Control del señalado Circuito Judicial Penal Militar, el 15 de diciembre de 2006, mediante el cual les fue acordada medidas cautelares sustitutivas a los ciudadanos Coronel (EJ) GUSTAVO BUSNEGO LEAL, Teniente Coronel (GN) EMIL IRAUSQUIN, Mayor (AV) ARCADIO LIMA MACHADO y Teniente (AV) JOSE EUGENIO VARELA DIAZ, por la comisión de los delitos de evasión de presos y prisioneros y negligencia, declaró de oficio la nulidad absoluta del referido auto por falta de motivación, de conformidad con lo establecido en los artículos 173, 191, 195 y 196 del Código Orgánico Procesal Penal.
Fundamentó su decisión, la señalada Corte Marcial, en lo siguiente:
“En atención a lo dispuesto en los artículos 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 13 del Código Orgánico Procesal Penal, en aras de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses de las partes, este Alto Tribunal Militar, antes de conocer del recurso de apelación propuesto por los Fiscales Militares, ha revisado la decisión impugnada y verifica la existencia del vicio de inmotivación, que conlleva a declarar la nulidad del auto dictado por el Tribunal Militar Tercero de Control del Circuito Judicial Penal Militar, con sede en Caracas, Distrito Capital, de fecha quince de diciembre de dos mil seis.
El artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal, establece que las decisiones de los Tribunales deben ser emitidas mediante sentencias o autos fundados, bajo pena de nulidad, salvo los autos de mera sustanciación.
Si bien, la decisión que ordena la Privación Judicial Preventiva de Libertad de un ciudadano a tenor del artículo 254 del Código Orgánico Procesal Penal, debe ser debidamente fundada lo que constituye el presupuesto formal y que resulta necesario e imprescindible para un correcto ejercicio del derecho a recurrir, por ello al no cumplirse tal presupuesto debe imponerse la sanción de nulidad prevista en el artículo antes señalado.
También las Medidas Cautelares Sustitutivas advertimos han de ser motivadas, según lo disponen diversas disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal.
De lo que se infiere de manera inequívoca que toda medida de coerción personal, bien sea esta privativa de libertad o sustitutiva, debe ser dictada mediante resolución judicial fundada, en la que se expresarán las razones de hecho y de derecho que la hacen viable y aunque el artículo 254 del Código Adjetivo, sólo establece los requisitos de forma que han de cumplirse en el Acto de Privación Judicial Preventiva de Libertad, ello es aplicable igualmente a la resolución judicial que acuerda una Medida Cautelar Sustitutiva, debido a la exigencia de los artículos 173, 246 y 256 todos del Código Orgánico Procesal Penal, de lo que se desprende que requieren que la adopción de tales medidas se realice mediante resolución judicial fundada, sancionando con NULIDAD la omisión de tal requisito (artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal), como se señaló al inicio. Así lo ha sostenido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión Nº 2672, de fecha seis de octubre de dos mil tres, con ponencia del Magistrado Doctor José Manuel Delgado Ocando.
No obstante, a pesar de lo expresado de manera clara por el Código Orgánico Procesal Penal, en cuanto a la necesidad de motivación por auto razonado de las medidas de coerción personal, observamos la existencia de ciertas practicas forenses que de manera abierta lesionan el derecho del imputado de conocer las razones de hecho y de derecho por las que se impone una medida de coerción personal.
Así al entrar en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal, se presentaron algunos problemas en la audiencia de presentación, en los casos de flagrancia, los jueces levantaban el acta y en ella dejaban constancia de la decisión dictada en audiencia en relación a la medida de coerción personal, sin razonar por auto separado el por qué de esta resolución. Se limitaban los jueces a dejar constancia que los extremos del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, se encontraban llenos, sin especificar ni siquiera cual era el delito por el que se decretó la medida de coerción personal. En el presente caso, las Medidas Cautelares Sustitutivas de Libertad, no se encuentran motivadas en el auto separado de fecha quince de diciembre de dos mil seis, toda vez que la Juez a quo, se limitó a transcribir a partir del folio sesenta y siete (67) del Cuaderno Especial el recorrido del proceso, señalando todas las actuaciones contenidas tanto en la fase preparatoria como en la fase intermedia, vale decir, el contenido de la acusación presentada por el Ministerio Público Militar, así como las decisiones tomadas en la Audiencia de Presentación transcrita textualmente, a la usanza de la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal, debemos advertir que una sentencia aparentemente motivada, no está motivada. Como lo es el fallo emanado del Tribunal Militar Tercero de Control del Circuito Judicial Penal Militar, con sede en Caracas, Distrito Capital, toda vez que este reproduce múltiples diligencias y alegatos de las partes pero sin añadir nada en cuanto al examen del asunto. En este caso tan frecuente bajo el sistema procesal anterior, evidentemente esta afectado del vicio de falta de motivación.
Por lo que, estimamos que la falta de motivación de estas medidas constituyen una de las prácticas judiciales mas lesivas del derecho a la defensa, toda vez que tal y como se ha señalado por mandato expreso del artículo 173 del Código Adjetivo, la falta de motivación acarrea la imposición de la sanción máxima de nulidad absoluta de tal auto, ya que es imposible que esta Corte de Apelaciones pueda entrar a examinar las razones que tuvo en consideración la Juez a quo para decretarlas.
Es por ello, que la Corte de Apelaciones en sujeción rigurosa a la exigencia legal, procede a declarar la nulidad de la resolución que comportó la aplicación de las Medidas Cautelares Sustitutivas de Libertad a los ciudadanos: CORONEL (EJ) GUSTAVO BUSNEGO LEAL, TENIENTE CORONEL (GN) EMIL IRAUSQUIN, MAYOR (AV) ARCADIO LIMA MACHADO Y TENIENTE (AV) JOSÉ EUGENIO VARELA DÍAZ, por carecer el auto de fecha quince de diciembre de dos mil seis, de motivación. En atención a que la falta de motivación, como tantas veces lo hemos dicho, lesiona el derecho a la defensa, siendo una de sus manifestaciones el derecho a recurrir y por ello existe lesión al debido proceso, previsto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Por consiguiente, lo procedente y ajustado a derecho es declarar la nulidad absoluta del auto de fecha quince de diciembre de dos mil seis, emanado del Tribunal Militar Tercero de Control del Circuito Judicial Penal Militar, con sede en Caracas, Distrito Capital. Los efectos de la nulidad en este caso conllevan a la nulidad del contenido de la Audiencia Preliminar, debiendo realizarse una nueva, por un Juez distinto al que produjo la decisión”
DE LA COMPETENCIA DE LA SALA
Corresponde a la Sala pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la presente acción de amparo constitucional y, al respecto, observa:
Según la vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, artículo 5.20, esta Sala es competente para conocer de las acciones autónomas de amparo constitucional contra las sentencias de última instancia dictadas por los Tribunales Contenciosos Administrativos, cuando su conocimiento no estuviere atribuido a otro tribunal.
No señala el artículo 5 citado, la competencia de la Sala para conocer de los amparos cuando la sentencia de última instancia la dicte otro Juzgado Superior distinto a los Contenciosos Administrativos; sin embargo, como quiera que la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no ha sido derogada y ella en su artículo 4 consagra el amparo contra sentencia, el cual debe interponerse ante un Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento, estima la Sala, que igualmente le compete conocer de dichas acciones de amparo, en virtud de ser la Sala, el Tribunal Superior.
A la precisión anterior, se suma lo establecido en el literal b) de la disposición derogativa, transitoria y final de la señalada Ley del Tribunal Supremo de Justicia, que señala:
“...b) Hasta tanto se dicten las leyes de la jurisdicción Constitucional, Contencioso Administrativa y Contencioso Electoral, la tramitación de los recursos y solicitudes que se intenten ante la Sala Constitucional, Político Administrativa y Electoral, se regirán por los procedimientos previstos en esta Ley y demás normativas especiales, en cuanto sean aplicables, así como por las interpretaciones vinculadas, expresamente indicadas en el artículo 335 constitucional. En cuanto a la jurisdicción especial para estas materias, la Sala Plena deberá dictar un Reglamento Especial que regule el funcionamiento y la competencia de los tribunales respectivos, en un plazo de treinta (30) días continuos, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley”. (Resaltado de este fallo).
Por tanto, juzga la Sala, que la referida omisión del señalado artículo 5, no le impide a la Sala mantener su competencia con base en la interpretación vinculante del artículo 335 Constitucional.
En el caso de autos, la sentencia contra la cual se ejerce la presente acción de amparo ha sido dictada por la Corte Marcial actuando como Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal Militar con competencia Nacional y sede en Caracas. Siendo ello así, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia resulta competente para conocer -en primera y única instancia constitucional- de la acción interpuesta, y así se declara.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Declarada la competencia, esta Sala pasa a analizar el caso de autos, y al efecto, advierte:
La pretensión constitucional invocada tiene su origen en el fallo dictado el 19 de enero de 2007, por la Corte Marcial del Circuito Judicial Penal Militar con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas, el cual estimó la representación judicial del accionante, lesivo de sus derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, a la defensa, a la libertad personal y al juicio en libertad.
Siendo ello así, su fundamento se encuentra en la norma contenida en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que establece:
“Artículo 4. Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional.
En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento, que decidirá en forma breve, sumaria y efectiva”.
Para la procedencia del amparo contra actos jurisdiccionales, es criterio reiterado de esta Sala que, deben concurrir las siguientes circunstancias:
a) que el Juez, de quien emanó el acto supuestamente lesivo, incurra en usurpación de funciones o abuso de poder (incompetencia sustancial).
b) que tal poder ocasione violación a un derecho constitucional, lo que implica que no es impugnable mediante amparo aquella decisión que simplemente desfavorece a un determinado sujeto procesal.
c) que los mecanismos procesales existentes resulten inidóneos para la restitución del derecho o garantía lesionada o amenazada de violación.
Con el establecimiento de tales extremos de procedencia se ha pretendido evitar la interposición de solicitudes de amparo con el propósito de que se reabra un asunto que ha sido resuelto judicialmente, en perjuicio de la inmutabilidad de la decisión definitivamente firme; y, por otra parte, para que la vía del amparo no se convierta en sucedánea de los demás mecanismos procesales (ordinarios y extraordinarios) existentes.
En el caso de autos, la supuesta violación constitucional alegada por la representación judicial del accionante, se funda en el hecho de que la Corte Marcial del Circuito Judicial Penal Militar “EN FLAGRANTE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE NUESTRO REPRESENTADO (…) y de los demás coimputados (sic), DECLARA NULO, DE NULIDAD ABSOLUTA, el auto de fecha 15 de diciembre de 2.006 (…) pero lo más insólito y digno de análisis es que, para anularlo, emplea argumentos tales como la protección del derecho constitucional de los coimputados (sic) al debido proceso, al haber sido otorgada, según su decir, una medida cautelar sustitutiva de libertad, sin motivación”.
Ahora bien, esta Sala ha sostenido que el texto fundamental de la República,prevé un conjunto de garantías procesales que sintetizan lo que constituye el debido proceso en un Estado de Derecho y de Justicia, dentro de las cuales se encuentra la referida a la tutela judicial efectiva, consagrada en el artículo 26 constitucional. Dicha garantía, se manifiesta, entre otros, en el derecho a obtener una sentencia fundada en Derecho y su contenido se forma con base en dos (2) exigencias: 1) que las sentencias sean motivadas, y 2) que sean congruentes.
Toda resolución judicial será siempre motivada, dada la exigencia que deriva de la proscripción de indefensión. Las partes en el proceso tienen derecho a que la resolución de la pretensión formulada, esté motivada. Dicho derecho, si bien no exige un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado, de todos los aspectos y perspectivas que dichas partes puedan tener de la cuestión que se decide; sin embargo, la resolución debe estar apoyada en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales que sirvieron de base a la decisión.
En la decisión impugnada por vía de amparo, el juzgador estimó que “la falta de motivación de estas medidas constituyen una de las prácticas judiciales mas lesivas del derecho a la defensa, toda vez que tal y como se ha señalado por mandato expreso del artículo 173 del Código Adjetivo, la falta de motivación acarrea la imposición de la sanción máxima de nulidad absoluta de tal auto, ya que es imposible que esta Corte de Apelaciones pueda entrar a examinar las razones que tuvo en consideración la Juez a quo para decretarlas”.
Ello así, a juicio de esta Sala, es evidente que la actuación de la Corte Marcial, no es lesiva de los derechos constitucionales denunciados como infringidos. A criterio de esta Sala, el hecho del que se pretende deducir la violación de derechos y garantías constitucionales es -básicamente- la inconformidad del accionante con los fundamentos explanados por el referido órgano jurisdiccional, para anular la decisión que dictó el Juzgado Militar Tercero de Control de Caracas.
En tal sentido, reitera esta Sala la doctrina establecida en decisión del 27 de julio de 2000 (Caso: Segucorp), donde se asentó:
“...hay que distinguir entre la incorrecta aplicación de una norma, su omisión, o los errores en su interpretación, que se refieren a su actividad y entendimiento, de la infracción de un derecho o garantía constitucional. Estos no se ven -en principio- vulnerados, porque la norma deja de aplicarse, se aplica mal o se interpreta erradamente. Estos vicios, por sí mismos, no constituyen infracción constitucional alguna, y es del ámbito del juzgamiento de los jueces, corregir los quebrantamientos señalados, los cuales pueden producir nulidades o ser declarados sin lugar. Cuando estos vicios se refieren a las normas de instrumentación del derecho constitucional, en principio los derechos fundamentales no quedan enervados. La forma como interpretan la Ley el Juez o la Administración o su subsiguiente aplicación, puede ser errada u omisiva, pero necesariamente ello no va a dejar lesionado un derecho o una garantía constitucional, ni va a vaciar su contenido, haciéndolo nugatorio. Por ejemplo, en un proceso puede surgir el quebrantamiento de normas procesales, pero ello no quiere decir que una parte ha quedado indefensa, si puede pedir su corrección dentro de él.
(...)
Los errores de juzgamiento sobre la aplicabilidad o interpretación de las normas legales, en principio no tienen por qué dejar sin contenido o contradecir una norma constitucional, motivo por el cual ellos no pueden generar amparos. Lo que los generan es cuando los errores efectivamente hagan nugatoria la Constitución, que la infrinjan de una manera concreta y diáfana. Es decir, que el derecho o garantía constitucional, en la forma preceptuada en la constitución, quede desconocido”.
A lo apuntado precedentemente, debe la Sala recordar al demandante en amparo, que el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal le permite solicitar al juez, la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad, las veces que considere pertinente.
Con fundamento en lo anterior, a criterio de la Sala, la presente acción de amparo resulta improcedente in limine litis, y así se declara.
DECISIÓN
Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE -in limine litis- la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados ZONIA OLIVEROS MORA y ÁNGEL ÁLVAREZ OLIVEROS, en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano EMIL JOSÉ IRAUSQUÍN SANGIOVANNI, contra la decisión dictada el 19 de enero de 2007, por la Corte Marcial del Circuito Judicial Penal Militar con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas.
Publíquese y regístrese. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 12 días del mes de julio de dos mil siete (2007). Años: 197° de la Independencia y 148° de la Federación.
La Presidenta de la Sala,
Luisa Estella Morales Lamuño
El Vicepresidente-Ponente,
Jesús Eduardo Cabrera Romero
Los Magistrados,
Pedro Rafael Rondón Haaz
Francisco Carrasquero López
Marcos Tulio Dugarte Padrón
Carmen Zuleta de Merchán
Arcadio Delgado Rosales
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
Exp. Nº: 07-0287
JECR/
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