Venley

Sentencia N.º 1446

Sentencia
N.º 1446
Fecha
10/08/2011
Sala
Constitucional
Expediente
11-0194
Ponente
Carmen Zuleta De Merchan
Procedimiento
Acción de Amparo

 

 

 

 

 

 

 

SALA CONSTITUCIONAL

Exp. N° 11-0194

 

 

                                                         

MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN 

El 2 de febrero de 2011, el abogado Alberto José Freites Deffit, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 95.006, apoderado judicial de RESTAURANT LA PICCOLA TRATTORIA, C.A., domiciliada en la población de Higuerote, Municipio Brión del Estado Miranda, inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda bajo el No. 74, Tomo 15 A Pro, en fecha 20 de abril de 1988, cuyos estatutos sufrieron su última modificación en Asamblea Extraordinaria de accionistas celebrada en fecha 14 de agosto de 2008, y registrada el 5 de mayo de 2009, bajo el N° 15, Tomo 75-A, acuerdos que fueron ratificados en otra de fecha 12 de junio de 2009, registrada el 7 de julio de 2009, bajo el Núm. 1, Tomo 133-A, y de los ciudadanos GAETANA PITARRESI SlLVIO y JOSÉ GUILLERMO AZUAJE PÉREZ, titulares de las cédulas de identidad números 13.284.282 y 5.516.539, respectivamente, intentó, ante esta Sala, acción de amparo constitucional contra la decisión dictada, el 20 de octubre de 2010, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.

El 11 de febrero de 2011 se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

Efectuada la lectura del expediente, la Sala decide previas las siguientes consideraciones:

I

FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN 

            Señaló el abogado Alberto José Freites Deffit, como antecedentes de su demanda, que el ciudadano Jorge Washington Pico Burgos incoó, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, juicio por nulidad de asambleas, contra sus representados.

Que “en la causa anteriormente identificada, luego de la admisión de la misma, específicamente el día 27 de enero de 2010, en [su] carácter de apoderado de la sociedad de comercio RESTAURANT LA PICCOLA TRATTORIA, C. A., present[ó] un escrito mediante el cual solicit[ó] la declaratoria de PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, con lo cual [su] representada quedó citada para el juicio en cuestión”.

Que “por auto de fecha 04 de febrero de 2010, el Tribunal de la causa, Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, negó la perención de la instancia solicitada por mí como representante de la codemandada RESTAURANT LA PICCOLA TRATTORIA, C. A.”.

Que “por diligencia de fecha 26 de febrero de 2010, en nombre de la codemandada RESTAURANT LA PICCOLA TRATTORIA, C.A., y por error involuntario al no haberme percatado de la negativa de la perención, consigné jurisprudencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia a los fines de sustentar el pedimento ya negado”.

Que “en fecha 28 de enero de 2010, fueron otorgados los poderes que acreditan [su] representación de los ciudadanos GAETANA PITARRESI SILVIO y JOSÉ GUILLERMO AZUAJE PÉREZ, en razón de lo cual, al presentar la diligencia de fecha 26 de febrero de 2010 qued[ó] citado tácita o presuntamente en nombre de ellos, en atención a la previsión contenida en el artículo 216 del Código de Procedimiento Civil, por lo que en fecha 07 de abril de 2010 present[ó] formal contestación a la demanda incoada contra [sus] representados acompañando al efecto los poderes restantes y expresando, en punto previo, la procedencia de la citación presunta; además, por diligencia del 29 de abril de 2010, present[ó] escrito de pruebas que fue resguardado para su incorporación al expediente en la oportunidad legal”.

Que “por auto del 04 de mayo de 2010, el Tribunal de la causa, Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, luego de analizar los actos procesales cumplidos, declaró la efectiva ocurrencia de la citación tácita o presunta de [sus] representados GAETANA PITARRESI SILVIO y JOSÉ GUILLERMO AZUAJE PÉREZ a partir del 26 de febrero de 2010. Así, desde esa fecha, exclusive, realizó detallado cómputo de los días de Despacho transcurridos del lapso de emplazamiento, el cual venció el día 07 de abril de 2010, fecha en la cual se produjo la contestación de la demanda; igualmente, a partir de esa última fecha, exclusive, realizó un cómputo detallado de los días del lapso probatorio, el cual concluyó, según éste, el día 03 de mayo de 2010. De manera pues que, habida cuenta del cómputo realizado y siendo la oportunidad correspondiente ordenó agregar a los autos las pruebas promovidas por [él] el 29 de abril de 2010”.

Que “por diligencia de fecha 13 de mayo de 2010, la representación judicial del demandante JORGE WASHINGTON PICO BURGOS, ejerce recurso de apelación contra el auto en comento, el cual es oído en el efecto devolutivo, conociendo del mismo el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, quien en fecha 20 de octubre 2010 dictó decisión mediante la cual declaró CON LUGAR el referido recurso de apelación y REPUSO la causa al estado de que se comience a computar nuevamente el lapso para la contestación de la demanda, dándose por cumplida la citación de los demandados -a su criterio - en fecha 07 de abril de 2010”.

Que “con anterioridad al referido fallo, en fecha 28 de julio de 2010, ante el Juzgado de Alzada present[ó] diligencia en la que, de un lado, solicit[ó] a la Jueza del Despacho Judicial se INHIBIERA por encontrarse incursa en la causal contenida en el numeral 18 del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil. vale decir: ‘Por enemistad entre el recusado y cualquiera de los Iitigantes, demostrada por hechos que, sanamente apreciados, hagan sospechable la imparcialidad del recusado’, ya que resulta indiscutible, que la recusada se comporta como enemiga de quien suscribe la presente actuación y más aún después de haber sido denunciada por las graves irregularidades cometidas por ésta en la sustanciación de otras causas; y por otra parte consign[ó], a fines ilustrativos, para reforzar el criterio del Juzgado de la Causa, solicitud signada con el N° 47.117, evacuada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, contentiva de la copia certificada del Libro de Préstamo de expedientes correspondiente al día 14 de abril de 2010. en cuyo folio 49 aparece constancia expresa de que en dicha fecha la abogada CARMEN FEDERICI, titular de la Cédula de Identidad N° V- 16.097.926, quien funge como apoderada judicial del demandante en la causa en la que se originó la decisión, solicitó y revisó el expediente contentivo del juicio de NULIDAD en el que se verificaron todas las actuaciones descritas, lo cual evidencia sin lugar a dudas que luego de la contestación de la demanda en cuyo capítulo inicial se encuentra inserida la alegación de la ocurrencia de la citación tácita de dos de [sus] representados, conforme las previsiones del artículo 216 del Código de Procedimiento Civil, y por consiguiente que el cómputo del lapso de pruebas debía hacerse a partir del día 07 de abril de 2010, exclusive, en el que venció el lapso de contestación de la demanda. De manera pues que habiendo tenido conocimiento de [sus] alegatos y pudiendo constatar con antelación la ocurrencia de dicha citación tácita, mal podía alegar indefensión o desconocimiento de ello, actuación ésta cuyo análisis fue omitido por completo por la decisión de Alzada”.

Seguidamente, alegó que la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda el 20 de octubre de 2010, contra la cual interpuso la presente acción de amparo constitucional, expresó en términos generales lo siguiente:

1.      Que dentro de las modalidades para el emplazamiento del demandado en juicio, se encuentra la citación presunta, categoría de citación que resulta de la circunstancia cuando el demandado o su apoderado, antes de haberse practicado la citación, han realizado diligencias en el proceso o han estado presentes en algún acto del proceso.

2.      Que en ambos casos, el legislador presume que por el hecho de que el demandado o su apoderado actuando en nombre del demandado, acudan a un proceso en el cual él aparezca como demandado, a objeto de efectuar alguna diligencia, como la solicitud de copia certificada, el planteamiento de algún requerimiento o simplemente comparezca, aunque no diga que se da por citado, queda informado de que obra una demanda en su contra y de que se le está emplazando para que la conteste.

3.      Que en el caso de autos actu[ó] en diversas oportunidades, posterior a la admisión de la demanda, sólo en nombre de la sociedad mercantil "RESTAURANT LA PICCOLA TRATTORIA C.A.", tal como consta del escrito presentado ante el A quo en fecha 27 de enero de 2010, oportunidad en que se solicitó el decreto de perención de la instancia, e igualmente consta en escrito mediante el cual el consigné ante el A quo transcripción de jurisprudencia emanada de nuestro Máximo Tribunal, para sustentar la declaratoria de perención de la instancia solicitada, tomando como fecha de inicio del lapso para dar contestación a la demanda, tal como lo indica el artículo 338 del Código de procedimiento Civil, esta última comparecencia del 26 de febrero de 2010, por lo que acudí ante el A quo en fecha 07 de abril de 2010, Y presenté escrito de contestación de la demanda, actuando en nombre y representación de la sociedad mercantil ‘RESTAURANT LA PICCOLA TRATTORIA C.A.’, e igualmente de los ciudadanos GAETANA PITARRESI SILVIO y JOSÉ GUILLERMO AZUNE PÉREZ y en la misma oportunidad consign[ó] los poderes que acreditan [su] representación de éstos(sic), los cuales fueron conferidos en fecha 28 de enero de 2010.

4.      Que en ninguna de las oportunidades anteriormente detalladas, actué en nombre de los ciudadanos GAETANA PITARRESI SILVIO Y JOSÉ GUILLERMO AZUAJE PÉREZ, reservándome hasta el momento en que d[ió] contestación a la demanda, la manifestación de actuar en nombre de tales codemandados y en la misma oportunidad consign[ó] sendos poderes que acreditaban el carácter con el que actu[ó].

5.      Que el A-quo para resolver invocó el artículo 216 del Código de Procedimiento Civil y la jurisprudencia emanada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia 368 de fecha 16 de noviembre de 2001, la cual sirvió, entre otros, de fundamento para el pronunciamiento del auto recurrido, en cuanto a la citación presunta, pudiendo leerse de uno de sus párrafos lo siguiente: ‘...Ahora bien, ¿Cuáles son estos hechos que deben configurarse para que quede establecida la presunción de citación conforme al aparte del artículo 216? Que la parte o su apoderado, antes de la citación, hayan realizado alguna diligencia en el proceso; o que hayan estado presentes en un acto del mismo. Expresa el citado autor en el anterior sentido, que ‘La diligencia a que se refiere el artículo 216 como supuesto de hecho para la citación presunta, ha de entenderse en su sentido propio de actuación o gestión procesal...’, bastando para ello, a juicio de la Sala, cualquier actuación que la parte misma realice en su propio nombre, o su apoderado en nombre del mandante debidamente facultado para representarlo en los actos y gestiones del juicio...".

6.      Que resulta evidente que el A-quo, al momento de concatenar el criterio establecido con el caso concreto que aquí se estudia, incurrió en un error (sic) "in indicando", desde el momento en que queda evidenciado de los autos que el apoderado judicial de la codemandada "RESTAURANT LA PICCOLA TRATTORIA C.A.", en forma alguna actuó en nombre y representación de la parte demandada, conformada por la sociedad mercantil "RESTAURANT LA PICCOLA TRATTORIA C.A.", ésta en la persona de su representante, ciudadana GAETANA PIT ARRESI SIL VIO Y de los ciudadanos GAETANA PITARRESI SILVIO y JOSÉ GUILLERMO AGUAJE (sic) PÉREZ, sólo en nombre de la sociedad mercantil antes nombrada, por lo que mal pudo el A-quo tener como válida la citación presunta de los codemandados ciudadanos GAETANA PITARRESI SILVIO y JOSÉ GUILLERMO AZUAJE PÉREZ en fecha 26 de febrero de 2010, oportunidad en que compareci[ó] ante el A-quo y consigné mediante escrito jurisprudencia en la cual fundamenté mi solicitud de declaratoria de perención, aun cuando se evidencia del presunto escrito de contestación que ambos ciudadanos confirieron poder al profesional del derecho, en fecha anterior, específicamente el 28 de enero de 2010.

7.      Que ciertamente para el momento de [su] comparecencia ante el A quo, en fecha 26 de febrero de 2010, ostentaba la calidad de apoderado judicial de los ciudadanos GAETANA PITARRESI SILVIO y JOSÉ GUILLERMO AZUAJE PÉREZ y estaba en conocimiento de la demanda incoada en contra de aquellos y de la sociedad mercantil que igualmente conforma la parte demandada en el juicio, pero que mal pudo el A-quo comenzar a computar el lapso para la contestación de la demanda desde la fecha arriba indicada, pues como se explicó antes, no había constancia en el expediente de que hubiese actuado siquiera en nombre de los ciudadanos GAETANA PITARRESI SILVIO y JOSÉ GUILLERMO AZUAJE PÉREZ.

8.      Que esa manifestación del carácter de apoderado judicial de los co­demandados, fue expresada en el escrito de "contestación" interpuesto ante el A quo en fecha 07 de abril de 2010, verificándose allí entonces la citación de los ciudadanos GAETANA PITARRESI SILVIO y JOSÉ GUILLERMO AZUAJE PÉREZ, comenzando a correr desde esa misma oportunidad, exclusive, el lapso para llevarse a efecto la contestación de la demanda, a tenor del artículo 344 del Código de Procedimiento Civil, lo cual fue realizado por mí el mismo día en que consigné los poderes otorgados por los codemandados y actué en nombre y representación de aquellos y no contrariamente, como lo explica el Tribunal de la causa, posterior a la realización del cómputo que contiene el auto recurrido, pues el A-quo no estaba en conocimiento de la representación que ostentaba, previo otorgamiento por parte de los ciudadanos GAETANA PITARRESI SILVIO y JOSÉ GUILLERMO AZUAJE PÉREZ.

9.      Que es así como el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con vista a los cómputos tanto del lapso para la contestación como del lapso de promoción y evacuación de pruebas que constan en el auto recurrido, ordenó en el mismo agregar a los autos las pruebas promovidas por la parte demandada.

10.  Que surgida la confusión en torno a uno de los procesos vitales del juicio, como lo es la citación, surge el caos procesal que no permite, ni al Tribunal ni a las partes, llevar el control exacto de los lapsos para los demás actos del juicio, pues no se tiene la certeza de cuándo fue que quedaron efectivamente citados los codemandados GAETANA PITARRESI SILVIO y JOSÉ GUILLERMO (sic) AGUAJE (sic) PÉREZ.

11.   Pasa a transcribir jurisprudencia respecto de los trámites esenciales del procedimiento, y en cuanto al orden público y a la nulidad absoluta de los actos dictados en contravención al orden público.

12.  Que resultaba concluyente, a objeto de salvaguardar el derecho a la defensa y preservar la igualdad de las partes en juicio, así como del debido proceso como derecho humano fundamental, declarar la nulidad del auto recurrido, y consecuentemente, reponer la causa al estado en que se compute nuevamente el lapso para la contestación de la demanda, en la oportunidad en que el apoderado de la parte demandada presentó escrito de contestación, debutando en forma enunciativa en el escrito de contestación como apoderado judicial de los codemandados GAETANA PITARRESI SILVIO y JOSÉ GUILLERMO AGUAJE (sic) PÉREZ, y en estricta observancia del auto de admisión que establece la oportunidad para la contestación de la demanda ‘...dentro de los veinte (20) días de Despacho siguiente (sic) a la constancia en autos de la última citación que se practique...’, dando por cumplida tal formalidad vital del juicio.

13.   Por último hizo un llamado de atención a la Jueza Primera de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en el deber ineludible en que se encuentra de observar, respetar y cumplir lo establecido en el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a los actos procesales y su realización, en salvaguarda de los principios de legalidad y formalidad, dos de los tres principios fundamentales del proceso y como garantes del debido proceso en pro de la tutela judicial efectiva.

 

Invocó el accionante los artículos 25, 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para expresar que en atención a dichos postulados “…la "DECISIÓN" dictada por la Jueza Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda fechada el 20 de octubre de 2010, lesiona flagrantemente los derechos y garantías constitucionales de [sus] representados contenidos en dichas normas amén que los puso en desventaja frente a su demandante, quien por negligencia no promovió -dentro del lapso de ley- las pruebas que sustentarían su pretensión..”

Para fundamentar dicha delación hizo las siguientes consideraciones:

Que el artículo 216 del Código de Procedimiento Civil en su parte in fine establece la "citación presunta”, “bastando para ello que: ‘...siempre que resulte de autos que la parte o su apoderado antes de la citación, han realizado alguna diligencia en el proceso, o han estado presentes en un acto del mismo...’”.

Que dicha norma no contiene otra formalidad para la citación presunta que la realización de cualquier actuación o diligencia en el proceso, sin mayor requerimiento, o sin que se establezca que -en el caso de Iitisconsorcio pasivo­- deba señalarse que se actúa en representación específica de uno de los litisconsortes para que éste se tenga como citado para la secuela del proceso.

Que bastaba “como se dijo antes, la realización de la actuación o la presencia de éste en un acto procesal, o lo que es lo mismo, el conocimiento de la existencia de la acción judicial en su contra por haberse imbuido en el proceso bien en forma personal o por la actuación de apoderados, sin que pueda adicionarse a tales presupuestos la demostración -en el caso de representantes de Iitisconsortes- del carácter con el que se actúa, pues basta con que realice una actuación en nombre de cualquiera de ellos, estando acreditada su representación del resto mediante instrumento poder, para que todos se tengan por citados en forma tácita o presunta”.

Que de esa manera lo ha venido reiterando la jurisprudencia de este Máximo Tribunal en diferentes Salas. Así la Sala de Casación Civil, en sentencia del 23 de marzo de 2004, traía a colación doctrina respecto de la configuración de la citación presunta. Igualmente, la Sala de Casación Social en sentencia del 9 de octubre de 2003 y la Sala Constitucional en sentencia del 20 de noviembre de 2002.

Citó además doctrina nacional, exponiendo finalmente que “…tal y como se refirió en el capítulo anterior, la incidencia cuya decisión de Alzada se pretende impugnar en sede constitucional fue planteada en razón de la efectiva ocurrencia de la citación presunta de dos de [sus] representados toda vez que, en ejercicio del mandato conferido por el tercero de ellos, suscrib[ió] una actuación en el expediente, oportunidad en la cual ya [se] encontraba investido con la representación judicial de los otros dos codemandados, situación que se subsume perfectamente en el supuesto de hecho contenido en la parte in fine del artículo 216 del Código de Procedimiento Civil”.

En adición a lo anterior señaló que los requisitos exigidos por la norma o los supuestos de hecho de la misma fueron desvirtuados por la Juez de Alzada al pretender incorporar nuevos elementos no existentes en ella y al establecer una consecuencia jurídica distinta a la prevista por el legislador.

Que tal “proceder subvirtió de manera ostensible el íter procesal y puso en desventaja a [sus] representados quienes, dando cumplimiento estricto a las normas procedimentales por cuyo efecto quedaron citados, procedieron a cumplir todos los actos procesales que le correspondían para enervar la pretensión ejercitada en su contra, a saber: contestación de la demanda y promoción de pruebas; en contraposición de una actitud indiferente de su demandante quien, a pesar de haber tenido conocimiento de la presentación del escrito de contestación y del punto previo contenido en éste en el que se precisaba el motivo por el cual había operado la citación presunta de [sus] representados y por ende la pertinencia de la presentación de dicho acto, tal y como se evidencia de la prueba indubitada acompañada en la Alzada, referida a la comprobación de la solicitud y revisión del expediente por una de las representantes judiciales del demandante, luego de la contestación y antes del vencimiento del lapso probatorio, prueba ésta cuya mención y análisis fueron omitidos de manera ostensible por la sentencia recurrida en sede constitucional, no manifestó su desacuerdo con el señalamiento respecto de la ocurrencia de la presunción de citación respecto de [sus] representados, ni promovió ningún elemento probatorio que pudiese dar fuerza a la pretensión deducida, ventaja que, ahora, en razón del error de juzgamiento o de interpretación de la norma adjetiva que no permite distinciones, se ha perdido por completo al proveerle de nuevo al demandante de un lapso probatorio íntegro que subsanará su falta de diligencia”.

Que “la decisión que se pretende impugnar en sede constitucional, declara la no ocurrencia de la citación presunta de [sus] representados a partir de la fecha de [su] comparecencia en representación de uno sólo de ellos partiendo del FALSO SUPUESTO de que la norma contenida en el último aparte del artículo 216 del Código de Procedimiento Civil exige que la actuación del apoderado debe mencionar que se actúa en nombre del mandante, supuesto fáctico que no existe ni puede escindirse del contenido de la norma”.

Que “tal situación o pronunciamiento judicial sobre algo distinto a lo que realmente aparece evidente de las actas procesales resulta un ERROR DE JUZGAMIENTO en la interpretación de la norma aplicable a los supuestos de hecho que han sido sometidos al conocimiento del Juez, que concreta y entraña indudablemente una flagrante y directa infracción del derecho a la tutela judicial efectiva que propugna el artículo 26 constitucional, además que con dicho fallo la Sentenciadora del Tribunal de Alzada afecta el orden público, pues reconocer como válido el criterio plasmado en contravención de la ley, respecto de la supuesta exigencia de que el apoderado debe indicar que actúa en nombre del mandante, para que ocurra su citación presunta de conformidad con los supuestos plasmados en el artículo 216 del Código de Procedimiento Civil, resultaría una incitación al caos social si otros jueces siguen y aceptan el precedente, afectando a la colectividad, puesto que se propendería a la evasión del efecto de la citación tácita o presunta, bastando para ello que los apoderados no indiquen actuar en nombre de sus mandantes para que ésta no se configure, lo cual no se ajusta al espíritu, propósito y razón del legislador, constituyendo dicho proceder una flagrante violación al derecho a la tutela judicial efectiva y por ende a la garantía del debido proceso, amen si la actuación de la juez de la causa no ha menoscabado ningún derecho de las partes y menos de la actora quien se encuentra en conocimiento de la situación desde el acto de contestación de la demanda en el que se indicó lo propio”.

Que así lo ha sostenido el Tribunal Supremo de Justicia, en diversos fallos, entre los que al efecto transcribió un extracto de la decisión dictada por esta Sala Constitucional el 10 de mayo de 2001 y con respecto al concepto de orden público cuya transgresión permite incluso conocer de una acción de Amparo Constitucional aún cuando hubiere transcurrido el lapso de caducidad contenido en el numeral 4 del artículo 6 de la Ley de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, señaló que también se había pronunciado este Máximo Tribunal. En este sentido, transcribió extracto de la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el 6 de julio de 2000.

Alegó entonces que en el presente caso resultaba evidente que “la Sentenciadora de Alzada incurrió en un grave ERROR DE JUZGAMIENTO al dictar el fallo impugnado partiendo de un supuesto contrario a la ley, como lo es que para que se verifique la citación presunta, el apoderado que actúa en el expediente debe indicar que lo hace en nombre de su mandante”; que “por tales motivos, en atención a la previsión contenida en el artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela la decisión dictada en fecha 20 de octubre de 2010 resulta NULA de nulidad absoluta, en razón que menoscaba el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 26 eiusdem, y por consiguiente la garantía del debido proceso a la que se refiere el artículo 49 ibídem…”.

Finalmente, peticionó por los motivos de hecho y derecho explanados, y en resguardo del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la garantía que le concede a sus representados el artículo 49 numeral 8 eiusdem, “se dicte MANDAMIENTO DE AMPARO CONSTITUCIONAL a su favor, en el cual se restituya la situación jurídica lesionada por la decisión dictada por la Jueza Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en fecha 20 de octubre de 2010, en el expediente signado con el N° 10-7204 de la nomenclatura de ese Tribunal, actuaciones que hoy rielan al expediente de la causa signado con el N0 29.162 de la nomenclatura del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda…”, en los términos que a continuación se citan:

PRIMERO: Conforme lo previsto en el artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se declare la NULIDAD de la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en fecha 20 de octubre de 2010, en el juicio que por NULIDAD DE ASAMBLEAS sigue JORGE WASHINGTON PICO BURGOS contra RESTAURANT LA PICCOLA TRATTORIA, CA., GAETANA PITARRESI SILVIO Y JOSÉ GUILLERMO AZUAJE PÉREZ, plenamente identificados al comienzo de esta solicitud, en la incidencia contenida en el expediente signado con el N° 10-7204 de la nomenclatura de ese Tribunal Superior, actuaciones que hoy rielan al expediente de la causa signado con el N° 29.162 de la nomenclatura del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.

SEGUNDO: Se ordene a la Jueza Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, proceda a dictar el fallo correspondiente sin que se menoscaben los derechos y garantías constitucionales infringidos en el fallo que se ha impugnado por medio de la presente acción de amparo y en razón de ello se ordene la prosecución del curso de la causa en el estado en que se encontraba antes de la inconstitucional reposición.

 

            En fin, pidió que se declarase CON LUGAR la presente acción de Amparo Constitucional, “tomando en consideración que el hecho que origina la lesión de los derechos constitucionales deviene de una situación que transgrede también el orden público…”.  

II

DEL SUPUESTO ACTO LESIVO 

El 20 de octubre de 2010, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, conoció del recurso de apelación interpuesto por el ciudadano Jorge Washington Pico Burgos contra la decisión dictada el 4 de mayo de 2010, por Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, que había declarado la ocurrencia de la citación tácita o presunta, declarando con lugar dicho recurso, con lo cual repuso la causa al estado que el tribunal de la causa realice nuevamente el cómputo que corresponde a la contestación de la demanda.

Tal decisión tuvo como fundamento lo siguiente:

“El caso sub exámine se circunscribe a la determinación de la tempestividad o no del pronunciamiento emitido por el A quo, mediante el cual ordenó agregar a los autos las pruebas promovidas por el demandado, en fecha 04 de mayo de 2010, previo análisis de las circunstancias fácticas que revisten el pronunciamiento del Tribunal A quo.

Para determinar la tempestividad del acto procesal impugnado, resulta imperioso revisar minuciosamente el cumplimiento fiel y legal de los lapsos procesales, desde el momento de la admisión de la demanda, con vista a los argumentos esgrimidos por los apoderados de la parte demandante.
Siendo así, observa esta Alzada que admitida la demanda en fecha 21 de octubre de 2009, fue ordenado el emplazamiento a los demandados, Sociedad Mercantil “RESTAURANT LA PICCOLA TRATTORIA C.A.”, en la persona de su Directora Gerente ciudadana GAETANA PITARRESI SILVIO, y a los ciudadanos GAETANA PITARRESI SILVIO y JOSÉ GUILLERMO AGUAJE (sic) PÉREZ, para la contestación de la demanda, acto que se llevaría a efecto dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a la última de las citaciones.

Ahora bien, de la lectura del auto recurrido, proferido en fecha 04 de mayo de 2009, cursante a los folios 08 al 13, actuación que por encontrarse suscrita por la Jueza del A quo, se encuentra revestida en el principio de presunción de veracidad, y ante la inexistencia de las actas necesarias, cuyas fechas y contenidos se detallan en el mismo, puede evidenciarse entonces que fue librada por el A quo comisión al Juzgado de los Municipios Brión y Eulalia Buroz de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, a los fines de la práctica legal de las citaciones de los ciudadanos GAETANA PITARRESI SILVIO y JOSÉ GUILLERMO AGUAJE PÉREZ, quienes se negaron a firmar su respectiva boleta de citación, y en virtud de ello, fueron devueltas las resultas de la comisión acordada sin cumplir, y agregada a los autos en fecha 04 de febrero de 2010, siendo que en la misma oportunidad, mediante auto separado el A quo negó la perención solicitada por el apoderado judicial de la Sociedad Mercantil ‘RESTAURANT LA PICCOLA TRATTORIA C.A’.

Posteriormente, en fecha 26 de febrero de 2010, el apoderado judicial de la co-demandada “RESTAURANT LA PICCOLA TRATTORIA C.A.”, abogado ALBERTO JOSÉ FREITES DEFFIT, consignó jurisprudencia en la cual sustenta la solicitud de perención de la instancia, y subsiguientemente, en fecha 07 de abril de 2010, presentó escrito de contestación de la demanda y en la misma oportunidad consignó poderes que le acreditan la representación judicial de los co-demandados, ciudadanos GAETANA PITARRESI SILVIO y JOSÉ GUILLERMO AGUAJE (sic) PEREZ, los cuales fueron otorgados en fecha 28 de enero de 2010.

Cabe destacar la importancia que reviste al acto procesal fundamental de todo juicio, como en efecto lo es la citación para la contestación de la demanda, el cual constituye el llamado obligatorio que se hace al demandado para su concurrencia a juicio, a fin de que conteste la demanda, lo cual puede efectuar dentro del lapso de veinte días siguientes a su citación, contados por días consecutivos de despacho, garantizando así el derecho a la defensa que le asiste al demandado.

Dentro de las modalidades para el emplazamiento del demandado en juicio, se encuentra la citación presunta, término alegado por la parte demandante en su escrito de apelación, categoría de citación que resulta de la circunstancia de cuando el demandado o su apoderado, antes de haberse practicado la citación, han realizado diligencias en el proceso o hayan estado presentes en algún acto del proceso.

En ambos casos, el legislador presume que por el hecho de que el demandado o su apoderado actuando en nombre del demandado, acudan a un proceso en el cual él aparezca como demandado, a objeto de efectuar alguna diligencia, como la solicitud de copia certificada, el planteamiento de algún requerimiento o simplemente comparezca, aunque no diga que se da por citado, queda informado de que obra una demanda en su contra y de que se le está emplazando para que la conteste.

Ahora bien, en el caso de autos se observa claramente que, el abogado ALBERTO JOSÉ FREITES DEFFIT, actuó en diversas oportunidades, posterior a la admisión de la demanda, sólo en nombre de la sociedad mercantil ‘RESTAURANT LA PICCOLA TRATTORIA C.A.’, tal como consta de la copia certificada del escrito presentado por el abogado ALBERTO JOSÉ FREITES DEFFIT, el cual cursa a los folios 02 al 06 del presente expediente, presentado ante el A quo en fecha 27 de enero de 2010, tal como consta del vuelto del folio 06, oportunidad en que solicitó se decretara la perención de la instancia, e igualmente consta de la copia certificada que corre inserta al folio 07, consistente en escrito presentado por el abogado ALBERTO JOSÉ FREITES DEFFIT mediante el cual consignó ante el A quo transcripción de jurisprudencia emanada de nuestro Máximo Tribunal, para sustentar la declaratoria de perención de la instancia solicitada por el apoderado judicial de la co-demandada, en fecha 26 de febrero de 2010, tomando como fecha de inicio del lapso para dar contestación a la demanda, tal como lo indica el artículo 338 del Código de procedimiento Civil, esta última comparecencia del 26 de febrero de 2010, por lo que acude ante el A quo en fecha 07 de abril de 2010, y presentó escrito de contestación de la demanda, actuando en nombre y representación de la sociedad mercantil ‘RESTAURANT LA PICCOLA TRATTORIA C.A.’, e igualmente de los ciudadanos GAETANA PITARRESI SILVIO y JOSÉ GUILLERMO AGUAJE (sic) PÉREZ y en la misma oportunidad consignó los poderes que le acreditan la representación de los co-demandados, ciudadanos GAETANA PITARRESI SILVIO y JOSÉ GUILLERMO AGUAJE (sic) PÉREZ, los cuales fueron conferidos en fecha 28 de enero de 2010.      
A mayor abundamiento, se evidencia que en fecha 27 de enero de 2010 debutó el abogado ALBERTO JOSÉ FREITES DEFFIT, como apoderado judicial de la parte co-demandada sociedad mercantil ‘RESTAURANT LA PICCOLA TRATTORIA C.A.’, mediante escrito consignado ante el A quo, cursante al folio del cual se lee:

‘…Quien suscribe, ALBERTO JOSE FREITES DEFFIT, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-6-848.173, abogado en ejercicio, domiciliado en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, aquí de tránsito , inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 95.006, actuando en este acto en mi carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil RESTAURANT LA PICCOLA TRATTORIA, C.A. de este mismo domicilio, inscrita ante el Registro Mercantil… …representación la mía que consta de instrumento poder otorgado por ante la Notaría Pública… …el cual consigno en copia fotostática marcada con la letra ‘A’…”

Posteriormente se constata de las copias certificadas remitidas a esta Alzada que el abogado identificado ut supra, compareció nuevamente ante el A quo en fecha 26 de febrero de 2010, y consignó escrito del cual se lee:

‘…Quien suscribe, ALBERTO JOSE FREITES DEFFIT, venezolano, mayos de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-6.848.173, abogado en ejercicio, domiciliado en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, aquí de transito, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 95.006, actuando en este acto en mi carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil RESTAURANT LA PICCOLA TRATTORIA, C.A., de este mismo domicilio, inscrita en el registro Mercantil… …representación la mía que consta de instrumento poder otorgado por ante la Notaría Pública…’

 

Se observa pues que, en ninguna de las oportunidades anteriormente detalladas, el abogado apoderado actuó en nombre de los ciudadanos GAETANA PITARRESI SILVIO y JOSÉ GUILLERMO AGUAJE (sic) PÉREZ, reservándose hasta el momento en que ‘dio contestación a la demanda’, la manifestación de actuar en nombre de los co-demandados GAETANA PITARRESI SILVIO y JOSÉ GUILLERMO AGUAJE (sic) PÉREZ y en la misma oportunidad consignó sendos poderes que le acreditaban el carácter con el que actuó.

Así las cosas, siendo deber de quien decide revisar minuciosamente las actas que conforman el expediente, cabe advertir que, de la lectura del auto recurrido, en la observación efectuada por el A quo para resolver se constata la invocación realizada del artículo 216 del Código de Procedimiento Civil y de la jurisprudencia transcrita, emanada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia 368 de fecha 16 de noviembre de 2001, la cual sirvió, entre otros, de fundamento para el pronunciamiento del auto recurrido, en cuanto a la citación presunta, pudiendo leerse de uno de sus párrafos lo siguiente:

‘…Ahora bien, ¿Cuáles son estos hechos que deben configurarse para que quede establecida la presunción de citación conforme al aparte del artículo 216? Que la parte o su apoderado, antes de la citación, hayan realizado alguna diligencia en el proceso; o que hayan estado presentes en un acto del mismo. Expresa el citado autor en el anterior sentido, que ‘La diligencia a que se refiere el artículo 216 como supuesto de hecho para la citación presunta, ha de entenderse en su sentido propio de actuación o gestión procesal…’, bastando para ello, a juicio de la Sala, cualquier actuación que la parte misma realice en su propio nombre, o su apoderado en nombre del mandante debidamente facultado para representarlo en los actos y gestiones del juicio...’. (Subrayado y resaltado de este Juzgado Superior).      
Analizado lo anterior resulta evidente pues que el A quo, al momento de concatenar el criterio establecido con el caso concreto que aquí se estudia, incurrió en un error in indicando, desde el momento en que claramente lo establece la Sala en el texto subrayado por este Juzgado, llamando poderosamente la atención de quien decide que, claramente queda evidenciado de los autos que el apoderado judicial de la co-demandada ‘RESTAURANT LA PICCOLA TRATTORIA C.A.’, en forma alguna actuó en nombre y representación de la parte demandada, conformada por la sociedad mercantil ‘RESTAURANT LA PICCOLA TRATTORIA C.A.’, ésta en la persona de su representante, ciudadana GAETANA PITARRESI SILVIO y de los ciudadanos GAETANA PITARRESI SILVIO y JOSÉ GUILLERMO AGUAJE (sic) PÉREZ, sólo en nombre de la sociedad mercantil antes nombrada, por lo que mal pudo el A quo tener como válida la citación presunta de los co-demandados ciudadanos GAETANA PITARRESI SILVIO y JOSÉ GUILLERMO AGUAJE PÉREZ en fecha 26 de febrero de 2010, oportunidad en que el abogado ALBERTO JOSE FREITES DEFFIT compareció ante el A quo y consignó mediante escrito jurisprudencia en la cual fundamenta su solicitud de declaratoria de perención, aun cuando se evidencia del presunto escrito de contestación que ambos ciudadanos confirieron poder al profesional del derecho, en fecha anterior, específicamente el 28 de enero de 2010.

Es decir, ciertamente el abogado ALBERTO JOSÉ FRETES DEFFIT para el momento de su comparecencia ante el A quo, en fecha 26 de febrero de 2010, ostentaba la calidad de apoderado judicial de los ciudadanos GAETANA PITARRESI SILVIO y JOSÉ GUILLERMO AGUAJE (sic) PÉREZ y estaba en conocimiento de la demanda incoada en contra de aquellos y de la sociedad mercantil que igualmente conforma la parte demandada en el juicio, de allí que mal pudo el A quo comenzar a computar el lapso para la contestación de la demanda desde la fecha arriba indicada, pues como se explicó antes, no había constancia en el expediente de que el abogado ALBERTO JOSÉ FREITES DEFFIT hubiese actuado siquiera en nombre de los ciudadanos GAETANA PITARRESI SILVIO y JOSÉ GUILLERMO AGUAJE (sic) PÉREZ.

Esa manifestación del carácter de apoderado judicial de los co-demandados, fue expresada, como bien puede observarse, del escrito de ‘contestación’ interpuesto ante el A quo en fecha 07 de abril de 2010, verificándose allí entonces la citación de los ciudadanos GAETANA PITARRESI SILVIO y JOSÉ GUILLERMO AGUAJE (sic) PÉREZ, comenzando a correr desde esa misma oportunidad, exclusive, el lapso para llevarse a efecto la contestación de la demanda, a tenor del artículo 344 del Código de Procedimiento Civil, lo cual fue realizado por el apoderado el mismo día en que consignó los poderes otorgados por los co-demandados y actuó en nombre y representación de aquellos y no contrariamente, como lo explica el Tribunal de la causa, posterior a la realización del cómputo que contiene el auto recurrido, pues el A quo no estaba en conocimiento de la representación que ostentaba el abogado ALBERTO JOSÉ FREITES DEFFIT, previo otorgamiento por parte de los ciudadanos GAETANA PITARRESI SILVIO y JOSÉ GUILLERMO AGUAJE (sic) PÉREZ.

Es así como el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con vista a los cómputos tanto del lapso para la contestación como del lapso de promoción y evacuación de pruebas que constan en el auto recurrido, ordenó en el mismo agregar a los autos las pruebas promovidas por la parte demandada tantas veces identificada en el cuerpo de este fallo.

Resulta claro a la vista de quien decide que, surgida la confusión en torno a uno de los procesos vitales del juicio, como lo es la citación, surge el caos procesal que no permite, ni al Tribunal ni a las partes, llevar el control exacto de los lapsos para los demás actos del juicio, pues no se tiene la certeza de cuándo fue que quedaron efectivamente citados los co-demandados GAETANA PITARRESI SILVIO y JOSÉ GUILLERMO AGUAJE PÉREZ.

Con respecto a los trámites esenciales del procedimiento, la Sala de Casación Civil, mediante sentencia Nº 317, de fecha 10/07/2002, expediente Nº 01-247 estableció:

‘...La jurisprudencia de la Sala de Casación Civil ha ido delimitando esas áreas que en el campo del proceso civil interesan al orden público, y en tal sentido ha considerado que encuadran dentro de esta categoría, entre otras, las materias relativas a los requisitos intrínsicos de la sentencia, a la competencia en razón de la cuantía o de la materia, a la falta absoluta de citación del demandado y a los trámites esenciales del procedimiento...’

Y en cuanto al orden público, cabe señalar que ha sido pacífica y reiterada la jurisprudencia patria al establecer en sentencia de fecha 10 de agosto de 2000, Exp. Nº 99-340, proferida por la Sala de Casación Civil con ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez, lo siguiente:

 

‘…Con relación a las áreas que se han venido delimitando en el campo del orden público la Sala en sentencia de fecha 8 de julio de 1999, señaló:
‘…La jurisprudencia de la Sala de Casación Civil ha ido delimitando esas áreas que en el campo del proceso civil interesan al orden público, y en tal sentido ha considerado que encuadran dentro de esta categoría, entre otras, las materias relativas a los requisitos intrínsecos de la sentencia, a la competencia en razón de la cuantía o la materia, a la falta absoluta de citación del demandado y a los trámites esenciales del procedimiento. (…Omissis…) ‘…la regulación legal sobre la forma, estructura y secuencia obligatoria del proceso civil, es impositiva, es decir, obligatoria en su sentido absoluto, para las partes y para el juez, pues esa forma, esa estructura y esa secuencia que el legislador ha dispuesto en la ley procesal, son las que el Estado considera apropiadas y convenientes para la finalidad de satisfacer la necesidad de tutela jurisdiccional de los ciudadanos, que es uno de sus objetivos básicos…’”.


Por otra parte, los principios relativos a la defensa de orden constitucional y el debido proceso, imponen al juzgador dar aplicación a los principios procesales de saneamiento, relevancia o trascendencia, de nulidad esencial y el de Obligatoriedad de los Procedimientos Establecidos en la Ley, y como bien lo indica el procesalista, DEVIS ECHANDIA,

‘…La ley nos señala cuáles son los procedimientos que se han de seguir para cada clase de proceso o para obtener determinadas declaraciones judiciales, sin que les sea permitido a los particulares, aún existiendo acuerdo entre todos los interesados en el caso, ni a las autoridades o a los jueces MODIFICARLOS O PRETERMITIR SUS TRÁMITES”.(DEVIS ECHANDIA, Hernando. Compendio de Derecho Procesal. Editorial ABC: Tomo I, Décima Edición. Pág. 39, Bogotá 1985) (Mayúsculas, negritas y subrayado de la Sala)

En lo referente al concepto de orden público, esta Sala, elaboró su doctrina sobre el concepto de orden público, con apoyo en la opinión de Emilio Betti, así:    
‘…Que el concepto de orden público representa una noción que cristaliza todas aquellas normas de interés público que exigen observancia incondicional, y que no son derogables por disposición privada. La indicación de estos signos característicos del concepto de orden público, esto es, la necesidad de la observancia incondicional de sus normas, y su consiguiente indisponibilidad por los particulares, permite descubrir con razonable margen de acierto, cuándo se está o no en el caso de infracción de una norma de orden público.


(…Omissis…)

A estos propósitos es imprescindible tener en cuenta que si el concepto de orden público tiende a hacer triunfar el interés general de la sociedad y del Estado frente al particular del individuo, para asegurar la vigencia y finalidad de determinadas instituciones de rango eminente, nada que pueda hacer o dejar de hacer un particular y aun una autoridad, puede tener la virtud de subsanar o de convalidar la contravención que menoscabe aquel interés, lo que equivaldría a dejar en manos de los particulares o autoridades, la ejecución de voluntades de Ley que demandan perentorio acatamiento”(G.F. Nº 119. V. I., 3ª etapa, pág. 902 y S. Sentencia de fecha 24 de febrero de 1983) (Subrayado y negritas de la Sala).


Mas recientemente, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional conceptualizó, en materia de Amparo Constitucional, el comportamiento que debe asumir el juez cumpliendo con la función tuitiva del orden público, de esta manera decidió:

‘…Sin embargo, no escapa a esta Sala, como ya le ocurrió a la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia y que plasmó en fallo del 24 de abril de 1998 al cual luego se hace referencia, que el conocimiento de unos hechos que no fueron alegados como supuestos de hecho de las normas constitucionales denunciadas como infringidas, pueden y deben producir otras situaciones a ser tomadas en cuenta por los sentenciadores, ya que a pesar de ser ajenas a la pretensión de amparo, siempre que sean cuestiones de orden público, sobre las cuales el juez puede de oficio resolver y tomar decisiones, si constata que las mismas no lesionan derecho de las partes o de terceros. Cuando los afectados por las decisiones han sido partes en el juicio donde se constatan los hechos contrarios al orden público, y ellos son generadores de esos hechos, el derecho a la defensa y al debido proceso no se les está cercenando si de oficio el juez cumpliera con la función tuitiva del orden público, ya que es la actitud procesal de las partes las que con su proceder denota la lesión del orden público, entendido éste como el ‘…Conjunto de condiciones fundamentales de vida social instituidas en una comunidad jurídica, las cuales, por afectar centralmente la organización de ésta, no pueden ser alteradas por voluntad de los individuos…’ (Diccionario Jurídico Venezolano D & F, pág. 57). La ineficacia de esas condiciones fundamentales generaría el caos social….”(Sentencia de la Sala Constitucional de fecha 9 de marzo de 2000, exp. Nº 00- 0126)…’


La violación del orden público vicia de nulidad absoluta el acto que fue dictado en su contravención, nulidad que no puede ser convalidada ni aun con el consentimiento expreso de las partes y así lo ha manifestado la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 26 de mayo de 2004, con ponencia del Conjuez Dr. Adán Febres Cordero, en el juicio Alfredo J. Navarro Riquel Vs. Banco de Venezuela, S.A.C.A., Exp. Nº 02-0768, S. RC. Nº 0483, mediante la cual estableció:


‘…La declaración de nulidad de un acto del proceso formalmente viciado, plantea la cuestión de los efectos procesales que produce la nulidad no sólo respecto del acto declarado nulo, sino también en relación a los demás actos que forman la cadena del proceso, ya sean anteriores o consecutivos al acto nulo. La nulidad de los actos consecutivos a un acto írrito, se produce cuando éste, por disposición de la ley, sea esencial a la validez de aquéllos, o cuando la misma ley señala especialmente su nulidad. Y debe entenderse que un acto es esencial a la validez de los que le siguen, cuando éstos son casualmente dependientes de aquél; y por ello, la nulidad del acto que le sirve de base o fundamento necesariamente los afecta. En estos casos se produce la reposición de la causa; esto es, la restitución del proceso al estado correspondiente al punto de partida de la nulidad, anulándose todo lo actuado desde aquel momento. La renovación y la reposición se presentan combinadas en los casos de nulidades consecutivas declaradas en la misma instancia en que ocurre el acto írrito, o cuando la nulidad la observa y la declara un tribunal superior que conoce en grado de la causa…’

A criterio de quien decide, luego de haber efectuado el razonamiento anteriormente transcrito, resulta concluyente para esta superioridad, a objeto de salvaguardar el derecho a la defensa y preservar la igualdad de las partes en juicio, así como del debido proceso como derecho humano fundamental, declarar la nulidad del auto recurrido, y consecuentemente, reponer la causa al estado en que se compute nuevamente el lapso para la contestación de la demanda, en la oportunidad en que el apoderado de la parte demandada presentó escrito de contestación, debutando en forma enunciativa en el escrito de contestación como apoderado judicial de los co-demandados GAETANA PITARRESI SILVIO y JOSÉ GUILLERMO AGUAJE (sic) PÉREZ, y en estricta observancia del auto de admisión que establece la oportunidad para la contestación de la demanda ‘…dentro de los veinte (20) días de Despacho siguiente (sic) a la constancia en autos de la última citación que se practique…’, dando por cumplida tal formalidad vital del juicio. Y ASÍ SE DECIDE.

No puede, quien aquí decide pasar inadvertido el llamado de atención respectivo a la Jueza Primera de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en el deber ineludible en que se encuentra de observar, respetar y cumplir lo establecido en el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a los actos procesales y su realización, en salvaguarda de los principios de legalidad y formalidad, dos de los tres principios fundamentales del proceso y como garantes del debido proceso en pro de la tutela judicial efectiva.

Por las razones que anteceden, este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:          

Primero: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por los abogados Vicente Fernández Santana y Carmen Sofía Federeci Schiavino, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 35.500 y 139.481, respectivamente, en su condición de apoderados judiciales de la parte demandante, ciudadano JORGE WASHINGTON PICO BURGOS, titular de la cédula de identidad Nº 10.378.531, contra el auto dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en fecha 04 de mayo de 2010.

Segundo: SE REPONE LA CAUSA al estado en que se comience a computar nuevamente el lapso para la contestación de la demanda, dándose así por cumplida efectivamente la citación de los co-demandados en fecha 07 de abril de 2010.

Tercero: Se condena en costas a la parte demandante, por haber resultado vencido totalmente, de conformidad con el artículo 274 del Código de procedimiento Civil.

Cuarto: Regístrese, publíquese, incluso en la página web de este Despacho, y déjese copia de la presente decisión.

Quinto: Remítase en su oportunidad legal, el presente expediente al Tribunal A quo.

 

III

DE LA COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala Constitucional determinar su competencia para conocer del presente amparo y, a tal efecto, observa:

Conforme al contenido del artículo 25 numeral 20 de la nueva la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en Gaceta Oficial N° 39.522, del 1° de octubre de 2010, esta Sala Constitucional es competente para conocer las demandas de amparo constitucional autónomo contra las decisiones que dicten, en última instancia, los juzgados superiores de la República, salvo de las que se incoen contra las de los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo.

            Ahora bien, visto que la acción de amparo constitucional sometida a la consideración de la Sala, tiene por objeto el fallo dictado, el 20 de octubre de 2010, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, esta Sala, en atención al artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y en concordancia con el artículo 25 numeral 20 de la nueva la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se declara competente para resolver la presente acción. Así se establece.

IV

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

Visto el escrito que encabeza las presentes actuaciones, y verificada como ha sido la competencia de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para conocer de la acción de amparo interpuesta, se constata que la demanda incoada por el abogado Alberto José Freites Deffit, apoderado judicial de Restaurant La Piccola Trattoria,C.A. y de los ciudadanos Gaetana Pitarresi Sllvio y José Guillermo Azuaje Pérez, identificados supra, contra la decisión dictada, el 20 de octubre de 2010, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, cumple con los requisitos exigidos por el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Asimismo, se constata que fue consignada la copia certificada de la sentencia impugnada.

De igual modo, la Sala dictamina que la presente acción de amparo no está incursa en alguna de las causales de inadmisibilidad que establece el artículo 6 eiusdem, o el artículo 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, pues las violaciones denunciadas son posibles y realizables, las presuntas lesiones son reparables, no ha operado la caducidad de la acción y no existe una vía procesal idónea distinta al amparo constitucional para lograr el restablecimiento de las situaciones jurídicas que se denuncian como infringidas; por otra parte, a pesar de que la última actuación de la parte accionante data del 2 de febrero de 2011, esta Sala se encuentra impedida de declarar el abandono del trámite visto que pudiera estar involucrado el orden público en los términos señalados en la sentencia N° 1207/2001, dado que los vicios que se le imputan a la sentencia accionada pudieran implicar que “…aceptado el precedente resultaría una incitación al caos social, si es que otros jueces lo siguen…”; todo lo cual conlleva a la admisibilidad de la acción de amparo propuesta. Así se declara

 V

DECISIÓN

 

Por las razones de hecho y de derecho que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley:

Primero.- Se declara COMPETENTE para conocer de la acción de amparo constitucional ejercida por el abogado Alberto José Freites Deffit, apoderado judicial de RESTAURANT LA PICCOLA TRATTORIA,C.A. y de los ciudadanos GAETANA PITARRESI SlLVIO y JOSÉ GUILLERMO AZUAJE PÉREZ, contra la decisión dictada, el 20 de octubre de 2010, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, la cual se ADMITE.

Segundo.- Se ORDENA la notificación del titular o del encargado del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, para que comparezca ante la Secretaría de esta Sala, a fin de conocer el día y la hora en que se celebrará la audiencia oral y pública, la cual será fijada dentro de los cuatro (4) días siguientes a la oportunidad en que conste en el expediente la última de las notificaciones que se realice. Igualmente se ordena remitir copias certificadas de la presente decisión y del escrito contentivo de la acción adjunto a la notificación ordenada. Se deja constancia que la ausencia en el acto de la referida Juez, no se presumirá como aceptación de las presuntas lesiones denunciadas.

Tercero.- Se ORDENA la notificación del representante del Ministerio Público del inicio del presente procedimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. 

Cuarto.- Asimismo, se ORDENA al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, señalado como agraviante, o quien haga sus veces, notificar  al ciudadano JORGE WASHINGTON PICO BURGOS, como tercero interesado, en su condición de demandante en el juicio por nulidad de asambleas, incoado contra los quejosos, a fin de que concurra a la audiencia constitucional en la oportunidad que sea fijada. Cumplida esta actuación, se servirá informar inmediatamente de sus resultas a esta Sala Constitucional.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 10 días del mes de agosto   dos mil once (2011). Años: 201º de la Independencia y 152º de la Federación.

La Presidenta,

 

 

 

 

Luisa EstelLa Morales Lamuño

 

       Vicepresidente,      

 

 

 

Francisco A. Carrasquero López

 

Los Magistrados,

 

 

 

MarcoS Tulio Dugarte Padrón

 

 

 

 

 

                                                                       CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

                                                              Ponente

 

 

 

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

 

 

 

 

 

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

 

 

 

 

 

GLADYS M. GUTIÉRREZ ALVARADO

 

 

El Secretario,

 

 

 

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

 

 

Exp: 11-0194

CZdeM/megi.-

 

 

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