Venley

Sentencia N.º 1484

Sentencia
N.º 1484
Fecha
14/11/2012
Sala
Constitucional
Expediente
10-0250
Ponente
Luisa Estella Morales Lamuño
Procedimiento
Solicitud de Revisión

 

 

SALA CONSTITUCIONAL

 

Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

Expediente N° 10-0250

 

El 11 de marzo de 2010, el abogado José Armando Sosa, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 48.464, actuando en su carácter de apoderado judicial de la entidad mercantil, INVERSIONES CAMELAMAR C.A, inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el N° 13, Tomo 51-A pro, en fecha 2 de junio de 1987, presentó escrito mediante el cual interpuso solicitud de revisión constitucional de la sentencia N° 1399 dictada el 24 de septiembre de 2009, por la Sala de Casación Social en su Sala Especial Agraria, mediante la cual “REVOCA la sentencia sometida a consulta, dictada por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas en fecha 29 de octubre de 2008; y declara SIN LUGAR, el recurso contencioso administrativo de nulidad propuesto contra el acto de fecha 4 de septiembre de 2006, dictado por el Directorio del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, en el cual se acordó la declaratoria de ociosidad del Fundo el Coco, (sic) ubicado en el Sector Acarigua-La Mira, Municipio Antolín del Campo, del Estado Nueva Esparta”.

 

El 18 de marzo de 2010, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, quien con tal carácter, suscribe el presente fallo.

 

Constituida esta Sala Constitucional el 9 de diciembre de 2010, en virtud de la incorporación de los Magistrados designados por la Asamblea Nacional en sesión especial celebrada el 7 del mismo mes y año, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.569 del 8 de diciembre de 2010, quedó integrada de la siguiente forma: Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, Presidenta; Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, Vicepresidente; y los Magistrados y Magistradas Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales, Juan José Mendoza Jover y Gladys María Gutiérrez Alvarado.

 

Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones.

 

I

ANTECEDENTES

 

El abogado José Armando Sosa, actuando como apoderado judicial de la sociedad mercantil Inversiones Camelamar, C.A., propuso en fecha 16 de marzo de 2007, por ante el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, acción de nulidad contra el acto administrativo dictado por el Instituto Nacional de Tierras en fecha 4 de septiembre de 2006, en el cual se declaró la ociosidad del Fundo denominado El Coco, cuya superficie es de doscientas cincuenta y siete hectáreas con mil setecientos metros cuadrados (257 con 1700 m2), y a su vez, se dio inicio al procedimiento de rescate correspondiente.

                                                                        

          El  29 de octubre de 2008, el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, se pronunció sobre el fondo de la controversia y declaró sin lugar las excepciones de inadmisibilidad opuestas por la parte accionada, y parcialmente con lugar el presente recurso de nulidad, estimando la nulidad del acto recurrido, sólo en lo que respecta a los diez mil metros cuadrados (10.000 mts2) de tierras señaladas por la actora.

 

El 24 de septiembre de 2009, la Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, REVOCÓ la sentencia sometida a consulta, y declaró SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto, contra el acto de fecha 4 de septiembre de 2006, dictado por el Directorio del Instituto Nacional de Tierras, en el cual se acordó la declaratoria de ociosidad del Fundo El Coco, ubicado en el Sector Acarigua-La Mira, Municipio Antolín del Campo, del Estado Nueva Esparta.

 

            El 11 de marzo de 2010, el apoderado judicial de la entidad mercantil INVERSIONES CAMELAMAR C.A, interpuso ante esta Sala solicitud de revisión constitucional, contra la sentencia dictada el 24 de septiembre de 2009, por la Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social.

 

II

DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL

 

El apoderado judicial de la solicitante fundamentó su pretensión en los siguientes términos:

 

Que “(…) En primer lugar, consideramos que ha incurrido en un error de interpretación de una norma constitucional, evidente por el desconocimiento palpable de lo que debe entenderse por agricultura sustentable, por su parte el término de la agricultura sustentable, tiene nacimiento en la misma Constitución al establecerse en el  artículo 305 lo siguiente (sic) El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, y en consecuencia garantizará la seguridad alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor. La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental al desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el Estado dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el marco de la economía nacional e internacional para compensar las desventajas propias de la actividad agrícola. El Estado protegerá los asentamientos y comunidades de pescadores o pescadoras artesanales, así como sus caladeros de pesca en aguas continentales y los próximos á (sic) la línea de costa definidos en la ley. De la misma manera, establece el artículo 307 (sic) el régimen latifundista es contrario al interés social. La ley dispondrá lo conducente en materia tributaria para gravar las tierras ociosas y establecerá las medidas necesarias para su transformación en unidades económicas productivas, rescatando igualmente las tierras de vocación agrícola. Los campesinos o campesinas y demás productores o productoras agropecuarios tienen derecho a la propiedad de la tierra, en los casos y formas especificados por la ley respectiva. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y particulares de propiedad para garantizar la producción agrícola. El Estado velará por la ordenación sustentable de las tierras de vocación agrícola para asegurar su potencial agroalimentario. Todo ello, habría que armonizarlo con lo establecido en el artículo 299 que establece el régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democratización, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para garantizar una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta”.

 

Que “(…) El Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con Competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, en su decisión de fecha 17 de octubre de 2007, conforme a la cual declaró parcialmente con lugar el recurso de nulidad, y por consiguiente, nulo el acto administrativo recurrido, sólo con respecto a una superficie de 10.000m2 de tierras ( que como puede evidenciarse, es apenas de una Hectárea (1 Ha) ), dijo: este Tribunal debe concluir, que en efecto en los 10.000 metros cuadrados atribuidos por la recurrente a su dominio, se ha levantado un conjunto turístico recreacional y al existir el mismo no podrá darse cumplimiento al presupuesto establecido en el artículo 34 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario para la declaratoria de tierras ociosas pues ante la existencia del desarrollo turístico señalado, no podrá transformarse ese lote de terreno en unidades económicas productivas de tierras. Es así como ante esta determinación, encuentra el Tribunal que si bien los mencionados 10.000, metros cuadrados de tierras no están productivos desde el punto de vista agrario, tampoco son objeto de declaratoria de ociosidad porque no podrán ser trasformado como se dijo en unidades productivas y en consecuencia no podría tampoco ser rescatados con la finalidad de transformarlos en tales unidades productivas y no puede dictarse un acto administrativo, en ese sentido, porque la realidad material impediría su ejecución.”

 

Que “(…) Por su parte, la decisión dictada en Consulta por la Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en la cual se declara Sin Lugar el Recurso de Nulidad intentado por INVERSIONES CAMELAMAR, CA., contra el Instituto Nacional de Tierras (INTI) Nueva Esparta, cuya revisión se solicita por este escrito, estableció en fecha 24 de septiembre de 2009, lo siguiente Así (sic) las cosas, se aprecia que la decisión objeto de consulta, previo desecho de la mayoría de los alegatos que tratan de desvirtuar la legalidad del acto confutado (sic), estima que la resolución dictada por el Instituto Nacional de Tierras, es de imposible ejecución, dentro de los 10.000 mts2 cuadrados señalados por el accionante en su escrito libelar, en razón de que esta porción de tierra ha perdido su vocación agrícola, por cuanto sobre la misma se ha levantado un conjunto turístico recreacional. Ahora bien, y observando los hechos soberanamente establecidos por el tribunal de la causa, los cuales se encuentran sustentados en las pruebas cursantes en autos, esta Sala considera que la decisión objeto de consulta, se subsume en contradicción al establecer que la vocación del terreno afectado por el acto recurrido es agrario, para luego considerar que el mismo posee vocación turística”.

 

Que “(…)  el  fallo consultado se sustenta en una posición contradictoria con el objeto de poder declarar con lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad propuesto. Así las cosas, se estima que el acto recurrido no debe ser revocado, en tanto y cuanto, tal y como soberanamente fue establecido por el tribunal de la causa, no proceden los alegatos expuestos por el recurrente a efectos de lograr la nulidad del mismo, lo cual es acogido por esta Sala; y el único argumento considerado por el a quo como procedente, es resuelto en base a una contradicción expuesta en la sentencia consultada”.

 

Que “(…) Como se ve, la Sala Especial Agraria alega como base para la decisión, que existe una contradicción en la sentencia del Juzgado Superior, cuando ello es falso. Lo que dice el Superior, sin incurrir en contradicción es que, a pesar de ser agrícola, lo que se pretende no sería sustentable, o como dice expresamente no podrá ser trasformado como se dijo en unidades productivas. No establece la sentencia que el terreno tenga vocación turística. Es decir, el criterio en el cual se basa la sentencia es en la variable de la sustentabilidad de la vocación agrícola. El denominado aprovechamiento productivo y sostenible de la tierra. En efecto, tal como consta de los autos y de la misma sentencia del Tribunal Superior, en la pequeña extensión de 10.000 metros cuadrados propiedad de mi representada, se ha levantado y construido un conjunto turístico recreacional, con lo cual, resultaría imposible establecer en el mismo una actividad agrícola. Y es esencial al hecho de que sea declarado un terreno con vocación agraria el que dicha actividad pueda efectivamente realizarse, y sea destinado para satisfacer una necesidad alimentaría (sic)”.

 

Que “(…) aunque cualquier porción de tierra, a priori, pueda estar ociosa, o incluso, tener una vocación agrícola, si por diversas circunstancias no es apta para un desarrollo agrícola sustentable, teniendo como fin la seguridad agro-alimentaria, carecería de sentido por su imposible realización, que se procediera al rescate de las mismas. Por otra parte, debe indicarse qué (sic) según la doctrina, para que se pueda declarar ocioso un fundo, es necesario que ello resulte de una determinación del Plan de Seguridad Agroalimentaria y Desarrollo Sustentable correspondiente al terreno donde esté ubicado el fundo”.

 

Que “(…) Por tanto, dichos planes sobre la base de un ordenamiento sustentable de las tierras de vocación agrícola para asegurar su potencial agroalimentario, conforme lo exige la parte final del encabezamiento del Artículo 307, del mismo Texto Fundamental, deben adoptarse teniendo en cuenta, entre otros criterios, los recursos naturales existentes y las actividades que se realizan en la zona, la capacidad de uso de los suelos y su zonificación por causas ecológicas y productivas. Para cuya elaboración es primordial la participación y consulta de los ciudadanos, según lo establecen los Artículos 299 y 128, de la Constitución, y 136 y 137 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. La concepción, pues, del desarrollo sostenible de la agricultura, o de agricultura sustentable, como la denomina el Artículo 305, de la vigente Constitución, y algunos autores, ha de ser el contenido de los planes de seguridad agroalimentaria, que determinan el cumplimiento de la función agroalimentaria de la propiedad. No obstante, en el presente caso el acto administrativo objeto del presente recurso de nulidad no se fundamentó en Plan de Seguridad Agroalimentaria”.

Que “(…) consideramos que ha incurrido en un error de interpretación de una norma constitucional, evidente por el desconocimiento palpable de lo que debe entenderse por agricultura sustentable y unidades económicas productivas conforme a los artículos 305 y 307 de la Constitución de la República”.

 

Que “(…) Adicionalmente, el Decreto 483 dictado por el Gobernador del estado Nueva Esparta sobre el Plan de Ordenación del Territorio del estado Nueva Esparta y del cual se desprende que si bien es cierto que el artículo 7 señala al sitio La Mira como de uso agrícola, también el artículo 21 señala que hay espacios en ese sitio la Mira que han sido definido como de uso turístico recreacional y si bien hemos de entender que se podría considerar el uso agrario como preponderante, el Instituto Nacional de Tierras, en su informe técnico, que no consta en autos, ha debido percatarse de la existencia dentro de las hectáreas cuya ociosidad está declarando de una porción que se encuentra utilizada con fines turístico recreacionales, por estar ya edificadas las unidades vacacionales que conforma el conjunto recreacional. Es así como, más bien consideramos que de procederse con las consecuencias del Acto Administrativo del INTI Nueva Esparta, por haberse declarado Sin Lugar nuestro Recurso de Nulidad, se tendrían que ejercer actividades agrícolas a una porción de terreno de 10.000 Mts2 (a pesar de que el ente administrativo aceptó ello al no apelar de la decisión), y en consecuencia concluiríamos que se trata de un Acto Administrativo, por lo que respecta a dicha porción por lo menos, de un contenido imposible, con evidentes indeterminaciones, ambigüedades y contradicciones. Todo ello es cónsono con la Ley Orgánica de Turismo publicada en la Gaceta Oficial N° 38.215 de fecha 23 de junio de 2005, en la cual, la actividad turística es declarada utilidad pública y de interés general mientras que el territorio nacional en su totalidad es considerado como una unidad de destino turístico. Ello tiene inherencia directa sobre las actividades del sector público, mixto y privado, que se desarrollen dentro del territorio nacional y vayan dirigidas a la explotación de zonas, que dadas sus características especiales (Valor turístico, cultural e histórico) tengan significación turística o recreativa. En ese sentido, las tierras afectadas por el acto administrativo son de condición turística, la cual queda evidenciada en el Decreto N° 1.369 dictado por el Presidente de la República, mediante el cual se estableció el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Zona de Interés Turístico Punta Cabo Blanco — Punta Cañonero, Municipio Antolín del Campo del Estado Nueva Esparta”.

 

Que “(…) En efecto, el terreno objeto del Acto Administrativo del INTI Nueva Esparta, es uno ubicado en una Zona con Vocación Turística. Por ello, aun cuando supongamos que se deban emprender actividades agrícolas en dicha porción de terreno; pues bien, la realidad nos haría concluir que al estar construidas legalmente determinadas obras en dicha tierra, autorizadas en el marco del Decreto 483 dictado por el Gobernador del estado Nueva Esparta sobre el Plan de Ordenación del Territorio del estado Nueva Esparta y del cual se desprende en el artículo 21 que hay espacios en ese sitio la Mira que han sido definidos como de uso turístico recreacional, no sería factible ya el hacer una actividad agrícola sustentable”.

 

Que “(…) El Instituto Nacional de Tierra califico (sic) el terreno como de clase 2 en conformidad con el artículo 215 de la Ley de Tierra y se señaló en un informe que no había recursos Hídricos, que el suelo es franco arenoso, pero al final de este informe recomienda que debe hacer un examen, es decir, en posterior Consulta a una sentencia, la misma Sala Especial Agraria consideró que en dicha zona del Municipio Antolín del Campo del estado Nueva Esparta, quedó claramente establecida la vocación urbana y uso turístico, y no se pronunció acerca de errores en tal catalogación. Es por ello que, en aras de un tratamiento justo y uniforme que no genere anarquía en el ordenamiento territorial del Municipio Antolín del Campo, Estado Nueva Esparta, es que consideramos que existen suficientes motivos constitucionales, legales, y prácticos, por los cuales es necesaria la revisión constitucional de la sentencia. De igual manera consideramos, que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 2, 26 y 257, establece los principios procesales que deben regir, y si las injusticias procesales de esta controversia específica no se solucionan, evidentemente se lesionaría el debido proceso y la utilización efectiva de los medios o recursos que la ley pone al alcance de las partes para la defensa de sus derechos. Por tanto, invocamos la debida protección judicial, pues debe verse el proceso como un conjunto sucesivo de actos procesales tendientes a la declaratoria final del juez para dilucidar una controversia, a objeto de preservar la certeza jurídica, la igualdad de tratamiento y la lealtad del contradictorio”.

 

Que “[e]s oportuno entonces este caso, para que la Sala Constitucional evite que se genere una anarquía o confusión en el ordenamiento territorial de una zona del país, derivado simplemente de un formalismo procesal originado en la Sala Especial Agraria, que por establecer que existe una supuesta contradicción en una sentencia de un Superior deja firme un acto administrativo que va contra los más elementales argumentos constitucionales, legales y fácticos relacionados con el ordenamiento turístico del Municipio Antolín del Campo, Estado Nueva Esparta que lo catalogan como de vocación urbana y uso turístico”.

 

Finalmente, los solicitantes indican lo siguiente: “Pido a esta honorable Sala Constitucional, que la presente solicitud de revisión sea declarada ha lugar, y así sea revocada la sentencia dictada el 24 de noviembre de 2009, por la Sala de Casación Social”.

III

DEL FALLO SOMETIDO A REVISIÓN

 

El 24 de septiembre de 2009, la Sala de Casación Social en su Sala Especial Agraria mediante fallo N° 1399, REVOCÓ la sentencia sometida a consulta, dictada por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas en fecha 29 de octubre de 2008; y declaró SIN LUGAR, el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto contra el acto de fecha 4 de septiembre de 2006, dictado por el Directorio del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, en el cual se acordó la declaratoria de ociosidad del Fundo El Coco, ubicado en el Sector Acarigua-La Mira, Municipio Antolín del Campo, del  Estado Nueva Esparta, en los siguientes términos:

 

“Concluido el lapso probatorio, y celebrada la audiencia oral de informes ante el tribunal de la causa, esta instancia dicta fallo en fecha 29 de octubre de 2008, en el cual declara sin lugar las excepciones de inadmisibilidad opuestas por la parte accionada, y parcialmente con lugar el presente recurso de nulidad, estimando la nulidad del acto recurrido, sólo en lo que respecta a los 10.000 mts2 de tierras señaladas por la actora. Luego de declarar improcedentes las causales de inadmisibilidad señaladas por la parte accionada, el fallo consultado procede a considerar como no procedentes los alegatos expuestos por la parte actora, relativos a: la incompetencia manifiesta del INTI para revisar el origen y titularidad del fundo ‘El Coco’ en el procedimiento para determinar la ociosidad de dichas tierras; la violación al debido proceso por falta de notificación para la realización de la inspección técnica; la violación al principio de presunción de inocencia, el quebrantamiento al principio de posesión de buena fe; la desviación de poder en el acto recurrido; la errónea interpretación de la Ley de Tierras Baldías y Ejidos; así como el desconocimiento a la propiedad privada. Seguidamente, la decisión dictada por el tribunal de la causa, al resolver la cuestión relativa al falso supuesto de hecho, por cuanto el acto impugnado concluye en la ociosidad del Fundo ´El Coco´, sin sustentarse en el plan de seguridad agroalimentaria, explica lo siguiente: Como ya se dijo en el texto de esta decisión, la declaratoria de tierras ociosas o incultas tiene que realizarse en tierras con vocación de uso agrario y con la finalidad de transformarla en unidades económicas productivas. La declaratoria de tierras ociosas en consecuencia tendrá como desenlace quien (sic) la iniciación de un procedimiento de rescate, si las mismas son de origen público o bien el procedimiento de expropiación, si las mismas son de origen privado, pero para que no exista una incompetencia teleológica de la actividad desplegada, todas estas actuaciones deben estar insertas en la finalidad de transformar las tierras con vocación de uso agrario en unidades económicas productivas, pues de lo contrario se estaría desviando la finalidad para la cual se establecieron los procedimientos antes mencionados y que además tales actuaciones dirigidas a la transformación de esas tierras con vocación de uso agrario en unidades económicas productivas, debe encajar perfectamente en la declaración de principios que se hacen en el artículo 1 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, y que concuerda con los principios constitucionales que la rigen, en el sentido de que la finalidad de dicha ley, es establecer las bases del desarrollo rural, integral y sustentables, como medio fundamental para el desarrollo humano y crecimiento económico del sector agrario, con la justa distribución de las riquezas, eliminando el latifundio como sistema contrario a la justicia, al interés general y a la paz general en el campo, asegurando la biodiversidad, la seguridad agroalimentaria y la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental agroalimentario de las presentes y futuras generaciones. En consecuencia cualquier acto que dicte la Administración Agraria, en materia de ociosidad de tierras, certificación de fincas productivas o mejorables, pero especialmente de rescate o de expropiación que no vaya dirigido a dar cumplimiento a los principios antes esbozados, estará desviado de su finalidad. En el caso de autos, la recurrente demostró tener autorización sanitaria, para construir conjunto de viviendas vacacionales en número de 105 y en el Sector La Mira, desde el 13 de enero de 1988, demostró así mismo que tiene permiso de construcción sobre un área de 2650 metros cuadrados, en la Calle de Aricagua, Vía La Mira, los cuales integran parte de los 10.000 metros cuadrados, cuyos linderos coinciden con el documento registrado que presentara como de su propiedad, autorización vigente para el momento del procedimiento administrativo, presenta así mismo la cancelación de los impuestos municipales, para el permiso de construcción en dicho terreno, del que se califica el uso turístico de dichos terrenos, (…) si bien el Fundo Los Cocos en general pudiera ser catalogado como unas tierras con vocación agraria, necesariamente a los diez mil (10.000) metros cuadrados, cuya propiedad se ha atribuido la recurrente, han sido destinados y consolidados además con una vocación distinta, puesto que en efecto de la documental se desprende la existencia de edificaciones con fines turísticos que ha realizado la recurrente sobre el terreno en cuestión y que además han sido adquiridas por terceras personas que no deben ser afectadas en su derecho, conformándose en ese terreno una comunidad de propietarios sobre los inmuebles edificados por la recurrente que tiene carácter irreversible. Prosigue el a quo, y señala: a pesar de que la recurrida señaló que consignó el expediente administrativo, no lo hizo, pues lo que consignó fue muchas documentales, respecto de la cadena titulativa del terreno objeto de la decisión administrativa, pero no el contenido del procedimiento administrativo seguido paso a paso como debería estar en un expediente administrativo abierto a tal efecto, por mandato del artículo 51 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y tal omisión crea una presunción a favor de los alegatos de la recurrente y es por ello (…) este Tribunal debe concluir, que en efecto en los 10.000 metros cuadrados atribuidos por la parte recurrente a su dominio, se ha levantado un conjunto turístico recreacional y al existir el mismo, no podrá darse cumplimiento al presupuesto establecido en el artículo 34 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario para la declaratoria de tierras ociosas (…). El tribunal de la causa, determina: El artículo 19, ordinal 3°, de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, establece que los actos de la Administración serán absolutamente nulos, cuando su contenido sea de imposible o de ilegal ejecución, en el caso de autos ha quedado demostrado por los razonamientos antes expuestos, las pruebas aportadas por la recurrente y las presunciones que el favorecen ante la ausencia de presentación del expediente administrativo por parte de la recurrida que el acto de aclaratoria de ociosidad de tierras, de apertura de procedimiento de rescate de garantía del derecho de permanencia (sic) a los pisatarios, es de imposible ejecución en los 10.000, metros de terrenos que han sido destinados a la construcción del Conjunto Recreacional realizado por la recurrente, por lo que respecto de la porción de terreno aludida se debe declarar la nulidad del acto administrativo impugnado y así se declara. Se agrega lo siguiente ante la determinación anterior de considerar nulo el acto administrativo impugnado, respecto de la recurrente, este tribunal considera innecesario proseguir con el análisis de los vicios denunciados por la recurrente, pues el mismo no hará reversible la anterior determinación. Esta Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social, pasa a pronunciarse sobre su competencia para conocer de la presente consulta, y a tal efecto observa que el artículo 195 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario vigente, dispone: Dada la especialidad e interés social de la materia regulada en la presente Ley, será de la competencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, además de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes de la República, las siguientes: 3. De las apelaciones o consultas de las sentencias dictadas por los tribunales superiores contenciosos administrativos agrario y demás asuntos contenciosos administrativos relacionados con la materia regulada en la presente Ley.

 

Por mandato expreso del precepto normativo preliminarmente transcrito, esta Sala debe decidir, como Alzada, de la consulta que nos ocupa, motivado que fue conocida por un Juzgado Superior Agrario actuando como Tribunal de Primera Instancia, y el asunto está relacionado con la materia regulada en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Así se decide. En el caso de autos, se procura la nulidad de un acto administrativo, suficientemente identificado anteriormente, emanado del Instituto Nacional de Tierras, conforme al cual se declaran ociosas o incultas unas tierras, cuya extensión total es de 257 hectáreas con 1.700 metros cuadrados, ordenándose el inicio del procedimiento de rescate sobre éstas. La nulidad pretendida, versa sobre 10.000 mts2 ubicados dentro de la extensión de tierra afectada por el acto recurrido. Así las cosas, se aprecia que la decisión objeto de consulta, previo desecho de la mayoría de los alegatos que tratan de desvirtuar la legalidad del acto confutado, estima que la resolución dictada por el Instituto Nacional de Tierras, es de imposible ejecución, dentro de los 10.000 mts2 cuadrados señalados por el accionante en su escrito libelar, en razón de que esta porción de tierra ha perdido su vocación agrícola, por cuanto sobre la misma se ha levantado un conjunto turístico recreacional. Ahora bien, y observando los hechos soberanamente establecidos por el tribunal de la causa, los cuales se encuentran sustentados en las pruebas cursantes en autos, esta Sala considera que la decisión objeto de consulta, se subsume en contradicción al establecer que la vocación del terreno afectado por el acto recurrido es agraria, para luego considerar que el mismo posee vocación turística. Esto es, el fallo consultado se sustenta en una posición contradictoria con el objeto de poder declarar con lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad propuesto. Así las cosas, se estima que el acto recurrido no debe ser revocado, en tanto y cuanto, tal y como soberanamente fue establecido por el tribunal de la causa, no proceden los alegatos expuestos por el recurrente a efectos de lograr la nulidad del mismo, lo cual es acogido por esta Sala; y el único argumento considerado por el a quo como procedente, es resuelto en base a una contradicción expuesta en la sentencia consultada. Así se decide. En este sentido, es menester señalar que la decisión dictada en primera instancia, advierte que, al resolver lo relativo a la vocación de uso de las tierras objeto de afectación, y por ende considerar parcialmente nulo el acto recurrido, no es necesario resolver los restantes alegatos expuestos por el recurrente a efectos de sustentar su pretensión; sin embargo, y de la lectura de la sentencia en consulta, así como de los argumentos planteados por la parte actora, se observan que los mismos son reiterativos, y ya expuestos con anterioridad, en razón de que los mismos versan sobre la errónea interpretación de la Ley de Tierras Baldías y Ejidos y la violación del derecho de propiedad, puntos ya resueltos previamente en la sentencia objeto de estudio. Por consiguiente, se deberá revocar el fallo objeto de consulta, por la contradicción existente en el mismo y, en consecuencia, sin lugar el recurso de nulidad propuesto”.

 

IV

DE LA COMPETENCIA

 

En primer lugar, debe esta Sala determinar su competencia para conocer la presente solicitud de revisión y al respecto observa que conforme lo establece el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución, la Sala Constitucional tiene atribuida la potestad de “(…) revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva (…)”.

 

Por su parte, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.991 del 29 de julio de 2010, la cual fue reimpresa por error material en Gaceta Oficial N° 39.522 del 1 de octubre de 2010, en su artículo 25 numeral 10, dispone:

 

“Artículo 25. Son competencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:

…omissis…

 

10. Revisar las sentencias definitivamente firmes que sean dictadas por los tribunales de la República, cuando hayan desconocido algún precedente dictado por la Sala Constitucional; efectuado una indebida aplicación de una norma o principio constitucional; o producido un error grave en su interpretación; o por falta de aplicación de algún principio o normas constitucionales”

 

 

Visto que en el caso de autos se pidió la revisión de la decisión dictada el 24 de septiembre de 2009, por la Sala Social en su Sala Especial Agraria, esta Sala Constitucional declara su competencia para el conocimiento de la misma, conforme lo supra expuesto. Así se decide.

 

V

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Pasa la Sala a pronunciarse acerca de la presente solicitud de revisión, no sin antes reiterar el criterio esgrimido en la sentencia N° 44 del 2 de marzo de 2000, caso: “Francia Josefina Rondón Astor”, conforme al cual, la discrecionalidad que se atribuye a la facultad de revisión constitucional, no debe ser entendida como una nueva instancia y, por tanto, la solicitud en cuestión se admitirá sólo a los fines de preservar la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales o cuando exista una grosera violación de preceptos constitucionales.

 

Al respecto se advierte, que el hecho configurador de la revisión extraordinaria no es el mero perjuicio, sino que, además, se verifique un desconocimiento absoluto de algún precedente dictado por esta Sala, la indebida aplicación de una norma constitucional, un error grotesco en su interpretación o, sencillamente, su falta de aplicación, lo cual se justifica en el hecho de que en los recursos de gravamen o de impugnación existe una presunción de que los jueces en su actividad jurisdiccional, actúan como garantes primigenios de la Carta Magna. De tal manera que, sólo cuando esa presunción logra ser desvirtuada es que procede, la revisión de la sentencia (Vid. Sentencia de la Sala N° 2.957 del 14 de diciembre de 2004, caso: “Margarita de Jesús Ramírez”).

 

Del análisis de los alegatos esgrimidos por el apoderado judicial de la solicitante, esta Sala observa que la solicitud de revisión se interpuso contra el fallo dictado por la Sala Social en su Sala Especial Agraria, signado con el número 1399 del 24 de septiembre de 2009, mediante la cual “REVOCA la sentencia sometida a consulta, dictada por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas en fecha 29 de octubre de 2008; y declara SIN LUGAR, el recurso contencioso administrativo de nulidad propuesto contra el acto de fecha 4 de septiembre de 2006, dictado por el Directorio del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, en el cual se acordó la declaratoria de ociosidad del Fundo el Coco, ubicado en el Sector Acarigua-La Mira, Municipio Antolín del Campo, del  Estado Nueva Esparta”.

 

Ahora bien, aprecia la Sala que la denuncia fundamental de la solicitante se refiere a que la sentencia dictada el 24 de septiembre de 2009, por la Sala Especial Agraria, la cual actuó mediante consulta de la sentencia dictada el 29 de octubre de 2008 por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil Bienes de la Circunscripción judicial del Estado Monagas, incurrió en vicios de motivación contradictoria y error de interpretación de normas constitucionales  específicamente “agricultura sustentable y unidades económicas productivas”, lo que trae a decir del solicitante, la violación al debido proceso y el derecho a la defensa.

 

No obstante, esta Sala estima que la Sala Social en su Sala Especial Agraria, no solo analizó y valoró tales circunstancias, sino que fundamentó la revocatoria de la sentencia sometida a su consulta, desglosando de esta manera el referido recurso, es decir realizando una correcta valoración de los vicios allí observados, con lo que llegó a la conclusión de revocar la referida sentencia y declarar sin lugar el recurso de nulidad intentando por los hoy solicitantes de revisión.

 

En este sentido, la Sala de Casación Social en su Sala Especial Agraria, en su fallo del 24 de septiembre de 2009, entre otras cosas, estableció:

“(…) Por mandato expreso del precepto normativo preliminarmente transcrito, esta Sala debe decidir, como Alzada, de la consulta que nos ocupa, motivado que fue conocida por un Juzgado Superior Agrario actuando como Tribunal de Primera Instancia, y el asunto está relacionado con la materia regulada en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Así se decide. En el caso de autos, se procura la nulidad de un acto administrativo, suficientemente identificado anteriormente, emanado del Instituto Nacional de Tierras, conforme al cual se declaran ociosas o incultas unas tierras, cuya extensión total es de 257 hectáreas con 1.700 metros cuadrados, ordenándose el inicio del procedimiento de rescate sobre éstas. La nulidad pretendida, versa sobre 10.000 mts2 ubicados dentro de la extensión de tierra afectada por el acto recurrido. Así las cosas, se aprecia que la decisión objeto de consulta, previo desecho de la mayoría de los alegatos que tratan de desvirtuar la legalidad del acto confutado, estima que la resolución dictada por el Instituto Nacional de Tierras, es de imposible ejecución, dentro de los 10.000 mts2 cuadrados señalados por el accionante en su escrito libelar, en razón de que esta porción de tierra ha perdido su vocación agrícola, por cuanto sobre la misma se ha levantado un conjunto turístico recreacional. Ahora bien, y observando los hechos soberanamente establecidos por el tribunal de la causa, los cuales se encuentran sustentados en las pruebas cursantes en autos, esta Sala considera que la decisión objeto de consulta, se subsume en contradicción al establecer que la vocación del terreno afectado por el acto recurrido es agraria, para luego considerar que el mismo posee vocación turística. Esto es, el fallo consultado se sustenta en una posición contradictoria con el objeto de poder declarar con lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad propuesto. Así las cosas, se estima que el acto recurrido no debe ser revocado, en tanto y cuanto, tal y como soberanamente fue establecido por el tribunal de la causa, no proceden los alegatos expuestos por el recurrente a efectos de lograr la nulidad del mismo, lo cual es acogido por esta Sala; y el único argumento considerado por el a quo como procedente, es resuelto en base a una contradicción expuesta en la sentencia consultada. Así se decide. En este sentido, es menester señalar que la decisión dictada en primera instancia, advierte que, al resolver lo relativo a la vocación de uso de las tierras objeto de afectación, y por ende considerar parcialmente nulo el acto recurrido, no es necesario resolver los restantes alegatos expuestos por el recurrente a efectos de sustentar su pretensión; sin embargo, y de la lectura de la sentencia en consulta, así como de los argumentos planteados por la parte actora, se observan que los mismos son iterativos, y ya expuestos con anterioridad, en razón de que los mismos versan sobre la errónea interpretación de la Ley de Tierras Baldías y Ejidos y la violación del derecho de propiedad, puntos ya resueltos previamente en la sentencia objeto de estudio. Por consiguiente, se deberá revocar el fallo objeto de consulta, por la contradicción existente en el mismo y, en consecuencia, sin lugar el recurso de nulidad propuesto”

 

Así las cosas, se aprecia que la Sala de Casación Social en su Sala Especial Agraria, fundamentó la revocatoria de la sentencia sometida a su consulta, dictada por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, donde la parte procura la nulidad de un acto administrativo, emanado del Instituto Nacional de Tierras, conforme al cual se declara ocioso e inculto un lote de terreno, cuya extensión total es de doscientas cincuenta y siete hectáreas con mil setecientos metros cuadrados        ( 257 hectáreas con 1.700 mts2 ), versando la nulidad pretendida, sobre 10.000 mts2 ubicados dentro de la extensión de tierra afectada por el acto recurrido.

 

Pero es de hacer notar, que los hechos establecidos por el tribunal de la causa, los cuales se encuentran sustentados en las pruebas cursantes en autos, son los que la Sala Especial Agraria consideró en la decisión objeto de consulta, que se subsume en contradicción al establecer que la vocación del terreno afectado por el acto recurrido es agraria, para luego considerar que el mismo posee vocación turística. Por lo que concluye dicha Sala, que el fallo consultado se sustenta en una posición contradictoria con el objeto de poder declarar con lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad propuesto, ya que el acto recurrido no debe ser revocado, en tanto y cuanto, tal y como soberanamente fue establecido por el tribunal de la causa, no proceden los alegatos expuestos por el recurrente a efectos de lograr la nulidad del mismo, lo cual es acogido por la mencionada Sala Especial Agraria al expresar que la parte accionante en todos sus planteamientos, no señala de manera expresa cuáles son las normas que se infringen en los vicios que se delatan, ni en qué forma se materializa la inconstitucionalidad de la decisión impugnada, de igual manera, la parte apelante en la causa principal no indicó cuáles de las pruebas fueron silenciadas impidiendo de esta manera la actividad jurisdiccional por parte de la mencionada Sala.

 

Ello así, estima esta Sala que el fallo objeto de revisión no contraría en modo alguno la jurisprudencia de esta Sala Constitucional, por cuanto no se evidencia que exista un grotesco error de interpretación de la norma constitucional o que se hubiese sostenido un criterio contrario a una jurisprudencia previamente establecida, por el contrario, la Sala de Casación Social en su Sala Especial Agraria fundamentó tanto con argumentos de derecho como con criterios jurisprudenciales su decisión.

 

Ante tal situación, se impone para la Sala reiterar una vez más que, la sola inconformidad con el dispositivo de un fallo adverso -tal y como se desprende del escrito presentado- no da cabida a solicitar la revisión constitucional, toda vez que en el presente caso la sentencia sometida a revisión, se dictó ajustada a derecho, más aún cuando ninguna de las partes que integran la relación jurídico procesal en la presente causa ejercieron el recurso de apelación establecido en la Ley. Asimismo, se ratifica que la revisión constitucional no puede ser utilizada como una tercera instancia, pues ello es contrario al espíritu que inspira dicha institución.

En consecuencia, siendo que tal como estableció esta Sala en la decisión N° 325,  del 30 de marzo de 2005, caso: “Alcido Pedro Ferreira y otros”, la revisión constitucional está dirigida a corregir los errores de interpretación de la Constitución en que puedan incurrir cualquiera de los órganos judiciales, o las inobservancias de criterios vinculantes de la Sala Constitucional, tendentes a preservar la integridad y primacía de la Constitución, esta Sala considera que la revisión solicitada debe ser declarada no ha lugar, toda vez que la sentencia objeto de revisión no contraría en forma alguna el contenido de las normas constitucionales o algún criterio vinculante establecido por esta Sala en cuanto al sentido y alcance que ha de atribuirse a algún precepto constitucional. Así se decide.

 

VI

DECISIÓN

 

 

Por las razones que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara NO HA LUGAR la solicitud de revisión constitucional interpuesta por el  abogado José Armando Sosa, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 48.464, actuando en su carácter de apoderado judicial de la entidad mercantil, INVERSIONES CAMELAMAR C.A, inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el N° 13, Tomo 51-A pro, en fecha 2 de junio de 1987, contra la sentencia número 1399 dictada el 24 de septiembre de 2009, por la Sala de Casación Social en su Sala Especial Agraria, mediante la cual “REVOCA la sentencia sometida a consulta, dictada por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas en fecha 29 de octubre de 2008; y declara SIN LUGAR, el recurso contencioso administrativo de nulidad propuesto contra el acto de fecha 4 de septiembre de 2006, dictado por el Directorio del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, en el cual se acordó la declaratoria de ociosidad del Fundo el Coco, ubicado en el Sector Acarigua-La Mira, Municipio Antolín del Campo, del  Estado Nueva Esparta”.

 

            Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 14 días del mes de  noviembre  de dos mil doce  (2012). Años: 202º de la Independencia y 153º de la Federación.

 

La Presidenta de la Sala,

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

                      Ponente

  

El Vicepresidente,

 

 

 

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

 

 

 

 

 

Los Magistrados,

 

 

 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

 

 

 

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

 

 

 

GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO

 

 

El Secretario,

 

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

Exp. N° 10-0250

LEML/

 

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