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SALA CONSTITUCIONAL
Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
Expediente N° 12-0568
Mediante oficio N° 0480 del 10 de mayo de 2012, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, remitió a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, amparo constitucional, en el cual declaró ( ) FUNCIONALMENTE INCOMPETENTE para conocer la presente solicitud (sic) de amparo constitucional ejercida por el abogado RAFAEL ANTONIO RIVAS HERNÁNDEZ, actuando con el carácter de Defensor Público Primero Agrario del estado Mérida, en representación del ciudadano PANTALEÓN MÁRQUEZ, contra la sentencia dictada en fecha 26 de enero de 2012, por el JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, en el expediente distinguido con el número 03783 de la nomenclatura propia de ese Juzgado, y declina la competencia a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el segundo aparte del artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
El presente amparo constitucional fue ejercido por el abogado Rafael Antonio Rivas Hernández, actuando en su carácter de Defensor Público Primero Agrario del estado Mérida, representando al ciudadano Pantaleón Márquez, contra la sentencia dictada el 26 de enero de 2012, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, que declaró lo siguiente: (:..) PRIMERO: CON LUGAR la solicitud de regulación de competencia, interpuesta en fecha 6 de diciembre de 2011, por el abogado ÁNGEL RAÚL RAMÍREZ MÉNDEZ, en su carácter de apoderado judicial de la demandante, ciudadana MARITZA SUÁREZ MÁRQUEZ, como medio de impugnación de la sentencia interlocutoria proferida el 2 de diciembre de 2011, por el JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS CAMPO ELÍAS Y ARICAGUA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, en el juicio a que se contrae el presente expediente, seguido por la mencionada ciudadana contra el ciudadano PANTALEÓN MÁRQUEZ, por otorgamiento de documento público, mediante lo cual dicho Tribunal, declaró con lugar las cuestiones previas contenidas en el numeral 1 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, así mismo se declaró incompetente en razón de la materia para el conocimiento del mencionado juicio y, en consecuencia, declinó la competencia a la Jurisdicción Especial Agraria, específicamente al JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA. SEGUNDO: En virtud del pronunciamiento anterior, se REVOCA en todas y cada una de sus partes la referida sentencia interlocutoria. TERCERO: Se declara COMPETENTE POR RAZÓN DE LA MATERIA al prenombrado JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS CAMPO ELÍAS Y ARICAGUA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, para seguir conociendo, en primer grado de jurisdicción del mencionado juicio. CUARTO: Como consecuencia del pronunciamiento anterior, se declara SIN LUGAR la cuestión previa promovida por la Defensora Pública Agraria abogada AMARILIS QUINTERO DUGARTE, quien actúa en resguardo del ciudadano PANTALEÓN MÁRQUEZ (Negritas y mayúsculas del texto).
El 24 de mayo de 2012, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
Realizado el estudio individual del expediente, esta Sala pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:
I
DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL
El representante judicial del quejoso fundamentó la pretensión en los siguientes términos:
Que ( ) [p]or ante el tribunal de los Municipios Campo Elías y Aricagua de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, cursa una causa signada con el número 2995 de esa instancia, la cual fue enviada para el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Transito y Menores de la Circunscripción Judicial del estado Mérida para una regulación de competencia, la misma se refiere a una acción mero declarativa, en la cual nuestro defendido ciudadano PANTALEÓN MÁRQUEZ, titular de la cédula de identidad N° 674.933, es demandado por la ciudadana MARITZA SUÁREZ MÁRQUEZ, titular de la cédula de identidad N° 12.654.399 ( ) A todo evento, la persona de la Defensa Pública Primera (Suplente) en materia agraria abogada Amarilis Quintero Dugarte opone en su oportunidad unas cuestiones previas solicitando una regulación de competencia, por cuanto nuestro usuario es un productor agrícola y el predio en cuestión es AGRARIO. Ahora, si bien es cierto, se solicitó la regulación de competencia con la finalidad de que la causa fuera ventilada por ante el Tribunal de Primera Instancia de Transito y Agrario del estado Mérida, mi representado ciudadano Pantaleón Márquez ha ejercido toda su vida la labor agrícola como su oficio y ocupación principal en el fundo denominado PANTALEÓN II, cultivando apio, plátanos y estableciendo rubros estratégicos como es el caso del maíz, siendo beneficiado en los próximos días con el otorgamiento del Derecho de Garantía de Permanencia por el Instituto Nacional de Tierras. Y es el caso, que derivado de la sentencia emanada del identificado Juzgado Superior de fecha 26 de enero de 2012, en la cual se devuelve la competencia al tribunal de los Municipios Campo Elías y Acarigua se viola el derecho constitucional de mi defendido por cuanto el predio que hemos venido señalando es de vocación probadamente agrícola. ( ) y los elementos de convicción que se consignaron a saber: Constancia de Trámite de Derecho de Garantía de Permanencia, Informe Técnico emanado del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y tierras, entre otros, elementos estos, que no fueron considerados por el tribunal al momento de dictar la regulación de competencia. (Mayúsculas del texto)
Que ( ) [e]l Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Transito y Menores de la Circunscripción Judicial del estado Mérida ha debido declinar la competencia al tribunal de Primera Instancia de Transito y Agrario de la Circunscripción judicial del estado Mérida, de acuerdo a lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario que establece lo siguiente: Los Juzgados de Primera Instancia Agraria conocerán de las demandas entre particulares que se promuevan con ocasión de la actividad agraria, sobre los siguientes asuntos: 1.- Acciones declarativas, petitorias, reivindicatorias y posesorias en materia agraria.
Que ( ) Con la decisión del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Transito y Menores de la Circunscripción Judicial del estado Mérida de NO ADMITIR Y SUSTANCIAR ESTO COMO UN ASUNTO MERAMENTE AGRARIO, se violenta de forma directa, inmediata y flagrante, el DERECHO AL DEBIDO PROCESO y el PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LAS FORMAS PROCESALES, establecido en el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, TENTANDO DE MANERA ALARMANTE CON EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA. (Mayúsculas del texto).
Que (:..) [c]con la decisión de no admitir y sustanciar esto como un asunto netamente agrario, le ha violentado directamente a sus representados aquí accionantes, en sede constitucional, derechos tan inherentes al ser humano como el debido proceso, que envuelve el principio de legalidad de las formas procesales, causando un sentimiento de desconfianza y zozobra, en el ordenamiento jurídico, por cuanto toda persona tiene derecho a que sus controversias sean suscitadas por el procedimiento previamente establecido por el legislador patrio, en materia agraria, por ante la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, lo que hace necesario que esto sea estudiado por el Juez Constitucional.
Que ( ) La violación a derechos constitucionales en este escrito alegado, pueden ser reparadas con la nulidad de la decisión de NO admitir la querella interpuesta como un ASUNTO MERAMENTE AGRARIO y la reposición de causa N° 2995, al estado que el tribunal revise los requisitos de admisibilidad de la acción propuesta. Así mismo, los derechos constitucionales conculcados con el auto de admisión son de ORDEN PÚBLICO y por lo tanto no pueden ser relajados ni por las partes sin por el juez, y no opera la convalidación de ninguna forma. (Mayúsculas del texto)
En razón de tales argumentos, solicitó se declare con lugar la presente acción de amparo constitucional y, en consecuencia, se anule el fallo dictado el 26 de enero de 2012, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Protección de Niños Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Mérida y la consecuente sustanciación del mencionado procedimiento interdictal, así como de cualquier providencia o medida relacionada con el referido procedimiento. De igual manera, solicitó que se decretara medida cautelar de suspensión en el presente caso hasta tanto no sea decidido el presente amparo constitucional.
II
DEL FALLO ACCIONADO
En fecha 26 de enero de 2012, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Transito y Protección de Niños Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, dictó sentencia bajo las siguientes consideraciones:
(
) De la atenta lectura del escrito de solicitud de regulación de competencia en referencia, se constata que el apoderado actor expresó las razones y fundamentos, que sustentan ese medio de impugnación, tal como así lo exige el artículo 71 del Código de Procedimiento Civil, y en virtud de que la competencia por la materia es una institución de eminente orden público, esta Superioridad procede a emitir decisión expresa, positiva y precisa respecto a la cuestión de competencia elevada por vía de regulación a su conocimiento, lo cual hace previas las consideraciones siguientes: Se evidencia que el Juzgado de los Municipios Campo Elías y Aricagua de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en el cual fue presentado (sic) la demanda propuesta por la ciudadana MARITZA SUÁREZ MÁRQUEZ, contra el ciudadano PANTALEÓN MÁRQUEZ, por otorgamiento de documento público, mediante sentencia dictada en fecha 2 de diciembre de 2011 (folios 27 al 29), declaró con lugar la cuestión previa prevista en el orinal 1° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, y se declaró incompetente por razón de la materia para conocer de tal demanda y declinó su conocimiento en la Jurisdicción Especial Agraria, en (sic) específicamente al JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA(sic). Así las cosas, este Juzgado para decidir observa: La norma rectora de la competencia por la materia se halla en el artículo 28 del Código de Procedimiento Civil, cuyo tenor es el siguiente:La competencia por la materia se determina por la naturaleza de la cuestión que se discute y por las disposiciones legales que la regulan. Conforme a la disposición legal supra inmediata transcrita, la competencia por la materia de un determinado órgano jurisdiccional para conocer de una específica pretensión deviene de dos elementos, a saber: a) la naturaleza jurídica de la controversia, conflicto o asunto sometido al conocimiento y decisión del Juez o Tribunal; y b) la normativa legal que lo regula.En consideración a dichos elementos objetivos es, pues, que debe determinarse cuál es el Tribunal competente por razón de la materia para conocer del juicio de otorgamiento de documento público (regulación de competencia) a que se contrae el presente expediente. Sentadas las anteriores premisas, del libelo de la demanda se evidencia que la pretensión deducida por la ciudadana MARITZA SUÁREZ MÁRQUEZ, tiene por objeto el otorgamiento del documento público de un lote de terreno que adquirió al ciudadano PANTALEÓN MÁRQUEZ, ubicado en la Aldea Palo Negro, Parroquia Jají, jurisdicción del Municipio Campos Elías del estado Mérida, sobre la base de las consideraciones expuestas, procede este operador de justicia a verificar si el conocimiento de la pretensión de marras es o no competencia de un Juzgado de Primera Instancia Agraria, como lo sostiene el Tribunal declinante, a cuyo efecto se observa: Las normas rectoras de la competencia por la materia de los Juzgados de Primera Instancia Agraria se hallan en los artículos 197 y 208 de la vigente Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, cuyos respectivos textos se reproducen a continuación: Artículo 197.- Las controversias que se susciten entre particulares con motivo de las actividades agrarias serán sustanciadas y decididas por los tribunales de la jurisdicción agraria, conforme al procedimiento ordinario agrario, el cual se tramitará oralmente, a menos que en otras leyes se establezcan procedimientos especiales.Artículo 208. Los juzgados de primera instancia agraria conocerán de las demandas entre particulares que se promuevan con ocasión de la actividad agraria, sobre los siguientes asuntos:1. Acciones declarativas, petitorias, reivindicatorias y posesorias en materia agraria. 2. Deslinde judicial de predios rurales. 3. Acciones relativas al uso, aprovechamiento, constitución de servidumbres y demás derechos reales, para fines agrarios. 4. Acciones sucesorales sobre bienes afectos a la actividad agraria.5. Acciones derivadas del derecho de permanencia.6. Procedimientos de desocupación o desalojos de fundos.7. Acciones derivadas de perturbaciones o daños a la propiedad o posesión agraria.8. Acciones derivadas de contratos agrarios.9. Acciones de indemnización de daños y perjuicios derivados de la actividad agraria. 10. Acciones originadas con ocasión a la constitución del patrimonio familiar agrario. 11. Acciones derivadas de conflictos suscitados entre sociedades de usuarios, uniones de prestatarios, cooperativas y demás organizaciones de índole agraria.12. Acciones derivadas del crédito agrario.
13. Acciones y controversias surgidas del uso, aprovechamiento, fomento y conservación de los recursos naturales renovables que determine la ley.14. Acciones derivadas del uso común de las aguas de regadío y de las organizaciones de usuarios de las mismas.15. En general, todas las acciones y controversias entre particulares relacionados con la actividad agraria. Sentado lo anterior se puede apreciarse que, para la determinación de la denominada competencia genérica de los Juzgados de Primera Instancia Agraria, establecida en el encabezamiento de los artículos 197 y 208 de la precitada Ley, antes transcritos, el legislador tomó en cuenta tanto un elemento subjetivo (ratione personae): los sujetos de la pretensión o del litigio, al exigir que éstos deben ser particulares, como un elemento objetivo (ratione materiae), esto es, la naturaleza jurídica o calidad de la controversia o asunto planteado ante el órgano jurisdiccional, al requerir que se trate de una demanda promovida con ocasión de la actividad agraria, en la que --según el criterio reiterado de este Juzgado Superior-- necesariamente debe sustentarse la causa petendi o versar el objeto inmediato de la pretensión deducida. Por ello, debe concluirse que para que una determinada demanda corresponda a la esfera de la competencia genérica de los Juzgados de Primera Instancia Agraria, es menester que mediante la misma se haga valer una pretensión contenciosa o de jurisdicción voluntaria entre particulares con ocasión de la actividad agraria y que esa pretensión se corresponda con alguna de aquellas indicadas, de manera enunciativa, en los 15 cardinales del artículo 197 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Entre los asuntos atribuidos específicamente a la competencia de los Juzgados de Primera Instancia Agraria, el cardinal 15 del precitado artículo 197 de la referida ley, incluye todas las acciones y controversias entre particulares relacionados con la actividad agraria", entre las cuales caben aquellas pretensiones que tengan por objeto el otorgamiento de documento público, siempre que éstos estén afectos a la actividad agraria en cualesquiera de sus manifestaciones y la demanda se deduzca entre particulares con ocasión de la referida actividad. En ese mismo sentido se pronunció la Sala Especial Agraria de la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 5 de agosto de 2004, expediente n° 04-324, sent. nº 912, bajo ponencia de la conjuez Nora Vásquez de Escobar (caso: Jesús Alfredo Montilla Almeiday otros), en los términos siguientes: [Omissis] Empero, esta Sala Especial Agraria, con la finalidad de ampliar el criterio jurisprudencial enfocado ut supra, estima pertinente considerar que para poder determinar la competencia genérica de los Juzgados Agrarios se tendrá como norte la naturaleza del conflicto en función de la actividad agraria realizada, debiendo cumplir el mismo con los siguientes requisitos: 1°) Que se trate de un inmueble susceptible de explotación agropecuaria donde se realice actividad de esta naturaleza y que la acción que se ejercite sea con ocasión de esta actividad, y B) que el inmueble en cuestión esté ubicado en el medio urbano o en el medio. Sentadas las anteriores premisas, de la atenta lectura del libelo de la demanda, se evidencia que la actora omitió indicar la actividad que se desarrolla en el inmueble objeto de la pretensión deducida, limitándose a señalar su ubicación y linderos generales. Este jurisdicente observa que, en los documentos, producidos junto con el libelo, concretamente, los que obran agregados a los folios 5 al 15, contentivo de la compraventa realizada por la actora y el demandado; y por el demandado con el ciudadano SABINO MÁRQUEZ RONDÓN, sobre el inmueble cuya otorgamiento de documento pretende la demandante en esta causa, se identificó éste como un lote de terreno. Por ello, debe concluirse que, el mismo no es vocación agraria, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 198 de dicho texto normativo, el mismo, por calificación legal, no puede considerarse como un predio rústico o rural, y que de los anexos presentados por la Defensora Pública Agrario, abogada AMARILIS C. QUINTERO DUGARTE quien actúa en resguardo de ciudadano PANTALEÓN MÁRQUEZ, junto con el escrito de promoción de cuestión previa, no se evidencia que sobre dicho inmueble se desarrolle una específica actividad agrícola; por cuánto dichos documentos se refieren a solicitud de trámites administrativos y así se declara. En virtud de las amplias consideraciones que se dejaron expuestas, esta Superioridad concluye que el conocimiento y decisión, en primera instancia, de la pretensión de otorgamiento de documento público en referencia, no corresponde, por razón de la materia, a la competencia de los Tribunales que integran la Jurisdicción Especial Agraria, como lo sostiene la parte demandada cuestionante, sino a los de la Jurisdicción Civil Ordinaria y, concretamente, al Juzgado de los Municipios Campo Elías y Aricagua de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, ante el cual se interpuso la demanda, y así se declara. Consecuente con la declaración anterior, en la parte dispositiva de la presente sentencia este Tribunal Superior declarará con lugar la regulación de competencia; Y sin lugar la cuestión previa interpuesta por la Defensora Pública Agrario, abogada AMARILIS C. QUINTERO DUGARTE, quien actúa en resguardo de ciudadano PANTALEÓN MÁRQUEZ parte demandada y, en consecuencia, se revocará en todas y cada una de sus partes el fallo recurrido.
DISPOSITIVA
PRIMERO: CON LUGAR la solicitud de regulación de competencia, interpuesta en fecha 6 de diciembre de 2011, por el abogado ÁNGEL RAÚL RAMÍREZ MÉNDEZ, en su carácter de apoderado judicial de la demandante, ciudadana MARITZA SUÁREZ MÁRQUEZ, como medio de impugnación de la sentencia interlocutoria proferida el 2 de diciembre de 2011, por el JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS CAMPO ELÍAS Y ARICAGUA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, en el juicio a que se contrae el presente expediente, seguido por la mencionada ciudadana contra el ciudadano PANTALEÓN MÁRQUEZ, por otorgamiento de documento público, mediante la cual dicho Tribunal, declaró con lugar la cuestiones previas contenida en el numeral 1° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil (sic), asimismo se declaró incompetente en razón de la materia para el conociendo del mencionado juicio y, en consecuencia, declinó la competencia a la Jurisdicción Especial Agraria, en específicamente al JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA SEGUNDO: En virtud del pronunciamiento anterior, se REVOCA en todas y cada una de sus partes la referida sentencia interlocutoria. TERCERO: Se declara COMPETENTE POR RAZÓN DE LA MATERIA al prenombrado JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS CAMPO ELÍAS Y ARICAGUA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, para seguir conociendo, en primer grado de jurisdicción, del mencionado juicio. CUARTO: Como consecuencia del pronunciamiento anterior, se declara SIN LUGAR la cuestión previa promovida por el por la Defensora Pública Agrario, abogada AMARILIS C. QUINTERO DUGARTE, quien actúa en resguardo de ciudadano PANTALEÓN MÁRQUEZ
III
DE LA COMPETENCIA
En primer lugar debe esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente acción de amparo, y a tal efecto observa:
En virtud de lo dispuesto en la sentencia de esta Sala del 20 de enero de 2000, (caso: Emery Mata Millán), y, en concordancia con el artículo 25 cardinal 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela y, a tenor de lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales que establece un régimen de competencia especial para este tipo de amparo, resulta necesario reiterar que le corresponde a esta Sala Constitucional conocer de las acciones de amparo en primera instancia contra decisiones u omisiones de los Juzgados o Tribunales Superiores -salvo los Contencioso Administrativos-, las Cortes de lo Contencioso Administrativo, y las Cortes de Apelaciones en lo Penal.
En el presente caso, se somete al conocimiento de la Sala, una acción de amparo constitucional interpuesta, contra un fallo dictado por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Menores de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, motivo por el cual esta Sala se declara competente para resolver la presente acción en única instancia, y así se declara.
IV
DE LA ADMISIBILIDAD
Determinada la competencia, pasa la Sala a pronunciarse sobre la admisibilidad del asunto sometido a su conocimiento, para lo cual observa:
Luego del análisis de la pretensión de amparo que fue interpuesta, esta Sala procede a la comprobación del cumplimiento de los requisitos que exige el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y encuentra que dicha pretensión cumple con los mismos. Así se declara.
En cuanto a la admisibilidad de la demanda de amparo sub examine a la luz de las causales de inadmisibilidad que establece el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en concordancia con el artículo133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala concluye que, por cuanto no está incursa prima facie en las mismas, es admisible. Así se declara.
Por último, estima pertinente la Sala, a los fines de dictar una decisión ajustada a derecho en la oportunidad procesal correspondiente, solicitar al Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Transito y Protección de Niños Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Mérida que en el lapso de cinco (5) días hábiles, más siete (7) días del término de la distancia, remita copias certificadas legibles- de todo el expediente correspondiente a la Regulación de Competencia intentada por la ciudadana Maritza Suárez Márquez, titular de la cédula de identidad N° 12.654.399 contra el ciudadano Pantaleón Márquez, titular de la cédula de identidad N° 674.933, el cual guarda relación con la presente causa.
V
DE LA MEDIDA CAUTELAR
El artículo 130 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia consagra la potestad cautelar de esta Sala en los términos siguientes:
Artículo 130. En cualquier estado y grado del proceso las partes podrán solicitar, y la Sala Constitucional podrá acordar, aun de oficio, las medidas cautelares que estime pertinentes. La Sala Constitucional contará con los más amplios poderes cautelares como garantía de la tutela judicial efectiva, para cuyo ejercicio tendrá en cuenta las circunstancias del caso y los intereses públicos en conflicto.
De igual manera, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Sala establecida en la sentencia N° 156/2000 del 24 de marzo, esta Sala estableció, respecto de la solicitud de medidas cautelares dentro de los juicios de amparo constitucional, que el peticionante no está obligado a probar la existencia del fumus boni iuris ni del periculum in mora, sino que, dada la celeridad y brevedad que caracterizan al proceso de amparo constitucional, depende únicamente del sano criterio del juez acordar o no tales medidas, tomando en consideración las circunstancias particulares del caso sometido a su examen.
En efecto, respecto del poder cautelar del Juez en el proceso de amparo, la Sala asentó en el fallo que fue citado lo siguiente:
A pesar de lo breve y célere de estos procesos, hay veces en que se hace necesario suspender el peligro que se cierne sobre la situación jurídica que se dice infringida o evitar que se pueda continuar violando antes que se dicte el fallo del proceso de amparo; y dentro de un Estado de Derecho y de Justicia ante esa necesidad, el juez del amparo puede decretar medidas precautelativas. Pero para la provisión de dichas medidas, y al menos en los amparos contra sentencias, al contrario de lo que exige el Código de Procedimiento Civil, al peticionario de la medida no se le pueden exigir los requisitos clásicos de las medidas innominadas: fumus boni iuris, con medios de prueba que lo verifiquen; ni la prueba de un periculum in mora (peligro de que quede ilusoria la ejecución del fallo), como sí se necesita cuando se solicita una medida en base al artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, donde también han de cumplirse los extremos del artículo 588 eiusdem, si se pide una cautela innominada.
Dada la urgencia del amparo, y las exigencias del artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, no puede exigírsele al accionante, que demuestre una presunción de buen derecho, bastando la ponderación por el juez del fallo impugnado; mientras que por otra parte, el periculum in mora, está consustanciado con la naturaleza de la petición de amparo, que en el fondo contiene la afirmación que una parte está lesionando a la otra, o que tiene el temor que lo haga y, que requiere que urgentemente se le restablezca o repare la situación.
De allí, que el juez del amparo, para decretar una medida preventiva, no necesita que el peticionante de la misma le pruebe los dos extremos señalados con antelación en este fallo, ni el temor fundado de que una de las partes pueda causar a la otra lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra, ya que ese temor o el daño ya causado a la situación jurídica del accionante es la causa del amparo, por lo que el requisito concurrente que pide el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, para que procedan las medidas innominadas, tampoco es necesario que se justifique; quedando a criterio del juez del amparo, utilizando para ello las reglas de lógica y las máximas de experiencia, si la medida solicitada es o no procedente.
Viene a ser la posible tardanza de la resolución del proceso de amparo, así él sea breve, el elemento principal a tomar en cuenta por el juez que ha admitido el amparo, a los fines del decreto de medidas preventivas, y ello queda a su total criterio. El juez que admite un amparo, no lo hace con el mismo criterio que el juez civil que admite la demanda a ventilarse por el juicio ordinario, ya que lo que se pondera en este proceso es distinto. En el amparo lo que analiza el juez es la posibilidad de que se esté lesionando al accionante en un derecho constitucional, motivo por el cual la sentencia de amparo no es ni de condena, ni mero declarativa, ni constitutiva; y si por la verosímil lesión se da curso al amparo se está aceptando la posibilidad de un buen derecho por parte del accionante, que no necesita prueba específica, bastándose el fallo impugnado para crear la verosimilitud, lo que motiva la admisión de la acción y la apertura del juicio de amparo.( )
Lo importante de la medida que se solicita con el amparo, es la protección constitucional que se pretenda y, al igual que en los artículos 3 y 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la protección constitucional se concreta suspendiendo efectos lesivos o amenazantes, y es éste el tipo básico de medidas que puede pedir el accionante, y cuyo decreto queda a criterio del juez de amparo si lo estima o considera procedente para la protección constitucional sobre la cual gravita la inmediatez del daño. Es más, no permitiendo la estructura del proceso de amparo una específica oposición a la medida que se pide con la solicitud de amparo, el juez debe analizar muy bien los efectos que puede causar la medida que decrete, teniendo en cuenta la actuación de los afectados y el carácter reversible de lo que decrete, en el sentido de que si el accionante no tuviese razón, la medida no perjudica al accionado. Esto sin perjuicio de la responsabilidad proveniente del error judicial. (s.S.C. n.° 156 de 24 de marzo de 2000, caso: Corporación LHotels, C.A.).
Observa la Sala que, en el caso bajo examen, el solicitante de la presente medida cautelar, tomó como fundamento el hecho que el Tribunal Superior Segundo en lo Civil, Mercantil Tránsito y Protección de Niños Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, continuara conculcando el derecho al debido proceso y de legalidad de las formas procesales, por cuanto para la fecha de la interposición del referido amparo, se encontraba en trámite la referida acción declarativa ante dicho tribunal, por lo que solicita que se decrete la medida cautelar a los fines de evitar que se dicte una decisión definitiva mientras se tramite el referido amparo constitucional.
Tomando en cuenta lo antes señalado, y con fundamento en el criterio jurisprudencial expuesto, resulta procedente acordar una medida cautelar innominada consistente en la suspensión de los efectos de la decisión dictada en fecha 26 de enero de 2012, por el Tribunal Superior Segundo en lo Civil, Mercantil Tránsito y Protección de Niños Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Mérida que declaró con lugar la regulación de competencia planteada por el ciudadano Ángel Raúl Márquez, en su carácter de apoderado judicial de la demandante, ciudadana Maritza Suárez Márquez, como medio de impugnación de la sentencia interlocutoria proferida el 2 de diciembre de 2011, por el Juzgado de los municipios Campo Elías y Acarigua de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en el juicio a que se contrae el presente expediente, seguido por la mencionada ciudadana contra el ciudadano Pantaleón Márquez, mediante lo cual dicho Tribunal, declaró con lugar las cuestiones previas contenidas en el numeral 1 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, así mismo se declaró incompetente en razón de la materia para el conocimiento del mencionado juicio y, en consecuencia, declinó la competencia a la Jurisdicción Especial Agraria, específicamente al Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida.
VI
DECISIÓN
Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara:
1. Su COMPETENCIA para conocer el amparo interpuesto.
2. ADMITE la acción de amparo constitucional ejercida por el abogado Rafael Antonio Rivas Hernández, actuando en su carácter de Defensor Público Primero Agrario del Estado Mérida, representando al ciudadano Pantaleón Márquez, contra la sentencia dictada el 26 de enero de 2012, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, mediante el cual se declaró. CON LUGAR la solicitud de regulación de competencia, interpuesta en fecha 6 de diciembre de 2011, por el abogado ÁNGEL RAÚL RAMÍREZ MÉNDEZ, en su carácter de apoderado judicial de la demandante, ciudadana MARITZA SUÁREZ MÁRQUEZ, como medio de impugnación de la sentencia interlocutoria proferida el 2 de diciembre de 2011, por el JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS CAMPO ELÍAS Y ARICAGUA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, en el juicio a que se contrae el presente expediente, seguido por la mencionada ciudadana contra el ciudadano PANTALEÓN MÁRQUEZ, por el otorgamiento de documento público, mediante lo cual dicho Tribunal, declaró con lugar las cuestiones previas contenidas en el numeral 1 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, así como se declaró incompetente en razón de la materia para el conocimiento del mencionado juicio y, en consecuencia, declinó la competencia a la Jurisdicción Especial Agraria, específicamente al JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA.
3. ORDENA notificar de esta decisión al Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, notificación que deberá acompañarse con copia de este fallo y del escrito continente de la demanda de amparo, con la información de que podrá hacerse presente en la audiencia pública, cuyo día y hora serán fijados por la Secretaría de la Sala, para que exponga lo que estime pertinente acerca de la demanda de amparo constitucional a que se contraen las presentes actuaciones. Se le advertirá al notificado que su ausencia no será entendida como aceptación de los hechos que se le imputaron.
4. ORDENA notificar de la presente acción a la ciudadana Fiscal General de la República.
5. ORDENA notificar al ciudadano Pantaleón Márquez, titular de la cédula de identidad N° 674.933, en su condición de accionante del presente amparo constitucional.
6. ORDENA notificar a la Defensa Publica, en su condición de representante de la parte accionante en el presente amparo constitucional
7. ORDENA notificar a la ciudadana Maritza Suárez Márquez, como tercer interesado en la presente acción de amparo constitucional.
8. ACUERDA la medida cautelar innominada de suspensión de efectos que se solicitó.
9. ORDENA oficiar al Juzgado de los municipios Campo Elías y Aricagua de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, a fin de que de cumplimiento a lo aquí ordenado, con respecto a la medida cautelar acordada.
Publíquese, regístrese y notifíquese.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 14 días del mes de noviembre de dos mil doce (2012). Años: 202º de la Independencia y 153º de la Federación.
La Presidenta de la Sala,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
Ponente
El Vicepresidente,
FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
Los Magistrados,
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER
GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
Exp. N° 12-0568
LEML/