Sentencia N.º 1495
Sentencia N.º 1495
- Sentencia
- N.º 1495
- Fecha
- 14/11/2012
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 12-0725
- Ponente
- Francisco Antonio Carrasquero López
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: FRANCISCO A. CARRASQUERO LÓPEZ
Mediante escrito recibido por ante esta Sala Constitucional, el 4 de julio de 2012, el abogado Simón José Arrieta Quintero, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 67.642, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano DEMETRIO ANTONIO FLOREANI CUZZOLINI, titular de la cédula de identidad N° V-4.062.477, ejerció acción de amparo constitucional contra la decisión N° 113-12, dictada, el 2 de mayo de 2012, por la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, que declaró inadmisible por inimpugnable el recurso de apelación interpuesto contra el auto dictado, el 14 de febrero de 2012, por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control del mismo Circuito Judicial Penal, Extensión Cabimas, mediante el cual ordenó oficiar a la Fiscalía Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, Extensión Valera, y al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Subdelegación Valera, para que informen sobre las investigaciones y trámites relacionados con una denuncia interpuesta por el ciudadano Leoned Vinicio Parra, relativas al hurto de un vehículo de su propiedad; todo en el marco de una solicitud de entrega material de un vehículo, efectuada por el ciudadano Demetrio Antonio Floreani Cuzzolini.
El 11 de julio de 2012, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado doctor FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ, quien, con tal carácter, suscribe la presente decisión.
Efectuado el examen de los alegatos y denuncias planteadas, la Sala pasa a decidir, previas las consideraciones siguientes:
I
ANTECEDENTES
El ciudadano Demetrio Antonio Floreani Cuzzolini solicitó la entrega material de un vehículo que había sido hurtado y, posteriormente, fue recuperado. En el marco de dicho procedimiento, se produjo la intervención del ciudadano Leoned Vinicio Parra, quien también se atribuyó la propiedad del vehículo
El 14 de febrero de 2012, el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Extensión Cabimas, dictó auto mediante el cual ordenó oficiar a la Fiscalía Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, Extensión Valera, y al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Subdelegación Valera, para que informasen sobre las investigaciones y trámites relacionados con una denuncia interpuesta por el ciudadano Leoned Vinicio Parra, relativa al hurto de un vehículo de su propiedad.
La anterior decisión fue apelada, correspondiendo el conocimiento de la causa a la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del mismo Circuito Judicial Penal, quien, el 2 de mayo de 2012, la declaró inadmisible por inimpugnable.
Contra esta última sentencia fue ejercida la presente acción de amparo constitucional.
II
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO
La acción de amparo constitucional fue fundamentada en los siguientes argumentos:
Que el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control lejos de dar respuesta a la orden emanada por el Tribunal de Alzada, es decir, Corte de Apelaciones Sala Número Tres Del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia fechada Veintisiete (27) de Octubre de dos mil diez, decisión en la cual acordó y ordenó el desarrollo de una nueva audiencia oral para debatir los alegatos formulados por las partes y dar respuesta a los planteamientos solicitados por los mismos el día catorce (14) de Febrero de dos mil doce sobre una aporía acordó oficiar a la Fiscalía Quinta del Ministerio Público y al Cuerpo de Investigaciones Científicas[,] Penales y Criminalísticas sub delegación Valera sin fundamento en norma constitucional y procedimental, desacatando el procedimiento instituido en el artículo 312 del Código Orgánico Procesal Penal, la sentencia número 1.412 emanada de [l]a Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha treinta (30) de Junio de dos mil cinco y sobre todo la orden emanada de la Corte de Apelaciones Sala Número Tres Del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia calendada el día veintisiete (27) de Octubre de dos mil diez, representando la actuación antes señalada una flagrante violación a la noción de la tutela judicial efectiva y del debido proceso .
Que fue interpuesto el recurso de apelación de auto contra la decisión emanada del Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia y no de juicio como arguyó la decisión emanada de la Sala Número Tres de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia fechada el día dos (02) de Mayo de dos mil doce, decisión ésta que declaró inadmisible el recurso de apelación por cuanto el Tribunal Colegiado estimó que el auto que pretendió enervar por vía de apelación el mandatario judicial constituía un auto de mera sustanciación dictado por el Tribunal de Control a los fines de ordenar el curso del proceso que no implicó decisión alguna sobre algún planteamiento controvertido entre las partes sino que según la corte de apelaciones supliendo al Tribunal de Primera Instancia obedeció a una solicitud de información al Ministerio Público con la finalidad de establecer la verdad que permitiera una tutela judicial efectiva según la Corte de Apelaciones conforme a lo previsto en el artículo 13 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela .
Que el sensor discrepa de la decisión tomada del Tribunal de Alzada en razón de que no pueda hablarse de un auto de mero trámite ni de facultades otorgadas al Juez para la dirección y control del proceso, por cuanto el asunto in commento trata de una devolución [de] un objeto erigido inicialmente conforme al artículo 312 del Código Orgánico Procesal Penal ya que dos partes, es decir, el ciudadano DEMETRIO ANTONIO FLOREANI CUZZOLINI y el ciudadano LEONED VINICIO PARRA ESTRADA reclaman la titularidad de un vehículo que según las inspecciones y los peritajes correspondientes es propiedad única y exclusiva del ciudadano DEMETRIO ANTONIO FLOREANI CUZZOLINI a quien le fue hurtado el vehículo objeto de la correspondiente reclamación, acotando el libelante que la tercería por expresa disposición del Código Orgánico Procesal Penal no opera para las cosas que hayan sido objeto de robo, hurto o estafada, las cuales según expresa disposición del artículo 312 se entregarán al propietario en cualquier estado del proceso una vez comprobado su condición por cualquier medio y previo avalúo, situación fáctica que no ocurrió en el respectivo asunto de marras sino que por el contrario sin fundamentación en norma constitucional o procedimental el Tribunal de Primera Instancia omitió dar respuesta a la solicitud de entrega instituyendo un auto cuyo basamento jurídico no se encuentra establecido ni el Código Orgánico Procesal Penal ni mucho menos en el Código de Procedimiento Civil artículo 607 por remisión expresa del Código Orgánico Procesal Penal (Destacado de la parte accionante).
Que la decisión impugnada no solo transgrede la noción de la tutela judicial efectiva y del debido proceso sino que a la vez implica una denegación de justicia para el ciudadano DEMETRIO ANTONIO FLOREANI CUZZOLINI, el cual víctima desde el punto de vista del daño punible de la acción recaída sobre su derecho de propiedad y a la vez víctima por parte del error de derecho incurrido por el tribunal de primera instancia y convalidado por la corte de apelaciones sala número tres en fecha dos (02) de Mayo de 2012 al declarar inadmisible el recurso de apelación de auto (Destacado de la parte accionante).
Que el vehículo aludido es propiedad única y exclusiva del ciudadano DEMETRIO ANTONIO FLOREANI CUZZOLINI tal como se desprende del dictamen pericial suscrito en fecha primero (01) de Abril de dos mil once a través del acta de inspección judicial con la presencia de todas las partes (Destacado de la parte accionante).
Que el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control conculcó con su lesiva actuación el derecho a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, al (sic) derecho a la propiedad y e[l] procedimiento instituido en los artículos 311 y 312 del Código Orgánico Procesal Penal convalidado los vicios ya denunciados por la decisión número 113-12 emanada de la Sala Número Tres de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia en fecha dos (02) de Mayo de dos mil doce .
Finalmente solicitó que se declare la nulidad absoluta de la decisión numero (sic) 113-12 emanada de la Corte de Apelaciones Sala Numero (sic) tres del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia calendada el dos (2) de Mayo de dos mil doce ( ) ordenando como solución procesal a otra Corte de Apelaciones que ingrese al conocimiento del recurso de apelación con estricta sujeción al procedimiento instituido en la parte de los recursos y a la esfera de competencia prevista en el Código Orgánico Procesal Penal .
III
DE LA DECISIÓN OBJETO DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL
La Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia sustentó la decisión accionada en las siguientes consideraciones:
en criterio de este Tribunal Colegiado, se evidencia que el auto accionado por la defensa, constituye un auto de mera sustanciación, toda vez que en el mismo se ordenó oficiar a la Fiscalia (sic) Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo, Extensión Valera, a los fines de que informará al tribunal si cursa investigación signada bajo el N° D21-0806-07, y ofició al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas (sic), Subdelegación Valera, a fin de que informe a este Juzgado sobre el tramite (sic) de denuncia interpuesta por el ciudadano DEMETRIO ANTONIO FLOREANI en fecha 25/01/2007, sin emitir el Juzgado de Instancia, pronunciamiento alguno sobre el mérito de la causa. Sobre la naturaleza del pronunciamiento que resultó impugnado, es pertinente examinar la Sentencia emanada de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República, en fecha 20-02-04, signada bajo el N° 223, que sostiene:
( ) Ahora bien, la Sala advierte que, a pesar de que el legislador utiliza indistintamente las expresiones sentencia, auto y decreto, debe señalarse que los mismos son actos procesales que cumplen funciones distintas, pues, la sentencia, la cual si es definitivamente firme, puede ser objeto de la solicitud de revisión, resuelve el mérito de la causa, al acoger o rechazar la pretensión de la parte actora, o una cuestión incidental que surge durante el proceso. En cambio, el auto y el decreto, son actos de sustanciación o de mero trámite (Arístides Rengel-Romberg. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano según el nuevo Código de 1987. Tomo II. Caracas. Editorial Arte, 1995, pp. 148-152). Aunado a ello vemos como el autor JORGE LONGA SOSA, en su obra Derecho Procesal Penal refiere que los autos de mera sustanciación son aquellos que dicta el Juez para la normal marcha del proceso, no son apelables y sólo pueden ser revocados por el mismo juez que los dictó. Estos autos son providencias que impulsan y ordenan el proceso y por ello no causan lesión o gravamen de carácter material o jurídico a las partes al no decidir puntos de controversia.
En este orden de ideas, dicha Sala en Sentencia N° 1667, dictada en fecha 19-08-04, refirió que los actos de mera sustanciación se caracterizan porque no contienen decisión de algún punto, ni de procedimiento ni de fondo, son ejecuciones de facultades otorgadas por la ley al juez para la dirección y sustanciación del proceso y por no producir gravamen alguno a las partes son inapelables y esencialmente revocables por contrario imperio, de oficio por el juez o a solicitud de parte.
Manteniendo la mencionada Sala, en la actualidad el criterio al sostener que:
Al respecto, se advierte que los autos de mero trámite o de sustanciación del proceso, son providencias interlocutorias que dicta el juez en el curso del proceso, en ejecución de normas procesales, dirigidas a asegurar la marcha del procedimiento, que no implican la decisión de una cuestión controvertida y, que por no producir gravamen alguno a las partes, son inapelables, pero pueden ser revocados por contrario imperio a solicitud de parte o de oficio por el juez (Sala Constitucional del Tribunal Supremo [de Justicia,] fallo 02 de fecha 17.01.2007, con ponencia de la Magistrada Luisa E Morales Lamuño). (Negrilla y subrayado de la Sala).
Quienes aquí deciden establecen, que puesto que en el caso en concreto, se ha ejercido un recurso de apelación de autos, en contra de un auto de mero trámite o de sustanciación del proceso dictado por un Tribunal de Control, a los fines de ordenar el curso del proceso, que no implica decisión alguna, sobre algún planteamiento controvertido entre las partes, sino que obedece a una solicitud de información al Ministerio Publico (sic) con la finalidad de establecer la verdad que permita una tutela judicial efectiva de conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Código Organico (sic) Procesal Penal y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Lo que caracteriza a estos autos, es que pertenecen al trámite procedimental, no contienen decisión de algún punto, bien de procedimiento o de fondo, son ejecución de facultades otorgadas al juez para la dirección y control del proceso y, por no producir gravamen alguno a las partes, son inapelables, no obstante pueden ser revocados a solicitud de parte, puesto que para ellos procede el recurso de revocación, a tenor de lo establecido en el artículo 444 del Código Orgánico Procesal Penal, y no el recurso de apelación de autos, medio de impugnación que la accionante erróneamente ha utilizado en la presente causa, por lo cual, es necesario, traer a colación el contenido de la citada norma procesal, que es del siguiente tenor: Artículo 444. Procedencia. El recurso de revocación procederá solamente contra los autos de mera sustanciación, a fin de que el tribunal que los dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la decisión que corresponda.
La inimpugnabilidad de los actos de esta naturaleza mediante la apelación de autos, ha sido reconocida suficientemente por criterios jurisprudenciales emanados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual al abordar este tema en la Sentencia N° 746, dictada en fecha 08-04-02, precisó que:
( ) Y es, por tanto, éste el auto al cual el legislador atribuyó la cualidad de inapelabilidad, por cuanto se trata de un auto de mero trámite que, por tanto, no es susceptible de afectar ni lesionar los derechos e intereses de las partes. Por la misma razón, se concluye que, respecto de dicho auto, tampoco es admisible la acción de amparo constitucional. Así se declara ( ).
Criterio jurisprudencial reiterado, según se verifica del siguiente fallo:
( ) Conforme a lo transcrito supra, se concluye que los autos de mera sustanciación o mero trámite, no son apelables, toda vez que no causan ningún gravamen a las partes, al no contener decisión alguna relativa al fondo del asunto controvertido, de allí que el referido auto no era susceptible de impugnación por vía de apelación, ni mucho menos por vía de amparo, ya que, el mismo fue producto del impulso procesal del Juez quien acordó abrir una articulación probatoria en el caso sometido a su consideración, actuación ésta comprendida dentro de la competencia del Juzgado supuesto agraviante, que no contiene vicios de inconstitucionalidad alguna (Vid Sentencia N° 3.255/0002 (caso: César Augusto Mirabal Mata y otro) ( ) (Sala Constitucional, fallo Nº 775 del 06.05.2005), con ponencia del Magistrado Arcadio Delgado Rosales).
Sobre la base del análisis anterior, y siendo que en el presente caso el auto accionado es de mera sustanciación, catalogado como inimpugnable e irrecurrible mediante la apelación de autos, por expresa determinación legal y jurisprudencial, constituyendo una causal de inadmisibilidad, a tenor de lo establecido en el artículo 437.c del Código Orgánico Procesal Penal, esta Alzada así lo decreta, al declarar inadmisible el recurso de apelación de autos ejercido por el Ministerio Público.
Como corolario de lo antes señalado, en el caso in commento, la Sala observa que el recurrente accionó de manera errónea al utilizar la vía del recurso ordinario de apelación de autos, cuando lo adecuado era ejercer el recurso de revocación, el cual debía ser interpuesto por ante el mismo Tribunal que dictó el auto de mera sustanciación. Por tales consideraciones, este Tribunal de Alzada, estima que el presente recurso de apelación de autos, interpuesto por el ciudadano SIMÓN JOSÉ ARRIETA QUINTERO, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano DEMETRIO ANTONIO FLOREANI CUZZOLINI, identificado en actas, en contra del auto dictado en fecha 14-02-12, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, Extensión Cabimas, es inadmisible de conformidad a lo previsto en el artículo 447 literal c en concordancia con el artículo 448 ambos del Código Orgánico Procesal Penal. ASÍ SE DECIDE (Destacado de la decisión impugnada).
IV
DE LA COMPETENCIA
Siendo la oportunidad de pronunciarse respecto a la competencia para conocer del presente asunto, esta Sala pasa a hacerlo y, a tal efecto, observa:
Conforme a lo dispuesto en los artículos 266.1 y 336.11 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en el artículo 25.20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, le concierne a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia conocer las demandas de amparo constitucional autónomo contra las decisiones que dicten, en última instancia, los juzgados superiores de la República, salvo de las que se incoen contra los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo.
Ahora bien, en esta oportunidad se interpuso acción de amparo constitucional contra una decisión dictada por la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, el 2 de mayo de 2012. En consecuencia, congruente con las disposiciones constitucionales y legales antes citadas, esta Sala Constitucional resulta competente para conocer y resolver la mencionada acción de amparo. Así se decide.
V
CONDIERACIONES PARA DECIDIR
Establecida la competencia de la Sala para el conocimiento de la causa, le corresponde emitir el pronunciamiento respecto a la admisibilidad de la acción propuesta.
En tal sentido, una vez analizadas las actas que integran el expediente, estima la Sala que el escrito contentivo de la pretensión de tutela constitucional cumple con lo preceptuado en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, aunado a que no se configuran las causales de inadmisibilidad a que alude el artículo 6 eiusdem, así como tampoco las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.
Ahora bien, como quiera que las presuntas violaciones constitucionales denunciadas, tienen su origen en la decisión dictada, el 2 de mayo de 2012, por la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, que declaró inadmisible por inimpugnable el recurso de apelación interpuesto contra el auto dictado, el 14 de febrero de 2012, por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control del mismo Circuito Judicial Penal, Extensión Cabimas, mediante el cual ordenó oficiar a la Fiscalía Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, Extensión Valera, y al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Subdelegación Valera, para que informen sobre las investigaciones y trámites relacionados con una denuncia interpuesta por el ciudadano Leoned Vinicio Parra, relativa al hurto de un vehículo de su propiedad; la acción de amparo interpuesta debe analizarse según el contenido del artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que establece:
Artículo 4. Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional.
En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento, que decidirá en forma breve, sumaria y efectiva.
Así las cosas, en jurisprudencia reiterada de este Tribunal Supremo de Justicia se han establecido, como requisitos de procedencia de la acción de amparo contra sentencias judiciales que:
a) El juez que originó el acto presuntamente lesivo haya incurrido en una grave usurpación de funciones o abuso de poder; y
b) Que tal proceder ocasione la violación de un derecho constitucional.
Con el establecimiento de tales extremos de procedencia, cuya ausencia en el caso concreto acarrea el rechazo ex ante de la acción de amparo, en virtud del acatamiento de los principios de economía y celeridad procesal, se pretende, en primer lugar, evitar la interposición de solicitudes de amparo incoadas con el propósito de que se reabra un asunto que ha sido resuelto judicialmente dentro del ámbito de competencia del Juez respectivo, sin mediar ninguna violación de derecho o garantía constitucional alguna, pues lo contrario iría en perjuicio de la inmutabilidad de la decisión definitivamente firme, y, en segundo lugar, que la vía del amparo no se convierta en sucedánea de los demás mecanismos procesales ordinarios y extraordinarios- existentes (Vid. sentencia N° 1399 del 17 de julio de 2006, caso: Aníbal José García y otros).
Del análisis efectuado de la solicitud en cuestión, observa la Sala que en el caso de autos no existe violación alguna de derechos constitucionales por parte de la referida Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, que dictó una decisión, la cual, si bien fue contraria a las pretensiones del accionante, no vulneró las garantías constitucionales hoy denunciadas.
En efecto, a juicio de esta Sala, la sentencia accionada en amparo estuvo ajustada a derecho y se fundamentó en argumentos jurídicos acertados, que en modo alguno podrían ser considerados violatorios de normas constitucionales o legales, al tiempo que de los argumentos contenidos en el escrito de amparo sólo se desprende la disconformidad del accionante con la decisión impugnada.
En consecuencia, concluye esta Sala Constitucional que no se encuentran satisfechos los extremos legales exigidos por el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, para la procedencia de la acción de amparo, al no haber incurrido la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia en usurpación de funciones o abuso de poder, ni ocasionar con su decisión violación de derecho constitucional alguno, por lo cual la presente acción de amparo resulta improcedente in limine litis. Así se decide.
VI
Decisión
Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la ley, IMPROCEDENTE IN LIMINE LITIS el amparo constitucional interpuesto por el abogado Simón José Arrieta Quintero, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano DEMETRIO ANTONIO FLOREANI CUZZOLINI, contra la decisión dictada, el 2 de mayo de 2012, por la Sala N° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia.
Publíquese y regístrese.
Archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 14 días del mes de noviembre dos mil doce. Años: 202º de la Independencia y 153º de la Federación.
La Presidenta,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO
El Vicepresidente,
FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
Ponente
Los Magistrados,
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER
GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
FACL/
Exp. N° 12-0725
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