Venley

Sentencia N.º 15

Sentencia
N.º 15
Fecha
15/02/2005
Sala
Constitucional
Expediente
03-2523
Ponente
Pedro Rafael Rondón Haaz
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

Consta en autos que, el 24 de septiembre de 2003, la abogada Marcia Madrid Bellorín, con inscripción en el Inpreabogado bajo el n° 75.095, apoderada judicial de los ciudadanos TOMÁS ARENCIBIA RAMÍREZ, RICHARD URPINO COLINA, ANTONIO JIMÉNEZ GUILLÉN y PITTER FRANCIS ARENCIBIA, con cédulas de identidad nos 6.280.285, 6.325.295, 4.674.144 y 10.113.081, respectivamente, miembros del Comité Directivo Nacional de la Asociación Sindical Nacional de Bomberos y Bomberas Profesionales Conexos y Afines de Venezuela (ASIN.BOM.PRO.VEN) y de “trabajadores activos del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Caracas”, intentaron, ante esta Sala, demanda de nulidad, por razones de inconstitucionalidad, contra el artículo 50, letra d), de la Ordenanza del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Caracas, que se publicó en la Gaceta Oficial no. 37.409 de 21 de marzo de 2002.

Del expediente de la causa se dio cuenta en Sala por auto de esa misma fecha y se acordó la remisión de los autos al Juzgado de Sustanciación.

El 7 de octubre de 2003, el Juzgado de Sustanciación admitió el recurso de nulidad, ordenó la realización de las notificaciones a que se refiere la Ley y el emplazamiento de los interesados.

El 15 de octubre de 2003, compareció la parte actora, quien solicitó la expedición del cartel de emplazamiento a los interesados.

El 23 de octubre de 2003, se retiró el cartel de emplazamiento, el cual se publicó en prensa el 29 del mismo mes y año y se agregó a los autos el 30 de octubre de 2003.

El 6 de febrero de 2004, se recibió el expediente en la Sala, se designó ponente al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz y se fijó el quinto día de despacho para el comienzo de la relación.

El 4 de marzo de 2004, compareció la abogada Graed Elisa García Bocaranda, con inscripción en el Inpreabogado bajo el nº 80.631, apoderada judicial especial del Distrito Metropolitano de Caracas, quien consignó escrito de informes.

El 9 de marzo de 2004 tuvo lugar el acto de informes. En esa oportunidad se hizo presente la abogada Graed Elisa García Bocaranda, quien presentó nuevo escrito de informes.

El 29 de abril de 2004 se dijo “vistos”.

 

I

DE LA PRETENSIÓN DE NULIDAD

1.         La parte actora alegó:

1.1       Luego de que se refirió a la competencia de la Sala para el conocimiento de la pretensión de nulidad de la norma de la Ordenanza Municipal que se impugnó, señaló que sus representados poseen especial legitimación para el planteamiento de esa pretensión, pues son funcionarios de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas. De allí que les afecta directamente la creación del nuevo Cuerpo de Bomberos de ese Distrito Metropolitano y “en consecuencia la transferencia de los trabajadores y trabajadoras que prestaban sus servicios para la Mancomunidad Cuerpo de Bomberos del Este...”.

1.2       Que, el 21 de marzo de 2002, el Cabildo Metropolitano de Caracas, de conformidad con el artículo 19, cardinal 6, de la Ley Especial del Régimen del Distrito Metropolitano de Caracas (que otorgó al Nivel Metropolitano la competencia del servicio de bomberos) sancionó la Ordenanza del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Caracas –objeto de esta pretensión de nulidad-, mediante el cual se creó un nuevo Cuerpo de Bomberos que está integrado por el antiguo Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal “así como por los trabajadores de la Mancomunidad Cuerpo de Bomberos del Este” (artículo 2).

1.3       Que si “dicha Ordenanza ordena la integración de los dos Cuerpos de Bomberos existentes en el Distrito Metropolitano de Caracas, debió disponer el procedimiento a efectuarse sobre la transferencia al Distrito Metropolitano de Caracas de los trabajadores y trabajadoras que prestaban sus servicios a la Mancomunidad Cuerpo de Bomberos del Este...”, mientras que, en lo que se refiere a los funcionarios del Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, “dicho personal le fue transferido en la oportunidad de la desaparición de la Gobernación del Distrito Federal y la creación del Distrito Metropolitano de Caracas...”.

1.4       Que la norma que se impugnó –artículo 50, letra d), de la Ordenanza- establece el procedimiento a seguir para la transferencia de dichos funcionarios del Cuerpo de Bomberos del Este; no obstante, el mismo adolece de varias fallas y vicios, concretamente cuando señala que en el proceso de calificación del personal de ese Cuerpo de Bomberos del Este, para la selección de los que, de acuerdo con sus credenciales y méritos, ingresarán al nuevo Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, no serán considerados “aquellos funcionarios que con anterioridad hubiesen sido excluidos de algún otro Cuerpo de Bomberos por faltas disciplinarias”.

 

2.         Denunció que la norma que se impugnó violó los artículos 21, 24 y 89 de la Constitución, por las siguientes razones:

2.1       Que la exclusión, del proceso de calificación e ingreso al nuevo Cuerpo de Bomberos Metropolitanos, de los “funcionarios que con anterioridad hubiesen sido excluidos de algún otro Cuerpo de Bomberos por faltas disciplinarias”, constituye una discriminación, pues tal exclusión no consigue base legal ni en la –entonces vigente- Ley de Carrera Administrativa, ni en la Ley Orgánica del Trabajo ni en su Reglamento.

2.2       Que dicha exclusión se traduce en una aplicación retroactiva de la Ley y que, además, implica que el funcionario sea sancionado dos veces por una misma causa.

2.3       Que la aplicación de la norma derivó en violación del derecho al trabajo “...de un grupo de trabajadores que han sido despedidos sin justa causa de sus puestos de trabajo, inclusive luego de haber sido empleados bajo todas las normas legales y reglamentarias correspondientes y laborado por larga data al servicio de la Mancomunidad del Cuerpo de Bomberos del Este...”.

 

3.         Pidió se declare la nulidad del artículo 50, letra d), de la Ordenanza del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Caracas.

 

II

DEL ESCRITO DE INFORMES

En su escrito de informes, la representante del Distrito Metropolitano de Caracas solicitó la declaratoria sin lugar de esta demanda, con fundamento en lo siguiente:

1.         Explicó las razones históricas y de hecho que justificaron la creación del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Caracas a través de la Ordenanza que se impugnó. Asimismo, señaló que la transferencia de funcionarios “que resultaran calificados” de los Cuerpos que fueron suprimidos a éste recién creado se ha realizado “teniendo en cuenta que los derechos adquiridos de los funcionarios transferidos le han sido respetados...”.

2.         Que la norma que se impugnó establece un proceso de calificación de funcionarios de los Cuerpos de Bomberos que desaparecieron, para lo cual se creó una Comisión Técnica, cuyo resultado fue que “se procedió a jubilar a los bomberos que cumplían los requisitos para dicho beneficio, y se reubicaron todos aquellos funcionarios en los cargos para los cuales cumplían los requisitos...”, y que no es cierto lo que sostienen los actores en el sentido de que un grupo de trabajadores fue despedido.

3.         Que debe declararse la inadmisibilidad de la demanda, de conformidad con el artículo 113 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, pues “la recurrente no indicó las razones de hecho y de derecho en que fundamenta su acción”.

4.         Que, en todo caso, rechaza la denuncia de violación del derecho a la igualdad, pues “no existe prueba de las supuestas destituciones aplicadas con ocasión de la transferencia (...) no existe por tanto, situación de hecho o de derecho precisas que permitan definir la existencia de circunstancias diferentes (y) no hay evidencia de trato desigual para los funcionarios que prestaban servicios a los cuerpos bomberiles que pasaron a integrar el cuerpo de bomberos del Distrito Metropolitano de Caracas”.

5.         Que tampoco hubo violación al derecho al trabajo, pues no se trajo a los autos prueba alguna de que se menoscabó, impidió u obstaculizó ese derecho a los funcionarios de dicho Cuerpo de Bomberos.

 

III

MOTIVACIÓN PARA LA DECISIÓN

1.        Corresponde a la Sala el pronunciamiento en relación con la pretensión de nulidad que se planteó contra el artículo 50, letra d), de la Ordenanza del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Caracas. En criterio de la parte demandante, tal norma jurídica violó los artículos 21, 24 y 89 de la Constitución. El texto de dicha norma es el siguiente:

 

“Artículo 50: Comisión Técnica. Para llevar a cabo y asegurar la adecuada integración del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Caracas, se constituirá una Comisión Técnica conformada por el Alcalde Metropolitano o un representante designado por éste, los Alcaldes de los Municipios que conforman la Mancomunidad del Cuerpo de Bomberos del Este, o un representante designado por cada uno de ellos, así como el Primer y Segundo Comandante de cada una de las Instituciones de Bomberos involucradas en el proceso. Dicha Comisión tendrá las siguientes funciones:

(...)

d) Realizar un proceso de calificación del personal al servicio de la Mancomunidad Cuerpo de Bomberos del Este, con el objeto de seleccionar, de acuerdo con sus credenciales y méritos, al personal a ingresar al Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Caracas. No serán considerados a estos efectos los funcionarios jubilables o en situación de incapacidad de la Mancomunidad Cuerpo de Bomberos el Este, quienes deberán ser jubilados o pensionados de conformidad con el régimen legal aplicable. Tampoco serán considerados aquellos funcionarios que con anterioridad hubiesen sido excluidos de algún otro Cuerpo de Bomberos por faltas disciplinarias”. (Destacado de la Sala).

 

Observa la Sala que si bien la parte actora solicitó la declaratoria de nulidad de la norma que se transcribió, sólo se cuestionó expresamente un aspecto en concreto de dicho precepto: el relativo a que, en el proceso de calificación para la transferencia de los funcionarios del Cuerpo de Bomberos del Este al nuevo Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano, no serán considerados “aquellos funcionarios que con anterioridad hubiesen sido excluidos de algún otro Cuerpo de Bomberos por faltas disciplinarias”.

En efecto, de los argumentos de la parte actora se desprende que no se ha cuestionado, en modo alguno, la existencia de una Comisión Técnica cuyo objeto sea asegurar la adecuada integración del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Caracas, ni aún siquiera ha sido cuestionada la función de ésta de “realizar un proceso de calificación del personal al servicio de la Mancomunidad Cuerpo de Bomberos del Este, con el objeto de seleccionar, de acuerdo con sus credenciales y méritos, al personal a ingresar al Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Caracas”.

Por el contrario, las denuncias que se plantearon son concretamente tres: la violación del principio constitucional de irretroactividad y la violación de los derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo (artículos 21, 24 y 89 de la Constitución) porque la exclusión, en ese proceso de calificación, de aquellos funcionarios que, con anterioridad, hayan sido destituidos de algún otro Cuerpo de Bomberos por faltas disciplinarias, implica –en su criterio- una aplicación retroactiva y la imposición de una sanción nueva respecto de un hecho pretérito que ya fue sancionado, lo que configura una ilegítima discriminación. Por último, señalaron que la violación al derecho al trabajo deriva de los despidos que se han realizado contra un grupo de trabajadores como efecto de esa disposición.

En consecuencia, y si bien se impugnó de manera general el artículo 50, letra d), de dicha Ordenanza, esta Sala se limitará al análisis de constitucionalidad de la parte final de esa norma, pues únicamente respecto de ese aspecto es que existe, en este caso, controversia acerca de su adecuación al Texto Fundamental. Así se decide.

2.        Como punto previo al pronunciamiento de la Sala en cuanto al fondo del asunto, se observa que la representante del Distrito Metropolitano de Caracas solicitó la declaratoria de inadmisibilidad de la demanda, de conformidad con el artículo 113 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, pues “la recurrente no indicó las razones de hecho y de derecho en que fundamenta su acción”. En este sentido, observa la Sala que esa norma fue derogada por la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que establece en su artículo 21 lo siguiente:

 

“En la demanda se indicará con toda precisión el acto impugnado, las disposiciones constitucionales o legales cuya violación se denuncie y las razones de hecho y de derecho en que se funde la acción. Si la nulidad se concreta a determinados artículos, a ellos se hará mención expresa en la solicitud, indicándose respecto de cada uno la motivación pertinente, o si se refiere a un acto administrativo, se indicarán los aspectos formales del mismo; a la misma se acompañará un ejemplar o copia del acto impugnado, el instrumento que acredite el carácter con que actúe, si no lo hace en nombre propio, y cualesquiera otros documentos que considere necesarios para hacer valer sus derechos”.

 

En criterio de la Sala, la que fue transcrita es una norma jurídica que hace referencia a los requisitos de forma del escrito que contiene la demanda de nulidad contra actos de efectos particulares o generales, no así a las causales de inadmisibilidad del recurso. En todo caso, la inadmisibilidad se declarará si se verifica alguna de las causales taxativamente previstas en el artículo 19 eiusdem, entre las que se incluye la inadmisibilidad de la demanda “cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar si la acción o recursos es admisible (...) o si contiene conceptos ofensivos o irrespetuosos; o es de tal modo ininteligible que resulte imposible su tramitación”, aspecto este último al que, pareciera, hacer referencia la parte opositora en este caso.

Considera la Sala que si bien es cierto que el escrito, que contiene la demanda de nulidad en el caso de autos, no es especialmente explicativo de los argumentos de hecho y de derecho en los que se fundamenta la pretensión, no llega, en modo alguno, a ser un escrito ininteligible; antes por el contrario, y según se estableció previamente, se desprende con suficiente claridad cuál es la pretensión de nulidad que se reclama y cuáles las razones que la sustentan. En consecuencia, se desestima tal alegato de inadmisibilidad. Así se decide.        

3.        La parte demandante planteó, en este caso, tres alegatos de inconstitucionalidad: la violación al derecho al trabajo, la violación al principio de irretroactividad de la ley y, consecuentemente, al derecho a la igualdad de los funcionarios del Cuerpo de Bomberos del Este.

3.1      En cuanto a la violación al derecho al trabajo, la parte actora alegó que existe “...un grupo de trabajadores que han sido despedidos sin justa causa de sus puestos de trabajo, inclusive luego de haber sido empleados bajo todas las normas legales y reglamentarias correspondientes y laborado por larga data al servicio de la Mancomunidad del Cuerpo de Bomberos del Este...”. Por su parte, la representante del Distrito Metropolitano de Caracas contradijo expresamente que se hubieran efectuado tales despidos.

Ahora bien, no consta en los autos prueba alguna de que se haya despedido a trabajadores y, menos aún, que existan despidos cuya causa sea la aplicación de los criterios técnicos que contiene la norma que se impugnó; de manera que, en ausencia de prueba de los hechos que fueron denunciados, que son los que darían lugar a la supuesta violación al derecho al trabajo, la Sala desestima tal alegato. Así de decide.

3.2      En segundo lugar, se alegó la violación del principio de irretroactividad de la Ley. En este sentido, se alegó que la realización del proceso de selección, sin que se tenga en consideración como elegibles a aquellos funcionarios que alguna vez hubieren sido excluidos de algún cuerpo de bomberos como consecuencia de una sanción disciplinaria, es una aplicación retroactiva de la Ley y que, además, implica que el funcionario sea sancionado nuevamente por una causa que ya fue decidida.

Al respecto, se observa:

El artículo 24 de la Constitución de 1999 recoge, en idénticos términos al artículo 44 de la Constitución de 1961, el principio de irretroactividad de la ley, de la siguiente manera:

“Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o rea, conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron.

Cuando haya dudas se aplicará la norma que beneficie al reo o a la rea” (Destacado de la Sala).

 

La inclinación de la redacción de la norma hacia la aplicación de este principio en la especial materia penal no puede conducir, en modo alguno, a entender que la irretroactividad de las leyes es únicamente garantía penal, y no exigible en relación con las normas que regulen otros ámbitos jurídicos. Antes por el contrario, se trata de un principio general del Derecho, que fue elevado, en nuestro ordenamiento jurídico, al rango de derecho constitucional, cuya importancia es tal que, como sostuvo esta Sala en sentencia n° 1507 de 05.06.03 (Caso Ley de Regulación de la Emergencia Financiera), no es susceptible siquiera de restricción ni suspensión en el caso de regímenes de excepción. 

En relación con este principio, la jurisprudencia de esta Sala (entre otras, sentencias 1760/2001; 2482/2001, 104/2002 y 1507/2003), ha señalado lo siguiente:

 

“Una elemental regla de técnica fundamental informa que las normas jurídicas, en tanto preceptos ordenadores de la conducta de los sujetos a los cuales se dirigen, son de aplicación a eventos que acaezcan bajo su vigencia, ya que no puede exigirse que dichos sujetos (naturales o jurídicos, públicos o privados) se conduzcan u operen conforme a disposiciones inexistentes o carentes de vigencia para el momento en que hubieron de actuar.

La garantía del principio de irretroactividad de las leyes está así vinculada, en un primer plano, con la seguridad de que las normas futuras no modificarán situaciones jurídicas surgidas bajo el amparo de una norma vigente en un momento determinado, es decir, con la incolumidad de las ventajas, beneficios o situaciones concebidas bajo un régimen previo a aquél que innove respecto a un determinado supuesto o trate un caso similar de modo distinto. En un segundo plano, la irretroactividad de la ley no es más que una técnica conforme a la cual el Derecho se afirma como un instrumento de ordenación de la vida en sociedad. Por lo que, si las normas fuesen de aplicación temporal irrestricta en cuanto a los sucesos que ordenan, el Derecho, en tanto medio institucionalizado a través del cual son impuestos modelos de conducta conforme a pautas de comportamiento, perdería buena parte de su hálito formal, institucional y coactivo, ya que ninguna situación, decisión o estado jurídico se consolidaría. Dejaría, en definitiva, de ser un orden”.

 

Ahora bien, como afirma Joaquín Sánchez-Covisa, la noción de retroactividad se encuentra intrínsecamente relacionada con la noción de derecho adquirido, si se entiende por tal “aquel que no pueda ser afectado por una ley sin dar a la misma aplicación retroactiva”-, por lo que ambos son “el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo de un mismo fenómeno”, expresión que esta Sala ha hecho suya en sentencias nos 389/2000 (Caso Diógenes Santiago Celta) y 104/2002 (Caso Douglas Rafael Gil), entre otras. En consecuencia, esta Sala considera que ha de partirse de la premisa de que “una ley será retroactiva cuando vulnere derechos adquiridos” (Sánchez-Covisa Hernando, Joaquin, La vigencia temporal de la Ley en el ordenamiento jurídico venezolano, 1943, pp. 149 y 237).

Asunto por demás complejo es la determinación de en qué casos una norma jurídica es retroactiva y, en consecuencia, cuándo lesiona un derecho adquirido. Para ello, la autorizada doctrina que se citó delimita cuatro supuestos hipotéticos: (i) cuando la nueva Ley afecta la existencia misma de un supuesto de hecho verificado antes de su entrada en vigencia, y afecta también las consecuencias jurídicas subsiguientes de tal supuesto; (ii) cuando la nueva ley afecta la existencia misma de un supuesto de hecho que se verificó antes de su entrada en vigencia; (iii) cuando la nueva ley afecta las consecuencias jurídicas pasadas de un supuesto jurídico que se consolidó antes de su entrada en vigencia; y (iv) cuando la nueva ley sólo afecta o regula las consecuencias jurídicas futuras de un supuesto de hecho que se produjo antes de su vigencia.

En los tres primeros supuestos, no hay duda de que la nueva Ley tendrá auténticos efectos retroactivos, pues afecta la existencia misma de supuestos de hecho (Actos, hechos o negocios jurídicos) o bien las consecuencias jurídicas ya consolidadas de tales supuestos de hecho que se verificaron antes de la vigencia de esa nueva Ley, en contradicción con el principio “tempus regit actum” y, en consecuencia, con el precepto del artículo 24 constitucional. En el caso de la cuarta hipótesis, la solución no es tan fácil, ante lo cual Sánchez-Covisa propone –postura que comparte esta Sala- que habrá de analizarse el carácter de orden público o no de la norma jurídica que recién sea dictada, para determinar si su aplicación no puede renunciarse o relajarse por voluntad de las partes (Ob. cit., pp. 166 y ss.) y, en caso afirmativo, la nueva legislación puede válidamente y sin ser retroactiva regular las consecuencias futuras de las relaciones existentes, siempre que se respeten los hechos y efectos pasados.

En aplicación de las anteriores consideraciones al caso de autos, esta Sala concluye que, en efecto, la norma objeto de impugnación constituye un precepto de carácter retroactivo, por las siguientes razones:

La Ordenanza que se impugnó acordó la creación del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Caracas, lo cual significó la integración de dos órganos administrativos que existían hasta entonces, a saber: el Cuerpo de Bomberos del antiguo Distrito Federal y el Cuerpo de Bomberos del Este, en uno solo que cumplirá las mismas funciones en este nuevo ente político-territorial: el Distrito Metropolitano de Caracas. Ello implicó, como consecuencia, la transferencia de los funcionarios de los Cuerpos que resultaron integrados al nuevo (Artículo 2 de la Ordenanza). De manera que existió, en principio, continuidad funcionarial de los funcionarios de los Cuerpos que fueron integrados. Y dice la Sala en principio pues la norma que se impugnó –artículo 50- estableció la existencia de un Comité Técnico entre cuyas funciones estaba (letra d) “realizar un proceso de calificación del personal al servicio de la Mancomunidad Cuerpo de Bomberos del Este, con el objeto de seleccionar, de acuerdo con sus credenciales y méritos, al personal a ingresar al Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Caracas”. Este proceso no abarca a quienes habían sido miembros del Cuerpo de Bomberos del antiguo Distrito Federal porque ellos ya habían sido transferidos al Distrito Metropolitano cuando éste sustituyó, administrativamente, a la Gobernación del Distrito Federal.

Ahora bien, la exigencia que se impuso en ese proceso de calificación, en el sentido de que no se considerarían elegibles “aquellos funcionarios que con anterioridad hubiesen sido excluidos de algún otro Cuerpo de Bomberos por faltas disciplinarias”, implica una modificación de las condiciones para la continuidad en el cargo que esos funcionarios desempeñasen en la Mancomunidad Cuerpo de Bomberos del Este, pues para el mantenimiento de su continuidad laboral se exige que no hubiere sido sancionado disciplinariamente y expulsado de algún otro cuerpo de bomberos antes de su ingreso al Cuerpo de Bomberos del Este. Ello implicó, respecto de los funcionarios que se encuentran en ese supuesto de hecho, una evidente aplicación retroactiva, pues se está afectando una situación jurídica que se consolidó con anterioridad –el nombramiento del funcionario a pesar de haber sido objeto de alguna sanción disciplinaria- y el derecho adquirido al cargo que desempeña al momento de la creación del nuevo cuerpo de bomberos- y, en consecuencia, el ejercicio de ese derecho adquirido se ve ahora supeditado a un requisito nuevo que antes no se le exigió, con lo cual se modificó, a futuro, la validez de dicho derecho adquirido.

No es, se insiste, que únicamente se establezcan consecuencias futuras nuevas a hechos pasados, es que se está cuestionando y afectando la condición de funcionario de quien, en su momento, cumplió todos los requisitos que se exigían para ser titular del cargo y que ahora pierde esa condición –y, en consecuencia, su derecho que había adquirido- porque no cumple con un requisito sobrevenido que no estaba preceptuado en aquella oportunidad, lo cual encuadra en la segunda de las hipótesis de aplicación retroactiva de la norma, que antes se señalaron.

En este sentido, esta Sala señaló en sentencia 1507/05.06.03 que la Ley “no puede obrar hacia atrás afectando relaciones ya formadas, en el sentido de trastocar la existencia de hechos, actos o negocios jurídicos suscitados con anterioridad a su entrada en vigencia, toda vez que sería vulneratorio del principio tempus regit actum, al valorar situaciones anteriores a su entrada en vigor”.

Asimismo, considera la Sala que esa aplicación retroactiva de la norma que se impugnó comporta, además, un agravio al atributo temporal del principio de legalidad de las sanciones, según el cual no puede haber delito ni sanción sin ley previa, tal como preceptúa el artículo 49, cardinal 6, de la Constitución de 1999. Principio que, si bien debe respetarse en el ejercicio del poder punitivo penal, resulta plenamente aplicable en el ámbito de las potestades administrativas sancionadoras y disciplinarias, tal como señalara la Sala Político-Administrativa en sentencias de 1-10-1998 (Caso Aníbal Ricardo Pirela Rodríguez), de 10 de marzo de 1998 (Caso Moisés Miguel Domínguez Hernández) y en reciente sentencia de esta Sala n° 1212/23-6-2004. Así se decide. En efecto, esta sanción de exclusión del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Caracas para los actuales miembros de la Mancomunidad Cuerpo de Bomberos del Este, es posterior al hecho al hecho que la genera, como lo es la circunstancia de haber sido excluidos –necesariamente antes de su ingreso a este último- de algún otro cuerpo de bomberos por faltas disciplinarias.

En consecuencia, por cuanto la porción final del artículo 50, letra d), de la Ordenanza del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Caracas, vulneró el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es forzosa su declaratoria de nulidad. Asimismo, y de conformidad con el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala fija los efectos de esta decisión hacia el pasado, es decir, le otorga efectos ex tunc, y, en consecuencia, deja sin efecto todas las actuaciones que se hubieren realizado con fundamento en la norma que se anuló. Así se decide.

 

IV

DECISIÓN

Por los razonamientos que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la demanda de nulidad que intentó la apoderada judicial de los ciudadanos TOMÁS ARENCIBIA RAMÍREZ, RICHARD URPINO COLINA, ANTONIO JIMÉNEZ GUILLÉN y PITTER FRANCIS ARENCIBIA, miembros del Comité Directivo Nacional de la Asociación Sindical Nacional de Bomberos y Bomberas Profesionales Conexos y Afines de Venezuela (ASIN.BOM.PRO.VEN), contra el artículo 50, letra d), in fine, de la Ordenanza del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Caracas.

Como consecuencia de la declaratoria de nulidad de su parte final, el texto del artículo 50, letra d), de la Ordenanza del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Caracas es ahora el siguiente:

 

“Artículo 50: Comisión Técnica. Para llevar a cabo y asegurar la adecuada integración del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Caracas, se constituirá una Comisión Técnica conformada por el Alcalde Metropolitano o un representante designado por éste, los Alcaldes de los Municipios que conforman la Mancomunidad del Cuerpo de Bomberos del Este, o un representante designado por cada uno de ellos, así como el Primer y Segundo Comandante de cada una de las Instituciones de Bomberos involucradas en el proceso. Dicha Comisión tendrá las siguientes funciones:

(...)

d) Realizar un proceso de calificación del personal al servicio de la Mancomunidad Cuerpo de Bomberos del Este, con el objeto de seleccionar, de acuerdo con sus credenciales y méritos, al personal a ingresar al Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Caracas. No serán considerados a estos efectos los funcionarios jubilables o en situación de incapacidad de la Mancomunidad Cuerpo de Bomberos el Este, quienes deberán ser jubilados o pensionados de conformidad con el régimen legal aplicable”.

 

De conformidad con la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se ORDENA la publicación íntegra de este fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en cuyo sumario se indicará lo siguiente: “Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que anula la parte final del artículo 50, letra d), de la Ordenanza del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Caracas que se publicó en la Gaceta Oficial no. 37.409 de 21 de marzo de 2002”.

 

 

Publíquese, regístrese y comuníquese. Ofíciese lo conducente. Archívese el expediente.

 

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas,                a los      15 días del mes de febrero de dos mil cinco. Años: 194º de la Independencia y 145º de la Federación.

 

La Presidenta,

 

 

Luisa EstelLa Morales Lamuño

                  

El Vicepresidente,

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

           Magistrado Ponente     

 

 

Luis Vicencino Velázquez Alvaray

    Magistrado

 

 

Francisco Antonio Carrasquero López

                                Magistrado

 

MARCO TULIO DUGARTE PADRÓN

                                                                                              Magistrado

 

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO

          Magistrado Suplente

 

El Secretario,

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

PRRH.sn.ar.

Exp. 03-2523

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