Sentencia N.º 15
- Sentencia
- N.º 15
- Fecha
- 15/02/2005
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 03-2523
- Ponente
- Pedro Rafael Rondón Haaz
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Consta en autos que, el 24 de septiembre de 2003, la abogada Marcia Madrid Bellorín, con inscripción en el Inpreabogado bajo el n° 75.095, apoderada judicial de los ciudadanos TOMÁS ARENCIBIA RAMÍREZ, RICHARD URPINO COLINA, ANTONIO JIMÉNEZ GUILLÉN y PITTER FRANCIS ARENCIBIA, con cédulas de identidad nos 6.280.285, 6.325.295, 4.674.144 y 10.113.081, respectivamente, miembros del Comité Directivo Nacional de
Del expediente de la causa se dio cuenta en Sala por auto de esa misma fecha y se acordó la remisión de los autos al Juzgado de Sustanciación.
El 7 de octubre de 2003, el Juzgado de Sustanciación admitió el recurso de nulidad, ordenó la realización de las notificaciones a que se refiere
El 15 de octubre de 2003, compareció la parte actora, quien solicitó la expedición del cartel de emplazamiento a los interesados.
El 23 de octubre de 2003, se retiró el cartel de emplazamiento, el cual se publicó en prensa el 29 del mismo mes y año y se agregó a los autos el 30 de octubre de 2003.
El 6 de febrero de 2004, se recibió el expediente en
El 4 de marzo de 2004, compareció la abogada Graed Elisa García Bocaranda, con inscripción en el Inpreabogado bajo el nº 80.631, apoderada judicial especial del Distrito Metropolitano de Caracas, quien consignó escrito de informes.
El 9 de marzo de 2004 tuvo lugar el acto de informes. En esa oportunidad se hizo presente la abogada Graed Elisa García Bocaranda, quien presentó nuevo escrito de informes.
El 29 de abril de 2004 se dijo vistos.
I
DE
1. La parte actora alegó:
1.1 Luego de que se refirió a la competencia de
1.2 Que, el 21 de marzo de 2002, el Cabildo Metropolitano de Caracas, de conformidad con el artículo 19, cardinal 6, de
1.3 Que si dicha Ordenanza ordena la integración de los dos Cuerpos de Bomberos existentes en el Distrito Metropolitano de Caracas, debió disponer el procedimiento a efectuarse sobre la transferencia al Distrito Metropolitano de Caracas de los trabajadores y trabajadoras que prestaban sus servicios a
1.4 Que la norma que se impugnó artículo 50, letra d), de
2. Denunció que la norma que se impugnó violó los artículos 21, 24 y 89 de
2.1 Que la exclusión, del proceso de calificación e ingreso al nuevo Cuerpo de Bomberos Metropolitanos, de los funcionarios que con anterioridad hubiesen sido excluidos de algún otro Cuerpo de Bomberos por faltas disciplinarias, constituye una discriminación, pues tal exclusión no consigue base legal ni en la entonces vigente- Ley de Carrera Administrativa, ni en la Ley Orgánica del Trabajo ni en su Reglamento.
2.2 Que dicha exclusión se traduce en una aplicación retroactiva de
2.3 Que la aplicación de la norma derivó en violación del derecho al trabajo ...de un grupo de trabajadores que han sido despedidos sin justa causa de sus puestos de trabajo, inclusive luego de haber sido empleados bajo todas las normas legales y reglamentarias correspondientes y laborado por larga data al servicio de
3. Pidió se declare la nulidad del artículo 50, letra d), de
II
DEL ESCRITO DE INFORMES
En su escrito de informes, la representante del Distrito Metropolitano de Caracas solicitó la declaratoria sin lugar de esta demanda, con fundamento en lo siguiente:
1. Explicó las razones históricas y de hecho que justificaron la creación del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Caracas a través de
2. Que la norma que se impugnó establece un proceso de calificación de funcionarios de los Cuerpos de Bomberos que desaparecieron, para lo cual se creó una Comisión Técnica, cuyo resultado fue que se procedió a jubilar a los bomberos que cumplían los requisitos para dicho beneficio, y se reubicaron todos aquellos funcionarios en los cargos para los cuales cumplían los requisitos..., y que no es cierto lo que sostienen los actores en el sentido de que un grupo de trabajadores fue despedido.
3. Que debe declararse la inadmisibilidad de la demanda, de conformidad con el artículo 113 de la Ley Orgánica de
4. Que, en todo caso, rechaza la denuncia de violación del derecho a la igualdad, pues no existe prueba de las supuestas destituciones aplicadas con ocasión de la transferencia (...) no existe por tanto, situación de hecho o de derecho precisas que permitan definir la existencia de circunstancias diferentes (y) no hay evidencia de trato desigual para los funcionarios que prestaban servicios a los cuerpos bomberiles que pasaron a integrar el cuerpo de bomberos del Distrito Metropolitano de Caracas.
5. Que tampoco hubo violación al derecho al trabajo, pues no se trajo a los autos prueba alguna de que se menoscabó, impidió u obstaculizó ese derecho a los funcionarios de dicho Cuerpo de Bomberos.
III
MOTIVACIÓN PARA LA DECISIÓN
1. Corresponde a
Artículo 50: Comisión Técnica. Para llevar a cabo y asegurar la adecuada integración del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Caracas, se constituirá una Comisión Técnica conformada por el Alcalde Metropolitano o un representante designado por éste, los Alcaldes de los Municipios que conforman
(...)
d) Realizar un proceso de calificación del personal al servicio de
Observa
En efecto, de los argumentos de la parte actora se desprende que no se ha cuestionado, en modo alguno, la existencia de una Comisión Técnica cuyo objeto sea asegurar la adecuada integración del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Caracas, ni aún siquiera ha sido cuestionada la función de ésta de realizar un proceso de calificación del personal al servicio de
Por el contrario, las denuncias que se plantearon son concretamente tres: la violación del principio constitucional de irretroactividad y la violación de los derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo (artículos 21, 24 y 89 de
En consecuencia, y si bien se impugnó de manera general el artículo 50, letra d), de dicha Ordenanza, esta Sala se limitará al análisis de constitucionalidad de la parte final de esa norma, pues únicamente respecto de ese aspecto es que existe, en este caso, controversia acerca de su adecuación al Texto Fundamental. Así se decide.
2. Como punto previo al pronunciamiento de
En la demanda se indicará con toda precisión el acto impugnado, las disposiciones constitucionales o legales cuya violación se denuncie y las razones de hecho y de derecho en que se funde la acción. Si la nulidad se concreta a determinados artículos, a ellos se hará mención expresa en la solicitud, indicándose respecto de cada uno la motivación pertinente, o si se refiere a un acto administrativo, se indicarán los aspectos formales del mismo; a la misma se acompañará un ejemplar o copia del acto impugnado, el instrumento que acredite el carácter con que actúe, si no lo hace en nombre propio, y cualesquiera otros documentos que considere necesarios para hacer valer sus derechos.
En criterio de
Considera
3. La parte demandante planteó, en este caso, tres alegatos de inconstitucionalidad: la violación al derecho al trabajo, la violación al principio de irretroactividad de la ley y, consecuentemente, al derecho a la igualdad de los funcionarios del Cuerpo de Bomberos del Este.
3.1 En cuanto a la violación al derecho al trabajo, la parte actora alegó que existe ...un grupo de trabajadores que han sido despedidos sin justa causa de sus puestos de trabajo, inclusive luego de haber sido empleados bajo todas las normas legales y reglamentarias correspondientes y laborado por larga data al servicio de
Ahora bien, no consta en los autos prueba alguna de que se haya despedido a trabajadores y, menos aún, que existan despidos cuya causa sea la aplicación de los criterios técnicos que contiene la norma que se impugnó; de manera que, en ausencia de prueba de los hechos que fueron denunciados, que son los que darían lugar a la supuesta violación al derecho al trabajo,
3.2 En segundo lugar, se alegó la violación del principio de irretroactividad de
Al respecto, se observa:
El artículo 24 de
Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o rea, conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron.
Cuando haya dudas se aplicará la norma que beneficie al reo o a la rea (Destacado de
La inclinación de la redacción de la norma hacia la aplicación de este principio en la especial materia penal no puede conducir, en modo alguno, a entender que la irretroactividad de las leyes es únicamente garantía penal, y no exigible en relación con las normas que regulen otros ámbitos jurídicos. Antes por el contrario, se trata de un principio general del Derecho, que fue elevado, en nuestro ordenamiento jurídico, al rango de derecho constitucional, cuya importancia es tal que, como sostuvo esta Sala en sentencia n° 1507 de 05.06.03 (Caso Ley de Regulación de
En relación con este principio, la jurisprudencia de esta Sala (entre otras, sentencias 1760/2001; 2482/2001, 104/2002 y 1507/2003), ha señalado lo siguiente:
Una elemental regla de técnica fundamental informa que las normas jurídicas, en tanto preceptos ordenadores de la conducta de los sujetos a los cuales se dirigen, son de aplicación a eventos que acaezcan bajo su vigencia, ya que no puede exigirse que dichos sujetos (naturales o jurídicos, públicos o privados) se conduzcan u operen conforme a disposiciones inexistentes o carentes de vigencia para el momento en que hubieron de actuar.
La garantía del principio de irretroactividad de las leyes está así vinculada, en un primer plano, con la seguridad de que las normas futuras no modificarán situaciones jurídicas surgidas bajo el amparo de una norma vigente en un momento determinado, es decir, con la incolumidad de las ventajas, beneficios o situaciones concebidas bajo un régimen previo a aquél que innove respecto a un determinado supuesto o trate un caso similar de modo distinto. En un segundo plano, la irretroactividad de la ley no es más que una técnica conforme a la cual el Derecho se afirma como un instrumento de ordenación de la vida en sociedad. Por lo que, si las normas fuesen de aplicación temporal irrestricta en cuanto a los sucesos que ordenan, el Derecho, en tanto medio institucionalizado a través del cual son impuestos modelos de conducta conforme a pautas de comportamiento, perdería buena parte de su hálito formal, institucional y coactivo, ya que ninguna situación, decisión o estado jurídico se consolidaría. Dejaría, en definitiva, de ser un orden.
Ahora bien, como afirma Joaquín Sánchez-Covisa, la noción de retroactividad se encuentra intrínsecamente relacionada con la noción de derecho adquirido, si se entiende por tal aquel que no pueda ser afectado por una ley sin dar a la misma aplicación retroactiva-, por lo que ambos son el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo de un mismo fenómeno, expresión que esta Sala ha hecho suya en sentencias nos 389/2000 (Caso Diógenes Santiago Celta) y 104/2002 (Caso Douglas Rafael Gil), entre otras. En consecuencia, esta Sala considera que ha de partirse de la premisa de que una ley será retroactiva cuando vulnere derechos adquiridos (Sánchez-Covisa Hernando, Joaquin, La vigencia temporal de
Asunto por demás complejo es la determinación de en qué casos una norma jurídica es retroactiva y, en consecuencia, cuándo lesiona un derecho adquirido. Para ello, la autorizada doctrina que se citó delimita cuatro supuestos hipotéticos: (i) cuando la nueva Ley afecta la existencia misma de un supuesto de hecho verificado antes de su entrada en vigencia, y afecta también las consecuencias jurídicas subsiguientes de tal supuesto; (ii) cuando la nueva ley afecta la existencia misma de un supuesto de hecho que se verificó antes de su entrada en vigencia; (iii) cuando la nueva ley afecta las consecuencias jurídicas pasadas de un supuesto jurídico que se consolidó antes de su entrada en vigencia; y (iv) cuando la nueva ley sólo afecta o regula las consecuencias jurídicas futuras de un supuesto de hecho que se produjo antes de su vigencia.
En los tres primeros supuestos, no hay duda de que la nueva Ley tendrá auténticos efectos retroactivos, pues afecta la existencia misma de supuestos de hecho (Actos, hechos o negocios jurídicos) o bien las consecuencias jurídicas ya consolidadas de tales supuestos de hecho que se verificaron antes de la vigencia de esa nueva Ley, en contradicción con el principio tempus regit actum y, en consecuencia, con el precepto del artículo 24 constitucional. En el caso de la cuarta hipótesis, la solución no es tan fácil, ante lo cual Sánchez-Covisa propone postura que comparte esta Sala- que habrá de analizarse el carácter de orden público o no de la norma jurídica que recién sea dictada, para determinar si su aplicación no puede renunciarse o relajarse por voluntad de las partes (Ob. cit., pp. 166 y ss.) y, en caso afirmativo, la nueva legislación puede válidamente y sin ser retroactiva regular las consecuencias futuras de las relaciones existentes, siempre que se respeten los hechos y efectos pasados.
En aplicación de las anteriores consideraciones al caso de autos, esta Sala concluye que, en efecto, la norma objeto de impugnación constituye un precepto de carácter retroactivo, por las siguientes razones:
Ahora bien, la exigencia que se impuso en ese proceso de calificación, en el sentido de que no se considerarían elegibles aquellos funcionarios que con anterioridad hubiesen sido excluidos de algún otro Cuerpo de Bomberos por faltas disciplinarias, implica una modificación de las condiciones para la continuidad en el cargo que esos funcionarios desempeñasen en
No es, se insiste, que únicamente se establezcan consecuencias futuras nuevas a hechos pasados, es que se está cuestionando y afectando la condición de funcionario de quien, en su momento, cumplió todos los requisitos que se exigían para ser titular del cargo y que ahora pierde esa condición y, en consecuencia, su derecho que había adquirido- porque no cumple con un requisito sobrevenido que no estaba preceptuado en aquella oportunidad, lo cual encuadra en la segunda de las hipótesis de aplicación retroactiva de la norma, que antes se señalaron.
En este sentido, esta Sala señaló en sentencia 1507/05.06.03 que
Asimismo, considera
En consecuencia, por cuanto la porción final del artículo 50, letra d), de
IV
DECISIÓN
Por los razonamientos que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de
Como consecuencia de la declaratoria de nulidad de su parte final, el texto del artículo 50, letra d), de
Artículo 50: Comisión Técnica. Para llevar a cabo y asegurar la adecuada integración del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Caracas, se constituirá una Comisión Técnica conformada por el Alcalde Metropolitano o un representante designado por éste, los Alcaldes de los Municipios que conforman
(...)
d) Realizar un proceso de calificación del personal al servicio de
De conformidad con la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se ORDENA la publicación íntegra de este fallo en
Publíquese, regístrese y comuníquese. Ofíciese lo conducente. Archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de
Luisa EstelLa Morales Lamuño
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Magistrado Ponente
Luis Vicencino Velázquez Alvaray
Magistrado
Francisco Antonio Carrasquero López
Magistrado
MARCO TULIO DUGARTE PADRÓN
Magistrado
ARCADIO DE JESÚS DELGADO
Magistrado Suplente
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
PRRH.sn.ar.
Exp. 03-2523
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