Venley

Sentencia N.º 15

Sentencia
N.º 15
Fecha
18/02/2014
Sala
Constitucional
Expediente
13-1023
Ponente
Francisco Antonio Carrasquero López
Procedimiento
Solicitud de Revisión

SALA CONSTITUCIONAL

 

Magistrado Ponente: FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

 

El 4 de noviembre de 2013, el abogado David Alejandro Calzadilla Lista, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 77.198, en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil CENTRAL MADEIRENSE, C.A., constituida e inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 30 de enero de 1953, bajo el N° 28, Tomo 155 de los Libros de Autenticaciones llevados en ese Despacho, solicitó la revisión de la sentencia dictada, el 13 de agosto de 2012, por el Tribunal Octavo Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró: a) con lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la decisión dictada, el 14 de marzo de 2012, por el Juzgado Noveno de Primera Instancia de Juicio del mismo Circuito Judicial; b) sin lugar la apelación interpuesta por la parte demandada contra la aludida decisión; c) sin lugar la defensa de prescripción alegada por la hoy solicitante; d) parcialmente con lugar la demanda por pago de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, incoada por el ciudadano Antonio León Oropeza contra la hoy solicitante; e) condenó en costas a la hoy solicitante; y f) revocó el fallo apelado.

 

El 6 de noviembre de 2013, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente al Magistrado Luis Fernando Damiani Bustillos.

 

En reunión del 5 de febrero de 2014, convocada a los fines de la reincorporación a la Sala del Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, en virtud de haber finalizado la licencia que le fue concedida por la Sala Plena de este máximo Tribunal para que se separara temporalmente del cargo, por motivo de salud, esta Sala quedó constituida de la siguiente manera: Magistrada Gladys Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, Vicepresidente; y los Magistrados Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales y Juan José Mendoza Jover.

 

Efectuado el estudio de las actas que conforman el presente expediente, pasa esta Sala a decidir la solicitud de revisión, previas las siguientes consideraciones:

 

I

DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN

 

La solicitante señaló que “…En la sentencia aquí recurrida, fue declarada sin lugar la defensa de prescripción alegada por mi representada en la contestación del procedimiento en Primera Instancia, fundamentada en el hecho cierto de que la demanda por pago de prestaciones sociales fue intentada el 01 de junio de 2009 (con notificación de la demandada en fecha 06 de julio de 2009), después de transcurrido con creces el lapso de prescripción establecido en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo derogada, en virtud de que la relación de trabajo de Antonio León Oropeza con Central Madeirense, C.A. finalizó con el pago de sus prestaciones sociales en fecha 18 de octubre de 2004…”.

 

Que “…La motivación del tribunal para declarar sin lugar el alegato de prescripción fue erróneamente fundamentada en el hecho de que Central Madeirense, C.A. no asistió a la última prolongación de la audiencia preliminar en fecha 24 de septiembre de 2010 y por ello no tenía derecho a hacer alegatos de defensa ni a contestar la demanda por haber incurrido en la admisión de los hechos establecida en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo…”.

 

Arguyó que “…en la sentencia recurrida se le otorgó valor probatorio a una prueba de informes promovida por Central Madeirense, C.A. en la cual el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales informó que el ciudadano Antonio Leon (sic) Oropeza inició una nueva relación de trabajo con la empresa INVERSIONES HALTON, C.A. en fecha 27 de septiembre de 2006. Sin embargo aun cuando le fue otorgado valor probatorio a esta prueba, no fue reflejada cual es la consecuencia del hecho que esa prueba demostró, es decir que el demandante inició de (sic) otra relación de laboral una vez terminada la que tuvo con Central Madeirense, C.A.…”.

 

Que “…intentó el Recurso de Control de Legalidad contra la sentencia aquí recurrida, el cual fue declarado inadmisible por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 29 de mayo de 2013 en el expediente Nro. AA60-S-2012-001401, con lo cual adquirió firmeza el fallo de la segunda instancia…”.

 

Denunció que “…el Tribunal Octavo Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area (sic) Metropolitana de Caracas en la sentencia recurrida, dejó de aplicar el criterio sostenido por este Máximo Tribunal en reiteradas decisiones, entre las que podemos contar la emitida por esta Sala Constitucional en la sentencia del 29 de octubre de 2009 del expediente Nro. 08-1148 y la sentencia Nro. 810-06 emitida por la Sala de Casación Social…”.

 

En tal sentido, alegó que “…esas sentencias coinciden en resolver que la inasistencia a una prolongación de la audiencia preliminar no implica una admisión de hechos con carácter absoluto, sino una admisión de hechos con carácter relativo, generando la consecuencia jurídica de la posibilidad de dar contestación a la demanda…”.

 

Sostuvo que “…el Tribunal Octavo Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, obvió este criterio jurisprudencial, desechando todos los alegatos de la defensa expuestos por nuestra representada en el escrito de contestación, entre los cuales se encontraba la prescripción de la acción laboral, aduciendo que Central Madeirense, C.A. no compareció a la audiencia preliminar de fecha 24 de septiembre de 2010, la cual solo se trataba de una de sus prolongaciones…”.

 

Denunció que “…La inobservancia de ese criterio de este máximo tribunal, así como la infracción a la disposición contenida en el artículo 335 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (…), nos hace suponer fehacientemente que Central Madeirense, C.A. vio infringido su Derecho a la Defensa establecido en el artículo 49 de nuestra Carta Magna, consolidándose el vicio de indefensión…”.

 

Que “…aun cuando en la sentencia recurrida se mencionó el otorgamiento de valor probatorio a las resultas de la prueba de informes emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales con lo cual fue demostrado que el accionante Antonio León Oropeza después de culminada su relación de trabajo con Central Madeirense, C.A., inició otra en fecha 27 de septiembre de 2006 con la empresa Inversiones Halton, C.A.; en la sentencia recurrida no se hizo un análisis exhaustivo de esa prueba, debiendo señalarse la consecuencia de esa circunstancia y el criterio del tribunal al respecto, al cual no aparece reflejado en ninguna de las partes de la sentencia. Es necesario mencionar que el análisis apropiado de este medio probatorio resulta fundamental para las pretensiones de mi representada pues cobraría fuerza el alegato de prescripción, ya que sería obvia la finalización de la relación de trabajo entre Antonio León Oropeza y Central Madeirense, C.A. el 18 de octubre de 2004, cuando ese mismo ciudadano inició otra relación laboral con un patrono distinto el 27 de septiembre de 2006…”.

 

Que “…Visto que la prueba de informes aludida no fue valorada apropiadamente pues fueron contrariados principios elementales en materia probatoria, como la sana crítica, mediante la cual el juez procesa intelectualmente los resultados de una prueba a fin de apreciarla correctamente, es posible observar que también se generó el vicio de indefensión, con lo cual se infringe nuevamente en la sentencia recurrida el Principio del Derecho a la Defensa establecido en el artículo 49 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela…”. Y añade que “…Al respecto aludimos el criterio establecido en la sentencia Nro. 100 del 20 de febrero de 2008, ratificando lo establecido en las sentencias Nro. 831 del 24 de abril de 2002 y Nro. 1489 del 28 de junio de 2002, todas emitidas por la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal, relativo a que cuando no se aprecia una prueba fundamental que es determinante para el fondo de la decisión, es procedente la revisión constitucional…”.

 

Pidió que se acuerde “…medida cautelar de suspensión de efectos jurídicos de la sentencia fechada el 13 de agosto de 2012, en el procedimiento identificado con las siglas AP21-R-2011-000427…”.

 

Finalmente, solicitó “…que el presente Recurso (sic) de Revisión sea admitido, sustanciado conforme a Derecho y declarado Con Lugar…”.

 

II

DE LA SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN

 

El Tribunal Octavo Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas dictó la sentencia objeto de revisión, el 13 de agosto de 2012, bajo las siguientes consideraciones:

 

 “…Visto los fundamentos de apelación interpuesto por la parte actora, es necesario pronunciarse en primer lugar sobre la prescripción declarada por el juez a quo:

En tal sentido, esta juzgadora observa que la misma es solicitada por la parte demandada en su escrito de la contestación a la demanda, sin embargo, es importante señalar que la parte accionada no compareció a la prolongación de la audiencia preliminar celebrada el 24 de septiembre de 2010, a las 2:00 p.m. (folio 188 de la primera pieza del expediente), y de acuerdo a lo señalado por la jurisprudencia patria, se presume una admisión de hechos relativa, en la cual la parte demandada, solo podrá comparecer a la audiencia de juicio a los efectos de realizar el control y contradicción de las pruebas presentadas y promovidas por las partes. En el discurrir del iter (sic) procesal, se ordena la remisión del expediente al juzgado de juicio que le corresponderá el conocimiento de la causa.

Así las cosas, efectivamente, la parte demandada, ejerció el control y contradicción de las pruebas. Sin embargo, el juez a quo, al desarrollar el contenido de la sentencia, tomó en consideración lo alegado por la parte demandada en su escrito de contestación a la demanda, y se pronunció sobre la defensa de prescripción opuesta por esta, sin tomar en consideración que la parte demandada no compareció a la prolongación de la audiencia preliminar y había perdido su oportunidad de oponer defensas a favor de su representada.

Visto lo anterior, quien decide considera que la defensa de prescripción debe ser declara a solicitud de parte interesada y no de oficio por el tribunal y por cuanto, en el presente caso, la parte demandada opuso la misma en el escrito de contestación y este no debió valorarse o estimarse en el presente juicio, dada la incomparecencia de la parte accionada a la prolongación de la audiencia preliminar, se declara improcedente la defensa de prescripción alegada por la demandada. Así se decide.

Ahora bien, otro de los puntos de apelación interpuesta por la parte actora, corresponde al pago de los salarios caídos, concepto éste reclamado por la parte actora, el cual será analizado en su correspondiente oportunidad.

De los Conceptos Condenados:

Así las cosas, se tiene por admitido, la prestación del servicio, la fecha de ingreso, egreso, el oficio desempeñado por el actor, la forma de terminación de la relación laboral, el salario y los conceptos demandados siempre y cuando estén ajustado a derecho y la parte demandada no los haya desvirtuado en la audiencia de juicio, con las pruebas oportadas (sic). En tal sentido, se tiene por cierto que el ciudadano León Antonio Oropeza, ingresó a prestar servicios para la empresa CENTRAL MADEIRENSE C.A. en fecha 16/01/1980 desempeñando el oficio de Carnicero I, hasta el 18/10/2004, devengando para la fecha de la culminación de la relación laboral, la cantidad de Bs. 500,00 mensual. Así se establece.

En cuanto a la jornada de trabajo, alega la propia actora, que este cumplia (sic) una jornada de trabajo de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. de lunes a sábado, sin embargo observa quien decide que de las documentales que rielan a los folios 133 al 168 del presente expediente contentivo de las copias certificadas del procedimiento AP21L-2007-2466, la parte actora señala que el horario desempeñado por el actor es desde las 10:00 a.m. a 1:00 p.m. En tal sentido, por cuanto el actor no logró demostrar el horario comprendido de 9:00 a.m. a 8:00 p.m., señalado en su escrito libelar, y de las propias documentales se evidencia que la parte actora laboró un horario de trabajo diferente al alegado, en consecuencia se tiene como cierto que el ciudadano Luis Antonio Oropeza, laboraba como carnicero para la empresa CENTRAL MADEIRENSE C.A en el horario comprendido de lunes a sábado de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 3:00 a 7:00 p.m. Así se establece.

De los Conceptos Reclamados:

De las Vacaciones causadas no disfrutadas:

En relación al concepto de vacaciones causadas y no disfrutadas desde el inicio de la relación laboral, vale decir, desde el 16/01/1980 hasta el 18/10/2004, esta juzgadora evidencia de las pruebas que riela a los autos, que la parte demandada, tal como le corresponde demostrar el pago del concepto, consignó recibos de pagos, los cuales la parte actora impugnó, no obstante ello, en virtud de la prueba grafoctécnica se evidenció que la parte actora recibió el pago correspondiente a las vacaciones del periodo 2002-2003 y 2003-2004. Aunado a ello, no fueron desconocida por la parte a la cual le fueron opuesta los recibos de pago de las vacaciones correspondientes a los periodos: 1982-1983; 1983-1984; 1985-1986.

En consecuencia se ordena pagar al actor, las vacaciones correspondientes desde 1980-2004, excluyendo los siguientes periodos: 1980-1981; 1982-1983; 1983-1984; 1985-1986; 2002-2003 y 2003-2004, a razón de la cantidad de Bs. 500,00 mensual como último salario normal básico mensual devengado por el actor. Se ordena la realización de experticia complementaria del fallo, a cargo de un experto designado por el juez de SME correspondiente, cuyos honorarios serán sufragados por la parte demandada; el experto contable designado deberá establecer los días correspondiente para el pago de los periodos de vacaciones condenados, tomando para ello, la base de 15 días para el primer año de servicio, al cual se le adicionará un día por cada año hasta un máximo de 15 días, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 219 de L.O.T. derogada. Así se decide.

Del Bono vacacional:

En relación a este concepto, considera quien decide, que la parte demandada le correspondía la obligación de demostrar su pago, y por cuanto no se evidencia prueba alguna que demuestre que ésta cumplió con su obligación, se condena a la parte demandada a pagar al actor el pago correspondiente al bono vacacional desde el 16/01/1980 hasta el 18/10/2004 a razón de la cantidad de Bs. 500,00 mensual como último salario mensual normal básico devengado por el actor. Se ordena la realización de una experticia complementaria del fallo, a cargo de un experto designado por el juez de SME correspondiente, cuyos honorarios serán sufragados por la parte demandada; el experto contable designado deberá establecer los días correspondiente para el pago del bono vacacional condenado, tomando para ello, 07 días para el primer año de servicio, al cual se le adicionará un día por cada año hasta un máximo de 21 días, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 223 de L.O.T. derogada. Así se decide.

De las Utilidades anuales:

La parte actora solicitó el pago de las utilidades desde la fecha de 16/01/1980 hasta el 18/10/2004, en tal sentido, siendo la responsabilidad de la parte demandada demostrar su pago, esta juzgadora observa de los autos, el pago correspondiente al año 1983. En consecuencia se ordena el pago de las utilidades correspondientes a los periodos 16/01/1980 hasta el 18/10/2004, excluyendo del mismo el año 1983. En tal sentido se ordena la realización de experticia complementaria del fallo, a cargo de un experto designado por el juez de SME correspondiente, cuyos honorarios serán sufragados por la parte demandada; el experto contable designado deberá establecer el monto correspondiente, tomando para ello, la base de 15 días por cada año de servicio, a razón de la cantidad de Bs. 500,00 mensual como último salario normal básico devengado por el actor durante los periodos correspondientes, los cuales se evidencia de los autos. Así se decide.

Horas extraordinarias diurnas y nocturnas:

En relación al precedente concepto, quien decide considera que por ser el mismo un extraordinario, le corresponde a la parte demandante demostrar su procedencia y por cuanto quedó establecido que el actor laboró en el horario comprendido desde 10:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 3:00 a 7:00 p.m. en consecuencia, visto que el referido horario no comprende horas extras, es forzoso para quien decide declarar improcedente este concepto. Así se decide.

Indemnización por antigüedad: de conformidad con lo establecido en el artículo 108 de la derogada LOT. En relación al precedente concepto, la parte demandada le corresponde demostrar el pago de la misma, en tal sentido, se evidencia de autos, el pago de la antigüedad consagrada en el artículo 108 de la LOT. En consecuencia, es forzoso para quien decide declarar el presente concepto improcedente. Así se decide.

Del Bono de compensación por transferencia: de conformidad con lo establecido en el articulo 666 literal “a” y “b”, quien decide observa que la parte demandada le correspondía la demostración del mismo, no obstante ello, por cuanto su pago fue impugnado por la parte a la cual le fuera opuesto, es necesario condenar el pago correspondiente, en tal sentido se ordena el pago del mismo de acuerdo a los siguientes parámetros:

Se ordena su cancelación en base al literal “a” del artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo a razón de la indemnización de antigüedad prevista en el artículo 108 de la LOT promulgada en el año 1990, en base al salario normal básico devengado por el actor en el mes de mayo de 1997, tomando para la fecha de la promulgación de la ley, una prestación de 17 años y 05 meses, en consecuencia se ordena a la empresa demandada pagar el referido concepto, 30 días por los años de servicios, es decir, 30 días por 17 años. Así se decide.

Se ordena su cancelación en base al literal “b” del artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo, es decir, a razón de 30 días por cada año de servicios, en base al salario normal devengado por el actor para diciembre de 1996. En consecuencia se ordena a la empresa demandada pagar el referido concepto, 30 días por los años de servicios, es decir, 30 días por 17 años. Así se decide.

En tal sentido, se ordena la realización de experticia complementaria del fallo, a cargo de un experto designado por el juez de SME correspondiente, cuyos honorarios serán sufragados por la parte demandada; el experto contable designado deberá establecer los días correspondiente para el pago de los periodos de vacaciones condenados, tomando para ello, la cantidad de Bs. 48,83 mensuales como salario devengado por el actor hasta mayo de 1997. Así se decide.

De los Intereses sobre los saldos por antigüedad y compensación de transferencia

y Prestaciones sociales:

Visto que la parte demandada no canceló oportunamente su pago, se ordena sus respectivos intereses de conformidad con lo establecido en el artículo 668 parágrafo primero de la derogada LOT. En consecuencia se ordena su pago mediante los cálculos realizados por el experto contable designado, quien tomará en consideración, el saldo adeudado, cuyos intereses serán calculados en base a la tasa activa determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los seis (06) principales bancos comerciales. Así se decide.

De la Indemnización por despido injustificado e Indemnización sustitutiva de preaviso: de conformidad con lo establecido en el artículo 125 de la derogada LOT. En relación al precedente concepto, la parte demandada le corresponde demostrar el pago de la misma, en tal sentido, se evidencia de autos, el pago de finiquito en el cual consta el pago correspondiente de la indemnización por despido injustificado así como la indemnización sustitutiva de preaviso. En consecuencia, se declara improcedente el reclamo de este concepto. Así se decide.

De las Vacaciones fraccionadas: de conformidad con lo establecido en el artículo 219 y 223 de la derogada LOT. En relación al precedente concepto, la parte demandada le corresponde demostrar el pago de la misma, en tal sentido, se evidencia de autos, el pago de finiquito en el cual se evidencia el pago correspondiente de las vacaciones fraccionadas En consecuencia, es forzoso para quien decide declarar el presente concepto improcedente. Así se decide.

Bono vacacional fraccionado: de conformidad con lo establecido en el artículo 223 de la derogada LOT. En relación al precedente concepto, la parte demandada le corresponde demostrar el pago de la misma, en tal sentido, por cuanto no se evidencia de autos, el pago correspondiente a dicho concepto, se condena a la parte demandada a pagar al actor el pago correspondiente al bono vacacional de 2004-2005 a razón de la cantidad de Bs. 500,00 mensual como último salario normal básico devengado por el actor. Se ordena la realización de experticia complementaria del fallo, a cargo de un experto designado por el juez de SME correspondiente, cuyos honorarios serán sufragados por la parte demandada; el experto contable designado deberá establecer los días correspondiente para el pago del bono vacacional condenado, tomando para ello, la base de 07 días por el primer año de servicio, al cual se le adicionará un día por cada año hasta un máximo de 21 días, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 223 de L.O.T. derogada. Así se decide.

De los Interese (sic) sobre prestación de antigüedad: de conformidad con lo establecido en el artículo 108 de la derogada LOT. En relación al precedente concepto, la parte demandada le corresponde demostrar el pago de la misma, en tal sentido, se evidencia de autos, finiquito en el cual consta el pago correspondiente a los intereses sobre las prestaciones sociales. En consecuencia, es forzoso para quien decide declarar el presente concepto improcedente. Así se decide.

Del Paro forzoso:

En relación al concepto precedente, esta juzgadora observa de los recibos de pagos que rielan a los autos que la parte demandada, cumplía con la obligación de descontarle al actor, lo correspondiente al paro forzoso, así mismo se evidencia de autos, planilla 14-03 correspondiente a la participación de retiro del actor, la cual se evidencia sello de la oficina regional de la oficina de Chacao del IVSS de fecha 21/10/2004. En consecuencia, es forzoso para quien decide declara el presente concepto improcedente. Así se decide.

De los Intereses de mora sobre prestaciones sociales:

En tal sentido, considera quien decide de acuerdo a lo solicitado por el actor en su escrito libelar, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la CRBV, y por cuanto algunos conceptos, los cuales la parte demandada no pagó en su oportunidad, se ordena el pago de los interese sobre los conceptos que fueron condenados en la parte motiva del presente fallo. Para tal efecto se ordena se ordena la realización de experticia complementaria del fallo, a cargo de un experto designado por el juez de SME (sic) correspondiente, cuyos honorarios serán sufragados por la parte demandada; el experto contable designado deberá establecer el pago correspondiente, a razón del último salario devengado por el actor. Así se decide.

En cuanto a los intereses sobre prestaciones sociales:

En tal sentido, observa quien decide que la parte actora solicita el pago sobre los intereses sobre las prestaciones sociales correspondientes durante toda la relación laboral, es decir, desde 16/01/1980 al 18/10/2004. En tal sentido, la parte demandada le correspondía la carga probatoria de excepcionarse del referido pago, en consecuencia, se evidencia de autos, finiquito de pago, en la cual consta que la parte demandada, pagó a la parte actora, tales intereses desde 1997 hasta 18/10/2004, fecha de culminación de la relación labora (sic). Sin embargo, visto que se demandada el pago del concepto desde el inicio de la relación laboral, se evidencia de autos recibos de pago de prestaciones sociales correspondientes a los siguientes periodos: del 01/05/1980 al 01/05/19981; 01/05/1982 al 01/05/1983; 01/05/1984 al 01/05/1985; 01/05/1985 al 01/05/1986; 01/05/1986 al 01/05/1987; 01/05/1987 al 01/05/1988. En consecuencia, se ordena el pago de las prestaciones sociales correspondientes desde el periodo 16/01/1980 al 18/06/1997, excluyendo de los mismos, los periodos comprendidos: 01/05/1980 al 01/05/19981; 01/05/1982 al 01/05/1983; 01/05/1984 al 01/05/1985; 01/05/1985 al 01/05/1986; 01/05/1986 al 01/05/1987; 01/05/1987 al 01/05/1988., (sic) Así se decide.

Para el cálculo de los referidos intereses se ordena la realización de experticia complementaria del fallo, a cargo de un experto designado por el juez de SME correspondiente, cuyos honorarios serán sufragados por la parte demandada; el experto contable designado deberá establecer el monto correspondiente, tomando para ello, lo señalado al respecto por el derogado artículo 108 literal c) de la derogada LOT. Así se decide.

Cálculo de los Salarios Caídos: desde el año 2004 hasta el 31/05/2007 de conformidad con lo establecido en la sentencia de fecha 23/10/2007 emanada del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de este Circuito Judicial del Trabajo, no obstante ello, se evidencia de autos, no solo de copia certificada correspondiente al expediente AP21L-2007-2466, sino de prueba de informe proveniente del juzgado 14° de SME en el cual consta que la parte demandada, canceló la deuda que tenía con el actor, relativa al pago de los salarios caídos. En consecuencia, es forzoso para quien decide declarar el presente concepto improcedente. Así se decide.

Del Ahorro Habitacional.

La parte actora solicitó que se ordena a la empresa demandada, la entrega de libra de ahorro habitacional, ya que manifestó que hasta la presente fecha la parte demandada se ha negado a hacer entrega de la misma, y de igual forma solicita que en su defecto se ordena la entrega de los montos retenidos por tal concepto durante el tiempo de prestación del servicio. En tal sentido, considera quien decide, que el ahorro habitacional se apertura en una entidad bancaria y en modo alguno, el patrono o en el caso de marras, la empresa accionada posee cuenta o libreta del mismo. En consecuencia, es forzoso para quien decide declara el presente concepto sin lugar. Así se decide…” (Destacado original del fallo).  

III

DE LA COMPETENCIA

 

El cardinal 10 del artículo 336 de la Constitución le atribuye a la Sala Constitucional la potestad de “…revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los Tribunales de la República, en los términos establecidos por  la Ley Orgánica respectiva…”.

 

Tal potestad de revisión de sentencias definitivamente firmes está contenida en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en sus numerales 10 y 11, en los siguientes términos:

 

“Artículo 25. Son competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:

(...omissis…)

10. Revisar las sentencias definitivamente firmes que sean dictadas por los tribunales de la República, cuando hayan desconocido algún precedente dictado por la Sala Constitucional; efectuado una indebida aplicación de una norma o principio constitucional; o producido un error grave en su interpretación; o por falta de aplicación de algún principio o normas constitucionales.

11. Revisar las sentencias dictadas por las otras Salas que se subsuman en los supuestos que señala el numeral anterior, así como la violación de principios jurídicos fundamentales que estén contenidos en la Constitución de la República, tratados, pactos o convenios internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, o cuando incurran en violaciones de derechos constitucionales.

(…omissis…)”.

 

Ahora bien, por cuanto fue propuesta ante esta Sala la solicitud de revisión de una sentencia dictada por el Tribunal Octavo Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales antes citadas, esta Sala se declara competente para conocerla. Así se declara.

 

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

En el presente caso se pretende la revisión de una sentencia dictada, el 13 de agosto de 2012, por el Tribunal Octavo Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró: a) con lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la decisión dictada, el 14 de marzo de 2012, por el Juzgado Noveno de Primera Instancia de Juicio del mismo Circuito Judicial; b) sin lugar la apelación interpuesta por la parte demandada contra la aludida decisión; c) sin lugar la defensa de prescripción alegada por la hoy solicitante; d) parcialmente con lugar la demanda por pago de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, incoada por el ciudadano Antonio León Oropeza contra la hoy solicitante; e) condenó en costas a la hoy solicitante; y f) revocó el fallo apelado.

 

Ahora bien, esta Sala observa que:

 

En sentencia Nº 93 del 6 de febrero de 2001 (caso: Corpoturismo), esta Sala Constitucional indicó cuáles son los fallos susceptibles de ser revisados de manera extraordinaria y excepcional, a saber: los fallos definitivamente firmes de amparo constitucional, las sentencias definitivamente firmes de control expreso de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas, las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas apartándose u obviando expresa o tácitamente alguna interpretación de la Constitución contenida en alguna sentencia dictada por esta Sala con anterioridad al fallo impugnado, realizando un errado control de constitucionalidad al aplicar indebidamente la norma constitucional, y las sentencias definitivamente firmes que hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional.

 

En este sentido, es pertinente destacar que esta Sala ha insistido que la revisión constitucional es una potestad extraordinaria que no es amplia ni ilimitada, sino que se encuentra restringida, no sólo por cuanto se refiere de una manera taxativa a un determinado tipo de sentencias definitivamente firmes, sino que, igualmente, con base en la unión, integración y coherencia que debe existir en las normas constitucionales como parte de un todo, la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al establecer la garantía de la cosa juzgada en su artículo 49 constitucional, limita la potestad extraordinaria de revisión, que busca evitar la existencia de criterios dispersos sobre las interpretaciones de normas y principios constitucionales que distorsionen el sistema jurídico (creando incertidumbre e inseguridad en el mismo), garantizando la unidad del Texto Constitucional y, en fin, la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, cometido que tiene asignado este Alto Órgano Jurisdiccional como “máximo y último intérprete de la Constitución”.

             

Asimismo, esta Sala ha venido manifestando, de forma insistente, que la potestad de admitir o no admitir la solicitud de revisión es discrecional, e incluso, que puede, en cualquier caso, desestimar la revisión sin motivación alguna, cuando según su criterio, constate que en nada contribuye a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales.

 

En tal sentido, luego de examinar el fallo objeto de la presente solicitud de revisión a la luz de lo precedentemente expuesto, esta Sala aprecia que aquel no encuadra en ninguno de los tipos de decisiones a los cuales está restringida la revisión constitucional, y, en definitiva, que la revisión de esa decisión en nada contribuiría a alcanzar la finalidad de la revisión constitucional, cual es, como se indicó precedentemente, uniformar la interpretación de normas y principios constitucionales.

 

En ese orden de ideas, esta Sala advierte que la presente solicitud de revisión evidencia, simplemente, el desacuerdo de la parte solicitante con la decisión cuya revisión se demanda, y no algún criterio de esta última que realmente altere la uniforme interpretación y aplicación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ni, en fin, alguna interpretación u omisión de aplicación de alguna norma o principio constitucional que atente contra la supremacía y efectividad de la Carta Magna.

 

Así las cosas, de la lectura de la sentencia cuya revisión se solicita, aprecia esta Sala que la misma estuvo ajustada a derecho y se fundamentó en argumentos jurídicos acertados, que en modo alguno pueden constituir violaciones de los derechos constitucionales de la solicitante. Así se declara.

 

En tal sentido, la solicitante sólo realiza señalamientos destinados a atacar cuestiones de juzgamiento –valoración de las pruebas aportadas por las partes en la causa primigenia- lo cual de ninguna manera puede usarse como fundamento para una solicitud de revisión, pues, dicha valoración forma parte de la autonomía e independencia de la que gozan los jueces al decidir, quienes, si bien deben ajustarse a la Constitución y a las leyes al resolver una controversia, disponen de un amplio margen de valoración del derecho aplicable a cada caso, por lo cual pueden interpretarlo y ajustarlo a su entendimiento, como actividad propia de su función de juzgar (vid. sentencias Nos. 325 del 30 de marzo de 2005, 1761 del 17 de diciembre de 2012, 36 del 14 de febrero de 2013 y 554 del 21 de mayo de 2013, entre otras). Así también se declara.

 

Por tal motivo, esta Sala considera oportuno insistir que la revisión constitucional no constituye y no debe ser entendida y empleada como un medio ordinario de impugnación o como una nueva instancia en los procesos cuyas decisiones son sometidas a revisión, sino como lo que es, es decir, como un mecanismo procesal constitucional excepcional, extraordinario y discrecional, que se encuentra limitado a unos supuestos claramente establecidos, en ninguno de los cuales, como se indicó ut supra, encuadra la decisión objetada en esta oportunidad, razón por la cual, ejerciendo con máxima prudencia esta trascendental potestad revisora, esta Sala considera que debe ser declarada no ha lugar la revisión solicitada. Así se decide.

 

Dada la naturaleza de esta decisión, resulta inoficioso pronunciarse con relación a la medida cautelar innominada solicitada en la presente causa. Así también se decide.

 

V

Decisión

 

Por las razones  que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la ley, declara NO HA LUGAR la solicitud de revisión interpuesta por el abogado David Alejandro Calzadilla Lista, en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil CENTRAL MADEIRENSE, C.A., de la sentencia dictada, el 13 de agosto de 2012, por el Tribunal Octavo Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

 

Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 18 días del mes de febrero de dos mil catorce. Años: 203º de la Independencia y 154º de la Federación.

 

La Presidenta,

 

 

 

 

 

GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO

                                            El Vicepresidente,

 

 

 

 

 

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

                                                                                           Ponente                          

 

 

Los Magistrados,

 

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

 

 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

 

 

 

 

 

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

 

El Secretario,

 

 

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

 

FACL/

Exp. N° 13-1023

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