Sentencia N.º 150
- Sentencia
- N.º 150
- Fecha
- 09/02/2001
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 00-2000
- Ponente
- Jesús E. Cabrera Romero
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
MAGISTRADO PONENTE: JESUS EDUARDO CABRERA ROMERO
El 27 de junio de 2000, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, recibió expediente contentivo de la acción de amparo interpuesta el 2 de junio de 2000 ante el Juzgado Superior Primero (Distribuidor) en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, por Carlos Brender, abogado, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 7820, en representación, acreditada en autos, de Armand Choucroun, titular de la cédula de identidad Nº 6.201.344, contra la sentencia dictada por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, el 9 de mayo de 2000, en el Recurso de Hecho intentado por Natalio Lorenzo Carrera contra la negativa de oir apelación, dictada por el Juzgado Décimo Octavo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, el 28 de febrero de 2000, en el juicio seguido por el hoy accionante contra el nombrado Natalio Lorenzo Carrera.
Dicho expediente fue remitido a esta Sala por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas quien por distribución conoció de la causa en primera instancia, a los efectos de oír la apelación interpuesta por el accionante, conforme al artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
En la misma fecha se dio cuenta en Sala, designándose como Ponente al Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo.
En fecha 4 de julio de 2000, el apoderado actor presentó escrito solicitando se declare con lugar la apelación ejercida.
Efectuado el análisis del expediente se pasa a dictar sentencia previas las siguientes consideraciones:
I
DE LA ACCIÓN DE AMPARO
La presente acción de amparo ha sido ejercida, por considerar el accionante conculcados sus derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso, consagrados en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, en la sentencia de 9 de mayo de 2000, infracción que se habría verificado cuando dicho Juzgado declaró con lugar el Recurso de Hecho intentado por Natalio Lorenzo Carrera contra la negativa de oír la apelación ejercida contra la decisión del 28 de febrero de 2000, mediante la cual el Juzgado Décimo Octavo de Municipio de la misma Circunscripción Judicial, homologó el convenimiento judicial celebrado entre el accionante y Natalio Lorenzo Carrera en el juicio por resolución de contrato de arrendamiento, incoado contra el último de los nombrados.
Señala el accionante que la decisión contra la cual acciona declaró con lugar el recurso de hecho referido, fundamentándose en que el auto de homologación de un convenimiento celebrado en la oportunidad de practicarse una medida de secuestro pone fin al juicio, y contra la misma cabe la apelación prevista en el artículo 288 del Código de Procedimiento Civil, pero obviando que la negativa de oír la apelación dictada por el Juzgado Décimo Octavo de Municipio señalado, se fundamentó en que el apelante había expresamente desistido de la apelación del auto de homologación en el texto mismo del convenimiento, lo cual considera el accionante acomodaticio y lesionante de sus derechos a la defensa y al debido proceso, porque, en su criterio, el sentenciador solo se basó en los elementos de convicción que resultaban favorables al recurrente, obviando tomar en consideración los otros elementos, ordenándole al a quo oír la apelación libremente y sin pronunciarse previamente, como a su criterio debió hacerlo, sobre la validez del desistimiento previo convenido por el apelante, especialmente cuando se trata de derechos disponibles y que no guardan relación con el orden público, por tratarse de una demanda por resolución contractual arrendaticia....
Señala asimismo el accionante, que la decisión accionada también le infringió los derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso, porque ordenó al a quo abstenerse de practicar ningún acto de ejecución de sentencia mientras se decidiese la apelación interpuesta, cuando el único objeto del recurso de hecho es admitir la apelación denegada o bien habiendo sido admitida en un solo efecto que sea admitida libremente, con lo cual modificó el objeto de la pretensión y del recurso ejercido....
Igualmente expone, que el presunto agraviante actuó de manera temeraria y en abuso del principio de la legalidad, en razón de que el recurso de hecho fue presentado acompañado de copias fotostáticas simples, sin que el tribunal le haya fijado al recurrente plazo para la consignación de las copias certificadas.
En atención a sus alegatos, el accionante, finalmente, solicita que se deje sin efecto la sentencia contra la cual acciona.
II
DE LA SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN
El 16 de junio de 2000, el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, dictó sentencia mediante la cual declaró sin lugar la presente acción de amparo y confirmó expresamente la sentencia accionada, con fundamento en las siguientes consideraciones:
Que ante la negativa de apelación del auto que homologó el convenimiento judicial en el referido juicio de resolución de contrato, el allí demandado, Natalio Lorenzo Carrera, ejerció Recurso de Hecho que fue declarado con lugar, ordenándosele al juez de aquella causa, oír libremente la apelación ejercida por el recurrente, revocando los autos del 13 de marzo y 23 de marzo, ambos de 2000, en los cuales se negó la apelación referida.
Que el convenimiento debidamente homologado es una forma anormal de terminación del proceso, que al configurarse queda equiparado a una sentencia definitivamente firme, impugnable a través del recurso de apelación.
Que en el caso de autos, el auto de homologación del convenimiento por el tribunal de la causa, es una sentencia interlocutoria con carácter definitivo, por lo que la anulación de ese acto no la puede realizar el mismo juzgador que lo dictó, por imperativo del artículo 272 del Código de Procedimiento Civil, no obstante tal decisión puede ser impugnada por las partes utilizando el recurso de apelación, que en opinión del sentenciador es la vía idónea para ello, por lo que al negarse la apelación se ejerció el recurso de hecho, lo cual es ajustado a derecho.
Que el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas al decidir con lugar el recurso de hecho antes citado y ordenar que se oyera la apelación en ambos efectos, revocando los autos apelados, se ajustó a la ley y su actuación no produjo las violaciones a los derechos que alega la parte recurrente en amparo que le fueron violados, derechos constitucionales al debido proceso y a la defensa, ni tampoco con esa decisión el juez presunto agraviante hay (sic) violado el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ya que actuó en el ámbito de su competencia.
El 20 de junio de 2000, el accionante solicitó ampliación del fallo referido a fin de salvar omisión incurrida en la sentencia dictada el día 16 de junio de 2000, en la presente acción de amparo constitucional, en virtud de que, considera que la causa de la pretensión no fue resuelta en dicha sentencia, por cuanto como consta en el escrito libelar y se sostuvo en la audiencia constitucional ... el motivo de la acción de amparo consiste en que, la (sic) agraviante declaró con lugar un recurso de hecho contra la negativa de apelación, la cual previamente había sido desistida....
El 21 de junio de 2000, el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas dictó un auto mediante el cual señala que no hay que salvar omisión alguna en la sentencia de 16 de junio de 2000; que el juez señalado como presunto agraviante actuó al dictar la sentencia accionada dentro de su competencia, por lo que su conducta no constituye en modo alguno abuso, extralimitación o usurpación de funciones de manera que la acción de amparo contra su actuación es improcedente; y que, para el juez constitucional lo fundamental son los hechos que constituyen violaciones a los derechos y garantías constitucionales, que en el presente caso, en opinión del sentenciador no se produjeron, no siendo vinculante para el juez de amparo la solicitud del quejoso de pronunciarse sobre la procedencia de la apelación que había sido previamente desistida.
III
DE LA APELACIÓN EJERCIDA
El 22 de junio de 2000, el accionante apeló de la anterior sentencia.
En la misma fecha, el tercero interviniente, Natalio Lorenzo Carrera, acudió al tribunal y expuso que no podía desistir de un acto que no había realizado; que ejerció la apelación el 2 de marzo de 2000 por lo cual no podía desistir de ella con anterioridad; que podía haber renunciado al derecho a ejercerla, pero no lo hizo.
El 4 de julio de 2000, el accionante presentó ante esta Sala escrito mediante el cual señala que, en su criterio, la sentencia objeto de apelación no decidió la causa de la pretensión ..., en virtud de que en ninguna parte del fallo se resuelve el quid del caso referido al desistimiento de la apelación que había efectuado el apelante... y cita parcialmente sentencia de esta Sala, de fecha 17 de marzo de 2000, caso F. De González, copiando textualmente parte de dicha sentencia.
Finalmente, después de hacer otra cita textual, solicita que se declare con lugar la presente apelación y se pronuncie esta Sala sobre el punto planteado.
IV
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
En primer lugar corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de su competencia para conocer del presente recurso de apelación ejercido contra una sentencia dictada por un Juzgado Superior al conocer de la acción de amparo en primera instancia, y en tal sentido, reiterando los criterios relativos a distribución de competencia en materia de la acción de amparo, a la luz de los principios y preceptos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, asentados en sentencias de 20 de enero de 2000, casos Emery Mata y Domingo Ramírez Monja, y de 14 de marzo de 2000, caso Elecentro, esta Sala se considera competente para conocer de la presente apelación, y así se declara.
Pasa esta Sala a pronunciarse acerca de la apelación ejercida, y al respecto observa:
La presente apelación ha sido ejercida señalando el accionante que, en su criterio, la sentencia apelada debió pronunciarse respecto del desistimiento de la apelación, por parte del ciudadano Natalio Lorenzo Carrera, del auto de homologación de un convenimiento, efectuado en el texto del convenimiento por el demandado, lo que no ocurrió, puesto que dicha sentencia nada dijo al respecto, y el demandando apeló del auto de homologación.
El a quo, en auto de 21 de junio de 2000, expresó que no es vinculante para el juez de amparo la petición del accionante de pronunciarse sobre tal materia, siendo lo fundamental para el juez constitucional, los hechos que constituyan violación a derechos y garantías constitucionales.
Observa esta Sala que el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que establece la procedencia de la acción de amparo ejercida contra actuaciones u omisiones judiciales, cuando en la actuación u omisión concurren el abuso, usurpación o extralimitación de funciones del presunto agraviante, con la violación de derechos y garantías constitucionales, efectivamente circunscribe la materia a conocer por el juez constitucional a la referida en dichos supuestos; es decir, que éste deberá pronunciarse sobre la actuación competente o no, del tribunal accionado y sobre la infracción de derechos constitucionales verificada o no, en detrimento de la situación jurídica de un sujeto, para decidir sobre la necesidad de restablecimiento de una situación jurídica infringida, o amenazada de serlo, por la actuación u omisión judicial.
Es así como los errores de procedimiento que cometan los jueces, o los errores que ellos puedan cometer en la escogencia de la ley aplicable o en su interpretación, solo serán apreciados por el juez constitucional cuando conlleven la violación de algún derecho constitucionalmente garantizado.
En efecto, la infracción del derecho a la defensa o al debido proceso, por actuación u omisión judicial, no se produce con toda infracción de reglas procesales. Solo cuando la infracción impida a una parte ejercer su defensa, enervándole las oportunidades para alegar y probar, cercenándole la contradicción y el control de las pruebas de su contraparte, o impidiéndole conocer lo que se le imputa o se pretende de él, o negándole el uso de los medios que la ley adjetiva establece en desarrollo de la garantía jurisdiccional y del derecho al debido proceso, será, cuando ocurra la infracción constitucional materia de la acción de amparo; por lo que quien accione en amparo, contra una decisión judicial deberá alegar cómo y de qué manera la infracción procesal denunciada le impide o menoscaba el ejercicio de sus derechos constitucionales a la defensa, al debido proceso o a la tutela judicial efectiva, indicando, en principio expresamente, la actividad procesal concreta a la que tenía o tendría derecho en ejercicio de sus derechos constitucionales, que le ha sido impedida por la violación procesal o de qué manera la infracción cometida por el juez le menoscaba el ejercicio de algún otro derecho constitucional.
Es del ámbito de la competencia de los jueces ordinarios, corregir los errores cometidos en el curso de los procesos en la aplicación de la ley, en su escogencia o en su interpretación, y para ello la ley adjetiva establece medios y recursos apropiados. La acción de amparo, como ya ha dicho esta Sala, ha sido concebida como un medio expedito y sumario para obtener con presteza, el restablecimiento de situaciones jurídicas subjetivas que han sido lesionadas o existe amenaza inminente de que lo serán, cuando no existe en el ordenamiento jurídico adjetivo ordinario otro medio igualmente eficaz y sumario para la obtención del mismo fin. No se trata el amparo de una nueva instancia judicial, ni de la sustitución de los medios ordinarios previstos para la tutela de derechos e intereses, y solo interesa al juez de amparo la infracción procesal, cuando lo aplicado por el juez, o su omisión, contraviene y deja sin aplicación una disposición constitucional que consagra un derecho, o cuando la interpretación que se dio a la ley menoscaba el ejercicio de un derecho constitucional.
En el presente caso, el sentenciador a quo no se pronunció en la sentencia de amparo recaída en primera instancia, sobre la validez del desistimiento realizado por Natalio Lorenzo Carrera, de interponer el recurso de apelación contra el auto de homologación del convenimiento efectuado por él, es decir, un desistimiento realizado con anterioridad al ejercicio del recurso, en consideración a que, en su criterio, ello es materia propia del conocimiento de quien conozca de la apelación ejercida, lo cual, atendiendo a lo antes expuesto, estima esta Sala que no es materia propia de la acción de amparo, como tampoco lo es determinar el error de juzgamiento en que habría incurrido el juez accionado con respecto a ese particular de haber sido así, tal como lo señala la sentencia ahora objeto de apelación.
No obstante, observa esta Sala que la sentencia apelada, que corre inserta a los folios 92 al 103 del presente expediente, declaró sin lugar la acción de amparo y confirmó expresamente la sentencia accionada, que corre inserta a los folios 18 al 21 del presente expediente, al considerar el juez de amparo, que de conformidad con el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil y otras normas adjetivas, el proceso se había desenvuelto debidamente y no se habían verificado infracciones de derechos constitucionales, cuando la sentencia accionada declaró con lugar el Recurso de Hecho referido, con fundamento en el artículo 288 eiusdem, ordenando al tribunal de la causa oír la apelación ejercida por Natalio Lorenzo Carrera libremente, y omitiendo pronunciarse sobre el alegato del hoy accionante, de que la decisión denegatoria de la apelación dictada por el tribunal de la causa, se fundamenta en que el recurrente en apelación había previamente desistido de ejercerla, todo lo cual afirma el accionante que es violatorio de los derechos a la defensa y al debido proceso en tanto impide la ejecución del convenimiento homologado.
La extinta Corte Suprema de Justicia reiteradamente asentó el criterio de que los autos de homologación de los actos de autocomposición procesal, dictados en la primera instancia pueden ser apelados en razón de que se equiparan, en su criterio, a las sentencias que ponen fin al juicio, por lo que, en principio, no puede negarse tal apelación, no siendo revocable el auto de homologación por contrario imperio.
Ahora bien, no establece expresamente norma adjetiva alguna, la procedencia de tal apelación en el caso específico de la homologación de un acto de autocomposición procesal, ni que la misma deba ser oída en un solo efecto o en ambos, no obstante lo cual, considera esta Sala que aunque de conformidad con el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, el convenimiento es irrevocable aun antes de la homologación del mismo por el juez, como quiera que de conformidad con el artículo 363 eiusdem, la homologación judicial del convenimiento es un requisito sine qua non para que pueda considerarse terminada la causa y procederse como en cosa juzgada; y como quiera que la homologación encuentra su justificación en la necesidad de que el juez determine que no se ha dispuesto de derechos indisponibles, o contravenido el orden público, en el convenimiento cuya homologación se solicita, esta Sala considera que, en principio, no puede negarse el recurso de apelación contra el auto de homologación de un convenimiento recaído en primera instancia, ello independientemente del contenido de la decisión que en el recurso recaiga sobre la apelación ejercida.
Conforme al artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, el acto por el cual el demandado conviene en una demanda es irrevocable, aun antes de la homologación del tribunal. Siendo ello así, no es posible pensar que la homologación que da por bueno el convenimiento existente, pueda ser apelada por quien convino, ya que de ésta prosperar se estaría revocando lo irrevocable.
El legislador exigió el auto de homologación o de consumación del convenimiento por razones ajenas a la posible voluntad revocatoria de quien convino. Lo hizo, porque es necesario que quien autocompone la causa tenga capacidad para hacerlo, y si es un apoderado, que él se encuentre facultado para autocomponer; e igualmente porque pueden existir juicios que versan sobre derechos indisponibles, y de aceptarse su disposición por las partes, surgiría una violación de ley.
De allí, que ante la presencia de los actos de autocomposición procesal, el juez debe examinarlos para verificar si cumplen los extremos legales, incluso calificar si realmente se está ante un acto de autocomposición procesal. Es necesario verificar si existe realmente una transacción, un desistimiento o un convenimiento.
La homologación equivale a una sentencia firme, que en principio produciría cosa juzgada, pero ella será apelable si el juez -contrariando los requisitos que debe llenar el acto de autocomposición-, y que se desprenden de autos, lo da por consumado, ya que el desistimiento, el convenimiento o la transacción ilegales, no pueden surtir efecto así el juez las homologue, y por ello, solo en estas hipótesis dichos autos podrán ser apelables, lo que no excluye que si se encuentran viciados se pueda solicitar por los interesados su nulidad. Esta última a veces será la única vía posible para invalidarlos, cuando los hechos invalidativos no puedan articularse y probarse dentro de un procedimiento revisorio de lo que sentenció el juez del fallo recurrido, como es el de la Alzada.
Tratándose de apelaciones de sentencias que van a producir cosa juzgada y que se equiparan a las definitivas, la apelación se oirá en ambos efectos, conforme a lo dispuesto en el artículo 290 del Código de Procedimiento Civil, pero estas homologaciones tienen características que provienen de su propia naturaleza, por lo que la apelación solo puede ser interpuesta por razones específicas provenientes de la ilegalidad del acto de autocomposición procesal.
La sentencia accionada declaró con lugar el Recurso de Hecho, ordenando al tribunal de la causa oír la apelación libremente, fundamentando tal decisión en razones de estricto derecho según la interpretación del juzgador y sin analizar las circunstancias del caso concreto, con relación a las causas de la apelación, las cuales, como se dijo, son muy específicas en materia de la homologación de los actos de autocomposión procesal.
El sentenciador a quo, en la presente causa confirmó expresamente la sentencia accionada, fundamentando su afirmación de que no se había verificado infracción constitucional de los derechos de defensa y del debido proceso, ya que consideró, con fundamento en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil, que la apelación del auto que homologa un convenimiento debe ser admitida, y que el proceso se había realizado conforme a las normas adjetivas vigentes, sin analizar la institución del convenimiento y sus efectos. Al obrar así, a juicio de esta Sala se infringió el debido proceso en perjuicio del accionante, ya que se le dejó indefenso, sin poder gozar del convenimiento a su favor, eliminando la cosa juzgada que produce el convenimiento debido a su irrevocabilidad.
Así, como la cosa juzgada civil solo puede ser atacada por la vía de la invalidación, esta cosa juzgada que nace de la homologación, solo puede ser atacada por causas especificas que nacen de la naturaleza de los actos de autocomposición procesal.
Por otra parte, considera esta Sala, que el a quo, al declarar expresamente confirmada la sentencia accionada, se excedió de los límites de su competencia como juez constitucional, puesto que la sentencia confirmada expresamente por él, contiene consideraciones relativas al fondo del asunto que se dilucida, no correspondiendo al juez de amparo, sino a la jurisdicción ordinaria, como ya lo ha dicho esta Sala, el conocimiento del fondo del litigio. Así se decide.
DECISIÓN
Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara CON LUGAR la apelación ejercida y en consecuencia REVOCA la sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, el 16 de junio 2000 y declara CON LUGAR la acción de amparo ejercida por Armand Choucroun contra de la sentencia dictada el 9 de mayo de 2000, por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, la cual se declara nula; y en consecuencia, se ordena la reposición de la causa el estado en que el Juzgado accionado proceda a dictar nueva sentencia.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado. Bájese el expediente.
Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en Caracas, a los 09 días del mes de FEBRERO de dos mil uno. Años: 190º de la Independencia y 141º de la Federación.
El Presidente de la Sala,
IVAN RINCON URDANETA
El Vicepresidente,
JESUS EDUARDO CABRERA ROMERO
Ponente
Los Magistrados,
JOSE MANUEL DELGADO OCANDO
ANTONIO JOSE GARCIA GARCIA
PEDRO RAFAEL RONDON HAAZ
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
EXP. Nº: 00-2000
JECR/
Busca más sentencias en Venley
Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.
Buscar sentencias