Venley

Sentencia N.º 1509

Sentencia
N.º 1509
Fecha
17/07/2007
Sala
Constitucional
Expediente
07-0773
Ponente
Marcos Tulio Dugarte Padrón
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA  CONSTITUCIONAL

 

Exp. 07-0773

Magistrado Ponente: Marcos Tulio Dugarte Padrón

Mediante Oficio Nº 0410-253 del 9 de mayo de 2007, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui remitió a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional ejercida por la ciudadana HILARIA AMELIA BLACKMAN DE FOURNIER, titular de la cédula de identidad Nº 4.003.743, asistida por la abogada Blanca Cova Urbano, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 21.616, contra la sentencia dictada el 7 de marzo de 2007 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, con ocasión de la demanda de desalojo interpuesta por la hoy accionante contra el ciudadano Nam Yam Fung, titular de la cédula de identidad Nº 13.165.805.

Tal remisión obedeció al recurso de apelación ejercido el 7 de mayo de 2007 por el abogado Nelson Cruces, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 34.361, en representación del ciudadano Nam Yam Fung -en su carácter de tercero interviniente-, contra la decisión dictada el 20 de abril de 2007 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, que declaró (previa audiencia constitucional) parcialmente con lugar la presente acción de amparo constitucional.

El 7 de junio de 2007, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente al Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

Efectuada la lectura individual del expediente, esta Sala procede a emitir decisión, previas las siguientes consideraciones:

I

ANTECEDENTES

El 14 de marzo de 2005, la abogada Blanca Cova Urbano, en representación de la ciudadana Hilaria Amelia Blackman de Fournier, solicitó ante los Juzgados Primero y Segundo del Municipio Simón Bolívar del Estado Anzoátegui, constancia “sin (sic) en las causas llevadas por este despacho, existe la consignación del canon de arrendamiento por parte del señor NAM YAM FUNG”.

            El 17 de marzo de 2005, ambos tribunales dieron respuesta a tal solicitud en los siguientes términos: “habiéndose revisado minuciosamente el libro de consignaciones llevados por este Tribunal, en ninguno de sus folios aparece asentada consignación de cantidad de dinero alguno a favor de la ciudadana, HILARIA AMELIA BLACKMAN DE FOURNIER hecha por el ciudadano NAM YAM FUNG”.

En tal sentido, el 12 de abril de 2005 la ciudadana Hilaria Amelia Blackman de Fournier interpuso demanda por desalojo contra el ciudadano Nam Yam Fung, ambos identificados, la cual fue admitida el 11 de mayo del mismo año por el Juzgado Primero del Municipio Simón Bolívar de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui.

El 25 de mayo de 2005, la parte demandada se dio por citada, y el 30 del mismo mes y año, dio contestación a la demanda en la cual rechazó y contradijo lo alegado por la parte actora en su libelo.

El 1 de junio de 2005, la parte actora presentó escrito de promoción de pruebas. El 6 de junio de 2005, consignó nuevo escrito promoviendo prueba de informe, de conformidad con el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, señalando a tal efecto lo siguiente:

“(...) pido al Tribunal solicite informe al Banco Provincial, sucursal ubicada en el Centro Comercial Neverí Plaza, situado en la ciudad de Barcelona Estado Anzoátegui, a objeto de que informe sobre los siguientes particulares:

1. Si se produjo en la cuenta Nro. 15882119-M, cuenta de ahorro de la cual fue titular la ciudadana HILARIA AMELIA BLACKMAN DE FOURNIER (...) depósitos en los días, comprendidos, entre el 24 al 30 de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre de 2004.

2. Si de haberse producido algún depósito en las referidas fechas el mismo fue por el monto de Bs. 400.000,oo.

3. Si de haberse producido dichos depósitos por el monto y en las fechas arriba señaladas, estos fueron hechos por el señor Nam Yam Fung”.

 

            Por su parte, el 6 de junio del mismo año, el demandado presentó su escrito de promoción de pruebas, en el cual promovió, entre otras, la prueba de informe “para demostrar que la constante en esta relación arrendaticia es el pago de los cánones de arrendamiento por mes adelantado”.

El 9 de junio de 2005, el tribunal de la causa admitió las pruebas promovidas por ambas partes. En la misma oportunidad ordenó oficiar al Banco Provincial “sucursal ubicada en el Centro Comercial Neverí Plaza, situado en la ciudad de Barcelona, Estado Anzoátegui”.

El 10 de agosto de 2005, la institución bancaria antes identificada remitió “Estados de la Cuenta de Ahorros Nro. 0108-0158-370200200012, a nombre de la ciudadana Amelia de Fournier Hilaria (...) del período comprendido desde Febrero de 2004 hasta Febrero de 2005, donde se evidencia (sic) los Depósitos (sic) realizados mensualmente”.

El 4 de octubre de 2006, el Juzgado Primero del Municipio Simón Bolívar del Estado Anzoátegui dictó sentencia definitiva en la cual declaró con lugar la demanda de desalojo interpuesta por la hoy accionante al considerar entre otras cosas lo siguiente:

“(...) el pago del canon arrendaticio realizado mediante depósito de los meses de Enero de 2.005, Febrero 2.005 y Marzo de 2.005 fueron efectuados extemporáneamente por el arrendatario demandado, y en este orden la consignación efectuada que cursa a las actas procesales corre la misma suerte de extemporaneidad por anticipada en consecuencia se considera en estado de insolvencia inquilinaria a la parte demandada y así se declara”.

 

El 17 de octubre de 2006, la representación del ciudadano Nam Yam Fung, ejerció recurso de apelación contra la referida decisión.

El 7 de marzo de 2007, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, declaró con lugar la apelación interpuesta por la parte demandada, revocó el fallo dictado por el Juzgado Primero del Municipio Simón Bolívar de la misma Circunscripción Judicial y declaró sin lugar la demanda por desalojo incoada por la ciudadana Hilaria Amelia Blackman de Fournier.

Contra esta decisión la representación judicial de la parte actora ejerció acción de amparo constitucional, la cual -previa audiencia constitucional- fue declarada parcialmente con lugar mediante sentencia dictada el 20 de abril de 2007 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, ordenándose la notificación de las partes.

El 3 de mayo de 2007, el abogado Nelson Cruces en representación del ciudadano Nam Yam Fung se dio por notificado y, el 7 de mayo de 2007 apeló del mencionado fallo, razón por la cual, se remitieron los autos a esta Sala Constitucional de conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

II

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

Señaló la accionante como fundamento de la presente acción de amparo constitucional, los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

Que el 12 de abril de 2005 interpuso demanda de desalojo contra al ciudadano Nam Yam Fung “fundado en la falta de pago de los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2005”.

Que en la oportunidad de contestar la demanda, el ciudadano antes mencionado señaló lo siguiente: “(…) yo fiel cumplidor de mis obligaciones tal y como fueron estipulados en todos los contratos de arrendamiento hechos desde el comienzo de esta relación arrendaticia siempre he cancelado el canon de arrendamiento por mensualidades adelantadas (…) lo cual pruebo con los comprobantes de depósitos números (…)”.

Que en el juicio que originó el presente amparo se constata “la inversión de la carga de la prueba”, pues el demandado señaló “que había cancelado, por tanto al decirse liberado de su obligación, de acuerdo con el derecho, invirtió la carga probatoria”.

Que “en el proceso de Desalojo, el demandado alegó haber cancelado los meses reclamados con unos depósitos bancarios, en consecuencia tenía la obligación de demostrar tal afirmación, sin embargo la querellada no solo (sic) lo libero (sic) sino que me impuso la obligación a mi (sic) de demostrar lo contrario, con lo cual incurre en error de juzgamiento”.

Que si bien la jurisprudencia de esta Sala Constitucional ha establecido de manera reiterada que los errores de juzgamiento del juez de la causa no pueden ser objeto de análisis a través de la acción de amparo, en este caso se quebrantó -a su juicio- el derecho constitucional de igualdad ante la ley, dado que la sentencia dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui afirmó que “la parte demandante tiene la carga de probar su respectiva afirmación, de que el demandado no pagó los cánones de arrendamiento de los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2005”.

Por otra parte, denunció la violación de su derecho constitucional al debido proceso, por cuanto el fallo del juzgado de primera instancia “Silencia (…) totalmente mi Escrito de Promoción de Pruebas debidamente promovido en fecha 6 de junio de 2005”.

Que en dicho escrito promovió la prueba de informes “dirigida al Banco Provincial a objeto de que informara al Tribunal cuantos (sic) depósitos de Bs. 400.000,oo estaban hechos en la cuenta de ahorro de la cual yo era titular y de existir depósitos por ese monto, la fecha y si estos (sic) habían sido hechos por el ciudadano NAM YAM FUNG”.

Que “la prueba arrojó como resultado que durante esos diez meses desde Enero a Octubre de 2004 solo (sic) habían tres depósitos de Bs. 400.000,oo y de ello (sic) solo (sic) uno podía ser acreditado al referido ciudadano y los otros dos, no se podían (sic) verificar quien los había depositado”.

Que “(d)urante esos 10 meses solo (sic) tres depósitos se hicieron por esa cantidad, aun (sic) atribuyéndole al señor NAN YAN FUNG (sic) el haberlo (sic) hecho los tres, podemos con dicha prueba ver que durante 7 meses no había depositado a la cuenta, por lo que el análisis de esta prueba era fundamental para las resultas del proceso”.

Que con la prueba de informes se pretendía demostrar la falsedad de lo afirmado por el demandado en cuanto a “que siempre había depositado a esa cuenta durante la vigencia del contrato, sus prorrogas (sic) y después de haberse convertido a tiempo indeterminado, que cancelaba puntual”.

Que igualmente dicha prueba “demuestra que los supuestos depósitos, no era para cancelar los meses de Enero, febrero (sic) y Marzo de 2005, los desconocemos pues uno esta (sic) tachado que presento (sic) siendo evidente que las Instituciones Bancarias no aceptan depósitos con enmiendas”.

Que la sentencia objeto de amparo “no solo (sic) no analizó la prueba de Informes del banco provincial (sic), es que ni siquiera hizo referencia al escrito de promoción de pruebas, de haberlo hecho su decisión hubiese sido distinta a la que lamentablemente dicto (sic), como fue declarar sin lugar la demanda de desalojo”.

Que tal omisión “se conoce como el Silencio de la Prueba, conlleva a la violación del derecho de defensa y al debido proceso (…) el querellado violentó los ordinales 1, 3, y 8 de (sic) del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

Que el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui actuó fuera del ámbito de su competencia y lesionó sus derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso, “así mismo cuando incurre en el error de juzgamiento en la inversión de la carga de la prueba violentando la igualdad de las partes consagradas (sic) en la Constitución, abusó de su poder”.

Por lo antes expuesto, solicitó “se declare la nulidad de la sentencia objeto de este Amparo y se dicte nueva sentencia analizando la prueba promovida por mi y se solvente el error de juzgamiento de la inversión de la carga de la prueba”.

III

DE LA COMPETENCIA

Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer del presente caso y, a tal efecto, observa:

Conforme a la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, literal b) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia esta Sala es competente para conocer las apelaciones de los fallos de los Tribunales Superiores que actuaron como primera instancia en los procesos de amparo ya que, según la norma invocada, hasta tanto se dicten las leyes de la jurisdicción constitucional, la tramitación de los recursos, como lo es la apelación, se rige por las normativas especiales, como la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en cuanto le sean aplicables, así como por las interpretaciones vinculantes de esta Sala.

De acuerdo a estas últimas interpretaciones y a lo pautado en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (artículo 35), es esta Sala, como tribunal superior de la primera instancia, cuando ésta corresponda a los juzgados superiores (con excepción de los Contencioso Administrativo), las cortes de apelaciones y cortes de lo contencioso administrativo, el tribunal competente para conocer las apelaciones de sus fallos.

En el presente caso, se somete al conocimiento de la Sala la apelación de la sentencia del 20 de abril de 2007, emanada del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, que conoció en primera instancia de la acción de amparo constitucional interpuesta contra el fallo de un Juzgado de Primera Instancia de la misma circunscripción judicial, motivo por el cual, la Sala se declara competente para resolver la presente apelación, y así se decide.

IV

DE LA DECISIÓN ACCIONADA

El 7 de marzo de 2007, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui declaró con lugar la apelación ejercida por la representación del ciudadano Nam Yam Fung -parte demandada en el juicio por desalojo-, revocó el fallo dictado por el Juzgado Primero del Municipio Simón Bolívar del Estado Anzoátegui, y declaró sin lugar la demanda interpuesta por la ciudadana Hilaria Amelia Blackman de Fournier, con fundamento en las siguientes consideraciones:

“(…) El hecho esencial, que alega la parte actora a los fines de apoyar su pretensión procesal de desalojo de inmueble, es que el demandado no pagó los cánones de arrendamiento correspondientes a los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2.005. Ahora bien, ante el hecho discutido por las partes, quien sentencia acude a los textos legales, para determinar la carga de la prueba que le incumbe, en este caso, a las partes, en consecuencia, el Libro Tercero, Título III del Código Civil, que trata de las obligaciones; establece en su Capítulo V, De la prueba de las obligaciones y de su extinción, los (sic) siguiente: Artículo 1354 (omissis). Por su parte, el Código de Procedimiento Civil, en el Libro Segundo que trata del Procedimiento Ordinario, establece en el Capítulo X, las reglas de distribución y apreciación de la prueba y el artículo 506 dispone (omissis).

Por cuanto en el caso en especie, como se expuso anteriormente, la parte demandante alega el incumplimiento del demandado en el pago de las mensualidades arrendaticias y el demandado alega que pagó dichos cánones de arrendamiento; es absolutamente pertinente aplicar, en este caso, las normas legales supra citadas. En este orden de idea, observa quien sentencia que la parte demandante, tiene la carga de probar su respectiva afirmación de que el demandado no pagó los cánones de arrendamiento de los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2.005; es conveniente advertir que, si bien es cierto que el actor tiene la carga de probar un hecho negativo, se trata de un hecho negativo concreto, específico, determinado; por lo tanto, existe la posibilidad de ser probado.

En este sentido, quien sentencia hace la precedente advertencia, en virtud que la doctrina jurídica, hasta mediados del siglo pasado, sostenía que ‘los hechos negativos son imposibles de probar’, sin embargo, hoy día sostener esa tesis constituye un anacronismo conceptual, por cuanto la doctrina jurídica contemporánea, sostiene que los hechos imposible de probar son los hechos indeterminados, prescindiendo de su carácter afirmativo o negativo. Así las cosas, a juicio de esta sentenciadora, el actor tenía la carga de probar que el demandado no pagó las mensualidades de arrendamiento correspondientes a los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2.005.

III

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDANTE

Dicho lo anterior, y a los fines de asumir dicha carga probatoria, el actor produjo con su escrito de demanda (…) sendos recibos por la cantidad de Cuatrocientos Mil Bolívares (Bs. 400.000,oo) cada uno, suscritos por la Dra. Blanca Cova Urbano. En primer lugar, hay que precisar que, el contrato que vincula a las partes, consta en documento que produjo la actora (…), dicho vínculo arrendaticio se convirtió a tiempo indeterminado. Y en segundo lugar, el documento que presentó la demandante (…) no se trata de un nuevo contrato de arrendamiento sino del ejercicio del derecho de la prórroga legal (…). Así las cosas, quien sentencia aprecia con todo valor probatorio, el contrato distinguido con la letra ‘B’, el cual acompañó la actora con su escrito de demanda.-

Ahora bien, la cláusula tercera de dicha convención, establece la obligación del arrendatario, de pagar las mensualidades adelantadas, todos los veintidós de cada mes. Afirma la demandante que ‘…se convino que se debía cancelar el canon (sic) de arrendamiento a través de la cuenta de ahorro (…) del banco provincial cuyo titular era la señora HILARIA AMELIA BLACKMAN DE FOURNIER…’, este hecho lo admite también la parte demandada, en consecuencia, no es un hecho controvertido y por lo tanto está dispensado de pruebas. De manera que, la forma y oportunidad como debía pagar el arrendatario su obligación arrendaticia, está determinada de manera clara y precisa; por lo tanto, la acreedora de las pensiones de arrendamiento no es la ciudadana Blanca Cova Urbano y en consecuencia, los recibos emitidos por la mencionada ciudadana, no tienen ningún valor probatorio para demostrar la insolvencia del demandado, en cuanto al pago de los cánones de arrendamiento que corresponden a los meses de Febrero, Marzo y Abril de 2.005. Así se decide.

Por otra parte, el telegrama, mediante el cual se le comunica al demandado, que se había cancelado, la cuenta de ahorros, donde venía depositando las pensiones arrendaticias, tiene fecha 01 de marzo de 2.005; es decir, que el arrendatario no tuvo posibilidad de conocer, respecto a la cancelación de dicha cuenta para la fecha en la cual debía pagar las mensualidades de enero y febrero de 2.005, de modo que no se le puede imputar al demandado, estado de insolvencia en el pago de dichas mensualidades, por no pagarlas en la oficina de la Dra. Blanca Cova. Además, contractualmente no está previsto que la mencionada abogada, es la persona encargada de recibir el pago de los cánones de arrendamiento y así se decide.

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA

Por su parte, la demandada, a los efectos de demostrar que se libertó de su obligación de pagar los cánones de arrendamiento de los meses de enero, febrero y marzo de 2.005, produjo, con su escrito de contestación de la demanda, cuatro (4) planillas de depósito en cuenta, en el Banco Provincial. Por lo que pasa este Tribunal a valorar dichas pruebas de la manera siguiente: Es un hecho no discutido que el pago de las mensualidades arrendaticias debía efectuarlas el arrendador, de manera anticipada al vencimiento de cada mensualidad y que el pago se realizaría mediante la modalidad de depósito en cuenta (…). Las referidas planillas las impugnó la parte actora, en virtud que ‘… las mismas no fueron redactadas ni firmadas por mi poderdante… se debe destacar que en uno de los recibos está tachado el nombre del depositante…’.

Respecto a dichas pruebas y a la mencionada impugnación; quien sentencia hace la siguiente valoración: Las planillas de depósitos en cuenta que emiten los bancos del País (sic), son elaboradas por los respectivos bancos emisores de dichas planillas; y en ellas, no aparece la firma de la persona beneficiaria o a cuyo favor se realiza el depósito, lo cual es totalmente lógico, porque sería un absurdo que, para depositarle dinero en cuenta una persona (sic), ésta deba firmar la correspondiente planilla de depósito en cuenta. De manera que es un alegato con manifiesta falta de fundamento y por lo tanto infringe los deberes contenidos en el artículo 170 del Código de procedimiento (sic) Civil. En cuanto a la tachadura que aparece en uno de los recibos en cuenta, en el renglón correspondiente al nombre del depositante, se aprecia en dicho recibo, de manera clara, parte del nombre del demandado. Por las razones expuestas, quien sentencia, le concede pleno valor probatorio a las planillas de depósito en cuenta, que en forma original produjo el demandado y en consecuencia, está demostrado que el demandado pagó los cánones de arrendamiento correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2.005; es decir que el demandado probó que se libertó de su obligación de pagar las referidas mensualidades arrendaticias. Así se decide.

Por cuanto la cuestión discutida es el pago de los cánones de arrendamiento de los meses de enero, febrero y marzo de 2.005; considera quien sentencia que es inoficioso hacer pronunciamiento sobre cualquier otro asunto referido en este proceso, que no tenga por finalidad demostrar la oportunidad y forma del pago de dichas pensiones arrendaticias. Así se decide”.

V

DEL FALLO APELADO

            El fallo objeto de la presente apelación declaró parcialmente con lugar la acción de amparo incoada contra la sentencia del 7 de marzo de 2007, dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, con fundamento en lo siguiente:

            Consideró el referido juzgado superior, respecto a la denuncia de la accionante relativa a la presunta violación del derecho a la defensa, que “el tribunal presunto agraviante no apreció el informe presentado por el Banco Provincial en fecha 08 de noviembre de 2005, el cual había sido solicitado en el escrito de pruebas presentado por el presunto agraviado, el 06 de junio de 2005 y admitido en fecha 09 de junio del mismo año, por el Juez de Primera Instancia”.

Que “el Tribunal (sic) que conoció en alzada silenció totalmente la prueba de informe, la cual pudiera ser determinante para demostrar la insolvencia del demandado en el juicio principal, tomando en cuenta que la valoración de las mismas constituyen una obligación de pronunciamiento para los jueces; so pena de incurrir en la violación de los artículos 12 y 15 del Código de Procedimiento Civil”.

Que la referida omisión “configura un menoscabo al derecho a la defensa y a los artículos 243 y 244 del Código adjetivo, contentivo del principio de la exhaustividad de la sentencia que atribuye a todos los jueces la obligación de examinar todos y cada uno de los alegatos que las partes hayan sometido a su consideración; de tal manera que la valoración incompleta de las pruebas es fuente de amparo”, por lo cual concluyó que el juez presuntamente agraviante actuó fuera del ámbito de su competencia.

En relación a la segunda denuncia formulada por la parte actora, relativa a la presunta violación del derecho a la igualdad ante la ley, en razón de la inversión de la carga probatoria por parte del tribunal que conoció en alzada de la demanda por desalojo, estimó que la accionante pretendía a través del amparo “el cuestionamiento sobre el criterio del recurrido, en relación a cómo interpretó la querellada la inversión de la carga de la prueba en el artículo 1354 del Código de Procedimiento Civil (sic), por haberlo aplicado incorrectamente”, motivo por el cual, estimó que debía desestimarse tal argumento.

Por lo anterior, declaró parcialmente con lugar la acción de amparo ejercida por la ciudadana Hilaria Amelia Blackman de Fournier contra la sentencia dictada el 7 de marzo de 2007, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, revocó el mencionado fallo y ordenó dictar nuevo pronunciamiento en los términos expresados en su decisión.

VI

FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

En su escrito de fundamentación del recurso de apelación, la representación judicial del ciudadano Nam Yam Fung -en su carácter de tercero interviniente-, señaló lo siguiente:

Que el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui “lesiona los derechos constitucionales de (su) representado al vulnerar con dicho fallo los Principios Jurídicos Fundamentales de Seguridad Jurídica y Confianza Legítima, así como el derecho constitucional de la parte que represent(a) quien tenía la expectativa que se decidiera de acuerdo con la Jurisprudencia  que impera en casos análogos”, concretamente, en la decisión Nº 69 dictada por esta Sala Constitucional el 23 de enero de 2006.

Que en la sentencia objeto de amparo “El juez Constitucional (sic) ordena que se evacue (sic) una prueba en la acción de desalojo lo que no es materia a dilucidar en un Amparo Constitucional; con todo esto independientemente del daño que se le está causando a la parte que representa, pues si este es el criterio del Tribunal Superior en función constitucional (…) presumo que su tribunal se le va a convertir en un mercado libre con la lluvia de amparos contra sentencias que le va a llover”.

Que en el juicio de desalojo “el demandado demuestra en el proceso que pagó esos meses mediante comprobantes de depósitos bancarios, que fueron corroborados y demostrados que entraron efectivamente al patrimonio de la arrendadora, mediante el informe que aportó el Banco”.

Que “ocurrió un atentado contra el Estado de Derecho cuando el Juez de la causa de Municipio inventó una figura absurda de insolvencia por extemporaneidad anticipada por haber pagado anticipadamente las pensiones de Alquiler (sic) y decreta con lugar la acción”, decisión contra la cual ejerció recurso de apelación.

Que la sentencia del tribunal que conoció en alzada de dicho recurso “revoca y declara sin lugar el desalojo, actuando de acuerdo con todos los preceptos constitucionales y legales establecidos en las leyes especiales al respecto”.

Agregó, que “luego la perdidosa, acciona, mediante una acción de amparo, buscando una tercera instancia, con un supuesto absurdo de una bendita prueba que dice que si la Juez se la hubiese valorado su decisión hubiera sido otra, esto es falso porque si a ver vamos, la prueba se refiere al año 2004 que no es lo que se está demandando en el libelo y en una información del Banco de los meses de Febrero hasta Octubre de 2004, que no afecta el juicio en cuestión, todo esto no lo quiso ver ni lo vio el Juez Constitucional”.

Que “la recurrida sí analizó todas las pruebas por ello decidió inoficioso hacer pronunciamiento sobre otro asunto en su decisión, en especial en lo que no incide en lo que se demanda y luego ya una vez que determinó que nosotros si (sic) pagamos oportunamente dichos cánones mediante depósitos bancarios que entraron al patrimonio de la propietaria según los bauches (sic) y el informe del Banco recibido en el Tribunal (sic) de la causa, decidió”.

En razón de lo expuesto, solicitó se declare con lugar la presente apelación.

VII

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

En principio es pertinente señalar que en el presente caso, la representación judicial del ciudadano Nam Yam Fung ejerció, el 7 de mayo de 2007, recurso de apelación contra la sentencia dictada el 20 de abril del mismo año por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui. En este sentido, el aludido tribunal dejó constancia que el lapso para el ejercicio del mencionado recurso “se inició el día 04 y finalizó el día 08, ambos del mes de mayo de 2007” -toda vez que en la citada decisión se ordenó la notificación de las partes-, motivo por cual, se admite la presente apelación. Así se declara.

Igualmente, en relación al escrito contentivo de los fundamentos de la apelación, la Sala constata que fue consignado el 7 de mayo de 2007 ante el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, y fue recibido en este Alto Tribunal el 31 del mismo mes y año, razón por la cual, aún cuando fue presentado en forma anticipada, la Sala estima que dicho escrito resulta tempestivo, por cuanto su consignación, no se excedió del lapso de treinta (30) días conforme a lo dispuesto en la sentencia No. 442 del 4 de abril de 2001 (Caso: Estación de Servicios Los Pinos).

Establecido lo anterior, pasa la Sala a pronunciarse sobre la apelación sometida a su consideración y, al respecto, observa:

            La acción de amparo constitucional fue intentada por la ciudadana Hilaria Amelia Blackman de Fournier, contra la sentencia dictada el 7 de marzo de 2007, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, que -conociendo en alzada de la decisión dictada por el Juzgado Primero del Municipio Simón Bolívar del Estado Anzoátegui- declaró sin lugar la demanda por desalojo incoada por aquella contra el ciudadano Nam Yam Fung.

            Por su parte, el fallo objeto de apelación declaró parcialmente con lugar la acción de amparo interpuesta al considerar que “el Tribunal (sic) que conoció en alzada silenció totalmente la prueba de informe, la cual pudiera ser determinante para demostrar la insolvencia del demandado en el juicio principal, tomando en cuenta que la valoración de las mismas constituyen (sic) una obligación de pronunciamiento para los jueces; so pena de incurrir en la violación de los artículos 12 y 15 del Código de Procedimiento Civil”. En cuanto a la presunta violación del derecho a la igualdad ante la ley, en razón de la inversión de la carga probatoria por parte del tribunal que conoció en alzada de la demanda por desalojo, el a quo la declaró improcedente.

Al respecto, la representación del ciudadano Nam Yam Fung (en su carácter de tercero interesado) señaló que la decisión accionada “sí analizó todas las pruebas por ello decidió inoficioso hacer pronunciamiento sobre otro asunto en su decisión”, por lo que -a su juicio- el amparo debió declararse improcedente pues la parte actora pretendía convertir tal mecanismo extraordinario en una tercera instancia.

Ahora bien, esta Sala ha sido reiterativa en la definición del alcance del amparo como medio restitutorio frente a violaciones a derechos constitucionales por parte de los jueces, en tanto que no es admisible que el mismo se convierta en una tercera instancia ni en un mecanismo que vulnere la autonomía de juzgamiento de éstos. Sin embargo, no es menos cierto que frente a errores de juzgamiento grotescos o aberrantes que infrinjan notoriamente derechos constitucionales puede declararse con lugar la protección constitucional. Sobre este particular, la Sala ha señalado lo siguiente:

“Ahora bien, hay que distinguir entre la incorrecta aplicación de una norma, su omisión, o los errores en su interpretación, que se refieren a su actividad y entendimiento, de la infracción de un derecho o garantía constitucional. Estos no se ven -en principio- vulnerados, porque la norma deja de aplicarse, se aplica mal o se interpreta erradamente. Estos vicios, por sí mismos, no constituyen infracción constitucional alguna, y es del ámbito del juzgamiento de los jueces, corregir los quebrantamientos señalados, los cuales pueden producir nulidades o ser declarados sin lugar. Cuando estos vicios se refieren a las normas de instrumentación del derecho constitucional, en principio los derechos fundamentales no quedan enervados. La forma como interpretan la Ley el Juez o la Administración o su subsiguiente aplicación, puede ser errada u omisiva, pero necesariamente ello no va a dejar lesionado un derecho o una garantía constitucional, ni va a vaciar su contenido, haciéndolo nugatorio. Por ejemplo, en un proceso puede surgir el quebrantamiento de normas procesales, pero ello no quiere decir que una parte ha quedado indefensa, si puede pedir su corrección dentro de él. La Administración puede tomar erradamente una decisión sobre unos bienes, pero esto no significa que le prive al dueño el derecho de propiedad. Se tratará de una restricción ilegal que originará acciones del perjudicado, pero no la de amparo, al no quedar cercenado el derecho de propiedad del dueño.

Pero cuando el tipo de vicio aludido deja sin aplicación o menoscaba un derecho o garantía constitucional eliminándolo, y no puede ser corregido dentro de los cauces normales, perjudicándose así la situación jurídica de alguien, se da uno de los supuestos para que proceda el amparo, cuando de inmediato se hace necesario restablecer la situación jurídica lesionada o amenazada de lesión. Si la inmediatez no existe, no es necesario acudir a la vía del amparo, sino a la ordinaria, no porque el amparo sea una vía extraordinaria, sino porque su supuesto de procedencia es la urgencia en el restablecimiento de la situación o en el rechazo a la amenaza, y si tal urgencia no existe, el amparo tampoco debe proceder.

Los errores de juzgamiento sobre la aplicabilidad o interpretación de las normas legales, en principio no tienen por qué dejar sin contenido o contradecir una norma constitucional, motivo por el cual ellos no pueden generar amparos. Lo que los generan es cuando los errores efectivamente hagan nugatoria la Constitución, que la infrinjan de una manera concreta y diáfana. Es decir, que el derecho o garantía constitucional, en la forma preceptuada en la constitución, quede desconocido”. (s.S.C. Nº 828 del 27 de julio de 2000. Subrayado y resaltado añadidos).

 

Así, se advierte como regla general que las razones para admitir o rechazar una prueba, la valoración que dé el juez de la misma, constituyen cuestiones de legalidad ordinaria, esto es, que son materias exclusivamente encomendadas a los órganos jurisdiccionales de instancia y que no pueden ser objeto de la acción de amparo, pues se la convertiría en una tercera instancia. Sin embargo, esta regla general tiene como excepción, como antes se señaló, los supuestos en los cuales el tratamiento que se le da a la prueba promovida implica un abuso de derecho, la valoración de la prueba resulta claramente errónea o arbitraria o cuando se ha dejado de valorar, sin justificación alguna, una prueba determinante para la resolución de la causa (Vid. sentencia Nº 1571 del 11 de junio de 2003, caso: Vicente Elías Laíno Hidalgo).

Tales premisas condicionan el examen de las pretendidas irregularidades en materia probatoria al análisis del medio de prueba que el accionante denuncia como omitido o erróneamente valorado y su incidencia directa en una lesión de orden constitucional pues, como se insiste, el ámbito de protección del amparo constitucional no abarca infracciones legales que no den lugar a una verdadera indefensión o a una subversión notoria de las reglas que deben aplicarse para que un proceso jurisdiccional sea debido en los precisos términos del artículo 49 constitucional

En contrapartida, se requiere que quien demande la tutela exprese, aunque sea sucintamente, de qué forma la errónea valoración o la omisión en el análisis de la prueba se traduce en una indefensión o resulta determinante para decidir la controversia en sentido distinto al declarado. Tal requerimiento responde, en criterio de la Sala, a la naturaleza del agravio denunciado, pues si bien es innegable que en virtud del principio de autosuficiencia de la sentencia -que determina que la sentencia se basta a sí misma, sin que se requiera del examen de las demás actas que componen el expediente para la comprensión de los hechos debatidos y probados, así como del derecho aplicado por el juez- y del deber de motivación que impone el ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, la omisión o la errónea valoración de un medio probatorio y su incidencia en la decisión de la controversia trasciende el ámbito de los motivos plasmados en la sentencia hacia el examen de otros elementos incorporados al proceso lo que obliga al Juez Constitucional, además de revisar la motivación empleada en la decisión impugnada, a estudiar otros elementos cursantes a los autos que fueron silenciados o indebidamente valorados por el operador de justicia en el proceso primigenio que dio lugar al juicio de amparo constitucional. (Vid. sentencia Nº 2409 del 18 de diciembre de 2006, caso: Jorge Acosta López).

En ese sentido, y a los fines de comprobar las lesiones constitucionales denunciadas, se observa de los recaudos que acompañan la demanda de amparo constitucional bajo examen, que el problema procesal se concentra en los siguientes aspectos probatorios: 1) respecto a la falta de valoración del informe emanado del Banco Provincial, por el cual se presentaron los estados de cuenta que demostraban -a juicio de la accionante- la insolvencia del arrendatario en el pago de los cánones correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2005 en los términos acordados en el contrato, y 2) sobre la interpretación que realizó el juez de alzada para determinar a cuál de las partes correspondía la carga de demostrar el incumplimiento de la obligación.

En atención a lo expuesto, de una simple lectura de la sentencia impugnada esta Sala no encuentra mención alguna sobre el referido informe emanado del Banco Provincial, el cual fue admitido el 9 de junio de 2005. Tal omisión de pronunciamiento en torno a la valoración de ese medio probatorio, en criterio de la Sala, contraviene lo dispuesto en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, que fija el deber que tiene el juez de examinar cuantas pruebas se hayan producido, aún aquellas que, a su juicio, no sean idóneas para la obtención de algún elemento de convicción, y que, además, expresen siempre su criterio respecto de ellas.

De esta forma, cuando en la sentencia se omite el análisis de alguna o varias pruebas, o se prescinde de algún aspecto de éstas que guarde relación con un hecho que haya sido alegado y controvertido, cuyo establecimiento no se haya hecho con el examen de otras pruebas, el Juez incurre en un grave error de juzgamiento que la doctrina y jurisprudencia denominan silencio de pruebas que, por lo general, comporta violación al derecho a la defensa y, por ende, al debido proceso que reconoce el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Cfr. Sentencias de esta Sala Nros. 440 del 22 de marzo de 2004, caso: “Estacionamiento La Palma S.R.L.”, 2 del 11 de enero de 2005, caso: “Nicasia Lourdes Álvarez De Arellano” y 1.871 del 20 de octubre de 2006, caso: “Construcciones Daluc, C.A.”). En consecuencia, estima la Sala que en este particular, se configuró, tal como señaló el a quo, una lesión del derecho a la defensa del accionante, motivo por el cual, el Juzgado Superior Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, actuó ajustado a derecho cuando declaró con lugar la mencionada denuncia. Así se declara.

En relación al segundo aspecto procesal denunciado por la accionante -el cual fue declarado improcedente por el a quo- cual es la incorrecta interpretación que presuntamente realizó el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, acerca de la determinación de la carga probatoria de las partes en el juicio por desalojo (tomando en consideración lo establecido en los artículos 1154 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil), la Sala estima oportuno retomar lo que al respecto señaló el mencionado tribunal en su fallo del 7 de marzo de 2007:

“(…) Por cuanto en el caso en especie, como se expuso anteriormente, la parte demandada alega el incumplimiento del demandado en el pago de las mensualidades arrendaticias y el demandado alega que pagó dichos cánones de arrendamiento; es absolutamente pertinente aplicar, en este caso, las normas legales supra citadas. En este orden de ideas, la parte demandante, tiene la carga de probar su respectiva afirmación de que el demandado no pagó los cánones de arrendamiento de los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2.005; es conveniente advertir que, si bien es cierto que el actor tiene la carga de probar un hecho negativo, se trata de un hecho negativo concreto, específico, determinado; por lo tanto, existe la posibilidad de ser probado.

En este sentido, quien sentencia hace la precedente advertencia, en virtud que la doctrina jurídica, hasta mediados del siglo pasado, sostenía que ‘los hechos negativos son imposibles de probar’, sin embargo, hoy día sostener esa tesis constituye un anacronismo conceptual, por cuanto la doctrina jurídica contemporánea, sostiene que los hechos imposible de probar son los hechos indeterminados, prescindiendo de su carácter afirmativo o negativo. Así las cosas, a juicio de esta sentenciadora, el actor tenía la carga de probar que el demandado no pagó las mensualidades de arrendamiento correspondientes a los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2.005.

 

Ahora bien, los artículos 1.354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil, respectivamente, expresan: 

“... Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella debe por su parte probar el pago o el hecho de que ha producido la extinción de su obligación”.

 

“... Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el hecho extintivo de la obligación”.

 

Las normas transcritas regulan la distribución de la carga de la prueba, y establecen con precisión que corresponde al actor probar los hechos constitutivos, es decir, aquellos que crean o generan un derecho a su favor, y traslada la carga de la prueba al demandado con relación a los hechos extintivos, modificativos e impeditivos (Vid. s.S.C.C del 27 de julio de 2004, caso: Inversiones y Administradora de Bienes COMBIENES, C.A.).

En relación al artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, la Sala de Casación Civil determinó que si bien éste reitera el artículo 1.354 del Código Civil, agrega que “las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho”, con lo cual consagra, de manera expresa, el aforismo “reus in excipiendo fit actor”, que equivale al principio según el cual “corresponde al actor la carga de la prueba de los hechos que invoca en su favor y corresponde al demandado la prueba de los hechos que invoca en su defensa...”. (Vid. sentencia s.S.C.C. del 30 de noviembre de 2000, caso: Seguros la Paz).

En aplicación de estas consideraciones al caso concreto, la Sala observa que de acuerdo con lo establecido en la sentencia objeto de amparo, el actor afirmó que el demandado no cumplió una obligación pactada en el contrato, lo cual fue negado en la contestación, motivo por el cual, el juez de alzada estableció que correspondía al actor la carga de demostrar que el demandado no pagó los cánones correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2005, lo cual resulta a todas luces inconsistente con los principios que rigen la materia probatoria, pues la parte actora al alegar un hecho negativo, no le corresponde a ella la carga de la prueba, sino que, es a la otra parte a quien le corresponde demostrar el hecho afirmativo y ello lo ha debido tomar en cuenta el tribunal que conoció el amparo (Vid. sentencia 1113 del 12 de mayo de 2003, caso: Banco Mercantil), con lo cual el a quo erró al afirmar que “el actor tenía la carga de probar que el demandado no pagó las mensualidades de arrendamiento correspondientes a los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2.005”.

En razón de los argumentos expuestos, esta Sala declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Nelson Cruces, en representación del ciudadano Nam Yam Fung, contra la sentencia dictada el 20 de abril de 2007 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, y confirma, en los términos expuestos en el presente fallo, la mencionada decisión. Así se decide.

DECISIÓN

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley declara:

1.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado Nelson Cruces, en representación del ciudadano NAM YAM FUNG, contra la sentencia dictada el 20 de abril de 2007 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui.

2.- CONFIRMA, en los términos expuestos, el fallo dictado el 20 de abril de 2007 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, que declaró parcialmente con lugar la acción de amparo ejercida por la ciudadana HILARIA AMELIA BLACKMAN DE FOURNIER, asistida por la abogada Blanca Cova Urbano, contra la sentencia dictada el 7 de marzo de 2007 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente al tribunal de origen.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 17 días del mes de julio de dos mil siete. Años: 196º de la Independencia y 148º de la Federación.

La Presidenta,

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

 

 

El Vicepresidente,

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

Los Magistrados,

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

 

 

 

 

FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

PONENTE

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

 

 

ARCADIO DELGADO ROSALES

 

 

El Secretario,

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

Exp. 07-0773

MTDP/

 

 

El Magistrado que suscribe, Pedro Rafael Rondón Haaz, manifiesta su disentimiento con la mayoría de Magistrados que suscribió la antecedente decisión; por consecuencia, salva su voto, con base en el siguiente razonamiento:

La sentencia de la cual se disiente determinó que el amparo contra la sentencia que emitió el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui se fundamentó en la errada interpretación de las normas sobre carga probatoria en relación con el pago y el silencio sobre informe que remitió el Banco Provincial el cual, en criterio del supuesto agraviado probaban la insolvencia en el pago de los cánones correspondientes a enero, febrero y marzo de 2005. Sobre el primer aspecto se concluye en que resultaba contrario a los principio que rigen la materia probatoria la afirmación que realizó el Juzgado supuesto agraviante, en el sentido de que correspondía al demandante la prueba de la supuesta insolvencia del demandado, cuando una correcta interpretación de las normas y principios probatorios claramente establecen que es de la parte demandada la carga de la prueba del pago de los cánones.

Si bien el salvante está de acuerdo con el hecho de que los informes fueron silenciados y que el Juzgado agraviante malinterpretó los principios probatorios, no lo está respecto de la afirmación de que esos errores hayan producido violaciones constitucionales a la situación jurídica del supuesto agraviado, por las siguientes razones:

1. La omisión en el análisis de pruebas sólo deviene en agravio constitucional cuando los hechos cuya prueba se pretendía no hubieren sido establecidos con el examen de otras pruebas. En el caso concreto la solvencia del arrendatario se estableció mediante el análisis de comprobantes bancarios de depósito, respecto de los cuales se desechó la impugnación y se les otorgó pleno valor probatorio.

2.- Si bien el Juzgado supuesto agraviante incurrió en un grave error en relación con la determinación de la carga probatoria, ello no agravó la situación jurídica del arrendador, pues la declaratoria sin lugar de la demanda de desalojo se produjo con fundamento en que se concede  “…pleno valor probatorio a las planillas de depósito en cuenta, que en forma original produjo el demandado y en consecuencia está demostrado que el demandado pagó los cánones de arrendamiento correspondiente a los meses de Enero, Febrero y marzo de 2005; es decir que el demandado probó que se libertó de su obligación de pagar las referidas mensualidades arrendaticias.”(resaltado añadidos). La anterior trascripción revela que, pese a que el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito hizo una errada determinación de las cargas procesales, su análisis del caso concreto se corresponde con el que debió realizarse con fundamento en la adecuada interpretación que señaló la mayoría sentenciadora.

En conclusión, quien difiere considera que debió revocarse la sentencia objeto del recurso y declarar sin lugar el amparo, no sin antes reprender al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui por el incumplimiento con el deber que le impone el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil y haber incurrido en un error inexcusable en cuanto a la interpretación de las normas sobre distribución de la carga probatoria.

 

Queda en estos términos expresado el criterio del Magistrado disidente.

 

Fecha ut retro.

 

La Presidenta,

 

 

 

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

El Vicepresidente,

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

Los Magistrados,

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Disidente         

 

 

Francisco Antonio Carrasquero López

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

…/

…

 

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

 

El Secretario,

 

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

 

 

 

PRRH/sn.cr.

Exp. 07-0733

 

 

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