Sentencia N.º 151
- Sentencia
- N.º 151
- Fecha
- 26/06/2001
- Sala
- Casación Social
- Expediente
- 01-149
- Ponente
- Omar Alfredo Mora Díaz
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Ú N I C O
De conformidad con el artículo 313, ordinal 1º del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción por la recurrida del orden público procesal, al subvertirlo y abreviar lapsos procesales, menoscabando de esta manera el derecho a la defensa.
Para decidir, la Sala observa:
Advierte la Sala, que en la presente denuncia se pretende delatar la inobservancia por la recurrida de formas procesales que están regidas por el orden público, en menoscabo del derecho a la defensa de la parte demandada.
En cuanto a la indefensión, ciertamente debe señalarse, que en virtud de los preceptos generales que contiene el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, el legislador impone al juez el deber de mantener incólume el derecho de defensa, observándose para ello la más absoluta igualdad y un apropiado equilibrio en el desarrollo del proceso, procurando que dicho desenlace no se pervierta por arbitrariedades, preferencias o desigualdades que pongan en duda la transparencia y verdad que orientan al acto de administrar justicia.
Igualmente, indicó la Sala con relación al menoscabo del derecho a la defensa, lo siguiente:
Se considera que hay menoscabo del derecho a la defensa cuando el juez priva o limita el ejercicio por las partes de los medios y recursos que la ley procesal concede para la defensa de sus derechos.. (Sentencia de la Sala de Casación Social de fecha 17 de mayo de 2000.).
Ahora bien, esta Sala ha venido señalando para los casos en los que la recurrida cause indefensión, que la adecuada técnica para hacer valer tal situación, se circunscribe a:
De acuerdo con la doctrina de esta Sala, en lo que respecta a la denuncia de indefensión, ella debe soportarse necesariamente en lo dispuesto en los artículos 206 y 208 del Código de Procedimiento Civil, según el caso, con expresa indicación de la forma quebrantada, si lo fue por el juez de la primera instancia o por el de alzada. (Sentencia de la Sala de Casación Social de fecha 24 de febrero de 2000).
Adicionalmente a lo ut supra reseñado, debe denotarse también la necesidad de que toda denuncia por violación de normas procesales que menoscaben el derecho a la defensa se delimite en el marco del artículo 313, ordinal 1º del Código de Procedimiento Civil, y a su vez, en la infracción del artículo 15 ejusdem.
Finalmente, y conjuntamente con tales enunciados, es carga para el recurrente el precisar lo seguido:
a.) Indicar cómo el quebrantamiento u omisión de la forma procesal lesionó el derecho de defensa o el orden público, según el caso, o ambos.
b.) Señalar las normas infringidas, al quebrantarse u omitirse las formas procesales que ellas establecen.
c.) Explicar a la Sala que con respecto a dichos quebrantamientos u omisiones de formas procesales, se agotaron todos los recursos.
Conforme a lo precedentemente relatado, de la presente denuncia se extrae que la misma no cumple con la esencial técnica, a los fines de que esta Sala pueda conocer del vicio de indefensión, pues, a pesar de que el recurrente intenta evidenciar el mismo, al transcribir en su denuncia un escrito que hiciera valer ante la Alzada, en el cual solicita la reposición de la causa al estado que se subsane el vicio por él pretendido, lo cierto es, que no ajusta su denuncia a los requisitos técnicos básicos arriba señalados, pues, no sólo no enmarca su denuncia en la infracción de los artículos 15 y 206 del Código de Procedimiento Civil, sino que tampoco explica cómo el supuesto menoscabo del derecho a la defensa se materializó.
La evidente carencia en el cumplimiento de una acertada técnica, obliga a la Sala a desechar la presente denuncia. Así se establece.
DENUNCIA POR INFRACCIÓN DE LEY
ÚNICO
De conformidad con el artículo 313, ordinal 2º del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, se denuncia la infracción del artículo 431 ibidem, por falta de aplicación.
Al decidir, la Sala pondera:
Sostiene el formalizante, que el Juzgador negó aplicación del artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, por dar pleno valor probatorio a una documental que emanara de un tercero que no es parte en el juicio, sin que dicho instrumento fuera ratificado por el tercero mediante la prueba testimonial.
Para ello, indica el recurrente que:
Efectivamente el fallo recurrido dio valor probatorio a una documental (folio 134) supuestamente emanada de la que en estampamiento de sello húmedo allí aparece como Departamento de Contabilidad de la Gerencia General de Almacén y Cosméticos Pacheco y que habría firmado por ese tercero ajeno a la controversia un ciudadano de nombre José Tomás Dun; sin que dicha documental fuera ratificada mediante prueba de testigos.
Determina la recurrida, al frente y vuelto del folio 319:
...Probada la relación laboral entre los demandantes Ytalo de Jesús Díaz García y Vilma Teresa Rodríguez de Díaz con la empresa Centro de Compras Pacheco, pasó el tribunal a examinar las reclamaciones formuladas por los demandantes en su libelo de demanda, que fueron rechazadas y negadas en su totalidad por el apoderado judicial de la demandada en su contestación de la demanda, y en esa misma oportunidad admitió que los demandantes. Que sus remuneraciones salariales al tiempo de vigencia de la reforma contenida en las disposiciones transitorias de la ley Orgánica del Trabajo, cifraban en Bs. 120.000 para el caso del señor YTALO JESÚS DÍAZ como para la señora VILMA TERESA RODRÍGUEZ DE DÍAZ y para su voluntario retiro (22 de marzo de 1999) eran de Bs. 150.000 para YTALO JESÚS DÍAZ y Bs. 140.000 para VILMA TERESA RODRÍGUEZ DE DÍAZ.
Al efecto Ytalo Díaz promovió un documento privado emanado de la demandada con respecto a una certificación de ingresos suscrita por el señor José Tomás Dun, de fecha 13 de mayo de 1997, en el mismo refleja ingresos mensuales por un monto de Bs. 750.00, en el mismo afirma que el señor José Tomás Dun era contador de la empresa, y en su oportunidad fue desconocido por la demandada, lo que originó que los demandantes promovieran la prueba de cotejo sobre la misma, señalando como documento indubitado un documento público consistente en una declaración jurada de ingresos presentada ante la dirección de hacienda de la alcaldía del Municipio Sucre visada por el señor José Tomás Dun.
Se designó un solo experto recayendo en la persona de José Rafael Catalayud Pereira, quien en la oportunidad de presentar el informe técnico pericial concluyó: la firma que aparece suscribiendo el original del Documento Privado (certificación de ingresos), marcada con la letra "E", de fecha: Guanare a los 13 días del mes de Mayo de 1997, de la persona identificada como José Tomás Dun", titular de la Cédula de Identidad Nº 2.724.615, inserta al folio 134 del expediente Nº 380699, fue ejecutada por la misma persona que identificándose como JOSÉ TOMÁS DUN", firmó con el carácter de contador, la "Declaración Jurada de Ingresos Nº 001321, marcada con la letra "A, con fecha de recibido el 5/11/98 por la Administración Tributaria Municipal, Municipio Sucre del Estado Sucre, inserta en el folio 115, del expediente Nº 380699 que cursa por ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Agrario del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, con sede en Cumaná. Es decir, que existe identidad de producción con respecto a todas las firmas examinadas. En definitiva, concluyó que la firma cuestionada, corresponde a la firma auténtica de la misma persona que identificándose como "José Tomás Dun suscribió el documento indubitado (Declaración Jurada de Ingresos Nº 001321).
Este Tribunal acoge el dictamen producido por no haber sido impugnado en forma alguna y encontrándose debidamente motivado, y con tal dictamen se encuentra plenamente probada la autenticidad de la firma del Certificado de Ingresos de Ytalo Díaz, por lo que de conformidad con el artículo 445 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal lo tiene por reconocido. En consecuencia, probada la autenticidad de la firma, el instrumento tiene eficacia probatoria, y así se establece.
(...) Luce entonces por lo decidido por la recurrida sobre el asunto, que fue apreciada la prueba, no obstante, una conducción incidental, irregular (por no haberse efectuado verazmente el cotejo con un documento indubitado) confusa, perjudicial y erróneamente cumplida ante el a-quo como un desconocimiento de documento privado emanado de la parte misma; no reparándose en que, aun cuando la presentante de tal instrumento había en principio promovido la testimonial del supuesto firmante de ésa, ciudadano José Tomás Dun, finalmente, por expresa determinación expuesta el 11 de febrero de 2000 ante el Tribunal de primera instancia, como se evidencia al folio 224, se renunció a la evacuación de la testimonial del tercero supuestamente firmante de aquél no emanado de la demandada.
Debe la Sala advertir primeramente, la conducta a seguir por el formalizante cuando aspira a que este Alto Tribunal descienda y examine cómo fueron apreciados y establecidos los hechos por el juzgador.
Efectivamente, el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil permite a la Sala extenderse al establecimiento y valoración de los hechos, o al establecimiento y valoración de las pruebas que haya efectuado la instancia, en los siguientes casos de excepción:
a.) Denuncia de infracción de una norma jurídica expresa que regule: 1) el establecimiento de los hechos, 2) la valoración de los hechos, 3) el establecimiento de las pruebas ó 4) la valoración de las pruebas; como también
b.) Denuncia de alguna de las tres hipótesis de suposición falsa, porque el juez de alzada: 1) atribuyó a instrumentos o actas del expediente menciones que no contienen, ó 2) dio por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos, ó 3) cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente mismo.
En los cuatro primeros casos del literal a, se trata de un error de derecho, pues, lo denunciado es la infracción de normas jurídicas que regulan el establecimiento o valoración de los hechos o pruebas; siendo por lo tanto, sus hipótesis distintas unas de las otras. En criterio de este Alto Tribunal, son normas que regulan el establecimiento de los hechos, las que exigen un preciso medio de prueba, o que exigen alguna prueba en concreto para establecer la existencia de determinados hechos o actos. Igualmente, son normas de valoración de los hechos, aquéllas que a un conjunto de hechos les confiere una denominación o determinada calificación. Por otra parte, serían normas que establecen un medio de prueba, aquéllas que consagran formalidades procesales para la promoción y evacuación del mismo, siendo necesario su cumplimiento para la validez del medio de prueba. Así mismo, serían normas para la valoración de las pruebas, aquéllas que fijen una tarifa legal al valor probatorio del medio; o, aquéllas que autorizan la aplicación de las reglas de la sana crítica.
Lo antes expuesto permite concluir, que el error de derecho al juzgar los hechos, se patentiza en la interpretación o aplicación de las normas que regulan el establecimiento o apreciación de los hechos o de las pruebas, conforme a lo estipulado en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil; por lo tanto, su delación debe, no sólo cumplir con los requisitos propios de toda denuncia por infracción de ley, sino que además, debe ajustarse a las exigencias propias de la casación sobre los hechos.
En tal sentido, el recurrente está obligado en su denuncia a lo siguiente: a) apoyar la denuncia en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem; b) precisar cuál es la norma jurídica que regula el establecimiento o apreciación de los hechos o de las pruebas que resultó infringida; c) denunciar alguno de los casos contemplados en el ordinal 2º de artículo 313 ibidem; esto es, la errónea interpretación, falsa aplicación o falta de aplicación; d) explicar cómo, cuándo y en qué sentido se produjo la infracción, la cual debe ser determinante en el dispositivo del fallo; y e) señalar las normas jurídicas que el juez de alzada no aplicó y debió aplicar para resolver la controversia.
Pero además de los anteriores requerimientos para una adecuada formalización, al tratarse de un error de derecho al juzgar los hechos, la Sala ha considerado también los siguientes:
Además, para cumplir con la exigencia legal de expresar las razones que sustentan su denuncia, debe el formalizante expresar qué decidió el juez en la cuestión planteada ante la Sala y cuál es el contenido de cada una de las normas denunciadas como infringidas, para luego expresar por separado las razones que sustentan cada imputación de violación de ley. (Sentencia de la Sala de Casación Social de fecha 25 de octubre de 2000). (Subrayado de la Sala).
Como se podrá contrastar del pasaje de la denuncia ut supra trascrita, el recurrente no cumple cabalmente con los requisitos elementales para la adecuada delación de un caso de error de derecho al juzgar los hechos, pues aun y cuando circunscribió la misma en el marco del artículo 313, ordinal 2º del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 eiusdem, indicando la norma infringida y su especificidad como lo decidido por el juez en la cuestión planteada; sin embargo, no indica el contenido del artículo 431 del propio Código de Procedimiento Civil, delatado como infringido, ni expresa tampoco con claridad las razones por las cuales considera que tal disposición debió ser aplicada, todo lo cual hace imprecisa la imputación bajo decisión y, por lo tanto, debe desecharse esta denuncia. Así se decide.
Aun y cuando esta Sala, en atención a lo dispuesto en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, procura en todo momento garantizar que no se sacrifique la justicia por la omisión de formalidades no esenciales; considera sin embargo, que en el presente caso, el recurrente quebrantó formas esenciales en su escrito de formalización, que hacen a la Sala imposible conocer de las denuncias antes expuestas.
D E C I S I Ó N
En virtud de las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PERECIDO el recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia emanada del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores del Primer Circuito Judicial del Estado Sucre, en fecha 22 de diciembre de 2000.
Se imponen las costas procésales del recurso a la parte demandada por mandato del artículo 320 del vigente Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de la causa, o sea, al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y del Trabajo del Circuito Judicial antes señalado. Particípese esta remisión al Tribunal Superior de origen, todo de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintiséis (26 ) días del mes de junio de dos mil uno. Años: 191º de la Independencia y 142º de la Federación.-
El Presidente de la Sala y Ponente,
OMAR ALFREDO MORA DÍAZ
El Vicepresidente,
JUAN RAFAEL PERDOMO
Magistrado,
_____________________________
ALFONSO VALBUENA CORDERO
La Secretaria,
BIRMA I. TREJO DE ROMERO
R.C. Nº AA60-S-2001-000149
Busca más sentencias en Venley
Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.
Buscar sentencias