Venley

Sentencia N.º 1511

Sentencia
N.º 1511
Fecha
11/11/2014
Sala
Constitucional
Expediente
14-0394
Ponente
Juan José Mendoza Jover
Procedimiento
Acción de Amparo

 

 

Magistrado Ponente: JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

Exp. 14-0394

 

El 23 de abril de 2014, el abogado Manuel Gerardo Sanz Echeto, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n.° 190.470, actuando en su carácter, acreditado en autos, de defensor de la ciudadana MINERVA HERLINDA DIMAS GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad n.° V-22.396.886, interpuso ante esta Sala acción de amparo constitucional contra la decisión que dictó, el 04 de noviembre de 2013, la Sala n.° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en la que declaró sin lugar, entre otro, el recurso de apelación ejercido contra el fallo de fecha 05 de agosto de 2013, en el cual el Juzgado Segundo de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control de dicho Circuito Judicial Penal, respecto de la prenombrada ciudadana, dictó los pronunciamientos siguientes: a) admitió la acusación presentada en su contra por el Fiscal Sexto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, como coautora del delito de falsa atestación ante funcionario público y cooperadora inmediata en los delitos de secuestro agravado y asociación para delinquir; b) admitió los medios de prueba ofrecidos por dicha representación fiscal; c) declaró sin lugar la solicitud de nulidad de la referida acusación fiscal; d) mantuvo la medida de privación judicial preventiva de libertad; y, e) ordenó la apertura del juicio oral y público.

El 29 de abril de 2014, se dio cuenta en Sala del expediente contentivo de la acción de amparo interpuesta, designándose como ponente al Magistrado Juan José Mendoza Jover, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

El 29 de mayo de 2014, esta Sala dictó decisión n.° 520, en la cual admitió la acción de amparo propuesta y ordenó la notificación de la Presidenta de la Sala n.° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, de la Fiscal General de la República y del ciudadano Ricardo de Jesús Pulgar, en su carácter de víctima en el proceso penal primigenio.

El 19 de junio de 2014, la Secretaría de esta Sala dio cuenta del escrito presentado por el abogado Manuel Gerardo Sanz Echeto, en el cual se dio por notificado de la admisión del presente amparo.

Mediante oficio n.° 645, de fecha 23 de julio de 2014, la Presidenta de la Sala n.° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, informó a esta Sala sobre la notificación del ciudadano Ricardo de Jesús Pulgar.

El 12 de agosto de 2014, la abogada Jazmin Flores Valdez, inscrita en el Inpreabogado bajo el n.° 77.791, consignó ante esta Sala acta de juramentación y aceptación del cargo de defensora de la ciudadana Minerva Dimas González.

 

Realizado el estudio del caso, pasa esta Sala a dictar sentencia, previo análisis de las consideraciones siguientes:

 

I

DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

 

En el escrito contentivo de la solicitud de amparo, la defensa de la parte accionante señaló expresamente lo siguiente:

 

 

En fecha 7 de Febrero (sic) de 2013, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, decretó medida de privación judicial preventiva de libertad a mi representada, por atribuirle el Ministerio Público la presunta comisión de (sic) COAUTORA en el delito de FALSA ATESTACIÓN ANTE FUNCIONARIO PÚBLICO (…) COOPERADORA INMEDIATA en la comisión del delito (sic) de SECUESTRO AGRAVADO (…) y ASOCIACIÓN (sic) […].

Como representante judicial de la ciudadana MINERVA HERLINDA DIMAS, ejercí recurso de apelación en tiempo oportuno, contra la decisión dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de este (sic) Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, en fecha 07 de febrero de 2013.

En fecha 30 de abril de 2013 la fiscalía (sic) Sexta del Ministerio Público del Estado Zulia, presentó escrito de acusación por la presunta participación en la comisión de un concurso real de delitos, conformado por los ilícitos penales de COAUTORA en el delito de FALSA ATESTACIÓN ANTE FUNCIONARIO PÚBLICO (…) COOPERADORA INMEDIATA en la comisión del delito (sic) de SECUESTRO AGRAVADO (…) y ASOCIACIÓN (sic) […].

De conformidad con lo establecido en el artículo 311 ordinal 1° (sic) del Código Orgánico Procesal Penal, esta defensa presentó su escrito de excepciones en el cual como punto previo se alegó la NULIDAD ABSOLUTA del acto conclusivo (…) por cuanto se violentaron flagrantemente los derechos a la defensa y al debido proceso (…) al no determinar de forma precisa y detallada la acción o acciones llevadas a cabo por nuestra patrocinada (…).

En fecha 05 de agosto de 2013 se llevó a cabo acto (sic) de Audiencia Preliminar (sic) […].

En dicho acto, la juzgadora admitió totalmente las acusaciones (…) acordó el pase a juicio de siete de las personas imputadas en la presente causa, manteniendo la medida de privación judicial preventiva de libertad que había sido impuesta en la audiencia de presentación, de igual forma se admitieron todos los medios de prueba ofrecidos por los representantes (sic) del Ministerio Público, a pesar que (sic) en las actas era evidente la violación de los derechos Constitucionales (sic) a la defensa y al debido proceso (…) derivada de un medio probatorio evidentemente ilícito con el cual se trata de inculpar a nuestra patrocinada.

Se planteó Recurso de apelación (sic) bajo el amparo de lo establecido en el artículo 439 del Código Orgánico Procesal Penal que prevé: “Decisiones Recurribles. Son recurribles ante la Corte de Apelaciones las siguientes decisiones: (…) 4. Las que declaren la procedencia de una medida cautelar privativa de libertad o sustitutiva (…) 7. Las señaladas expresamente por la ley”, toda vez que el auto que declara la admisión de una prueba ilegal es apelable de conformidad con el artículo 314 del Código Penal Adjetivo (sic), así como la decisión que declara sin lugar la nulidad, en (sic) arreglo a lo previsto en el artículo 180 ejusdem (sic) (…) [Mayúsculas, negritas y subrayado de la defensa].

 

 

En tal sentido, el hoy accionante respecto del recurso de apelación que ejerció contra la decisión dictada por el Juzgado de Control, indicó que en dicho recurso denunció “la existencia de tres situaciones irregulares”, la primera de ellas, la relativa a:

 

 

La ilegalidad de la prueba testimonial 7ma (sic) adjunta al folio 789 de la presente causa, así como la documental 7ma (sic) adjunta al folio 810 que tienen que ver con el elemento de convicción N° 50 de la acusación, en el cual se evidencia la experticia de Reconocimiento Legal y Vaciado de contenido realizada al teléfono de MINERVA DIMAS, siendo que con dichos elementos probatorios se pretende incriminar a nuestra representada, alegando que mantenía comunicación constante con el perpetrador del delito de secuestro (…) cuando de la simple revisión de dicho elemento probatorio se puede determinar que la ÚNICA LLAMADA QUE APARECE REFLEJADA EN LA EXPERTICIA DE VACIADO REALIZADA DESDE EL TELÉFONO DE MI REPRESENTADA AL PRESUNTO NÚMERO TELEFÓNICO DEL PRESUNTO AUTOR DEL SECUESTRO, FUE REALIZADA A LAS 11:55:17 (sic) PM DEL 4 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, FECHA EN LA CUAL LA CIUDADANA MINERVA DIMAS YA HABÍA PREVIAMENTE (sic) DESPOJADA DE SU EQUIPO CELULAR HORAS ANTES, ESPECÍFICAMENTE A LAS 09:00 HORAS DE LA NOCHE TAL COMO APARECE EN ACTA SUSCRITA POR EL FUNCIONARIO ACTUANTE, razón por la cual esta defensa se opuso a su admisión en su escrito de excepciones y nulidad y en la respectiva audiencia preliminar, lo cual fue completamente ignorado por el tribunal de control, y razón por la cual (sic) se mantuvo privada de su libertad a nuestra representada, a pesar que nos encontramos en presencia de un elemento probatorio que no debió ser admitido por ILEGAL (...) [Mayúsculas, negritas y subrayado de la defensa].

 

 

De igual modo, señaló que en cuanto a las restantes denuncias contenidas en el recurso, las mismas versaron sobre: a) la declaratoria de sin lugar de la solicitud de nulidad de la acusación, en razón de la violación del derecho a la defensa y al debido proceso, por cuanto los hechos en los cuales se sustentó dicho acto conclusivo “fueron totalmente infundados”; y, b) la medida de privación judicial preventiva de libertad que se acordó mantener, toda vez que la misma “debía ser revocada, no solo por la inexistencia del peligro de fuga”, sino, además, por no existir los medios probatorios suficientes que permitieran presumir la participación de su defendida en los delitos objeto de la acusación en su contra.

Asimismo, el abogado defensor de la parte accionante indicó que la defensa de quienes también habían sido acusados: los ciudadanos Alcira Melania Dimas, Liliana Martínez Dimas y Jaime Adolfo Martínez, a la par ejerció recurso de apelación contra la referida decisión del Juzgado Segundo de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, con fundamento en que: (…) “la Jueza de Instancia no se pronunció en relación a los vicios de la acusación fiscal (…) ni se pronunció debidamente con (sic) la solicitud de sobreseimiento, ni resolvió las excepciones (…) ni se pronunció en relación a la oposición a las pruebas”, en razón de lo cual, según su criterio: (…) “dicho escrito recursivo fue fundamentado, como se pudo observar, en denuncias totalmente distintas a las planteadas en nuestro recurso de apelación”.

En este contexto, señaló que la Sala n.° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, a la cual le correspondió conocer del recurso, estimó procedente su admisión y, en consecuencia, en fecha 04 de noviembre de 2013, dictó decisión en la que declaró sin lugar las apelaciones ejercidas tanto por su persona como por la defensa de los otros ciudadanos a quienes el Ministerio Público había señalado como coautores del delito de falsa atestación ante funcionario público y cooperadores inmediatos en los delitos de secuestro agravado y asociación para delinquir.

Que del análisis de la decisión en cuestión, se evidencia que en la misma, tal y como expresamente lo señaló: 

 

(…) se fundamentó (sic) uno solo de los recursos interpuestos, específicamente el primero de ellos efectuado por el Abogado (sic) […] en su carácter de defensor privado de los ciudadanos ALCIRA MELANIA DIMAS, LILIANA MARTÍNEZ DIMAS Y JAIME ADOLFO MARTÍNEZ, pero OMITIÓ PRONUNCIAMIENTO con respecto a el (sic) segundo de los recursos efectuado (sic) por mi persona (…) en mi carácter de defensor privado de la ciudadana MINERVA HERLINDA DIMAS.

De la simple lectura de la decisión proferida por la Sala 3 (sic) […] se puede observar que en efecto, se hace mención de la (sic) apelación presentada por el ciudadano Abogado (sic) FREDDY URBINA identificándolo como el “PRIMER RECURSO DE APELACIÓN” designándose (sic) a su vez al (sic) recurso interpuesto por esta representación judicial como el “SEGUNDO RECURSO DE APELACIÓN”. En la decisión se evidencia claramente que la Corte hizo un resumen de ambos recursos, del mismo modo integró los alegatos del representante de la Fiscalía (…) para proceder a realizar sus consideraciones para decidir.

 

En su motiva la Corte de Apelaciones menciona textualmente que:

“una vez analizados los argumentos esbozados en los escritos de apelaciones interpuestos por los abogados defensores, en los cuales denuncian que la Jueza a quo, violento el Derecho a la Defensa, Derecho a la Tutela Judicial Efectiva y el Debido Proceso (sic), previstos en los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en los artículos 1, 12, 19, 127.5 y 173 del Código Orgánico Procesal Penal, por haber incurrido en el vicio procesal de Falta de Motivación (sic), en virtud que en (sic) acto de la audiencia preliminar declaró Sin Lugar (sic) todas las excepciones propuestas por la defensa, en evacuar unas diligencias de investigación solicitada por la defensa, sin motivar su decisión.

 

Del extracto transcrito, se puede evidenciar prima facie que la Sala para exponer su motivación agrupó a ambos recursos por aparentemente referirse a una misma denuncia en relación a la falta de motivación en (sic) la declaratoria sin lugar de las excepciones propuestas y en cuanto a la evacuación de una diligencia de investigación -que fue solicitada por la defensa técnica de los imputados ALCIRA MELANI ADIMAS, LILIANA MARTÍNEZ DIMAS Y JAIME ADOLFO MARTÍNEZ- no obstante no hace mención alguna de las denuncias puntuales efectuadas por esta representación judicial en relación a la ilegalidad de la prueba testimonial 7ma (sic) adjunta al folio 789 de la presente causa, así como la documental 7ma (sic) adjunta al folio 810 que tienen que ver con el elemento de convicción N° 50 de la acusación y en cuanto a la Declaratoria Sin Lugar (sic) de la nulidad planteada (Mayúsculas, cursivas, subrayado y negritas de la defensa).

 

 

 

De seguida, la defensa de la parte accionante expuso que de la lectura de la decisión impugnada por vía de amparo se evidencia manifiestamente que la Sala n.° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, dio respuesta a las denuncias contenidas en el escrito de apelación presentado por la defensa de los coimputados Alcira Melania Dimas, Liliana Martínez Dimas y Jaime Adolfo Martínez “de manera concreta y cabal”, sin embargo, en cuanto a sus denuncias “no hubo pronunciamiento expreso (…) ni siquiera un párrafo, una línea”.

De esta manera, la parte actora denunció ante esta Sala la violación flagrante de los derechos constitucionales de su defendida relativos a la tutela judicial efectiva, a la defensa, al debido proceso y a obtener oportuna y adecuada respuesta.

 

 

 

II

DEL ACTO JURISDICCIONAL ACCIONADO

 

El 04 de noviembre de 2013, la Sala n.° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido, entre otro, por el abogado Manuel Gerardo Sanz Echeto, en su carácter de defensor de la ciudadana Minerva Herlinda Dimas González, contra el fallo de fecha 05 de agosto de 2013, en el cual el Juzgado Segundo de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control de dicho Circuito Judicial Penal, respecto de la prenombrada ciudadana, dictó los pronunciamientos siguientes: a) admitió la acusación presentada por el Fiscal Sexto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, como coautora del delito de falsa atestación ante funcionario público y cooperadora inmediata en los delitos de secuestro agravado y asociación para delinquir; b) admitió los medios de prueba ofrecidos por dicha representación fiscal; c) declaró sin lugar la solicitud de nulidad de la referida acusación fiscal; d) mantuvo la medida de privación judicial preventiva de libertad en su contra; y, e) ordenó la apertura del juicio oral y público.

En tal sentido, la referida Sala de la Corte de Apelaciones señaló expresamente lo siguiente:

 

 

Efectuado como ha sido el estudio y análisis de todas y cada una de las actuaciones que conforman la causa, observa esta Sala que los aspectos medulares de los recursos de apelación de autos se encuentra (sic) en impugnar la decisión Nº 1323-13, dictada en fecha 05-08-13, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Estatal (sic) en Funciones de Control (…) del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, mediante la cual ADMITE TOTALMENTE LAS ACUSACIÓNES DE FECHAS: 20.04.2013, 23.04.2013 y 21.05.2013 (sic); presentadas por la Fiscalía Sexta (6°) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, (…) contra de los ciudadanos, hoy acusados: ALCIRA MELANIA DIMAS DE MARTINEZ, LILIANA MARTINEZ DIMAS y JAIME ADOLFO MARTINEZ YORENTES, y MINERVA HERLINDA DIMAS GONZALEZ, por cumplir la misma con los requisitos contenidos en el artículo 308 del texto adjetivo penal, admitiendo en consecuencia el referido acto conclusivo; así como los medios de pruebas ofrecidos por el Ministerio Público y la defensa.

Los miembros integrantes de esta Sala de Alzada (sic), una vez analizados los argumentos esbozados en los escritos de apelaciones interpuestos por los abogados defensores, en los cuales denuncian que la Jueza a quo, violento el Derecho a la Defensa, Derecho a la Tutela Judicial Efectiva y el Debido Proceso (sic), previstos en los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en los artículos 1, 12, 19, 127.5 y 173 del Código Orgánico Procesal Penal, por haber incurrido en el vicio procesal de Falta de Motivación (sic), en virtud que en acto de la audiencia preliminar declaró Sin Lugar (sic) todas las excepciones propuestas por la defensa, en evacuar unas diligencias de investigación solicitada por la defensa, sin motivar su decisión.

(…)

En relación a lo solicitado por la defensa, la Jurisdicente (sic) al momento de decidir sobre lo peticionado por la defensa de actas, arguyó que:

                                                (…)

Observa este Tribunal, que la Defensa de la imputada MINERVA HERLINDA DIMAS GONZALEZ, en relación al escrito de contestación interpuesta por la Defensa Privada ABGS, CESAR CALZADILLA Y MANUEL SANZ, han interpuesto la EXCEPCION establecida en el artículo 28, numeral 4, literal “c” del Código Orgánico Procesal Penal, y por consiguiente DECLARE INADMISIBLE LA ACUSACION y DECRETE EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, así como la NULIDAD ABSOLUTA de la acusación y como consecuencia el cese inmediato de la medida de privación de libertad; es por lo que este Juzgado pasa a verificar la acusación presentada por el MINISTERIO PUBLICO con fundamento en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal y lo hace en los términos siguientes:
En cuanto a la acusación presentada por la Fiscalía 6 del Ministerio Publico (…) con fundamento en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, observa que en el escrito acusatorio presentado por el Ministerio Público identifican plenamente a los imputados y a su defensa técnica, por lo que cumple con lo establecido en el numeral 1 del artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal; en cuanto al numeral 2 del artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, se observa también que el Ministerio Público, hace una relación clara precisa y circunstanciada de los hechos punibles que les fueron atribuidos a los acusados de autos en cuanto al modo, tiempo y lugar, como consta en el escrito acusatorio; en cuanto al numeral 3 del artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, el Ministerio Público, establecen en su escrito los fundamentos de su acusación, cada una de las cuales se ha verificado en presencia de las partes; en cuanto al numeral 4 del artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, el Ministerio Público considera que los hechos se encuentran tipificados como son los delitos de COAUTORA del delito de FALSA ATESTACIÓN ANTE FUNCIONARIO PUBLICO,…, COOPERADOR INMEDIATO en el delito de SECUESTRO AGRAVADO, ASOCIACION PARA DELINQUIR, …; así mismo, considera este Tribunal que tomando en consideración que de acuerdo a los hechos narrados en los escritos acusatorios de actas; en cuanto al numeral 5 del artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, el Ministerio Público hacen el ofrecimiento de los medios de pruebas, que identifican, cada uno, en su escrito acusatorio, estableciendo su necesidad y pertinencia, como igualmente lo estableció la defensa cuando solicita el Principio de la Comunidad de las Pruebas (sic) ofrecidas por la Vindicta Publica (sic), con lo cual la acusación cumple con lo establecido en el numeral 6 del artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal; por lo que considera este Tribunal que la acusación presentada por el Ministerio Público, cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que este Tribunal DECLARA SIN LUGAR LA EXCEPCION establecida en el artículo 28, numeral 4, literal “c” del Código Orgánico Procesal Penal; y en consecuencia, ADMITE TOTALMENTE LA ACUSACIÓN presentada por la Fiscalía 6 del Ministerio Público (…) de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal; asimismo, verificado que el Ministerio Público estableció la legalidad, licitud, necesidad y pertinencia de los medios de prueba, este Tribunal ADMITE TOTALMENTE LOS MEDIOS DE PRUEBA ofrecidos por la Fiscalía 6 del Ministerio Público (…) de conformidad con lo establecido en el numeral 9 del artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal, a la cual se acoge la defensa del imputado por el principio de Comunidad de la prueba.

En cuanto a los puntos que solicita la defensa cuando solicita la Nulidad Absoluta de la acusación presentada y ratificada en este acto por el Ministerio Publico, observa que el punto relacionado a que su defendida es inocente de los hechos que le imputa el Ministerio Publico, pues no existe una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos imputados por el Ministerio Publico, y otros puntos planteados por la defensa relacionada con la conducta o no desplegada por la misma, dicho punto tal y como lo prevé la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el Artículo 49 numeral 2, por lo que no se pone en entredicho la inocencia de la imputada de autos, sin embargo, los puntos planteados por la defensa relacionados a hechos narrados en su escrito y planteados para ser tomados en cuenta por este tribunal en esta audiencia preliminar, o están dados valorar y entrar a analizar cuestiones que son propias del contradictorio que se realiza en el juicio oral y público, y así lo establece el Artículo 312 parte in fine del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que DECLARA SIN LUGAR la NULIDAD planteada por la defensa ya que de actas se evidencia que se ha verificado el total cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales que le asisten a la imputada de autos.

En cuanto a la excepción planteada por la defensa relacionada con lo previsto en el artículo 28 numeral 4, literal “c” del Código Orgánico Procesal Penal, como anteriormente se detalló la acusación fiscal cumple con los requisitos que prevé el Artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, pues la misma se encuentra ajustada a derecho, por lo que se DECLARA SIN LUGAR la solicitud de la defensa en cuanto a que se Desestime la acusación fiscal, pues la misma se encuentra proporcionada y fundamentada con los elementos de convicción para presentar la misma y cumple cabalmente con cada uno de los numerales que contiene el referido artículo, por lo que se DECLARA SIN LUGAR LA EXCEPCION establecida en el artículo 28, numeral 4, literal “c” del Código Orgánico Procesal Penal, asimismo, DECLARA SIN LUGAR LA DESESTIMACION DE LA ACUSACION, al igual que, DECLARA SIN LUGAR EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, con fundamento en el artículo 34.4° del Código Orgánico Procesal Penal; y en consecuencia, ADMITE TOTALMENTE LA ACUSACIÓN presentada por la Fiscalía 6 del Ministerio Público, (…) de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal. Así mismo ADMITE TODOS Y CADA UNO DE LOS MEDIOS DE PRUEBA interpuestos en el escrito de contestación del otrora defensor privado, tanto las TESTIMONIALES, DOCUMENTALES E INSTRUMENTALES, así como el Principio de la Comunidad de las Pruebas (sic) que invoca.

En relación a la solicitud de la defensa en cuanto a que se le otorgue una medida menos gravosa a favor de sus defendidos, considera que la misma es desproporcionada en relación a los hechos imputados por el Ministerio Publico teniendo en cuenta que la posible pena a imponer excede de los diez años de prisión, tal y como lo establece el Artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que se ordena MANTENER LA MEDIDA CAUTELAR DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA LIBERTAD, en contra de la imputada MINERVA HERLINDA DIMAS GONZALEZ, ya identificada en actas, de conformidad con lo establecido en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, en armonía con el artículo 250, ambos del Código Orgánico Procesal Penal. Se proveen las copias solicitadas. Y ASI SE DECIDE (Mayúsculas de la Sala de la Corte de Apelaciones).

 

 

En este orden de ideas, la Sala n.° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, señaló lo siguiente:

 

Una vez transcrita un extracto de la decisión recurrible, esta Sala considera oportuno traer a colación Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, referidas al Derecho a la Defensa y el Debido Proceso y artículos contenidos en el Código Orgánico Procesal Penal, de los cuales podemos observar que los derechos Constitucionales a la defensa y al debido proceso, consagrados en el Artículo (sic) 49 de la Constitución de la República (sic) han sido examinados por la Sala Constitucional en diferentes fallos, expresando lo siguiente:

(…)

De todo lo ante (sic) transcrito se desprende, para quienes aquí deciden, que resulta desacertado el alegato de inmotivación señalado por la defensa de actas, toda vez que la Jueza de Instancia indicó de manera precisa, fundamentada y coherente, en la decisión el por qué en su criterio declaraba sin lugar solicitud de nulidad de la acusación solicitada por la defensa, así como considero (sic) y dejo asentado que de la revisión efectuada al escrito acusatorio, el mismo cumple con lo establecido en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, pues contiene una relación clara precisa y circunstanciada de los hechos punibles que se atribuyen a cada acusado, en modo, tiempo y lugar, estableciendo en su escrito los fundamentos de su acusación, cada uno de los cuales fueron verificados en presencia de las partes, y que los hechos se encuentran tipificados como los delitos de FALSA ATESTACION ANTE FUNCIONARIO PUBLICO (…) SECUESTRO AGRAVADO  (…) ASOCIACION PARA DELINQUIR (…), igualmente se constato que dio respuesta a los (sic) solicitado en la audiencia por las partes intervinientes.

Ahora bien, en relación a lo antes expuesto, es oportuno señalar en cuanto a la motivación de las decisiones judiciales, que ésta es la justificación razonada y exteriorizada por parte del Órgano Jurisdiccional (sic), de la conclusión jurídica a la cual ha arribado; lo que quiere decir, que debe plasmarse de manera expresa, directa, correcta y exhaustiva el por qué se adopta determinada decisión. Además, no sólo es necesario exteriorizar los motivos del dictamen judicial, sino que la construcción de los mismos desde el principio, deben ser realizados con criterios racionales, conformando así un todo armónico que sirva de sustento a dicha decisión, ofreciendo a las partes seguridad jurídica.

                                                   (…)
Este Cuerpo Colegiado (sic) considera que, al constatar entonces esta Sala, la conclusión jurídica a la cual arribó la Jueza de Control, se evidencia que se sometió a los requerimientos legales que debe contener una adecuada y correcta motivación, ya que en el fallo accionado se expresaron claramente las razones de hecho y de derecho, en las cuales se basó para darles respuestas a las solicitudes planteadas por las partes intervinientes en el proceso, conllevando a esta Sala a concluir, que la decisión dictada por la Jueza a quo, se encuentra motivada, cumpliendo el requisito de racionalidad y de razonabilidad, que debe revestir cualquier decisión judicial, por ello no se vulnera la garantía de la Tutela Judicial Efectiva (sic), el derecho a la Defensa (sic), así como tampoco el principio del Debido Proceso (sic), denunciado como violentados por el apelante.
Por lo tanto, al no existir falta de motivación de la decisión recurrida, los integrantes de este Tribunal Colegiado, consideran que no le asiste la razón a la defensa en su denuncia en su recurso de apelación. ASÍ SE DECIDE (Mayúsculas de la Corte de Apelaciones).

 

De igual modo, indicó que:

 

(…) en cuanto a lo planteado por la defensa en relación que en (sic) acto de la Audiencia Preliminar (sic) declaró Sin Lugar (sic) el recurso de Nulidad (sic) en contra de la negativa del Ministerio Público en (sic) evacuar unas diligencias de investigación solicitada en tiempo hábil, sin motivar su decisión, el por qué consideraba que la negativa se encontraba ajustada a derecho, ignorando que las mismas eran útiles, necesarias y pertinentes, por lo que su inadmisión violenta el derecho a la defensa de sus defendidas.
                                                (…)
Quienes aquí deciden consideran que se deduce que el Representante de la Vindicta Pública (sic), en atención al principio de legalidad que rige su actuación y como órgano que ejerce la acción penal en nombre del Estado, debe dirigir su actividad a la búsqueda de la verdad, de allí que está en la obligación de investigar no sólo lo que incrimine al imputado sino también aquello que le favorezca, y tal atribución de funciones se justifica en el hecho de que el objeto propio de la fase investigativa impide que la indagación sea dejada en manos de particulares, no obstante en la búsqueda de la verdad no pueden sacrificarse los derechos de aquel que es objeto de la persecución penal.

Así pues, la ley procesal penal venezolana establece como objeto de la fase preparatoria que dirige el Ministerio Público, la preparación del juicio oral y público, mediante la investigación de la verdad y la recolección de todos los elementos de convicción que permitan fundar la acusación fiscal y la defensa del imputado.
Se desprende de todo lo anteriormente expuesto concatenado con el contenido de los artículos 305 y 125 ordinal 5 ambos del Código Orgánico Procesal Penal, que el imputado o cualquiera de las partes a fin de coadyuvar en el proceso podrán solicitar la práctica de cualquier diligencia de investigación con la finalidad de desvirtuar las imputaciones formuladas y/o que conlleven a la verdad de los hechos, debiendo el Ministerio Público realizar lo conducente a los fines de que dichas diligencias sean practicadas, salvo que considere que las mismas no son necesarias, ni pertinentes, en cuyo caso se deberá dejar constancia de tal circunstancia, no obstante, se hace necesario aclarar que no es obligación de la Vindicta Pública (sic) ofertar pruebas de descargo que estime ineficaces para la inculpación o exculpación, y tal convicción negativa no tiene porqué fundamentarla.
Estiman los miembros de este Cuerpo Colegiado que la práctica de las diligencias de investigación, son dirigidas por el Representante del Ministerio Público, y en el presente caso, puede observarse que éste, en opinión de la defensa, no llevó a cabo todas las diligencias de investigación solicitadas por el Abogado (sic) defensor, en la fase de investigación, tal como, la Rueda de Reconocimiento solicitada en la Audiencia de Presentación (sic), donde al Juez de Control, respondió que por ser diligencias propias de la investigación, debería solicitarla por ante el Ministerio Publico; no obstante, la cual al solicitarla ante la vindicta publica (sic) esta podía estimarlas impertinentes y así haberlo fundamentado en su negativa a practicarlas o en último caso considerar que ofertar tales medios probatorios en su acusación no resultaban pertinentes o eran innecesarias, y ante cualquiera de estas circunstancia, debió el profesional del Derecho acudir a la Jueza de Control, para que ejerza el Control Judicial (sic), y denunciar la limitación del ejercicio del derecho a la defensa de la que estaba presuntamente siendo objeto sus defendidos, no esperar la presentación de la acusación, para que la Jueza de Instancia otorgara niveles de protección procesal a los acusados de autos, por cuanto la Juzgadora podía ordenar previa solicitud de la defensa, y una vez analizado el requerimiento de la misma, la práctica de las pruebas solicitadas en fase de investigación, ya que con dicha actuación preservaría la garantía procesal del derecho a la defensa y el debido proceso, sin embargo, se observa en el caso de marras, de la revisión efectuada a las actas que conforman la causa, que no corre inserta ninguna solicitud de Rueda de Reconocimiento solicitada por al (sic) defensa ante el Ministerio Publico o por ante el Tribunal de Control.

Siendo así las cosas, en tal sentido si la (sic) resultas no constaban en la investigación para el momento de producirse el acto conclusivo de acusación, resultaba carga de la defensa su ofertación en el escrito de descargo presentado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal, a fin de que las mismas fueran evacuadas durante el debate oral y público, momento estelar para la producción, contradicción y valoración de la pruebas; por tanto, no evidencian quienes aquí deciden, transgresiones de orden constitucional que incidan o conlleven a decretar la nulidad de la acusación, por cuanto el Ministerio Público, constatándose de esta forma el cabal cumplimiento por parte de los Fiscales el Ministerio Público de pronunciarse sobre las diligencias de investigación solicitadas, tal y como lo establece el artículo 127 ordinal 5 del Código Orgánico Procesal Penal, y así lo dejó plasmado en su escrito de contestación al recurso de apelación. Adicionalmente, no puede el apelante constreñir al Ministerio Público para que presente pruebas que el mismo no estima pertinente para la exculpación o inculpación del procesado, en todo caso este es un compromiso aún mayor para la defensa, porque está intrínsecamente vinculado con dicha función, el ofertar todo tipo de pruebas validas y legalmente obtenidas para que se evacuen en el debate oral y público, momento estelar para su práctica ante el Juez de Merito (sic), quien deberá valorarlas o desecharlas según las reglas de la Sana Crítica (sic).

 

De esta manera, la Sala n.° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, dispuso lo siguiente:

 

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, consideran los integrantes de esta Alzada (sic) que lo ajustado a derecho, en el caso bajo estudio, es declarar SIN LUGAR los recursos de apelaciones interpuestos por los Abogado FREDDY URBINA, en su carácter de defensor privado de los ciudadanos ALCIRA MELANIA DIMAS DE MARTINEZ, LILIANA MARTINEZ DIMAS y JAIME ADOLFO MARTINEZ YORENTES, y el segundo por el Abogado MANUEL SANZ ECHETO, en su carácter de defensor privado de la ciudadana MINERVA HERLINDA DIMAS GONZALEZ, y por vía de consecuencia CONFIRMA la Decisión (sic) dictada en fecha 05 de Agosto de 2013, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia (…). ASÍ SE DECIDE.

 

 

III

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Le corresponde a esta Sala entrar a conocer sobre el fondo del presente asunto, toda vez que en la oportunidad de admitir la presente acción de amparo, asumió la competencia, y, al respecto, “ab initio” estima oportuno observar lo siguiente:

Esta Sala, en sentencia n.° 993, del 16 de julio de 2013, caso: Daniel Guédez Hernández, estableció criterio vinculante respecto a la procedencia “in limine litis” de aquellos casos de acciones de amparo constitucional interpuesta contra decisión judicial cuando el hecho controvertido es un punto netamente jurídico que no necesita ser complementado por algún medio probatorio ni requiere de un alegato nuevo, esto es: cuando el asunto fuere de mero derecho,

En tal sentido, en la citada sentencia se dejó establecido expresamente lo siguiente:

 

(…) tanto la acción de amparo como el derecho al amparo llevan implícita la celeridad y el restablecimiento inmediato de la situación jurídica lesionada constitucionalmente, razón por la cual el artículo 27 constitucional, conforme con el artículo 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, refieren que la autoridad judicial competente tendrá la potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella; de allí que pueda o no hacerse exigible el contradictorio en el procedimiento de amparo, dependiendo ello del hecho de que el juez constitucional estime el procedimiento más conveniente para el restablecimiento inmediato de la situación jurídica infringida que es lo medular en la vía del amparo; si ello no fuese así, el amparo carecería de eficacia. Por lo tanto, cuando el mandamiento de amparo se fundamente en un medio de prueba fehaciente constitutivo de presunción grave de la violación constitucional, debe repararse inmediatamente, en forma definitiva, y sin dilaciones la situación infringida, sin que se haga necesario abrir el contradictorio, el cual, sólo en caso de duda o de hechos controvertidos, justificará la realización de una audiencia oral contradictoria. Si ello no fuera así se desvirtuaría la inmediatez y eficacia del amparo.

En efecto, existen situaciones de mero derecho o de tan obvia violación constitucional que pueden ser resueltas con inmediatez y sin necesidad del previo debate contradictorio porque se hace obvia igualmente la situación jurídica infringida; ¿por qué demorar entonces la restitución de los derechos constitucionales infringidos?

La Sala considera que el procedimiento de amparo constitucional, en aras de la celeridad, inmediatez, urgencia y gravedad del derecho constitucional infringido debe ser distinto, cuando se discute un punto netamente jurídico que no necesita ser complementado por algún medio probatorio ni requiere de un alegato nuevo para decidir la controversia constitucional. En estos casos, a juicio de la Sala, no es necesario celebrar la audiencia oral, toda vez que lo alegado con la solicitud del amparo y lo aportado con la consignación del documento fundamental en el momento en que se incoa la demanda, es suficiente para resolver el amparo en forma inmediata y definitiva.

Así pues, la Sala considera que la celebración de la audiencia oral en estos tipos de acciones de amparo constitucional, en las que se planteen la resolución de puntos de mero derecho, sería antagónico con lo señalado en el artículo 27 de la Carta Magna, que establece que: el ‘procedimiento de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella’ (destacado de este fallo); debido a que el Juez constitucional debe esperar, aun cuando cuenta con todo lo necesario en autos para dictar la decisión de fondo en forma inmediata, la celebración de la audiencia oral que no va a aportar nada nuevo a la controversia. Se trataría, entonces, de una audiencia inútil o redundante que crearía una dilación innecesaria en el procedimiento de amparo incompatible con su naturaleza.

Ejemplo de ello sería el caso en el cual se interponga una demanda de amparo contra una decisión judicial, firme, que condenó a un ciudadano a la ejecución de una pena de muerte o a cumplir una pena de prisión de cuarenta años. En estos supuestos, esperar la celebración de la audiencia oral para resolver el mérito de la controversia planteada, atentaría contra la posibilidad de la restitución inmediata de la situación jurídica infringida, ya que bastaría, con la sola interposición del amparo y la consignación de la copia de la decisión adversada, que el Juez constitucional concluyera ipso iure, por tratarse el asunto de un punto de mero derecho, que toda condena de muerte o la aplicación de una pena que exceda de treinta años es contrario a lo que disponen los artículos 43 y 44.3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, respectivamente.

De modo que, condicionar la resolución del fondo del amparo a la celebración de la audiencia oral sería inútil en aquellos casos en los cuales se intenta el amparo contra una decisión judicial por un asunto de mero derecho o de obvia violación constitucional, toda vez que ello ocasionaría la violación del derecho a la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 26 eiusdem, que se concreta en materia de amparo constitucional en el artículo 27 ibidem, debido a que el Estado no garantizaría, en estos casos, una justicia ‘expedita’.

Por lo tanto, a pesar de que en anterior oportunidad la Sala, con base en la necesidad de celebrar la audiencia oral contradictoria, negó una solicitud de declaratoria de mero derecho en un procedimiento de amparo (vid. sentencia N° 988 del 15 de octubre de 2010, caso: Clarense Daniel Rusian Pérez), se impone en el presente caso un complemento de la sentencia N° 7/2000 y se establece, con carácter vinculante, que, en las demandas de amparos en las cuales se ventile la resolución de un punto de mero derecho, el Juez constitucional podrá, en la oportunidad de la admisión de la solicitud de amparo, decretar el caso como de mero derecho y pasar a dictar, sin necesidad de convocar y celebrar la audiencia oral, la decisión de fondo que permita restablecer inmediatamente y en forma definitiva la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Así se establece (Negritas del fallo).

 

Posteriormente, la Sala, en sentencia n.° 609, del 03 de junio de 2014, caso: Laurencio Grimón Torres, amplió el anterior criterio y dejó establecido que en aquellos casos en los cuales se hubiese admitido la pretensión de amparo y la causa se encontrare en el estado de fijar la celebración de la audiencia constitucional, procedía, de igual modo, la declaratoria del asunto como de mero derecho, siempre y cuando se comprobaran los supuestos señalados en la citada decisión n.° 993, del 16 de julio de 2013.

Bajo estos supuestos, esta Sala observa que, en el presente caso, se cumplen los requisitos establecidos para la anterior declaratoria de mero derecho, toda vez que: a) la solicitud de tutela constitucional fue admitida en decisión de fecha 29 de mayo de 2014; b) el proceso se encuentra en la etapa de que se fije la audiencia constitucional; y, c) el punto controvertido se trata de un acto procesal en el cual se cuestiona la falta de pronunciamiento en cuanto a los alegatos esgrimidos por la defensa de la hoy accionante para fundamentar la apelación ejercida contra la decisión del Juzgado Segundo de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, en el marco del proceso penal que se sigue en su contra como coautora del delito de falsa atestación ante funcionario público y cooperadora inmediata en los delitos de secuestro agravado y asociación para delinquir, además, de constar en el expediente, en copia certificada, los medios de prueba para resolver la demanda de autos.

En efecto, el abogado Manuel Gerardo Sanz Echeto, defensor de la ciudadana Minerva Herlinda Dimas González, interpuso acción de amparo constitucional contra la decisión que dictó, el 04 de noviembre de 2013, la Sala n.° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en la que declaró sin lugar, entre otro, el recurso de apelación ejercido contra el fallo de fecha 05 de agosto de 2013, en el cual el Juzgado Segundo de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control de dicho Circuito Judicial Penal, respecto de la prenombrada ciudadana, dictó los pronunciamientos siguientes: a) admitió la acusación presentada en su contra por el Fiscal Sexto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, como coautora del delito de falsa atestación ante funcionario público y cooperadora inmediata en los delitos de secuestro agravado y asociación para delinquir; b) admitió los medios de prueba ofrecidos por dicha representación fiscal; c) declaró sin lugar la solicitud de nulidad de la referida acusación fiscal; d) mantuvo la medida de privación judicial preventiva de libertad; y, e) ordenó la apertura del juicio oral y público.

En tal sentido, la parte actora sustentó su pretensión de amparo en el hecho de que en dicho recurso de apelación denunció “la existencia de tres situaciones irregulares”, la primera de ellas, la relativa a: (…) “la ilegalidad de la prueba testimonial 7ma (sic) […] así como la documental 7ma (sic) […]  que tienen que ver con el elemento de convicción N° 50 de la acusación, en el cual se evidencia la experticia de Reconocimiento Legal y Vaciado de contenido realizada al teléfono de MINERVA DIMAS” (…), y las restantes referidas a los aspectos siguientes: a) la declaratoria de sin lugar de la solicitud de nulidad de la acusación, en razón de la violación del derecho a la defensa y al debido proceso, por cuanto los hechos en los cuales se sustentó dicho acto conclusivo “fueron totalmente infundados”; y, b) la medida judicial preventiva de libertad que se acordó mantener, toda vez que la misma “debía ser revocada, no solo por la inexistencia del peligro de fuga”, sino, también, por no existir los medios probatorios suficientes que permitieran presumir la participación de su defendida en los delitos objeto de la acusación en su contra.

Sin embargo, la Sala n.° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, en la decisión adversada en amparo, tal y como lo señaló expresamente el accionante: 

 

(…) se fundamentó (sic) uno solo de los recursos interpuestos, específicamente el primero de ellos efectuado por el Abogado (sic) […] en su carácter de defensor privado de los ciudadanos ALCIRA MELANIA DIMAS, LILIANA MARTÍNEZ DIMAS Y JAIME ADOLFO MARTÍNEZ, pero OMITIÓ PRONUNCIAMIENTO con respecto a el (sic) segundo de los recursos efectuado (sic) por mi persona (…) en mi carácter de defensor privado de la ciudadana MINERVA HERLINDA DIMAS.

De la simple lectura de la decisión proferida por la Sala 3 (sic) […] se puede observar que en efecto, se hace mención de la (sic) apelación presentada por el ciudadano Abogado (sic) FREDDY URBINA identificándolo como el “PRIMER RECURSO DE APELACIÓN” designándose (sic) a su vez al (sic) recurso interpuesto por esta representación judicial como el “SEGUNDO RECURSO DE APELACIÓN”.

En la decisión se evidencia claramente que la Corte hizo un resumen de ambos recursos, del mismo modo integró los alegatos del representante de la Fiscalía (…) para proceder a realizar sus consideraciones para decidir.

En su motiva la Corte de Apelaciones menciona textualmente que:

“una vez analizados los argumentos esbozados en los escritos de apelaciones interpuestos por los abogados defensores, en los cuales denuncian que la Jueza a quo, violento el Derecho a la Defensa, Derecho a la Tutela Judicial Efectiva y el Debido Proceso (sic), previstos en los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en los artículos 1, 12, 19, 127.5 y 173 del Código Orgánico Procesal Penal, por haber incurrido en el vicio procesal de Falta de Motivación (sic), en virtud que en (sic) acto de la audiencia preliminar declaró Sin Lugar (sic) todas las excepciones propuestas por la defensa, en evacuar unas diligencias de investigación solicitada por la defensa, sin motivar su decisión”.

Del extracto transcrito, se puede evidenciar prima facie que la Sala para exponer su motivación agrupó a ambos recursos por aparentemente referirse a una misma denuncia en relación a la falta de motivación en (sic) la declaratoria sin lugar de las excepciones propuestas y en cuanto a la evacuación de una diligencia de investigación -que fue solicitada por la defensa técnica de los imputados ALCIRA MELANI ADIMAS, LILIANA MARTÍNEZ DIMAS Y JAIME ADOLFO MARTÍNEZ- no obstante no hace mención alguna de las denuncias puntuales efectuadas por esta representación judicial en relación a la ilegalidad de la prueba testimonial 7ma (sic) adjunta al folio 789 de la presente causa, así como la documental 7ma (sic) adjunta al folio 810 que tienen que ver con el elemento de convicción N° 50 de la acusación y en cuanto a la Declaratoria Sin Lugar (sic) de la nulidad planteada (Mayúsculas, cursivas, subrayado y negritas de la defensa).

 

 

Conforme lo expuesto, según expresó la parte actora, la referida Sala n.° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, dio respuesta a las denuncias contenidas en el escrito de apelación presentado por la defensa de los coimputados Alcira Melania Dimas, Liliana Martínez Dimas y Jaime Adolfo Martínez “de manera concreta y cabal”, sin embargo, en cuanto a sus denuncias “no hubo pronunciamiento expreso (…) ni siquiera un párrafo, una línea”.

Planteados así los límites de la controversia, esta Sala, del estudio de los medios de pruebas aportados por la parte actora, evidencia que, ciertamente, la razón le asiste al abogado Manuel Gerardo Sanz Echeto.

En efecto, consta en el escrito contentivo del recurso de apelación ejercido que el prenombrado abogado, en su carácter de defensor de la ciudadana Minerva Herlinda Dimas González, de conformidad con lo establecido en el artículo 439, numerales 4 y 7, del Código Orgánico Procesal Penal, impugnó la decisión dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, con ocasión de la audiencia preliminar celebrada en el proceso seguido en su contra, sobre la base de los fundamentos siguientes:

1) La admisión de: (…) “la prueba testimonial 7ma (sic) […] así como la documental 7ma (sic) […]  que tienen que ver con el elemento de convicción N° 50 de la acusación, en el cual se evidencia la experticia de Reconocimiento Legal y Vaciado de contenido realizada al teléfono de MINERVA DIMAS”, pese a que: (…) “la jurisprudencia patria ha ratificado la posibilidad que se recurra cuando una prueba haya sido admitida en la audiencia preliminar y que las mismas (sic) hayan sido obtenidas ilícitamente”.

2) La admisión del acto conclusivo acusatorio presentado por la representación del Ministerio Público, aun cuando en dicho acto conclusivo “no se determina la conducta concreta asumida por nuestra defendida que lo (sic) encuadre en la cualidad (sic) de COOPERADORA INMEDIATA del hecho punible” (…) [Mayúsculas de la defensa], lo cual, en su decir, viola el derecho al debido proceso y la tutela judicial efectiva, en razón de lo cual lo procedente y ajustado a derecho era declarar con lugar la solicitud formulada respecto de su nulidad absoluta.

3) La medida de privación judicial preventiva de libertad que se acordó mantener, toda vez que la misma “debía ser revocada, no solo por la inexistencia del peligro de fuga”, sino, además, por no existir los medios probatorios suficientes que permitieran presumir la participación de su defendida en los delitos objeto de la acusación en su contra.

Ahora, esta Sala, del estudio de la decisión objeto de la presente acción de amparo, evidencia que la Sala n.° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, si bien reseña en la parte narrativa del fallo los argumentos esgrimidos por el abogado Manuel Sanz Echeto, para fundamentar el recurso de apelación ejercido, lo cual distingue como: “DEL SEGUNDO RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO” (Mayúsculas de la Sala n.° 3 de la Corte de Apelaciones), sin embargo, en la motiva omitió examinar los vicios denunciados en el recurso, toda vez que solo analizó los alegatos de la defensa de los coimputados Alcira Melania Dimas, Liliana Martínez Dimas y Jaime Adolfo Martínez, negándole así la oportunidad concedida a la otra parte de que las razones que hizo valer fuesen revisadas, en alzada, por el órgano judicial.

En efecto, la referida Sala n.° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, en la decisión adversada en amparo, en primer término, dejó establecido expresamente que los abogados defensores denunciaron lo siguiente:

 

 

(…) la Jueza a quo, violento (sic) el Derecho a la Defensa, Derecho a la Tutela Judicial Efectiva y el Debido Proceso (sic) […] por haber incurrido en el vicio procesal de Falta de Motivación (sic), en virtud que en el acto de la audiencia preliminar declaró Sin Lugar (sic) todas las excepciones propuestas por la defensa, en evacuar unas diligencias de investigación solicitada por la defensa, sin motivar su decisión.

 

 

En tal sentido, procedió a transcribir parcialmente la decisión dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control de dicho Circuito Judicial Penal, así como sentencias de esta Sala relativas al contenido del derecho a la defensa y al debido proceso y, de esta manera, concluir lo siguiente:

 

De todo lo ante transcrito se desprende, para quienes aquí deciden, que resulta desacertado el alegato de inmotivación señalado por la defensa de actas, toda vez que la Jueza de Instancia indicó de manera precisa, fundamentada y coherente, en la decisión el por qué en su criterio declaraba sin lugar solicitud de nulidad de la acusación solicitada por la defensa, así como considero y dejo asentado que de la revisión efectuada al escrito acusatorio, el mismo cumple con lo establecido en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, pues contiene una relación clara precisa y circunstanciada de los hechos punibles que se atribuyen a cada acusado, en modo, tiempo y lugar, estableciendo en su escrito los fundamentos de su acusación, cada uno de los cuales fueron verificados en presencia de las partes, y que los hechos se encuentran tipificados como los delitos de FALSA ATESTACION ANTE FUNCIONARIO PUBLICO (…) SECUESTRO AGRAVADO (…) ASOCIACION PARA DELINQUIR (…) APROVECHAMIENTO DE ACTO FALSO (…) y OCULTAMIENTO DE ARMA Y MUNICIONES (…) igualmente se constato que dio respuesta a los(sic) solicitado en la audiencia por las partes intervinientes.

Ahora bien, en relación a lo antes expuesto, es oportuno señalar en cuanto a la motivación de las decisiones judiciales, que ésta es la justificación razonada y exteriorizada por parte del Órgano Jurisdiccional (sic) de la conclusión jurídica a la cual ha arribado; lo que quiere decir, que debe plasmarse de manera expresa, directa, correcta y exhaustiva el por qué se adopta determinada decisión. Además, no sólo es necesario exteriorizar los motivos del dictamen judicial, sino que la construcción de los mismos desde el principio, deben ser realizados con criterios racionales, conformando así un todo armónico que sirva de sustento a dicha decisión, ofreciendo a las partes seguridad jurídica.

                                                    (…)

Este Cuerpo Colegiado considera que, al constatar entonces esta Sala, la conclusión jurídica a la cual arribó la Jueza de Control, se evidencia que se sometió a los requerimientos legales que debe contener una adecuada y correcta motivación, ya que en el fallo accionado se expresaron claramente las razones de hecho y de derecho, en las cuales se basó para darles respuestas a las solicitudes planteadas por las partes intervinientes en el proceso, conllevando a esta Sala a concluir, que la decisión dictada por la Jueza a quo, se encuentra motivada, cumpliendo el requisito de racionalidad y de razonabilidad, que debe revestir cualquier decisión judicial, por ello no se vulnera la garantía de la Tutela Judicial Efectiva (sic), el derecho a la Defensa (sic), así como tampoco el principio del Debido Proceso (sic), denunciado como violentados por el apelante.
Por lo tanto, al no existir falta de motivación de la decisión recurrida, los integrantes de este Tribunal Colegiado, consideran que no le asiste la razón a la defensa en su denuncia en su recurso de apelación (Mayúsculas de la Sala n.° 3 de la Corte de Apelaciones).

 

 

De seguida, la Sala n.° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, pasó a examinar “lo planteado por la defensa en relación que en (sic) acto de la Audiencia Preliminar (sic) declaró Sin Lugar (sic) el recurso de Nulidad (sic) contra la negativa del Ministerio Público (…) evacuar unas diligencias de investigación (…) sin motivar su decisión”, y, en tal sentido, citó la opinión de autores patrios y sentencias de esta Sala Constitucional sobre el tema de la oferta de pruebas en la fase preparatoria, para arribar a la conclusión siguiente:

 

 

Quienes aquí deciden consideran que se deduce que el Representante de la Vindicta Pública (sic), en atención al principio de legalidad que rige su actuación y como órgano que ejerce la acción penal en nombre del Estado, debe dirigir su actividad a la búsqueda de la verdad, de allí que está en la obligación de investigar no sólo lo que incrimine al imputado sino también aquello que le favorezca, y tal atribución de funciones se justifica en el hecho de que el objeto propio de la fase investigativa impide que la indagación sea dejada en manos de particulares, no obstante en la búsqueda de la verdad no pueden sacrificarse los derechos de aquel que es objeto de la persecución penal.

Así pues, la ley procesal penal venezolana establece como objeto de la fase preparatoria que dirige el Ministerio Público, la preparación del juicio oral y público, mediante la investigación de la verdad y la recolección de todos los elementos de convicción que permitan fundar la acusación fiscal y la defensa del imputado.
Se desprende de todo lo anteriormente expuesto concatenado con el contenido de los artículos 305 y 125 ordinal 5° (sic) ambos del Código Orgánico Procesal Penal, que el imputado o cualquiera de las partes a fin de coadyuvar en el proceso podrán solicitar la práctica de cualquier diligencia de investigación con la finalidad de desvirtuar las imputaciones formuladas y/o que conlleven a la verdad de los hechos, debiendo el Ministerio Público realizar lo conducente a los fines de que dichas diligencias sean practicadas, salvo que considere que las mismas no son necesarias, ni pertinentes, en cuyo caso se deberá dejar constancia de tal circunstancia, no obstante, se hace necesario aclarar que no es obligación de la Vindicta Pública ofertar pruebas de descargo que estime ineficaces para la inculpación o exculpación, y tal convicción negativa no tiene porqué fundamentarla.

Estiman los miembros de este Cuerpo Colegiado que la práctica de las diligencias de investigación, son dirigidas por el Representante (sic) del Ministerio Público, y en el presente caso, puede observarse que éste, en opinión de la defensa, no llevó a cabo todas las diligencias de investigación solicitadas por el Abogado defensor, en la fase de investigación, tal como, la Rueda de Reconocimiento (sic) solicitada en la Audiencia de Presentación (sic), donde al Juez de Control, respondió que por ser diligencias propias de la investigación, debería solicitarla por ante el Ministerio Publico; no obstante, la cual (sic) al solicitarla ante la vindicta publica esta podía estimarlas impertinentes y así haberlo fundamentado en su negativa a practicarlas o en último caso considerar que ofertar tales medios probatorios en su acusación no resultaban pertinentes o eran innecesarias, y ante cualquiera de estas circunstancia, debió el profesional del Derecho acudir a la Jueza de Control, para que ejerza el Control Judicial (sic), y denunciar la limitación del ejercicio del derecho a la defensa de la que estaba presuntamente siendo objeto sus defendidos, no esperar la presentación de la acusación, para que la Jueza de Instancia otorgara niveles de protección procesal a los acusados de autos, por cuanto la Juzgadora podía ordenar previa solicitud de la defensa, y una vez analizado el requerimiento de la misma, la práctica de las pruebas solicitadas en fase de investigación, ya que con dicha actuación preservaría la garantía procesal del derecho a la defensa y el debido proceso, sin embargo, se observa en el caso de marras, de la revisión efectuada a las actas que conforman la causa, que no corre inserta ninguna solicitud de Rueda de Reconocimiento (sic) solicitada por la defensa ante el Ministerio Publico o por ante el Tribunal de Control.

Siendo así las cosas, en tal sentido si la resultas no constaban en la investigación para el momento de producirse el acto conclusivo de acusación, resultaba carga de la defensa su ofertación (sic) en el escrito de descargo presentado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 311 del Código Orgánico Procesal Penal, a fin de que las mismas fueran evacuadas durante el debate oral y público, momento estelar para la producción, contradicción y valoración de la pruebas; por tanto, no evidencian quienes aquí deciden, transgresiones de orden constitucional que incidan o conlleven a decretar la nulidad de la acusación, por cuanto el Ministerio Público, constatándose de esta forma el cabal cumplimiento por parte de los Fiscales el Ministerio Público de pronunciarse sobre las diligencias de investigación solicitadas, tal y como lo establece el artículo 127 ordinal 5° (sic) del Código Orgánico Procesal Penal, y así lo dejó plasmado en su escrito de contestación al recurso de apelación.

Adicionalmente, no puede el apelante constreñir al Ministerio Público para que presente pruebas que el mismo no estima pertinente para la exculpación o inculpación del procesado, en todo caso este es un compromiso aún mayor para la defensa, porque está intrínsecamente vinculado con dicha función, el ofertar todo tipo de pruebas validas y legalmente obtenidas para que se evacuen en el debate oral y público, momento estelar para su práctica ante el Juez de Merito, quien deberá valorarlas o desecharlas según las reglas de la Sana Crítica (sic).

 

 

Como se aprecia, para esta Sala es evidente que la Sala n.° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, en la decisión que dictó el 04 de noviembre de 2013, cuando declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por el abogado Manuel Gerardo Sanz Echeto, en su carácter de defensor de la ciudadana Minerva Herlinda Dimas González, contra la decisión dictada en fecha 05 de agosto de 2013, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del señalado Circuito Judicial Penal, obvió el análisis de los alegatos esgrimidos para fundamentar dicha impugnación, cercenando con ello el derecho al debido proceso previsto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en razón de lo cual debe forzosamente declarar procedente la presente demanda de amparo constitucional, y, en consecuencia, anular la referida decisión del 04 de noviembre de 2013, y ordenar a otra Sala de la Corte de Apelaciones de dicho Circuito Judicial Penal, a pronunciarse respecto del recurso de apelación interpuesto por el prenombrado abogado. Así se decide.

 

IV

DECISIÓN

 

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la Ley dicta los pronunciamientos siguientes:

1.- Declara de MERO DERECHO la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Manuel Gerardo Sanz Echeto, en su carácter de defensor de la ciudadana Minerva Herlinda Dimas González, contra la decisión dictada, el 04 de noviembre de 2013, por la Sala n.° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia.

2.- Declara PROCEDENTE la presente demanda de amparo y, en consecuencia, ANULA la referida decisión del 04 de noviembre de 2013, y ORDENA a otra Sala de la Corte de Apelaciones de dicho Circuito Judicial Penal, emitir un pronunciamiento respecto del recurso de apelación interpuesto por el prenombrado abogado contra la decisión dictada en fecha 05 de agosto de 2013, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control.

Publíquese,  regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a   los 11 días del mes de noviembre de dos mil catorce (2014). Años: 204° de la Independencia y 155° de la Federación.       

La Presidenta de la Sala,                                                         

 

Gladys María Gutiérrez Alvarado

El Vicepresidente,

 

 

 

Francisco Antonio Carrasquero López

 

Los Magistrados,

 

 

Luisa Estella Morales Lamuño

 

 

                                                                         Marcos Tulio Dugarte Padrón

 

 

Carmen Zuleta de Merchán

 

                                                                              Arcadio Delgado Rosales

 

 

Juan José Mendoza Jover

                 Ponente

                                                          El Secretario,                                           

 

 

José Leonardo Requena Cabello

Exp. N.º 14-0394

JJMJ

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