Venley

Sentencia N.º 1511

Sentencia
N.º 1511
Fecha
03/10/2006
Sala
Casación Social
Expediente
06-645
Ponente
Omar Alfredo Mora Díaz
Procedimiento
Recurso de Casación

SALA DE CASACIÓN SOCIAL

Ponencia del Magistrado OMAR ALFREDO MORA DÍAZ.

 

                   En el juicio que por cobro de diferencia de prestaciones sociales, sigue el ciudadano HENRY JOSÉ SALAZAR QUINTERO, representado judicialmente por los abogados Darío Romero, Darío Romero Delgado, Tulio Márquez Urdaneta y Agustina María Parra Rubio, contra las sociedades mercantiles XANTEN INTERNATIONAL, C.A. y EL NAVEGANTE, C.A.; representadas judicialmente por los abogados Iván Carruyo Márquez y Ángel Niño Salazar, Paolo Longo, Irma Bontes y Carlos López; el Juzgado Superior Primero del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, publicó sentencia en fecha 23 de marzo de 2006 en la que declaró sin lugar la apelación intentada por el demandante y, en consecuencia, confirmó en todas sus partes la decisión objeto del recurso.

 

                   Contra la decisión de Alzada, la representación judicial de la parte demandante, anunció, en fecha 27 de marzo del año 2006, el presente recurso de casación.

 

                   Recibido el expediente, se dio cuenta en Sala en fecha 9 de mayo de 2006, designándose Ponente al Magistrado OMAR ALFREDO MORA DÍAZ.

 

                   Por auto de Sala fechado 3 de agosto de 2006, se fijó la celebración de la audiencia oral, pública y contradictoria para el día martes veintiséis (26) de septiembre del año en curso a la una y quince minutos de la tarde (1:15 p.m.), todo en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

                   Celebrado dicho acto, y habiendo esta Sala pronunciado su sentencia de manera inmediata, pasa a reproducir la misma en la oportunidad que ordena el artículo 174 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en los siguientes términos:

 

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO

POR LA PARTE DEMANDANTE

 

- I -

 

                   Delata el recurrente de conformidad con los artículos 167 y 168 ordinal 3° de la ley Orgánica Procesal del Trabajo, la violación por parte de la recurrida de los artículos 509 del Código de Procedimiento Civil, 5, 10 y 69 de la Ley Adjetiva del Trabajo, al incurrir en el vicio de inmotivación por silencio parcial de prueba.

 

                   Dicho vicio, arguye quien recurre, se verifica en el análisis de la planilla de liquidación de prestaciones sociales inserta al expediente, que utilizó la empresa para el cálculo de los beneficios reclamados, es decir, a este instrumento la Alzada le atribuyó pleno valor probatorio por aplicación del artículo 436 del Código de Procedimiento Civil, sin embargo, el Superior la analizó de manera parcial, silenciando que dicho documento señala que el contrato de trabajo terminó por despido, supuestamente justificado.

 

                   Por ello, considera quien recurre, que el silencio parcial de la prueba denunciada fue el hecho que justifica la declaratoria de improcedencia de los beneficios contenidos en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, por lo que debe declarase nula la decisión objeto del presente recurso.

 

                   Para decidir, la Sala observa:

 

                   El Juzgador de Alzada, dentro de su análisis y valoración probatoria, le otorga pleno valor a la planilla de liquidación inserta en autos en el folio 187, que determina el salario y la cantidad a pagar por concepto de prestaciones sociales.

 

                   Ahora bien, ciertamente en el encabezado de dicha documental, se señala como motivo del pago un despido justificado, sin embargo, en la valoración hecha por la Alzada en cuanto a la carta de renuncia, declara el Superior que la misma será desechada por cuanto no dilucida los puntos controvertidos, ya que ambas partes del proceso admitieron que el demandante-recurrente había renunciado a su puesto de trabajo.

 

                   En este sentido, si bien no fue analizado por la Alzada ese punto contenido en la planilla de liquidación (motivo del despido), el Superior, luego del análisis del cúmulo de probanzas, de conformidad con el principio de la comunidad de la prueba y en apego a lo alegado en autos, concluye y evidencia que se trata de un retiro voluntario.

 

                   Por los motivos antes expuestos, considera esta Sala, que el Sentenciador de Alzada no incurre en el error delatado, por lo que se declara sin lugar la presente denuncia. Así se decide.

 

- II -

 

                   De conformidad con el artículo 167 y 168, numeral 3° de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, denuncia el recurrente la infracción por parte de la recurrida de los artículos 508 y 509 del Código de Procedimiento Civil, y de los artículos 5, 10, 69, 159, Parágrafo Único y 160 numeral 1° de la Ley Adjetiva del Trabajo, por cuanto el Juzgador de Alzada desechó las testimoniales rendidas en el juicio sin aplicar las reglas consagradas en los artículos 508 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, al abstenerse: a) de examinar si las deposiciones de los testigos concordaban con las demás pruebas en autos, b) de estimar cuidadosamente los motivos de las declaraciones hechas y c) de apreciar las demás circunstancias del caso, violando de está forma el derecho a que se valorara dicha prueba en su integridad, ya que era la única que hacía posible demostrar el despido injustificado y los hechos generadores del daño moral.

 

                   Alega el demandante, recurrente en este caso, que si la Alzada hubiera examinado las pruebas concordándolas entre sí, habría podido percatarse de que aconteciendo el preaviso por renuncia y el despido alegado en diferentes días, éste y aquélla no podían calificarse como situaciones fácticas excluyentes entre sí, por ello el hecho de que los testigos se refieran a ambos (despido y renuncia), no podía considerarse como una contradicción, ni mucho menos ser el motivo que justifique la negación de aprovechar el valor probatorio de dichas testimoniales. En este sentido, se vio vulnerado el derecho a la defensa y al debido proceso de quien recurre (demandante), así mismo, señala el formalizante que con fundamento en la pretendida falta de pruebas, devino la declaratoria sin lugar de los beneficios reclamados, contenidos en el artículo 125 de la ley Orgánica del Trabajo.

 

                   Para decidir, la Sala observa:

 

                   Verifica la Sala, que el Juzgador de Alzada, luego del análisis en conjunto de las pruebas aportadas al proceso, considera que las declaraciones de los testigos no generan elementos de convicción que le formen la certeza y seguridad de que la finalización del contrato de trabajo fue producto de un despido injustificado y que el mismo haya fundado un daño moral, valoración que de conformidad con los criterios jurisprudenciales resultan facultad del Juez, al tener éste la libertad en la apreciación de la misma, según la confianza que ésta le genere, por lo que en este sentido, no se evidencia vicio alguno.

 

                   En este sentido, es importante resaltar la jurisprudencia establecida por esta Sala, en cuanto a la valoración de la prueba de testigos por parte del Juez, al respecto, señala la sentencia N° 1158 de fecha 03 de julio de 2006, entre otras, que “…el juez es soberano y libre en la apreciación de la prueba de testigos, pudiendo acoger sus dichos cuando le merezcan fe o confianza, o por el contrario, desecharlo cuando no estuviere convencido de ello.

 

                   Por tanto, se considera que la apreciación de los jueces en cuanto a la credibilidad que le merecen los testigos y las razones para no desechar sus testimonios escapa del control de la Sala, toda vez que estos son soberanos en cuanto a la apreciación de una función o labor que le es propia dentro de la actividad jurisdiccional desplegada…”.

 

                   De tal manera, que de conformidad con lo antes expuesto, resulta a todas luces improcedente la denuncia analizada. Así se decide.

 

- III -

 

                   De conformidad con el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 320 del mismo Código, denuncia el recurrente la infracción de la regla de valoración de la prueba constituida por el artículo 508 del Código Adjetivo, por cuanto la Sentenciadora incurrió en el primer caso de suposición falsa.

 

                   En este sentido, señala el recurrente que la Alzada, para desechar las testimoniales de los ciudadanos Andrés Pineda y Jorge Padrón, le atribuyó a los instrumentos contenidos de las declaraciones rendidas por estos, menciones que no contienen, toda vez que es falso que en algún momento los deponentes hayan dicho que “el ciudadano Cornelis Van Santen en fecha 15 de enero de 2000 procedió a despedir al ciudadano Henry Salazar…”.

 

                   Así, comparando la declaración atribuida a los testigos con lo expuesto por el actor en su libelo, la Jueza concluyó en la falta de credibilidad de los mismos, procediendo a desechar sus declaraciones, dejando al demandante recurrente, sin prueba alguna que permita el establecimiento de los hechos en que se fundamentó la demanda.

 

                   Para decidir, la Sala observa:

 

                   El hecho atacado por el formalizante bajo el vicio de suposición falsa lo constituye concretamente la fecha, señalada por la Alzada, en la que según lo dicho por los testigos ocurrió el despido, es decir 15 de enero de 2000.

 

                   En el folio 375 del expediente, cuando la Alzada procede a la valoración y análisis de la prueba de testigos, señala expresamente que “…En cuanto a la testimonial de Andrés Pineda y Jorge Padrón quien Juzga decide desechar su testimonio en virtud de lo establecido en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil…toda vez que los testigos manifiestan que el ciudadano Cornelis Van Santen en fecha 15 de enero de 2000 procedió a despedir al ciudadano HENRY SALAZAR y el mismo ciudadano Salazar manifiesta en su libelo de demanda que el día 11 de diciembre de 2000 presentó su carta de renuncia para que la misma tuviera efecto a partir del día 15 de diciembre de 2000. ASÍ SE DECIDE…” (Negrillas de la Sala).

 

                   Pues bien, indisputablemente en el folio 231 del expediente, el cual contiene el acta de declaración de los testigos mencionados, a la pregunta del hecho atípico observado por ellos en la mañana del día 15 de diciembre de 2000, ciertamente responden la ocurrencia del despido, es decir, no se menciona que el supuesto despido haya ocurrido en fecha 15 de enero de 2000.

 

                   Ahora bien, en el mismo texto de la sentencia de Alzada, en el folio 376 del expediente, quedó demostrado para ésta y así lo decidió, que el…”período de la relación de trabajo estuvo comprendido entre el 22/05/2000 al 15/12/2000…” (Negrillas de la Sala).

 

                   En este sentido, no es punto controvertido en el presente caso la fecha de la relación de trabajo, por lo que un error, que considera la Sala luego de analizar en conjunto la decisión objeto del presente recurso, se trata de transcripción, no puede razonarse como una suposición falsa atribuida a la Alzada.

                   En consecuencia, se declara sin lugar la presente denuncia. Así se decide.

 

- IV -

 

                   De conformidad con los artículos 167 y 168 numeral 2° de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, denuncia el recurrente que la Alzada violó una máxima de experiencia.

 

                   Señala el formalizante que la máxima de experiencia quebrantada se traduce en que “Dos hechos que se excluyan entre sí no pueden acontecer sincrónicamente”, la cual equivale al principio de la no-contradicción, que expresa que ninguna cosa puede ser y no ser, es decir, que dos posiciones contradictorias no pueden ser al mismo tiempo verdaderas.

 

                   En este caso, en la recurrida se afirmó que los testigos incurrieron en contradicciones cuando por un lado señalan que el Sr. Cornelis Van Santen le dijo al trabajador que estaba despedido y por otro lado se manifiesta que el ciudadano Salazar había renunciado, pues bien, al examinar las actas procesales, se observa que la carta de preaviso por renuncia tiene fecha del 11 de diciembre del año 2000, mientras que los hechos por los cuales se alegó la ocurrencia del despido ocurrieron en fecha 15 de diciembre del mismo año, así fue expuesto tanto por los testigos como por el demandante, por lo que la petición del demandante se traduce en que el 11 de diciembre del 2000 el trabajador anunció al patrono que prestaría sus servicios solo hasta el 15 del mismo mes y año y mientras aquél cumplía las labores, las cuales se había comprometido a ejercer hasta inclusive esta última fecha, el representante legal de la empresa lo despidió sin justa causa y frente a terceros, causándole daños que afectaron su honor.

 

                   Expone quien recurre, que esto fue lo declarado por los testigos, por lo que resulta claro que la contradicción acusada por la recurrida a los testigos no se produjo, ya que los hechos que son calificados en la sentencia como despido y como renuncia, acontecieron en fechas distintas, lo cual no vulnera el principio de la no contradicción.

                   Para decidir, la Sala observa:

 

                   Constata la Sala, que no existe por parte de la Alzada la violación en el presente caso de una máxima de experiencia, las cuales han entendido la Sala como aquellos “juicios hipotéticos de contenido general, sacados de la experiencia, sean leyes tomadas de las distintas ramas de la ciencia, o de simples observaciones de la vida cotidiana, son reglas de la vida y de la cultura general formadas por inducción. Estas máximas de experiencia no precisan ser probadas por ser un conocimiento común de lo que generalmente acontece, y por tanto el juez tiene la facultad de integrarlas, al ser parte de su experiencia de vida, a las normas jurídicas adecuadas para resolver la controversia.” (Sentencia N° 420 de 2003).

 

                   Desprende la Sala de la denuncia planteada que, nuevamente ataca el formalizante la valoración que hiciere la Alzada en cuanto a la apreciación del Juez en declarar contradictorios los dichos de los testigos, aspecto que ya ha sido aclarado en las denuncias precedentes.

 

                   Por lo antes expuesto, resulta improcedente la presente denuncia. Así se decide.

 

                   En consecuencia, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por la representación judicial de la parte demandante, confirmándose de esta manera todas y cada una de las partes de la decisión objeto del presente recurso. Así se decide.

 

D E C I S I Ó N

 

                   Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social, en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara, SIN LUGAR el recurso de casación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 23 de marzo de 2006, en consecuencia, SE CONFIRMA el fallo recurrido.

                  Se condena a la parte actora de las costas del recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

                  No firma la presente decisión el Magistrado Juan Rafael Perdomo, por cuanto no estuvo presente en la audiencia por causa debidamente justificada.

 

                  Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Maracaibo, a los fines consiguientes. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen antes mencionado, todo de conformidad con el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

                   Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los tres (03) días del mes de  octubre  de dos mil seis. Años: 196º de la Independencia y 147º de la Federación.

 

El Presidente de la Sala y Ponente,

 

_____________________________

OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

El Vicepresidente,                                                                   Magistrado,

 

________________________                         _______________________________

JUAN RAFAEL PERDOMO                             ALFONSO VALBUENA CORDERO

 

Magistrado, Magistrada,

 

_______________________________       __________________________________

LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ       CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

El Secretario,

 

_____________________________

JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA

 

 

R.C. N° AA60-S-2006-000645

 

No-

ta: Publicada en su fecha a

 

 

 

 

 

 

                                                                                              El Secretario,

 

 

 

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