SALA DE CASACIÓN SOCIAL
Ponencia de la Magistrada Dra. CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA
En el juicio de cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales que sigue la ciudadana NELIA ELENA SÁNCHEZ, titular de la cédula de identidad Nº V- 8.136.666, actuando en nombre propio y en representación de sus menores hijas MAYELI AYARIT VILLORIA SÁNCHEZ y NEILA AYARITH VILLORIA SÁNCHEZ, representadas judicialmente por los abogados Beatriz de Benítez, Lewis Stofikm y Yixis Rivero, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 30.898, 32.954 y 50.926 en su orden, contra la sociedad mercantil TRANSPORTE Y SERVICIOS DE CARGA HERSAN C.A. inscrita en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, el 16 de julio de 1993, bajo el Nº 44, tomo 47-A, representada judicialmente por los abogados Tulio Rafael Velásquez Casares, Ángela Velásquez, Carlos Felipe Alvizu, Héctor Gámez Arrieta, Carmen Rosa Gámez, Sahira Gutiérrez Gámez y Carolina Gámez Rojas, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 9.067, 44.812, 19.008, 2.769, 16.264, 20.846 y 71.178 respectivamente; el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo publicó sentencia el 24 de febrero de 1999 mediante la cual declaró extinguido el proceso.
El Juzgado Superior Cuarto tanto del Nuevo Régimen como del Régimen Procesal Transitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, extensión Puerto Cabello, el 5 de abril de 2006, declaró homologado el acto de desistimiento de la acción y de procedimiento con efecto de cosa juzgada y ordenó el archivo del expediente.
Contra la sentencia de alzada, la representación judicial de las co-demandantes Mayeli Ayarit Villoria Sánchez y Neila Ayarith Villoria Sánchez, anunció recurso de casación y subsidiariamente control de la legalidad; admitido y formalizado el primero de los indicados. No hubo impugnación.
El 1º de junio de 2006 se dio cuenta del asunto y se designó ponente a la Magistrada doctora CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA, quien con tal carácter suscribe la decisión.
Concluida la sustanciación del recurso, las partes comparecieron a la audiencia oral, pública y contradictoria en fecha tres (3) de octubre de 2006 y se dictó fallo oral e inmediato a tenor de lo previsto en el artículo 174 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. En esta oportunidad, pasa la Sala a publicar la sentencia, de conformidad con lo establecido en la citada disposición legal, en los siguientes términos:
DEL CONTROL DE LA LEGALIDAD
Dispone el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social podrá, a solicitud de parte, conocer de aquellos casos emanados de los Tribunales Superiores del Trabajo, que aun cuando no fueren recurribles en casación, sin embargo violenten o amenacen con violentar normas de orden público o cuando la sentencia recurrida sea contraria a la reiterada doctrina jurisprudencial de dicha Sala de Casación, circunstancias que configuran algunos de los requisitos de admisibilidad de dicho recurso
En el caso bajo estudio, se admitió el recurso de casación, razón por la cual no se cumple con el requisito de que la sentencia no sea recurrible en casación; en consecuencia, se declara inadmisible el recurso de control de la legalidad. Así se decide.
DEL RECURSO DE CASACIÓN
La Sala considera pertinente reproducir parte del escrito de formalización a los fines de su análisis:
El fallo dictado por la Alzada (sic) le ha negado aplicación al artículo 108 de la LEY ORGANICA DEL TRABAJO (en lo sucesivo L.O.T)), en su PARAGRAFO CUARTO, en razón de que como administrador de justicia, pudo haberlas (sic) aplicado; en consideración a lo dispuesto en el artículo 10 eiusdem.
Por otro lado, en el orden de la tutela efectiva de las causa-habientes por los derechos de su difunto padre laborante, es preciso mencionar que la Recurrida (sic) ha dejado de aplicar los artículos 8, 10, 11, 12 y 13 de la LEY ORGANICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE.
Siendo el caso, honorables magistrados, que en el presente asunto, el Juzgado Primero Superior del Trabajo con sede en Valencia, decidió en fecha 10-06-04, (sic) que el procedimiento respecto a la madre de las menores, ciudadana: NELIA ELENA SANCHEZ, (sic) había terminado con motivo del desistimiento del procedimiento y de la acción que había manifestado, en las actas del expediente, en su condición de concubina; pero que el procedimiento quedaría en curso con respecto a las menores, Mayely y Nelia Villoria Sánchez, para lo cual ordenó incluso que se notificara al Fiscal del Ministerio Público, especializado en la materia de Protección del Niño y del Adolescente.
Omissis
(
) quien compareciera el 17-11-2005, (sic) para emitir su opinión y solicitar que se liquidara la cuota parte de los derechos que le correspondían a las menores, en las prestaciones sociales de su difunto padre; siendo precisamente esa la delación que se trae a esta Sala, que la Recurrida (sic) no podía omitir lo decidido por la otra Alzada (sic) en fecha 10- 06-2004, (sic) puesto que al presentarse y otorgar poder (
) las recurrentes, demostraban al juez, que aguardaban por que les fuera reconocido su derecho en la parte que les corresponde como causa-habientes de su padre fallecido; pues si bien es cierto, que no emitieron petición alguna, no es menos cierto que tampoco desistieron expresamente a su derecho.
Omissis
Honorables Magistrados, (
) habiendo unos derechos a favor de las recurrentes, una menor y la otra que le sobrevino la mayoridad, (
) no es posible que ahora un fallo de la misma categoría del primero que lo decidió, le arrebate el derecho sustancial que tiene a cobrar su cuota parte de los haberes que le correspondía al trabajador fallecido.
Omissis
(
) debe ser resarcido de alguna manera por esta Honorable Sala de Casación Social, en atención a la tutela efectiva de los derechos de las menores; siendo necesario que este Honorable Tribunal, decida al fondo de la controversia, para evitar mas dilaciones; acordando lo que en derecho y justicia le corresponde a mis representadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 175 de la L.O.P.T.R.A (sic).
Para decidir la Sala advierte:
Del contexto de la formalización se desprende que la recurrente delata defecto de actividad y/o quebrantamiento de forma en el que, a su decir, incurrió el ad quem en el ejercicio de su actividad jurisdiccional al infringir los principios que caracterizan el orden público procesal laboral violentado el derecho a la defensa y el debido proceso de los sujetos procesales, en consecuencia, de la revisión de las actas procesales se constata que el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito Trabajo y Menores del Municipio Puerto Cabello de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, mediante decisión de fecha 24 de febrero de 1999, declaró extinguido el proceso de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 354 del Código de Procedimiento Civil.
Contra la anterior decisión apeló la representación legal de las co-demandantes Nelia Elena Sánchez, Mayely Ayarit y Neila Ayarith Villoria Sánchez y en la sustanciación del recurso, la co-accionante Nelia Elena Sánchez mediante escrito presentado ante el Juzgado Superior Segundo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, desistió de la acción y del procedimiento en lo que respecta a sus derechos e intereses.
El Juzgado Superior Primero del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, que conoció del recurso mediante decisión de fecha 10 de junio de 2004, declaró homologado el desistimiento de la acción y del procedimiento con efecto de cosa juzgada en lo que respecta a la co-demandante Nelia Elena Sánchez, quedando el proceso en curso con respecto a las menores Mayely Ayarit y Neila Ayarith Villoria Sánchez, en acatamiento a la normativa establecida en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, vigente, ordenó la notificación del Fiscal del Ministerio Público especializado en materia de Protección del Niño y del Adolescente; seguidamente el Juzgado Superior Cuarto tanto del Nuevo Régimen como del Régimen procesal transitorio del trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, extensión Puerto Cabello, mediante decisión de fecha 5 de abril de 2006, homologó el acto de desistimiento de la acción y del procedimiento, con efecto de cosa juzgada, en lo que respecta a las menores Mayely Ayarit y Neila Ayarith Villoria Sánchez y ordenó el archivo del expediente.
En este orden, resulta imperativo para la Sala pasar a reproducir extractos de la narrativa y dispositiva del fallo en referencia.
PRIMERO:
Por cuanto de la revisión de las actas que conforman el presente asunto, se aprecia que la parte actora, ciudadana NELIA ELENA SÁNCHEZ, actuando por su cuenta, y en su nombre propio, en fecha 25- septiembre-2000, (sic) -folio 140-, presentó escrito, mediante la cual (sic) Desiste (sic) del Procedimiento (sic) y de la Acción (sic) con respecto a sus derechos, y con respecto a sus menores MAYELY AYARI VILORIA (sic) SÁNCHEZ y NEILA AYARITH VILORIA (sic) SÁNCHEZ, advirtiendo que con respecto al pronunciamiento del Desistimiento de la Acción, (sic) referente a los derechos propios la actora NELIA ELENA SÁNCHEZ, el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, dictó decisión en fecha 10-junio-2004, (sic) -folio 216 al 220- homologando dicho desistimiento, quedando pendiente por pronunciamiento los derechos de las hijas de la actora MAYELY AYARI VILORIA (sic) SÁNCHEZ y NEILA AYARITH VILORIA (sic) SÁNCHEZ, quienes son menores de edad, actúan en el presente juicio como causahabientes del trabajador fallecido MANUEL VICENTE VILORIA (sic) MEZA. resultando (sic) que el presente asunto fue remitido ante esta Instancia Superior, (sic) con motivo del recurso de apelación ejercido por la ciudadana Abogada (sic) BEATRIZ DE BENÍTEZ, actuando con el carácter de Apoderada Judicial (sic) de la parte demandante, contra Sentencia (sic) Interlocutoria (sic) con fuerza de definitiva dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 24-febrero-1999, (sic) que declaró extinguido el proceso de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 350 del Código de Procedimiento Civil. (Negrillas de la Sala).
Omissis
THEMA DECIDENDUM
La materia de fondo planteada estriba en resolver el alegato de la actora sobre al extinción del procedimiento, habida cuenta que la falta de subsanación de las cuestiones previas alegadas, extinguió el proceso; no obstante, en el ÍTER PROCESAL, se observa al folio 140, que la actora, ciudadana NELIA ELENA SÁNCHEZ, (
) DESISTE DEL PROCEDIMIENTO Y DE LA ACCIÓN, con respecto a las menores MAYELY AYARIT VILORIA (sic) y NEILA AYARITH VILORIA (sic) SÁNCHEZ, alegando que su difunto concubino (
), no era trabajador de la empresa demandada en autos, por lo que solicita la HOMOLOGACIÓN de tal acto, y se archive el expediente. (
) En consecuencia se dio cumplimiento a (sic) notificar al Fiscal del Ministerio Público, especializado en materia de Protección del Niño y del Adolescente, por cuanto hubo un desistimiento de los derechos de las menores.
Omissis
(
) Esta Alzada (sic) observa: Que si bien es cierto que se dio cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente, no es menos cierto que las ciudadanas MAYELY AYARIT VILORIA (sic) SÁNCHEZ y NEILA AYARITH VILORIA (sic) SÁNCHEZ, no comparecieron a manifestar lo que a bien tenga (sic) que opinar con respecto al desistimiento del procedimiento y de la acción formulado por su progenitora NELIA ELENA SÁNCHEZ, en fecha 25-septiembre-2000, (sic) por lo que antes tales actos, esta Alzada (sic) le otorga el carácter de Cosa Juzgada, (sic) Ordena (sic) la HOMOLOGACIÓN DEL DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN Y DEL PROCEDIMIENTO. (Negrillas de la recurrida).
De la precedente transcripción se constata que la recurrida, en forma reiterada, señala que el acto de desistimiento de la acción y del procedimiento efectuado por la co-demandante Nelia Elena Sánchez, en su nombre, comprende igualmente los derechos de sus menores hijas (co-demandantes), razón por lo cual se desciende a la revisión del escrito presentado el 29 de septiembre de 2000, por la co-demandante Nelia Elena Sánchez, que expuso:
CIUDADANO:
JUEZ SUPERIOR SEGUNDO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, TRABAJO Y MENORES DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO.
SU DESPACHO.
YO, NELIA SÁNCHEZ, venezolana, mayor de edad, viuda, titular de la cédula de identidad Nro. 8.136.666, (
) actuando en su propio nombre y en defensa de mis propios derechos, asistido en este acto por la abogado.
Omissis
En mi condición de parte actora en el presente juicio que cursa por ante este Juzgado, expediente Nro. 8.216, referido a la demanda que por prestaciones sociales y otros conceptos intenté contra la empresa TRANSPORTE Y SERVICIOS DE CARGA HERSAN C.A., en mi propio nombre y como representante de mis menores hijas MAYELI AYARIT y NEILA AYARITH VILORIA (sic) SÁNCHEZ, por lo que a mi respecta, desisto de la acción y del procedimiento en esta causa. (Negrillas de la Sala).
Esta Sala Advierte que el ad quem, al extender los efectos del desistimiento de la acción y del procedimiento de una de las co-demandantes a los demás sujetos procesales, otorgó a un acta del expediente menciones que no contiene, por lo que violentó el derecho a la defensa, el debido proceso y el agotamiento de la doble instancia a favor de las co-demandantes Mayeli Ayarit y Neila Ayarith Villoria Sánchez, por cuanto, debió orientar su actividad jurisdiccional a resolver el recurso de apelación ejercido sobre la sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva que declaró extinguido el proceso.
Ello así, resulta evidente la vulneración del orden procesal laboral por infracción de la recurrida de los artículos 163, 164, 165, y 199 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con los artículos 289, 271 del Código de Procedimiento Civil, y 49, numerales 4 y 8 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; motivo por el cual, esta Sala, en aras de garantizar la tutela judicial efectiva y el acatamiento a lo establecido en el numeral 1, artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, debe declarar con lugar el recurso, con la consiguiente anulación de la sentencia recurrida y reposición de la causa al estado de que el juzgado superior que resulte competente, dicte sentencia en cuanto al mérito de la apelación que resolvió las cuestiones previas. Así se decide.
D E C I S I Ó N
Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: 1) INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la apoderada judicial de las co-accionantes Mayely Ayarit y Neila Ayarith Villoria Sánchez; 2) CON LUGAR el recurso de casación anunciado por la representación judicial de las co-demandantes Mayely Ayarit y Neila Ayarith Villoria Sánchez contra la decisión emanada del Juzgado Superior Cuarto tanto del Nuevo Régimen como del Régimen Procesal Transitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, extensión Puerto Cabello, de fecha 5 de abril de 2006; 3) ANULA el fallo recurrido; 4) REPONE la causa al estado de que el juzgador superior que resulte competente dicte decisión sobre la apelación que resolvió las cuestiones previas.
No hay condenatoria en costas dada la naturaleza de la presente decisión.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con sede en Puerto Cabello. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, expídase copia certificada del fallo al Tribunal Superior de origen de la referida Circunscripción Judicial.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los diez (10) días del mes de agosto de dos mil seis. Años 196° de la Independencia y 147° de la Federación.
Presidente de la Sala, ___________________________ OMAR ALFREDO MORA DÍAZ |
Vicepresidente, _______________________ JUAN RAFAEL PERDOMO | Magistrado, _______________________________ LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ |
Magistrado, ______________________________ ALFONSO VALBUENA CORDERO | Magistrada Ponente, _________________________________ CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA |
Secretario, _____________________________ JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA |
R.C. Nº AA60-S-2006-00775
Nota: Publicada en su fecha a
El Secretario,