Venley

Sentencia N.º 1530

Sentencia
N.º 1530
Fecha
16/10/2008
Sala
Constitucional
Expediente
08-0920
Ponente
Arcadio Delgado Rosales
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: Arcadio Delgado Rosales

Expediente Nº 08-0920

 

El 11 de julio de 2008, el ciudadano HÉCTOR RAMÓN RODRÍGUEZ REA, titular de la cédula de identidad N° 6.370.284, asistido por el abogado Pedro Miguel Castillo, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 31.780, presentó ante la Secretaría de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, acción de amparo constitucional contra la Resolución N° 01-00-324 dictada el 9 de diciembre de 2004 por el ciudadano Clodosbaldo Russián Uzcátegui, en su condición de Contralor General de la República, por medio de la cual resolvió declarar sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución N° 01-00-269 emitida el 10 de septiembre de 2004, mediante la cual, el mencionado alto funcionario, en ejercicio de la competencia atribuida en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, acordó destituir al accionante del cargo de Administrador Senior que desempeñaba en ese Organismo Contralor e inhabilitarlo para el ejercicio de funciones públicas por un periodo de quince (15) años.   

 

 El 11 de julio de 2008, el ciudadano Héctor Ramón Rodríguez Rea, mediante diligencia, otorgó poder apud acta a los abogados Pedro Miguel Castillo y María del Rosario Pinto, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los N° 31.780 y 34.286, respectivamente, para que conjunta o separadamente defendieran sus derechos e intereses en la presente acción de amparo.  

 

El 21 de julio de 2008, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Arcadio Delgado Rosales, quien con tal carácter de suscribe el presente fallo.

 

                                                   I

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO

 

La parte actora esgrimió como fundamento de la presente acción de amparo constitucional, los siguientes argumentos:

 

Que “…el acto dictado por el Contralor General de la República contenido en la Resolución N° 01-00-324 de fecha 09 de diciembre de 2004, emanado del Despacho del Contralor General de la República (…) fue dictado abiertamente asemejándose a las vías de hecho, sin que mediara procedimiento alguno…”.  

 

Adujo que en “…la determinación e imposición de sanciones accesorias, el Contralor General de la República ha debido ponderar la gravedad o entidad de la infracción principal, tal como se lo impon(ía) el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, que sirvi(ó) de base al acto impugnado y para realizar ese acto volitivo necesario que conlleva  el estudio cuidadoso de la conducta del sancionado en lo principal, el Contralor General de la República (…) ha debido permitir(le), previamente, alegar lo que creyere necesario en mi defensa…”; por ello, sostiene que el actuar del alto funcionario lesionó gravemente su derecho a la defensa, lo cual conlleva la nulidad de los actos sancionatorios por contrariar la letra de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  

 

Señaló que el Contralor General de la República “…ha debido motivar el por qué consideraba ˈgraveˈ (su) actuación, que terminó en la declaratoria de la responsabilidad administrativa e impon(iéndole) una multa  [sanción principal] y sustentar con argumentos las razones que lo llevaron a aplicarme dos sanciones accesorias, la destitución y la máxima de las inhabilitaciones…”; al no hacerlo, lo dejó sin argumentos para defenderse ya que no tuvo conocimiento de las causas de tal desafuero, todo en detrimento de su derecho a la defensa establecido en el artículo 49, cardinal 1 de la Carta Magna .

 

Que el acto sancionatorio accesorio que se impugna “… fue proferido arbitrariamente por el alto funcionario del Estado, ya que si el Contralor General de la República pensaba que el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, lo habilitaba para dictar actos como los impugnados a través de la presente acción, ha debido reverenciar ˈ…los límites generales para el ejercicio de poderes discrecionales, concretamente sobre la debida adecuación, proporcionalidad y razonabilidad entre los hechos concretos y los fines de la ley, así como el respeto a los derechos humanos y valores superiores del ordenamiento jurídicoˈ. Pudo por ejemplo el líder de la Contraloría General de la República haber(le) aplicado, luego del acto racional necesario, la sanción de inhabilitación en su término medio, tal como es común en el derecho penal, y el no hacerlo convirtió la sanción en inconstitucional, por desproporcionada y discriminante…”.

 

Que la actuación del Contralor General de la República constituye una trasgresión  de los principios generales del derecho, conocidos como: “…derecho al debido proceso, derecho a la defensa, derecho a la presunción de inocencia, derecho a ser oído en todo tipo de proceso, derecho a ser juzgado por sus jueces naturales, derecho a no ser sancionado por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes, derecho a la igualdad, derecho al trabajo contenidos en los numerales 1, 2, 3, 4 y 6 del artículo 49 y los artículos 2, 21, 88 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela…”.    

  

Con fundamento en las consideraciones expuestas, solicitó “…la desaplicación de la norma impugnada a (su) caso concreto y por vía  de consecuencia, se considere nulo e inaplicable  el acto contenido en la Resolución N° 01-00-324 de fecha 09 de diciembre de 2004, emanada del Despacho del Contralor General de la República…”.

 

II

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

 

Esta Sala Constitucional mediante la sentencia del 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán), determinó el régimen competencial aplicable en materia de amparo constitucional a la luz de las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y estableció que corresponde a esta Sala el conocimiento -en única instancia- de las acciones de amparo a que se refiere el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, incoadas contra los actos u omisiones en que incurrieran los funcionarios públicos mencionados en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, cuyo tenor es el siguiente:

 

“(…) Artículo 8. La Corte Suprema de Justicia conocerá en única instancia y mediante aplicación de los lapsos y formalidades previstos en la Ley, (...) de la acción de amparo contra el hecho, acto u omisión emanados del Presidente de la República, de los Ministros, del Consejo Supremo Electoral y demás organismos electorales del país, del Fiscal General de la República, del Procurador General de la República o del Contralor General de la República (…)”.

 

En tal sentido, precisa esta Sala señalar que, de conformidad con el artículo 8 eiusdem, el fuero especial que allí está preceptuado debe reunir dos requisitos intrínsecos, cuales son la jerarquía constitucional y el carácter nacional; es decir, que la actividad de la autoridad derive de un mandato expreso de la Constitución y que su competencia sea ejercida en todo el territorio de la República.

 

 

Por lo tanto, en el presente caso, al ser el Contralor General de la República el señalado como presunto agraviante, la causa se encuentra bajo los supuestos de hecho de la norma atributiva de competencia contenida en el artículo 5, cardinal 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y de la sentencia Nº 1 dictada por esta Sala el 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán), por lo que, congruente con su propia doctrina, se declara competente para conocer de la presente acción de amparo; y así se decide.

 

III

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Esta Sala Constitucional, luego de haber analizado el escrito contentivo de la acción de amparo y declarada como ha sido su competencia para conocer de la misma, observa que la solicitud cumple con los requisitos de forma contenidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

Ahora bien, en cuanto a la admisibilidad de la demanda de amparo sub examine a la luz de las causales de inadmisibilidad establecidas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esta Sala estima pertinente realizar algunas consideraciones sobre el supuesto de hecho contenido en el cardinal 4 de dicha disposición normativa y, en tal sentido, observa:

 

Artículo 6: “No se admitirá la acción de amparo:

 

(…)

 

4) Cuando la acción u omisión, el acto o la resolución que violen el derecho o la garantía constitucionales hayan sido consentidos expresa o tácitamente, por el agraviado, a menos que se trate de violaciones que infrinjan el orden público o las buenas costumbres.

Se entenderá que hay consentimiento expreso, cuando hubieren transcurrido los lapsos de prescripción establecidos en leyes especiales, o en su defecto, seis (6) meses después de la violación o la amenaza al derecho protegido.

 

El consentimiento tácito es aquél que entraña signos inequívocos de aceptación…”.

 

Al respecto, esta Sala considera oportuna la reiteración de que el legislador estableció expresamente, en la ley que rige la materia del amparo, los requisitos para que se pueda tener acceso a la vía de la tutela constitucional, cónsonos con la naturaleza breve y sumaria de su procedimiento y el carácter especial que ella reviste. Dichas exigencias persiguen la comprobación de la actualidad y la necesidad de urgencia ante la inminencia de la violación a un derecho constitucional, de manera que el amparo, como tal, sea un eficaz medio de protección de derechos constitucionales.

 

Respecto de la referida causal de inadmisibilidad, esta Sala se pronunció, en sentencia N° 1419 del 10 de agosto de 2001 (caso: Gerardo Antonio Barrios Caldera), de la siguiente manera:

 

“…Con relación a la interpretación de la excepción que la propia norma establece (artículo 6, numeral 4 del la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales) para aquellos casos de que se trate de violaciones que infrinjan el orden público y las buenas costumbres, ha sido el criterio de esta Sala que no puede considerarse, para los efectos de exceptuarse de la caducidad de la acción de amparo constitucional, a cualquier violación que infrinja el orden público y las buenas costumbres; porque, de ser así, todas las violaciones a los derechos fundamentales, por ser todos los derechos constitucionales de orden público, no estarían sujetas a plazo de caducidad y, definitivamente, esa no pudo ser la intención del legislador.

 

En concordancia con lo anterior, la jurisprudencia de esta Sala ha determinado que la excepción de la caducidad de la acción de amparo constitucional está limitada a dos situaciones, y que en esta oportunidad esta Sala considera que deben ocurrir en forma concurrente. Dichas situaciones excepcionales son las siguientes:

 

1.      Cuando la infracción a los derechos constitucionales afecte a una parte de la colectividad o al interés general, más allá de los intereses particulares de los accionantes.

 

En sentencia dictada por esta Sala el 6 de julio de 2001 (caso: Ruggiero Decina), se estableció que a los efectos de la excepción de la inadmisibilidad por caducidad de la acción, según lo indicado por el numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la misma procede cuando el hecho supuestamente violatorio del derecho o norma constitucional afecta a una parte de la colectividad o al interés general, más allá de los intereses particulares de los accionantes. En tal sentido, esta Sala mediante la sentencia citada dispuso: 

 

ˈAhora bien, esta Sala considera necesario aclarar el sentido del concepto de ˈorden públicoˈ a que se refiere la sentencia de fecha 1° de febrero de 2000 (caso: José Amado Mejía Betancourt), al establecer como excepción a la terminación del procedimiento de amparo por falta de comparencia del presunto agraviado, cuando los hechos alegados afectan el orden público. En tal sentido, es necesario tomar en cuenta que si se considerare toda violación constitucional alegada por algún accionante como de orden público, esto implicaría la no existencia de normas de procedimiento del juicio de amparo como la relativa al lapso de caducidad (numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), desistimiento expreso de la acción de amparo (artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), así como que en ningún caso se consideraría como terminado el procedimiento en caso de inasistencia del presunto agraviado en una acción de amparo constitucional en los términos establecidos en la jurisprudencia establecida por esta Sala (sentencia del 1/02/2000, caso: José Amando Mejía Betancourt).

 

Así las cosas, la situación de orden público referida anteriormente es pues una situación de carácter estrictamente excepcional que permite obviar las normas de procedimiento relativas al proceso de amparo constitucional. Es pues que el concepto de orden público a que se refieren las normas que rigen el proceso de amparo constitucional para permitir la posibilidad de obviar normas procedimentales de dicho proceso, es aún más limitado que el concepto de orden público que se encuentra implícito en cualquier derecho o garantía constitucional precisamente por el hecho de que estos derechos poseen un carácter constitucional.

 

Es pues que el concepto de orden público a los efectos de la excepción al cumplimiento de ciertas normas relacionadas con los procesos de amparo constitucional, se refiere a la amplitud en que el hecho supuestamente violatorio del derecho o norma constitucional afecta a una parte de la colectividad o al interés general, más allá de los intereses particulares de los accionantes. Es por ello que en casos donde un presunto agraviado alega que un hecho, actuación, omisión o amenaza ocasionó una supuesta violación constitucional a su persona, sólo se consideraría de orden público, a manera de la excepción de las normas procedimentales de los juicios de amparo, cuando el Tribunal compruebe que, en forma evidente, y a consecuencia del hecho denunciado por los accionantes, se podría estar infringiendo igualmente derechos o garantías que afecten a una parte de la colectividad diferente a los accionantes o al interés general.

Ahondando en lo anterior, es necesario considerar que a pesar de la existencia de elementos de orden público que pudiesen hacerse presentes en los términos anteriormente expuestos, es necesario ponderar la posible infracción al derecho a la defensa y al debido proceso del presunto o presuntos agraviantes, que precisamente se encuentra protegido por las normas de procedimiento establecidas para los juicios de amparo, en contraposición con la supuesta situación de orden público que se presuma pueda existir. Es decir, es necesario que el hecho denunciado ocasione una presunta violación de orden público de tal magnitud que permita, a pesar de que, por ejemplo, el accionante haya desistido, o que la acción haya caducado, conocer el fondo del asunto en detrimento del derecho a la debido proceso y la defensa que protege al presunto agravianteˈ (El subrayado lo incluye la Sala en esta oportunidad).

 

2.- Cuando la infracción a los derechos constitucionales sea de tal magnitud que vulnere los principios que inspiran el  ordenamiento jurídico.

 

Ha sido el criterio de esta Sala, además del expuesto en el punto anterior, que la desaplicación del lapso de caducidad establecido en el numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, sólo será procedente en caso de que el juez en sede constitucional observe, en el caso concreto, violaciones constitucionales de tal magnitud que vulneren los principios que inspiran el ordenamiento jurídico, en cuyo marco se desarrollan las relaciones entre los particulares y el Estado, y en aplicación de una verdadera justicia dentro de un orden social de  derecho. Al respecto, en sentencia de esta Sala del 10 de noviembre de 2000 (Caso: Henrique Schiavone Cirotolla) se sostuvo:

 

ˈDe las actas de este expediente  se evidencia que la accionante interpuso acción de amparo constitucional mediante escrito consignado por ante la Secretaría de esta Sala Constitucional en fecha 04 de mayo de 2000,  en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, de fecha 27 de mayo de 1999.

Señala la representación judicial del  accionante que el lapso de caducidad establecido en la referida  norma no debe aplicarse, por cuanto se trata de impugnar, con esta acción de amparo por ellos interpuesta, violaciones a derechos constitucionales donde se encuentra  interesado el orden público.

Ahora bien, el lapso de seis  (6) meses  establecido en el  numeral  4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, es un lapso de caducidad que afecta directamente el derecho de acción e indirectamente hace que fenezca la posibilidad para que el sujeto titular de un derecho subjetivo  lo ejerza. Al respecto  señala Eduardo Pallares:

 2.-La sociedad y el estado tienen interés  en que no haya litigios ni juicios, porque estos son estados patológicos del organismo jurídico, perturbaciones más o menos graves de la normalidad tanto social  como legal. Sería de desearse  que no los hubiese nunca; pero en la imposibilidad de que tal ideal se alcance, cuando es posible poner fin a un juicio, hay que aprovechar la ocasión...omissis... 3.- Los juicios pendientes por tiempo indefinido producen daños  sociales: mantienen  en un estado de inseguridad e incertidumbre  a los intereses tanto económicos  como  morales que son materia  de la contienda, y a las relaciones jurídicas que son objeto de  la litis, así como a las que de ellas dependen, con trastornos evidentes en la economía  socialˈ (Ver. Eduardo Pallares  Diccionario de Derecho Procesal Civil. Editorial Porrua, S.A. México. 1963. Pág. 111).

 

La desaplicación de dicho lapso de caducidad solo será procedente en caso de que el juez en sede constitucional observe, en el caso concreto, violaciones constitucionales de tal magnitud que vulneren los principios que inspiran el  ordenamiento jurídico, en cuyo marco se desarrollan las relaciones entre los particulares y el Estado, y en aplicación de verdadera justicia dentro de un orden social de  derecho…” (Subrayado nuevo de la Sala).

 

En el caso de autos, la parte actora (ciudadano Héctor Ramón Rodríguez Rea) interpuso acción de tutela constitucional el 11 de julio de 2008 contra la Resolución N° 01-00-324 dictada el 9 de diciembre de 2004 por el Contralor General de la República, cuya notificación se efectuó el 14 de diciembre de 2004.

 

En este sentido, la Sala ha señalado reiteradamente que el lapso de caducidad que dispone el artículo 6, cardinal 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales se computa desde el momento en que el supuesto agraviado haya tenido conocimiento del acto que considera lesivo a sus derechos fundamentales (vid. Sentencia N.° 778/2000). Por lo tanto, siendo ello así y visto que el hoy accionante conoció la supuesta lesión desde el momento en que fue notificado del contenido de la Resolución hoy impugnada (14 de diciembre de 2004),  no quedan dudas para este órgano jurisdiccional de que la parte actora consintió durante un lapso sobradamente superior al que preceptúa la norma señalada supra (6 meses), la supuesta lesión a sus derechos  constitucionales, razón por la cual esta Sala juzga que el amparo que encabeza estas actuaciones es inadmisible de conformidad con lo establecido en el referido cardinal 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

Por otra lado, no encuentra la Sala que el caso sub examine esté subsumido en alguna de las excepciones que se han dispuesto para que no opere el lapso de caducidad que establece la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, es decir, no se trata de una situación que revista interés general, por lo que, en criterio de esta Sala, no encuadra en los conceptos de orden público y buenas costumbres a que se refiere el cardinal 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. En consecuencia, concluye la Sala que la demanda de amparo resulta inadmisible de conformidad con lo que preceptúa el artículo 6.4 de la referida Ley Orgánica; y así se declara.

 

En otro orden de ideas, el artículo 6, cardinal 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, textualmente dispone lo siguiente:

 

Artículo 6. “No se admitirá la acción de amparo:

(…)

 

5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado…”.

 

Respecto del artículo supra transcrito, esta Sala, en sentencia N.° 2369 del 23 de noviembre de 2001 (caso: Parabólica’s Service´s Maracay C.A.), señaló lo siguiente:

 

“…La Sala estima pertinente señalar que la norma prevista en el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, consagra simultáneamente el supuesto de admisibilidad e inadmisibilidad de la acción de amparo.

 

Así, en primer término, se consagra claramente la inadmisión de la acción cuando el agraviado haya optado por recurrir a la vías ordinarias o a los medios judiciales preexistentes, sobre el fundamento de que todo juez de la República es constitucional y, a través del ejercicio de los recursos que ofrece la jurisdicción ordinaria, se pueda alcanzar la tutela judicial efectiva de derechos o garantías constitucionales.

No obstante, la misma norma es inconsistente, cuando consagra que, en el caso de la opción por la vía ordinaria, si se alega violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, la acción de amparo será admisible, caso en el cual el juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos previstos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y su decisión versará exclusivamente sobre la suspensión o no, de manera provisional, sobre el acto cuestionado de inconstitucionalidad.

 

En otras palabras, la acción de amparo es inadmisible cuando el agraviado haya optado por recurrir a vías ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes; por argumento a contrario es admisible, entonces, si el agraviado alega injuria constitucional, en cuyo caso el juez debe acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado. Ahora bien, para que el artículo 6.5 no sea inconsistente es necesario, no sólo admitir el amparo en caso de injuria inconstitucional, aun en el supuesto de que el agraviado haya optado por la jurisdicción ordinaria, sino, también, inadmitirlo si éste pudo disponer de recursos ordinarios que no  ejerció previamente. De otro modo, la antinomia interna de dicho artículo autorizaría al juez a resolver el conflicto de acuerdo con las técnicas integrativas de que dispone el intérprete (H. Kelsen, Teoría Pura del Derecho, Buenos Aires, Eudeba, 1953, trad, de Moisés Nilve).

 

Lo expuesto anteriormente, lleva a concluir, entonces, que la norma en análisis, no sólo autoriza la admisibilidad del llamado ‘amparo sobrevenido’, sino que es el fundamento de su inadmisibilidad, cuando se dispone de un medio idóneo para el logro de los fines que, a través del amparo, se pretende alcanzar…” (Subrayado añadido).

 

La Sala constata que el acto que se identificó como lesivo de derechos constitucionales constituye un acto administrativo que fue dictado por el Contralor General de la República, quien es el superior jerárquico del órgano. Por tanto, el accionante cuenta con una vía judicial idónea distinta a la acción de amparo para sostener su pretensión, cual es el recurso contencioso administrativo de nulidad contra el referido acto administrativo, previsto en el párrafo 21 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

 

En relación con la eficacia del recurso contencioso administrativo de nulidad, la Sala estableció en la sentencia nº 82/2001 que:

 

“...la eficacia del recurso contencioso administrativo de anulación como medio judicial a los fines del cabal restablecimiento de la situación jurídica infringida, se evidencia de las amplias potestades que por disposición del texto constitucional le han sido otorgadas al juez contencioso, dado que no solo puede anular el acto administrativo impugnado, sino también ‘…disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa…’, lo cual demuestra su absoluta idoneidad, con relación a lo que ocurre con el juez constitucional de amparo, para alcanzar así la efectiva protección de los derechos y garantías constitucionales que han sido conculcados por el acto administrativo impugnado…”.

 

            De lo anterior se desprende que, antes de la interposición de un amparo como el de autos, la Sala es del criterio que la vía idónea para impugnar un acto administrativo es el recurso de nulidad. En razón de lo antes expuesto, la Sala declara inadmisible el amparo de autos, con fundamento en el artículo 6, cardinal 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; y así se decide.

 

DECISIÓN

 

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional ejercida por el ciudadano HÉCTOR RAMÓN RODRÍGUEZ REA, ya identificado, contra la Resolución N° 01-00-324 dictada el 9 de diciembre de 2004 por el ciudadano Clodosbaldo Russián Uzcátegui, en su condición de Contralor General de la República.

 

Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Sala Constitucional  del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los  16 días del mes de octubre de dos mil ocho (2008). Años: 198° de la Independencia y 149° de la Federación.

La Presidenta,

 

 

 

 

Luisa Estella Morales Lamuño

 

 

El Vicepresidente,

 

 

 

 

                     Francisco Antonio Carrasquero López

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

              Magistrado

 

 

 

                                                                        Pedro Rafael Rondón Haaz

                                                                            Magistrado

 

 

 

 

Marcos Tulio Dugarte Padrón

            Magistrado

 

 

 

 

Carmen Zuleta de Merchán

                                                            Magistrada

 

 

 

 

Arcadio Delgado Rosales

     Magistrado-Ponente

 

 

 

El Secretario,

 

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

 

Exp. Nº 08-0920

ADR/

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