Sentencia N.º 1555
- Sentencia
- N.º 1555
- Fecha
- 08/12/2000
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 00-0779
- Ponente
- Jesús E. Cabrera Romero
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
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SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado-Ponente: Jesús Eduardo Cabrera Romero
El 24 de febrero de 2000 esta Sala recibió del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental el expediente que contiene la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados FRANK RAMIREZ MAURERA, y CECILIA YASELLI FIGUEREDO, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 24.112 y 13.916, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana YOSLENA CHANCHAMIRE BASTARDO, titular de la cédula de identidad Nº 11.774.843, contra el INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITECNICO SANTIAGO MARIÑO.
Dicha remisión se efectuó en virtud de que el referido Juzgado Superior oyó en un solo efecto la apelación ejercida por el abogado CARLOS SIFONTES BRITO, actuando en su carácter de apoderado judicial del INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITECNICO SANTIAGO MARIÑO.
Por auto del 24 de febrero de 2000, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo.
Realizado el estudio del expediente, se pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:
I
De la accion de amparo
En el escrito contentivo de la acción de amparo, los apoderados actores señalaron lo siguiente:
1.- Que su representada ingresó en el año 1991 como estudiante regular en la Escuela de Arquitectura del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, en la extensión ubicada en la ciudad de Barcelona, Estado Anzoátegui.
2.- Que en fecha 20 de octubre de 1995 solicitó en forma escrita al Departamento de Control de Estudios de dicha Escuela, una certificación de notas de las materias cursadas y aprobadas; certificación que le fue expedida en el mes de noviembre de ese año y en la cual se señala en el reglón correspondiente al octavo semestre, que la materia INSTALACIONES II fue aprobada con una calificación de siete (7) puntos.
3.- Que en el mes de octubre de 1998, habiendo su representada aprobado su tesis de grado como culminación de estudios, fue informada -con motivo de una nueva solicitud de certificación de notas- de que
había inconvenientes con una de sus asignaturas ya cursadas, específicamente con INSTALACIONES II, pues alegaban que no sólo no estaba aprobada, sino que además no había sido cursada por su persona
.
4.- Que la ciudadana AIZQUEL ORSI, en su condición de Directora General del referido Instituto Universitario manifestó que su representada habría incurrido en falsificación de notas; en consecuencia,
se organizó un procedimiento interno en su contra del cual emanó una sanción (
) que culminó en ser SUSPENDIDA POR DOS (2) PERIODOS O SEMESTRE (sic) de la Institución, sanción ésta que fue colocada o fijada a las puertas mismas de la Institución exponiéndola al escarnio público, como un acto agraviante a su persona, a su honor y su reputación
.
5.- Que su representada no pudo graduarse de arquitecto el 27 de mayo de 1999, pues aun cuando requirió ser atendida por la Directora General del Instituto, ésta hizo caso omiso a su solicitud.
6.- Que consta de la declaración notariada del ciudadano PEDRO BARRIOS, profesor de la materia INSTALACIONES II, el que su representada cursó todas las materias contenidas en el pensum de estudios y, específicamente, que cursó y aprobó la referida materia en el período correspondiente al año 1995.
Fundamentan la presente acción de amparo constitucional en la violación de los derechos al honor, a la defensa y a la educación, consagrados en los artículos 59, 68 y 78 de la Constitución de 1961; derechos previstos en los artículos 60, 49 y 103 de la Constitución de 1999.
Finalmente, solicitan se declare con lugar el amparo solicitado y, en consecuencia, se restablezca la situación jurídica y que
le sea reconocida la materia a
(su)
representada: INSTALACIONES II, a fin de que el Instituto le otorgue el Título de ARQUITECTO respectivo, por haber dado cumplimiento a todos los requisitos legales establecido para ello
.
II
De la sentencia apelada
Mediante sentencia de fecha 14 de diciembre de 1999, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, declaró con lugar la acción de amparo interpuesta, al considerar que el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño violó el derecho a la defensa de la accionante, al dictar su Consejo Directivo en fecha 19 de noviembre de 1998, el acto contentivo de la medida de suspensión de la ciudadana YOSLENA CHANCHAMIRE BASTARDO
durante los lapsos Académicos 98-2 y 99-1
, sin que previamente la misma hubiere sido notificada de la apertura de un procedimiento sancionatorio en su contra, a los fines de que alegara y probara lo que considerara a su favor.
III
Consideraciones para decidir
Antes de hacer algún pronunciamiento respecto a la presente apelación, esta Sala Constitucional considera necesario hacer las siguientes precisiones:
1.- En el folio 4 del escrito contentivo de la acción de amparo se lee, lo siguiente:
Así mismo de conformidad a lo establecido en el Artículo 9 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, corresponde a este Juzgado la competencia para conocer la presente solicitud
.
2.- En la sentencia dictada en fecha 14 de diciembre de 1999, en la cual se declaró con lugar el amparo ejercido, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, señaló, entre otras cosas, lo siguiente:
En el auto en el que se admite cuanto ha lugar en derecho el presente recurso, se advierte que este Juzgado Superior pasa a conocer del mismo, asido en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (
), pues el Tribunal de conocimiento para casos como el de especie, lo es la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, conforme a las previsiones del ordinal 3º del artículo 185 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia (Competencia residual)
.
Omissis
Notifíquese y, una vez notificadas ambas partes, consúltese este fallo a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo
.
3.- Notificadas las partes, el abogado CARLOS SIFONTES BRITO, en su condición de apoderado judicial del mencionado Instituto Universitario, mediante diligencia de fecha 9 de febrero de 2000 apeló de la sentencia antes señalada. Dicha apelación fue oída por el Juez Provisorio del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental mediante auto de fecha 14 del mismo mes y año.
De lo antes expuesto, se desprende en criterio de esta Sala Constitucional que, en el caso de autos, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, al dictar la sentencia apelada estimó que estaba actuando como tribunal de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que reza:
Artículo 9: Cuando los hechos, actos u omisiones constitutivos de la violación o amenaza de violación del derecho o de la garantía constitucionales se produzcan en lugar donde no funcionen Tribunales de Primera Instancia, se interpondrá la acción de amparo ante cualquier juez de la localidad quien decidirá conforme a lo establecido en esta Ley. Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la adopción de la decisión, el juez la enviará en consulta al Tribunal de Primera Instancia competente.
Esta actitud del citado Juzgado Superior, merece por parte de esta Sala un análisis sobre quiénes son los jueces que deben conocer de los amparos constitucionales, el cual se hace a continuación:
4.- La acción de amparo puede ejercerse contra vías de hecho, normas, actos administrativos y sentencias o actos procesales. Estos últimos amparos se rigen por el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y tienen un tratamiento distinto en cuanto a los tribunales competentes para conocerlos, que el resto de los amparos posibles. Es a este sector de amparos, excluidos los que se interpongan contra sentencias, actos u omisiones judiciales, los que de inmediato pasa a analizar esta Sala.
Los criterios para determinar la competencia que establece el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, son los del grado o la materia y el territorio, ya que por la naturaleza del amparo, al éste no perseguir ningún tipo de satisfacción económica, dicho artículo abolió criterios para determinar la competencia por la cuantía, y señaló a los Tribunales de Primera Instancia (con mayúsculas para identificarlos por su denominación) como los competentes para conocer la primera instancia del proceso de amparo (criterio que se mantiene en el artículo 9 eiusdem).
Como el derecho infringido o amenazado de infracción es un derecho constitucional, cualquier juez, en su condición de garante de la supremacía constitucional (artículo 334 de la vigente Constitución), podría en principio conocer las violaciones de dichos derechos o garantías constitucionales, pero la frase del artículo 7 señalado, de que los tribunales competentes para conocer la acción de amparo lo serán los de la materia afín con la naturaleza del derecho o la garantía constitucional violado o amenazados de violación, limita entre los de Primera Instancia la competencia por la materia. Teniendo en cuenta que los derechos y garantías constitucionales serán siempre los infringidos, y que la jurisdicción constitucional protege siempre esos derechos y garantías, lo que viene a determinar la competencia ratione materiae es la materia afín con el derecho transgredido, por lo que hay que concluir que el artículo 7 al remitirse a la afinidad se refiere a la naturaleza de la situación jurídica que se dice lesionada o amenazada, como atributiva de la competencia material.
La situación jurídica consiste en un estado fáctico que se corresponde con un derecho subjetivo, y es en ese estado fáctico en que se encuentra una persona natural o jurídica, donde puede exigir al o a los obligados una prestación, o cosas o bienes, por lo que es tal estado fáctico que surge del derecho subjetivo, el que se verá desmejorado por la transgresión constitucional de los derechos y garantías de quien en él se encuentra.
Es el estado de hecho existente para el momento de la solicitud de amparo y su nexo de derecho que califica a la situación como jurídica, el dato importante para atribuir la competencia por la materia, siendo el derecho, que da juridicidad a la situación, el determinante de la competencia material. Es dicho derecho el que conduce a que sea un Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, el que conozca de una situación jurídica de derecho civil, diferente -por ejemplo- de una fundada en derecho laboral, que generaría la intervención de órganos jurisdiccionales de Primera Instancia con competencia en lo laboral.
Por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia competente por la materia del lugar donde ocurrió el hecho, acto u omisión lesivo, que motiva la solicitud de amparo, según el tantas veces aludido artículo 7, será el competente por el territorio para conocer la acción de amparo en los procesos con doble instancia (ya que los procesos de amparo de una sola instancia, se ventilan ante tribunales con competencia territorial nacional, como en principio lo son los amparos regidos por el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales).
En vista de que hay tribunales con competencia territorial y material nacional, así como lugares donde no hay Tribunales de Primera Instancia con competencia en la materia conexa con la situación jurídica del accionante, el artículo 9 previno, que si en el lugar de la transgresión no funcionaren tribunales de Primera Instancia (en el lugar donde no funcionen Tribunales de Primera Instancia), se interpondrá la acción de amparo ante cualquier juez de la localidad, que decidirá con carácter provisional, conforme a lo establecido (el procedimiento) en la ley especial que rige el amparo constitucional.
Es tarea de esta Sala, dilucidar qué se entiende por localidad, ya que los Tribunales de Primera Instancia tienen asignadas competencias territoriales que engloban varios municipios, lo que podría hacer pensar que los municipios adscritos territorialmente a esos tribunales conforman la localidad del mismo, así existan dentro de ellos poblaciones separadas por muchos kilómetros de la sede del Tribunal de Primera Instancia.
Lo anterior no ha podido ser la intención del Legislador, ya que no hubiera utilizado en la norma comentada la frase: lugar donde no funcionen tribunales de Primera Instancia, por lo que hay que interpretar que se trata de tribunales cuya sede se encuentra en ciudades o pueblos distantes de la sede del tribunal de primera instancia competente por la materia; es decir, que se encuentren en municipios diferentes de aquél donde tiene su sede el Tribunal de Primera Instancia competente por la materia.
En el caso excepcional del artículo 9 eiusdem, el trámite de la primera instancia del amparo hasta su sentencia, se adelantará ante un tribunal del lugar. Pero, ¿cuál será ese tribunal? El legislador previno que en dicha localidad podía existir algún juzgado, por lo que en el citado artículo 9 señaló cualquier juez de la localidad.
Es criterio de esta Sala, que ese cualquier juez no puede ser uno de primera instancia con competencia por la materia distinta a la que rige la situación jurídica; ya que la lectura de la norma conduce a interpretar, que se trata de una localidad donde no hay ningún juez de primera instancia, donde no funcionan tribunales de primera instancia (en plural, la redacción del artículo 9), es decir donde no hay ninguno. Es en una localidad o municipio de este tipo, que es de suponer apartada de la sede del tribunal de primera instancia competente por la materia, donde se da el supuesto del artículo 9 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Aunque resulte absurdo que en una localidad no exista juez de primera instancia para conocer la materia del amparo, y sí otros de primera instancia con otras competencias y que ante éstos, no se pueda interponer la acción, podría pensarse para no incurrir en el absurdo, que en estos casos ellos serían los excepcionales para conocer la acción cuya decisión iría en consulta al juez de primera instancia competente, al igual que sucede con los amparos conocidos por los otros tribunales a que se refiere el artículo 9 comentado.
Pero tal solución en apariencia lógica, choca con el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ya que la consulta y la apelación son siempre ante un superior, lo que elimina del artículo 9 a tribunales de igual entidad, debiendo pensarse que el que conoce en el supuesto del artículo 9 es un tribunal inferior al de Primera Instancia.
El cualquier juez de la localidad, tal como aparece en el artículo 9, no necesita tener competencia material sobre la situación jurídica que se trata de proteger, con lo que también choca dicha norma con el artículo 7 eiusdem y su criterio de la materia afín, sino que bastaría que fuese inferior al tribunal de primera instancia competente, que tiene su sede en otra localidad, a quien le enviará en consulta su decisión, dentro de las 24 horas siguientes a su publicación.
No contempla el artículo 9 la institución de la apelación, la cual, como principio general, puede ser interpuesta dentro de tres días de la fecha en que se dictó el fallo, conforme al artículo 35 eiusdem, y ello obliga a examinar el artículo 9 desde otro ángulo, ya que no puede negársele la apelación a las partes, dentro de un sistema que garantiza la doble instancia, y mal puede existir una apelación a interponerse dentro de tres días de publicado el fallo, cuando dentro de las 24 horas de la publicación de la decisión (artículo 9 citado) se envía en consulta al tribunal de primera instancia competente (subrayado de la Sala).
Ante esta incompetencia por la materia, reconocida por la propia norma, del tribunal que debido a la necesidad de acceso a la justicia y a la celeridad sentenció el amparo, esta Sala no puede sino interpretar que el trámite ante dicho tribunal, más la consulta prevenida, conforman una sola instancia (la primera), y por ello no consideró el legislador la apelación de dicho fallo; siendo posible la apelación contra el fallo del Tribunal de Primera Instancia que lo dicta motivado por la consulta obligatoria prevista en el artículo 9 eiusdem, agotándose así la primera instancia, y siendo dicha sentencia, a la vez, consultable con el superior, a tenor del artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ya que dicho superior claramente separado del tribunal de primera instancia a que se refiere el artículo 9 comentado- es el que conocerá la causa en segunda instancia.
La situación la ha complicado la existencia de tribunales con competencias para todo el territorio de la República o para zonas de él, los cuales tienen su sede en localidades, por lo regular alejadas del lugar de los hechos. A estos tribunales, generalmente superiores o de segunda instancia, que se encuentran diseminados en la zona o en el territorio nacional, cuya competencia territorial se ejerce sobre varios municipios, y no previstos en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, jurisprudencialmente se les atribuyó la competencia para conocer en primera instancia las acciones de amparo, a pesar de que la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales señaló privativamente a los tribunales denominados de Primera Instancia, el conocimiento inicial de las acciones de amparo, siendo el artículo 9 señalado, la única excepción posible, junto con la del artículo 8 eiusdem, que otorgó competencia a la extinta Corte Suprema de Justicia y que hoy la tiene esta Sala Constitucional, para conocer las causas a que se refiere dicha norma.
Ante la realidad nacida de la jurisprudencia, de la existencia de tribunales diversos a los de Primera Instancia para conocer originalmente los amparos, en flagrante violación de la ley especial, y hasta del artículo 27 de la vigente Constitución que exige que el tribunal del amparo sea competente (en toda la gama de competencias) para conocerlo, esta Sala debe resolver también tal situación.
Especial atención merece a esta Sala, el que infringiendo el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la jurisprudencia de varias Salas de la extinta Corte Suprema de Justicia, otorgó competencia no sólo a tribunales diferentes a los de Primera Instancia, sino a tribunales distintos de los del lugar donde ocurrieron los hechos, criterio de competencia (lugar de los hechos) también recogido por el artículo 5 eiusdem para los amparos llamados cautelares.
Siendo la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales de fecha posterior a la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia (la primera es del 27 de septiembre de 1988 y la segunda del 27 de julio de 1976), ha existido una subversión total de las normas sobre competencia en materia de amparo, cuando se han considerado competentes a tribunales diferentes a los de Primera Instancia del lugar donde ocurrieron los hechos, y ello ha redundado en contra de caracteres de la acción de amparo, contemplados en los artículos 13, 15 y 16 de la ley especial que la rige, dirigidos al restablecimiento inmediato de la situación infringida, ya que los actores a veces han tenido que trasladarse a grandes distancias del lugar de los hechos, lo que atenta no solo contra la rapidez en la reparación de la infracción, sino en el aspecto económico del querellante. Tal situación, necesariamente debe corregirse.
El acceso a la justicia a que tiene derecho toda persona (artículo 26 de la Constitución vigente), para lograr una tutela efectiva y obtener con prontitud la decisión, se ve enervado en muchos casos al obligar a la persona a trasladarse a un lugar distinto a aquél donde ocurrieron los hechos.
Ante esta realidad, esta Sala considera que en los lugares donde existen tribunales de Primera Instancia, ellos conocerán de los amparos, siempre que sean competentes por la materia afín con la naturaleza de la situación jurídica que se denuncia como infringida; es decir, que sí se trata de tribunales especializados, ellos conocerán de los amparos afines con la especialización, pero si esa afinidad no existe en los tribunales especiales, los de Primera Instancia en lo Civil, por ser los tribunales de Derecho Común, serán los competentes para conocer de las acciones de amparo nacidas de infracciones constitucionales ocurridas en el territorio del Municipio donde tienen su sede (donde se encuentran instalados). Sin embargo, dada la atribución que la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia otorgó en materia administrativa a los Tribunales Superiores de lo Contencioso Administrativo y a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, esta Sala considera que dichos tribunales seguirán conociendo amparos en primera instancia, cuando el nexo de derecho que califica a la situación jurídica, es de naturaleza administrativa, salvo las excepciones que adelante se señalan.
Desde esta visión, tendiente a evitar en lo posible que se siga violando la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en detrimento del justiciable, esta Sala como complemento de su fallo del 20 de enero de 2000 (caso Emery Mata Millán), donde se reguló la competencia, establece:
A) Excepto lo dispuesto en el literal D) de este fallo (infra), los amparos, conforme al artículo 7 eiusdem, se incoarán ante el juez de Primera Instancia con competencia sobre los derechos subjetivos a que se refiere la situación jurídica infringida, en el lugar donde ocurrieron los hechos. Este puede ser un Tribunal de Primera Instancia, si fuere el caso, de una jurisdicción especial, contemplada en la Ley Orgánica del Poder Judicial o en otras leyes, o que se creare en el futuro, pero si la situación jurídica infringida no es afín con la especialidad de dicho juez de Primera Instancia, o su naturaleza es de derecho común, conocerá en primera instancia constitucional el Juez de Primera Instancia en lo Civil, siempre que no se trate del supuesto planteado en el literal D) del presente fallo.
B) Con relación al literal anterior, en las localidades que carezcan de jueces de Primera Instancia competentes, se aplicará el artículo 9 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en la forma expresada en este fallo, y la consulta obligatoria prevista en dicho artículo se remitirá al Juez de Primera Instancia competente, conforme al literal anterior (juez especial o común).
En todo caso, el accionante podrá escoger entre el Tribunal prevenido en el artículo 9 eiusdem, o el de Primera Instancia competente, quien actuará como tal.
C) Las apelaciones y consultas de las decisiones de la primera instancia de los juicios de amparo, serán conocidas por los Tribunales Superiores con competencia en la materia específica que rija la situación jurídica denunciada como infringida, conforme a las competencias territoriales en que se ha dividido la República. En consecuencia, cuando un Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, conoce -por ejemplo- de un asunto agrario, por no existir en la localidad un juzgado agrario, el Superior que conoce de la apelación o de la alzada según el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, será el Superior Agrario con competencia territorial en la región donde opera el Tribunal de Primera Instancia en lo Civil.
D) La Sala está consciente de que los órganos de la administración central o descentralizada, al dictar actos administrativos, o realizar uno de los supuestos del artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, pueden lesionar derechos y garantías constitucionales de personas tanto en el Área Metropolitana de Caracas, como en diversas partes del país.
En estos casos la infracción constitucional se reputa que ocurre en el lugar donde se desmejora o lesiona la situación jurídica; es decir, en el lugar donde se concreta el efecto del acto, y conforme a lo explicado en este fallo, lo natural será acudir en amparo ante los Tribunales de Primera Instancia de dicho lugar, o los excepcionales del artículo 9 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Sin embargo, mientras no se dicten las leyes que regulen la jurisdicción constitucional o la contencioso-administrativa, y a pesar de la letra del artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el conocimiento de los amparos autónomos afines con la materia administrativa, corresponderá en primera instancia a los Tribunales Superiores con competencia en lo Contencioso Administrativo, que tengan competencia territorial en el lugar donde ocurrieron las infracciones constitucionales, a pesar de que no se trate de jueces de primera instancia. Esta determinación de competencia se hace en aras al acceso a la justicia y a la celeridad de la misma, evitando así, que las personas lesionadas deban trasladarse a grandes distancias del sitio donde se concretó el hecho lesivo, a fin de obtener la tutela constitucional. En beneficio del justiciable, si en la localidad en que ocurrieron estas transgresiones, no existe Juez Superior en lo Contencioso Administrativo, pero sí un Juez de Primera Instancia en lo Civil, éste podrá conocer del amparo de acuerdo al procedimiento del artículo 9 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Ahora bien, si en la localidad en que ocurrieran las transgresiones constitucionales, tampoco existe Juez de Primera Instancia en lo Civil, conocerá de manera excepcional de la acción de amparo, el juez de la localidad, y éste, de conformidad con el artículo 9 antes citado, lo enviará inmediatamente en consulta obligatoria al Juez Superior en lo Contencioso Administrativo, para que se configure la primera instancia.
De las decisiones que dictaren los Tribunales, a que se refiere este literal, basados en el artículo 9 citado, y en las situaciones allí tratadas, corresponderá conocer en consulta a los Tribunales Superiores en lo Contencioso Administrativo, y de las decisiones que éstos dicten en primera instancia, corresponderá conocer en apelación o consulta a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.
E) La Sala decide que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo continuará conociendo en primera instancia de los amparos autónomos contra los actos administrativos, omisiones o vías de hecho de los organismos del poder público que ha venido hasta ahora conociendo en esa instancia, dejando a salvo la actuación de los jueces de primera instancia y de municipio en los supuestos consagrados en el literal D) de este fallo.
La segunda instancia de las decisiones sobre los amparos autónomos que conozca la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo corresponderá a esta Sala.
De las acciones de amparo relativas a las expropiaciones por causa de utilidad pública e interés social, conocidas en primera instancia por los Tribunales Civiles, conocerán en segunda instancia los Tribunales Superiores en lo Civil; y de las conocidas en primera instancia por otros Tribunales, el respectivo Superior de ellos actuará como alzada.
F) Con relación a los amparos que se incoen de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, como ellos deberán ser conocidos por los jueces superiores a los que cometen la infracción constitucional, de acuerdo al derecho material que gobierna la situación jurídica lesionada, dichos jueces superiores conocerán en primera instancia de esos amparos, mientras que los superiores jerárquicos conocerán la alzada y la consulta legal.
En particular, de los amparos contra las actuaciones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, conocerá esta Sala Constitucional, e igualmente conocerá de los fallos que en los juicios de amparo dicte dicha Corte como juez de primera instancia.
G) Lo señalado en este fallo no se aplica a los amparos que se intentan conjuntamente con las acciones de nulidad prevenidas en los artículos 3 y 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
H) Con relación a los tribunales de primera instancia con competencia territorial nacional en materias específicas (bancaria, carrera administrativa, y otros), los amparos con afinidad con esas materias, seguirán siendo conocidos por ellos, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 9 eiusdem y en el literal D) antes citado.
I) Corresponderá a la Sala Electoral el conocimiento de las acciones de amparo autónomo que se interpongan contra actos, actuaciones u omisiones sustancialmente electorales de los titulares de los órganos administrativos, distintos a los enumerados en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, o de los órganos constitucionales equivalentes a los mismos.
J) Para regular la situación creada con anterioridad a esta interpretación, la cual tiene carácter vinculante, esta Sala irá resolviendo los conflictos de competencia tomando en cuenta la situación real en que se encontraban las causas de amparo para el momento en que se incoaron, así como los principios aquí expuestos.
En consecuencia, y tomando en cuenta lo establecido en los literales anteriores, así como la situación concreta del caso, esta Sala Constitucional como máximo garante de la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, declara parcialmente sin efecto el auto mediante el cual se oyó la presente apelación remitiendo los autos a este Tribunal y, por las razones antes expuestas, ordena remitir el presente expediente a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, a los fines de que conozca la apelación de la sentencia de fecha 14 de diciembre de 1999, del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, que declaró con lugar la acción de amparo interpuesta por la ciudadana YOSLENA CHANCHAMIRE BASTARDO contra el INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITECNICO SANTIAGO MARIÑO. La Sala anota, que debido al criterio expuesto en esta sentencia, el citado Tribunal actuó como juzgador de la primera instancia y no, como erróneamente lo calificó, con base al artículo 9 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y le reconoce tal competencia, en razón a lo dispuesto en este fallo.
IV
Decisión
Por los razonamientos antes expuestos, esta Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara Parcialmente Sin Efecto el auto de fecha 14 de febrero de 2000, dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, mediante el cual se oyó en un solo efecto la apelación que ejerció el abogado CARLOS SIFONTES BRITO, en su condición de apoderado judicial del INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITECNICO SANTIAGO MARIÑO, contra la sentencia dictada el 14 de diciembre de 1999, por dicho Juzgado y donde ordena remitir la causa a esta Sala. En consecuencia habiéndose oído la apelación, se ORDENA remitir el presente expediente a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, a los fines de que conozca en segunda instancia de la acción de amparo interpuesta por los abogados FRANK RAMIREZ MAURERA, y CECILIA YASELLI FIGUEREDO, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana YOSLENA CHANCHAMIRE BASTARDO, contra el INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITECNICO SANTIAGO MARIÑO.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado. Remítase copia de la presente decisión al mencionado Juzgado Superior.
Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 08 días del mes de DICIEMBRE de dos mil. Años: 190º de la Independencia y 141º de la Federación.
El Presidente de la Sala,
Iván Rincón Urdaneta
El Vicepresidente,
Jesús Eduardo Cabrera Romero
Ponente
Los Magistrados,
Héctor Peña Torrelles
José Manuel Delgado Ocando
Moisés A. Troconis Villarreal
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
EXP. Nº: 00-0779 a.a.
J.E.C/
El Magistrado Héctor Peña Torrelles, por medio del presente voto particular quiere expresar las razones por las cuales se aparta del fallo que antecede, en el cual: a) se declaró Parcialmente Sin Efecto el auto de fecha 14 de febrero de 2000, dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, mediante el cual oyó en un solo efecto la apelación ejercida por el apoderado judicial del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, contra la sentencia dictada en materia de amparo constitucional por el mencionado Juzgado el 14 de diciembre de 1999, y además ordenó remitir la causa a esta Sala Constitucional; y b) se acordó la remisión del expediente a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, para que conociera en segunda instancia la acción de amparo ejercida por la apoderada de la ciudadana Yoslena Chanchamire Bastardo, contra el mencionado Instituto Universitario.
Para arribar al anterior dispositivo, la Sala realizó una serie de consideraciones acerca de la distribución de competencias en materia de amparo constitucional, concluyendo en un fallo que calificó de complemento de la decisión del 20 de enero de 2000 (caso Emery Mata Millán), compuesto por 10 literales. A través de ellos, la Sala da una nueva interpretación al artículo 9 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y, por otra parte, replantea los criterios que hasta ahora mantenían los tribunales contencioso-administrativos en lo relativo a sus competencias para conocer de la acción de amparo, en sus distintas modalidades.
El Magistrado disidente comparte la preocupación de la mayoría sentenciadora por crear un sistema de competencias en materia de amparo basado en la necesidad de que la justicia se acerque al ciudadano, sobre todo en un tema que es esencialmente subjetivo, como el que ahora nos ocupa. Asimismo, coincide con el fallo en el sentido de que la afinidad prevista en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales debe ser el punto de partida cuando se analiza el sistema de competencias jurisdiccionales en esta materia. Sin embargo, algunos razonamientos del fallo no pueden ser respaldados por quien suscribe como disidente, ya que para arribar a las conclusiones -muchas de las cuales son compartidas- estima que ha podido darse otra interpretación menos compleja que la esbozada en la motivación del fallo. En tal sentido, el disidente pasa a explicar las razones por las que se aparta del mismo:
1.- Visto que se trata de un fallo complementario de la sentencia del 20 de enero de 2000 (caso Emery Mata Millán), se reiteran los argumentos expuestos en el voto concurrente que presentara en el referido caso.
2.- En cuanto al dispositivo de la sentencia. De acuerdo con el fallo, la acción de amparo de autos fue intentada por una estudiante de educación superior contra el instituto universitario antes referido. Dicha acción fue conocida por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, con fundamento en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esto es, actuando como juez de la localidad, en cuya decisión ordenó la consulta a la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo, tribunal al cual consideró como competente para conocer en primera instancia de este caso. No obstante, vista la apelación de la parte presuntamente agraviante, el referido tribunal, oyó la misma, y ordenó remitir el expediente a esta Sala Constitucional.
Frente al supuesto de hecho antes descrito, estima el Magistrado disidente, que la Sala debió declarar su incompetencia, ya que ésta no es el tribunal superior respecto del juzgado remitente, para conocer en segunda instancia de la acción de amparo señalada. Así quedó establecido claramente en la sentencia Nº 87 del 14 de marzo de 2000 (caso Elecentro y Cadela), en el que precisó que la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo es el juzgado superior que debe conocer de las consultas y apelaciones de los amparos dictados por los tribunales superiores que tengan competencia en materia contencioso-administrativa, cuando se trate de derechos insertos en relaciones jurídico-administrativas. De allí que, el examen acerca de la inexistencia del recurso de apelación en los casos en que un tribunal conozca por el artículo 9 antes aludido correspondía hacerlo a la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo, quien en todo caso, debía conocer de la consulta allí establecida como tribunal de primera instancia. Por lo tanto, la primera objeción que cabe hacer al fallo que antecede es que haya ordenado a la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo en apelación de un caso que debió conocer en primera instancia. En efecto, las reglas jurisprudenciales de la competencia indican que dicho juzgado conoce -entre otros supuestos- de los amparos autónomos contra las universidades, todo ello en aplicación concordada de los artículos 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y 181 y 185 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
3.- Criterio atributivos de competencia en materia de amparo en el ámbito contencioso-administrativo. El artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales prevé la regla general en materia de competencias en los siguientes términos:
Artículo 7.- Son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de la garantía constitucionales violados o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurrieren el hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo.
En caso de duda, se observarán, en lo pertinente, las normas sobre competencia en razón de la materia.
Si un Juez se considerare incompetente, remitirá las actuaciones inmediatamente al que tenga competencia.
Del amparo de la libertad y seguridad personales conocerán los Tribunales de Primera Instancia en lo Penal, conforme al procedimiento establecido en esta Ley (Destacados del disidente).
De acuerdo con la norma precedentemente transcrita, el criterio para determinar la competencia de los tribunales es fundamentalmente un elemento material (ratione materiae), esto es, que corresponde a los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de la garantía constitucionales violados o amenazados de violación. A lo cual se une el elemento territorial (ratione loci), al indicar en la jurisdicción correspondiente al lugar.
Al respecto, cabe recordar que el aludido criterio de la afinidad fue acogido por la jurisprudencia, con anterioridad a la ley de la materia. Así, con fundamento en la Constitución de 1961, se había atribuido a todos los tribunales competencia para conocer acciones de amparo.
En efecto, el artículo 49 de la Constitución de 1961 se refería a un juez competente, (en igual sentido, el artículo 27 de la Carta Magna de 1999 alude a autoridad judicial competente), y con fundamento en esa norma constitucional, la Sala Político Administrativa de la entonces Corte Suprema de Justicia en el caso Andrés Velásquez, (20 de octubre de 1983), abrió la posibilidad del ejercicio de la acción de amparo, entendiendo que el referido artículo 49 constitucional vinculaba de manera directa a los jueces de la República, a pesar de no haber sido desarrollada legislativamente. En dicho fallo se sentaron los principios para el ejercicio de esta acción de tutela, sentando el criterio de la afinidad de los jueces con los derechos lesionados, a los fines de determinar la competencia jurisdiccional en esta materia. A partir de allí se forjó esta tesis de la afinidad que finalmente se plasmó en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, regla que tiene las excepciones consagradas en los artículos 8 y 4 eiusdem, que examinadas con detenimiento atienden a criterios valiosísimos. En un caso, por la alta jerarquía del sujeto pasivo se dejó en manos del más Alto Tribunal de la República el conocimiento de los amparos contra los altos funcionarios del Estado; y en los casos de los amparos contra actuaciones judiciales se atribuyó tal competencia a los jueces jerárquicamente superiores respecto a aquellos cuyas decisiones son cuestionadas. Otra peculiaridad en materia de competencias es la prevista en el artículo 9 eiusdem, a la cual se hará referencia más adelante.
De manera que, fuera de los casos examinados antes, la regla es la prevista en el artículo 7, cuya distribución sigue en buena medida las reglas generales de la competencia material y territorial previstas en las normas adjetivas que rigen los procesos ordinarios y especiales.
4.- No obstante lo señalado, la Sala Constitucional ha optado por hacer una interpretación exegética de la norma, señalando que cuando el referido artículo 7 señala los Tribunales de Primera Instancia está ordenando una interpretación literal, esto es, los juzgados así denominados, excluyendo que pueda interpretarse tal expresión como grado de conocimiento. La razón está fundada en el uso de las letras mayúsculas. Al respecto, cabe recordar que tal criterio no comporta novedad en la tradición jurisprudencial venezolana, ya que recién dictada la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la Sala Político Administrativa en una sentencia dictada el 14 de julio de 1988 (caso Colectivos Bripaz), apuntó en esa dirección, cuando indicó que la interpretación del artículo 7 (así como los artículos 9 y 12 eiusdem) emplean mayúscula inicial, de modo que no se trata en primera instancia. Contó esta decisión con la opinión disidente del Magistrado H. Farías Mata, quien expresó que tal criterio sustraía a los tribunales contencioso-administrativos del conocimiento en materia de amparo, contrariando de esta forma tanto la letra del artículo 7 relativa a la afinidad, como la jurisprudencia reiterada de la Sala desde el caso Andrés Velásquez, antes citado, y asimismo consideró que contradecía el artículo 206 de la Constitución de 1961, que disponía que los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa podían disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa (igual mención hace hoy el artículo 259 de la Constitución vigente).
Como es bien conocido, el criterio establecido en el caso Colectivos Bripaz no resistió la dinámica de la actividad judicial, y sólo se mantuvo por un poco más de un año, ya que en fecha 16 de noviembre de 1989, la misma Sala Político Administrativa modificó tal criterio, en el fallo recaído en el caso COPEI, que rescató el criterio prelegal sentado por esa misma Sala en el conocido caso Andrés Velásquez, en el sentido de que la norma prevista en el artículo 7 contiene tres criterios de competencia (materia, territorio y grado), de manera que los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa, como cualesquiera otros tribunales de la República que conozcan en primera instancia pueden conocer de amparo constitucionales. Este criterio se ha mantenido pacíficamente en la jurisprudencia, permitiendo que la especialización de estos tribunales ofrezcan soluciones más idóneas y eficaces en los amparos contra la actuación de la administración, lográndose de esta manera una coincidencia entre las competencias ordinarias de estos tribunales y las competencias en materia de amparo, de la misma forma que se acude a los ámbitos laboral, civil-mercantil, penal, agrario, tributario, etc.
La tesis de la denominación acogida por la Sala Constitucional planteará sin duda nuevamente el debate acerca de los tribunales que no posean la denominación de Tribunales de Primera Instancia, tales como los Tribunales Superiores con competencia en materia contencioso-administrativa, la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo, el Tribunal de la Carrera Administrativa, los Tribunales Contencioso-Tributarios, los Jueces de Control. En igual sentido, en determinados casos, habría que tomar en cuenta leyes novedosas como la Ley de Regulación Financiera del 12 de enero de 2000, donde se otorga competencia expresa a la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo para conocer en primera instancia de determinados amparos (artículo 72).
5.- Por las razones anteriores, planteó el disidente que debía descartarse la tesis de la denominación para interpretar el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por cuanto ello, además de las razones expuestas, trae dos riesgos de técnica legislativa: a) Si el legislador opta por cambiar la denominación de los tribunales, los nuevos juzgados quedarían sin competencia en materia de amparo. Una interpretación más correcta e idónea es la que se siguió con la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal, que crearon los Jueces de Control, Jueces de Juicio y las Cortes de Apelaciones), pues, a pesar de que los artículos 7 y 40 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales se refieren a Tribunales y Juzgados de Primera Instancia en lo Penal, hoy desaparecidos, tal competencia les fue atribuida a los tribunales de juicios unipersonales o los jueces de control, según el caso, que son los llamados a conocer en primer grado de conocimiento en materia penal (cfr. Artículo 60 del Código Orgánico Procesal Penal); y b) implicaría que por un principio de coherencia, la misma tesis de la denominación debía aplicarse también al artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (apelaciones y consultas), que también con mayúsculas se refieren a un Tribunal Superior, denominación que no tienen la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo, las Cortes de Apelaciones, ni este Tribunal Supremo de Justicia.
Tal vez todas las reflexiones antes expuestas, explican que la Sala haya previsto el sistema de excepciones que emerge del fallo, en relación con los tribunales del orden contencioso-administrativo, que en definitiva mantienen a dichos tribunales con las mismas competencias que tenían antes, siguiendo el criterio atributivo de competencias que se desprende de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, y otros que ha establecido la jurisprudencia, incluso de esta Sala Constitucional. En efecto, si bien la regla es que los Jueces Superiores con competencia en materia contencioso administrativa son los que conocen en primera instancia, las excepciones (Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo y otros tribunales especiales) llevan a concluir que aquellos sólo conocerán de los asuntos relativos a actuaciones u omisiones de entes estadales o municipales. De allí que el Magistrado disidente estima que ha podido obviarse este nuevo reparto competencial de haberse mantenido la tesis que se sostiene en este voto particular, de conformidad con la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y la tradición jurisprudencial.
6.- Interpretación del artículo 9 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Es cierto que los tribunales con competencia en varios municipios, en varios estados o a nivel nacional plantea el problema del acceso a la justicia, que en determinados casos parecen ajenos al ciudadano. Por tal razón, -tal como fuera indicado supra- quien suscribe comparte la preocupación de la Sala Constitucional de velar por el cumplimiento del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para garantizar el acceso a la justicia a todos los ciudadanos, independientemente de su ubicación física en el territorio nacional. Sin embargo, considera que acertadamente, el legislador fue previsivo, y consagró el artículo 9, que señala textualmente:
Artículo 9.- Cuando los hechos, actos u omisiones constitutivos de la violación o amenaza de violación del derecho o de la garantía constitucionales se produzcan en lugar donde no funcionen Tribunales de Primera Instancia, se interpondrá la acción de amparo ante cualquier Juez de la localidad quien decidirá conforme a lo establecido en esta Ley. Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la adopción de la decisión, el Juez la enviará en consulta al Tribunal de Primera Instancia competente. (Resaltado del disidente)
Considera el disidente que, de mantenerse los criterios atributivos de competencia, tal como estaban delimitados en la interpretación jurisprudencial no había necesidad de reinterpretar este artículo que resulta lo bastante claro: cuando no exista el tribunal de primera instancia competente, se puede interponer la acción ante cualquier juez de la localidad, quien consultará tal decisión con el juez competente en forma inmediata. El telos de este dispositivo es evitar que la inexistencia de un tribunal competente en la localidad permita la continuación de una lesión constitucional o que la amenaza de que ésta se materialice, por ello se permite que el ciudadano pueda acudir a cualquier otro juez, quien dictará un amparo que será provisional, ya que estará sujeto a confirmación por parte del tribunal competente, el cual dictará la sentencia de primera instancia en este caso. De allí que, la consulta a la que alude al artículo 9 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales sea distinta a la prevista en el artículo 35 eiusdem, porque en este último caso se refiere a la segunda instancia, mientras que en el artículo 9 se trata siempre de una primera instancia. El artículo 9 no exige -por tanto- que el juez de la localidad sea un juez inferior al competente, sino cualquier juez de la localidad que -por la urgencia o por la facilidad de acceso- emitirá una decisión que será provisional ya que estará sujeta a confirmación o revocatorio por parte del juez competente.
Queda así expresado el criterio del Magistrado disidente.
En Caracas, fecha ut-supra.
El Presidente,
Iván Rincón Urdaneta
El Vice-Presidente,
Jesús Eduardo Cabrera Romero
Magistrados,
Héctor Peña Torrelles
Disidente
José M. Delgado Ocando
Moisés A. Troconis Villarreal
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
HPT/
Exp. N°: 00-0779
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