Venley

Sentencia N.º 1561

Sentencia
N.º 1561
Fecha
12/11/2013
Sala
Constitucional
Expediente
12-1281
Ponente
Marcos Tulio Dugarte Padrón
Procedimiento
Avocamiento

EN SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: Marcos Tulio Dugarte Padrón

Expediente 12-1281

            El 28 de noviembre de 2012, la abogada VERÓNICA JOSEFINA FRANCO, titular de la cédula de identidad N° 7.614.331, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 31.231, actuando en su propio nombre, interpuso ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia solicitud de avocamiento de las causas números 13.685-12 y 13.668-12 que cursan ante el Tribunal Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia.

            El 30 de noviembre de 2012, se dio cuenta en Sala y se designó Ponente al Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón.

            El 22 de enero de 2013, la solicitante compareció ante esta Sala Constitucional a fin de ratificar su solicitud de avocamiento e informar que “el expediente contentivo del recurso de apelación presentado contra la sentencia de fecha 24 de septiembre del año 2012, para la consulta de esta Sala, fue efectivamente remitidos a esta misma Sala mediante oficio número N TSP-CMTEZ-201-0298, y cursa en expediente número 2012 1254, por lo cual piso se acumule a esta para su decisión debida; igualmente informo que el expediente número 13.668-12, igualmente solicitado en avocamiento y antes seguido por el Juzgado Superior Primero del Circuito Judicial del Estado Zulia, actualmente se encuentra en conocimiento del Tribunal Superior Segundo del Circuito judicial del estado Zulia, signado con el número 12.273-12, en ocasión de la recusación presentada”.

El 8 de mayo de 2013, se constituyó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quedando integrada de la siguiente manera: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, Vicepresidente; y los Magistrados y Magistradas Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio de Jesús Delgado Rosales y Juan José Mendoza Jover.

En Sesión de Sala Plena del 17 de octubre de 2013, se reconstituyó la Sala Constitucional, quedando integrada de la siguiente forma: Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, Presidenta; Magistrado Juan José Mendoza Jover, Vicepresidente; y los Magistrados y Magistradas Luisa Estella Morales Lamuño, Marcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio de Jesús Delgado Rosales y Luis Fernando Damiani Bustillos.

Realizado el estudio del expediente, se pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:

 

 

I

FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD DE AVOCAMIENTO

 

Alega que procede por cuanto en las referidas causas existe un “grave desorden procesal por errores inexcusables de juzgamiento y de procedimiento incurridos tanto por el adquo (sic) (tribunal cuarto de primera instancia en lo civil y mercantil del estado Zulia) como por el Tribunal Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Estado Zulia, quienes conocen del trámite y decisión del asunto, ostensiblemente visible en menoscabo de mis derechos al libre acceso a los órganos de administración de justicia, ser oída y recibir justa y oportuna respuesta en debido proceso judicial e igualdad procesal; en violación fragante (sic) de mis derechos fundamentales a la tutela jurídica, la defensa, al debido proceso y la justicia, y las normas garantes de esos derechos contenidas (sic) en los artículos 2, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.  

Estima que “los medios judiciales ordinarios no satisfacen de manera inmediata mi (su) pretensión por la urgencia del mismo, y temo que por falta de tutela efectiva y oportuna, y la sospecha justificada de parcialidad en mi (su) contra en el animo (sic) de la juzgadora de la causa, se mantenga el desorden público procesal y se afecten las resultas del proceso tal como ha sucedido en otras causas judiciales…”.

En torno al expediente N° 13.685-12 contentivo de una “acción de amparo con solicitud de medida innominada de aseguramiento a la posesión legítima y al hogar y de la apelación por inadmisión”.

Refiere que el 10 de septiembre de 2012 interpuso ante el Tribunal Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Estado Zulia acción de amparo constitucional contra el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Circuito Judicial del Estado Zulia por omisión de pronunciamiento sobre una “solicitud de medida cautelar de aseguramiento a la posesión legítima y al hogar, que presentara en fecha 21 de marzo del presente año 2012; en la causa principal signada con el expediente número 12.352-11, seguida por acción de reivindicación de inmueble en mi contra y la de mi hijo Héctor Andrés Fuenmayor Franco”.

Alega que en la referida acción de amparo, no obstante llenos los extremos de ley se ordenó la corrección de su escrito razón por la cual presentó “escrito de reforma de demanda, ampliando la narrativa de los hechos in alterar la motivación y el petitum de la acción de amparo”.

Indica que no obstante lo expuesto, el 26 de septiembre del 2012 fue declarada la inadmisión del amparo bajo el argumento de una inepta acumulación de pretensiones razón por la cual interpuso “recurso de apelación contra la sentencia en comento (sic), con fundamento a lo establecido en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil vigente, y al amparo de los artículos 244 y 208 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por haber incurrido la juzgador en quebrantamiento de las normas contenidas en los artículos 12, y ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, que materializo al omitir el análisis y encuadramiento del caso concreto a la luz de las normas contenidas en los artículos 21 y 22 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y los principios jurídicos fundamentales de la Iura Nova Curia (sic); del buen orden, oportunidad, igualdad de las partes en el proceso, celeridad procesal, unidad de la jurisprudencia y justicia expedita ”.

Igualmente, denuncia que se violó la “máxima de experiencia con carácter vinculante, dictada por el tribunal supremo de justicia (sic) en fecha 01 de febrero del año 2000; en la cual se estableció que en los amparos contra sentencia las formalidades se simplifican aun (sic) mas (sic) que en el caso de particulares”.

En este sentido, alega que se ha violado “la doctrina venezolana que han dejado sentado en sentencias de fechas SCC27-2-03 y SCC24-3-03, con carácter de obligatoriedad, la procedencia al decreto inmediato de las medidas cautelares al estar llenos los extremos de ley como en el caso de actas, por cambio de criterio dado en fecha 30 de noviembre del año 2000, caso Cedel Mercado de Capitales C.A, c/Microsoft Corporation y el sostenido en fallo de fecha 25 de junio del año 2001, caso Luis Manuel Silva Casado contra Agropecuaria La Monañiela C. A., expediente 01-144, viciando el fallo de nulidad absoluta, con menoscabo de mis derechos al libre acceso de los órganos de administración de justicia, el uso de los medios de defensa, pedir y obtener respuesta, responsable e imparcial en debido proceso judicial, y violación flagrante las garantías constitucionales que resguardan mis derechos a la tutela jurídica, la defensa y la justicia; recurso que pido sea atendido y declarado con lugar a derecho”.

En torno al expediente 13.668-12 contentivo de la “acción de reivindicación con inadmisión de la acción de reconvención por prescripción adquisitiva de la propiedad”.

Refiere la solicitante que el 14 de abril del 2011 se ejerció demanda en su contra ante el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Circuito Judicial del Estado Zulia, al cual se le otorgó el expediente número 13.253.

Indica que en esta causa se ordenó la citación personal, luego la cautelar “fijándose indebidamente el cartel citatorio destinado a mi domicilio principal en la cartelera del tribunal, en violación a la norma contenida en el artículo 223 del código de procedimiento civil”.

Que el 28 de febrero de 2012 dio contestación a la demanda y ejerció reconvención la cual fue declarada inadmisible el 13 de marzo del 2012, bajo el argumento de incompatibilidad de acciones.

Que el 21 de marzo de 2012, solicitó la revocatoria de la decisión que inadmitió la reconvención sobre lo cual -alega- “no hubo pronunciamiento por parte del tribunal”.

Que el 29 de marzo de 2012, solicitó medida innominada de protección a la posesión legítima y al hogar, y que “no hubo pronunciamiento al caso, por lo cual se procede luego a intentar acción de amparo constitución (sic) por omisión de pronunciamiento conforme a los argumentos expuestos”.

Sostiene que el “25 de julio del presente año 2012, recibe la causa el Tribunal Superior Primero en lo civil y mercantil del estado Zulia, previa distribución de ley, y signa expediente con nomenclatura superior numero (sic) 13.668-12 (tres meses y quince días dilatados por reiterados errores supuestos, durante el procedimiento de remisión); Logrando acceder al mismo en fecha 08 de agosto del 2012, en que tuve constancia del error incurrido por el adquo (sic), al tramitar los recursos intentado (sic) contra la irrita (sic) decisión que inadmitió la reconvención por prescripción adquisitiva de la propiedad; conociendo solo (sic) de la apelación presentada por el codemandado Héctor Fuenmayor Franco, y omitiendo oír y pronunciarse sobre el recurso de apelación que le presentara en su oportunidad legal” (sic), y ordenar la remisión de la causa al superior por auto de fecha 10 de abril del año 2012; además de omitir pronunciarse sobre las medida cautelares solicitadas; Por lo que en fecha 10 de Agosto del año 2012, inmediata siguiente, y día fijado para el acto de presentación de informes a la causa; di cuenta al juez superior, del agravio del cometido (sic) por el adquo (sic) pidiendo la subsanación del error incurrido, mediante diligencia, y como remedio procesal para lograr a todo evento la admisión del escrito de informes a presentar en la causa, me adherí a la apelación del codemandado Hector Fuenmayor Franco, sin que ello obste la renuncia del derecho que reclamo y contrapongo a la actora, por ser inherente a mi persona, sin que ha (sic) la fecha presente se haya ordenado subsanar la omisión del adquo (sic), por el control de la legalidad del proceso, no obstante depender de ello la validez de las actuaciones subsiguientes”.

En virtud de las anteriores consideraciones presenta los siguientes petitorios:

1.- Que se proceda de conformidad con el artículo 109 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y se ordene el restablecimiento de la situación jurídica infringida en el expediente número 13.685-12, “seguido por acción (sic) autónoma de amparo constitucional con solicitud de medida cautelar imnominada (sic) de aseguramiento a la posesión legítima y al hogar, remitido a esta sala constitucional mediante oficio numero (sic) TSP-CMTEZ-2012-0298, de fecha 05 de octubre del presente año 2012, en virtud del recurso de apelación que interpusiera contra la decisión de fecha 26 de septiembre de este mismo año 2012, dictada por el Tribunal Superior Primero en lo Civil y Mercantil del Estado Zulia que declaro (sic) la inadmisibilidad de la acción”.

2.- Medida cautelar a fin de que se “ordene fijar en la cartelera principal de información a los copropietarios del Edificio Residencias Araya ubicado en la avenida 3C con calle 67 del sector la Lago, Parroquia Olegario Villalobos de esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del estado Zulia, copia certificada del decreto de medida cautelar de permanencia en el hogar que dicte esta instancia judicial y demás pronunciamientos de ley”.

3.- Medida cautelar innominada para que se “ordene notificar  del decreto de medida a la empresa Enelven c.a., de esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del estado Zulia y la reactivación del contrato de servicio Nro. 8530-89600100000415460. Que tuvo vigencia entre las fechas 13-01-98 al 18-11-06, a nombre de Verónica Franco, (modificada ilegítimamente por la actora) y el cobro del servicio eléctrico al sistema automático de pago con deducción a de (sic) mis efectos bancarios conforme se hacía hasta la fecha enero del año 2011”.

4.- Medida cautelar innominada de “alejamiento de la ciudadana Vicenta Parra, del lugar de mi domicilio en proteccio (sic) al respeto debido de mi persona y a la posesión legítima de mi vivienda; la inviolabilidad del domicilio y correspondencias privadas”.

 5.- Medida cautelar “nominada de prohibición de enajenar y gravar el inmueble objeto de esta acción, para resguardar las resultas eventuales de este procedimiento y los derechos de terceros incautos”.

Por otra parte, en torno al expediente número 13.668-12, solicita que se “ordene restablecer la situación infringida con la admisión en derecho de la acción de Reconvención por prescripción adquisitiva a la actora, de conformidad a lo establecido en el artículo 365 y artículos 796 y 772 del Código civil vigente, en concordancia a las normativas establecidas en los artículos 50, 52, 55, 69, 77, 78 y 79 del decreto con rango, valor y fuerza de ley especial de regularización integral de la tenencia de la tierra de los asentamientos urbanos y periurbanos, y el artículo 690 del código de Procedimiento Civil vigente, conforme a los postulados constitucionales dispuestos en los artículos 26, 334 y 257 de nuestra Constitución Bolivariana Nacional vigente”.

II

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

 

El avocamiento, siendo una potestad, faculta a este Máximo Tribunal para asumir el conocimiento de algún juicio que curse ante un tribunal de inferior jerarquía, a fin de corregir desórdenes procesales que vulneren los derechos de los justiciables.

Así en sentencia de esta Sala N° 2147 del 14 de septiembre de 2004, caso: Eugenio Manuel Alfaro, se justificó “el ejercicio del avocamiento ante casos de manifiesta injusticia, denegación de justicia, amenaza en grado superlativo al interés público y social o necesidad de restablecer el orden en algún proceso judicial que así lo amerite en razón de su trascendencia e importancia. En efecto, esta figura procesal exige tal tratamiento en virtud de su naturaleza excepcional, que permite excluir del conocimiento de una causa al juez que esté llamado ordinariamente a hacerlo y con ello limita los recursos que la ley le otorga a las partes para impugnar las decisiones que de este último emanen”.

La potestad para que el Tribunal Supremo de Justicia solicite algún expediente y se avoque a conocerlo, está expresada en el cardinal 1 del artículo 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que establece que “[s]on competencias comunes de cada Sala del Tribunal Supremo de Justicia: 1. Solicitar de oficio, o a petición de parte, algún expediente que curse ante otro tribunal y avocarlo en los casos que dispone esta Ley”.

Asimismo, el artículo 109 eiusdem, dispone que “[l]a sentencia sobre el avocamiento la dictará la Sala competente, la cual podrá decretar la nulidad y subsiguiente reposición del juicio al estado que tenga pertinencia, o decretar la nulidad de alguno o algunos de los actos de los procesos, u ordenar la remisión del expediente para la continuación del proceso o de los procesos en otro tribunal competente en la materia, así como adoptar cualquier medida legal que estime idónea para el restablecimiento del orden jurídico infringido”.

De lo anterior se colige, que las solicitudes de avocamiento deberán ser conocidas y decididas por aquella Sala a cuya competencia esté atribuido el conocimiento de la materia propia de la controversia y sea objeto del avocamiento. Ello así, para el conocimiento del caso sub lite, debe hacerse un examen de la naturaleza propia de la pretensión y las materias que forman parte de la competencia de cada una de las Salas que constituyen este Máximo Tribunal.

En este sentido, establece el cardinal 16 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que esta Sala Constitucional se podrá avocar el conocimiento de una causa determinada cuando “las causas en la que se presuma violación al orden público constitucional, tanto de las otras Salas como de los demás tribunales de la República, siempre que no haya recaído sentencia definitivamente firme”.

En consonancia con lo expuesto, esta Sala ha sostenido que en determinados casos puede reservarse su conocimiento con carácter de exclusividad, siempre y cuando se verifiquen “ciertos desórdenes procesales que ameriten su control por la presunta vulneración de principios jurídicos fundamentales; es decir, la competencia de la Sala establecida […] en virtud de la situación de relevancia nacional que afecte de una manera grave al colectivo, y a la Sala le conviene regular en virtud de uniformar un criterio jurisprudencial, en aras de salvaguardar la supremacía del interés general” (vid. sentencia N° 750/2006, caso: Representaciones Renaint C.A.).

Ahora bien, del confuso escrito contentivo de la solicitud de avocamiento, se puede entender que se pretende que esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se avoque al conocimiento de dos causas que cursan ante el Tribunal Superior Primero en lo Civil Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. Estas causas que cursan ante ese tribunal superior son las siguientes: (i) la distinguida con el número 13.685-12 contentiva de una acción de amparo constitucional ejercida contra una supuesta “omisión de pronunciamiento” por parte del Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia “en la causa principal signada con el expediente número 12.352-11, seguida por acción de reivindicación de inmueble en mi contra y la de mi hijo”, y (ii) la distinguida con el número 13.668-12 relativa a la apelación que ejerciera contra la decisión del referido tribunal de primera instancia al conocer en el expediente N° 13.253, y por medio de la cual declaró inadmisible una reconvención que ejerciera la hoy solicitante en un juicio por prescripción adquisitiva de la propiedad.

En efecto, la Sala observa que en el caso bajo estudio la solicitud de avocamiento se circunscribe a una serie de presuntas irregularidades cometidas en un juicio de amparo constitucional y en uno de naturaleza civil, que no involucra competencias atribuidas a esta Sala de forma exclusiva, ni se encuentran involucrados intereses colectivos o difusos.

Así las cosas, la Sala advierte que no están llenos los extremos exigidos para que esta Sala Constitucional ejerza su facultad de avocarse al caso de autos, toda vez que  las denuncias efectuadas no se realizaron con la precisión debida que se requiere para la profundización del análisis de las causas objeto de la solicitud de avocamiento y además se acumuló el  avocamiento de causas que corresponden a competencias distintas como lo son la constitucional y la civil, razón por la cual se declara inadmisible la solicitud de avocamiento de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108 y 133.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, así se decide. 

            Finalmente, se desestima la solicitud de que la presente causa se acumule a la contenida en el expediente número 2012-1254, por cuanto tratan de procedimientos distintos (amparo en apelación), la cual -por demás- ya fue decidida en sentencia N° 1363/13.

 

DECISION

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la solicitud de avocamiento ejercida por la abogada VERÓNICA JOSEFINA FRANCO, de las causas números 13.685-12 y 13.668-12 que cursan ante el Tribunal Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

             Publíquese, regístrese y notifíquese. Archívese el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 12 días del mes de noviembre de dos mil trece (2013). Años: 203º de la Independencia y 154º de la Federación.

La Presidenta,

GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO

El Vice-presidente,

 

JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

 

Los Magistrados,

 

 LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

  

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

                                                                                              Ponente

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

 

 

LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS

 

 

 

El Secretario,

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

 

 

Exp. 12-1281

MTDP/

 

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