Sentencia N.º 1566
- Sentencia
- N.º 1566
- Fecha
- 08/08/2006
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 06-0039
- Ponente
- Carmen Zuleta De Merchan
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
El 11 de enero de 2006, fue recibido en esta Sala Constitucional, proveniente del Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
Tal remisión obedece al recurso de apelación ejercido por la abogada Federica Alcalá, el 20 de diciembre de 2005, contra la decisión contenida en el acta de audiencia constitucional, celebrada el 19 de diciembre de 2005, mediante la cual el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
El 13 de enero de 2006, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente a
Mediante diligencia presentada ante
Realizado el estudio del expediente, se pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:
I
ANTECEDENTES
La sociedad mercantil Inversiones Hernández Borges, C.A. (INHERBORCA), interpuso, ante el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
El 2 de diciembre de 2005, el referido Juzgado de Primera Instancia decretó medida cautelar innominada, consistente en la prohibición a la demandada y al público en general del paso de vehículos y personas por el área de servidumbre que da acceso al Centro Comercial City Marquet.
El 9 de diciembre de 2005, la apoderada judicial de Promotora
El 14 de diciembre de 2005, el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
El 15 de diciembre de 2005, la tercera con interés, Inversiones Hernández Borges, C.A. (INHERBORCA) consignó escrito el que solicitó se declarara inadmisible la acción de amparo porque Promotora
El 19 de diciembre de 2005, oportunidad fijada para la celebración de la audiencia constitucional, una vez oídos los argumentos de la parte accionante, la tercera interesada y la representación del Ministerio Público, el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
El 20 de diciembre de 2005, la abogada Federica Alcalá, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte accionante apeló contra la decisión antes mencionada.
El 21 de diciembre de 2005, el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
El 9 de enero de 2006, el referido Juzgado Superior ordenó remitir el expediente a esta Sala Constitucional, conforme al artículo 35 de
II
DE
La apoderada judicial de la parte accionante señaló lo siguiente:
Que, la sociedad mercantil Inversiones Hernández Borges, C.A. (INHERBORCA), había suscrito un contrato de servidumbre de paso con su representada Promotora
Que, en octubre de 1999 la sociedad mercantil Inversiones Hernández Borges, C.A. (INHERBORCA), demandó a su representada por resolución de contrato de servidumbre.
Que, la medida cautelar innominada acordada por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
Que, si bien es cierto que el Juez tiene poderes cautelares indiscutibles, no es menos cierto que tales facultades cautelares no pueden significar un adelanto de las pretensiones principales del juicio
.
Que, la medida decretada no sólo violenta los derechos constitucionales de (su) representada, sino que afecta su patrimonio, y afecta igualmente a terceras personas que no son parte del juicio (usuarios, trabajadores y comerciantes del centro comercial.
Que, la decisión accionada violenta trámites de orden público que se incorporan al debido proceso, toda vez que tratándose de una medida que afecta un servicio público, su práctica debió ser notificada a
Que
la actividad de estacionamiento público, es una actividad de interés general que incluso puede ser considerada afectada a un servicio público, a tal punto que el Ejecutivo Nacional la ha declarado un SERVICIO DE PRIMERA NECESIDAD. Efectivamente, en su artículo 1°, literal D, numeral 7, el Decreto Presidencial No. 2.304 (publicado en Gaceta Oficial No. 37.626 de fecha 6 de febrero de 2003) declara expresamente a los Estacionamientos como un Servicio de Primera necesidad.
Que,
en fecha 6 de diciembre del presente año, fue practicada la antes dicha medida innominada por el Juzgado Primero de Municipio Ejecutor de Medidas de esta misma Circunscripción Judicial, (no obstante la oposición formulada por esta representación judicial en ese mismo acto, relativa a que por cuanto la ejecución de la medida afectaba la prestación del servicio del Estacionamiento del CENTRO COMERCIAL CITY MARKET,
) colocando el inmueble en posesión de la parte actora INHERBORCA..
Denunció la violación de los derechos constitucionales de su representada a la defensa y al debido proceso que establece el artículo 49 de
Asimismo, denunció la violación de los derechos constitucionales de su representada al libre ejercicio de su actividad económica y a la propiedad que establecen los artículos 112 y 115 de
Solicitó se declarase con lugar la acción de amparo constitucional de autos, se anulase el fallo accionado, se decretase medida cautelar innominada de suspensión parcial de los efectos de la decisión impugnada mientras se tramita el amparo constitucional y se ordene permitir tanto a (su) representada y a los usuarios del Centro Comercial City Marquet (
) como a la empresa INHERBORCA, el uso de las áreas dadas en servidumbre
.
III
DE
El 19 de diciembre de 2005, oportunidad fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
El 21 de diciembre de 2005, el referido Juzgado Superior, publicó el texto íntegro del fallo, en el cual argumentó lo siguiente:
en el caso bajo análisis la accionante tuvo la oportunidad de ejercer el recurso de oposición a la medida, conforme al artículo 602 del Código de Procedimiento Civil y de promover pruebas tendientes a socavar los fundamentos que motivaron la mencionada medida, cuya sentencia que en definitiva resuelve la señalada oposición también es susceptible de apelación.
En este sentido, teniendo o habiendo tenido la parte accionante los remedios procesales para solucionar las violaciones e infracciones denunciadas, la acción de amparo constitucional deberá declarase inadmisible conforme al artículo 6.5 de
IV
DE
Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la presente apelación para lo cual, previamente, debe establecer su competencia para conocer de la misma. A tal efecto se observa que, conforme a la Disposición Derogatoria, Tránsitoria y Final, letra b) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala es competente para conocer de las apelaciones de los fallos de los Tribunales Superiores que actuaron como primera instancia en los procesos de amparo, salvo en la materia contenciosa administrativa, ya que, según la norma invocada, hasta tanto se dicten las leyes de la jurisdicción constitucional, la tramitación de las apelaciones, se rige tanto por las normativas especiales, como por la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en cuanto le sean aplicables, así como por las interpretaciones vinculantes de esta Sala (vid, caso: Emery Mata Millán, del 20 de enero de 2000, y caso: Yoslena Chanchamire Bastardo, del 8 de diciembre de 2000).
De acuerdo con estas últimas interpretaciones y con lo establecido en el artículo 35 de
V
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Precisado lo anterior, esta Sala se pronuncia acerca del recurso de apelación ejercido, dejando constancia que la accionante no fundamentó su recurso, y que, por tanto, tal pronunciamiento no obedecerá a alegato alguno de la misma ante esta Alzada.
En primer lugar, observa
Ahora bien, a este respecto, esta Sala Constitucional ha sostenido que resulta contrario a la tutela judicial efectiva la desestimación de la llamada apelación anticipada ejercida por la parte perjudicada con la resolución judicial, quien sólo manifiesta su intención de impulsar el proceso a través de la interposición del recurso pertinente.
Así, en sentencia N° 1842 del 3 de octubre de 2001, (Caso: Inmobiliaria Esyojosa, S.A.) señaló:
...la apelación proferida una vez publicado el fallo y antes del término del recurso, no es extemporánea por anticipada, toda vez que se evidencia el interés inmediato de la parte afectada por recurrir ante la alzada, por lo que la misma debe considerarse válida, pues es una cuestión de mera forma que ningún perjuicio ocasiona a la parte contra quien obra el recurso, lo que permite revisar el fallo para poder depurar sus supuestos vicios, de no ser así la interpretación de este asunto, se estaría creando indefensión al apelante por el juez que limita o priva a una de las partes el libre ejercicio de los medios o recursos que
En consecuencia, al considerar que en el presente caso se ha configurado una situación similar a la expuesta en la sentencia citada, al haber apelado de la dispositiva dictada en la audiencia constitucional, esta Sala admite el recurso de apelación ejercido por la abogada Federica Alcalá, en su carácter de apoderada judicial de la parte accionante, y por lo tanto pasa a decidir la apelación de autos.
En el caso que se examina, el Juzgado a quo declaró inadmisible la acción de amparo constitucional, con fundamento en el artículo 6.5 de
La medida cautelar innominada que decretó el Juzgado agraviante consistió en la prohibición del paso de vehículos y de personas por el área de servidumbre cuya resolución se demandó, ello, hasta que se dilucidara la causa mediante sentencia definitivamente firme, impidiéndole a la demandada PROMOTORA
Observa esta Sala que tanto del escrito de amparo constitucional, como los recaudos consignados por la parte accionante se comprueba que, el 6 de diciembre de 2005, los abogados Carlos Luis Petit y Federica Alcalá, actuando en su carácter de apoderados judiciales de Promotora
Además, respecto a la oposición de las medidas cautelares
En este sentido, y visto que lo pretendido por el accionante al interponer la presente acción de amparo constitucional es el levantamiento de la medida decretada, el ordenamiento jurídico le ofrece la posibilidad de oponerse a la misma, en las oportunidades legales correspondientes.
Así, debe señalarse que el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil prevé la oposición como medio judicial ordinario para la impugnación a la medidas cautelares.
De igual manera, en sentencia n° 968 del 28 de mayo de 2002, caso: Ana Inelda Gómez Bonalde manifestó:
En este sentido, el artículo 6 de
Ahora bien, tal como se señaló, la vía idónea para impugnar la medida cautelar presuntamente agraviante era la oposición, y contra esta decisión recurso de apelación de conformidad con lo establecido en el artículo 603, del Código de Procedimiento Civil.
Es por ello, que esta Sala comparte el criterio del Juzgado a quo en cuanto a que en el presente caso el ejercicio de la oposición hace inadmisible el amparo con fundamento en el artículo 6.5 de
VI
DECISIÓN
Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de
PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta por la abogada Federica Alcalá, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 101.708, actuando en su carácter de apoderada judicial de PROMOTORA
SEGUNDO: Se CONFIRMA la decisión dictada, el 21 de diciembre de 2005, por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de
Luisa EstelLa Morales Lamuño
El Vicepresidente,
Jesús Eduardo Cabrera Romero
Los Magistrados,
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Francisco A. Carrasquero López
MarcoS Tulio Dugarte Padrón
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
Ponente
ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
Exp. 06-0039
CZdeM/rm
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