Venley

Sentencia N.º 1566

Sentencia
N.º 1566
Fecha
08/08/2006
Sala
Constitucional
Expediente
06-0039
Ponente
Carmen Zuleta De Merchan
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

El 11 de enero de 2006, fue recibido en esta Sala Constitucional, proveniente del Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el oficio Nº 06-0005 del 9 de enero de 2006, por el cual se remitió el expediente distinguido con el Nº 9411 (nomenclatura de dicho Tribunal), contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por la abogada Federica Alcalá, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 101.708, actuando en su carácter de apoderada judicial de PROMOTORA 204 C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 1° de abril de 1992, bajo el N° 54, Tomo 6-A Pro., contra el decreto de medida cautelar innominada dictado el 2 de diciembre de 2005, por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esa Circunscripción Judicial.

Tal remisión obedece al recurso de apelación ejercido por la abogada Federica Alcalá, el 20 de diciembre de 2005, contra la decisión contenida en el acta de audiencia constitucional, celebrada el 19 de diciembre de 2005, mediante la cual el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró inadmisible la acción de amparo constitucional de autos.

El 13 de enero de 2006, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, quien con tal carácter la suscribe.

Mediante diligencia presentada ante la Secretaría de la Sala, al 25 de julio de 2006, los abogados ALEJANDRO NIEVES LEAÑEZ y ROBERTO GOMEZ GONZALEZ, en su carácter de apoderados judiciales de INVERSIONES HERNÁNDEZ BORGES C.A., (INHERBORCA), solicitaron pronunciamiento en la presente causa.

Realizado el estudio del expediente, se pasa a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:

I

ANTECEDENTES

La sociedad mercantil Inversiones Hernández Borges, C.A. (INHERBORCA), interpuso, ante el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, demanda por resolución de contrato de servidumbre, contra Promotora 204 C.A.

El 2 de diciembre de 2005, el referido Juzgado de Primera Instancia decretó medida cautelar innominada, consistente en la prohibición a la demandada y al público en general del paso de vehículos y personas por el área de servidumbre que da acceso al Centro Comercial City Marquet. 

El 9 de diciembre de 2005, la apoderada judicial de Promotora 204 C.A. interpuso, ante el  Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, acción de amparo constitucional contra el decreto de medida cautelar innominada antes mencionado.

El 14 de diciembre de 2005, el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, admitió la acción de amparo, y acordó la suspensión temporal de los efectos del fallo accionado. Una vez practicadas las notificaciones correspondientes, se fijó el día 19 de diciembre de 2005 para que tuviese lugar la audiencia constitucional.

El 15 de diciembre de 2005, la tercera con interés, Inversiones Hernández Borges, C.A. (INHERBORCA) consignó escrito el que solicitó se declarara inadmisible la acción de amparo porque Promotora 204, C.A., se había opuesto a la medida cautelar innominada, además de que una acción de amparo que, con antelación, había interpuesto contra ésta última fue declarada inadmisible porque las partes debían acudir a la vía ordinaria, “por lo cual existe cosa juzgado”. (sic)

El 19 de diciembre de 2005, oportunidad fijada para la celebración de la audiencia constitucional, una vez oídos los argumentos de la parte accionante, la tercera interesada y la representación del Ministerio Público, el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró inadmisible la acción de amparo conforme a lo establecido en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Asimismo, revocó la medida cautelar que había decretado y anunció la publicación del fallo definitivo dentro de los cinco días siguientes.

El 20 de diciembre de 2005, la abogada Federica Alcalá, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte accionante apeló contra la decisión antes mencionada.

El 21 de diciembre de 2005, el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, publicó el texto íntegro del fallo.

El 9 de enero de 2006, el referido Juzgado Superior ordenó remitir el expediente a esta Sala Constitucional, conforme al artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

II

DE LA ACCIÓN DE AMPARO

 

            La apoderada judicial de la parte accionante señaló lo siguiente:

            Que, la sociedad mercantil Inversiones Hernández Borges, C.A. (INHERBORCA), había suscrito un contrato de servidumbre de paso con su representada Promotora 204 C.A., a los fines de operar el estacionamiento del Centro Comercial City Market.

            Que, en octubre de 1999 la sociedad mercantil Inversiones Hernández Borges, C.A. (INHERBORCA), demandó a su representada por resolución de contrato de servidumbre.

            Que, la medida cautelar innominada acordada por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, “…constituye una actuación judicial que excede claramente las competencias constitucionalmente definidas atribuidas al Juez de la causa (quien actuó con abuso de poder e incluso usurpando funciones) y que lesionó gravemente los derechos constitucionales que legítimamente asisten a (su) representada…”. 

            Que, “si bien es cierto que el Juez tiene poderes cautelares indiscutibles, no es menos cierto que tales facultades cautelares no pueden significar un adelanto de las pretensiones principales del juicio…”.

Que, la medida decretada “no sólo violenta los derechos constitucionales de (su) representada, sino que afecta su patrimonio, y afecta igualmente a terceras personas que no son parte del juicio (usuarios, trabajadores y comerciantes del centro comercial”.

Que, la decisión accionada violenta trámites de orden público que se incorporan al debido proceso, toda vez que tratándose de una medida que afecta un servicio público, su práctica debió ser notificada a la Procuraduría General de la República.

Que “…la actividad de estacionamiento público, es una actividad de interés general que incluso puede ser considerada afectada a un servicio público, a tal punto que el Ejecutivo Nacional la ha declarado un ‘SERVICIO DE PRIMERA NECESIDAD’. Efectivamente, en su artículo 1°, literal ‘D’, numeral 7, el Decreto Presidencial No. 2.304 (publicado en Gaceta Oficial No. 37.626 de fecha 6 de febrero de 2003) declara expresamente a los Estacionamientos como un Servicio de Primera necesidad”.

Que, “…en fecha 6 de diciembre del presente año, fue practicada la antes dicha medida innominada por el Juzgado Primero de Municipio Ejecutor de Medidas de esta misma Circunscripción Judicial, (no obstante la oposición formulada por esta representación judicial en ese mismo acto, relativa a que por cuanto la ejecución de la medida afectaba la prestación del servicio del Estacionamiento del CENTRO COMERCIAL CITY MARKET,…) colocando el inmueble en posesión de la parte actora INHERBORCA.”.

            Denunció la violación de los derechos constitucionales de su representada a la defensa y al debido proceso que establece el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto “la medida cautelar acordada (…) deja sin efectos el derecho de servidumbre que existe a su favor, siendo que eso es justamente el objeto de la pretensión principal de la parte actora”. 

Asimismo, denunció la violación de los derechos constitucionales de su representada al libre ejercicio de su actividad económica y a la propiedad que establecen los artículos 112 y 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela por cuanto ella “…es la propietaria, administradora y arrendadora del Centro Comercial City Marquet al cual presta servicios el estacionamiento que ha quedado clausurado con la medida cautelar (…). Igualmente (su) representada es la propietaria del Estacionamiento que, por virtud de esa medida, ha quedado clausurado (…) pues –evidentemente- un estacionamiento al que no se puede acceder con vehículos, no puede funcionar como tal”.

Solicitó se declarase con lugar la acción de amparo constitucional de autos, se anulase el fallo accionado, se decretase medida cautelar innominada de suspensión parcial de los efectos de la decisión impugnada mientras se tramita el amparo constitucional y “se ordene permitir tanto a (su) representada y a los usuarios del Centro Comercial City Marquet (…) como a la empresa INHERBORCA, el uso de las áreas dadas en servidumbre…”. 

 

III

DE LA SENTENCIA APELADA

 

El 19 de diciembre de 2005, oportunidad fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró inadmisible la acción de amparo conforme a lo establecido en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Asimismo, revocó la medida cautelar que había decretado y anunció la publicación del fallo definitivo dentro de los cinco días siguientes.

El 21 de diciembre de 2005, el referido Juzgado Superior, publicó el texto íntegro del fallo, en el cual argumentó lo siguiente:

 

“…en el caso bajo análisis la accionante tuvo la oportunidad de ejercer el recurso de oposición a la medida, conforme al artículo 602 del Código de Procedimiento Civil y de promover pruebas tendientes a socavar los fundamentos que motivaron la mencionada medida, cuya sentencia que en definitiva resuelve la señalada oposición también es susceptible de apelación.

En este sentido, teniendo o habiendo tenido la parte accionante los remedios procesales para solucionar las violaciones e infracciones denunciadas, la acción de amparo constitucional deberá declarase inadmisible conforme al artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales”.

 

 

IV

DE LA COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la presente apelación para lo cual, previamente, debe establecer su competencia para conocer de la misma. A tal efecto se observa que, conforme a la Disposición Derogatoria, Tránsitoria y Final, letra b) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala es competente para conocer de las apelaciones de los fallos de los Tribunales Superiores que actuaron como primera instancia en los procesos de amparo, salvo en la materia contenciosa administrativa, ya que, según la norma invocada, hasta tanto se dicten las leyes de la jurisdicción constitucional, la tramitación de las apelaciones, se rige tanto por las normativas especiales, como por la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en cuanto le sean aplicables, así como por las interpretaciones vinculantes de esta Sala (vid, caso: Emery Mata Millán, del 20 de enero de 2000, y caso: Yoslena Chanchamire Bastardo, del 8 de diciembre de 2000).

De acuerdo con estas últimas interpretaciones y con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y visto que la decisión objeto de apelación fue dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el curso de un juicio de amparo cuyo conocimiento le correspondió en primera instancia, esta Sala resulta competente para conocer de la presente apelación; así se declara.

V

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

 Precisado lo anterior, esta Sala se pronuncia acerca del recurso de apelación ejercido, dejando constancia que la accionante no fundamentó su recurso, y que, por tanto, tal pronunciamiento no obedecerá a alegato alguno de la misma ante esta Alzada.

            En primer lugar, observa la Sala que la parte recurrente apeló contra el dispositivo contenido en el acta de la audiencia constitucional, celebrada el 19 de diciembre de 2005 y no contra el .fallo definitivo contentivo del texto íntegro de la sentencia. Al respecto, en sentencia del 1° de febrero de 2000 (caso: José Amando Mejía B.), cuando esta Sala estableció el procedimiento a seguir por los tribunales en la acción de amparo, a la luz de los principios y preceptos contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, determinó que contra la decisión definitiva dictada en la primera instancia en un juicio de amparo, podrá ejercerse el recurso de apelación a que se refiere el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, dentro de los tres (3) días siguientes a la publicación del texto íntegro del fallo.

Ahora bien, a este respecto, esta Sala Constitucional ha sostenido que resulta contrario a la tutela judicial efectiva la desestimación de la llamada apelación anticipada ejercida por la parte perjudicada con la resolución judicial, quien sólo manifiesta su intención de impulsar el proceso a través de la interposición del recurso pertinente.

Así, en sentencia N° 1842 del 3 de octubre de 2001, (Caso: Inmobiliaria Esyojosa, S.A.) señaló:

 

 “...la apelación proferida una vez publicado el fallo y antes del término del recurso, no es extemporánea por anticipada, toda vez que se evidencia el interés inmediato de la parte afectada por recurrir ante la alzada, por lo que la misma debe considerarse válida, pues es una cuestión de mera forma que ningún perjuicio ocasiona a la parte contra quien obra el recurso, lo que permite revisar el fallo para poder depurar sus supuestos vicios, de no ser así la interpretación de este asunto, se estaría creando indefensión al apelante por el juez que limita o priva a una de las partes el libre ejercicio de los medios o recursos que la Ley le brinda para hacer valer sus derechos.”

 

En consecuencia, al considerar que en el presente caso se ha configurado una situación similar a la expuesta en la sentencia citada, al haber apelado de la dispositiva dictada en la audiencia constitucional, esta Sala admite el recurso de apelación ejercido por la abogada Federica Alcalá, en su carácter de apoderada judicial de la parte accionante, y por lo tanto pasa a decidir la apelación de autos.

En el caso que se examina, el Juzgado a quo declaró inadmisible la acción de amparo constitucional, con fundamento en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por cuanto la parte actora tuvo la oportunidad de oponerse a la medida con fundamento en el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil y de apelar contra la sentencia que la resolviera.

La medida cautelar innominada que decretó el Juzgado agraviante consistió en la prohibición del paso de vehículos y de personas por el área de servidumbre cuya resolución se demandó, ello, hasta que se dilucidara la causa mediante sentencia definitivamente firme, impidiéndole a la demandada PROMOTORA 204, C.A., así como al público en general el paso vehicular y peatonal por el área correspondiente al derecho de servidumbre que da acceso al estacionamiento del Centro Comercial City Marquet desde la Calle Unión de Sabana Grande.

Observa esta Sala que tanto del escrito de amparo constitucional, como los recaudos consignados por la parte accionante se comprueba que, el 6 de diciembre de 2005, los abogados Carlos Luis Petit y Federica Alcalá, actuando en su carácter de apoderados judiciales de Promotora 204 C.A., se opusieron a la medida cautelar innominada, consistente en la prohibición de paso de vehículos y personas por el área de servidumbre, durante su ejecución por parte del Juzgado Primero de Municipio Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, lo que conduce a la confirmación de la decisión objeto de apelación de acuerdo con la jurisprudencia de esta Sala, según la cual, contra el decreto de medidas cautelares innominadas la parte cuenta con un medio judicial breve, idóneo y expedito como lo es la oposición, conforme con lo que dispone el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil, cuyo agotamiento constituye presupuesto de admisibilidad del amparo (vid. ss. S.C. n°s 66/09.03.00, Caso: Textiles Mamut S.A. y n° 840/28.07.00, Caso: Compañía Anónima de Inmuebles y Valores Caracas C.A.).

Además, respecto a la oposición de las medidas cautelares la Sala en sentencia n° 221 del 14 de febrero de 2002, caso: Rafael Darío González indicó:

 

“En este sentido, y visto que lo pretendido por el accionante al interponer la presente acción de amparo constitucional es el levantamiento de la medida decretada, el ordenamiento jurídico le ofrece la posibilidad de oponerse a la misma, en las oportunidades legales correspondientes. 

 

Así, debe señalarse que el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil prevé la oposición como medio judicial ordinario para la impugnación a la medidas cautelares”.

 

De igual manera, en sentencia n° 968 del 28 de mayo de 2002, caso: Ana Inelda Gómez Bonalde  manifestó:

 

“En este sentido, el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece los supuestos de inadmisibilidad de la acción de amparo y entre sus causales se encuentra el numeral 5, que consagra lo siguiente: ‘Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes..’ .”. 

 

Ahora bien, tal como se señaló, la vía idónea para impugnar la medida cautelar presuntamente agraviante era la oposición, y contra esta decisión recurso de apelación de conformidad con lo establecido en el artículo 603, del Código de Procedimiento Civil.

 Es por ello, que esta Sala comparte el criterio del Juzgado a quo en cuanto a que en el presente caso el ejercicio de la oposición hace inadmisible el amparo con fundamento en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se declara.

 

 

VI

DECISIÓN

 

 

Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, declara:

 

PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta por la abogada Federica Alcalá, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 101.708, actuando en su carácter de apoderada judicial de PROMOTORA 204 C.A.

 

SEGUNDO: Se CONFIRMA la decisión dictada, el 21 de diciembre de 2005, por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional.

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los  08  días del mes de agosto de dos mil seis. Años: 196º de la Independencia y 147º de la Federación.

La Presidenta,

 

 

Luisa EstelLa Morales Lamuño

                                                                        El Vicepresidente,        

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

Los Magistrados,

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

Francisco A. Carrasquero López

 

 

MarcoS Tulio Dugarte Padrón

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

                                                                       Ponente

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

El Secretario,

 

José Leonardo Requena Cabello

Exp. 06-0039

CZdeM/rm

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