Sentencia N.º 1574
- Sentencia
- N.º 1574
- Fecha
- 18/12/2000
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 00-2449
- Ponente
- José M. Delgado Ocando
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado-Ponente: JOSÉ M. DELGADO OCANDO
Mediante decisión de fecha 1° de noviembre de 2000, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos LUIS DELGADO, EDISON SIRA, WILMER ROJAS, JAVIER ANTONIO CHIRINOS, RAÚL FALCÓN, ELÍAS SAAVEDRA y PEDRO DANNY AVIA RODRÍGUEZ, venezolanos, mayores de edad, identificados con las cédulas de identidad números 13.007.696, 13.644.986, 9.439.532, 7.101.358, 8.768.643, 9.924.008, 12.137.895, representados judicialmente por la ciudadana Nancy Cadenas Briceño, abogada, titular de la cédula de identidad nº 8.160.279, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 52.450; la misma fue incoada contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 17 de julio de 2000, la cual declaró sin lugar la apelación ejercida por los accionantes contra la sentencia dictada en vía de amparo constitucional por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.
El 3 de noviembre del mismo mes y año, la mencionada apoderada judicial abogada Nancy Cadenas Briceño, solicitó aclaratoria del referido fallo, respecto de cuya procedencia, esta Sala observa:
I
DE LA SOLICITUD DE ACLARATORIA
Corresponde a este Alto Tribunal pronunciarse sobre la solicitud de aclaratoria del fallo dictado por esta Sala en fecha 1° de noviembre de 2000 y, a tal efecto, observa:
1.- El artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a supuestos como el presente, por remisión del artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece lo siguiente:
Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado.
Sin embargo, el Tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de los tres días, después de dictada la sentencia, con tal de que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes en el día de la publicación o en el siguiente.
La norma jurídica antes transcrita, establece el derecho que tienen las partes de solicitar aclaratoria cuando consideren que existieren puntos dudosos, o para salvar omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, o pedir ampliación, siempre y cuando dicha aclaratoria o ampliación la soliciten en el día de la publicación o en el siguiente del mencionado fallo.
Respecto a la oportunidad en la cual fue planteada la solicitud de aclaratoria por la abogada Nancy Cadenas Briceño, se observa en el caso de autos que el fallo del cual se solicita aclaratoria fue publicado en fecha 1° de noviembre de 2000, y la respectiva petición fue interpuesta el día 3 del mismo mes y año, es decir, el segundo día después de la publicación, razón por la que resulta interpuesta extemporáneamente.
Debe, por tanto, este Alto Tribunal, declarar inadmisible la solicitud de aclaratoria interpuesta, en virtud de que la misma fue presentada fuera del lapso que establece el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, es decir, al día siguiente de haber fenecido el lapso útil, el cual se inició en el mismo día de la publicación de la sentencia n° 1.311/2000. Así se decide.-
II
No obstante, la Sala estima necesario pronunciarse respecto a ciertas afirmaciones hechas por la mencionada apoderada judicial en su diligencia.
1.- Ésta alega la presunta contradicción entre dos declaraciones que hizo esta Sala en el Capítulo IV de su sentencia. Por un lado, la Sala afirmó que se encontraban cubiertos por la solicitud los extremos exigidos por el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; esto es, el escrito mediante el cual se hace valer la acción. Por otro lado, la Sala verificó que uno de los requisitos de admisibilidad de las acciones de amparo contra previas decisiones de amparo, no se encontraba satisfecho y, en consecuencia, la solicitud resultó inadmisible. Este requisito viene referido a que lo denunciado en las sucesivas acciones con relación a la anterior o anteriores, en este caso la segunda acción contra sentencia proferida en juicio de amparo, constituya una nueva lesión originalmente no denunciada en el primer juicio. De lo contrario, la controversia tendría realmente tres instancias, lo cual transgrede el principio de la doble instancia a que responde el artículo 35 de la citada Ley y lesiona la cosa juzgada formal.
La apoderada judicial mencionada estima que la coexistencia de estas dos declaraciones, la primera referida al cumplimiento de los requisitos que debe llenar el libelo y la segunda relativa a la insatisfacción de un requisito de admisibilidad de la acción, hacen el fallo contradictorio.
Considera esta Sala necesario analizar esta afirmación, no a los efectos de aclarar la decisión en cuestión, pues tal confusión no surge de la sentencia, sino más bien salvar, desde ya, la posible repetición del criterio expuesto por la ciudadana apoderada judicial. En este sentido, la Sala observa:
El articulo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece lo siguiente:
En la solicitud de amparo se deberá expresar:
1) Los datos concernientes a la identificación de la persona agraviada y de la persona que actúe en su nombre, y en este caso con la suficiente identificación del poder conferido;
2) Residencia, lugar y domicilio, tanto del agraviado como del agraviante;
3) Suficiente señalamiento e identificación del agraviante, si fuere posible, e indicación de la circunstancia de localización;
4) Señalamiento del derecho o de la garantía constitucionales violados o amenazados de violación;
5) Descripción narrativa del hecho, acto, omisión y demás circunstancias que motiven la solicitud de amparo;
6) Y, cualquiera explicación complementaria relacionada con la situación jurídica infringida, a fin de ilustrar el criterio jurisdiccional.
En caso de instancia verbal, se exigirán, en lo posible, los mismos requisitos.
De la simple lectura del contenido de dicho dispositivo, es patente que en el mismo no se establece causal alguna de inadmisibilidad, por lo que al declarar en la decisión bajo análisis que el escrito de solicitud de tutela constitucional, mediante el cual se ejerce la acción y se hace valer la pretensión, cumplía con esos extremos, no se hizo afirmación alguna en cuanto al cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la acción.
Ahora bien, en lo que concierne a los requisitos de admisibilidad de la acciones de amparo contra las decisiones que las resuelvan, tanto la jurisprudencia de la entonces Corte Suprema de Justicia, como la doctrina de esta Sala, han destacado que, con el fin de mantener incólume la cosa juzgada formal, sólo serán admisibles cuando se hubiese dado satisfacción a la regla de la doble instancia y que el contenido de la denuncia se refiera a infracciones al orden constitucional distintas a las delatadas en el primer juicio. De tal manera, que estos dos requisitos vienen a unirse, en este especial caso, a los ya establecidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Entre los fallos que dieron origen a esta doctrina, cumple mencionar las decisiones números 25/1990 y 84/1992 de la Sala de Casación Civil de la entonces Corte Suprema de Justicia. En la segunda de las mencionadas, podemos leer lo siguiente:
Así, pues, esta Sala de Casación Civil, conociendo en alzada como Tribunal Constitucional, considera admisible las acciones de amparo contra decisiones judiciales que, a su vez, resuelven sobre un amparo, siempre que se trate de un agravio contra un derecho o garantía constitucional distinto al que sirve de objeto al amparo original, siempre que haya quedado satisfecho el mencionado principio de la doble instancia... (folio 19).
En consecuencia, son disímiles el propósito y el alcance de las disposiciones de los artículos 6 y 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y no puede existir, sin ser creada, confusión alguna entre los requisitos del libelo de amparo consagrados en el mencionado artículo 18 y las causales de inadmisibilidad de la acción de amparo, contenidas, tanto en el articulo 6 eiusdem, como en la doctrina de la entonces Corte Suprema de Justicia, retomada por esta Sala Constitucional en varias de sus sentencias, con relación a las acciones de amparo contra decisiones que hayan resuelto una acción de igual naturaleza, cuando se trate de una nueva lesión a un derecho constitucional, por ende distinta a la que fue motivo de la anterior solicitud de tutela, y se hubieren agotado las dos instancias vía apelación o consulta.
2.- Seguidamente, la mencionada apoderada judicial realiza una serie de observaciones relativas a la justeza de su pretensión original, lo cual no es materia de aclaratoria, así como a la distinción entre los términos doctrina y jurisprudencia, alegando al efecto que este Supremo Intérprete Constitucional sólo produce jurisprudencia, mas no doctrina, por lo que el uso de este último término en la decisión es impropio y, en consecuencia, la decisión devendría en sí misma violatoria de los derechos constitucionales de sus representados.
Si bien es cierto que hoy se prefiere hablar de doctrina para referirse a la actividad de quienes se dedican a la Ciencia del Derecho, cabe acotar a este respecto, con intención netamente pedagógica, que el vocablo doctrina también es ampliamente utilizado en el lenguaje judicial en la acepción de conjunto de dictados argumentativos o conceptuales en que los jueces sustentan sus fallos, respecto a supuestos similares. Esta es, por lo demás, la acepción del Diccionario de la Real Academia Española: // legal. jurisprudencia, doctrina que se deduce de los fallos de las autoridades judiciales y administrativas. De tal modo, que este uso del término doctrina se acerca a la acepción estricta de jurisprudencia que trae Egaña: conjunto de sentencias que deciden, de manera uniforme, casos concretos similares, se diferencia así, de la jurisprudencia en sentido amplio: conjunto de los fallos jurisprudenciales, es decir, de las sentencias dictadas por los jueces para resolver los casos concretos que se presentan (Cf. Notas de Introducción al Derecho, Editorial Cririo, Caracas, 1963). En consecuencia, el uso del término en el sentido indicado no solo es propio sino que no tiene incidencia en la razonabilidad de lo fallado.
3.- Las afirmaciones vertidas por la ciudadana abogada Nancy Cadenas Briceño, evidencian confusión de conceptos e inconsistentes apreciaciones sobre la significación de términos de aceptación general y uso diario en la actividad jurídica, como lo serían la distinción entre la demanda y la acción, los lapsos para interponer solicitudes como la presente, los requisitos de admisibilidad en materia de amparo constitucional y otros. Esta situación perjudica a más de los intereses que representa, al mismo sistema judicial en general, contribuye a su congestionamiento y demora en la decisión de causas y en el despacho de asuntos de verdadero interés, por lo que considera esta Sala necesario amonestar a la mencionada abogada sobre tales consideraciones.
III
DECISIÓN
Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:
INADMISIBLE la solicitud de aclaratoria de la sentencia dictada por esta Sala en fecha 1° de noviembre de 2000, hecha por los ciudadanos LUIS DELGADO, EDISON SIRA, WILMER ROJAS, JAVIER ANTONIO CHIRINOS, RAÚL FALCÓN, ELÍAS SAAVEDRA y PEDRO DANNY AVIA RODRÍGUEZ, venezolanos, mayores de edad, identificados con las cédulas de identidad números 13.007.696, 13.644.986, 9.439.532, 7.101.358, 8.768.643, 9.924.008, 12.137.895, representados judicialmente por la ciudadana Nancy Cadenas Briceño, abogada, titular de la cédula de identidad nº 8.160.279, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 52.450.
Publíquese y regístrese. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los 18 días del mes de DICIEMBRE del año dos mil. Años: 190º de la Independencia y 141º de la Federación.
El Presidente,
IVÁN RINCÓN URDANETA
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
Los Magistrados,
HÉCTOR PEÑA TORRELLES JOSÉ M. DELGADO OCANDO
Ponente
MOISÉS A. TROCONIS VILLARREAL
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
JMDO/ns.
EXP. n° 00-2449.-
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