Sentencia N.º 1580
- Sentencia
- N.º 1580
- Fecha
- 18/12/2000
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 00-2197
- Ponente
- Moisés A. Troconis V.
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: MOISÉS A. TROCONIS VILLARREAL
Consta en autos que, en fecha 19 de julio de 2000, la sociedad mercantil AERO HELICES DE VENEZUELA, S.R.L. (AHELIVEN), inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 6 de abril de 1976, bajo el nº 80, tomo 16-A-Sgdo., representada por los abogados Oswaldo Domínguez Hernández y Gustavo Domínguez Florido, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 2.590 y 65.592, ejerció, ante esta Sala, acción de amparo constitucional contra la sentencia definitiva dictada, en fecha 25 de febrero de 2000, por el Juzgado Superior NOVENo eN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a cuyo efecto denunció la violación de: 1) La garantía del debido proceso y, específicamente, de los derechos a la defensa y a ser oído, así como la garantía de la responsabilidad estatal por errores judiciales; 2) El derecho a la tutela judicial efectiva y las garantías de la nulidad de los actos estatales violatorios de derechos constitucionales y de responsabilidad de los funcionarios; y 3) el derecho de propiedad. Los citados derechos y garantías se hallan contemplados en las disposiciones previstas en los artículos 25, 26, 49, 51, 257 y 115 de la Constitución de la República.
Recibido el expediente de la causa, el 19 de julio de 2000 se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Moisés A. Troconis Villarreal.
El 14 de agosto del mismo año, el abogado Gustavo Domínguez Florido solicitó que se admitiera la acción y que se proveyera sobre la pretensión cautelar.
I
DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA
1. Los apoderados judiciales de la accionante alegan:
1.1 Que, desde el año 1986, su representada ha estado en posesión de un local destinado a uso comercial identificado F-01, ubicado en la Base Aérea Francisco de Miranda, La Carlota, sector del Aeroclub de Caracas, colindante con los hangares 1 y 2; y que fue despojada de la posesión del citado local, en fecha 28 de octubre de 1998, por el Presidente del Aeroclub en referencia, quien hizo uso de fuerza y violencia en su contra.
1.2 Que el referido Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró sin lugar la querella interdictal ejercida por su representada, anulando la sentencia dictada, en fecha 12 de julio de 1999, por el Juzgado Duodecimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la citada Circunscripción, con el argumento de que habría transcurrido más de un año desde los hechos del despojo hasta la interposición de la querella, no obstante que ésta fue incoada -según la accionante-, a un mes de ocurrido el despojo.
1.3 Que, en fecha 1° de julio de 1997, la accionante fue perturbada en la posesión del citado local, cuando el Presidente del Aeroclub cerró los accesos al mismo, continuando dicha perturbación hasta el despojo definitivo, acaecido en fecha 28 de octubre de 1998.
2. Denuncian:
2.1 La violación de los derechos a ser oído, a la defensa y al debido proceso, contemplados en las disposiciones previstas en el artículo 49, numerales 1 y 3, de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 51 y 257 eiusdem, "infracción (que) se observa claramente en la parte motiva de la sentencia y, concretamente, la que resuelve sobre el punto relativo a la caducidad de la acción interdictal propuesta", por cuanto la sentencia cuestionada "sólo analizó dos (2) Inspecciones Oculares Extralitem (...) cuando lo cierto es que en el juicio se produjeron múltiples probanzas que debían ser analizadas y valoradas por el juzgador".
En efecto:
"Como consecuencia de haberse silenciado todas esas pruebas, la Juez de alzada llegó a la conclusión errónea de declarar la caducidad de la acción interdictal, sin darse cuanta (sic) de que el interdicto propuesto era restitutorio de posesión por despojo y no de amparo por perturbación posesoria como lo reconoce expresamente en la parte motiva de la sentencia, lo cual constituye un error judicial inexcusable, máxime si se tiene en cuenta que de haberse analizado todas las pruebas, el Juzgador se hubiera percatado de lo siguiente: 1) Que la primera perturbación (cuando la demandada cambió arbitrariamente las cerraduras y candados del local), nunca fue consentida o tolarada (sic) por nuestra representada, antes, por el contrario, siempre hubo resistencia por parte de AHELIVEN, tal como se desprende de la comunicación que esta última le enviara a la demandada y que anexamos en copia certificada marcada D y, por si esto fuera poco, ante la desidia y el desinterés del AEROCLUB CARACAS de llegar a un arreglo amistoso que pusiera fin a las diferencias planteadas, se propuso la presente querella interdictal, todo lo cual constituye una manifestación palpable del ejercicio de actos posesorios; 2) Que a pesar de la postura de resistencia de AHELIVEN, el resultado final fue el de un despojo descarado de la posesión que ésta venia (sic) ejerciendo sobre los bienes litigiosos, mediante un acto distinto a la perturbación inicial, tal como consta en la inspección judicial que anexamos en copia certificada marcada F, y fue precisamente contra este último acto violento y fraudulento que nuestra representada ejerció el interdicto restitutorio de posesión; y, 3) Que los actos que culminaron con el despojo tuvieron por objeto engañar a la Asamblea de Socios del AEROCLUB CARACAS, al hacerle creer o aparentar que no se trató de un despojo arbitrario, sino de un acto jurisdiccional en virtud del cual el Tribunal Séptimo de Parroquia de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas les había adjudicado un derecho de uso sobre el local a favor de ellos, tal como consta del informe que presentaron a la Junta Directiva durante la Asamblea Ordinaria de Socios correspondiente al ejercicio 1997-1998, que acompañamos al presente escrito en copia certificada marcada E, lo cual es absolutamente falso, según de desprende de las resultas de la prueba de informes promovida por nuestra representada que anexamos en copia certificada marcada O, (
)".
2.2 La violación de los derechos a la defensa y a ser oído, además de vicios de nulidad del fallo recurrido, por infracción de los requisitos intrínsecos de motivación, congruencia y determinación objetiva, por cuanto la recurrida tampoco tomó en consideración muchos de los argumentos de hecho y de derecho formulados por nuestra representada en la oportunidad en que presentó el escrito de alegatos para enervar la excepción de caducidad opuesta por la demandada, y que fueran producidos y ampliados en los informes presentados en la Alzada.
En efecto:
(...) si ustedes tan solo revisan el referido escrito que anexamos en copia certificada marcada con la letra X, podrán notar que nuestra mandante hizo una exposición pormenorizada y ampliamente motivada no sólo para fundamentar la procedencia de las pretensiones contenidas en el libelo de demanda, sino también en cuanto a las razones que enervaban de manera irrefutable la defensa de caducidad propuesta por la parte demandada.
Además, la sentencia cuestionada silencia los hechos aportados en dos inspecciones judiciales, de las cuales se evidencia presuntamente:
(...) un hecho de importancia decisiva para el establecimiento de los hechos que son determinantes para garantizar la legalidad formal del dispositivo del fallo, así como para la valoración de las pruebas en comento, como lo es la circunstancia de que la parte demandada hizo uso de la fuerza y la violencia en contra nuestra representada (sic), al punto de que por vías de hecho y tomando la justicia por sus propias manos- procedió a forzar las cerraduras y candados del local y las cambió arbitrariamente para impedirle el acceso a su legítimo propietario (...) y luego, no conforme con eso, un (1) año y casi cuatro meses después, la demandada como vio que esa medida de presión para que nuestra representada se retirara del local no les sirvió de nada, procedió sin derecho alguno a penetrar en el mismo con el propósito deliberado de desocuparlo íntegramente de todos los bienes muebles que se encontraban en su interior en calidad de depósito (...).
(omissis)
Lo anterior pone de manifiesto, no sólo que la sentencia recurrida adolece del vicio de incongruencia negativa, al no atenerse a lo alegado y probado en autos, (...) sino que además se incurre también (sic) en violación del Principio Iura Novit Curia y, especialmente, en un vicio de fondo por infracción de Ley, al no aplicar el artículo 709 del Código de Procedimiento Civil que reza textualmente lo siguiente:
Artículo 709 Después de pasado el año fijado para intentar los interdictos, no podrá pedirse la restitución o el amparo sino por el procedimiento ordinario; pero si hubiese hecho uso de la fuerza contra el poseedor, dicho lapso no comenzará a contarse mientras no haya cesado la violencia.
Por otra parte, la accionante denuncia que el hecho perturbatorio ocurrió el día 1° de julio de 1997 pero el despojo propiamente dicho acaeció el día 27 de octubre de 1998, cuando invadieron el local penetrando en el interior del mismo para sustraer todos los bienes muebles de nuestra mandante.
Así:
En el presente caso, de los hechos recogidos en la inspección ocular de fecha 01 de julio de 1997, sólo se desprende una simple perturbación, tal como se les comunicó en la correspondencia que anexamos marcada D, y así lo reconoce la propia sentencia recurrida al referirse en dos oportunidades al hecho perturbatorio, pero ello nunca podía configurar un despojo ya que no hubo sustitución en la posesión sobre el local ni sobre los bienes muebles que se encontraban en su interior en calidad de depósito, pues, el local continuó sirviendo de depósito de dichos bienes muebles pertenecientes a nuestra mandante; y fue sólo hasta la fecha de la segunda inspección (27-10-98) cuando se materializaron los hechos constitutivos del despojo, al producirse la invasión y la desocupación arbitraria de los bienes muebles, en contra de la voluntad de su propietaria y poseedora.
Adicionalmente la sentencia recurrida, a pesar de que anuló el fallo apelado por encontrarse viciado de incongruencia negativa, omitió el debido pronunciamiento sobre los bienes muebles que también eran objeto de la pretensión restitutoria de posesión, tal como se desprende del libelo de demanda que anexamos en copia certificada marcada "A", lo que la hace incurrir no sólo en ese mismo vicio de incongruencia negativa al no atenerse a lo alegado y probado en autos, sino también en el vicio de indeterminación objetiva, al no identificar ni en su parte narrativa, motiva o dispositiva, aunque fuera tan solo uno de los tantos bienes muebles que aparecen inventariados en la inspección judicial de fecha 27 de octubre de 1998 y que, dicho sea de paso, eran tan numerosos que llenaron completamente un camión 750; quedando por tanto en un limbo jurídico nuestra pretensión restitutoria sobre tales bienes muebles, lo que indefectiblemente conlleva a la nulidad absoluta de la sentencia en cuestión, conforme a lo dispuesto en el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, al no cumplir con los requisitos intrínsecos previstos en los ordinales 3° y 6° del artículo 243 del mismo Código. Así pedimos a este Honorable Tribunal lo declare.
2.3 La violación del derecho a una tutela judicial efectiva, así como de las garantías constitucionales de nulidad de los actos estatales violatorios de los derechos constitucionales y de responsabilidad estatal derivada de errores judiciales, contemplados en las disposiciones previstas en los artículos 26, 25 y 49, numeral 8, de la Constitución de la República, por cuanto:
(...) no obstante que no podía operar la caducidad de la acción interdictal propuesta por nuestra representada, el Tribunal Superior la declaró, lo que inexorablemente implica que tenga que proponerse nuevamente la demanda, pero ya no por el procedimiento especial interdictal, sino por los trámites del procedimiento ordinario. En pocas palabras, se invita a las partes para que aleguen y prueben exactamente lo mismo que ya han alegado y probado en un procedimiento especial anterior, sin importar que hayan estado litigando durante casi dos (2) años, con toda la pérdida de tiempo y de dinero que ello implica.
Pero lo más grave no es eso, sino que, tanto la propia parte demandada como la Juez de alzada reconocen que ocurrió un despojo de la posesión, sólo que en criterio de ellos ocurrió en una fecha anterior a la que señaló nuestra mandante en el libelo de demanda(sic).
2.4 La violación del derecho a la propiedad, previsto en la disposición contemplada en el artículo 115 de la Constitución de la República, por cuanto:
(...) al declararse SIN LUGAR la querella interdictal restitutoria de posesión por despojo con todas las infracciones y omisiones cometidas por la Juez de alzada, se hace nugatorio el derecho de nuestra mandante de ejercer libremente los atributos del derecho real de propiedad que tiene sobre los bienes litigiosos, y cuya titularidad consta no sólo del documento de compra venta de las bienhechurías que conforman el local F-01, que anexamos en copia certificada marcada B sino también del reconocimiento que hace la propia parte demandada en el acta de la inspección judicial que acompañamos marcada F. Pues, ciertamente, no sólo se le limitó su derecho de disposición, sino que se le privó de usar, gozar o disfrutar de unos bienes que por ley le pertenecen y de los cuales fue despojada de la manera más arbitraria por la parte demandada, quien como hemos dicho, se hizo justicia por sus propias manos, recurriendo a las vías de hecho y a la violencia, con prescindencia total y absoluta del régimen legal aplicable para resolver las diferencias que pudiese tener frente a nuestra representada.
3. Solicitan que sea restablecida la situación jurídica infringida, mediante la declaratoria de nulidad del fallo recurrido. Asimismo, para evitar mayor dilación procesal o reposiciones inútiles, que sea restituida a la accionante la posesión de todos los bienes litigiosos.
Subsidiariamente, y para el caso de que la Sala Constitucional considere improcedente pronunciarse de una vez sobre el fondo, o lo que es lo mismo, resolver definitivamente la relación jurídica sustantiva mediante la restitución de la posesión de los bienes litigiosos, solicitan que se declare nula la sentencia recurrida, y que se reponga la causa al estado de que el Tribunal Superior, al que corresponda decidir nuevamente sobre el mérito, decida la controversia planteada sin más dilaciones que las derivadas de las actuaciones que deban practicarse en la segunda instancia.
Asimismo, solicitan una medida cautelar innominada, de prohibición de ejecución de la sentencia definitiva impugnada, toda vez que dicha ejecución ocasionaría más daños al patrimonio de su mandante.
II
DE LA COMPETENCIA DE LA SALA
Visto que, con fundamento en las disposiciones previstas en los artículos 266, numeral 1, y 335 de la Constitución de la República, y 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la Sala se declaró competente para conocer de las acciones de amparo constitucional que se ejerzan contra las sentencias de última instancia que dicten los Juzgados Superiores de la República, salvo el caso de las que pronuncien los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo. Y visto que, en el caso de autos, la acción fue ejercida contra la sentencia dictada, en fecha 25 de febrero de 2000, por el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, esta Sala se declara competente para conocer de la acción en referencia. Así se decide.
III
DE LA SENTENCIA OBJETO DE LA ACCIÓN DE AMPARO
Según el Juez de la sentencia impugnada, el Juzgado Séptimo de Parroquia de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas dejó constancia, en fecha 1° de julio de 1.997, a través de Inspección Ocular Extra-Litem, practicada, a solicitud de los representantes de la Asociación Civil Aeroclub Caracas, en el interior del local F-01 antes aludido, de que se observaban diversos objetos muebles en un general estado de abandono y desorden, así como de que (...) el solicitante procedió a cambiar las cerraduras de la puerta de acceso al nivel superior y colocó un candado en la puerta corrediza que se ubica en el nivel inferior (...) y que los bienes que se encuentran dentro del local quedaban bajo su guarda, custodia y responsabilidad".
A su juicio,
(...) la parte querellante indica en su respectivo escrito libelar, incoada (sic) el 27-11-1.998, que el presunto despojo había ocurrido el 27 de Octubre de 1.998, cuando Aeroclub Caracas, procedió a invadir y ocupar el local en referencia. No obstante, a través de Inspección Ocular evacuada por el Tribunal Séptimo de Parroquia de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, (...) consta a los folios 57 al 64 de la primera pieza del expediente que dicho Tribunal una vez que se trasladó y constituyó en el sitio donde se encuentra ubicado el local objeto de la querella, dejó constancia que la solicitante de dicha inspección, Aeroclub Caracas, procedió a la apertura de las puertas del referido local y montaron los bienes inmuebles que se encontraban en su interior en un camión y los dejaron en posesión de una Depositaria Judicial (...) Además, la querellante en su propio libelo de demanda al referirse a la comunicación de fecha 20-10-97 que le enviara a la hoy querellada, manifestó entre otras cosas que el haber colocado candados en dicho local es una arbitrariedad y constituye una conducta perturbadora de la posesión legítima que AHELIVEN ejerce sobre las bienhechurías de su propiedad.
Como consecuencia, el juez de la sentencia accionada establece que:
(...) la propia parte querellante admite que el hecho perturbador de la posesión había ocurrido el 01 de Julio de 1.997, cuando la querellada cerró los accesos al local objeto de la causa; siendo esa la fecha en que realmente se produjo la perturbación en la posesión, a partir de la misma se debió contar el año a que se refiere el artículo 783 antes transcrito, para intentar el presente interdicto. Y siendo que el mismo se propuso el 27-11-98, naturalmente, ya había operado la caducidad del derecho a la protección posesoria, puesto que ya había transcurrido fatalmente dicho lapso. Por ello, es forzoso para esta Alzada declarar la caducidad de la acción.
IV
ADMISIBILIDAD DE LA PRETENSIÓN
Vistos los términos de la pretensión de amparo constitucional interpuesta, a los fines de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la disposición contemplada en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la Sala encuentra que dicha pretensión cumple los citados requisitos. Así se declara.
Vistas igualmente las condiciones de admisibilidad de la citada pretensión de amparo, a la luz de las causales de inadmisibilidad contempladas en el artículo 6 de la citada Ley Orgánica de Amparo, la Sala encuentra que, por no hallarse incursa prima facie en las citadas causales, la pretensión es admisible. Así se declara.
V
MEDIDA CAUTELAR
La accionante aduce que la anulación por el a quo de la sentencia favorable dictada en primera instancia le ocasiona más daños patrimoniales, motivo por el cual esta Sala debe prohibir su ejecución.
La accionante atribuye a la sentencia de alzada vicios que lesionarían sus derechos fundamentales, por haber establecido que el despojo del local que aquélla ocupaba había ocurrido el 1° de julio de 1997, y no el 27 de octubre de 1998, según lo alegado por la accionante en la querella posesoria. Por otra parte, según dicha sentencia, la accionante permaneció por un lapso superior de un (1) año fuera del local que dice haber ocupado, sin que se desprendan de autos, prima facie, elementos que desvirtúen esta circunstancia.
En las circunstancias expuestas, y visto que la posesión es una situación de hecho jurídicamente protegida en tanto perdure de buena fe y con ánimo de dominio, la Sala estima que no hay lugar a la prohibición solicitada por la accionante, puesto que no se observa continuidad en la posesión cuya tutela cautelar se solicita. Así se declara.
VI
DECISIÓN
Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
ADMITE la acción de amparo constitucional ejercida por la sociedad mercantil AERO HELICES DE VENEZUELA, S.R.L., contra la decisión dictada, en fecha 25 de febrero de 2000, por el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia,
ORDENA:
1.- Notificar de esta decisión al Juez del Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, acompañando al oficio correspondiente copia de la decisión y del escrito de amparo, y haciéndole saber que podrá hacerse presente en la audiencia constitucional, cuyo día y hora serán fijados por órgano de la Secretaría de la Sala, a fin de que exponga lo que estime pertinente acerca de la acción de amparo constitucional a que se contraen las presentes actuaciones.
2.- Notificar al Ministerio Público de la apertura del presente procedimiento, de conformidad con el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
3.- Que el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas haga saber de esta decisión a quien obró como parte querellada, la asociación civil Aeroclub Caracas, en el proceso seguido en segunda instancia por ante dicho Tribunal, en la siguiente dirección: Centro Dos Caminos, piso 6, oficina 6-D, calle El Carmen, Los Dos Caminos, Caracas. Cumplida esta actuación, dicho Juzgado Superior se servirá informar inmediatamente de sus resultas a esta Sala Constitucional.
4 - Fijar la audiencia constitucional dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a la práctica de la última de las notificaciones ordenadas.
Y NIEGA la medida cautelar solicitada.
Publíquese, regístrese y notifíquese.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la ciudad de Caracas, a los 18 días del mes de DICIEMBRE de dos mil. Años: 190º de la Independencia y 141º de la Federación.
El Presidente,
IVÁN RINCÓN URDANETA
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
HECTOR PEÑA TORRELLES
Magistrado
JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO
Magistrado
MOISÉS A. TROCONIS VILLARREAL
Magistrado-Ponente
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
MATV/fs/sn.-
Exp. No 00-2197
El Magistrado Héctor Peña Torrelles, reitera -a través del presente voto particular- el criterio expuesto en las sentencias dictadas el 20 de enero de 2000 (Casos: Domingo Ramírez Monja y Emery Mata Millán), por considerar que no existe en la Constitución de 1999 ninguna norma que atribuya a esta Sala competencia para conocer de las acciones de amparo contra decisiones judiciales, interpuestas de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
La referida norma es precisa al indicar que dicha acción se debe interponer ... por ante un Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento. Ahora bien, cuando dicho artículo alude al "Tribunal Superior", se entiende por éste al tribunal jerárquicamente superior dentro de la organización de los tribunales de la República con competencia en la materia afín a la relación jurídica dentro de la cual ocurrió la presunta violación de derechos constitucionales, tal como lo entendieron tanto la doctrina como la jurisprudencia patria, atendiendo al hecho de que la especialización de los tribunales contribuye a las soluciones más idóneas y eficaces en cada caso. El criterio de la afinidad de los derechos o garantías constitucionales se debió mantener igualmente entre las distintas Salas del Tribunal Supremo de Justicia, adecuándose a las competencias de las nuevas Salas, atendiendo al ámbito de las relaciones jurídicas donde surgieron las presuntas violaciones constitucionales, correspondiendo el conocimiento a aquella Sala cuyo ámbito material de competencia sea análogo a la relación jurídica involucrada (administrativa, civil, penal, laboral, agraria, electoral, mercantil, etc.). Por lo cual, esta Sala Constitucional no debió asumir la competencia en la acción de amparo constitucional interpuesta, sino declinar el conocimiento de la causa en la Sala correspondiente de este Tribunal Supremo de Justicia.
Queda así expresado el criterio del Magistrado disidente.
En Caracas, fecha ut-supra.
El Presidente,
Iván Rincón Urdaneta
El Vice-Presidente,
Jesús Eduardo Cabrera Romero
Magistrados,
Héctor Peña Torrelles
Disidente
José M. Delgado Ocando
Moisés A. Troconis Villarreal
El Secretario,
José Leonardo Requena Cabello
Exp.- 00-2197
HPT/lvq
Busca más sentencias en Venley
Búsqueda avanzada, colecciones personalizadas y consultas a Kelsen.
Buscar sentencias