Venley

Sentencia N.º 1599

Sentencia
N.º 1599
Fecha
20/12/2000
Sala
Constitucional
Expediente
00-1496
Ponente
Héctor Peña Torrelles
Procedimiento
Aclaratoria


SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: Héctor Peña Torrelles

En fecha 7 de diciembre de 2000, ocurrió por ante esta Sala Constitucional la abogada Flora Higuera Houthon, actuando en su carácter de apoderada judicial de la “Asociación Cooperativa Mixta La Salvación, R. L.” y solicitó aclaratoria de la sentencia dictada por esta Sala el 6 de diciembre de 2000 en el expediente 00-1496. La referida aclaratoria fue solicitada por la prenombrada abogada en los términos siguientes:

“1.- Si la decisión que dictara en fecha 6 de diciembre de 2000, tiene carácter cautelar, es decir, si es provisional; como corresponde a un pronunciamiento de Acción de Amparo Constitucional;

2.- Cuáles son los efectos de la decisión señalada con relación a la conversión del contrato CVG en concesión,

3.- Si el Ministerio de Energía y Minas decidiere la conversión en concesión del contrato CVG, no se anularía dicha concesión en caso de que a la postre esa Sala decidiera la nulidad del artículo 132 y 129 literal a) de la Ley de Minas”.

 

En la misma fecha se dio cuenta en Sala de la anterior solicitud.

 

 

De la sentencia cuya aclaratoria se solicita

La sentencia cuya aclaratoria se solicita fue dictada con ocasión de la acción de amparo ejercida de forma conjunta con la acción de inconstitucionalidad de normas, supuesto previsto en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Amparo de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. La Sala se pronunció sobre la tutela cautelar solicitada, en los siguientes términos:

“Por las consideraciones que antecede, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

1) Inadmisible la solicitud de intervención de la Cámara Minera de Venezuela (“CAMIVEN”), sociedad civil que actúa en defensa de sus propios intereses y en representación de las sociedades mercantiles Corporación Minera Las Mercedes el Carapo, C.A. y Vetas de Vuelvan Caras, C.A., como de la empresa “Asociación Minera Las Alicias, C.A.”, a los fines de oponerse a la acción de amparo intentada por la “Asociación Cooperativa Mixta La Salvación de Responsabilidad Limitada”.

2) Sin Lugar el amparo cautelar constitucional solicitado por la Asociación Cooperativa Mixta La Salvación de Responsabilidad Limitada, contra los artículos 129, literal a) y 132 de la Ley de Minas.

Publíquese, regístrese y notifíquese. Archívese el cuaderno separado”.

 

Motivación para decidir

La materia en relación con la cual debe resolver la Sala Constitucional en esta oportunidad se refiere a la solicitud de “aclaratoria” del fallo antes mencionado, dictado por esta Sala el 6 de diciembre de 2000. Al respecto, el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil establece la procedencia de la citada figura, dispositivo que es del tenor siguiente:

“Artículo 252. Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado.

Sin embargo, el tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de los tres días, después de dictada la sentencia, con tal que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes en el día de la publicación o en el siguiente”.  

 

Sobre el alcance de la norma precedentemente transcrita, la jurisprudencia de la entonces Corte Suprema de Justicia precisó en reiteradas oportunidades que el transcrito artículo 252, fundamento legal de la solicitud de aclaratoria, regula todo lo concerniente a las posibles modificaciones que el juez puede hacer a su sentencia, quedando comprendidas dentro de éstas, no sólo la aclaratoria de puntos dudosos, sino también las omisiones, rectificaciones de errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos que aparecieron de manifiesto en la sentencia, así como dictar las ampliaciones a que haya lugar (Sentencia de la Sala Político Administrativa del 18 de abril de 1996, caso Manuel Ramírez Izaba, reiterada en la sentencia aclaratoria de esta Sala Constitucional del 1º de junio de 2000, caso Segundo Gil Vargas y otros).

Por lo que respecta a la oportunidad en que debe solicitarse la aclaratoria de una sentencia, la disposición comentada establece que la misma es procedente siempre que sea solicitada por alguna de las partes en el día de la publicación del fallo o en el día siguiente.

En el caso de autos, la sentencia fue dictada el 6 de diciembre de 2000 y al día siguiente se solicitó la presente aclaratoria. En consecuencia, esta Sala Constitucional, estima que la misma se hizo dentro del lapso previsto, y así se decide.

En relación con el objeto de la aclaratoria, se observa que las pretensiones de la solicitante están dirigidas a que se determine: 1.- Si la decisión que dictara en fecha 6 de diciembre de 2000, tiene carácter cautelar, es decir, si es provisional; como corresponde a un pronunciamiento de Acción de Amparo Constitucional; 2.- Cuáles son los efectos de la decisión señalada con relación a la conversión del contrato CVG en concesión; y 3.- Si el Ministerio de Energía y Minas decidiere la conversión en concesión del contrato CVG, no se anularía dicha concesión en caso de que a la postre esa Sala decidiera la nulidad del artículo 132 y 129 literal a) de la Ley de Minas.

            Las razones por las cuales la parte actora solicita las anteriores aclaratorias, se pueden extraer de las siguientes afirmaciones:

  1. “En el presente caso, no sólo no se identificó el daño sino que el juez entra a pronunciarse sobre la legalidad y la legitimidad de las normas impugnadas, actuando como si se tratara de un pronunciamiento de inconstitucionalidad por omisión, cuando estamos frente a una clara acción de Amparo Constitucional”.
  2. “(...) la medida cautelar solicitada tenía por objeto la simple suspensión de dicho procedimiento de conversión, (...).  De tal manera que si a la postre, ese mismo Tribunal Supremo de Justicia decidiera la nulidad de los artículos 129 (literal a) y 132, se anularía todo lo actuado, ya que se le habría ocasionado un daño irreparable a mi representada, y adicionalmente, inversionistas de toda índole y magnitud, se verían defraudados...”.
  3. “(...) resulta que esa Sala no constató que ante el vacío de la Ley el propio Ministerio se abstuvo de notificar a las partes intervinientes del lapso en el que debían ser efectuadas esas publicaciones,....”.
  4. “(...) sin embargo, la Sala no consideró que la publicación fue consignada en el expediente luego de vencido el lapso de oposición, y sólo se limitó a señalar que el Ministerio sí exige la consignación de la publicación de prensa...”.
  5. “(...) la Sala en su conclusión olvida que un juez constitucional no puede llegar sino a una conclusión jurídica, no técnica (inherente a la especialidad en geología) de la situación que regula la norma...”.
  6.  “Afirmó que la interpretación dada por esta Sala Constitucional a la norma impugnada constituye un pronunciamiento de “inconstitucionalidad por omisión”.
  7. La Sala Constitucional “entra a considerar elementos de fondo como lo es la procedencia de la aplicación del Decreto 1409 bajo el cual se firmó el contrato de la CVG que se pretende convertir en concesión”.
  8. Finalmente concluye “la Sala a pesar de haber constatado las violaciones en que incurriera el Ministerio gracias al contenido de la ley, sin embargo declara que las violaciones alegadas por mi representada no existen, y esto aunado a un pronunciamiento sobre el fondo de inconstitucionalidad a través de la técnica citada de la inconstitucionalidad por omisión”.

 

Al respecto, esta Sala debe señalar:

1.                                                    La figura de la aclaratoria del fallo está dirigida principalmente a determinar con precisión el alcance del dispositivo del mismo, con miras a una correcta ejecución. De allí que, cuando una acción es declarada inadmisible o sin lugar es poco probable que existan dudas sobre la intención del juez explanada en la decisión. Así, en el presente caso, la solicitud de aclaratoria presentada por la parte actora en ningún momento toma en cuenta el dispositivo del fallo: a) inadmisibilidad, por extemporánea, de la intervención  de los interesados como opositores al amparo constitucional; y b) declaratoria sin lugar del amparo cautelar solicitado. Dos pronunciamientos suficientemente claros, que no dejan lugar a dudas sobre la decisión de este órgano jurisdiccional sobre tales pedimentos. Las razones por las cuales se llega a esta conclusión están extensamente explanadas en la motivación del fallo.

2.-       De los términos en que fuera solicitada la aclaratoria del fallo se revela indudablemente que la parte actora desconoce el alcance exacto de esta figura procesal. En efecto, se evidencia que lo que la actora presenta como un escrito de “aclaratoria” no es sino un cuestionamiento de la motivación del fallo, porque la decisión en sede cautelar le es adversa. Confunde, pues, la aclaratoria con un recurso contra la sentencia. Debe recordarse en tal sentido, que a través de la aclaratoria el juez no puede modificar su decisión de fondo, ya que no se trata de un nuevo examen de los planteamientos de una u otra parte. Es, sencillamente, un mecanismo que permite determinar el alcance exacto de la voluntad del órgano decisor, a los fines de su correcta comprensión y ejecución, o para salvar omisiones, hacer rectificaciones de errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos que aparecieron de manifiesto en la sentencia, tal como se desprende del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil. De manera que la solicitud -en los términos planteados- resulta improcedente. Así se decide.

No obstante la anterior declaratoria, a los fines de evitar que planteamientos como el de autos se vuelvan a presentar ante esta sede, y en aras de precisar el objeto de la acción de amparo interpuesta conjuntamente con acción popular de inconstitucionalidad de normas, esta Sala considera necesario señalar lo siguiente:

a) Todas los amparos que se ejercen de conformidad con el artículo 3 de la Ley Orgánica de Amparo de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales tienen una naturaleza cautelar, como lo había asentado la jurisprudencia de la antigua Corte Suprema de Justicia y ha sido reiterado por esta Sala Constitucional (cfr. Sentencia del 14 de marzo de 2000, caso Ducharme de Venezuela).

Así, a los fines de decidir un amparo constitucional de naturaleza cautelar, el juez debe constatar si la situación concreta que regula la norma impugnada es susceptible de transgredir un derecho constitucional, bien a través de un acto de aplicación o por la amenaza de que aquella se materialice. De allí que, en caso afirmativo, se ordena la suspensión de la aplicación de la norma al caso concreto, para permitir el ejercicio del derecho lesionado, mientras se decide juicio principal. Para ello, el juez constitucional debe hacer un examen preliminar acerca de la eventual contradicción de la norma impugnada y el texto de la Constitución, que permita crear en el juzgador la necesidad de dictar el correspondiente mandamiento constitucional. Dicho examen, como toda medida cautelar, no prejuzga sobre la sentencia del fondo, ya que el juez no se encuentra sujeto a la decisión previa. Asimismo, en virtud del principio de mutabilidad, la tutela cautelar puede modificarse si varían las circunstancias del caso.

b) La sentencia dictada por esta Sala constitucional fue negativa, es decir, no dictó mandamiento cautelar alguno. De allí que, no puede pretender la actora, que esta Sala -vía aclaratoria- le de respuestas a los planteamientos enumerados 2 y 3 de su escrito, que no fueron considerados en la decisión, relativas a los efectos de una eventual decisión de inconstitucionalidad sobre la conversión del contrato CVG en concesión.

c) Insiste una vez más esta Sala que la acción de nulidad por inconstitucionalidad contra los artículos 129, literal a) y 132 de la Ley de Minas se circunscribe a un examen de constitucionalidad del contenido de dichos artículos con el Texto Fundamental, esto es, control concentrado de constitucionalidad. De manera que, no puede a través de esta vía examinarse la legalidad o no del contrato celebrado por la CVG, ya que ello no es objeto de la acción de inconstitucionalidad. En tal sentido, la sentencia del 6 de diciembre de 2000 fue muy precisa al indicar de manera previa lo siguiente:

“En tal sentido, esta Sala quiere dejar sentado que el análisis del caso de autos se circunscribe a un control concentrado de constitucionalidad sobre determinados artículos de la vigente Ley de Minas, y como tutelar cautelar constitucional sobre la situación en que se encuentra la accionante en relación con la aplicación de los artículos 29 y 32 eiusdem. De manera que no se atenderán las situaciones de otra índole que han sido expuestas tanto por la parte actora, como por los que solicitaron su intervención en este juicio, en relación con las transacciones de índole privada que haya suscrito la accionante con otras empresas mineras y sobre los juicios de naturaleza contencioso administrativa que se ventilan en otras sedes jurisdiccionales. Tampoco se está enjuiciando la conducta de los órganos de la Administración Pública en la tramitación de los procedimientos, sobre los cuales existen otros mecanismos jurisdiccionales para accionar”.

 

Por los razonamientos precedentes, esta Sala Constitucional concluye en la improcedencia de la solicitud de aclaratoria formulada en este caso. Así se decide. 

Decisión

Por todas las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional declara improcedente la solicitud de aclaratoria de la sentencia Nº 1520 dictada por esta Sala el 6 de diciembre de 2000,  efectuada por la abogada Flora Higuera Houthon, en su carácter de apoderada judicial de la “Asociación Cooperativa Mixta La Salvación, R. L.”.

Téngase la presente decisión como parte integrante de la sentencia antes identificada, dictada por esta Sala Constitucional en el presente expediente.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el cuaderno separado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los  20   días del mes de   DICIEMBRE     del año 2000. Años: 190° de la Independencia y 141° de la Federación.

El Presidente,

 

Iván Rincón Urdaneta

                                                                                  El Vice-Presidente,     

 

                                                              Jesús Eduardo Cabrera Romero

Magistrados,

 

Héctor Peña Torrelles

                Ponente

 

            José M. Delgado Ocando

 

Moisés  A. Troconis Villarreal

 

                                                                                  El Secretario,

 

                                                           José Leonardo Requena Cabello

 

 

HPT/

Exp. N°: 00-1496

 

 

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