Sentencia N.º 16
- Sentencia
- N.º 16
- Fecha
- 15/02/2005
- Sala
- Constitucional
- Expediente
- 03-0820
- Ponente
- Pedro Rafael Rondón Haaz
- Procedimiento
- Acción de Amparo
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA CONSTITUCIONAL
Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Consta en autos que, el 19 de febrero de 2003, el ciudadano CARLOS ALEXANDER RONDÓN GUILLÉN, mediante la representación de sus abogados defensores Alexi René Perdomo, Tomás Eduardo Gracian y Rafael Darío Barazarte, con inscripción en el Inpreabogado bajo los nos 68.318, 84.095 y 30.848, respectivamente, planteó, ante
El 21 de febrero de 2003,
El 24 de febrero de 2003, el abogado Alexi René Perdomo apeló contra la antedicha decisión para ante
El 28 de ese mismo mes y año,
Luego de la recepción del expediente de la causa, se dio cuenta en Sala por auto del 24 de marzo de 2003 y se designó ponente al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.
I
DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA
1. Alegó:
1.1 Que, desde el 8 de enero de 2003, se encuentra detenido en el retén de Agua Salada ...sin que haya llenado hasta el presente los requisitos exigidos por (las) leyes para que esta detención continúe y se ajuste a derecho....
1.2 Que fue privado de su libertad conjuntamente con los ciudadanos Alexis René Junior Perdomo Morales, Luis Vásquez y Guillermo Villanueva Guillén por la supuesta comisión del delito de robo agravado en perjuicio de Sonsiré de Lourdes Castillo.
1.3 Que, el 9 de enero de 2003, se efectuó la audiencia de presentación ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en función de Control del Primer Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar.
1.4 Que, en el mencionado acto, se cometieron una serie de vicios que menoscaban el debido proceso y el derecho a la defensa y que influyen en
1.5 Que en dicha audiencia (...) no estuvo asistido por ningún profesional del derecho, se omitió su designación, no se le designó defensor público, ya que (...) carecía de los medios económicos para cancelar los honorarios profesionales a un defensor privado....
1.6 Que la causa que se le sigue está viciada de nulidad absoluta, puesto que, para el día 04 de febrero del año en curso, las actas y los autos que conforman la presente causa, no se encontraban firmadas por el juez de control y por el secretario de sala, siendo que las firmas de estos funcionarios judiciales deben ser in continenti al acto que precede y no después, so pena de nulidad o inexistencia de un fallo por no aparecer firmado por el juez que debió hacerlo al momento de pronunciar la misma.
1.7 Que las actas de nombramiento de defensores, tanto público como privado de los demás imputados, carecen de la firma del juez y del secretario.
1.8 Que, En lo que respecta a las ocho actas de reconocimiento, la cuestión es más grave aún, las mismas carecen, tanto de la firma de
1.9 Que En lo que respecta a la (sic) acta de presentación y la acta (sic) de audiencia de las 24 horas, las mismas carecen, tanto de la firma de
1.10 El artículo 174 del Código Orgánico Procesal Penal establece la obligación de suscribir todas las sentencias o autos por parte de juez y del secretario, so pena de nulidad del acto.
1.11 Que, en la audiencia de presentación, la juez de control se reserva 24 horas para tomar una decisión con respecto a lo peticionado por la representación Fiscal, al momento de celebrarse esa nueva audiencia, es decir el día 10-01-2.003, donde la juez se presume ya tenía una decisión al respecto, en una violación flagrante al debido proceso y al derecho a la defensa, le otorga la palabra al representante fiscal, para que exponga nuevamente, amparado en un acomodaticio artículo 11 del C.O.P.P, donde como titular de la acción penal cambia la solicitud de Libertad plena al joven ALEXIS RENE PERDOMO MORALES, por una medida cautelar sustitutiva de libertad, de conformidad al artículo 250, ejusdem, cuando su oportunidad procesal para hacerlo había precluido en la audiencia de Presentación, ya que esta audiencia de 24 horas solamente era para que
1.12 Que, en esa nueva audiencia, no se le dio el derecho de palabra.
1.13 Que el mantenimiento de la medida cautelar privativa de libertad requería un decreto debidamente fundado, de conformidad con el artículo 254 del Código Orgánico Procesal Penal.
2. Denunció:
2.1 La violación a los derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la defensa que establecen los artículos 26 y 49.1 de
3. Pidió:
(S)ea declarada con lugar la presente de HABEAS CORPUS y/o ACCIÓN DE AMPARO A
PRIMERO: Sea ordenada por esta Corte de Apelaciones la libertad de ipso facto de (su) patrocinado CARLOS ALEXANDER RONDÓN GUILLÉN, (...) a través de un mandamiento de habeas hábeas...
SEGUNDO: Sea declarado nulo de nulidad absoluta por ilegal e inconstitucional y sin ningún efecto jurídico, el decreto de medida privativa de libertad dictado en contra de (su) patrocinado, de fecha 09 de Enero del año 2.003, emanado del Juzgado Tercero en funciones de Control Penal del Primero Circuito de
II
DE
Por cuanto, con fundamento en los artículos 266, cardinal 1, 335 de
III
DE LA SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN
Asazmente estudiado y analizado el recurso interpuesto, observa este Tribunal de Alzada en voz de su ponente, que resulta evidente el errático camino tomado por los accionantes para censurar no sólo el acto atribuible a la juez recurrida sino también la situación referente a la libertad del ciudadano. En efecto al optar por la vía extraordinaria del amparo constitucional, con el objeto de plantear cuestionamientos para situaciones contempladas en nuestra ley penal adjetiva, se está omitiendo la interposición de los (sic) recursos de apelación contra las medidas supra reseñadas o también el del (sic) reclamo de la nulidad del acto que como sabemos se puede interponer o advertir en todo estado o grado del proceso, es decir por la vía ordinaria procesal pero nunca, a través de la vía extraordinaria sin que se haya agotado antes la anterior.
(...)
Conforme con lo anterior se hace incuestionable que la acción de amparo viene a constituir una herramienta jurídica que solo es admisible cuando no existan, estén agotados o resulten vacuos otras vías procesales para restablecer la situación jurídica infringida o presuntamente lesionada; al interpretar el Artículo citado [se refiere al artículo 5 de
Por otra parte es significativo señalar que del contenido de las actas de la audiencia de presentación y su posterior decisión transcurrida las veinticuatro (24) horas, se evidencia la firma del Abogado DARIO BARAZARTE, quien actúa como defensor del ciudadano sobre quien los accionantes acusan las lesiones de orden constitucional.
Consecuente con lo antes expuesto, considera esta Sala Única de
IV
MOTIVACIÓN PARA LA DECISIÓN
De autos se desprende que el ciudadano Carlos Alexander Rondón Guillén planteó pretensión de amparo contra las actuaciones del Juzgado Tercero de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, por cuanto consideró que las mismas son violatorias de sus derechos al debido proceso, la defensa y a la tutela judicial efectiva, ya que la medida privativa de libertad, que pesa sobre él, se expidió con violación a normas de orden público, ya que no contó con asistencia de abogado en la audiencia de presentación y las actuaciones carecen de la firma de los funcionarios competentes.
Así, preceptúa el artículo 447, cardinal 4, del Código Orgánico Procesal Penal, que Decisiones Recurribles. Son recurribles ante la corte de apelaciones las siguientes decisiones: (...) 4. Las que declaren la procedencia de una medida cautelar privativa de libertad o sustitutiva de libertad;
Además, el artículo 190 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal establecen la posibilidad de que se solicite la nulidad de las actuaciones que se expiden con inobservancia o violación de los derechos y garantías fundamentales.
Asimismo, esta Sala concluye que la pretensión de amparo resulta inadmisible a tenor de lo que ordena el artículo 6, cardinal 5, de
Al respecto, esta Sala Constitucional, en sentencia nº 848 del 28 de julio de 2000, caso: Baca, estableció que:
...en materia procesal el legislador ha creado lapsos procesales para que se lleven a cabo actuaciones procedimentales, y al establecer esos términos, consideró que ellos eran aptos para que se pudieran realizar las actuaciones, lo que incluye las sentencias a dictarse en las causas, dentro del proceso signado por el principio de celeridad. Por ello, al dictarse una sentencia definitiva o interlocutoria apelable, si de ella resultase que se infringe algún derecho o garantía constitucional, no puede pensarse, que la situación no pueda ser reparada de inmediato si se apela, y la alzada decide dentro de los términos para ello.
Hace esta consideración
(...)
Sólo cuando la dilación judicial ponga en peligro inminente la reparabilidad de la situación jurídica, las partes podrán acudir al amparo, para lograr la finalidad que se procuraba ante el juez de la alzada, quien además es un protector de
Así, estima esta Sala que no puede pretender el quejoso la sustitución, con el amparo, de los medios o recursos que dispone el ordenamiento procesal penal para la corrección del supuesto error en el que incurrió el órgano jurisdiccional, pues el mismo constituye la vía idónea para la garantía de la tutela judicial eficaz y sólo cuando no se obtenga una respuesta o haya una dilación procesal indebida, el interesado podrá acudir a la vía del amparo. La admisión de lo contrario llevaría a la desaparición de las rutas judiciales que estableció el legislador para el aseguramiento de los derechos e intereses de las partes dentro de un determinado proceso. Así se decide.
V
RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO CONSTITUCIONAL
Asimismo, el Título VIII de
En este sentido debe esta Sala Constitucional, porque es guardián y garante del derecho positivo existente y en protección de los derechos humanos de los particulares, estar atenta ante cualquier situación que menoscabe un derecho o garantía esencial y que pueda producir una violación del orden público constitucional. Así las cosas, este órgano jurisdiccional puede, de oficio y en resguardo del orden público constitucional que pueda verse infringido por cualquier decisión, acto u omisión judicial de un tribunal de
Así pues, si un administrador de justicia no cumple con las normas, disposiciones y leyes, por negligencia, inobservancia o desconocimiento, y este incumplimiento deviene en una violación al orden público constitucional, ésta debe declararse de oficio por aquel Tribunal que tenga conocimiento de ese hecho, ya que está en juego la protección de los derechos constitucionales de las personas.
Ahora bien, esta Sala Constitucional, no obstante que desestimó la pretensión de amparo bajo examen, pasa al restablecimiento del orden público constitucional que se transgredió, porque detectó su violación por causa de las omisiones injustificables de
En el caso de autos, el 9 de enero de 2003, se celebró, ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, la audiencia de presentación para oír al imputado por la supuesta comisión del delito de robo. En esa oportunidad
Posteriormente,
El 10 de ese mismo mes y año continuó con la audiencia de presentación, en la cual dictó medida privativa de libertad en contra del quejoso y decretó medida sustitutiva de privación de libertad contra los otros tres imputados; no obstante
Consecutivamente, el Juzgado Tercero de Control libró la boletas de encarcelación contra el ciudadano Carlos Alexander Rondón Guillén y las boletas de excarcelación respecto de los ciudadanos Alexis Perdomo Morales, Luis Vásquez y Guillermo Villanueva Guillén; e, igualmente,
En efecto, de las copias certificadas que cursan en el expediente, se evidencia que las actas de nombramiento del defensor, tanto público como privado, de cada uno de los imputados no tiene firma de la juez del Juzgado de Control y en el nombramiento del defensor del imputado Guillermo Villanueva Guillén tampoco firmó
En el auto en el cual se acuerda la solicitud fiscal de reconocimiento de los imputados no aparecen las firmas de
Ahora bien, dispone el artículo 174 del Código Orgánico Procesal Penal lo siguiente:
Artículo 174. Obligatoriedad de la firma. Las sentencias y los autos deberán ser firmados por los jueces que los hayan dictado y por el secretario del tribunal. La falta de firma del Juez y del secretario producirá la nulidad del acto.
Dicho artículo establece la obligatoriedad de la firma de las decisiones por los funcionarios que conforman el Tribunal, Juez y Secretario, para que éstas tengan validez, es decir, para que exista en el mundo jurídico una decisión de un Juzgado que es expedida por un Juez, éste debe firmarla, por cuanto él es la persona que está investida de autoridad para la administración de justicia y su firma es la que da la certeza jurídica de que ese acto decisorio se dictó.
Así, considera esta Sala que todos los actos que se mencionaron como carentes de firma están viciados de nulidad absoluta, y todas las actuaciones que se realizaron con posterioridad al auto que recogió la audiencia de presentación que no fue firmado por
En virtud de las consideraciones que se expusieron, esta Sala Constitucional, con el objeto de la garantía de una tutela judicial eficaz y un debido proceso, repone la causa al estado de que se realice una nueva audiencia de presentación, en la cual el Juez de Control correspondiente firme dicha actuación para que tenga validez, y se inicie, si fuera el caso, el proceso penal contra los ciudadanos Alexis Perdomo Morales, Luis Vásquez, Guillermo Villanueva Guillén y Carlos Rondón Guillén por la supuesta comisión del delito de robo, con el respectivo pronunciamiento sobre las medidas de coerción personal que correspondan. Así se decide.
Finalmente, esta Sala estima de suma gravedad todas las actuaciones que se encuentran en el expediente, ya que, en su mayoría, carecen de las firmas de los funcionarios actuantes y competentes, con lo cual no se garantizó la seguridad jurídica, el acceso a la justicia, una tutela judicial efectiva y el debido proceso para los imputados de autos. La evidente inobservancia y falta de aplicación de las normas que establece el Código Orgánico Procesal Penal amerita la remisión de copia certificada a
En consecuencia, esta Sala ordena la remisión de copias certificadas del expediente a
VI
DECISIÓN
Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de
Se ORDENA la remisión de copia certificada del expediente a
Publíquese, regístrese y devuélvase el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de
Luisa EstelLa Morales Lamuño
El Vicepresidente,
JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
Magistrado Ponente
Luis Vicencino Velázquez Alvaray
Magistrado
Francisco Antonio Carrasquero López
Magistrado
MARCO TULIO DUGARTE PADRÓN
Magistrado
ARCADIO DE JESÚS DELGADO
Magistrado Suplente
El Secretario,
JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO
PRRH.sn.ar.
Exp. 03-0820
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