Venley

Sentencia N.º 16

Sentencia
N.º 16
Fecha
15/02/2005
Sala
Constitucional
Expediente
03-0820
Ponente
Pedro Rafael Rondón Haaz
Procedimiento
Acción de Amparo
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SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

                        Consta en autos que, el 19 de febrero de 2003, el ciudadano CARLOS ALEXANDER RONDÓN GUILLÉN, mediante la representación de sus abogados defensores Alexi René Perdomo, Tomás Eduardo Gracian y Rafael Darío Barazarte, con inscripción en el Inpreabogado bajo los nos 68.318, 84.095 y 30.848, respectivamente, planteó, ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, pretensión de amparo constitucional contra la decisión que dictó el Juzgado Tercero de Primera Instancia en función de Control de ese mismo Circuito Judicial Penal el 10 de enero de 2003, para cuya fundamentación denunció la violación a sus derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la defensa que acogieron los artículos 26 y 49, cardinal 1, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

                        El 21 de febrero de 2003, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar juzgó sobre la pretensión de amparo y la declaró inadmisible.

                        El 24 de febrero de 2003, el abogado Alexi René Perdomo apeló contra la antedicha decisión para ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

                        El 28 de ese mismo mes y año, la Corte de Apelaciones ordenó la remisión del expediente al Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, para el conocimiento del recurso en referencia.

                        Luego de la recepción del expediente de la causa, se dio cuenta en Sala por auto del 24 de marzo de 2003 y se designó ponente al Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz.

 

I

DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA

                        1.         Alegó:

1.1               Que, desde el 8 de enero de 2003, se encuentra detenido en el retén de Agua Salada “...sin que haya llenado hasta el presente los requisitos exigidos por (las) leyes para que esta detención continúe y se ajuste a derecho...”.

1.2               Que fue privado de su libertad conjuntamente con los ciudadanos Alexis René Junior Perdomo Morales, Luis Vásquez y Guillermo Villanueva Guillén por la supuesta comisión del delito de robo agravado en perjuicio de Sonsiré de Lourdes Castillo.

1.3               Que, el 9 de enero de 2003, se efectuó la audiencia de presentación ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en función de Control del Primer Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar.

1.4               Que, en el mencionado acto, se “cometieron una serie de vicios que menoscaban el debido proceso y el derecho a la defensa y que influyen en la LIBERTAD PERSONAL”.

1.5               Que “en dicha audiencia (...) no estuvo asistido por ningún profesional del derecho, se omitió su designación, no se le designó defensor público, ya que (...) carecía de los medios económicos para cancelar los honorarios profesionales a un defensor privado...”. 

1.6               Que la causa que se le sigue está viciada de nulidad absoluta, puesto que, “para el día 04 de febrero del año en curso, las actas y los autos que conforman la presente causa, no se encontraban firmadas por el juez de control y por el secretario de sala, siendo que las firmas de estos funcionarios judiciales deben ser in continenti al acto que precede y no después, so pena de nulidad o inexistencia de un fallo por no aparecer firmado por el juez que debió hacerlo al momento de pronunciar la misma.”

1.7               Que las actas de nombramiento de defensores, tanto público como privado de los demás imputados, carecen de la firma del juez y del secretario.

1.8               Que, “En lo que respecta a las ocho actas de reconocimiento, la cuestión es más grave aún, las mismas carecen, tanto de la firma de la Juez de la causa, la del Secretario de Sala, la del Fiscal del Ministerio Público actuante y la de sus respectivos defensores.” 

1.9               Que “En lo que respecta a la (sic) acta de presentación y la acta (sic) de audiencia de las 24 horas, las mismas carecen, tanto de la  firma de la Juez de la causa, la del Secretario de Sala, la del Fiscal del Ministerio Publico actuante y la de los defensores públicos.”

1.10           El artículo 174 del Código Orgánico Procesal Penal establece la obligación de suscribir todas las sentencias o autos por parte de juez y del secretario, so pena de nulidad del acto.

1.11           Que, en la audiencia de presentación, la juez de control “se reserva 24 horas para tomar una decisión con respecto a lo peticionado por la representación Fiscal, al momento de celebrarse esa nueva audiencia, es decir el día 10-01-2.003, donde la juez se presume ya tenía una decisión al respecto, en una violación flagrante al debido proceso y al derecho a la defensa, le otorga la palabra al representante fiscal, para que exponga nuevamente, amparado en un acomodaticio artículo 11 del C.O.P.P, donde como titular de la acción penal cambia la solicitud de Libertad plena al joven ALEXIS RENE PERDOMO MORALES, por una medida cautelar sustitutiva de libertad, de conformidad al artículo 250, ejusdem, cuando su oportunidad procesal para hacerlo había precluido en la audiencia de Presentación, ya que esta audiencia de 24 horas solamente era para que la Juez de control penal profiriera su sentencia o su auto sentencia, que se presumía que la tenía elaborada para el momento de esa audiencia.”   

1.12           Que, en esa nueva audiencia, no se le dio el derecho de palabra.

1.13           Que el mantenimiento de la medida cautelar privativa de libertad requería un decreto debidamente fundado, de conformidad con el artículo 254 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

                        2.         Denunció:

                        2.1       La violación a los derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la defensa que establecen los artículos 26 y 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto  el Juzgado Tercero de Primera Instancia en función de Control del Primer Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar dictó medida privativa de libertad con violación de normas de orden público.

 

3.                   Pidió:

“(S)ea declarada con lugar la presente de HABEAS CORPUS y/o ACCIÓN DE AMPARO A LA LIBERTAD de (su) patrocinado CARLOS ALEXANDER RONDÓN GUILLÉN (...) y en particular:

PRIMERO: Sea ordenada por esta Corte de Apelaciones la libertad de ipso facto de (su) patrocinado CARLOS ALEXANDER RONDÓN GUILLÉN, (...) a través de un mandamiento de habeas hábeas...

SEGUNDO: Sea declarado nulo de nulidad absoluta por ilegal e inconstitucional y sin ningún efecto jurídico, el decreto de medida privativa de libertad dictado en contra de (su) patrocinado, de fecha 09 de Enero del año 2.003, emanado del Juzgado Tercero en funciones de Control Penal del Primero Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar.” (sic)

 

II

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

                        Por cuanto, con fundamento en los artículos 266, cardinal 1, 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, letra b), de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, esta Sala declaró su competencia para el conocimiento de las apelaciones y consultas respecto de las sentencias que, en materia de amparo constitucional, dicten los Juzgados Superiores de la República. Por cuanto, en el caso de autos, el recurso fue ejercido contra el fallo que dictó, en materia de amparo constitucional, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, esta Sala se declara competente para la decisión del recurso en referencia. Así se decide.

 

III

DE LA SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

                        La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar falló sobre la pretensión de amparo en los términos siguientes:

“Asazmente estudiado y analizado el recurso interpuesto, observa este Tribunal de Alzada en voz de su ponente, que resulta evidente el errático camino tomado por los accionantes para censurar no sólo el acto atribuible a la juez recurrida sino también la situación referente a la libertad del ciudadano. En efecto al optar por la vía extraordinaria del amparo constitucional, con el objeto de plantear cuestionamientos para situaciones contempladas en nuestra ley penal adjetiva, se está omitiendo la interposición de los (sic) recursos de apelación contra las medidas supra reseñadas o también el del (sic) reclamo de la nulidad del acto que como sabemos se puede interponer o advertir en todo estado o grado del proceso, es decir por la vía ordinaria procesal pero nunca, a través de la vía extraordinaria sin que se haya agotado antes la anterior.

(...)

Conforme con lo anterior se hace incuestionable que la acción de amparo viene a constituir una herramienta jurídica que solo es admisible cuando no existan, estén agotados o resulten vacuos otras vías procesales para restablecer la situación jurídica infringida o presuntamente lesionada; al interpretar el Artículo citado [se refiere al artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales], se debe entender por contrario sensu, que de existir el medio procesal breve, no es admisible el Recurso de Amparo, en este sentido es menester recordar que se trata de una persona detenida donde los lapsos se acortan cuando se conoce de ella y he allí el medio procesal breve, indicado en la ley. En esta orientación es abundante la jurisprudencia de esta Corte que siguiendo el reiterativo criterio del Tribunal Supremo de Justicia ha manifestado que, de existir otros medios, el Juez debe abstenerse de admitir la acción de amparo.

Por otra parte es significativo señalar que del contenido de las actas de la audiencia de presentación y su posterior decisión transcurrida las veinticuatro (24) horas, se evidencia la firma del Abogado DARIO BARAZARTE, quien actúa como defensor del ciudadano sobre quien los accionantes acusan las lesiones de orden constitucional.

Consecuente con lo antes expuesto, considera esta Sala Única de la Apelaciones en este estado, que lo ajustado a derecho es declarar inadmisible la presente solicitud y así se declara.-”

 

IV

MOTIVACIÓN PARA LA DECISIÓN

            De autos se desprende que el ciudadano Carlos Alexander Rondón Guillén planteó pretensión de amparo contra las actuaciones del Juzgado Tercero de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, por cuanto consideró que las mismas son violatorias de sus derechos al debido proceso, la defensa y a la tutela judicial efectiva, ya que la medida privativa de libertad, que pesa sobre él, se expidió con violación a normas de orden público, ya que no contó con asistencia de abogado en la audiencia de presentación y las actuaciones carecen de la firma de los funcionarios competentes.

            La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, que conoció en primera instancia constitucional, declaró inadmisible la pretensión de amparo, por cuanto estimó que el demandante no ejerció los recursos ordinarios para la satisfacción de su pretensión, como lo eran el recurso de apelación y la solicitud de nulidad de las actuaciones, a tenor de lo que disponen los artículos 447 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal.

            Así, preceptúa el artículo 447, cardinal 4, del Código Orgánico Procesal Penal, que “Decisiones Recurribles. Son recurribles ante la corte de apelaciones las siguientes decisiones: (...) 4. Las que declaren la procedencia de una medida cautelar privativa de libertad o sustitutiva de libertad;”

                        Además, el artículo 190 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal establecen la posibilidad de que se solicite la nulidad de las actuaciones que se expiden con inobservancia o violación de los derechos y garantías fundamentales.

                        Asimismo, esta Sala concluye que la pretensión de amparo resulta inadmisible a tenor de lo que ordena el artículo 6, cardinal 5, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por cuanto no se evidencia que el demandante incoara el recurso ordinario de apelación contra la medida privativa de libertad, de conformidad con el artículo 447.4 que fue transcrito supra.

Al respecto, esta Sala Constitucional, en sentencia nº 848 del 28 de julio de 2000, caso: “Baca”, estableció que:

“...en materia procesal el legislador ha creado lapsos procesales para que se lleven a cabo actuaciones procedimentales, y al establecer esos términos, consideró que ellos eran aptos para que se pudieran realizar las actuaciones, lo que incluye las sentencias a dictarse en las causas, dentro del proceso signado por el principio de celeridad. Por ello, al dictarse una sentencia definitiva o interlocutoria apelable, si de ella resultase que se infringe algún derecho o garantía constitucional, no puede pensarse, que la situación no pueda ser reparada de inmediato si se apela, y la alzada decide dentro de los términos para ello.

Hace esta consideración la Sala, ya que detecta en el foro una tendencia a ocurrir al amparo ante cualquier acto u omisión procesal que una parte considera que lo perjudica, o ante cualquier fallo que subjetivamente una parte opina que la lesiona, siempre que a la actividad judicial se le atribuyan infracciones de índole constitucional. Sin embargo, si esas transgresiones existieran, y se apelase, sus efectos podrían muy bien ser enervados en un tiempo que impediría una lesión irreparable a la situación jurídica.

(...)

Sólo cuando la dilación judicial ponga en peligro inminente la reparabilidad de la situación jurídica, las partes podrán acudir al amparo, para lograr la finalidad que se procuraba ante el juez de la alzada, quien además es un protector de la Constitución, del restablecimiento de inmediato de la situación jurídica lesionada. Viene en estos casos, a ser el objeto del amparo, la dilación judicial como un hecho concurrente con la violación ya existente de los derechos y garantías violados por los actos, omisiones o sentencias judiciales, y que consolidan dichas infracciones.”

 

                        Así, estima esta Sala que no puede pretender el quejoso la sustitución, con el amparo, de los medios o recursos que dispone el ordenamiento procesal penal para la corrección del supuesto error en el que incurrió el órgano jurisdiccional, pues el mismo constituye la vía idónea para la garantía de la tutela judicial eficaz y sólo cuando no se obtenga una respuesta o haya una dilación procesal indebida, el interesado podrá acudir a la vía del amparo. La admisión de lo contrario llevaría a la desaparición de las rutas judiciales que estableció el legislador para el aseguramiento de los derechos e intereses de las partes dentro de un determinado proceso. Así se decide.

 

V

RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO CONSTITUCIONAL

                        La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 19, dispone la garantía que tiene toda persona para el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e independiente de sus derechos humanos, y es el Estado, a través de los órganos de Poder Público, quien tiene la obligación de garantizar la observancia y realización eficaz de tales derechos, conforme con el principio de progresividad y sin discriminación de ningún tipo.

                        Asimismo, el Título VIII de la Protección de la Constitución, Capítulo I de la Garantía de la Constitución, en el artículo 334, establece el deber que tienen todos los jueces de la República de asegurar la integridad del Texto Fundamental; ello, como máxima expresión de un Estado social de derecho y de justicia.

En este sentido debe esta Sala Constitucional, porque es guardián y garante del derecho positivo existente y en protección de los derechos humanos de los particulares, estar atenta ante cualquier situación que menoscabe un derecho o garantía esencial y que pueda producir una violación del orden público constitucional. Así las cosas, este órgano jurisdiccional puede, de oficio y en resguardo del orden público constitucional que pueda verse infringido por cualquier decisión, acto u omisión judicial de un tribunal de la República, dejar sin efectos dichas actuaciones judiciales, como garante de la integridad y supremacía de la Constitución, con el objeto del mantenimiento del orden jurídico y social.

Así pues, si un administrador de justicia no cumple con las normas, disposiciones y leyes, por negligencia, inobservancia o desconocimiento, y este incumplimiento deviene en una violación al orden público constitucional, ésta debe declararse de oficio por aquel Tribunal que tenga conocimiento de ese hecho, ya que está en juego la protección de los derechos constitucionales de las personas. 

Ahora bien, esta Sala Constitucional, no obstante que desestimó la pretensión de amparo bajo examen, pasa al restablecimiento del orden público constitucional que se transgredió, porque detectó su violación por causa de las omisiones injustificables de la Juez del Juzgado Tercero de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, en perjuicio del derecho fundamental al debido proceso del demandante.

                        En el caso de autos, el 9 de enero de 2003, se celebró, ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, la audiencia de presentación para oír al imputado por la supuesta comisión del delito de robo. En esa oportunidad la Juez de la causa se reservó el pronunciamiento de la decisión dentro de las 24 horas siguientes; no obstante no firmó el acta, así como tampoco lo hicieron la Secretaria, el Fiscal del Ministerio Público y tres de los Defensores de los imputados.

                        Posteriormente, la Juez de ese despacho libró la boleta de traslado de los imputados a la sede del Tribunal, la cual tampoco firmó.

                        El 10 de ese mismo mes y año continuó con la audiencia de presentación, en la cual dictó medida privativa de libertad en contra del quejoso y decretó medida sustitutiva de privación de libertad contra los otros tres imputados; no obstante la Juez, Amanda del Valle Quijada de Mendoza, no cumplió con las formalidades esenciales que se requieren para la validez de los autos, por cuanto tampoco firmó dicho auto en los que se recogió la audiencia de presentación y decretó la privación de libertad de una persona, el cual carece también de la firma del Fiscal del Ministerio Público y de tres de los defensores de los imputados.

                        Consecutivamente, el Juzgado Tercero de Control libró la boletas de encarcelación contra el ciudadano Carlos Alexander Rondón Guillén y las boletas de excarcelación respecto de los ciudadanos Alexis Perdomo Morales, Luis Vásquez y Guillermo Villanueva Guillén; e, igualmente, la Juez, Amanda del Valle Quijada de Mendoza, no firmó ninguna de estas actuaciones.

En efecto, de las copias certificadas que cursan en el expediente, se evidencia que las actas de nombramiento del defensor, tanto público como privado, de cada uno de los imputados no tiene firma de la juez del Juzgado de Control y en el nombramiento del defensor del imputado Guillermo Villanueva Guillén tampoco firmó la Secretaria del Tribunal.

En el auto en el cual se acuerda la solicitud fiscal de reconocimiento de los imputados no aparecen las firmas de la Juez, de las Defensoras Públicas de dos de los imputados, del Fiscal del Ministerio Público y de los testigos reconocedores. Asimismo, en las ocho actas de reconocimiento que están en el expediente aparece el mismo vicio, ya que no las firmó ni el Juez, ni el Fiscal del Ministerio Público, ni las Defensoras Públicas.

                        Ahora bien, dispone el artículo 174 del Código Orgánico Procesal Penal lo siguiente:

“Artículo 174. Obligatoriedad de la firma. Las sentencias y los autos deberán ser firmados por los jueces que los hayan dictado y por el secretario del tribunal. La falta de firma del Juez y del secretario producirá la nulidad del acto.”

 

Dicho artículo establece la obligatoriedad de la firma de las decisiones por los funcionarios que conforman el Tribunal, Juez y Secretario, para que éstas tengan validez, es decir, para que exista en el mundo jurídico una decisión de un Juzgado que es expedida por un Juez, éste debe firmarla, por cuanto él es la persona que está investida de autoridad para la administración de justicia y su firma es la que da la certeza jurídica de que ese acto decisorio se dictó.

                        Así, considera esta Sala que todos los actos que se mencionaron como carentes de firma están viciados de nulidad absoluta, y todas las actuaciones que se realizaron con posterioridad al auto que recogió la audiencia de presentación que no fue firmado por la Juez que la dictó y que, por lo tanto, no tenía vida en el mundo jurídico, son nulas, ya que la decisión que pronunció la medida privativa de libertad para uno y las medidas cautelares sustitutiva de privación de libertad para los otros es inexistente como consecuencia de que el funcionario, que con investidura de autoridad y que administró justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, no firmó su actuación.

                        En virtud de las consideraciones que se expusieron, esta Sala Constitucional, con el objeto de la garantía de una tutela judicial eficaz y un debido proceso, repone la causa al estado de que se realice una nueva audiencia de presentación, en la cual el Juez de Control correspondiente firme dicha actuación para que tenga validez, y se inicie, si fuera el caso, el proceso penal contra los ciudadanos Alexis Perdomo Morales, Luis Vásquez, Guillermo Villanueva Guillén y Carlos Rondón Guillén por la supuesta comisión del delito de robo, con el respectivo pronunciamiento sobre las medidas de coerción personal que correspondan. Así se decide.

Finalmente, esta Sala estima de suma gravedad todas las actuaciones que se encuentran en el expediente, ya que, en su mayoría, carecen de las firmas de los funcionarios actuantes y competentes, con lo cual no se garantizó la seguridad jurídica, el acceso a la justicia, una tutela judicial efectiva y el debido proceso para los imputados de autos. La evidente inobservancia y falta de aplicación de las normas que establece el Código Orgánico Procesal Penal amerita la remisión de copia certificada a la Inspectoría General de Tribunales, para que determine si estas omisiones generan responsabilidad disciplinaria por parte de la  Juez Amanda del Valle Quijada de Mendoza, así como de los integrantes de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar por inadvertencia y no corrección de aquellas.

En consecuencia, esta Sala ordena la remisión de copias certificadas del expediente a la Inspectoría General de Tribunal para que determine las responsabilidades disciplinarias a que haya lugar. Así se decide. 

 

VI

DECISIÓN

                        Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, CONFIRMA, en otros términos, la sentencia que fue objeto de consulta que dictó la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar el 21 de febrero de 2003 y declara INADMISIBLE la pretensión de amparo que planteó el ciudadano CARLOS ALEXANDER RONDÓN GUILLÉN contra la decisión que dictó el Juzgado Tercero de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar el 10 de enero de 2003. ANULA todas las actuaciones que cursen en el juicio penal posteriores a la audiencia de presentación que se celebró el 9 de enero de 2003. REPONE la causa al estado de que se celebre una nueva audiencia de presentación en la que firme el Juez de Control y los funcionarios correspondientes, haga el pronunciamiento pertinente sobre las medidas de coerción personal, y se continúe, si hay lugar a ello, el proceso penal al prenombrado quejoso.

Se ORDENA la remisión de copia certificada del expediente a la Inspectoría General de Tribunales para que determine si existe responsabilidad disciplinaria de los funcionarios actuantes.

                       

Publíquese, regístrese y devuélvase el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas,    a los 15 días del mes de febrero de dos mil cinco . Años: 194º de la Independencia y 145º de la Federación.

 

La Presidenta,

 

 

Luisa EstelLa Morales Lamuño

                  

El Vicepresidente,

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

           Magistrado Ponente      

 

 

 

Luis Vicencino Velázquez Alvaray

    Magistrado

 

 

 

 

Francisco Antonio Carrasquero López

                                Magistrado

 

 

 

 

 

 

 

MARCO TULIO DUGARTE PADRÓN

                                    Magistrado

 

 

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO

                                                               Magistrado Suplente

 

El Secretario,

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

PRRH.sn.ar.

Exp. 03-0820

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