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Sentencia N.º 16

Sentencia
N.º 16
Fecha
05/04/2001
Sala
Casación Civil
Expediente
00-993
Ponente
Carlos Oberto Vélez
Procedimiento
Recurso de Hecho


 


SALA DE CASACION CIVIL

Caracas,  05  de  abril 2001. Años: 190º y 142º

 

 

         En el juicio por acción mero declarativa de derecho de autor incoado ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por la sociedad de comercio que se distingue con la denominación mercantil NINTENDO OF AMERICA INCORPORATED, representada judicialmente por los abogados en el ejercicio de su profesión Carlos Bachrich Nagy, Sonia Gutiérrez, Rene de Sola Quintero, Arturo de Sola Lander, Irene de Sola Lander, María del Rosario Quintero y Gianfranco Di Lodovico Muzzurro, contra las sociedades mercantiles NINTENDO DE VENEZUELA C.A., ATARI MUNDIAL C.A., INTELLIGENT GAMES DE VENEZUELA C.A., ALMACEN ELECTRÓNICA ROYAL C.A., y el ciudadano ISRAEL RAPAPORT KOFFMAN, todos patrocinados por los profesionales del derecho Sebastián Alvarez Ramírez y Alejandro González; el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, con competencia funcional jerárquica vertical, dictó sentencia en fecha 26 de julio de 2000, mediante la cual declaró sin lugar las apelaciones propuestas por las codemandadas, contra la sentencia de fecha 05 de abril de 1999, dictada por el Tribunal de la causa y con lugar la acción mero declarativa, condenándose, por vía de consecuencia, en costas a los codemandados.

 

         Contra el fallo proferido, el profesional del derecho Sebastián Alvarez Ramírez, representante judicial de las codemandadas, anunció recurso de casación en fecha 16 de octubre de 2000, el cual fue declarado inadmisible por auto de fecha 18 de octubre de 2000, con fundamento en que, el interés principal del juicio no excede de cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,oo).

 

         Contra la negativa de admisión del referido recurso de casación, el apoderado judicial de las codemandadas, propuso recurso de hecho en fecha 24 de octubre de 2000.

 

Concluida la substanciación del recurso, pasa la Sala a dictar su máxima decisión procesal, bajo la ponencia del Magistrado quien con tal carácter suscribe el presente fallo, y lo hace previas las siguientes consideraciones:

 

I

 

         A partir del 22 de abril de 1996, comenzó a regir la cuantía establecida por el Decreto Nº 1.029, emanado de la Presidencia de la República, superior a cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,oo) para las decisiones definitivas dictadas en juicios civiles y mercantiles, y las dictadas por los Tribunales Superiores que conozcan en apelación de laudos arbitrales; y de más de tres millones de bolívares (Bs.3.000.000,oo) para las sentencias recaídas en juicios laborales y agrarios.

        

         En el caso in comento, constata la Sala del examen del escrito de demanda, el cual riela al folio (50) de los que conforman este expediente, que el interés principal del juicio no excede de la suma de cinco millones de bolívares, contemplado en el Decreto Presidencial Nº 1.029 para la admisión del recurso de casación, pues el interés principal de este juicio fue estimado en la cantidad de UN MILLON BOLIVARES (Bs. 1.000.000,oo), sin que conste en autos alguna impugnación por parte de los codemandados en relación a la cuantía estimada en el escrito de demanda.

 

En este mismo orden de ideas, la Sala, en sentencia de fecha 31 de octubre de 2000, con ponencia del Magistrado que suscribe, caso: Filomena Napolitano Scotti c/ Pierre Claus y otros,  expediente Nº 00-082, estableció lo siguiente:

 

“…En el presente asunto, ni el actor ni el demandado probaron nada, por lo que le correspondería a esta Sala establecer definitivamente la cuantía del juicio y ésta no puede ser otra que el monto de lo reclamado en el libelo de la demanda, y como se ha expuesto anteriormente, el monto total de las sumas reclamadas asciende a la suma de cuatro millones cuatrocientos cincuenta mil ochocientos noventa y cuatro con 00/30 bolívares (Bs. 4.450.894,30). Considerado lo anterior, la Sala pasa a determinar la admisibilidad del recurso propuesto contra la decisión de fecha 3 de febrero de 2000, dictada en el juicio por indemnización de daños materiales provenientes de accidente de tránsito, al respecto observa que, para el momento de su publicación, ya se encontraba en vigencia el decreto 1.029 del 22 de abril de 1996, que fija como cuantía mínima para acceder a casación en los juicios civiles y mercantiles, el exceso de la suma de cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,00). Sin embargo, en el caso de autos, como se estableció, la cuantía se fijó en la suma de cuatro millones cuatrocientos cincuenta mil ochocientos noventa y cuatro con 00/30 bolívares (Bs. 4.450.894,30), es decir, por un monto inferior al previsto para acceder a la casación mediante el ejercicio de recurso correspondiente, que para este caso en particular debe declararse inadmisible, tal como se hará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo de este fallo. Asi se decide.”

 

         Por otra parte, los recurrentes alegan en el escrito consignado en fecha 15 de enero de 2001, ante esta Sala de Casación Civil, que para el momento el cual la demanda, es decir, en fecha 27 de julio de 1995, la competencia, en razón de la cuantía para el ejercicio del recurso de casación, exigía que el interés principal del juicio superara el monto de doscientos cincuenta mil bolívares (Bs. 250.000,00), por lo cual solicitan a este Alto Tribunal, la no aplicación de la cuantía establecida en el Decreto Nº 1.029, con base en que el presente juicio se inició bajo el régimen de la cuantía anterior.

 

Al respecto, la Sala observa que la nueva cuantía prevista en el Decreto–Ley, se dejó de aplicar solamente, en los casos de los recursos anunciados antes de la fecha de entrada en vigencia del citado Decreto, el día 22 de abril de 1996, sin importar a tales efectos, la fecha de interposición o admisión de la demanda. Por tanto, el presente recurso de casación anunciado por los codemandados en fecha 16 de octubre de 2000, está sometido al cumplimiento de la cuantía establecida en dicho Decreto, por ser uno de los requisitos establecidos para la admisibilidad del recurso de casación, tal como lo establece el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil.

       

            Por tales razones, se encuentra ajustado a derecho el auto dictado por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas, mediante el cual declaró inadmisible el recurso de casación anunciado contra la sentencia proferida en fecha 26 de julio de 2000, por lo que se declara sin lugar el recurso de hecho propuesto. Así se decide. 

 

II

 

         Esta Sala no puede pasar por alto la censurable conducta del abogado Sebastián Alvarez Ramírez al intentar un recurso de casación en un juicio cuyo interés principal no supera la cuantía exigida para la admisibilidad de dicho recurso extraordinario.

 

         El proceso, por su naturaleza y fines, requiere que las partes, apoderados y abogados asistentes observen un adecuado comportamiento, pues es deber insoslayable de los intervinientes en el mismo, colaborar con la recta administración de justicia, en conformidad con el artículo 8 del Código de Ética Profesional del Abogado. Además, deben actuar en el proceso con lealtad y probidad, exponiendo los hechos de acuerdo con la verdad y no interponiendo defensas manifiestamente infundadas, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil; y se presume, salvo prueba en contrario, que la parte ha actuado con temeridad o mala fe cuando deduzca en el proceso pretensiones o defensas, principales o incidentales, manifiestamente infundadas y cuando maliciosamente alteren u omitan hechos esenciales a la causa, o cuando obstaculicen el desenvolvimiento normal del proceso, en conformidad con lo establecido en el artículo 170, Parágrafo Único del mismo Código.

 

         En este sentido, el Tribunal Constitucional Español mediante sentencia Nº 104/90 de fecha 04 de junio de 1990, estableció que “no se obra con la necesaria probidad y buena fe al formular la demanda basada en premisas fácticas que tanto el actor como su letrado deberían saber que eran contrarias a la verdad, desconociendo así la obligación de buena fe que debe respetarse en todo tipo de procedimiento… e incurriendo en temeridad y abuso de derecho”. Mutatis mutandi, igualmente actúa con temeridad y abuso de derecho el abogado que anuncia recurso de casación en un juicio que no alcanza la cuantía necesaria para la admisibilidad del señalado recurso extraordinario.

 

Por lo anteriormente indicado, esta Sala, de conformidad con el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, considera necesario apercibir severamente al abogado Sebastián Alvarez Ramírez,  que debe abstenerse, en lo sucesivo, de incurrir en tal conducta, no sólo en este asunto, sino en cualquier otro que le corresponda asistir o representar intereses ajenos; y para evitar que tal comportamiento vuelva a repetirse, se ordena oficiar al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Distrito Capital, para que resuelva, sobre la procedencia o no de medida disciplinaria contra el prenombrado profesional del Derecho, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 61 y 63 de la Ley de Abogados. Así se decide.

 

D E C I S I Ó N

 

         En mérito de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de hecho propuesto contra el auto de fecha 18 de octubre de 2000, dictado por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas,  denegatorio a su vez del recurso de casación anunciado contra el fallo definitivo de fecha 26 de julio de 2000, emanado del referido Juzgado.

 

         De conformidad con lo previsto en la Ley, se condena al recurrente al pago de las costas del recurso.

 

         Debido al amplio conocimiento que tiene el foro nacional de la doctrina reiterada y consolidada de la Sala, acerca del expresado requisito de la cuantía consagrado por el ordenamiento procesal, que se aplica desde su vigencia, esta Sala considera que la interposición del presente recurso de hecho ha sido efectuado en forma maliciosa, con el fin de retardar indebidamente la ejecución de la sentencia definitiva. En razón de ello, con fundamento en la parte in fine del artículo 316 del Código de Procedimiento Civil, se impone a la recurrente multa por la cantidad de veinte mil bolívares (Bs. 20.000,oo), a cuyo efecto se ordena al Tribunal de la causa expedir la correspondiente planilla de liquidación para ser pagada en una oficina receptora de fondos nacionales, dependiente del Ministerio de Hacienda.

        

             Conforme a lo ordenado ofíciese con copia certificada de la presente decisión al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Distrito Capital, para que resuelva, sobre la procedencia o no de medida disciplinaria en cuestión.

 

         Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Particípese de esta decisión al Juzgado Superior de origen anteriormente mencionado, de conformidad con lo establecido por el artículo 316 del Código de Procedimiento Civil.       

 

El Presidente de la Sala,

 

 

_________________________

FRANKLIN ARRIECHE G.

 

                                                                                

 

 

El Vicepresidente y ponente,

 

 

_____________________________ 

CARLOS OBERTO VÉLEZ

 

 

 

Magistrado,

 

 

_____________________________

ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ

 

 

La Secretaria,

 

 

­­­­_____________________________

ADRIANA PADILLA ALFONZO

  

EXP. Nº 2000-000993

 

 

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