Sentencia N.º 16
- Sentencia
- N.º 16
- Fecha
- 16/02/2001
- Sala
- Casación Civil
- Expediente
- 99-669
- Ponente
- Carlos Oberto Vélez
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
SALA DE CASACION CIVIL
Magistrado Ponente: CARLOS OBERTO VÉLEZ
En el juicio que por partición y liquidación de herencia inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, el ciudadano PEDRO IGNACIO HERRERA MATA, asistido legalmente por el profesional del derecho, abogado Yugerson Falcón, contra los ciudadanos JOSE IGNACIO HERRERA PEREZ y BERTA PEREZ DE HERRERA, patrocinados por los profesionales del derecho Lionel Páez Goizueta, Juan E. Rondón, Nora M. Agüero y Yuri Victoria García Cabrile; el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores del Segundo Circuito de la preindicada Circunscripción Judicial, en fecha 18 de junio de 1999, dictó sentencia por la cual declaró con lugar la demanda, confirmando asi la decisión apelada. Se condenó a la demandada, al pago de las costas procesales.
Contra el fallo proferido, anunció recurso de casación la demandada, el cual, una vez admitido fue formalizado. Hubo impugnación.
Concluida la substanciación y siendo la oportunidad para decidir, pasa la Sala a dictar su máxima decisión procesal, bajo la ponencia del Magistrado quien con tal carácter suscribe el presente fallo y lo hace previas las siguientes consideraciones:
CASACIÓN DE OFICIO
Conforme al cambio doctrinario impuesto por esta Sala en fallo de fecha 24 de febrero de 2000, actualmente el Tribunal está facultado para casar de oficio las sentencias sometidas a su consideración, sin que medien para éllo ninguno de los supuestos que antes se exigían, siendo sólo necesario que se detecte en éllas -las sentencias recurridas- infracciones de orden público y constitucionales como lo señala el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, y que tales infracciones no hayan sido objeto de la denuncia respectiva atendiendo siempre a los postulados del artículo 23 eiusdem.
En el presente caso, esta Sala observa, advertida por el formalizante, que existe un vicio en la citación de las partes que debe ser considerado de orden público.
Efectivamente, el ciudadano Pedro Ignacio Herrera Mata demandó por partición y liquidación de herencia a dos de los coherederos del fallecido José Ignacio Herrera Barrios. Junto con el escrito de demanda, la accionante anexó como documento fundante de su pretensión, entre otros, la partida de defunción del de cujus.
La referida partida de defunción, es del tenor siguiente:
...que hoy veinticuatro de Enero (Sic) de mil novecientos noventa y siete, Compareció ante este Despacho HOMERO HERRERA, C.I. 12.781.894 mayor de edad y de este domicilio y expuso que el día de ayer a las seis y treinta post-meridiem, en el Hospital Vargas, de esta jurisdicción falleció JOSE YGNACIO (Sic) HERRERA BARRIOS, de las noticias adquiridas aparece que el finado tenía sesenta y seis años de edad, Médico, natural de Calabozo, Estado Guárico, C.I. 938.517, hijo de JOSE HERRERA Y DE JUANA BARRIOS (ambos difuntos) CASADO CON: BERTHA PEREZ DE HERRERA, de cincuenta y seis años de edad natural de Madrid, España, del hogar. Deja tres hijos mayores de edad de nombre: PEDRO/MERLY Y JOSE. Deja bienes de fortuna....
Como se evidencia, a pesar que la demanda se intentó sólo contra José Ignacio Herrera Pérez y Berta Pérez de Herrera, supuestos únicos herederos junto al demandante, según indica este último en su libelo, de la partida de defunción antes transcrita se destaca la existencia de un cuarto heredero de nombre Merly Herrera. Calidad de heredera que se puede observar también de la planilla de liquidación sucesoral que riela inserta a los folios 106 al 110 de los que integran el presente expediente.
Ahora bien, siendo extraíble de los documentos presentados con la demanda, la presunción de existencia de otro condómino que debió ser demandado, el juez de la primera instancia sólo ordenó la citación de los dos codemandados indicados en el libelo de la demanda, como son José Ignacio Herrera Pérez y Berta Pérez de Herrera, omitiendo toda citación sobre Merly Herrera.
La obligación del juez de efectuar la referida citación, aun cuando expresamente no hubiese sido demandada la mencionada ciudadana, viene contenida en el artículo 777 del Código de Procedimiento Civil que, en su parte pertinente, indica: ...si de los recaudos presentados el Juez deduce la existencia de otro u otros condóminos, ordenará de oficio su citación. Norma que entiende la existencia de una comunidad hereditaria en los procesos de partición de herencia, que provoca, cuando son mas de uno los herederos, la constitución de litis consorcios necesarios, ya sean activos o pasivos, para que la declaratoria judicial que recaiga en el procedimiento no excluya a ninguno y, de esta manera, no se condene o favorezca a quien no haya sido parte en el juicio y tenga derechos sobre los bienes a partir.
La citación de Merly Herrera, en el presente proceso era por tanto, obligatoria, por lo que al no verificarse la misma en las actas del expediente se produce la nulidad del acto de citación.
Esta obligación en el cumplimiento de la citación es una consecuencia directa del principio procesal contenido en el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que en los actos procesales se deben cumplir las formas preestablecidas en la ley, salvo cuando no existan las mismas, casos en los que el juez podrá aplicar por analogía la forma que considere mas conveniente; en concordancia con el artículo 4 del Código Civil, que advierte cual es el sentido que se le debe atribuir en todo momento a la Ley. Asimismo, la jurisprudencia de este Tribunal ha mantenido la obligatoriedad, por parte de los jueces, no sólo de cumplir con las normas legales, sino de imponerlas en los procesos sin mayores interpretaciones, cuando éstas son claras y no cabe duda en cuanto su contenido y alcance.
Respecto a este necesario acatamiento de las normas procesales y de la no interpretación cuando las mismas son claras, esta Sala en ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe ésta, en fecha 14 de junio del año que discurre, en el caso Yajaira López contra Carlos Alberto López Méndez y otros, dejó establecido, lo siguiente:
Con base al análisis precedente realizado en el caso bajo estudio, considera la Sala, que efectivamente el Juez Superior del conocimiento incurrió en error de interpretación de las previsiones contenidas en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, al deducir, que fueron excluidas las pretensiones de la actora, en razón de haberse mencionado únicamente en el auto de admisión, la de simulación de contrato de compra venta, asi mismo inobservó al no aplicar ni tomar en cuenta el contenido y alcance programático del el (Sic) artículo 4 del Código Civil, que expresa:
A LA LEY DEBE ATRIBUIRSELE EL SENTIDO QUE APARECE EVIDENTE DEL SIGNIFICADO PROPIO DE LAS PALABRAS, SEGÚN LA CONEXIÓN DE ELLAS ENTRE SÍ Y LA INTENCIÓN DEL LEGISLADOR, y la doctrina del Supremo Tribunal de Justicia (Sic) en Sala Político Administrativa de fecha 7 de marzo de 1951, cuya parte pertinente, a la letra, dice:
Cuando la Ley es diáfana muestra su propia transparencia; cuando la ley es clara, ella misma refleja la imagen de su contenido de una manera sencilla y natural; sin un gran trabajo de la mente, sin mayor esfuerzo de raciocinio, por lo cual el juez la aplica sin propiamente interpretarla según las reglas clásicas de interpretación, pues en este caso es cuando se entiende el adagio que dice que cuando la Ley es clara no necesita interpretación.
Principio procesal así también sostenido por el autor R. Marcano Rodríguez, en su obra Apuntaciones Analíticas, tomo I, 1960, pág. 188, quien señala que cuando la ley impone una formalidad, ésta debe ser cumplida.
Por tanto, en aplicación de las consideraciones anteriores y de la doctrina supra transcrita, se observa que el juez en aplicación exacta del artículo 777 del Código de Procedimiento Civil, debió ordenar la citación referida; al no hacerlo, se declara la infracción, por la alzada, de dicha norma procesal.
Es importante destacar si bien es cierto que el acto de comunicación procesal de citación, es una formalidad necesaria (art. 215 c.p.c.), no es menos cierto que, no es esencial para la validez del juicio; en este sentido, se hace necesario mencionar que la falta absoluta de ésta o la irregularidad en su práctica, puede ser subsanada con la presencia de la parte interesada, ya que no se trata de nulidad absoluta y además que, el acto viciado habría alcanzado su fin al poner a la misma en conocimiento del juicio que en su contra se interpone.
Ahora bien, si tales vicios que configuran la irregularidad del acto de citación o la falta absoluta de la misma, no son subsanados por la parte, ya sea porque nunca se presentó en el juicio, o presentándose alegó el vicio y pidió la reposición, no atendida, se le quebranta a ésta su derecho de defensa, ya que la omisión o error del juez en ordenar correctamente la citación, le niega a la no citada toda oportunidad del libre ejercicio de los medios y recursos que la ley pone a su alcance para hacer valer sus derechos, cercenándose con éllo el debido proceso.
En este sentido, la Sala ha afirmado que la falta absoluta de la citación interesa al orden público, por sentencia Nº 422, de fecha 8 de julio de 1999, expediente 98-505, la cual expresa:
...La jurisprudencia de la Sala de Casación Civil ha ido delimitando esas áreas que en el campo del proceso civil interesan al orden público, y en tal sentido ha considerado que encuadran dentro de esta categoría, entre otras, las materias relativas a los requisitos intrínsicos de la sentencia, a la competencia en razón de la cuantía o de la materia, a la falta absoluta de citación del demandado y a los trámites esenciales del procedimiento.... (Resaltado por la Sala)
Ahora bien, al verificarse que, tanto la sentencia definitiva de primera instancia como la recurrida, declararon con lugar la acción de partición y liquidación de herencia, ordenándose, en consecuencia, la partición del patrimonio del de cujus, solamente entre Pedro Ignacio Herrera Mata, José Ignacio Herrera Pérez y Berta Pérez de Herrera; esta Sala de Casación Civil, estima que se le quebrantó a la ciudadana Merly Herrera su derecho de defensa, al no citársele al proceso para que hiciera valer sus consideraciones, alegatos y defensas; asi como el grave daño que se le está causando, al excluirla de la partición de los bienes heredados que, como se evidencia de la citada planilla de liquidación sucesoral, élla, como parte de la comunidad hereditaria posee derechos y debe formar parte de la referida partición de bienes.
En consecuencia, la recurrida al no ordenar la reposición de la causa al estado que se practique la citación de la referida ciudadana Merly Herrera, violó el artículo 208 del Código de Procedimiento Civil, que le impone reponer la causa cuando verifique la existencia de acto nulo; y el artículo 15 eiusdem, al omitir y no ordenar corregir la falta absoluta de la citación de una de los condóminos en el proceso de partición de herencia y negarle, por tanto, toda oportunidad de ejercer los medios o recursos que considere necesario para la defensa de sus derechos e intereses, quebrantando de esa manera, la recurrida, formas sustanciales de los actos que menoscaban el derecho de defensa de la prenombrada Merly Herrera, cuestión que interesa al orden público, situación esta que activa la facultad de la Sala para casar de oficio la decisión cuestionada y declarar la nulidad de todo lo actuado en el proceso hasta la oportunidad que se ordene la citación omitida, tal como se hará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo del presente fallo. Asi se decide.
DECISIÓN
Por las razones expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA DE OFICIO el fallo recurrido, dictado por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, en fecha 18 de junio de 1999, que declaró con lugar la demanda de partición y liquidación de herencia; SE REPONE la causa a la oportunidad que se ordene la citación de la condómina Marly Herrera y, en consecuencia, se declara NULA la sentencia recurrida, antes referida, la sentencia definitiva de primera instancia dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la precitada Circunscripción Judicial, en fecha 23 de septiembre de 1998, y todos los actos consecutivos al acto de la citación, de conformidad con el artículo 211 del Código de Procedimiento Civil.
Por la índole de la decisión, no ha lugar la condenatoria en costas.
Publíquese, regístrese y remítase este expediente al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa; comuníquese esta decisión al Juzgado Superior de origen, todo de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los dieciséis ( 16 ) días del mes de febrero de dos mil uno. Años: 190º de la Independencia y 141º de la Federación.-
El Presidente de la Sala,
____________________________
FRANKLIN ARRIECHE G.
El Vicepresidente-Ponente,
_________________________
CARLOS OBERTO VÉLEZ
Magistrado,
_________________________
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
La Secretaria,
___________________
ADRIANA PADILLA ALFONZO
Exp. Nº 99-669
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