Venley

Sentencia N.º 160

Sentencia
N.º 160
Fecha
28/02/2012
Sala
Constitucional
Expediente
11-0917
Ponente
Marcos Tulio Dugarte Padrón
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

Exp. Nº 11-0917

Magistrado Ponente: Marcos Tulio Dugarte Padrón

Mediante escrito presentado el 21 de julio de 2011, ante esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el ciudadano NÉSTOR JOSÉ HERNÁNDEZ CASTRO, titular de la cédula de identidad N° 12.029.050, asistido por la abogada Raisha Grooscors Bonaguro, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 57.500, ejerció acción de amparo constitucional contra la sentencia N°2011-0031 del 27 de enero de 2011, dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, mediante la cual declaró: (i) su competencia para conocer el recurso de apelación que ejerció el recurrente contra la sentencia que dictó el 28 de enero de 2005, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, que declaró improcedente el recurso contencioso administrativo funcionarial e inadmisible el amparo cautelar interpuesto contra el Instituto Autónomo del Cuerpo de Bomberos de Valencia; (ii) sin lugar la apelación ejercida; y (iii) confirmó el fallo apelado.

 

El 28 de julio de 2011, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón, quien con tal carácter, suscribe la presente decisión.

I

Fundamentos de la Acción de AMPARO

Narró el accionante, para fundamentar su acción de amparo constitucional, los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

Que “desde el 16 de agosto de 1991, comenz(ó) a desempeñar(se) como Bombero de línea en el mencionado Instituto, y siempre tuv(o) una conducta intachable en la realización de (sus) labores como tal, sin embargo, en fecha 15 de septiembre de 1999, según Resolución N° 041-99, suscrita por el Tcnel (sic) Carlos Peña, en su carácter de Comandante del Cuerpo de Bomberos de Valencia, resolvió suspender(lo) indefinidamente de sus servicios como bombero, asimismo se resuelve notificar el contenido de la resolución de conformidad con lo establecido en la ley…es importante resaltar que el contenido de la resolución nunca (le) fue notificada por escrito, sin embargo el mayor (sic) Alberto Franco, en su condición de Jefe de Recursos Humanos, (lo) desincorporó de (sus) labores, sin que le fuera entregada siquiera la resolución N° 041-99, a la cual hace mención (…) ”.

Que “en fecha 14 de diciembre de 1999, solici(ó) por escrito al Comandante General del Cuerpo de Bomberos de Valencia que en virtud de haber transcurrido tres meses de la suspensión se estudiara nuevamente (su) caso con el objeto de otorgar(le) la gracia y el perdón, para el reintegró (sic) en las filas de la institución de acuerdo a lo establecido en el artículo del reglamento disciplinario, ya que no sabía cual (sic) era (su) falta y menos aún, consideraba que (su) falta fuera merecedora de tal sanción”.

Que “el 27 de diciembre de 1999, present(ó) una comunicación al Presidente del Instituto Autónomo Municipal Cuerpo Bomberos de Valencia, solicitándole fuera estudiado (su) caso con el objeto de reincorporar(se) a (sus) actividades como Bombero (…)”.

Que el 31 de marzo de 2000, nuevamente le solicitó al Presidente del Instituto estudiara su caso, ya que aún no había recibido respuesta de la comunicación que le había enviado anteriormente.

Que la decisión arbitraria de desincorporarlo de su cargo lesiona su derecho al trabajo y, en consecuencia, su derecho al salario, lo cual afecta directamente a su familia y los derechos de sus hijos menores.

Que por estas razones solicitó conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la nulidad de la Resolución N° 041-99, mediante la cual lo suspendieron indefinidamente del cargo, siendo declarada improcedente el 28 de febrero de 2005, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo  de la Región Centro Norte.

Que el Juzgado Superior consideró que el recurso de nulidad se ejerció contra la Resolución N° 041-99 del 15 de septiembre de 1999 y no contra la Resolución N° 152-2002 del 4 de junio de 2002, cuando señaló en el escrito contentivo del recurso ‘es así como en fecha 04 de junio de 2002 me notificaron por medio de Oficio externo Nro. 152-2002, el cual dice ‘Mediante el presente me dirijo a Usted, a fin de extenderle un cordial saludo y a la vez notificarle que previa reunión extraordinaria efectuada el 04/06/2002 por el consejo disciplinario de esta institución, cumplo con informarle que motivado al tiempo transcurrido de la sanción disciplinaria de la cual fue objeto el 14 09 del 99 (sic), su solicitud de reincorporación a esta organización bomberil no es procedente, dado que a esta fecha ya prescribió y su plaza fue sustituida por otro efectivo’.

Que se percibe claramente que con la resolución del 4 de junio de 2002, quedó firme ese acto del 15 de septiembre de 1999.

Que la sentencia recurrida no tomó en consideración que se trata de un proceso donde se están ventilando derechos laborales que entran para su reclamación dentro de la esfera administrativa, por lo cual ninguna decisión  se debe tomar, apartada del principio de la hermenéutica jurídica.

Que en este sentido, son aplicables las garantías constitucionales  que ha previsto el Estado venezolano, para que no se sacrifique a la justicia, por formalidades que no encuadran en la verdad del procedimiento.

Que la incertidumbre generada en la presente situación, ha debido ser detectada por el propio juzgador, para mantener en equilibrio procesal a ambas partes, pues la Administración incurrió en un acto arbitrario, que no fue sancionado por el juzgador, pero a él como administrado sí le aplicó el formalismo improcedente.

Que permaneció latente la primera Resolución de 1999, dado que la misma fue sometida a una condición indefinida, que interrumpió todo lapso de caducidad o prescripción.

Que el ordinal 2 del artículo 1.965 del Código Civil, dispone que no corre la prescripción, mientras la condición no esté cumplida, lo cual por analogía se puede aplicar al presente caso.

Que la Sentencia objeto de revisión, pudo verificar estos aspectos y de igual forma determinó la subversión del orden jurídico de la sentencia apelada y confirmó la misma.

En este sentido cita sentencia de esta Sala Constitucional  N° 77 del 9 de marzo de 2000, en la que se determinó cuándo se está en presencia de una violación del orden público constitucional.

Que bajos esas premisas, lo procedente y ajustado a derecho, en reguardo de los justiciable y en aplicación a la tutela judicial efectiva era que en la sentencia cuya revisión se solicita se hubiese declarado con lugar la apelación.

Que en el presente caso se vulneraron los artículos 2, 19, 21, 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al confirmar la alzada un fallo que había determinado una subversión procesal.

Solicita “con el máximo respeto, que se admita el presente amparo constitucional con la urgencia del caso, una vez sustanciado conforme a derecho, para lograr la justicia”.

II

DE LA SENTENCIA ACCIONADA

La decisión objeto de la presente acción de amparo, fue dictada el 27 de enero de 2011, por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, que declaró: (i) su competencia para conocer el recurso de apelación que ejerció el recurrente contra la sentencia que dictó el 28 de enero de 2005, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, que declaró improcedente el recurso contencioso administrativo funcionarial e inadmisible el amparo cautelar interpuesto contra el Instituto Autónomo del Cuerpo de Bombero de Valencia; (ii) sin lugar la apelación ejercida; y (iii) confirmó el fallo apelado, sobre la base de las siguientes consideraciones:

“El Juzgado A quo en la sentencia impugnada declaró Improcedente el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto conjuntamente con amparo cautelar, por cuanto consideró que dicho recurso había sido interpuesto extemporáneamente.

En este sentido, es necesario para esta Corte citar lo contenido en el parágrafo único del artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual dispone lo siguiente:

(…)

De la norma parcialmente transcrita, se desprende, que ciertamente al interponerse un recurso de nulidad conjuntamente con amparo cautelar queda a salvo el estudio de los supuestos de inadmisibilidad relativos a la caducidad de la acción, en observancia de lo establecido en el artículo supra transcrito, además la misma permite la interposición de los recursos contencioso administrativo aún cuando hubieren transcurrido los lapsos de caducidad establecidos en la ley, siempre que se fundamente en la violación de un derecho o garantía constitucional.

A tal efecto, ha sido establecido por el Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 16 de noviembre de 2005, (caso: Manuel Piñeiro, Raquel Pacheco Y Jassmín Mijares, contra el Colegio De Médicos Del Estado Miranda) a fin de conciliar la previsión legal en estudio con el principio fundamental de la seguridad jurídica, superando con ello el criterio sostenido en decisiones anteriores, lo siguiente:

(…)

En tal sentido, ha sido criterio jurisprudencial del Máximo Tribunal que al interponerse conjuntamente la acción de amparo con alguna acción contencioso-administrativa, el juzgador, para poder dar cumplimiento a la previsión del parágrafo único del artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo, deberá obviar las causales de inadmisibilidad -legalmente excluidas- del recurso contencioso administrativo, referente a la caducidad de la acción, para proceder a la tramitación y decisión de éste.

Así pues, este Órgano Jurisdiccional considera que el Juzgado A quo evidentemente emitió un pronunciamiento con relación al amparo cautelar solicitado declarándolo inadmisible, pero subvirtiendo el orden procesal al emitir un pronunciamiento previo en torno a la caducidad del recurso principal, lo cual evidencia una gran carestía de la forma en que debe desarrollarse el cuerpo de la sentencia desde una perspectivas lógica y jurídica.

No obstante lo anterior, advierte esta Corte que resultaría inoficioso ordenar al Juzgado A Quo nuevamente un pronunciamiento sobre la admisibilidad de la presente causa ya que, siendo el acto administrativo impugnado la Resolución Nro. 041-99, de fecha quince (15) de septiembre de 1999, y visto que el recurso contencioso administrativo interpuesto conjuntamente con amparo cautelar es de fecha 4 de septiembre de 2002, ha transcurrido con creces el lapso que tenía el recurrente para el ejercicio de su pretensión, ello de conformidad con el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, que impone declarar la caducidad de la acción propuesta y en consecuencia su Inadmisibilidad, tal como hizo el Juzgado A quo en la sentencia impugnada.

En virtud de las consideraciones anteriores resulta forzoso para esta Corte declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto; en consecuencia, CONFIRMA la sentencia apelada. Así se decide”.

III

DE LA COMPETENCIA

Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer del presente caso y, a tal efecto, observa:

De conformidad con lo establecido en el artículo 25.20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia esta Sala es competente para el conocimiento de las demandas de amparo constitucional autónomo que se ejerzan contra las decisiones que dicten, en última instancia, los juzgados superiores de la República, salvo la de los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo.

De esta forma, visto que en el caso bajo estudio, la presente demanda de amparo constitucional ha sido ejercida contra una decisión dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, esta Sala se declara competente para conocer la acción propuesta; y así se decide.

 

 

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

En la oportunidad de decidir, esta Sala observa:

Consta en autos que el 21 de julio de 2011, el ciudadano Néstor José Hernández Castro, antes identificado y asistido de abogado, interpuso la presente acción de amparo, siendo que hasta los momentos no ha vuelto actuar en la presente causa, transcurriendo más de seis (6) meses desde la fecha de su interposición.

En criterio de esta Sala, esa conducta pasiva de la parte actora, quien afirmó precisar la tutela urgente y preferente del amparo constitucional hace más de seis (6) meses, es lo que se ha calificado como abandono del trámite. Así, esta Sala en decisión Nº 982 del 6 de junio de 2001 (caso: José Vicente Arenas Cáceres), sostuvo lo siguiente:

“ (...)En criterio de la Sala, el abandono del trámite a que se refiere el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales puede asumirse –entre otros supuestos, como la falta de comparecencia a la audiencia constitucional- una vez transcurrido un lapso de seis meses posteriores a la paralización de la causa por falta de interés procesal de la parte actora. Ello es producto del reconocimiento, a partir de signos inequívocos –el abandono, precisamente- de que dicha parte ha renunciado, al menos respecto a esa causa y a este medio procesal, a la tutela judicial efectiva y al derecho a una pronta decisión que le confiere la Constitución; por otra parte, y desde otro punto de vista, el principio de la tutela judicial efectiva no ampara la desidia o la inactividad procesal de las partes (Resaltado añadido).

(...)

En efecto, si el legislador ha estimado que, como consecuencia de ese carácter de urgencia que distingue al amparo, la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales, por más de seis meses, entraña el consentimiento de la misma y, por tanto, la pérdida del derecho a obtener protección acelerada y preferente por esa vía, resulta lógico deducir que soportar, una vez iniciado el proceso, una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del trámite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquélla situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales.

(...)

De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la inactividad por seis (6) meses de la parte actora en el proceso de amparo, en la etapa de admisión o, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y, con ello, la extinción de la instancia. Así se declara”.

De manera, que conforme a la doctrina parcialmente transcrita, los que soliciten la tutela de sus derechos fundamentales, deben mantener a lo largo del proceso el interés en la obtención de la tutela urgente y preferente que consiste en el medio constitucional del amparo y ello se demuestra mediante la presentación de escritos o diligencias en los que tal interés quede de manifiesto.

Por tanto, visto que en el caso bajo estudio la Sala ha verificado la pérdida del interés de la parte actora, en virtud de que han transcurrido más de seis meses desde que interpuso la pretensión de tutela constitucional sin que hasta la presente haya vuelto actuar y por cuanto los hechos denunciados no afectan el orden público y las buenas costumbres, se declara el abandono del trámite por la parte demandante, correspondiente a la presente acción de amparo constitucional, de conformidad con el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y, en consecuencia, la terminación del procedimiento.

De conformidad con el único aparte del artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se IMPONE a la parte actora una multa de CINCO BOLÍVARES (Bs. 5,00), pagaderos a favor del Fisco Nacional, en cualquier institución financiera receptora de fondos públicos. La sancionada deberá acreditar el pago mediante la consignación en autos, ante la Secretaría de esta Sala Constitucional, del comprobante correspondiente, dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Se aplica la multa en su límite máximo por cuanto la Sala estima de suma gravedad el entorpecimiento de sus labores con la presentación de demandas que posteriormente son abandonadas, lo cual la obliga al desvío de su atención de asuntos que sí requieren de urgente tutela constitucional. Así se declara.

Decisión

Por las razones que fueron expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara LA TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO, por abandono del trámite, correspondiente a la pretensión de amparo constitucional ejercida por el ciudadano NÉSTOR JOSÉ HERNÁNDEZ CASTRO, asistido por la abogada Raisha Grooscors Bonaguro, contra la sentencia N°2011-0031 del 27 de enero de 2011, dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, mediante la cual declaró: (i) su competencia para conocer el recurso de apelación que ejerció el recurrente contra la sentencia que dictó el 28 de enero de 2005, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, que declaró improcedente el recurso contencioso administrativo funcionarial e inadmisible el amparo cautelar interpuesto contra el Instituto Autónomo del Cuerpo de Bomberos de Valencia; (ii) sin lugar la apelación ejercida; y (iii) confirmó el fallo apelado.

Se IMPONE al accionante una multa de CINCO BOLÍVARES (Bs. 5,00), pagaderos a favor del Fisco Nacional, en cualquier institución financiera receptora de fondos públicos. El sancionado deberá acreditar el pago mediante la consignación en autos, ante la Secretaría de esta Sala Constitucional, del comprobante correspondiente, dentro de los cinco días siguientes a su notificación.

       Publíquese y notifíquese. Archívese el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 28 días del mes de febrero de dos mil doce (2012). Años: 201º de la Independencia y 153º de la Federación.

La Presidenta,

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

 El Vicepresidente,

 

                              FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

 

Los Magistrados,

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

                        Ponente

           

                                                         CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

 

 

                                                               JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

                                    

GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO

El Secretario,

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

Exp. 11-0917

MTDP/

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