Venley

Sentencia N.º 1616

Sentencia
N.º 1616
Fecha
24/11/2009
Sala
Constitucional
Expediente
09-1004
Ponente
Francisco Antonio Carrasquero López
Procedimiento
Acción de Amparo Constitucional

SALA CONSTITUCIONAL

 

Magistrado-Ponente: FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ

 

Mediante Oficio n. 061-2009-DPSCTSJ del 10 de agosto de 2009, emitido por la Defensoría Pública ante la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo, recibido en esta Sala el 11 de agosto de 2009, la abogada MARISELA CASTRO GILLY, actuando en su carácter de Defensora Pública ante la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, según designación del 12 de mayo de 2005, emanada de la Dirección General de la Defensa Pública, consignó escrito contentivo de la acción de amparo constitucional ejercida por el abogado RAFAEL LEONARDO COLMENARES CALDERÓN, Defensor Público Noveno Penal adscrito a la Unidad de Defensa Pública del Estado Táchira, quien asiste al ciudadano TEMÍSTOCLES SÁNCHEZ CASIQUE, venezolano y titular de la cédula de identidad n. 10.537.710, de conformidad con los artículos 26 y 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, contra la decisión dictada, el 18 de febrero de 2009, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, que declaró inadmisible el recurso de apelación ejercido por esa Defensa Pública contra la decisión del 13 de noviembre de 2008, emitida por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en Funciones de Juicio de ese mismo Circuito Judicial Penal, en el marco del proceso penal que se le siguió a dicho ciudadano por la comisión del delito de homicidio intencional simple en grado de frustración, previsto y sancionado en el artículo 407 del Código Penal vigente para la fecha de comisión de los hechos (actual artículo 405), en concordancia con el artículo 80 eiusdem.

 

El 14 de agosto de 2009, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente al Magistrado doctor FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

Realizada la lectura individual del expediente, esta Sala pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:

 

I

ANTECEDENTES DEL CASO

 

1.- El 16 de octubre de 2008, el Juzgado Quinto de Primera Instancia en Funciones de Juicio (Mixto) del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, condenó al ciudadano Temístocles Sánchez Casique a cumplir la pena de ocho (8) años y seis (6) meses de presidio, por encontrarlo culpable de la comisión del delito de homicidio intencional simple en grado de frustración, previsto y sancionado en el artículo 407 del Código Penal vigente para la fecha de comisión de los hechos (actual artículo 405), en concordancia con el artículo 80 eiusdem.

 

2.- El 16 de octubre de 2008, el Juzgado Quinto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, libró las correspondientes boletas de notificación de la sentencia condenatoria antes mencionada.

 

3.- El 20 de octubre de 2008, el penado Temístocles Sánchez Casique fue impuesto de la sentencia condenatoria dictada en su contra, dándose por notificado de  misma en esa oportunidad.

 

4.- El 7 de noviembre de 2008, la Secretaría del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira hizo constar en el expediente lo siguiente:

 

“Habiéndose comunicado vía telefónica con la ciudadana T.S.U. Norelia Acevedo funcionaria adscrita a la Oficina de Participación Ciudadana de este Circuito Judicial Penal, con la Escabino MARÍA FRANCYS SALAS PEÑA, la misma informó la imposibilidad de comparecer a los fines de suministrar la firma correspondiente, en el íntegro de la sentencia condenatoria publicada por este Tribunal en contra del ciudadano TEMÍSTOCLES SÁNCHEZ CASIQUE, en la causa N° 5JM-1365-07, todo por encontrarse delicada de salud (Aborto). Es todo” (Resaltado del presente fallo).

 

5.- El 10 de noviembre de 2008, el abogado Rafael Leonardo Colmenares Calderón, actuando en su condición de defensor público del ciudadano Temístocles Sánchez Casique, compareció ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, a los fines de consignar en autos una (1) diligencia, en la cual expuso lo siguiente: “… fui notificado junto con mi defendido de la publicación del íntegro de la decisión definitiva en fecha 07 de Octubre del 2.008 [rectius: 20 de octubre de 2008], y habiendo solicitado las copias previamente a los fines de ejercer el recurso de apelación, las cuales no me habían sido entregadas inclusive a la fecha del día de hoy 10 de noviembre de 2008, por cuanto falta la firma de los escabinos, y uno de ellos se encuentra, en delicado estado de salud, y en vista de no poder acceder al íntegro de la decisión, pues solicito a usted ciudadana Juez se anule y deje sin efecto la notificación hecha en fecha 07-10-2008 [rectius: 20 de octubre de 2008], y se ordene notificar de nuevo a las partes y así dar seguridad jurídica, permitiendo el derecho a la defensa, recurriendo a la doble instancia como principio rector de la defensa”.

 

6.- El 13 de noviembre de 2008, el mencionado Juzgado Juicio declaró sin lugar la solicitud de nulidad planteada por la defensa del penado.

 

7.- Contra esta última decisión, el abogado Rafael Leonardo Colmenares Calderón, actuando en su condición de defensor público del ciudadano Temístocles Sánchez Casique, ejerció recurso de apelación el 2 de diciembre de 2008.

 

8.- Posteriormente, mediante decisión del 18 de febrero de 2009, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira declaró lo siguiente: a) revocó por contrario imperio un auto emitido por dicha corte el 16 de febrero de 2009, mediante el cual aquélla había admitido erróneamente el recurso de apelación ejercido por la defensa del penado; y b) declaró inadmisible el referido recurso de apelación, con base en el artículo 437.c del Código Orgánico Procesal Penal, por ser inimpugnable la decisión recurrida.

9.- El 1 de abril de 2009, el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira dictó, de conformidad con el artículo 479 del Código Orgánico Procesal Penal, auto de ejecución de la sentencia condenatoria emitida, el 16 de octubre de 2008, por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en Funciones de Juicio (Mixto) del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, contra el ciudadano Temístocles Sánchez Casique.

 

II

DE LA PRETENSIÓN

 

Del escrito presentado se extraen las siguientes afirmaciones:

 

Que “… en este caso la recurrida señala que solicité la copia de la decisión de fecha 07 de Octubre de 2.008, pero es el caso ciudadanos magistrados que solicité copia de la decisión definitiva, en su íntegro, lo cual sería una mera formalidad ya que la decisión definitiva en sí misma es una sola y no se puede conculcar una garantía o derecho solo por un error materia (sic) involuntario, máxime cuando nunca tuve las copias de la decisión sino hasta el día 17 de noviembre de 2.008, que no fueron entregados por la secretaria del tribunal, sino por el alguacil Enyelberth Oliveros en el despacho de la defensora pública número once (11), Betsabeth Murillo a las nueve de la mañana del día 17 de Noviembre, y no en fecha 10 de Noviembre de 2.008, lo cual consta en copia certificada que acompaño al escrito que por el cual interpongo la presente acción y que riela al folio 191 y vuelto…”.

 

Que “… el día de la notificación mi defendido TEMÍSTOCLES SÁNCHEZ, me di por notificado, concretamente, el día 20 de Octubre de 2.008, habiendo solicitado las copias certificadas a un (sic) antes de la publicación del íntegro de la decisión y ese mismo día en el que me di por notificado la solicité (copia certificada) y me dijo la asistente que no me la podía dar por cuanto, faltaba la firma de una escabino, ciudadana MARÍA FRANCYS SALAS PEÑA” (Mayúsculas del escrito).

 

Que “… habiendo visto que el lapso me estaba corriendo le pregunté a la encargada de la oficina de participación ciudadana NORELIA ACEVEDO y me informó que la escabino no podía venir a firmar, por cuanto tenía síntomas de aborto lo que se evidencia por la constancia que deja la ciudadana secretaria del tribunal quinto en funciones de juicio abogada Carolina Velasco Gómez, por lo que solicité a la juez de la recurrida  se ANULARA Y DEJARA SIN EFECTO la notificación, en escrito de fecha 10 de Noviembre de 2.008, ordenando notificar nuevamente a las partes a los fines de dar seguridad jurídica y poder ejercer la doble instancia, recurriendo de la decisión definitiva no teniendo todavía las copias certificadas, tal y como señala la juez de la recurrida que en fecha 01 de Octubre de 2.008, me fueron entregadas las copias por la ciudadana secretaria, lo cual no es verdad…” (Mayúsculas del escrito).

 

Que “… [se] me sigue violentando el poder defenderme ya que debo señalar que los motivos por los cuales se puede apelar está (sic) previsto en el artículo 451 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, pero debo tener el íntegro de la decisión para con el plazo razonable poder defender a mi representado, encuadrando la decisión en los motivos de la apelación, he aquí el porque (sic) se viola el debido proceso y el derecho a la defensa y en ese orden de ideas me niega la solicitud hecha por mí en fecha 13 de Noviembre de 2.008 de la cual me doy por notificado en fecha 24 de Noviembre de 2.008 y solicito copia certificada del auto por el cual se me niega lo solicitado en fecha 10 de Noviembre de 2.008 del cual apelo en fecha 01 de Noviembre de 2.008 [rectius: 2 de diciembre de 2008]”.

 

Que “… se evidencia la violación de garantías constitucionales la cual está plenamente descrita y que fundamenta en las razones expuestas y referidas a VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO Y CONSECUENTEMENTE VIOLACIÓN AL DERECHO A LA DEFENSA y cuyas copias certificadas constante de cuarenta y nueve (49) folios útiles acompaño al presente escrito, debiendo señalar que nunca pude obtener las copias por parte del tribunal quinto en funciones de juicio para poder ejercer esta acción y solo hasta el día 03 de Agosto de 2009, las pude obtener por el tribunal tercero en funciones de ejecución de esta (sic) circuito judicial penal del estado Táchira…” (Mayúsculas del escrito).

 

Que “La declaratoria sin lugar de la solicitud de Nulidad, realizada por la corte de apelaciones de este circuito judicial penal bajo la ponencia de el (sic) magistrado  GERSON ALEXANDER NIÑO, criterio compartido por quienes junto al ponente suscribieron la decisión jueces IKER Y. ZAMBRANO CONTRERAS y ELISEO JOSÉ PADRÓN HIDALGO; la mencionada decisión vulneró los derechos y garantías de mi defendido, referidos AL DEBIDO PROCESO Y CONSCUENTEMENTE VIOLACIÓN AL DERECHO A LA DEFENSA, por parte de quien debió ejercer el control Constitucional (sic) del proceso seguido a éste, por el no resguardo y respeto del Debido Proceso (sic). Por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Es procedente la presente acción contra la decisión de la Corte de apelaciones (sic) en única sala del circuito judicial penal del estado Táchira (sic)” (Mayúsculas del escrito).

 

Que “… respecto al Juez competente para el trámite del amparo, el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, en su primer aparte establece: que siendo el Agraviante un Tribunal de igual Jerarquía (sic), el causante de la lesión Constitucional (sic), la Acción de Amparo (sic), deberá interponerse por ante un Tribunal Superior (sic). En el actual caso la competencia para conocer de la presente acción, corresponde es a la Corte de Apelaciones, toda vez, que las violaciones Constitucionales (sic) de la que son objeto mis defendidos, han sido cometidas, por un Juez de Primera Instancia en Funciones de Control, habiendo considerado la Jurisprudencia (sic) Venezolana (sic), que en tales casos, es competente la Corte de Apelaciones, por no existir otro Juez de Superior Jerarquía (sic) para el conocimiento de tal situación, en el lugar donde se produjo el acto ilegal” (Subrayado del escrito).

 

Que el ciudadano TEMÍSTOCLES SÁNCHEZ CASIQUE “… no pudo ejercer el derecho a la defensa por cuanto el tribunal quinto en funciones de juicio no permitió el acceso íntegro de la decisión aduciendo la razón de que faltaba la firma del una (sic) escabina, y fue hasta el día 17 del mes de Noviembre de 2.008, que se entregaron las copias certificadas, a las nueve de la mañana en presencia de la defensora undécima (11) Betsabeth Murillo, y no como dice la certificación que fue en fecha 10 de Noviembre, y habiendo apelado de la decisión de fecha 13 de Noviembre de 2.008, manteniéndose la violación al debido proceso y al derecho a la defensa que le asiste a mi defendido y es el mismo estado venezolano a través de la corte de apelaciones quien sigue evitando mediante la decisión de fecha, 18 de febrero de 2.009, la cual debió actuar como tribunal constitucional, permite seguir entorpeciendo y vulnerando el ejercicio del derecho a la defensa y al debido proceso, impidiendo el ejercicio (sic) de la materia recursiva mediante el uso de la apelación o segunda instancia” (Mayúsculas del escrito).

 

Que “… desde el mismo momento en que no se entregan las copias se inicia la violación de las garantías constitucionales del debido proceso y del derecho a la defensa por cuanto al no tener el íntegro de la decisión, mal podría ejercerse una defensa técnica a adecuada (sic) contando con el tiempo necesario para poder encuadrar los motivos a que se refiere la norma adjetiva concretamente el artículo 451 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, entonces debemos presentarla y surge la pregunta ¿Cómo?, lo cual trae como consecuencia el no poder no porque no se quiera sino porque no lo permite el estado (sic) venezolano por conducto del funcionario público, pero lo más difícil es que aun cuando la Corte de Apelaciones pudiera observar no lo hizo declarando inadmisible la apelación sin tomar en cuanta (sic) la violación grave de los derechos constitucionales y legales de mi defendido, lo cual podría generar una responsabilidad estatal y del funcionario que permitió dicha violación, y que dichas garantías violadas deben ser reparadas permitiendo que mi defendido pueda ejercer su derecho a la doble instancia su derecho a apelar de la decisión de fecha, 16 de octubre de 2.008, reponiendo la causa al estado de notificar nuevamente a las partes de la publicación del íntegro de la sentencia definitiva. A los fines de mantener la seguridad jurídica de las partes” (Resaltado del escrito).

 

Que el ente agraviante está representado “… en las personas de los ciudadanos magistrados de la sala única de la corte de apelaciones del circuito judicial penal del estado Táchira, Dr. GERSON ALEXANDER NIÑO; Dr. IKER ZAMBRANO CONTRERAS y Dr. ELISEO JOSÉ PADRÓN HIDALGO. El primero como ponente y los segundos como jueces o magistrados de la sala que comparte el criterio y junto con el ponente suscriben el presente fallo de la decisión de fecha 18 de Febrero de 2009, mediante la cual se declaró inadmisible la apelación del auto, de fecha 13 de Noviembre de 2.008, que declara sin lugar la solicitud de nulidad de la notificación de la sentencia definitiva de fecha 16 de Octubre de 2.008; ubicables en la Sede física de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado (sic) Táchira, Edificio Nacional, tercer piso, Corte de Apelaciones” (Mayúsculas del escrito).

 

Siendo así, la parte actora denunció la violación del debido proceso y del derecho a la defensa, consagrados en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

En consecuencia, solicitó la admisión de la presente acción de amparo y su declaratoria con lugar en la definitiva, así como también que se declare la nulidad absoluta de la decisión dictada, el 18 de febrero de 2009, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira y, en consecuencia, que se reponga la causa al estado en que la decisión condenatoria del 16 de octubre de 2008 sea firmada por todos los escabinos, y se ordene nuevamente la notificación de todas las partes.

 

III

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

 

Para decidir, la Sala observa:

 

Del examen del escrito presentado, y luego de separar trabajosamente de entre los diversos argumentos y referencias de variado orden planteados directamente en él, esta Sala observa que la parte actora ha acumulado pretensiones dirigidas contra órganos jurisdiccionales diferentes, como consecuencia de diversas infracciones constitucionales presuntamente ocasionadas por aquéllos.

 

Así, la acción de amparo aquí examinada se encuentra dirigida, en primer lugar, contra la omisión del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, de expedirle al hoy quejoso las copias certificadas de la sentencia condenatoria dictada el 16 de octubre de 2008, lo cual le impidió conocer el contenido de dicho acto jurisdiccional, y en segundo lugar, contra la decisión dictada, el 18 de febrero de 2009, por la Corte de Apelaciones de ese mismo Circuito Judicial Penal, mediante la cual ésta declaró inadmisible el recurso de apelación ejercido contra el auto del 13 de noviembre del 2008, emitido por el referido Juzgado de Juicio.

 

De lo anterior se desprende que la acción sometida a consideración de esta Sala contiene pretensiones que no pueden acumularse, en razón de que la competencia jurisdiccional difiere para cada uno de los sujetos señalados como presuntos agraviantes.

 

En tal sentido, si bien esta Sala Constitucional es competente para conocer la pretensión de amparo ejercida contra la decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, ello de conformidad con el criterio asentado en sentencia n. 1/2000, del 20 de enero de 2000, no lo es para el conocimiento de la pretensión de tutela constitucional incoada contra el Juzgado Quinto de Primera Instancia en Funciones de Juicio de ese mismo Circuito Judicial Penal, toda vez que según lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, tal competencia le corresponde al órgano superior de aquél por razón del grado, a saber, a la Corte de Apelaciones antes mencionada (ver sentencia n. 26/2001, del 25 de enero).

 

Visto lo anterior, esta Sala debe reiterar que el artículo 49 del Código de Procedimiento Civil (de aplicación supletoria a los procesos de amparo constitucional según lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales) establece que la acumulación procede siempre que “hubiere conexión por el objeto de la demanda o por el título o hecho de que dependa”. En este sentido, es posible acumular en una sola demanda varias pretensiones contra distintas personas, en razón de la conexión que existe entre ellas; ya sea por el objeto que se pretende o por la razón que motiva la pretensión. Sin embargo, el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, prohíbe la concentración de pretensiones en una misma demanda en los casos en que las pretensiones se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí; cuando, por razón de la materia, no correspondan al conocimiento del mismo tribunal; y en los casos en que los procedimientos sean incompatibles.

Así pues, toda acumulación de pretensiones realizada en contravención a lo dispuesto por la mencionada ley adjetiva, es lo que la doctrina denomina inepta acumulación.

 

Del análisis de los hechos que rodean el presente caso, a la luz de estas consideraciones, se concluye que la situación sometida a examen de esta Sala, constituye, a todas luces, un supuesto de inepta acumulación de pretensiones, ya que se trata de dos pretensiones planteadas conjuntamente en un mismo escrito, y cuyo conocimiento corresponde a órganos jurisdiccionales diferentes, en el sentido en que expuso supra.

 

Con base en los planteamientos expuestos a lo largo del presente fallo, y de conformidad con lo dispuesto en el párrafo sexto del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y en el artículo 81 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 78 eiusdem, aplicables supletoriamente al proceso de amparo según el artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esta Sala debe declarar, y así lo declara, INADMISIBLE, por inepta acumulación de pretensiones, la acción de amparo propuesta. Así se decide.

 

IV

DECISIÓN

 

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE la solicitud de amparo constitucional intentada por la abogada MARISELA CASTRO GILLY, actuando en su carácter de Defensora Pública ante la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, quien asiste al ciudadano TEMÍSTOCLES SÁNCHEZ CASIQUE, contra la decisión dictada, el 18 de febrero de 2009, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, que declaró inadmisible el recurso de apelación ejercido contra la decisión del 13 de noviembre de 2008, emitida por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en Funciones de Juicio de ese mismo Circuito Judicial Penal.

 

Publíquese, regístrese y archívese el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 24 días del mes de NOVIEMBRE  de dos mil nueve. Años: 199º de la Independencia y 150º de la Federación.

 

La Presidenta,

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

                    El Vicepresidente,

 

 

 

 

      FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ      

                                                  Ponente

 

Los Magistrados,

 

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

 

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ 

 

 

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

 

El Secretario,

 

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

FACL/

Exp. n. 09-1004

 

 

 

El Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz manifiesta su conformidad con la decisión que contiene este fallo; no obstante, por razón de discrepancias con los motivos de la sentencia, que serán expuestas a continuación, expide el presente voto concurrente, de conformidad con el artículo 62 del Reglamento Interno del Tribunal Supremo de Justicia, en los siguientes términos:

1.                La Sala decretó la inadmisión, con base en vicio de inepta acumulación, de las pretensiones de amparo constitucional que el legitimado activo interpuso contra el auto de 18 de febrero de 2009, mediante el cual la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira inadmitió la apelación que el actual quejoso intentó contra el acto decisorio que, el 13 de noviembre de 2008, el Juez Quinto del Tribunal de Juicio del mismo Circuito expidió dentro de la causa penal que se seguía o sigue contra el demandante de amparo; asimismo y de acuerdo con el texto del acto jurisdiccional que se cuestiona mediante el presente voto, contra la conducta omisiva, por parte del referido a quo penal, en relación con la solicitud que el hoy legitimado activo hizo a dicho jurisdicente, de expedición del veredicto condenatorio que, dentro del referido proceso penal, publicó el predicho Juez penal de primera instancia.

2.                Quien suscribe coincide con la inadmisión, por razón del predicho vicio, de las pretensiones de tutela que, en la presente causa, fueron demandadas contra el Juez Quinto de Juicio y la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira. Ahora bien, se discrepa del afincamiento que la Sala invocó para su convicción de inepta acumulación, tal como será explicado a continuación.

3.                La mayoría sentenciadora falló en los siguientes términos:

Del examen presentado, y  luego de separar trabajosamente de entre los diversos argumentos y referencia de variado orden planteados directamente en él, esta Sala observa que la parte actora ha acumulado pretensiones dirigidas contra órganos jurisdiccionales diferentes, como consecuencia de diversas infracciones constitucionales presuntamente ocasionadas por aquéllos.

Así, la acción de amparo aquí examinada se encuentra dirigida, en primer  lugar, contra la omisión del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, de expedirle el hoy quejoso las copias certificadas de la sentencia condenatoria dictada el 16 de octubre de 2008, lo cual le impidió  conocer el contenido de dicho acto jurisdiccional, y en segundo lugar, contra la decisión, el 18 de febrero de 2009, por la Corte de Apelaciones de ese mismo Circuito Judicial Penal, mediante la cual declaró inadmisible el recurso de apelación ejercido contra el auto de 13 de noviembre de 2008, emitido por el referido Juzgado de Juicio.

De lo anterior se desprende que la acción sometida a consideración de esta Sala contiene pretensiones que no pueden acumularse, en razón de que la competencia jurisdiccional difiere para cada uno de los sujetos señalados como presuntos agraviantes.

En tal sentido, si bien esta Sala Constitucional es competente para conocer la pretensión de amparo ejercida contra decisión de la Corte de Apelaciones  del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, ello de conformidad con el criterio asentado en sentencia n. 1/2000, del 20 de enero de 2000, no lo es para el conocimiento de la pretensión de tutela constitucional incoada contra el Juzgado Quinto de Primera Instancia en Funciones de Juicio de ese mismo Circuito Judicial Penal, toda vez que según lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, tal competencia le corresponde al órgano superior a aquél por razón del grado, a saber, a la Corte de Apelaciones antes mencionada (ver sentencia n. 26/2001, del 25 de enero).

Visto lo anterior, esta Sala debe reiterar que el artículo 49 del Código de Procedimiento Civil (de aplicación supletoria a los procesos de amparo constitucional según lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales) establece que la acumulación procede siempre que ‘hubiere conexión por el objeto de la demanda o por el título o hecho de que dependa’. En ese sentido, es posible acumular en una sola demanda varias pretensiones contra distintas personas, en razón de la conexión que existe entre ellas; ya sea por el objeto que se pretende o por la razón que motiva la pretensión. Sin embargo, el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil prohíbe la concentración de pretensiones en una misma demanda en los casos en que las pretensiones se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí; cuando, por razón de la materia, no corresponda al conocimiento del mismo tribunal y en los casos en que los procedimientos sean incompatibles

Así pues, toda acumulación de pretensiones realizada en contravención a lo dispuesto por la mencionada ley, es lo que la doctrina denomina inepta acumulación.

 

3.1.        En relación con el pronunciamiento que acaba de ser reproducido, quien suscribe observa que la acumulación de causas de amparo constitucional, cada una de las cuales deba ser decidida por órganos jurisdiccionales diferentes e, incluso, de distinta jerarquía ha sido acogida por esta Sala Constitucional –si bien debe reconocer que, respecto del particular que se examina, dicho órgano jurisdiccional no ha mantenido un criterio doctrinal uniforme y coherente-. Tal es el caso de las pretensiones tutelares constitucionales, en materia penal, contra acciones u omisiones del Ministerio Público y un Tribunal penal de primera instancia, las cuales, en principio, deben ser conocidas, en primera instancia, por el a quo penal y la Corte de Apelaciones, respectivamente. De acuerdo con dicho criterio, entonces, no sería contraria a derecho la acumulación de pretensiones que propuso la parte actora, luego de que hubieran sido acreditadas las identidades que, de conformidad con el artículo 52 del Código de Procedimiento Civil, conduzcan a la afirmación de conexidad entre dichas causas, salvo que exista algún impedimento legal para ello, por razón de que las mismas se excluyan mutuamente o deban ser decididas a través de procedimientos que se excluyan entre sí, conforme también con doctrina vigente de esta Sala (cfr. su sentencia n.° 1279, de 20 de mayo de 2003; ratificada en decisiones tan recientes como la n.° 29, de 03 de enero de 2009). Por consiguiente, quien suscribe no encuentra razón lógica alguna que, por el mero hecho de que “la competencia jurisdiccional difiere para cada uno de los sujetos señalados como presuntos agraviantes”, cuando la misma objeción competencial fue obviada en el caso, antes citado, de demandas de amparo como la de autos contra un juez penal de primera instancia y el Ministerio Público.

3.2.        Se concluye, entonces, que, de acuerdo con la antedicha doctrina de la Sala Constitucional, mediante la interpretación de las normas pertinentes del Código de Procedimiento Civil, era legalmente admisible la acumulación de causas aun cuando el conocimiento de cada una de ellas correspondiera, en principio, a órganos jurisdiccionales distintos; ello, porque, según la narración que contiene el fallo de cuya motivación se discrepa, estarían acreditadas la identidades que debieron haber conducido a la convicción de la conexión entre las dos delaciones de agravio constitucional; entre las mismas, la íntima conexión existente entre los agravios que fueron delatados: a) el que el demandante imputó al Juez de Juicio, esto es, la omisión de entrega de copia certificada de la sentencia definitiva, como instrumento cuya disponibilidad el hoy demandante estimó era indispensable para la tramitación de la apelación contra la misma, lo cual dio lugar a que el quejoso solicitara al referido a quo la declaración de nulidad de la notificación del predicho acto de juzgamiento, pretensión esta que fue negada por dicho colegitimado pasivo; b) el que habría derivado de la decisión mediante la cual la Corte de Apelaciones declaró la improcedencia de la apelación que el supuesto agraviado interpuso contra la desestimación, por parte de la primera instancia, de la referida petición de declaración de nulidad.

3.3.         Lo que, en el presente caso, debió haber llevado a la Sala a la convicción de que se trataba de una inepta acumulación no era que el conocimiento de los procesos correspondiera a órganos jurisdiccionales distintos –porque esta posibilidad de concentración de causas ha sido aceptada innúmeras veces por esta juzgadora- sino que los procedimientos resultaban incompatibles, ya que, en el caso de la queja constitucional contra el Juez penal de primera instancia, dicha causa debía ser tramitada en dos instancias: Corte de Apelaciones y Sala Constitucional, mientras que, en el caso del amparo constitucional que se intentó contra la Alzada penal, el proceso consta de una sola instancia, como excepción a la garantía fundamental del doble grado de jurisdicción. Así las cosas, la acumulación habría privado a las partes, en el caso de la pretensión de tutela constitucional contra el Juez de Juicio, de su derecho a la revisión del juicio en segunda instancia.

Queda así expresado el criterio del Magistrado concurrente.

 

Fecha retro.

 

La Presidenta,

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

El Vicepresidente,

 

 

Francisco Antonio Carrasquero López

 

Los Magistrados,

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

…/

…

 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Concurrente                

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

El Secretario,

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

PRRH.sn.ar

Exp. 09-1004

 

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