Venley

Sentencia N.º 1620

Sentencia
N.º 1620
Fecha
10/08/2006
Sala
Constitucional
Expediente
06-0972
Ponente
Arcadio Delgado Rosales
Procedimiento
Acción de Amparo

SALA CONSTITUCIONAL

 

 

 

Magistrado Ponente: Arcadio Delgado Rosales

Expediente N° 06-972

 

Mediante Oficio N° 696-06 del 7 de junio de 2006, el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, remitió a esta Sala Constitucional el expediente contentivo de la acción de habeas data que interpuso la abogada Lida Antúnez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 60.634, actuando en su carácter de apoderada judicial del ciudadano MADERVIS JESÚS BERMÚDEZ MANARE, titular de la cédula de identidad Nº V-9.708.553.

 

El 5 de junio de 2006, el referido Juzgado de Primera Instancia se declaró incompetente para conocer de la acción y declinó la competencia en esta Sala Constitucional, con la consecuente remisión del presente expediente.

 

El 29 de junio de 2006, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Arcadio Delgado Rosales, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

 

                                               I

DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA

 

La apoderada judicial del ciudadano Adervis Jesús Bermúdez Manare, fundamentó la acción de habeas data en los siguientes términos:

 

Que “En el año mil novecientos ochenta y cuatro (1.984) el extinto Cuerpo de Policía Técnica Judicial P.T.J., inició un proceso de averiguación en contra del ciudadano: Adervis Jesús Bermúdez Manare antes identificado, por el delito de lesiones, según consta en averiguación No. B-636213 de fecha 01 de octubre del mismo año, siendo remitida dicha averiguación del extinto Juzgado Luis de Vicente del Distrito Mara hoy Municipio Mara del Estado Zulia, según oficio No. 1530 de fecha once (11) de octubre de 1.984…”.

 

Que, posteriormente, “…en el año 1.992, el mismo cuerpo policial abre una nueva averiguación por lesiones en contra de mi representado, según consta en denuncia No. D380102 de fecha 22 de febrero de 1992, la cual fue remitida al mismo Juzgado, según oficio No. 549 de fecha veintisiete de febrero de 1992 signado según expediente No. 372-92, siendo remitido al tribunal de alzada competente según oficio No. 034-93 con la siguiente signatura 288-93”.

 

Que “…en fecha primero (1) de febrero de 1994 la Policía Técnica Judicial abre averiguación según denuncia D-998184, por el delito contra los intereses públicos y privados la cual fue remitida al extinto Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal, según oficio 4516 de fecha 11 de febrero de 1994 siendo distribuido al extinto Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal, según expediente No. 14724-94”.

 

Que se han realizado diversos trámites “… para la obtención de dichos expedientes por ante los diferentes Juzgados en transición y por ante el archivo judicial…”.

 

Que “ha sido víctima de detenciones preventivas consecutivamente por los diferentes cuerpos policiales, al igual que coartándole el derecho de libre tránsito por el territorio nacional situación que ha perjudicado ya que le ha sido imposible conseguir empleo digno por la situación que está atravesando…”.

 

Finalmente, solicitó que se “oficie al archivo judicial para que de información de lo ya planteado y de no tener esta información se pronuncie al respecto para la pronta subsanación de los antecedentes”  e igualmente solicitó que “se oficie al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas CICPC, para que realice la respectiva subsanación de los antecedentes penales llevados por ese organismo.”.

 

La apoderada judicial del accionante fundamentó su solicitud en los artículos 19, 26, 27, 28, 44, 51 y 60 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como también en los artículos 1, 2, 5 y 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

 

                                                        II

DE LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA

 

El Juzgado Tercero de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, mediante sentencia del 5 de junio de 2006, se declaró incompetente para conocer de la acción de habeas data de autos, en los términos siguientes:

 

“…de la lectura de tal escrito se desprende que la intención del accionante es la subsanación de los antecedentes penales que, del antes mencionado ciudadano, existen en los archivos o bases de datos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, relacionados a investigaciones aperturadas por denuncia contra del mismo por ante el extinto Cuerpo Técnico de Policía Judicial (hoy Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) en los años 1984, 1992 y 1994, datos que, según indica el accionante, coartan el  derecho de libre tránsito por el territorio nacional pues funcionarios policiales le detienen, produciéndole un perjuicio, y le ha imposibilitado, además, conseguir empleo, evidenciando así, quien aquí decide, la denuncia de una infracción de los derechos que derivan del artículo 28 del texto constitucional, razón por la cual este Juzgado Tercero en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia se declara incompetente para conocer de la mismo (sic) y procede a declinar en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por ser una atribución específica de tan alto Tribunal…”.

  

      III

MOTIVACIÓN PARA LA DECISIÓN

 

En forma previa, esta Sala pasa a pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la presente acción, vista la declinatoria de competencia que realizó el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia.

 

En tal sentido, cabe destacar que la apoderada judicial del accionante solicitó se oficie al archivo judicial y al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (C.I.C.P.C) para que se realice “la respectiva subsanación de los antecedentes penales llevadas por ese organismo”; por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Constitución y con los criterios asentados en sentencias del 23 de agosto de 2000 (caso: Ruth Capriles y otros) y 14 de marzo de 2001 (caso: INSACA), en las cuales se determinó la competencia para conocer de las referidas acciones a la luz de los principios y preceptos consagrados en el Texto Fundamental y, ante la ausencia de ley que regule la materia, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia es competente para conocer de la misma; y así se declara.

 

Precisado lo anterior, observa la Sala que la pretensión de la pare actora se circunscribe fundamentalmente a denunciar como lesivo a sus derechos constitucionales, el registro de antecedentes penales que de su persona mantiene el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas.

 

Ahora bien, dicha información -a juicio del accionante lesiva de sus derechos a la libertad personal y al libre tránsito- contenida dentro de los registros policiales que lleva el referido cuerpo policial, forma parte de los archivos de un organismo oficial.

 

Siendo ello así, reitera la Sala la doctrina sostenida en el fallo del 23 de agosto de 2004 (Caso: Inocencia Mantilla Silva), respecto de la naturaleza de la información contenida en los registros policiales.

 

En efecto, los archivos oficiales cumplen una finalidad relacionada con la actividad funcional del órgano y ellos contienen los documentos a los cuales refiere dicha actividad; por tanto, lo ajeno a ella, no debe formar parte del archivo o registro.

 

Por ello, no cabe duda que los archivos de los órganos de policía contienen datos e informaciones relacionados con las actividades que le son propias, bien de prevención, represión o investigación de delitos.

 

Estos registros son secretos y sólo para el uso del cuerpo policial que los lleva, aplicándoseles a ellos, por analogía, el tratamiento que la ley otorga a los antecedentes penales.

 

Los registros policiales permiten a la policía investigar modos de operación, direcciones, conexiones entre personas, antecedentes y otros datos que orientan las investigaciones si las sospechas están reseñadas en ellos. Esta es una facultad del Estado.

 

La prevención, represión o comprobación de la existencia de un hecho punible son actividades que, al mismo tiempo se constituyen en acopio de información y receptáculos de datos múltiples y complejos; por tanto, es evidente que llega un momento en que para desarrollar las señaladas actividades, las policías registran una serie de datos personales no sólo del detenido, sino también del denunciante, del ofendido y de los testigos del hecho. 

 

Esta reunión de datos o registros con una finalidad específica, en principio, no debería traspasar los muros dentro de los cuales fue generada. En consecuencia, resulta fácil visualizar que el derecho consagrado en el artículo 28 constitucional, está íntimamente ligado al uso y fin que el órgano hace de la información guardada. Si la finalidad o el uso viola otros derechos constitucionales o legales, tales registros se convierten en ilegales (total o parcialmente) y deben ser destruidos o limitados.

 

Sin embargo, la destrucción, actualización o rectificación de los datos implica que el accionante pruebe la existencia de la información y, según sea su pedimento, pruebe además, que la misma no está actualizada, o que es errónea o adquirida ilegítimamente.

         

           Ahora bien, en el caso de autos, cabe observar que el registro cuya actualización o corrección se pretende corresponde a un archivo policial, legalmente establecido, de conformidad con el artículo 143 de la nuestra Carta Magna y respecto del cual, el accionante no ha alegado su ilegalidad.

 

             De allí que, debe concluirse que la existencia misma de tales archivos policiales, tiene su fundamento legal y no debe atentar contra los derechos constitucionales de los ciudadanos. Así lo sostuvo la Sala en sentencia del 29 de octubre de 2004 (caso: María Isabel Mijares Herbilla), al señalar: “Así las cosas, debe concluirse que la existencia per se de tales archivos policiales, legalmente constituidos y llevados, no afecta ilegítimamente los derechos fundamentales de las personas. Lo que puede devenir lesivo, de manera ilegítima, a derechos tales como el de la libertad y la seguridad personales, así como a la honra, a la intimidad de la vida privada y a la reputación –que tutelan la Constitución, en los términos de sus artículos 44, 60 y 143, e instrumentos normativos vigentes en la República; tales los casos de los artículos V, XXV, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 7 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos-, es el empleo abusivo y contrario a la ley que de tal información se haga. De otro lado, por razones del interés social, la existencia de tales registros es de aceptación universal, como herramienta indispensable que coadyuva a la eficacia de la investigación y la prevención del delito; ello, sin perjuicio de las limitaciones que el ordenamiento jurídico establezca, en relación con el uso de dichos instrumentos, con el propósito de aseguramiento de la efectiva vigencia de los derechos fundamentales. Así, en el caso de Venezuela, existe una estricta regulación de los registros en referencia, mediante una inequívoca restricción de su empleo para los fines taxativamente señalados en la Ley, razón por la cual el legislador estableció el carácter reservado de los mismos y, por consiguiente, la determinación de quiénes tienen acceso a ellos. Así, los artículos 6 y 7 de la Ley de Registro de Antecedentes Penales, aplicables, mediante interpretación extensiva, a los antecedentes judiciales y policiales -por ende, a la situación presente-, establecen:

 

‘Artículo 6º. El Registro de Antecedentes Penales es secreto y los datos que en él consten sólo podrán ser suministrados en los casos determinados por esta ley’.

‘Artículo 7º. Solamente se expedirán copias simples o certificadas del Registro de Antecedentes Penales, a las autoridades públicas, por motivo de la función del proceso penal o por razones de seguridad o de interés social en los casos establecidos por la ley. Las autoridades policiales o administrativas no podrán expedir certificaciones relativas a las faltas policiales o administrativas de las que hayan conocido, sino únicamente al Ministerio de Justicia, cuando éste lo considere conveniente’(resaltados, por la Sala).

 

           Resulta claro, entonces, que de la mera existencia, en los registros policiales, penales o judiciales, de antecedentes respecto de alguna persona, no derivaron violaciones como las que, en la presente causa, denunció la parte actora”.

 

           En consecuencia, de la jurisprudencia expuesta se deriva que la sola existencia de tales registros policiales, de datos inherentes al accionante, aún cuando no estuvieran actualizados, de ninguna manera constituye fundamento constitucional ni legal para que sea objeto de limitaciones en sus derechos constitucionales.

 

Por ello, la valoración de ilegitimidad que, en el presente caso, deba hacer esta Sala, queda limitada a la posibilidad de incorrecta e ilegal utilización de los predichos registros y no extendida a la existencia misma de éstos.

 

De allí que concluye la Sala que, en el presente caso, no existe una expectativa razonable de que la presente acción pueda ser declarada procedente, motivo por el cual estima esta juzgadora que, en favor de la celeridad procesal y de la simplificación de trámites que integran el concepto de tutela judicial efectiva, debe obviarse el desarrollo de un procedimiento respecto del cual no se prevé otra decisión sino la declaración de improcedencia in limine litis, lo cual, en ningún caso, niega la potestad de ejercicio de los medios legales de impugnación -entre otras, el amparo- por parte de los particulares que sean víctimas de ilegítima agresión a su derecho fundamental a la libertad o a la seguridad personal, contra quienes aparezcan como sujetos activos de tal infracción constitucional, para el propósito de la restitución de la efectiva vigencia de tales derechos e, incluso, de declaración de las respectivas responsabilidades legales.

 

 

            En este mismo sentido, esta Sala se pronunció en un caso similar al de autos en la decisión No. 3871 del 7 de diciembre de 2005, (caso: Oscar José Maya Ponce), Exp. No. 05-0745.

 

DECISIÓN

 

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, se declara COMPETENTE para conocer de la acción de habeas data interpuesta por la abogada Lida Antunez, quien actuó en  su condición de apoderada judicial del ciudadano MADERVIS JESÚS BERMÚDEZ y declara IMPROCEDENTE in limine litis de conformidad con el criterio jurisprudencial establecido por esta Sala al respecto mencionado anteriormente.

 

Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 10 días del mes de agosto  de dos mil seis. Años: 196º de la Independencia y 147 º de la Federación.

 

La Presidenta,

 

 

 

Luisa Estella Morales Lamuño

    

                                                           El Vicepresidente,

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

Pedro Rafael Rondón Haaz

    Magistrado                                                                                                                                                                

 

Francisco Carrasquero López

                                                                                  Magistrado                             

Marcos Tulio Dugarte Padrón

             Magistrado

 

Carmen Zuleta de Merchán

                                                                                  Magistrada

 

Arcadio Delgado Rosales

 Magistrado-Ponente

                                                                       El Secretario,

 

 

José Leonardo Requena Cabello

Exp. N°: 06-972

ADR/

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