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Caracas, 17 de octubre de 2006. Años: 196° y 147°.
En el juicio que por cobro de prestaciones sociales, sigue el ciudadano JUAN DE DIOS POINTIERS VILLADIEGO, representado judicialmente por los abogados Marcos Javier Barrera Bohórquez, Marco Barrera Pulgar y Eliana Báez Pineda, contra la sociedad mercantil HOTEL MARUMA INTERNACIONAL, C.A., representada judicialmente por el defensor ad-litem Daniel Reyes Zambrano y por los abogados Paulo Rangel Guerra, Rafael Barrera Ferrer y Nadia Colmenares Palmero; el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, dictó sentencia en fecha 21 de abril de 2005, mediante la cual declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la parte demandada, contra la sentencia dictada en fecha 20 de diciembre de 2004, por el Juzgado Primero de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la referida Circunscripción Judicial, que había declarado con lugar la demanda; reponiendo la causa al estado que el Juzgado de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo que resultare competente, fije oportunidad para la realización de la audiencia preliminar.
Contra la decisión del ad quem, la representación judicial de la parte actora, interpuso recurso de control de la legalidad en fecha 28 de abril de 2005, siendo remitido el expediente a esta Sala de Casación Social.
En fecha 21 de junio de 2005, se dio cuenta en Sala, designándose ponente al Magistrado LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIÉRREZ, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
Así, habiéndose presentado la oportunidad procesal para decidir sobre la admisibilidad del recurso, lo hace esta Sala en los términos siguientes:
El artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establece el control de la legalidad, como la vía recursiva para impugnar ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, aquellas decisiones emanadas de los Tribunales Superiores del Trabajo, que no sean recurribles en casación y que violenten o amenacen con violentar normas de orden público y/o cuando la sentencia recurrida sea contraria a la reiterada doctrina de esta Sala, ello, a fin de restablecer el orden jurídico infringido. Asimismo, se encuentra limitada la oportunidad para interponer el referido recurso, a un lapso preclusivo de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que sea publicada la sentencia sujeta a revisión, y a través de escrito, el cual no podrá exceder de tres (3) folios útiles y sus vueltos, pues tal inobservancia acarrearía la inadmisibilidad de éste.
Aprecia la Sala, que la decisión que se recurre no decide el fondo de la controversia y ordena reponer la causa al estado que se celebre la audiencia preliminar. En tal sentido, se ha pronunciado la Sala en diversos fallos, concretamente en fecha 02-02-2006, sentencia N° 154, al tenor que sigue:
(…) con respecto a este tipo de decisiones, esta Sala de Casación Social, a través de fallo Nº 78 de fecha 9 de agosto de 2005, determinó:
Ahora bien, la Sala de Casación Civil en sentencia de fecha 12 agosto 1998, estableció la distinción entre las sentencias definitivas formales y las interlocutorias de reposición. Conforme a la doctrina de esa Sala, se entiende por definitiva formal aquella sentencia que reúne las siguientes características:
`La Sala, en reiterados fallos, ha establecido que para que una sentencia sea considerada como definitiva formal, y, en consecuencia, recurrible en casación de inmediato, debe cumplir con dos requisitos: 1) que sea dictada en la oportunidad de la sentencia definitiva de última instancia, ya sustanciado el proceso en su conjunto y, 2) que la sentencia no decida la controversia, sino que reponga la causa basada en la existencia de un vicio procedimental existente y no subsanado por la instancia inferior y ordene, en consecuencia, la nulidad de la sentencia dictada por el a-quo.
También ha hecho especial distinción la doctrina de la Sala entre las sentencias definitivas formales y las sentencias interlocutorias de reposición, estableciendo que éstas últimas sean dictadas en oportunidad distinta a la definitiva, como consecuencia de una incidencia presentada en el juicio´.
Conforme al criterio sostenido por la Sala de Casación Civil, que esta sentencia acoge, al dejar sin efecto una sentencia de primera instancia que decidió el fondo de la controversia, emite el Juez de la recurrida una sentencia definitiva formal, que, de acuerdo con la doctrina, puede ser recurrible en casación de inmediato.
Se trata, por tanto, en el caso de autos de una sentencia que reúne los requisitos establecidos por la jurisprudencia para ser considerada como una definitiva formal, pues en vez de pronunciarse sobre el mérito de las cuestiones controvertidas, el Tribunal Superior declaró la nulidad y subsiguiente reposición de la causa al estado de que el Tribunal de la causa fije el acto de la contestación al fondo de la demanda, con poder anulatorio sobre los actos procesales subsiguientes al fallo.
Si bien, la referida decisión no pone fin al juicio ni impide su continuación, sí produce gravamen irreparable por la definitiva, porque ésta no subsanaría el perjuicio causado por la declaratoria de nulidad y reposición de la causa al estado de que se conteste la demanda, que sólo sería determinado cuando este Alto Tribunal, luego de revisar el fallo, observe la legalidad o la improcedencia de la reposición decretada, como lo estableció la Sala de Casación Civil en decisión de 22 de noviembre de 1988, reiterada en fallo de 5 de diciembre de 1995. (Carlos D. Forlini W. c/ Juan José Vásquez Marcos y otra).
A tal efecto, de acuerdo con la citada decisión, las definitivas formales son “aquellas que dictadas en la oportunidad de la definitiva, decretan la reposición de la causa al estado que juzguen pertinente, anulando el fallo de primera instancia”.
Por consiguiente, y entendiendo que las sentencias definitivas formales pueden causar un gravamen irreparable por la sentencia definitiva, resulta posible mutatis mutandi, que contra éstas se interponga el recurso de control de la legalidad. Así se establece.
Adecuándose la jurisprudencia supra al caso in commento, se pasa a conocer de los elementos sustanciales de admisibilidad, observando:
Denuncia el recurrente lo siguiente:
(…) es evidente, Ciudadanos Magistrados, que en el caso que nos ocupa no se cumplen ninguno de los extremos para la procedencia de la reposición y/o nulidad de todas las actuaciones, y más aún cuando se le GARANTIZA PLENAMENTE EL EJERCICIO DEL DERECHO a la defensa a la parte demandada.
Nótese que se fijó cartel de notificación, y después se notificó al defensor al-litem, claro está bajo el procedimiento previsto en la derogada Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, cuyo tratamiento podríamos decir así, es más favorable que el previsto en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo vigente, la cual solo sólo exige la simple notificación a través de un cartel que podría ser fijado en la sede de la empresa- y bien sabemos cuáles son las consecuencias de la inasistencia del demandado a la audiencia preliminar.
Y sin embargo, en el caso que nos ocupa, no sólo se fijó el cartel, sino que además se designó defensor ad-litem, quien procedió incluso a contestar la demanda. Es evidente, que se cumplió con el debido proceso y se le garantizó el derecho a la defensa a la demandada.
Ahora bien, es insólito que el apelante – y sorprendente que el Tribunal de Alzada lo haya acordado- haya denunciado la violación del derecho a la defensa, cuando FUE NOTIFICADA LA EMPRESA, vale decir: en todo momento tuvo conocimiento de la presente acción, y más aún cuando el abogado PAULO RANGEL GUERRA se hizo designar defensor ad-litem, y posteriormente consigna poder para APELAR.
En consecuencia, y sin duda alguna, la reposición decretada viola flagrantemente estrictas normas de orden público, y muy especialmente las relativas al debido proceso, previsto y consagrado en el artículo 49 de la Constitución Nacional. El caso que nos ocupa, se trata de una violación categórica del orden legal establecido, transgrediéndose el Estado de Derecho; tal quebrantamiento viola flagrantemente reglas adjetivas que menoscaban el debido proceso, sería una BURLA al sistema judicial venezolano, ya que se está ordenando realizar un nuevo juicio, en donde se garantizó el derecho a la defensa y el debido proceso (…).
Ahora bien, del análisis del hilo argumental expuesto por el recurrente, así como de la sentencia impugnada y las restantes actas que conforman el expediente, se colige que la decisión sujeta a revisión se encuentra ajustada a derecho, sin denotarse violación alguna de normas regidas por el orden público, ni de la reiterada doctrina jurisprudencial de la Sala; en consecuencia, visto que el alcance de la solicitud de control de la legalidad no se ajusta a los fines del recurso, debe necesariamente declararse su inadmisibilidad. Así se resuelve.
Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la representación judicial de la parte actora, contra la sentencia de fecha 21 de abril de 2005, dictada por el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.
No hay expresa condenatoria en costas del recurso, dada la naturaleza de la presente decisión.
Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial arriba identificada. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen antes mencionado, de conformidad con lo establecido en el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
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OMAR ALFREDO MORA DÍAZ
El Vicepresidente, Magistrado,
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JUAN RAFAEL PERDOMO ALFONSO VALBUENA CORDERO
Ma-
gistrado y Ponente, Magistrada,
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LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA
El Secretario, ____________________________ JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA C.L. N° AA60-S-2005-000948 Nota: Publicada en su fecha a El Secretario,