Sentencia N.º 163
- Sentencia
- N.º 163
- Fecha
- 21/05/2010
- Sala
- Casación Penal
- Expediente
- C10-038
- Ponente
- Eladio Ramón Aponte Aponte
- Procedimiento
- Recurso de Casación
- Enlace fuente oficial
- Ver en sitio web oficial del TSJ
Magistrado Ponente Doctor Eladio Ramón Aponte Aponte
La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, integrada por los ciudadanos jueces Eliseo José Padrón Hidalgo, Gerson Alexander Niño, (ponente) y Jaime Martínez Velásquez, el 27 de noviembre de 2009, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano abogado Luis Fernando Garay Acosta inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 110.301, defensor privado del ciudadano Gerson Javier Villamizar Hernández, venezolano, con cédula de identidad N°15.503.066, contra la decisión del Tribunal Segundo en Funciones de Juicio (Mixto) del mismo Circuito Judicial Penal, del 1° de junio de 2009, mediante la cual condenó al referido ciudadano a cumplir la pena de once (11) años y seis (6) meses de prisión, más las accesorias correspondientes, por la comisión de los delitos de asalto a taxista y uso indebido de arma de fuego, tipificado en los artículos 358 en su tercer aparte y 282 del Código Penal, (vigente para momento de los hechos) respectivamente, en perjuicio del ciudadano Yosman Jesús Sánchez Carrillo.
Contra la decisión de la Corte de Apelaciones interpuso recurso de casación, la defensa privada del ciudadano Gerson Javier Villamizar Hernández, dicho recurso no fue contestado por el Ministerio Público en su oportunidad legal.
El 17 de febrero de 2010, se dio cuenta en la Sala de Casación Penal, del recibo del presente expediente y se designó la ponencia al Magistrado Doctor Eladio Ramón Aponte Aponte, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
Cumplidos como han sido los trámites procedimentales del caso y encontrándose la Sala en la oportunidad de pronunciarse sobre la admisibilidad o no del recurso propuesto, para decidir, observa:
Los hechos acreditados por el Tribunal Segundo en Funciones de Juicio (Mixto) del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, son los siguientes:
Considera esta Juzgadora que han quedado suficientemente acreditados los hechos descritos por el Ministerio Público, consistentes en que En horas de la madrugada del veinte de julio del año dos mil tres (20.07.2003) el ciudadano Yosman Jesús Sánchez Carrillo, se encontraba laborando como taxista en un vehículo marca Dewoo, modelo Nubira, color blanco, placas FL270T afiliado a la línea visión, cuando circulaba por las inmediaciones de la quinta avenida de la ciudad de San Cristóbal Estado Táchira, le fueron solicitados sus servicios, siendo abordado el vehículo por dos sujetos, quienes cuando transitaban por las inmediaciones de la calle 11 con avenida 5ta., uno de los individuos con un arma de fuego amenazó al ciudadano Yosman Jesús Sánchez Carrillo y le solicitó que le entregara todas sus pertenencias así como el dinero en efectivo que portaba, siendo en consecuencia la víctima despojada de un teléfono celular y de la cantidad de catorce mil bolívares aproximadamente. Detenido el vehículo, los delincuentes emprendieron veloz carrera por la vía pública, percatándose de tal situación los ciudadanos Freddy David Colmenares, Augusto José García y Gerson Gustavo Flores, quienes también son taxistas y transitaban por el mismo sector, ciudadanos éstos que procedieron en compañía de la víctima a perseguir a los sujetos, logrando darle alcance en la carrera 6 entre calles 13 y 14, presentándose al sitio, una comisión policial de la Dirección de Seguridad y Orden Público del Estado Táchira, integrada por los distinguidos Richard Albarracín y Allende Guerra, los cuales procedieron a aprehender a los sujetos, quedando estos identificados como Gerson Javier Villamizar Hernández, a quien se le incautó el arma de fuego y el adolescente ( ) lográndose recuperar las pertenencias robadas a la víctima, siendo en consecuencias trasladados a la Comandancia General de la Policía, el primero de ellos a disposición de este Despacho Fiscal y el adolescente a disposición a la Fiscalía Decimoséptima para los tramites de Ley (sic) .
RECURSO DE CASACIÓN
ÚNICA DENUNCIA
Con fundamento en el artículo 460 del Código Orgánico Procesal Penal, el recurrente denunció lo siguiente: DENUNCIO LA VIOLACION DE LEY POR FALTA DE APLICACIÓN DE UNA NORMA, ESPECIFICAMENTE EL CONTENIDO DEL ORDINAL 2 DEL ARTICULO 326 DEL CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL . En tal sentido expresó:
Expresa el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal: ( )
Artículo 326. Acusación. Cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento publico del imputado, presentara la acusación ante el tribunal de control:
La acusación deberá contener:
1. Los datos que sirvan para identificar al imputado y el nombre y domicilio o residencia de su defensor;
2. Una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye al imputado;
3. Los fundamentos de la imputación, con expresión de los elementos de convicción que la motivan;
4. La expresión de los preceptos jurídicos aplicables;
5. El ofrecimientos de los medios de prueba que se presentaran en el juicio, con indicación de su pertinencia y necesidad,
6. La solicitud de enjuiciamiento del imputado.
De la disposición legal antes transcrita, se desprende que constituye un derecho fundamental de la persona contra la cual se dirige una investigación penal al controvertir no solo la imputación física, sino también toda circunstancia objetiva o subjetiva que tenga incidencia en el plano de la culpabilidad, ya que toda acusación debe cumplir un mínimo de lineamientos previstos en la ley procesal penal, lineamientos estos que pueden clasificarse en: Sustanciales que tienen que ver con la demostración del hecho delictivo, indicios graves debidamente probados o medio de prueba que comprometa la responsabilidad del imputado; Formales que se refieren a la forma de presentación de la acusación, cumpliendo las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos. El fundamento serio debe ser expresado en las exigencias que debe contener la acusación conforme lo exige la norma. ( )La investigación que dirige el Ministerio Público es para constatar que existe acto punible y si hay elementos suficientes para incriminar a persona con cierta probabilidad de certeza y pueda en juicio desvirtuar la inocencia de la misma y lograr una decisión de condena. Cuando el numeral 2 del artículo en comento exige Una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye al imputado.
( ) Ahora bien de la revisión hecha a la presente causa, se observa que el ciudadano GERSON JAVIER VILLAMIZAR HERNANDEZ, fue presentado por la comisión del delito de Asalto a Taxi y uso indebido de arma de fuego, previsto y sancionado en los artículos 358 tercer aparte del código penal y 282 Ejusden, en perjuicio del ciudadano YOSMAN JESUS SANCHEZ CARRILLO.
En ese sentido el Ministerio Público presentó formal acusación, sin cumplir previamente con los requisitos que exige el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, al no formular una acusación clara, precisa y coherente, le causo indefensión a mi defendido, ya que estamos en presencia de una acusación con poca argumentación precisa, objetiva de los hechos que comprometen la culpabilidad del ciudadano GERSON JAVIER VILLAMIZAR HERNANDEZ.
Continúa el recurrente citando jurisprudencia de este Alto Tribunal.
( ) De tal manera que presentar el Ministerio Público escrito acusatorio, en fecha 21 de Agosto de 2003 ( ) sin explanar de forma precisa los argumentos e indicar con claridad que sucedió, que ese hecho es calificado con sus circunstancias como delictual, porque esa conducta es atribuible al imputado. por el solo hecho de haberse acordado la tramitación de la causa por el procedimiento ordinario-, se le estaría cercenando a mi defendido, en el derecho a la defensa.
Ahora bien, en virtud que la acusación presentada por la Fiscalía no estuvo precedida de una narración clara y circunstancias de los hechos, al respecto de los cargos que se hace al investigado de autos, considerando el efecto que tal omisión produce al investigado; tales como: conocer la imputación precisa y solicitar diligencias de investigación en la fase de investigación en la fase preparatoria; lo que implica la violación del debido proceso y del derecho a la defensa.
Tales derechos irrenunciables que asisten al imputado en todo estado y grado de la investigación y del proceso penal instaurado en su contra, deben ser garantizados ampliamente por el Ministerio Público, siendo que el imputado queda en una evidente indefensión cuando se realiza una acusación en estas circunstancias.
Para mayor abundamiento la Sala de Casación Penal, ha asentado:
la naturaleza del proceso penal acusatorio, dispone como garantía máxima la presunción de inocencia, y en este orden, el Código Orgánico Procesal Penal dispone de una serie de actos de estricto cumplimiento, necesarios para garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa y la igualdad entre las partes ( )
Por todos los razonamientos, se puede concluir que según la referida jurisprudencia, se le conculcaron los derechos al ciudadano GERSON JAVIER VILLAMIZAR HERNANDEZ, como lo es la tutela judicial efectiva y el debido proceso, consagrados en los artículos 26 y 49 Constitucional, debido a la ausencia de una acusación que cumpla con los requisitos exigidos en el Artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, por parte del Ministerio Público, como atribución indelegable y requisito indispensable para poder presentar el acto conclusivo que tenga a bien.
Conllevando tal vulneración el vicio de nulidad del acto procesal de presentación de acto conclusivo, pues al respecto el artículo 191, del Código Orgánico Procesal Penal, cuando establece:
( )
Conforme a lo planteado en esta denuncia, y por ser ilegal el juicio realizado y por ende la sentencia condenatoria impuesta a mi defendido, por no ser permitido conforme a los artículos 326, del Código Orgánico Procesal Penal, solicito respetuosamente se sirva declarar la nulidad de la sentencia que aquí se impugna, así como de las actuaciones anteriores al estado que se realice la nueva acusación del ciudadano GERSON JAVIER VILLAMIZAR HERNANDEZ, y una vez realizada ésta se ordene la realización de un nuevo Juicio Oral y Público que prescinda del vicio anotado.
DE LA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUVA DE LIBERTAD
Considerando lo antes expuestos, y por cuanto se puede apreciar que la omisión al momento de formular la acusación fiscal que no es atribuible a mi representado y considerando además que el Examen y revisión de la Medida Privativa de Libertad, por una menos gravosa, permitirían a mi defendido afrontar el retraso y el nuevo juicio en libertad, y ajustado a Derecho es que mientras ésta se realiza (el juicio) espere la Audiencia de Juicio Oral y Público en libertad. Además que se estaría dando todos los supuestos necesarios para que se otorgue, ya que las medidas cautelares sustitutivas tienen como objetivo sustituir la privación judicial preventiva, siempre que los supuestos que la motivan puedan ser satisfechos razonablemente con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado, pues la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos (Artículo 22 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).
( )
El examen y Revisión de la Medida Judicial Preventiva de Libertad, que esta Defensa solicita una vez se decrete la nulidad de la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Juicio N° 02 del Circuito Judicial del Estado Táchira, trayendo como consecuencia la sustitución de dicha medida por una menos gravosa que garantice el derecho de mi defendido.
PETITORIO
Por las razones antes expuestas, solicito respetuosamente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia se sirva declarar CON LUGAR el recurso aquí interpuesto, ANULE LA DECISIÓN DICTADA POR ESTA CORTE DE APELACIONES Y LA SENTENCIA DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2009 dictada por el Juzgado de primera Instancia en Funciones de Juicio N° 2 del Circuito Judicial del Estado Táchira (sic) . (Subrayado y resaltado del recurso).
La Sala, para decidir, observa:
En el presente caso, el recurrente denunció la falta de aplicación del numeral 2 del artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece los requisitos que deberá contener la acusación, y en numeral 2 específicamente indica:...Una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye al imputado.... El referido enunciado normativo, no puede ser vulnerado por la Corte de Apelaciones, pues a quien corresponde la instrumentalización de ese acto conclusivo, con el cumplimiento de los requisitos contenidos en el referido artículo es al Ministerio Público (o a la víctima querellante) como titular de la acción penal; y su posterior revisión, estudio y análisis corresponde al Juez en Funciones de Control en la Audiencia Preliminar, como garante de la Constitucionalidad, ello a los fines verificar su admisibilidad o no, conforme con lo establecido en el artículo 330 eiusdem.
Así mismo, el argumento sostenido por el recurrente en la denuncia que antecede, vulnera el artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal, que contempla que las sentencias recurribles ante esta instancia son las dictadas por las Cortes de Apelaciones.
Al respecto, la Sala de Casación Penal, ha asentado lo siguiente:
...el recurso de casación sólo podrá ser interpuesto contra los fallos dictados por las Cortes de Apelaciones y respecto a la valoración de las pruebas formadas en el juicio oral, no son censurables por los jueces de la Corte de Apelaciones ni por la Sala de Casación Penal, pues de acuerdo a los principios de oralidad, inmediación y contradicción, esta facultad es exclusiva de los Jueces de Juicio .. (Sentencia N° 471 del 29 de septiembre de 2009 y sentencia N°115 del 28 de febrero de 2008).
Así mismo, con respecto a este mismo tema, ha sustentado, lo siguiente:
para interponer el recurso extraordinario de casación, el recurrente debe exponer las razones de Derecho que demuestren que la decisión recurrida cometió un vicio cuya relevancia amerita su nulidad y tal vicio, evidentemente, debe ser propio de la sentencia de la Corte de Apelaciones .(Sentencia Nº 24 del 6 de febrero de 2007).
Por otra parte, el impugnante solicitó la revisión de la medida judicial de privación preventiva de libertad que pesa sobre su defendido ciudadano Gerson Javier Villamizar Hernández.
En este sentido la Sala observa, que a los folios N° 13 al N° 50 de la pieza N° 4 del expediente, se evidencia que en el caso sub examine, fue dictada por el Tribunal Segundo en Funciones de Juicio del Circuito Judicial del estado Táchira, sentencia condenatoria en contra del referido ciudadano, mediante la cual le impuso una condena de once (11) años y seis (6) meses de prisión, por la comisión de los delitos de asalto a taxista y uso indebido de arma de fuego, tipificado en los artículos 358 (tercer aparte) y 282 del Código Penal, (vigente para momento de los hechos) respectivamente.
En relación con la solicitud de una de las medidas cautelares sustitutivas de la privación de la libertad, esta Sala reitera el criterio expuesto en la sentencia N° 191 del 2 de mayo de 2007, y en la sentencia N° 557 del 10 de noviembre de 2009, mediante la cual argumentó lo siguiente:
Al respecto, es oportuno señalar que la naturaleza jurídica de la medida privativa judicial preventiva de libertad, radica en el aseguramiento de las resultas del proceso penal aunado a la participación del imputado en los diferentes actos del mismo.
Ahora bien, una vez dictada la sentencia condenatoria, la medida privativa judicial preventiva de libertad cambia y es suplida en cuanto a la privación de libertad, por la pena impuesta como consecuencia de la sanción de la conducta típica derivada del juicio, dejando de ser una medida preventiva privativa de libertad sujeta al artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal .
Por consiguiente, en atención a la sentencia condenatoria dictada en el presente caso, en contra del ciudadano Gerson Javier Villamizar Hernández y al criterio jurisprudencial antes expuesto la Sala considera improcedente la sustitución de la privación de libertad decretada como sanción impuesta por la comisión de un delito, a consecuencia de un juicio penal, por una medida sustitutiva menos gravosa prevista en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.
En atención a las consideraciones antes expuestas, lo ajustado a derecho, es desestimar por manifiestamente infundado el recurso de casación interpuesto por la defensa privada del ciudadano Gerson Javier Villamizar Hernández, de conformidad con el artículo 465 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.
DECISIÓN
Por las razones expuestas, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara desestimado por manifiestamente infundado el recurso de casación incoado por la defensa privada del ciudadano Gerson Javier Villamizar Hernández.
Publíquese, regístrese, ofíciese lo conducente y remítase el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los (21) días del mes de mayo del año 2010. Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación.
El Magistrado Presidente,
ELADIO RAMÓN APONTE APONTE
Ponente
La Magistrada Vicepresidenta,
DEYANIRA NIEVES BASTIDAS
La Magistrada,
BLANCA ROSA MARMÓL de LEÓN
El Magistrado,
HÉCTOR CORONADO FLORES
La Magistrada,
MIRIAM MORANDY MIJARES
La Secretaria,
GLADYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
ERAA/
Exp. N° 2010-38.
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